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Concepto
Clausula penal y tasación de perjuicios: C-454 de 2023
C-454 de 2023
2023-11-16
¿Implican la posibilidad de cobrar unilateralmente y por vía administrativa los perjuicios probados que excedan el monto establecido en la cláusula penal?
La cláusula penal es una tasación anticipada de perjuicios, y la potestad del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 habilita a la entidad estatal para declarar unilateralmente el incumplimiento solo con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pactada. Por ello, la entidad no está obligada a acreditar el monto de los perjuicios y puede cobrar el total de la cláusula penal, pero si considera que los perjuicios superan dicho monto debe acudir al juez del contrato para que determine el mayor valor no contenido en la cláusula, demostrando los daños sufridos y solicitando una reparación plena. La cuantificación de perjuicios prevista en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 no habilita el cobro unilateral por vía administrativa de los perjuicios probados que excedan la cláusula penal, porque el legislador solo autorizó el cobro directo hasta ese importe. Si la pena resulta excesiva frente a una ejecución parcial aceptada, el artículo 1596 del Código Civil permite rebajarla proporcionalmente, y la entidad debe determinar los perjuicios con razones objetivas, razonables y proporcionales.síntesis automática
También resuelve:
Potestades excepcionales de la administración pública
Procedimiento administrativo sancionatorio: Artículo 86 Ley 1474 de 2011
Procedimiento sancionatorio contractual: citación a audiencia, contenido, Ley 1474 de 2011, Artículo 86
Colombia Compra Eficiente
Concepto
Por último, frente a la tasación de perjuicios la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que esta es discrecional por parte de la administración debe ser abordada desde la perspectiva de la proporcionalidad.
C-442 de 2023
2023-10-21
¿En un proceso administrativo sancionatorio de naturaleza contractual, cuando la administración pretende imponer una multa acordada en el contrato en la que se pactó su forma de tasación, es necesario hacer la cuantificación de los perjuicios del incumplimiento, atendiendo lo que dice el encabezado del artículo 86 de la ley 1474?
Conforme al inciso primero del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, las entidades estatales podrán cuantificar los perjuicios ocasionados por el incumplimiento, y según la jurisprudencia del Consejo de Estado esa tasación es discrecional para la administración, aunque debe abordarse desde la perspectiva del principio de proporcionalidad, que opera como criterio de acción y de control judicial. La declaratoria de cualquier incumplimiento, total o parcial, debe surtirse con plena observancia del procedimiento del artículo 86. Multas y cláusula penal se diferencian: la multa es, por regla general, conminatoria frente a incumplimientos parciales, mientras la cláusula penal constituye en principio una tasación anticipada de perjuicios a raíz de la caducidad o del incumplimiento definitivo; su imposición unilateral se funda en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. El monto de la cláusula penal debe atender la proporcionalidad y, según el artículo 1596 del Código Civil, puede disminuirse según el porcentaje de obra ejecutado y recibido por la entidad. Corresponde a cada entidad realizar el análisis jurídico para cuantificar los perjuicios según el caso concreto.síntesis automática
También resuelve:
Potestades excepcionales de la administración pública
Procedimiento administrativo sancionatorio: Artículo 86 Ley 1474 de 2011
Procedimiento sancionatorio contractual: citación a audiencia, contenido, Ley 1474 de 2011, Artículo 86
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Concepto
Cláusula penal: C-864 de 2022
C-864 de 2022
2022-12-14
¿Cómo se calcula el valor a pagar por concepto de cláusula penal?
Conforme a los expuesto, la competencia atribuida a esta entidad por los artículos 3.5 y 11.8 del Decreto 4170 de 2011 se limita a la resolución de consultas sobre la aplicación de normas de alcance general en materia de contratación estatal y compras públicas. Esta competencia de interpretación de normas generales no puede extenderse a la resolución de controversias, ni a brindar asesorías sobre casos puntuales. Esto en la medida en que, para resolver una consulta de carácter particular, además de conocer un sin número de detalles de la actuación administrativa, es necesario acceder al expediente y a los documentos del procedimiento contractual donde surge la inquietud.
