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¿Como consecuencia de la declaración de ineptitud sustantiva de la demanda el juzgador no tenía competencia para resolver el fondo de la controversia? Sí
En el proceso contencioso administrativo, cuando la demanda es declarada sustancialmente inepta, el juez no tiene competencia para resolver el fondo de la controversia, de modo que no puede pronunciarse sobre las pretensiones. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la ineptitud sustantiva de la demanda impide un pronunciamiento de fondo, de modo que no puede tenerse por resuelta la pretensión en sentido desfavorable. Segunda, la decisión de fondo que se adopte sin competencia para ello carece de efectos sobre el litigio. En el caso, la sentencia de primera instancia había dado por resueltas las pretensiones, pero la Sala revoca esa decisión porque el juzgador no tenía competencia para decidir el fondo, y en su lugar declara el incumplimiento de la obligación de excluir ciertas áreas del objeto del contrato de comodato. En la práctica, la ineptitud sustantiva debe examinarse antes de resolver las pretensiones, porque un pronunciamiento de fondo sin competencia será revocado en apelación.síntesis automática
También resuelve:¿Por no existir certeza en el perjuicio que solicita la parte actora sea reparado, no hay lugar al reconocimiento de tales pedimentos?¿Es claro que existió un incumplimiento por parte del municipio de Valledupar en la obligación de exceptuar del convenio los locales del inmueble?¿El vínculo jurídico inicial se cimentó en el apoyo de la corporación demandante en la efectividad del cumplimiento del servicio público de educación…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-05-20Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000233600020180026101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Subsección tiene competencia para resolver el recurso de apelación contra el auto que declaró probada la excepción de pleito pendiente? Sí
Cuando el auto de primera instancia declara probada la excepción de pleito pendiente y termina el proceso, esa providencia es apelable, y la sala o subsección del Consejo de Estado es competente para resolver la apelación. La regla se apoya en el artículo 125 del C.P.A.C.A., modificado por la Ley 2080 de 2021, que atribuye a las salas, secciones y subsecciones las providencias que deciden la apelación de los autos enunciados en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243, y en el numeral 2 del artículo 243, que hace apelable el auto que pone fin al proceso. La regla se sostiene en tres razones: la excepción de pleito pendiente busca evitar dos procesos con idénticas pretensiones, identidad de partes y de causa petendi, entre las mismas partes; la providencia que la declara produce la terminación del proceso; y el recurso fue sustentado y presentado de manera oportuna. En el caso, la subsección asumió la competencia y resolvió la apelación revocando el auto. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el auto que declara el pleito pendiente y termina el proceso es apelable ante la subsección.síntesis automática
También resuelve:¿La figura de pleito pendiente evita que existan dos o más procesos con idénticas pretensiones y entre las mismas partes?¿Se cumplen los requisitos para la declaratoria de la excepción de pleito pendiente?¿Se cumplen los requisitos para la acumulación de procesos?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-07-15Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000233600020210010601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es factible la medida cautelar de administración de la bodega por parte del demandado? No
El contratista no puede obtener la medida cautelar de administración de la bodega debido a que el proceso ya avanza en la etapa de alegatos de conclusión, lo que dificulta la idoneidad de la medida para garantizar la efectividad de una sentencia próxima. Además, la medida cautelar solicitada no guarda relación directa con las pretensiones de la demanda, ya que estas buscan una condena dineraria para cubrir indemnizaciones, mientras que la medida cautelar busca una acción de hacer. La Sala reitera que la medida cautelar debe tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda para ser concedida, lo que implica que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 1437 de 2011, artículo 230.síntesis automática
También resuelve:¿La medida cautelar solicitada guarda con la demanda la relación directa que exige el artículo 230 del CPACA?¿La solicitud de medida cautelar formulada por la Agencia Nacional de Minería satisface el requisito establecido en el artículo 230 del CPACA?¿Resulta impropia la estipulación contractual señalada en la demanda que determinó que al finalizar el negocio jurídico, la unión temporal debía “revertir” al Estado los bienes que hubiera recibido…
¿Fue anormal el tratamiento del dictamen solicitado, pero dicha irregularidad quedó saneada por la ausencia de la interposición del reposición contra del auto que decretó el dictamen? Sí
