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¿La actividad contractual de la Empresa Social del Estado demandada se rige por el derecho privado, pero puede utilizar de forma discrecional las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto General de Contratación de la administración pública? Sí
El contratista puede solicitar la declaración de incumplimiento del contrato estatal cuando la entidad demandada ejerza la terminación unilateral sin justificar adecuadamente su decisión ni garantizar el derecho de defensa del contratista, ya que aunque la terminación unilateral por decisión autónoma no está sujeta al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP), la entidad debe actuar de manera transparente y justa. La Sala reitera que el ejercicio de la terminación unilateral debe respetar el debido proceso y el derecho de defensa, y que la falta de claridad en la terminación unilateral puede generar un escenario injusto para el contratista, lo que implica que la entidad debe exponer las razones que sustentan su decisión para permitir una discusión efectiva ante el juez del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse el incumplimiento del contrato estatal por el ejercicio abusivo de la facultad de terminación unilateral por parte la Empresa Social del Estado demandada…¿Debe reconocerse el pago de la cláusula penal pecuniaria a favor del contratista, pero de forma proporcional en virtud del cumplimiento parcial de las prestaciones por parte de la administración?¿Deben reconocerse perjuicios adicionales al pago de la clausula penal pecuniaria, esto es, por encima de su valor, dado el incumplimiento parcial del contrato por la administración?
¿La E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato? Sí
La Subsección resolverá desfavorablemente el recurso de apelación presentado por Genmas S.A. E.S.P. y confirmará la sentencia de primera instancia. Lo manifestado por [la contratante en los términos de referencia] otorgó certeza a la contratista de que el dinero de la construcción estaba garantizado, dado que se señaló que su financiación provendría de recursos propios de la entidad. Genmas S.A. E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato, debido a que no acreditó la circunstancia económica de la empresa que alegó como fundamento para el ejercicio de la prerrogativa contractual, por lo que se materializó su incumplimiento del negocio jurídico.
También resuelve:¿Lo convenido correspondió a un contrato de obra a precios unitarios que fue suscrito con el objetivo de desarrollar las obras civiles de una central hidroeléctrica…¿El perfeccionamiento del negocio se dio con la suscripción del documento correspondiente por las partes, en el que la accionante se obligó a construir las obras civiles de la central hidroeléctrica?¿La potestad de terminación unilateral del contrato se ejerció sin justa causa, por lo que la conducta de la contratante constituyó un incumplimiento del contrato?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-08-15Sección Tercera (Subsección A)JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRad. 25000233600020210032501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para la fecha de presentación de la solicitud de pruebas en segunda instancia, había fenecido el término para pedirlas? Sí
El contratista no puede solicitar pruebas en segunda instancia una vez vencido el término legal, que según el artículo 212 del CPACA, corre hasta la ejecutoria del auto que admite el recurso, lo que en este caso ocurrió del 5 al 7 de febrero de 2025, antes de la fecha de la solicitud probatoria. Aunque el solicitante argumenta que la prueba se refiere a un hecho sobreviniente, la preclusión establece que las actuaciones deben efectuarse en el tiempo dispuesto, evitando transgresiones al derecho de contradicción y defensa. Además, el documento que pretende acreditar el archivo de la investigación penal no es un elemento de juicio determinante para desvirtuar el fundamento de la terminación unilateral del contrato, ya que la cláusula en cuestión solo requiere el indicio del delito, no su comisión efectiva. Por último, el auto que niegue el decreto o la práctica de pruebas es susceptible de ser controvertido mediante recurso de súplica, directamente o como subsidiario de la reposición, según lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 246 del CPACA.síntesis automática
También resuelve:¿El documento que se pretende hacer valer no es un elemento de juicio determinante, ya que solo acredita el archivo de la investigación penal?¿El auto que niegue el decreto o la práctica de pruebas es susceptible de ser controvertido mediante recurso de súplica?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra sentencias proferidas por los tribunales administrativos cuando la cuantía de la pretensión supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este caso, la entidad estatal terminó unilateralmente un contrato de prestación de servicios, lo que generó una demanda por parte del contratista. La cuantía de la pretensión superaba el umbral legal en la fecha de presentación de la demanda, por lo que el Consejo de Estado tuvo competencia para revisar el recurso de apelación. La Sala revocó la sentencia del tribunal administrativo, confirmando la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y reafirmando la importancia de la doble instancia en la jurisdicción contenciosa administrativa.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la expedición del acta de terminación del contrato?¿El hallazgo de una causal de nulidad absoluta del contrato exime al juez de pronunciarse sobre las pretensiones de nulidad formuladas contra el acto administrativo contractual?¿La motivación del acto administrativo de terminación unilateral debe fundamentarse en alguna de las causales del artículo 17 de la Ley 80 de 1993 o en uno de los eventos establecidos en el inciso…