También resuelve:
Potestades excepcionales de la administración pública
Procedimiento administrativo sancionatorio: Artículo 86 Ley 1474 de 2011
Procedimiento sancionatorio contractual: citación a audiencia, contenido, Ley 1474 de 2011, Artículo 86
Consejo de Estado
Providencia
La Sala Plena de la Sección Tercera debe avocar conocimiento para unificar jurisprudencia en relación con los juicios
Auto interlocutorio — Auto que resuelve si avoca para fines de unificación del artículo 271 CPACA
2025-06-05
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
Rad. 25000233600020200039901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Sala Plena de la Sección Tercera, debe avocar conocimiento para unificar jurisprudencia en relación con los juicios de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos que adjudican o declaran desierto un proceso de selección de contratista específicamente, en lo que concierne al análisis de la oferta más favorable; y los presupuestos para tasar el perjuicio por la utilidad esperada? Sí
El contratista debe demostrar el quantum de su afectación en un juicio de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo que declara desierto o adjudica un proceso de selección de contratista, y la entidad estatal puede ser condenada a pagar una indemnización por la utilidad esperada, siempre que no existan criterios disímiles en la Sección Tercera del Consejo de Estado. La Sala ha constatado la necesidad de unificar jurisprudencia en relación con el análisis de la oferta más favorable y los presupuestos para tasar el perjuicio por la utilidad esperada, debido a la existencia de criterios disímiles en la evaluación de propuestas y la determinación de la oferta más conveniente. En algunos casos, la Sala ha estimado que basta con corregir la puntuación no tenida en cuenta en favor del demandante, mientras que en otros ha requerido una revisión integral de todas las ofertas. Además, la Sala ha considerado que, en ausencia de prueba directa del perjuicio, puede aplicarse un criterio de razonabilidad basado en las reglas de la experiencia y la sana crítica para establecer la suma de dinero que debe ser reconocida al demandante, siempre y cuando el valor de la propuesta sea equivalente al presupuesto oficial. Esta unificación jurisprudencial permitirá una mayor coherencia en la aplicación del EGCAP y en la tasación de perjuicios en casos similares.síntesis automática
También resuelve:
¿En los conflictos relacionados con la escogencia de la oferta más favorable, existen criterios disimiles para resolver el asunto en cuanto…
¿Puede el juez reconocer la indemnización por no adjudicación de un contrato estatal con base en un criterio de razonabilidad, en ausencia de prueba directa del perjuicio?
AVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Debe el juez de segunda instancia limitar su análisis a los aspectos de la sentencia de primera instancia controvertidos
Sentencia — Sentencia
2026-08-24
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 05001233300020190031701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe el juez de segunda instancia limitar su análisis a los aspectos de la sentencia de primera instancia controvertidos en el recurso de apelación y, en consecuencia, confirmar la decisión respecto de los cargos y súplicas negados que no fueron objeto de impugnación? Sí
El juez de segunda instancia debe limitar su análisis a los aspectos de la sentencia de primera instancia que fueron controvertidos en el recurso de apelación, confirmándose la decisión respecto de los cargos y súplicas negados que no fueron objeto de impugnación. En un contrato estatal, la excepción de contrato no cumplido no procede cuando el contratista no demuestra que un incumplimiento grave de la entidad estatal fue la causa determinante de su propio incumplimiento y suscribe un contrato de transacción sin formular reservas respecto de las circunstancias que posteriormente invoca para sustentar dicha excepción, lo que implica que la entidad estatal puede declarar el incumplimiento del contrato sin vulnerar los derechos del contratista.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede la excepción de contrato no cumplido en un contrato estatal cuando el contratista no demuestra que un incumplimiento grave de la entidad estatal fue la causa determinante de su propio…
¿Puede el juez de segunda instancia analizar de fondo un reparo del recurso de apelación formulado de manera genérica, sin identificar los capítulos de obra presuntamente reconocidos y posteriormente…
¿Procede la reducción proporcional de la cláusula penal pecuniaria, conforme al artículo 1596 del Código Civil, cuando, pese a que el contrato de obra pública se pactó a precios unitarios…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Contrato estatal: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2025-08-19
