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¿Operó el fenómeno jurídico de caducidad de la acción porque la demanda se presentó por fuera de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para el pago de la condena? Sí
El contratista no puede ejercer la acción de repetición si presenta la demanda fuera del plazo de dos años contados desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago de la condena. En este caso, la sentencia de 20 de septiembre de 2000, que impuso la condena, quedó ejecutoriada el 3 de noviembre de 2000, y el plazo para efectuar el pago se extendió hasta el 4 de mayo de 2002, es decir, dieciocho meses después de la ejecutoria. Como los documentos presentados no acreditan la fecha exacta del pago, el término de caducidad se computa desde el 5 de mayo de 2002, por lo que la demanda presentada el 11 de enero de 2006 es extemporánea, operando la caducidad de la acción. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre el cómputo del término de caducidad y su configuración en casos similares, lo que implica que cualquier demanda presentada fuera del plazo establecido será declarada caduca.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
¿Es procedente la condena en costas contra la entidad demandante cuando no se acredita dolo o culpa grave de los ex funcionarios en la expedición de un acto administrativo anulado judicialmente? No
El contratista no es condenado en costas cuando no se acredita dolo o culpa grave de los ex funcionarios en la expedición de un acto administrativo anulado judicialmente, ya que la Sala considera que la entidad demandante no actuó con temeridad ni mala fe, elementos necesarios para la condena en costas. La Sala reitera que la acción de repetición no es un proceso ejecutivo, sino declarativo, donde se debate la responsabilidad de los agentes del Estado, y en este caso, la parte recurrente no logró demostrar la existencia de dolo o culpa grave. Por lo tanto, la Sala confirma la sentencia de primera instancia que se abstuvo de condenar en costas a la entidad demandante, lo que implica que en casos similares, si no se acredita la mala fe o temeridad, no procederá la condena en costas.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de corrección de providencias2023-09-07Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 15001233100020060295202ACCION CONTRACTUAL
¿Las providencias pueden ser corregidas cuando en ellas se haya incurrido en errores por omisión, cambio de palabras o alteración de estas? Sí
Las providencias pueden ser corregidas cuando en ellas se haya incurrido en errores por omisión, cambio de palabras o alteración de estas, siempre que los mismos se encuentren contenidos en la parte resolutiva o influyan en ella. En la sentencia se definió claramente que no procedía la condena en costas en esta instancia por cuanto no quedó acreditada en la actuación una conducta temeraria, en los términos en que lo exige el artículo 55 de la Ley 446 de 1998. En ese sentido, la Sala accede a la solicitud de corrección de la parte resolutiva de la sentencia.
También resuelve:¿Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte?
¿Procede la condena en costas procesales en primera instancia en el caso concreto, en cuanto existió temeridad procesal o mala fe por parte del hoy demandante al repetir sin fundamento en contra de los demandados, al entorpecer y/o dilatar el desarrollo normal del proceso y al someterlos a asumir el pago de honorarios para su defensa? No
En la acción de repetición no procede condenar en costas en primera instancia cuando no se acredita temeridad ni mala fe de la parte demandante, ni una conducta que entorpezca o dilate el proceso, y que el pago de honorarios de la defensa de los demandados no demuestra por sí solo la temeridad. Una razón es que el demandante tuvo motivos para vincular al agente, pues la demanda y las pruebas mostraban su contacto con el paciente, la realización de análisis de síntomas y su influencia en el diagnóstico, de modo que la demanda no fue infundada ni caprichosa. Otra razón es que las demoras del proceso se debieron a causas ajenas a la entidad, como la notificación de un demandado en el exterior, la posesión de la curadora ad litem, la reconstrucción del expediente y las medidas de descongestión. En el caso, la Sala confirmó la decisión que se abstuvo de condenar en costas, y señaló que, bajo el régimen del Código Contencioso Administrativo, no era posible condenar en costas a la demandante. Su consecuencia práctica es que la mera absolución por falta de elemento subjetivo no basta para imponer costas al demandante en repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas procesales en segunda instancia, en razón a que las partes procesales actuaron con temeridad o mala fe?
¿Se acreditaron los requisitos de procedencia de la acción de repetición, entre ellos la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal? No
El contratista no acredita los requisitos de procedencia de la acción de repetición, entre ellos la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal, al no cumplir con la carga de la prueba conforme al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, ya que no presenta pruebas conducentes y pertinentes para demostrar la culpa grave o el dolo del demandado. En este caso, la Sala confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda por falta de prueba sobre la culpa grave y el dolo, lo que implica que el contratista debe aportar evidencias claras y relevantes para establecer la responsabilidad del agente estatal en casos similares.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró la caducidad de la acción de repetición?¿Existió temeridad de la parte actora que haga procedente la condena en costas?