¿El concesionario debió probar que durante el plazo de ejecución realizó inversiones en bienes reversibles, esperando amortizarlos y obtener una remuneración hasta el fin del plazo inicialmente estipulado, en los términos pactados en el contrato? Sí
El concesionario debe probar que durante el plazo de ejecución realizó inversiones en bienes reversibles, esperando amortizarlos y obtener una remuneración hasta el fin del plazo inicialmente estipulado, en los términos pactados en el contrato, ya que la falta de evidencia de estas inversiones y su amortización impide que el concesionario reclame por los ingresos anuales restantes de la concesión. Además, la terminación unilateral del contrato no genera automáticamente un derecho a indemnización, sino que debe demostrarse el daño efectivamente causado y la existencia de perjuicios morales, lo cual requiere una carga probatoria suficiente. La decisión administrativa debe contener una descripción detallada de las exigencias del servicio público que dieron lugar a la terminación unilateral, y no puede ejercerse veladamente la cláusula de caducidad sin un fundamento legal claro. Esta sentencia reitera y matiza precedentes sobre la terminación unilateral de contratos de concesión, estableciendo que la administración debe cumplir con los requisitos legales y contractuales para terminar unilateralmente un contrato, y que el concesionario debe demostrar adecuadamente cualquier reclamación por daños y perjuicios.síntesis automática
También resuelve:¿La imposibilidad de establecer la existencia del daño efectivamente causado al concesionario impide que sea beneficiario de lo que quedaba de la concesión?¿La decisión atacada contiene una descripción detallada de las exigencias del servicio público que dieron lugar a la terminación unilateral?¿La auditoría se limitó a determinar el aspecto de la explotación económica de la concesión estableciendo los ingresos para unas vigencias?
¿El contrato para la introducción y comercialización de licores, celebrado entre el departamento de Valle del Cauca y la sociedad demandante, estaba regido por la Ley 80 de 1993 y debió haber estado precedido de un procedimiento licitatorio para la selección del contratista? Sí
Cuando el departamento celebra contratos para la introducción y comercialización de licores en desarrollo del monopolio de arbitrio rentístico, esos contratos están regidos por la Ley 80 de 1993 y la selección del contratista debe hacerse por un procedimiento competitivo, como la licitación pública. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 63 de la Ley 14 de 1983 y el artículo 123 del Decreto 1222 de 1986 permiten celebrar esos negocios dentro de las normas de contratación vigentes. Segunda, el Consejo de Estado ha concluido que, desde la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, el departamento debe ceñirse a esa ley, al no existir un régimen especial para la selección de los contratistas. Tercera, a falta de una regla específica, la modalidad de selección de contratistas particulares por parte del departamento era la licitación. En consecuencia, la providencia revoca la decisión que había considerado el contrato regido por el derecho privado. El documento reitera esa línea sobre el régimen de estos contratos.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos administrativos demandados mediante los cuales se declaró la terminación unilateral del contrato, al haberse celebrado contra expresa prohibición legal o constitucional por la pretermisión…¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato para la introducción y¿En vigencia del C.P.A.C.A. y del Código General del Proceso, resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte a quien se le resuelve parcialmente favorable el recurso de…
76001233100020120057601 de 20262026-05-04Rad. 76001233100020120057601
En Colombia, antes de 1989, no existía una clasificación legal de los servicios de las telecomunicaciones. Ahora bien, en cuanto al régimen general de los actos y contratos de las empresas que prestan el servicio de las telecomunicaciones, el artículo 55 de la Ley 1341 de 2009 estableció que «los actos y los contratos, incluidos los relativos a su régimen laboral y las operaciones de crédito de los proveedores de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cualquiera que sea su naturaleza, sin importar la composición de su capital, se regirán por las normas del derecho privado». En efecto, se trata de un asunto propio de la gestión contractual y de las cláusulas libremente pactadas entre las partes, en el cual la regla general aplicable es el derecho privado, conforme al régimen jurídico del contrato. No resulta asimilable una terminación unilateral en un contrato de obra a una ocurrida en uno de prestación de servicios.
