Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →

OBLIGACIÓN EXPRESA

14 documentos encontrados
Ordenar:
Atención: tienes 1 filtro marcado Permanece activo en tus búsquedas hasta que lo quites.
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Providencia

Es procedente ordenar seguir adelante la ejecución cuando el mandamiento

Auto interlocutorio con estado — Auto que ordena seguir adelante con la ejecución 2026-07-17 SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección A) JUAN CARLOS GARZON MARTINEZ Rad. 25000233600020190090300 ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente ordenar seguir adelante la ejecución cuando el mandamiento de pago se fundamenta en providencias judiciales ejecutoriadas que condenaron al pago de agencias en derecho y la parte ejecutada no formuló excepciones ni acreditó el pago de la obligación? Sí
El contratista no puede impedir el avance del proceso ejecutivo cuando el mandamiento de pago se basa en providencias judiciales ejecutoriadas que condenan al pago de agencias en derecho, y no presenta excepciones ni demuestra el pago de la obligación, ya que la entidad judicial tiene competencia para ordenar seguir adelante con la ejecución, conforme al artículo 440 del Código General del Proceso. Esta decisión se fundamenta en la obligación clara, expresa y actualmente exigible que se deriva de las providencias judiciales, y en la falta de impugnación por parte del ejecutado. La Sala reitera la jurisprudencia existente sobre el cumplimiento de los requisitos del título ejecutivo, lo que implica que el proceso ejecutivo puede continuar sin necesidad de una sentencia en audiencia oral, siempre y cuando no se presenten excepciones que requieran pronunciamiento.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

No se omitió pronunciamiento sobre las sumas que el Distrito Capital debe devolver a la aseguradora

Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de adición o complementación de providencias 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020180027901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se omitió pronunciamiento sobre las sumas que el Distrito Capital debe devolver a la aseguradora? No
El artículo 287 permite adicionar, de oficio o a petición de parte, las sentencias en las cuales se ha omitido resolver algún aspecto de la litis; sin embargo, en este caso particular no se dejó de resolver el aspecto de la controversia indicado por la parte demandante en la solicitud de adición, por lo cual esta será negada de conformidad con lo siguiente… las pretensiones 4 y 5 de la demanda fueron resueltas en la forma solicitada, de manera expresa e inequívoca, en el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia cuya adición se pretende se evidencia que no es cierto que en la sentencia de 12 de abril de 2024 se hubiera omitido un pronunciamiento expreso en relación con las súplicas de condena 4 y 5 de la demanda; además, la Sala también precisó la razón por la cual no se indicó una suma líquida de dinero, consistente en la ausencia de certeza en relación con el valor a devolver…
También resuelve: ¿La ausencia de mención de una suma de dinero específica impide el cobro de la obligación impuesta en el fallo de segunda instancia?
NO ADICIONA
Consejo de Estado Providencia

No puede la parte demandante descontar de la suma fijada como honorarios del perito

Auto interlocutorio — Auto que decide sobre honorarios de auxiliares de la justicia 2024-08-08 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 11001032600020140005201 LEY 1437 REPETICION
¿Puede la parte demandante descontar de la suma fijada como honorarios del perito, el valor sufragado por esta y el demandado por los gastos periciales? No
El contratista no puede descontar de la suma fijada como honorarios del perito el valor sufragado por los gastos periciales, ya que estos son conceptos con finalidades distintas: los gastos periciales se destinan a cubrir los costos necesarios para la realización de la prueba, mientras que los honorarios son la remuneración por los servicios prestados. En consecuencia, la entidad demandante debe pagar la mitad de la suma fijada como honorarios del perito, sin descontar los gastos periciales, y puede consignar el valor adeudado directamente al perito o a la orden del juzgado, según lo dispuesto en el artículo 363 del Código General del Proceso. Además, la obligación del contratista de pagar los honorarios del perito no es exigible mientras se encuentre sujeta a un plazo, por lo que el perito no puede obtener un mandamiento de pago o medida de embargo hasta que se cumpla el término establecido para el pago.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta exigible la obligación que el perito pretende ejecutar cuando, mediante la presente providencia se resolvió sobre la solicitud de descuento y se concedió un nuevo plazo a la entidad deudora?
FIJA
Consejo de Estado Providencia