¿El consorcio cumplió los requisitos de habilitación previstos en el marco de la licitación pública, para la adjudicación de un contrato de concesión de infraestructura vial? No
El contratista no cumple los requisitos de habilitación previstos en el marco de la licitación pública para la adjudicación de un contrato de concesión de infraestructura vial, ya que debe demostrar el cumplimiento de todas las exigencias financieras establecidas en el pliego de condiciones, incluyendo la calificación crediticia global de la entidad financiera, que en este caso era de al menos BBB de Standard & Poor’s Corporation o su equivalente. La entidad financiera del consorcio presentó una calificación de BBB-, lo cual es inferior a la requerida, ya que la calificación BBB- indica una posición de pago menor a la de BBB. Además, la calificación presentada fue una evaluación nacional, no global, lo que no cumple con los estándares internacionales exigidos por el pliego de condiciones. Esta decisión reitera la importancia de cumplir rigurosamente con los requisitos financieros establecidos en el pliego de condiciones para ser considerado un proponente admisible en procesos de licitación pública.síntesis automática
También resuelve:¿El pliego de condiciones estableció que la entidad financiera debía tener una calificación global de al menos BBB de Standard & Poor’s Corporation o su equivalente?¿Procede la condena en costas en segunda instancia?
¿Teniendo en cuenta que el pago de la condena se realizó luego del vencimiento del plazo de dieciocho meses previsto en la norma, y que la demanda se presentó después del término de dos años señalado en la misma Ley, se debe rechazar la demanda por caducidad de la acción de repetición? Sí
La acción de repetición caduca cuando el pago de la condena se efectúa después del vencimiento del plazo de dieciocho meses con que cuenta la administración para pagarla, pues en ese caso el término de dos años se cuenta desde el vencimiento de ese plazo, conforme al artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y a las sentencias C-832 de 2001 y C-394 de 2002. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que, según el comprobante de egreso, el pago se efectuó el 8 de marzo de 2001, después del vencimiento de los dieciocho meses, de modo que el término se contó desde el 11 de noviembre de 2000 y la demanda debía presentarse hasta el 11 de noviembre de 2002. La segunda es que la demanda se presentó el 22 de abril de 2003, cuando la acción ya había caducado. Por ello la Sala confirma la decisión de primera instancia que declaró la caducidad y se abstiene de condenar en costas a la parte recurrente, porque no se evidenció temeridad ni mala fe. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Al no evidenciarse temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de la parte recurrente, debe exonerarse de la condena en costas…
¿Se configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales? Sí
El contratista no puede beneficiarse del término de suspensión del artículo 21 de la Ley 640 de 2001 para evitar la caducidad de la acción de controversias contractuales sin acreditar que radicó la solicitud de conciliación prejudicial y que dicha solicitud fue declarada fallida, lo que implica que la entidad estatal no confesó haber realizado la audiencia de conciliación prejudicial en el escrito de contestación de la demanda, y que la parte actora no cumplió con su carga probatoria de demostrar la suspensión del término de caducidad. La Sala modifica la sentencia para declarar la caducidad de la acción, reafirmando que el derecho de acceso a la administración de justicia no exime a las partes de sus deberes y cargas procesales. Además, la Sala determina que no habrá lugar a la imposición de costas y agencias en derecho, ya que la parte vencida no actuó con temeridad o mala fe dentro del proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Solo habrá lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado con temeridad o mala fe dentro del proceso?
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el contrato no es liquidado inicia a partir del cumplimiento del plazo máximo que da la ley para tal efecto? Sí
El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el contrato no es liquidado inicia a partir del cumplimiento del plazo máximo que da la ley para tal efecto. En este caso, la demanda se presentó dentro del término de caducidad, el contrato terminó el 29 de octubre de 2007 y no fue liquidado, por lo cual, los dos años de caducidad se computarían desde el plazo máximo para realizar la liquidación unilateral, conforme a lo dispuesto en el literal d) del numeral 10 del artículo 136 del CCA.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que el cambio de los precios en los insumos para la ejecución de la obra provocó la ruptura del equilibrio económico del contrato?¿Cuál es el criterio de procedencia en costas en asunto regido por el CCA?