También resuelve:Régimen jurídico de las telecomunicaciones en colombia: ausencia de clasificación previa a 1989, prestación estatal del servicio, Decreto Ley 1900 de 1990, definición de telecomunicacionesTransformación constitucional y legal del régimen de los servicios públicos en colombia: Constitución de 1991, nuevo servicio público competitivo, servicios públicos como actividad económica, servicios públicos domiciliariosSector de las tecnologías de la información y las comunicaciones: Ley 1341 de 2009, integración de telecomunicaciones al régimen tic, derogatoria parcial del Decreto 1900 de 1990, derogatoria de normas de la Ley 80 de 1993
¿Los actos administrativos demandados dieron por terminado unilateralmente el contrato, por lo que debe entenderse que la entidad estatal ejerció la facultad de terminación unilateral prevista en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993? No
El contratista no puede impugnar la terminación del contrato por vencimiento del plazo pactado, ya que los actos administrativos de Corpoguarjira indican que el contrato finalizó por el vencimiento del plazo de ejecución, no por una terminación unilateral, y el plazo inicial de 16 meses, prorrogado por nueve meses más, había expirado antes de la fecha de expedición de dichos actos. Además, el contrato celebrado entre Corpoguarjira y Acuavalle, a pesar de ser denominado convenio interadministrativo, es en realidad un contrato interadministrativo de obra sometido al estatuto general de contratación estatal, por lo que Corpoguarjira tiene competencia para declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la cláusula penal mediante actos administrativos, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que permite a las entidades declarar el incumplimiento del contrato luego de su terminación y hacer efectiva la cláusula penal, siempre y cuando dicha facultad haya sido pactada en el contrato, como en este caso. Esto implica que la entidad estatal puede adoptar decisiones contractuales en conformidad con el régimen jurídico aplicable a los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿En el contrato administrativo suscrito entre las partes, al ser un contrato cuyo régimen jurídico no era el derecho privado sino el contemplado en el estatuto general de la contratación estatal…
¿Son nulos los actos administrativos que, con base en la competencia del inciso segundo del artículo 45 de la Ley 80 de 1993, terminaron unilateralmente un contrato de distribución de licor, con fundamento en que se firmó contra expresa prohibición legal -numeral 2 art. 44 de la Ley 80 de 1993- porque no se tenía registro sanitario, se afectó el postulado de selección objetiva, el contratista no estaba inscrito en el registro de proponentes y contrató sin capacidad para obligarse? No
El contratista no puede ser objeto de terminación unilateral del contrato por nulidad absoluta basada en la falta de registro sanitario, la violación del principio de selección objetiva, la ausencia de inscripción en el registro de proponentes o la falta de capacidad para obligarse, ya que estas circunstancias no constituyen una prohibición expresa legal o constitucional que genere la nulidad del contrato. La falta de motivación detallada y la ausencia de una prohibición expresa en la norma aplicada implica la nulidad del acto administrativo que termina unilateralmente el contrato. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, matizando la interpretación restrictiva de las causales de nulidad en contratos estatales, lo que implica que las entidades estatales deben fundamentar con rigor legal y constitucional cualquier terminación unilateral basada en la nulidad absoluta del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Por regla general, los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 de ese estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes?¿La legitimación en la causa es de hecho y material?¿El liquidador debe elaborar un inventario de los procesos judiciales de la entidad en liquidación?
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia, por razón de su cuantía? Sí
Cuando se demanda en controversia contractual a una entidad pública y la suma de la pretensión mayor supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, el Consejo de Estado es competente para conocer de la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo. La regla se sostiene en tres razones: la jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006; el artículo 129 del mismo código atribuye a la corporación la apelación de las sentencias de primera instancia de los tribunales; y el valor de la pretensión mayor se determina conforme al artículo 20, numeral 2, del Código de Procedimiento Civil, con el umbral del artículo 132, numeral 5, del Código Contencioso Administrativo. En el caso, la pretensión mayor superó ese umbral y la corporación asumió la competencia para resolver la apelación, modificando la sentencia en lo relativo a las pretensiones que prosperaron parcialmente. El documento reitera la forma de determinar la competencia por cuantía; la consecuencia práctica es que la prosperidad parcial de las pretensiones no altera la competencia fijada por el valor de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales procede para reclamar los daños originados en una relación contractual?¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad de la acción de controversias contractuales?¿En la acción de controversias contractuales se encuentran legitimados en la causa quienes hayan sido parte en el negocio jurídico del cual se originó el daño alegado?