Se encontró demostrada la excepción de inexistencia del título de recaudo por haberse desvirtuado la autenticidad del acta

Sentencia — Sentencia 2022-07-29 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 52001233100020090009703 ACCION CONTRACTUAL
¿Se encontró demostrada la excepción de inexistencia del título de recaudo por haberse desvirtuado la autenticidad del acta de liquidación ? Sí
El contratista no puede demandar ejecutivamente un título de recaudo cuando se desvirtúa la autenticidad del documento que lo sustenta, como en este caso la acta de liquidación, ya que la autenticidad es un requisito esencial para que el título sea considerado válido y confiable, junto con la obligación clara, expresa y exigible que debe constar en él. La Sala revoca la sentencia de primera instancia y declara probada la excepción de inexistencia del título ejecutivo, terminando así el proceso ejecutivo y ordenando el levantamiento de las medidas cautelares. Además, se condena al ejecutante en costas, incluyendo agencias en derecho equivalentes al uno por ciento del valor revocado en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede la condena en costas en el proceso ejecutivo?
Consejo de Estado Providencia

Los particulares “podrán” renunciar a los derechos conferidos por las leyes “con tal que sólo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida la renuncia”.

Sentencia — Sentencia 2022-03-02 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 66001233300020160038901 ACCION CONTRACTUAL
¿En los contratos regidos por el derecho privado, el silencio del contratista frente a la liquidación del contrato da lugar a la renuncia de la reclamación de sus derechos? Sí
En los contratos regidos por el derecho privado, el silencio del contratista frente a la liquidación del contrato no da lugar a la renuncia de la reclamación de sus derechos, a menos que una disposición legal lo establezca o se le otorgue tal efecto al silencio de las partes en determinadas circunstancias, conforme al artículo 15 del Código Civil. En contratos de consultoría, las obligaciones y riesgos económicos del contratista se definen según las cláusulas del contrato, por lo que gastos y sobrecostos no asumidos por el contratante no implican una obligación adicional para la entidad estatal, salvo que esté pactado explícitamente en el contrato. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y reafirma la necesidad de que las obligaciones y riesgos en los contratos de derecho privado estén claramente definidos y pactados por las partes.síntesis automática
También resuelve: ¿Los gastos y sobrecostos ser asumidos por el contratista en virtud de las cláusulas del contrato?
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Auto interlocutorio

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-04-28 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 05001233300020180175701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Tribunal dio por terminado el proceso al haber advertido el incumplimiento del requisito de procedibilidad? Sí
El Tribunal puede dar por terminado el proceso al advertir el incumplimiento del requisito de procedibilidad, conforme a lo establecido en el artículo 175 parágrafo 2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En este caso, el Tribunal Administrativo de Antioquia dio por terminado el proceso al no haberse agotado el requisito de procedibilidad, es decir, la conciliación extrajudicial, lo que fue confirmado por la Sala. La conciliación es un requisito previo para ejercer el medio de control de controversias contractuales, y su no cumplimiento lleva a la terminación del proceso. La Sala reitera la importancia de cumplir con los requisitos de procedibilidad antes de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, lo que implica que cualquier entidad estatal o contratista que no cumpla con estos requisitos puede enfrentar la terminación del proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿El requisito de procedibilidad se debe agotar previo acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para ejercer el medio de control de controversias contractuales? ¿El medio de control en que se agotó el requisito de procedibilidad era en el marco de un proceso ejecutivo, y la demanda se presentó por controversias contractuales? ¿La adecuación del medio de control de controversias contractuales a una demanda ejecutiva en este caso resultaba abiertamente improcedente?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La decisión administrativa emitida dentro del proceso de cobro coactivo, no constituye una condena judicial o una conciliación cuyo reembolso pueda ser pretendido mediante la acción de repetición.