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 25000233600020140017901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Conforme al artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y al artículo 2 de la Ley 80 de 1993, que la cesión realizada entre el Departamento de Cundinamarca y Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. alteró el régimen jurídico sustancial del contrato estatal SOP-A-194-2006? No
La cesión de la posición contractual de un departamento en favor de una empresa de servicios públicos domiciliarios oficial no altera el régimen jurídico sustancial del contrato estatal celebrado antes de la cesión. La regla se apoya en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, según el cual en todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, y en que el departamento, como entidad enlistada en la Ley 80 de 1993, somete el contrato al estatuto general de contratación pública. Ese régimen no muta por el solo hecho de la cesión, pues las prerrogativas del contrato se transfieren al cesionario. En el caso, el contrato fue suscrito inicialmente por el departamento y el consorcio contratista, y su régimen estatal se mantuvo tras la cesión. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el contrato cedido continúa rigiéndose por las normas vigentes al celebrarse, y el cambio de titular no modifica la naturaleza estatal de la relación.síntesis automática
También resuelve:
¿Es aplicable el artículo 136, numeral 10, del Código Contencioso Administrativo para efectos de contabilizar el término de caducidad del medio de control judicial en relación con el contrato estatal…
¿Debe reconocerse al contratante una indemnización adicional por los conceptos no aceptados por el tribunal a quo, como la instalación de tuberías, reparaciones del acueducto, diagnóstico de la obra…
¿Puede la Sala abstenerse de imponer costas en segunda instancia conforme al artículo 365 numeral 5 del CGP, cuando el recurso de apelación prospera parcialmente…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para juzgar los actos administrativos contractuales expedidos por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Sentencia — Sentencia
2025-12-09
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020210033701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en segunda instancia el Consejo de Estado, es competente para conocer del proceso y del recurso de apelación, conforme a los artículos 104, 150 y 152 del CPACA, dado que los actos fueron expedidos por la Aerocivil y la cuantía superaba 500 SMLMV? Sí
El juez contencioso administrativo es competente para conocer de los litigios derivados de actos administrativos expedidos por entidades públicas como la Aerocivil en relación con contratos estatales, según el artículo 104 del CPACA. En este proceso sobre las Resoluciones No. 01310 y 02933 de 2019 vinculadas al contrato No. 14000165-OK, la jurisdicción asumió el conocimiento del asunto. Asimismo, el Consejo de Estado desata el recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca conforme a los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA, al superar la pretensión mayor los 500 SMLMV.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede el medio de control de controversias contractuales para solicitar la nulidad de las Resoluciones 01310 de 2019 y 2933 de 2019…
¿La Compañía Mundial de Seguros S.A. y la Aerocivil estaban legitimados para intervenir como parte activa y pasiva en la demanda por la declaratoria del siniestro…
¿Debe declararse la caducidad del medio de control de controversial contractuales cuando el demandante presentó la demanda una vez vencido el término de cuatro meses previsto en el artículo 164 del…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La decisión administrativa demandada fue posterior a la liquidación del contrato
Sentencia — Sentencia
2022-02-28
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020130202601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en el que se demanda la nulidad de una acto proferido después de la liquidación del contrato estatal, ante la falta de prueba que refleje la fecha de notificación o comunicación del acto administrativo impugnado, puede tenerse en cuenta la fecha de ejecución del acto respectivo registrada en el Certificado de Cámara y Comercio, por suponer, además de la presunción de legalidad, que el acto surtió la respectiva notificación o comunicación al afectado, y que quedó en firme en los términos del procedimiento administrativo correspondiente? Sí
El contratista puede utilizar la fecha de ejecución del acto administrativo registrada en el Certificado de Cámara y Comercio como punto de partida para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, en ausencia de prueba que refleje la fecha de notificación o comunicación del acto impugnado, dado que la ejecutoria del acto supone su notificación y comunicación al afectado, y su firmeza en los términos del procedimiento administrativo correspondiente. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y permite a los contratistas formular oportunamente la demanda en casos en que no se cuente con la fecha exacta de notificación del acto administrativo.síntesis automática