¿La decisión del liquidador en el proceso de liquidación de la ESE Francisco de Paula Santander relativa a la terminación unilateral del contrato de asociación no. 0678 de 2006, constituye un acto administrativo contractual, por lo que debe declararse la excepción de falta de jurisdicción al existir pacto de una cláusula compromisoria en el negocio jurídico? No
El liquidador en el proceso de liquidación de la ESE Francisco de Paula Santander emite actos administrativos que no son contractuales, por lo que no caen bajo la competencia de un tribunal arbitral ni pueden ser objeto de una acción de controversias contractuales. Esto se debe a que la terminación del contrato de asociación no. 0678 de 2006 fue una decisión derivada de la orden de supresión y liquidación de la ESE, no de una decisión unilateral de las partes o de un conflicto contractual. Por tanto, la decisión del liquidador no constituye un acto administrativo contractual, y la excepción de falta de jurisdicción por pacto de cláusula compromisoria no prospera. Esto implica que las acciones basadas en la terminación del contrato por parte del liquidador deben ser abordadas a través de otros mecanismos legales distintos a la controversia contractual.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales es la idónea para demandar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales el liquidador de la ESE Francisco de Paula Santander comunicó la…
¿Queda el juez relevado del estudio de fondo del recurso de apelación, cuando en primera instancia se declara la nulidad del acto de terminación unilateral del contrato, con fundamento en dos motivos, siendo el primero suficiente para tal declaración y el apelante solo se fundamenta en el segundo, por argumentación insuficiente del recurso? Sí
El juez de segunda instancia queda relevado del estudio de fondo del recurso de apelación cuando en primera instancia se declara la nulidad del acto de terminación unilateral del contrato con dos motivos, siendo el primero suficiente para tal declaración, y el apelante solo se fundamenta en el segundo, por argumentación insuficiente del recurso, lo que implica que la decisión de primera instancia mantiene su validez. Además, la nulidad del acto de terminación unilateral no garantiza automáticamente el reconocimiento de perjuicios, los cuales deben estar acreditados y demostrarse que su ocurrencia fue consecuencia directa del acto anulado. Asimismo, no procede la reclamación de indemnización de perjuicios morales a favor de los socios de la sociedad demandante cuando la demanda fue presentada por la sociedad como persona jurídica autónoma. Finalmente, el reconocimiento de mejoras necesarias al bien arrendado no procede cuando estas, junto con las mejoras útiles, se incluyeron en el acto de liquidación del contrato y el actor no probó que se hubiera superado ese valor.síntesis automática
También resuelve:¿Los perjuicios por el acto de terminación unilateral del contrato que se declara nulo deben estar acreditados, así como, el hecho de que su ocurrencia fue consecuencia directa del acto anulado…¿Resulta procedente la reclamación de indemnización de perjuicios morales a favor de cada uno de los socios que integraban la sociedad demandante cuando quien hizo parte del litigio fue la sociedad…¿Procede el reconocimiento de mejoras necesarias al bien arrendado cuando estas, junto con las mejoras útiles, se incluyeron por la entidad en el acto de liquidación del contrato y el actor no probó…
¿El contratista incumplió el contrato y no demostró la excepción de contrato no cumplido que justifique dicho incumplimiento? Sí
El contratista incumple el contrato y no demuestra la excepción de contrato no cumplido que justifique dicho incumplimiento, por lo que la entidad estatal puede declarar la terminación unilateral y aplicar la cláusula penal pecuniaria pactada, sin necesidad de emitir un acto administrativo. La Sala modifica la sentencia al establecer que las facultades unilaterales no están prohibidas en contratos regidos por el derecho privado, siempre y cuando no se ejerzan mediante acto administrativo. Además, reitera que en derecho común es posible pactar una cláusula penal con función de apremio, y que para que prosperara la excepción de contrato no cumplido, el contratista debía demostrar que los incumplimientos de la entidad estatal generaron directamente sus propios incumplimientos, lo cual no se probó en este caso. Esta decisión implica que las partes deben cumplir rigurosamente con las condiciones estipuladas en el contrato para ejercer sus facultades unilaterales y que la excepción de contrato no cumplido requiere una conexión directa entre los incumplimientos alegados.síntesis automática