Sentencia — Sentencia 2023-07-14 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 15001233100020060140601 ACCION DE REPETICION
¿La decisión administrativa emitida dentro del proceso de cobro coactivo, no constituye una condena judicial o una conciliación cuyo reembolso pueda ser pretendido mediante la acción de repetición? Sí
La decisión que adopta la administración dentro de un proceso de cobro coactivo no constituye una condena judicial ni una conciliación, por lo que no puede ser objeto de reembolso mediante la acción de repetición. La regla se justifica en que el mandamiento de pago es un acto administrativo que genera efectos jurídicos y contiene una obligación de pago clara, expresa y exigible, expedida como manifestación de la autotutela administrativa. Además, la acción de repetición presupone que la entidad haya pagado una condena impuesta por la jurisdicción o una conciliación que ponga fin a un daño antijurídico causado por agentes del Estado, presupuestos que no se cumplen con un acto de cobro. En el caso, la entidad demandante buscó recuperar aportes, intereses, gastos de representación e impuesto al valor agregado pagados por una obligación del cobro coactivo, y la Sala confirmó la negativa de las pretensiones. En la práctica, esos pagos no pueden recuperarse por esta vía.síntesis automática
También resuelve: ¿El Instituto de Seguros Sociales puede acudir a la jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos contenidos en títulos ejecutivos generados por sus dependencias del nivel nacional? ¿El procedimiento de jurisdicción coactiva es mixto, esto es, administrativo mientras esté a cargo de funcionarios administrativos y jurisdiccional en los eventos en que la Ley obliga a remitir las… ¿Se cumplió el requisito objetivo de procedencia de la acción de repetición, consistente en la existencia de una condena judicial, conciliación u otra forma alternativa de terminación de conflictos?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-09-07 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 20001233900020150038402 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Como consecuencia de la declaración de ineptitud sustantiva de la demanda el juzgador no tenía competencia para resolver el fondo de la controversia? Sí
En el proceso contencioso administrativo, cuando la demanda es declarada sustancialmente inepta, el juez no tiene competencia para resolver el fondo de la controversia, de modo que no puede pronunciarse sobre las pretensiones. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la ineptitud sustantiva de la demanda impide un pronunciamiento de fondo, de modo que no puede tenerse por resuelta la pretensión en sentido desfavorable. Segunda, la decisión de fondo que se adopte sin competencia para ello carece de efectos sobre el litigio. En el caso, la sentencia de primera instancia había dado por resueltas las pretensiones, pero la Sala revoca esa decisión porque el juzgador no tenía competencia para decidir el fondo, y en su lugar declara el incumplimiento de la obligación de excluir ciertas áreas del objeto del contrato de comodato. En la práctica, la ineptitud sustantiva debe examinarse antes de resolver las pretensiones, porque un pronunciamiento de fondo sin competencia será revocado en apelación.síntesis automática
También resuelve: ¿Por no existir certeza en el perjuicio que solicita la parte actora sea reparado, no hay lugar al reconocimiento de tales pedimentos? ¿Es claro que existió un incumplimiento por parte del municipio de Valledupar en la obligación de exceptuar del convenio los locales del inmueble? ¿El vínculo jurídico inicial se cimentó en el apoyo de la corporación demandante en la efectividad del cumplimiento del servicio público de educación…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El medio de control procedente es el de controversias contractuales