También resuelve:
¿Cualquier posible situación que fuera conocida por el Consultor relativa a una inestabilidad en las redes de servicios públicos objeto del contrato de consultoría…
¿Hubo falsa motivación en las decisiones administrativas impugnadas, teniendo en cuenta que la administración declaró el siniestro de mala calidad de los productos entregados en virtud del contrato…
¿El IDU violó el debido proceso del Consorcio al incluir, en la resolución que resolvió el recurso por aquel interpuesto, un hecho nuevo…
Consejo de Estado
Providencia
El contenido del acto demandado es claro
Sentencia — Sentencia
2024-09-27
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 68001233100020110072101
ACCION CONTRACTUAL
¿Teniendo en cuenta las prórrogas pactadas entre las partes para ampliar el plazo de entrega de cada obra, era improcedente imponer la multa por cumplimiento tardío de las obligaciones del contratista, estipulada en el inciso primero del numeral 49.3 del pliego de condiciones? Sí
El contratista no está obligado a pagar la multa por cumplimiento tardío estipulada en el inciso primero del numeral 49.3 del pliego de condiciones, cuando las partes han pactado una prórroga que amplía el plazo de entrega de las obras, ya que la sanción pierde su función de apremio y carece de objeto al momento de su imposición. La Sala modifica la decisión anterior que permitía la aplicación de la multa después de la prórroga, estableciendo que la entidad debe respetar el acuerdo alcanzado entre las partes para ajustar los plazos de ejecución del contrato. Esta regla implica que las partes deben negociar y ajustar los plazos del contrato en caso de atrasos, y que la entidad no puede aplicar sanciones posteriores a la prórroga sin una clara manifestación de intención en ese sentido.síntesis automática
También resuelve:
¿El contrato de obra pública celebrado entre Metrolínea y la Unión Temporal, se rigió por las normas de derecho privado concernientes a las actividades económicas y comerciales del mercado regulado?
¿Las decisiones sancionatorias proferidas por Metrolínea, al no tener la connotación de actos administrativos, no pueden ser objeto de estudio de legalidad para efectos de su declaratoria de nulidad?
¿La cláusula penal se entiende como una tasación anticipada de perjuicios, que puede hacerse efectiva a través de la multa, por un lado como un apremio al contratista para cumplir la obligación…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Lo planteado en segunda instancia no constituye un mero desarrollo argumentativo de los cargos originalmente formulados
Sentencia — Sentencia
2026-08-10
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 76001233300720170164401
Controversias contractuales
¿Desbordó la parte apelante los límites del recurso de apelación al introducir en segunda instancia nuevos cargos y fundamentos que no fueron planteados en la demanda ni hicieron parte del debate procesal de primera instancia, modificando con ello la causa petendi y desconociendo el principio de congruencia y el derecho al debido proceso? Sí
El contratista no puede introducir en segunda instancia nuevos cargos y fundamentos que no fueron planteados en la demanda ni hicieron parte del debate procesal de primera instancia, ya que esto modifica la causa petendi y viola el principio de congruencia y el derecho al debido proceso. La Sala ha establecido que el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia se limita a los aspectos esgrimidos en contra de la decisión de primer grado, y que las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación son inadmisibles. En consecuencia, cualquier argumento nuevo que no guardó relación con el litigio tal como fue fijado por el juez de primera instancia no puede ser abordado en segunda instancia. Esta regla reitera y confirma precedentes anteriores sobre el marco de competencia del juez en segunda instancia y la importancia del principio de congruencia en el proceso de contratación estatal, lo que implica que las partes deben presentar todos los argumentos y pretensiones en primera instancia para evitar la improcedencia de nuevos cargos en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:
¿Se acreditó la nulidad del otrosí n.° 1 del contrato de concesión por haber modificado la destinación de los recursos de la subcuenta de gestión predial y el esquema de asignación de riesgos…
¿Se encontraba ajustada a derecho la declaratoria de caducidad del contrato de concesión, al haberse acreditado un incumplimiento grave y directamente relacionado con el objeto contractual que…
¿Se respetaron el debido proceso y el derecho de defensa del concesionario en el procedimiento administrativo de declaratoria de caducidad…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Indicó que en las actas de las visitas realizadas por la Secretaría no se dejó constancia acerca de esa situación