¿Al presente proceso en ejercicio de la acción de repetición le es aplicable el régimen jurídico contenido en la Ley 678 de 2001? No
El régimen jurídico contenido en la Ley 678 de 2001 no es aplicable al proceso en ejercicio de la acción de repetición contra un agente del Estado, ya que los hechos ocurrieron en diciembre de 1993, con anterioridad a su vigencia. Además, la acción de repetición no se puede apoyar en la sentencia del proceso de reparación directa, ya que no le es oponible al demandado y la responsabilidad del Estado se analizó "bajo la arista de la responsabilidad presunta". No se demostró que el agente cometiera una conducta dolosa o gravemente culposa que justifique la condena patrimonial.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró la culpa grave en la conducta del agente por lo cual debe responder patrimonialmente por la condena pagada por el Estado?¿Cuál es el criterio de procedencia para la condena en costas en vigencia del Código Contencioso Administrativo?
¿Se configuró la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
El término de caducidad de treinta días del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho empieza a correr desde el día en que se produce el hecho que lo activa, y si vence sin que se presente la demanda ni se radique la solicitud de conciliación extrajudicial, la caducidad debe declararse de oficio. La regla se apoya en el término de treinta días que fija la norma procesal aplicable al caso, y en que la solicitud de conciliación extrajudicial es una actuación que el demandante puede presentar dentro del mismo plazo. Por ello, el juez debe verificar el cómputo desde la fecha del acto y no aceptar la demanda extemporánea. En el asunto, el término comenzó a correr en una fecha determinada de 2012, venció sin que el demandante presentara la demanda ni la conciliación, y la Sala revocó la decisión de primera instancia que había accedido a las pretensiones para declarar probada la caducidad de oficio. En la práctica, la demanda de nulidad y restablecimiento contra el acto que niega la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica debe presentarse dentro de los treinta días siguientes para no caducar.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue promovido extemporáneamente?¿Los actos proferidos antes de la celebración del contrato son demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho…¿Se confirmará la condena en costas impuesta por el Tribunal en primera instancia, la cual será actualizada hasta la fecha de esta providencia?
¿La contabilización del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a partir de la suscripción del acta bilateral, la ejecutoria del acto administrativo de liquidación unilateral o, en defecto de las dos modalidades anteriores, desde el vencimiento del plazo para efectuarla? Sí
Cuando el contrato estatal debe liquidarse y no se ha liquidado, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se cuenta desde la suscripción del acta bilateral de liquidación, desde la ejecutoria del acto de liquidación unilateral o, a falta de ambas, desde el vencimiento del plazo legal para practicarla, según el literal d) del artículo 136 del CCA. Las razones que sostienen la regla son tres: el cómputo del plazo es de orden público y no puede alterarse por acuerdo, la Ley 446 de 1998 incorporó en el artículo 136 los eventos que fijan el conteo, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 permite liquidar de forma extemporánea dentro del bienio siguiente, facultad cuyo ejercicio no puede convertirse en una restricción procesal. Si la facultad no se ejerció y el contrato no quedó liquidado, el plazo corre desde el vencimiento de la liquidación. La providencia reitera la jurisprudencia unificada sobre este punto, y el caso se resolvió confirmando la decisión de instancia. La consecuencia práctica es que el demandante debe verificar si el contrato fue liquidado dentro del plazo y, si no lo fue, contar la caducidad desde su vencimiento.síntesis automática
También resuelve:¿Erró el a quo al tomar como hito inicial del plazo para la incoación del medio de control de solución de controversias contractuales…¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
¿El régimen aplicable a la acción de repetición se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena y el tiempo en el que estos acaecieron? Sí
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, en garantía del derecho al debido proceso, contenido en el artículo 29 constitucional, es necesario definir la norma sustancial vigente en el momento de la ocurrencia de los hechos. En concreto, el reconocimiento de la mora se causó desde el 06 de abril de 1999 hasta el 18 de julio de 2001, precisando que la Ley 678 de 2001 entró en vigencia el 04 de agosto de 2001.