Sentencia — Sentencia 2024-08-23 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020190028701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista no puede ejercer el medio de control de controversias contractuales si lo presenta fuera del plazo legal, configurándose la caducidad del derecho de acción. Esta regla se sostiene porque el contrato en cuestión, sometido al derecho privado, no pactó cláusulas de liquidación y, por tanto, el plazo de caducidad se calcula a partir de la fecha de terminación del contrato, no de los plazos establecidos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La Sala revoca la sentencia de primera instancia al determinar que la demanda fue presentada después del plazo legal, lo que implica que la entidad estatal pierde la oportunidad de litigar sobre la controversia contractual. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la configuración de la caducidad en contratos sometidos al derecho privado, subrayando la importancia de la autonomía de las partes en la determinación del plazo de caducidad.síntesis automática
También resuelve: ¿Las empresas sociales del Estado son entidades descentralizadas por servicios, de naturaleza jurídica especial, siendo, entonces… ¿Cualquiera de las partes de la relación contractual puede pedir la declaratoria de incumplimiento, de ahí que la legitimación en la causa en este tipo de controversia se encuentre, en principio… ¿Los contratos estatales que no están sujetos al Estatuto General de Contratación de Administración Pública sino al derecho privado requieren del trámite de liquidación?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La sentencia anterior que decide de forma definitiva sobre el contrato configura cosa juzgada en el proceso posterior.

Sentencia — Sentencia 2025-03-21 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 68001233300020180057401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configura el fenómeno de la cosa juzgada cuando una sentencia anterior resolvió de forma definitiva la controversia relacionada con el incumplimiento de un contrato específico, lo que impide que dicho asunto sea nuevamente discutido en un proceso posterior? Sí
Se configura el fenómeno de la cosa juzgada cuando una providencia judicial anterior resuelve de forma definitiva la controversia sobre el incumplimiento de un contrato específico, impidiendo su discusión en un proceso posterior. El demandante promovió un juicio respecto del contrato No. 491 de 1977 y modificó sus pretensiones para dirigirlas expresamente hacia dicho contrato, sobre el cual la entidad propuso las excepciones de caducidad y cosa juzgada, constatándose la existencia de un pronunciamiento definitivo previo sobre la misma controversia contractual debatida por las partes.síntesis automática
También resuelve: ¿Constituye la existencia de una sentencia judicial ejecutoriada sobre el cumplimiento de un contrato determinado un impedimento para reabrir su discusión en un proceso posterior… ¿Constituyen las actas internas del comité de conciliación decisiones administrativas con efectos jurídicos vinculantes que permitan fundamentar una pretensión por incumplimiento contractual? ¿Antes del Decreto 01 de 1984 se podían aplicar las reglas de prescripción civil en demandas contractuales contra el Estado?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No le asistió razón a la parte apelante en que la Universidad incumplió el contrato

Sentencia — Sentencia 2024-09-23 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 41001233300020120018402 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La intención del consorcio fue aceptar una mayor permanencia en obra y la adición de unos ítems de manera consonante con la exclusión de otros, todo por el mismo precio inicial? Sí
El contratista acepta una mayor permanencia en obra y la adición de ítems, excluyendo otros, todo por el mismo precio inicial, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, lo que implica que las cláusulas acordadas deben ser consideradas válidas y no pueden ser desconocidas por el juez. La liquidación bilateral del contrato constituye un título ejecutivo con obligaciones claras, expresas y exigibles, por lo que cualquier cuestionamiento a su validez debe estar respaldado por vicios que deriven en nulidad absoluta o relativa. La Sala desestima cargos de incumplimiento y enriquecimiento sin justa causa, dado que el contratista aceptó libremente las modificaciones al contrato, sin que se acredite un perjuicio económico. Esta decisión reitera la importancia de la buena fe contractual y la teoría del acto propio en la interpretación de las modificaciones al contrato, y confirma que la liquidación bilateral es un acto jurídico válido y ejecutivo, siempre y cuando no se demuestren vicios que la anulen.síntesis automática
También resuelve: ¿La liquidación bilateral es un negocio jurídico que constituye derechos y obligaciones, al punto de que constituye un título ejecutivo con obligaciones claras, expresas y exigibles? ¿Se eliminaron otros ítems para hacer sostenible el proyecto con el presupuesto inicial? ¿Desde el mismo instante en que las dificultades de ejecución del contrato se identificaron, las partes efectuaron ajustes al acuerdo de voluntades con el objetivo de evitar la paralización de la…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El documento suscrito el 30 de noviembre de 1990 constituye un contrato minero de naturaleza administrativa