Sentencia — Sentencia
2024-05-22
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020160246901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Fundación incumplió las obligaciones del convenio de asociación, en los términos alegados por la entidad pública demandante? No
Cuando una entidad pública demanda el incumplimiento de un convenio de asociación, la carga de demostrar el incumplimiento recae en ella, y no basta con requerimientos que no precisan los bienes, servicios y circunstancias de modo, tiempo y lugar del aporte que la entidad alega incumplido. La regla se sostiene en tres razones: la carga de la prueba corresponde a quien alega el incumplimiento, conforme al principio de autorresponsabilidad probatoria; los oficios de requerimiento del supervisor no identifican el objeto del aporte pactado, de modo que no pueden servir de sustento del incumplimiento; y el convenio asigna a la entidad sin ánimo de lucro un aporte de bienes y servicios cuyo contenido debía precisarse en el convenio para ser exigible. En el caso, no hubo prueba del incumplimiento de las obligaciones de aporte, de seguridad social ni de pago de salarios, por lo que se confirmó la negativa de las pretensiones. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el supervisor debe precisar en sus requerimientos los bienes y servicios concretos que la entidad asociada debe acreditar.síntesis automática
También resuelve:
¿A la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia gira en torno al convenio de asociación que fue suscrito por una…
¿Cualquiera de las partes de la relación contractual puede pedir la declaratoria de incumplimiento del contrato?
¿Cualquier entidad estatal puede celebrar el convenio de asociación con personas jurídicas particulares, con observancia de los principios de la función administrativa?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual
Sentencia — Sentencia
2025-08-11
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 25000232600020070052601
ACCION CONTRACTUAL
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública, cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y la cuantía establecida en el artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil. Además, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales comienza a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales alegados, según el artículo 136.10 del Código Contencioso Administrativo. La legitimación en la causa recae sobre las partes que suscribieron el convenio, y una parte puede demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral del contrato sin necesidad de declarar previamente el incumplimiento. Estas decisiones reafirman la competencia del Consejo de Estado en casos de contratación estatal y establecen claras pautas para el cómputo del término de caducidad y la formulación de pretensiones en acciones contractuales.síntesis automática
También resuelve:
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales…
¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva recae sobre las partes que suscribieron el convenio, toda vez que la controversia contractual giro en torno a este?
¿Puede una parte demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral de un contrato, sin que exista una pretensión de declaratoria de incumplimiento?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La solicitud presentada en curso de un contrato estatal se entiende favorable por silencio administrativo positivo si la entidad no se pronuncia en tres meses conforme al artículo 25.16 de la Ley 80 de 1993.
Sentencia — Sentencia
2025-11-25
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000233600020170045901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consorcio protocolizó tres solicitudes que efectuó ante el IDU, y adujo la configuración de un acto ficto a su favor, ante la omisión de la entidad de responder dentro de los 3 meses siguientes? Sí
La entidad estatal que omite pronunciarse dentro del término legal frente a las solicitudes presentadas en el curso de un contrato genera la configuración del silencio administrativo positivo favorable a las pretensiones del solicitante. En aplicación del artículo 25.16 de la Ley 80 de 1993, si la entidad estatal no se pronuncia dentro del término de tres meses siguientes, se entiende que la decisión es favorable al peticionario, debiendo acudirse a la complementariedad con el artículo 77 de la misma ley y al artículo 85 del CPACA para su respectiva protocolización. En el litigio sometido a estudio, el consorcio protocolizó tres solicitudes formuladas ante el IDU aduciendo la operancia del silencio administrativo positivo ante la ausencia de respuesta oportuna de la entidad.síntesis automática
También resuelve:
¿La mera formulación de una petición de contenido económico y su falta de respuesta por parte de la Administración no da lugar a la consolidación de un derecho a favor del solicitante?