También resuelve:¿Los demandados incurrieron en culpa grave al incumplir de forma inexcusable lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 244 de 1995…¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
¿Procede la cláusula penal de forma proporcional al cumplimiento del contrato? Sí
El contratista incumple el contrato cuando no ejecuta la obra en su totalidad, por lo que la cláusula penal es aplicable de forma proporcional al grado de cumplimiento, tal como lo determinó el tribunal en primera instancia. La entidad estatal no incurrió en incumplimiento ni en fuerza mayor que justifique la exención del contratista de su responsabilidad contractual. Además, el dictamen pericial presentado por la aseguradora no cumple con los requisitos legales para ser valorado, ya que no se acompañaron los documentos que acrediten la idoneidad y experiencia del perito ni los que le sirven de fundamento. Esta decisión reitera la necesidad de cumplir con los requisitos legales para la valoración de los dictámenes periciales y subraya la importancia de la proporcionalidad en la aplicación de la cláusula penal en casos de incumplimiento parcial.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación contra una sentencia proferida en primera instancia por un Tribunal Administrativo?¿En los contratos que requieran liquidación, el término de caducidad de dos años de la acción de controversias contractuales comenzará a contar a partir de los dos meses siguientes al vencimiento del…¿El dictamen aportado por la Aseguradora cumple con los requisitos establecidos el artículo 226 del CGP?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de queja2023-11-08Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 85001233300020220012201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El recurso de queja interpuesto por el apoderado de la parte demandada cumple con los requisitos de procedibilidad? Sí
El recurso de queja es el mecanismo para cuestionar la decisión que no concede o rechaza una apelación, conforme al artículo 245 del CPACA, y que su procedencia exige haberlo interpuesto en subsidio del recurso de reposición, de acuerdo con el artículo 353 del Código General del Proceso al que remite esa norma. Además, la enumeración del artículo 243 del CPACA no es taxativa, según el auto de unificación de la Sala Plena del 31 de mayo de 2022, porque la ley admite apelar otras providencias de primera instancia previstas en el mismo código o en normas especiales, y el parágrafo segundo del artículo 243 remite a esas normas en los procesos regulados por otros estatutos. Estas razones sostienen que la queja interpuesta por la parte demandada cumplía los requisitos de procedibilidad, y que la apelación fue bien denegada. La providencia no indica si cambia precedente, pues aplica el auto de unificación; su consecuencia práctica es que el litigante debe interponer la reposición en subsidio antes de acudir en queja y que la apelación puede proceder contra autos no listados si una norma lo prevé.síntesis automática
También resuelve:¿La enunciación que establece el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 es taxativa?¿En el caso sub examine, la decisión que da por contestada la demanda es susceptible del recurso de apelación?¿Procede la condena en costas procesales en el caso sub examine, toda vez que se resolvió de forma desfavorable el recurso de queja interpuesto por el demandante?
Sentencia — Sentencia2025-07-17Sección PrimeraNUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓNRad. 76001233100020130000401ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
[E]stablecer si el acto acusado está viciado de nulidad por haber sido expedido, presuntamente, transgrediendo lo previsto en los artículos 13 y 25 de la Constitución Política; y la Ley 140 de 1994. No
El Concejo Municipal de Santiago de Cali tiene competencia para regular la publicidad exterior visual en su jurisdicción, aplicando el principio de rigor subsidiario para proteger el patrimonio ecológico, sin vulnerar el derecho a la igualdad ni limitar el ejercicio del trabajo, siempre y cuando no se demuestre un trato diferenciado injustificado o que afecte la confianza legítima de los actores económicos. La Sala confirma que el Acuerdo Municipal núm. 0179 de 2006, al establecer requisitos más rigurosos para la instalación de vallas publicitarias, no viola la Constitución ni la Ley 140 de 1994, y reitera jurisprudencia sobre la autonomía municipal y el principio de rigor subsidiario en materia ambiental.síntesis automática
¿Las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato son aplicables a los contratos celebrados por Ecopetrol cuyo régimen es el derecho privado por tratarse de una sociedad de economía mixta? No
El contratista no puede aplicar las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato a los contratos celebrados por Ecopetrol bajo el régimen del derecho privado, ya que la Ley 1118 de 2006 establece que estos contratos se rigen exclusivamente por las reglas del derecho privado, excluyendo así la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus normas específicas sobre equilibrio económico. Además, la Sala rechaza las pretensiones del contratista basadas en la excesiva onerosidad sobrevenida, ya que el contrato fue terminado y liquidado por mutuo acuerdo, lo que impide la revisión de prestaciones futuras. Asimismo, el contratista no cumplió con la carga argumentativa y de sustentación del recurso de apelación, y el dictamen pericial no constituyó prueba suficiente para acreditar el daño antijurídico alegado por el presunto incumplimiento de Ecopetrol. Estas decisiones reafirman que los contratos de Ecopetrol regidos por el derecho privado no están sujetos a las normas del derecho público y limitan las posibilidades de revisión y reclamación por parte del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó una excesiva onerosidad sobrevenida en el contrato de derecho privado que fue objeto de liquidación por mutuo acuerdo entre Ecopetrol y la Sociedad demandante ?