También resuelve:¿La formulación de pretensiones como principales y subsidiarias tiene como objeto indicarle al juzgador cuál es la declaración que el demandante solicita que se resuelva en primer lugar?¿En derecho privado, las facultades unilaterales están prohibidas?¿En derecho común es posible pactar una cláusula penal con función de apremio?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-09-26Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZRad. 18001233300020230014601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación contra los autos que rechazan la demanda? Sí
El operador judicial aplica las disposiciones procesales vigentes para determinar la competencia funcional y el trámite de los recursos interpuestos contra las providencias inhibitorias o de rechazo. En el presente asunto, la Corporación establece su competencia en segunda instancia de conformidad con el artículo 150 del CPACA para conocer de la apelación contra el auto que rechaza la demanda, decisión que resulta susceptible de impugnación según el artículo 243.1 del mismo código, debiendo resolverse por la Sala conforme al literal g) del artículo 125 ibidem, y aplicando el término de sustentación previsto en el artículo 244.3 de la Ley 1437 de 2011.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso de apelación se presentó oportunamente teniendo en cuenta el término de sustentación y el momento en que se notificó el auto recurrido?¿Debe aplicarse la regla general del artículo 164, numeral 2, literal j), de la Ley 1437 de 2011 para el cómputo de la caducidad en las controversias contractuales cuando no se configura alguno de…¿Podían las partes, en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, someter el contrato de prestación de servicios al trámite de liquidación…
68001233300020120022902 de 20262026-10-13Rad. 68001233300020120022902
El contratista puede pactar con la entidad estatal la facultad de terminar unilateralmente el contrato, sin que esto constituya una prerrogativa pública, siempre y cuando el ejercicio de dicha facultad se ajuste a las causales pactadas en el contrato, ya que su uso fuera de estas causales constituye un incumplimiento contractual. La terminación unilateral debe estar prevista en el clausulado del contrato y su ejercicio debe respetar las condiciones establecidas, de lo contrario, la entidad estatal incumplirá con sus obligaciones contractuales. Este concepto reitera la jurisprudencia existente sobre la autonomía de la voluntad en contratos exceptuados del EGCAP, y subraya la importancia de que las partes cumplan con las cláusulas pactadas para evitar incumplimientos y controversias.síntesis automática
También resuelve:Terminación unilateral del contrato: autonomía de la voluntad, régimen jurídico, contratos exceptuados del egcap, facultades excepcionalesIncumplimiento contractual: pacta sunt servanda, Articulo 1602 Fuerza VinculanteIndemnizacion al contratista: lucro cesante, noción de utilidad, porcentaje de utilidad
68001233300020130058002 de 20262026-03-26Rad. 68001233300020130058002
El contratista puede terminar unilateralmente un contrato estatal regido por derecho privado cuando las partes lo hayan pactado previamente, siempre que no haya una ruptura de la igualdad, desequilibrio o abuso del derecho, y atendiendo los principios de buena fe contractual y prohibición del abuso del derecho. La terminación unilateral es un acto contractual que no se origina en una facultad legal ni en un acto administrativo, sino en la autonomía de la voluntad de las partes. El juez puede revisar la legalidad de la terminación unilateral si la parte afectada considera que ha sido realizada ilegalmente. En este caso, el Consejo de Estado revocó parcialmente la sentencia de primera instancia, declarando que la entidad desconoció la buena fe y abusó de su derecho al terminar unilateralmente el contrato, sin condenar a las partes en costas.síntesis automática
También resuelve:Naturaleza jurídica de las manifestaciones de voluntad: facultades unilaterales de este tipo, actos contractuales, originarias de la autonomía de la voluntad, no se origina en facultad legalCláusula de terminación unilateral en contratos estatales regidos por derecho privado: autonomía de la voluntad, inexistencia de ruptura de igualdad, inexistencia de desequilibrio, no abuso del derecho
¿El contrato celebrado entre Hospital de Yopal E.S.E. y AAA Alliance S.A.S. es un negocio jurídico regido por las reglas y principios civiles y comerciales, en el que se pactaron facultades exorbitantes? Sí