¿Constituirá acto administrativo sólo aquella comunicación cuyo contenido atañe al despliegue de una prerrogativa de poder público, que se origina por voluntad de la Administración, y que además…
¿El acta de terminación del contrato, al igual que el acta de recibo de la obra, son instrumentos que dan cuenta de los hitos en que aconteció la culminación del negocio…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Tiene jurisdicción y competencia el Consejo de Estado para conocer de controversia suscitadas en virtud
Sentencia — Sentencia
2024-02-19
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 08001233100019930760701
ACCION CONTRACTUAL
¿Tiene jurisdicción y competencia el Consejo de Estado para conocer de controversia suscitadas en virtud de contratos administrativos y de contratos de derecho privado de la administración de que trata el Decreto Ley 222 de 1983, aun cuando no se hubiera pactado cláusula de caducidad? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias originadas en contratos administrativos y en contratos de derecho privado de la administración regidos por el Decreto Ley 222 de 1983, aunque no se haya pactado cláusula de caducidad, porque el criterio que determina la competencia es orgánico. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el criterio orgánico asigna la competencia en función de la naturaleza pública de la entidad contratante, con independencia del régimen del contrato. Segunda, el litigio versa sobre la legalidad de actos administrativos contractuales y sobre el incumplimiento y la nulidad de contratos suscritos por un ente territorial, por lo que se cuestiona la validez de decisiones de la administración. Tercera, la competencia de segunda instancia se determina por la cuantía de las pretensiones al momento de presentarse la demanda, conforme al Código Contencioso Administrativo vigente. La providencia modifica la decisión de primera instancia en lo que corresponda. La consecuencia práctica es que la ausencia de cláusula de caducidad no excluye a la jurisdicción contencioso administrativa cuando el contrato es celebrado por una entidad pública.síntesis automática
También resuelve:
¿El pacto arbitral estipulado en el contrato impide al Consejo de Estado asumir competencia en este caso?
¿Procede la acción contractual para solicitar la nulidad parcial de la resolución que declara el incumplimiento del contrato de prestación de servicios de aseo y arrendamiento, la que la confirma…
¿La demanda principal y la demanda de reconvención se interpusieron en tiempo, esto es dentro de los dos años del término de caducidad?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
¿Cuenta la Empresa de Acueducto con competencia legal para imponer y hacer efectiva la cláusula penal frente al garante por medio del acto de declaratoria de caducidad del contrato con fundamento en la Ley 80 de 1993 sin requerir nuevo procedimiento?
Sentencia — Sentencia
2026-04-17
Sección Tercera (Subsección B)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Rad. 25000233600020220013101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuenta la Empresa de Acueducto con competencia legal para imponer y hacer efectiva la cláusula penal frente al garante por medio del acto de declaratoria de caducidad del contrato con fundamento en la Ley 80 de 1993 sin requerir nuevo procedimiento? Sí
El contratista no puede impugnar la competencia de la entidad estatal para imponer y hacer efectiva la cláusula penal frente al garante mediante el acto de declaratoria de caducidad del contrato, sin necesidad de un nuevo procedimiento, ya que la Ley 80 de 1993 y el CPACA otorgan a la entidad la facultad de declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en el mismo acto administrativo. La entidad debe vincular a la aseguradora en el trámite previo a la adopción de la decisión de caducidad, lo que permite hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato sin requerir un procedimiento adicional. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que la declaratoria de caducidad es constitutiva del siniestro, permitiendo a la entidad cuantificar el perjuicio y hacer efectiva la garantía sin necesidad de un nuevo procedimiento judicial.síntesis automática
También resuelve:
¿La declaratoria de caducidad del contrato permite hacer efectiva la cláusula penal frente a las aseguradoras, como constitutiva del siniestro de incumplimiento conforme al artículo 18 de la Ley 80…
¿Declaratoria de caducidad del contrato constituye siniestro de incumplimiento y habilita pago de la cláusula penal frente al garante conforme al artículo 18 de la Ley 80 de 1993?