¿El recurrente cumplió con la carga argumentativa y de sustentación del recurso de apelación frente las inconformidades por las presuntas obligaciones que había incumplido Ecopetrol?¿El dictamen pericial constituyó prueba suficiente para acreditar el daño antijurídico alegado por el contratista por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales de Ecopetrol?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-10-06Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 66001233300020150029003LEY 1437 REPETICION
¿La liquidación del monto de las agencias en derecho se debe realizar de manera concentrada, una vez terminado el proceso, por el juez de la única o la primera instancia, con el objeto de que su valor pueda ser discutido mediante los recursos de reposición y apelación? Sí
El juez de la única o la primera instancia debe realizar la liquidación del monto de las agencias en derecho de manera concentrada, una vez finalizado el proceso, para que pueda ser discutida mediante los recursos de reposición y apelación, según establece la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Esta regla implica que las partes pueden censurar la liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho, pero no la decisión de imponer o no condena en costas, la cual ya fue adoptada en la sentencia firme e inmodificable. Esta jurisprudencia reitera y matiza precedentes anteriores, estableciendo claramente los límites de la discusión sobre la condena en costas en las instancias posteriores a la sentencia definitiva.síntesis automática
También resuelve:¿Se permite a las partes censurar la liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho, mas no la decisión de imponer o no condena en costas?¿Que no haya condena en costas resulta jurídicamente improcedente, en la medida que la decisión de condenar en costas se definió en la sentencia de segunda instancia que se encuentra en firme y…¿Los porcentajes y montos por concepto de agencias en derecho se ajustan a los topes máximos establecidos y al acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura…
¿Las costas son las erogaciones que debe sufragar la parte que resulte vencida en el proceso, las cuales están integradas por los costos del proceso o expensas y las agencias en derecho? Sí
El contratista no es condenado en costas simplemente por solicitar una indemnización por perjuicios mayores a los previstos en la cláusula penal del contrato estatal, sino que debe demostrarse que actuó con temeridad, mala fe o abusando del derecho de acción. En este caso, la entidad estatal ejerció la acción de controversias contractuales para demostrar que los incumplimientos del contratista le causaron perjuicios mayores a los establecidos en la cláusula penal, sin el propósito de agravar caprichosamente la situación del demandado o cobrar perjuicios excesivos. La Sala considera que la mera solicitud de una indemnización mayor no constituye un actuar temerario ni abusivo del derecho de acción, y por lo tanto, no es suficiente para condenar al contratista en costas. Esta decisión matiza la interpretación de que cualquier demanda por perjuicios superiores a la cláusula penal automáticamente implica temeridad o mala fe, y establece que la condena en costas requiere una evaluación más detallada de la conducta del contratista y la justificación de sus pretensiones.síntesis automática
También resuelve:¿Para que proceda la condena en costas en el régimen del Código Contencioso Administrativo, es menester que se acredite que la parte vencida actuó en contravía de los postulados de la lealtad…¿La decisión de acudir a la administración de justicia
¿La caducidad corresponde a una figura jurídica de orden público, a través de la cual el legislador limita el espacio temporal en que puede accederse a la jurisdicción en ejercicio del derecho de acción? Sí
El contratista no puede acceder a la jurisdicción para ejercer su derecho de acción una vez que ha transcurrido el límite temporal establecido por la ley, ya que la caducidad es una figura jurídica de orden público que limita el espacio temporal en que se puede ejercer el derecho de acción, protegiendo así la seguridad jurídica y el debido proceso. En el caso específico, la demanda fue presentada catorce años después de la configuración de la caducidad, lo que la hace inadmisible, ya que el cómputo del término de caducidad se rige por la ley vigente al momento de iniciarse el plazo, no por la que esté en vigor al momento de presentar la demanda. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la aplicación del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 para determinar la norma aplicable al cómputo del término de caducidad, lo que implica que las partes deben ser conscientes de la importancia de presentar sus demandas dentro del plazo establecido por la ley vigente al momento de la ocurrencia del hecho que da lugar a la acción.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó de forma oportuna la declaración de nulidad absoluta del contrato de comodato 045 del 19 de abril de 1990, celebrado entre el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y la Cooperativa…¿Procede la condena en costas en los eventos en que no prospera la demanda?