Los contratos celebrados por una empresa social del Estado son negocios jurídicos sometidos al derecho privado, en los que pueden pactarse discrecionalmente las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de la Contratación Pública. Esta regla se apoya en los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, que dan a la empresa el carácter de entidad pública descentralizada con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Por ello, la presencia de facultades exorbitantes no cambia la naturaleza privada del negocio, sino que habilita a la entidad a ejercer ciertas potestades unilaterales. En el caso concreto el contrato de prestación de servicios se rige por normas civiles y comerciales y contiene facultades de declaración de caducidad, interpretación, modificación y terminación unilaterales, que fueron pactadas por la empresa. La sala confirmó la sentencia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la empresa social del Estado puede pactar cláusulas exorbitantes en contratos regidos por el derecho privado.síntesis automática
También resuelve:¿El Hospital de Yopal desconoció las reglas procedimentales previstas en la ley para la declaratoria de caducidad contractual e imposición de multas afectando el debido proceso y la defensa del…¿El Hospital de Yopal incurrió en desviación de poder porque persiguió un interés distinto al público al expedir las Resoluciones 263 y 380 de 2019?¿Los motivos de las resoluciones demandadas, fueron falsos o alejados de la realidad contractual, teniendo en cuenta el incumplimiento mutuo justificante de la exceptio non adimpleti contractus?
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública, cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y la cuantía establecida en el artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil. Además, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales comienza a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales alegados, según el artículo 136.10 del Código Contencioso Administrativo. La legitimación en la causa recae sobre las partes que suscribieron el convenio, y una parte puede demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral del contrato sin necesidad de declarar previamente el incumplimiento. Estas decisiones reafirman la competencia del Consejo de Estado en casos de contratación estatal y establecen claras pautas para el cómputo del término de caducidad y la formulación de pretensiones en acciones contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales…¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva recae sobre las partes que suscribieron el convenio, toda vez que la controversia contractual giro en torno a este?¿Puede una parte demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral de un contrato, sin que exista una pretensión de declaratoria de incumplimiento?
¿Cuál es el régimen normativo aplicable a los contratos celebrados por Ecopetrol? Sí
El contratista no está sujeto al régimen normativo de contratación estatal cuando celebra contratos con Ecopetrol, ya que la Ley 1118 de 2006 establece que las actuaciones de Ecopetrol se rigen exclusivamente por el derecho privado, descartando la posibilidad de pactar cláusulas excepcionales y la competencia para expedir actos administrativos. Por ende, las comunicaciones o actos jurídicos contractuales emitidos por Ecopetrol no son considerados actos administrativos, por lo que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no tiene competencia para pronunciarse sobre su validez. Además, en contratos regidos por el derecho privado celebrados por Ecopetrol, la entidad debe acreditar la habilitación legal o contractual de su contraparte para terminar el contrato unilateralmente, lo cual no se cumplió en el caso analizado. Asimismo, la carga probatoria de demostrar que el contratista está incurso en un conflicto de intereses que le impide ejecutar el contrato recae sobre Ecopetrol, evidencia que no fue aportada en el proceso. Este precedente reitera y matiza la aplicación del régimen contractual de Ecopetrol, limitando la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa y estableciendo las cargas probatorias en contratos privados celebrados por la entidad.síntesis automática
También resuelve:¿Las comunicaciones o actos jurídicos contractuales emitidas por Ecopetrol SA llamados a producir efectos jurídicos, son actos administrativos?¿En el contrato que se rige por el derecho privado celebrado por Ecopetrol, quién tiene la carga procesal de demostrar la habilitación legal o contractual de su contraparte para terminar el contrato…¿A quién le corresponde probar que el contratista está incurso en un conflicto de intereses que le impide ejecutar el contrato?
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También resuelve:Controversias contractuales: servicios públicos domiciliarios, prestadores, cláusula general de competenciaEmpresa de servicios públicos domiciliarios: régimen jurídico, actos, derecho privado, control judicialCláusulas excepcionales: procedencia, servicios públicos domiciliarios