¿La declaratoria de caducidad del contrato, en cuanto acto constitutivo del siniestro de incumplimiento conforme a la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
A este efecto, conviene reiterar que durante la ejecución del contrato estatal no todas las expresiones de la entidad pública contratante se califican como un acto administrativo no todas sus manifestaciones constituyen declaraciones unilaterales de voluntad en ejercicio de la función administrativa, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas.
Sentencia — Sentencia
2025-07-14
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 47001233300020140040001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las tradicionales comunicaciones en el contexto de la ejecución contractual, como en este caso, las decisiones que negaron la solicitud de prórroga del contrato, son pasibles de control judicial? No
El contratista no puede someter a control judicial las decisiones que niegan la solicitud de prórroga del contrato, ya que estas no constituyen actos administrativos, sino simples comunicaciones en el contexto de la ejecución contractual que no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas. La Sala establece que, para que una decisión sea considerada un acto administrativo, debe tener un efecto jurídico directo y alterar los derechos y obligaciones del contrato. En este caso, la negativa a la prórroga no modificó el plazo inicialmente convenido ni creó nuevas obligaciones, por lo que no es susceptible de control judicial. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y limita la competencia del juez contencioso administrativo a los actos administrativos genuinos, excluyendo las comunicaciones que no alteran el contenido del contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿Puede la Sala, emitir algun pronunciamiento respecto a los cuestionamientos de las multas, de la nulidad del contrato y de la extemporaneidad de la liquidación unilateral por hacerse dentro de los 4…
¿Cuenta con valor probatorio un dictamen pericial rendido por un perito sin las cualidades requeridas por el Tribunal a quo, esto es, contar con una especialización en gerencia de proyectos…
¿Se acreditó la nulidad de los actos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato de obra, llave en mano, por parte del consorcio demandante?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: existe conformidad con los demás argumentos de la providencia
Aclaración voto — Aclaración de voto
2024-09-20
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 15001233300020190035201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es viable sostener que la entidad cuenta con la potestad de hacer efectiva solo una parte de la cláusula penal conforme a la tasación que efectúe? No
Respetuosamente, se considera que el… análisis, en torno a la efectividad de la cláusula penal, no se acompasa con la jurisprudencia de la Sala Plena de esta Sección, dictada en sede de nulidad simple; la cual se soporta en la lectura de la normativa que regula dicha previsión negocial. Concretamente, es dable traer a colación lo estudiado en sentencia del 28 de noviembre de 2019, en la cual, al realizar la revisión del artículo 14 del Decreto 4828 de 20082, se estimó que la norma previó una disyuntiva entre (i) la potestad de tasar el monto del perjuicio y (ii) hacer efectiva la cláusula penal, para concluir que “si esta última existe, no será procedente la cuantificación mencionada”.… Por tales motivos, se aprecia que no es viable sostener -como se hace en el fallo dictado en este proceso- que la entidad cuenta con la potestad de hacer efectiva solo una parte de la cláusula penal conforme a la tasación que efectúe.
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: puede declararse de oficio la falta de competencia como vicio que afecta el acto administrativo cuando este fue uno de los cargos
Salvamento voto — Salvamento de voto
2022-03-30
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 68001233100020100002501
ACCION CONTRACTUAL
¿Puede declararse de oficio la falta de competencia como vicio que afecta el acto administrativo cuando este fue uno de los cargos de la demanda? Sí
En reiteradas oportunidades el Consejo de Estado ha señalado que “la falta de competencia constituye el más grave de los vicios que puede afectar la validez de un acto y, por tal razón, puede ser declarado de oficio”. Aunque el estudio de la competencia para la expedición de cualquier acto administrativo es una consideración que resulta forzosa para quien decide sobre la legalidad del acto, y podría emprenderse de oficio, en el caso sometido a consideración de la Sala el estudio sobre la competencia no debía hacerse de manera oficiosa, pues, se insiste, fue un cargo de la demanda y un elemento central de las excepciones que presentó la entidad demandada, quien sostuvo que “tenía PLENA COMPETENCIA para expedir los actos administrativos” demandados (énfasis original).