Sentencia — Sentencia 2025-09-17 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020040152202 ACCION CONTRACTUAL
¿El documento suscrito el 30 de noviembre de 1990 constituye un contrato minero de naturaleza administrativa, de modo que las controversias derivadas de él corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo? Sí
El contratista no puede alegar la inexistencia del contrato minero para desestimar la acción de controversias contractuales, ya que la naturaleza administrativa del documento suscrito el 30 de noviembre de 1990, celebrado por una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, lo convierte en un contrato administrativo conforme a las disposiciones del Decreto Ley 2655 de 1988 y el Decreto Ley 222 de 1983, por lo que las controversias derivadas de él corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Además, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de este tipo de litigios, siempre que la cuantía del asunto supere los 500 SMLMV, tal como dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta sentencia reitera y matiza la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa en controversias contractuales mineras, lo que implica que las partes deben acogerse a esta jurisdicción para resolver disputas relacionadas con contratos mineros, independientemente de la existencia o no del contrato en términos formales.síntesis automática
También resuelve: ¿Corresponde al Consejo de Estado conocer, en segunda instancia, del litigio contractual minero objeto del proceso, conforme a las reglas generales de competencia previstas en el CCA tras la… ¿El hecho de que durante el análisis de fondo que se realiza en el marco de la acción de controversias contractuales, se advierta que el contrato es inexistente… ¿La pretensión de obtener la declaración de existencia e incumplimiento del vínculo contractual basta para concluir que la acción de controversias contractuales fue adecuadamente escogida…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual

Sentencia — Sentencia 2025-08-11 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020070052601 ACCION CONTRACTUAL
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública, cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y la cuantía establecida en el artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil. Además, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales comienza a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales alegados, según el artículo 136.10 del Código Contencioso Administrativo. La legitimación en la causa recae sobre las partes que suscribieron el convenio, y una parte puede demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral del contrato sin necesidad de declarar previamente el incumplimiento. Estas decisiones reafirman la competencia del Consejo de Estado en casos de contratación estatal y establecen claras pautas para el cómputo del término de caducidad y la formulación de pretensiones en acciones contractuales.síntesis automática
También resuelve: ¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales… ¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva recae sobre las partes que suscribieron el convenio, toda vez que la controversia contractual giro en torno a este? ¿Puede una parte demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral de un contrato, sin que exista una pretensión de declaratoria de incumplimiento?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

En la cláusula vigésima segunda las partes acordaron que la liquidación se efectuaría de común acuerdo

Sentencia — Sentencia 2026-10-01 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 05001233300020200049601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuando el contrato se liquida de mutuo acuerdo después de vencido el plazo convencional para hacerlo, pero dentro de los dos años siguientes a ese vencimiento, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta a partir del día siguiente a la firma del acta de liquidación? Sí
El contratista puede presentar el medio de control de controversias contractuales dentro de los dos años siguientes a la firma del acta de liquidación, incluso si esta se realiza después del plazo convencional para liquidar el contrato, siempre que la presentación se haga antes de que caduque el término de dos años desde la firma del acta. Esta regla se basa en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y en la jurisprudencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado. La Sala confirma que el término de caducidad se inicia el día siguiente a la firma del acta de liquidación, lo que implica que el juez debe considerar la fecha de la firma del acta para determinar la oportunidad de la demanda.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre el cuestionamiento del carácter bilateral del acta de liquidación por ausencia de consentimiento… ¿Deben desecharse de plano los testimonios de quienes tuvieron vínculo laboral con la parte demandante, por el solo hecho de resultar sospechosos? ¿El contrato de prestación de servicios celebrado por un municipio es un contrato estatal regido por la Ley 80 de 1993 vigente al tiempo de su celebración y, en lo no regulado por ella…
CONFIRMA