También resuelve:
¿Debe existir una habilitación legal clara e inequívoca para que se puedan proferir actos administrativos?
¿Ecopetrol estaba facultado para, de manera unilateral, imponer multas y liquidar unilateralmente el contrato?
Consejo de Estado
Providencia
El principio de legalidad exige que las competencias y prerrogativas públicas se circunscriban estrictamente a lo expresamente otorgado por el ordenamiento jurídico.
Salvamento voto — Salvamento de voto
2026-04-17
Sección Tercera (Subsección B)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Rad. 25000233600020220013101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Exige el principio de legalidad que el reconocimiento y alcance de las competencias o prerrogativas públicas se circunscriba a lo expresamente otorgado por el ordenamiento jurídico, con delimitación frente a facultades adicionales como la imposición de la cláusula penal? Sí
El principio de legalidad exige que el reconocimiento y el alcance de las competencias y prerrogativas de las autoridades públicas se circunscriban estrictamente a lo expresamente otorgado por el ordenamiento jurídico superior, sin que sea admisible la existencia de facultades o competencias implícitas. Con sustento en los artículos 6 y 121 de la Constitución Política, cuando una norma otorga una prerrogativa específica como la declaratoria de siniestro, el juez está obligado a darle el alcance literal asignado sin ampliarla para comprender en ella la imposición autónoma de la cláusula penal.síntesis automática
También resuelve:
¿Exige la habilitación normativa expresa la imposición de la cláusula penal por parte de empresas de servicios públicos, pese a la competencia para declarar la caducidad y la aplicación del artículo…
¿Exige la distinción conceptual entre siniestro, daño y perjuicio diferenciar la declaratoria del siniestro de la imposición de la cláusula penal o de la tasación de perjuicios?
¿Exige la interpretación restrictiva de las prerrogativas en el régimen de servicios públicos que la declaratoria del siniestro se limite a su alcance propio y no incorpore la imposición de la…
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: en la codificación en cita no existe una referencia al concepto de multas
Aclaración voto — Aclaración de voto
2024-10-25
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 68001233100020110072101
ACCION CONTRACTUAL
¿La pena y la obligación principal son, en principio, incompatibles, salvo si la pena es por el simple retardo o se estipula expresamente que por el pago de la pena no se extingue la obligación principal? Sí
Aunque comparto el sentido de la decisión contenida en la sentencia de la referencia, no acompaño algunos de los desarrollos que se hacen sobre el alcance de la cláusula penal pecuniaria en los contratos estatales sometidos al derecho privado… . Con base en los artículos 1594, 1595 y 1600 del Código Civil, se concluye, en línea con la jurisprudencia y la doctrina, que la cláusula penal es básicamente una estimación anticipación de perjuicios… . A mi juicio, los artículos citados tan sólo se refieren a la cláusula penal, sin ninguna referencia al concepto de multa y le asignan dos finalidades principales: (i) la de estimación anticipada de perjuicios por no haberse cumplido la obligación, o por haberse cumplido imperfectamente, o por haberse retardado el cumplimiento y (ii) la conminatoria o de multa por la mora.
También resuelve:
¿Si se pactó la pena por el simple retardo y, además, la posibilidad de acumulación entre la pena y la indemnización de perjuicios expresamente, esta será una multa; de lo contrario…
¿La pena estipulada en el contrato en el numeral 49.3 es indemnizatoria dado que el cumplimiento tardío estaba consumado, por lo que daba lugar a su efectividad y operaba, no como multa…