El contratista puede obtener la aclaración o adición de un dictamen pericial presentado fuera de término en la audiencia inicial, siempre y cuando no interponga recurso de reposición contra el auto que decretó el dictamen, lo que implica que la irregularidad en el trámite quedó saneada por la ausencia de impugnación. Esta Sala matiza la posición anterior que consideraba que la falta de aclaración o adición del dictamen por parte del demandado no sanaba la irregularidad, y ahora establece que la omisión del recurso de reposición es suficiente para considerar que la parte afectada acepta la situación. En relación con la liquidación judicial del contrato, la entidad estatal no debe reconocer un saldo a favor del contratista que no fue solicitado en la demanda y que va en contra de lo afirmado por el demandante, ya que el reconocimiento de intereses moratorios sobre una cifra no reclamada es improcedente. Asimismo, el juzgador no debe conceder perjuicios por obras ejecutadas y no pagadas sin considerar las obligaciones asumidas por las partes y la distribución de riesgos contractuales, especialmente cuando dichas obras se realizaron sin autorización y sin respaldo presupuestal.síntesis automática
También resuelve:¿Procedía el reconocimiento de un saldo a favor del contratista, que no hizo parte de las pretensiones de la demanda?¿Los perjuicios reconocidos por el juzgador de primera instancia referente a las obras ejecutadas y no pagadas, fueron concedidos sin tener en consideración las obligaciones asumidas por las partes…
¿De la inasistencia del alcalde encargado a la audiencia se puede concluir que la no concesión del recurso de apelación fuera atribuible al demandando? No
De la sola inasistencia del [alcalde encargado] no se puede concluir que la no concesión del recurso fuera atribuible al demandando, máxime, cuando a la audiencia fue una apoderada como lo permitía la ley y, si bien la misma no tenía facultades para conciliar no se allegó el poder para determinar quién lo atribuyó de manera incompleta. En consecuencia, dado que no se demostró una conducta dolosa o gravemente culposa, se confirmará la Sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones aquí expuestas.
También resuelve:¿La omisión del demandado como alcalde encargado determinó la imposición de la condena dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?¿Se acreditó que el demandado otorgó un poder de manera incompleta para que se declarara desierto el recurso de apelación?¿Se determinó que la actuación del demandado motivó la imposición de la condena y que esa actuación estuvo revestida de dolo o culpa grave?
¿Cuenta con legitimación en la causa por activa el patrimonio autónomo PAP Fiduprevisora S.A. - Defensa jurídica extinto departamento administrativo DAS y su fondo rotatorio, representado por la Fiduciaria La Previsora S.A., dado que el artículo 238 de Ley 1753 de 2015, estableció que los procesos en los que tuviera interés el extinto DAS serían asumidos por un patrimonio autónomo, cuando éstos no guardaran relación con funciones trasladadas a otras entidades? Sí
El patrimonio autónomo constituido para asumir los procesos en los que tenía interés el extinto departamento administrativo de seguridad, cuando estos no guardan relación con funciones trasladadas a otras entidades, tiene legitimación en la causa por activa para promover el medio de control de repetición. Esta conclusión se apoya en el artículo 238 de la Ley 1753 de 2015, que dispuso que tales procesos fueran asumidos por ese patrimonio autónomo, y en la supresión de la entidad por el Decreto-ley 4057 de 2011, que definió las entidades que la sucedieron en sus asuntos. Como la condena se impuso en un proceso dirigido contra la entidad extinta, y luego se dispuso que su sucesora procesal fuera la entidad que asumió la defensa jurídica del Estado, la legitimación corresponde al patrimonio autónomo que asumió los procesos. En el caso concreto, el patrimonio autónomo promovió la repetición con fundamento en la Ley 1753 de 2015, y la sentencia fue confirmada. Como consecuencia práctica, la repetición por condenas contra una entidad extinta debe promoverse por quien la ley designó como sucesor de sus procesos, y no por la entidad que ya no existe.síntesis automática
También resuelve:¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió un fallo extra petita, al no limitar su estudió a las pretensiones formuladas en de la demanda, que aludían, únicamente…¿El juez puede analizar un cargo diferente al endilgado en la demanda, cuando el mismo se adiciona o incluye en las etapas de alegatos de conclusión y de apelación de sentencia?¿Resulta procedente valorar la prueba testimonial y documental que obra en los expedientes disciplinario y de reparación directa, debido a que su traslado fue solicitado por ambas partes quienes…
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
Cuando la pretensión mayor de una demanda contractual supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de presentación, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de la apelación contra la sentencia de primera instancia. La regla se sostiene en tres razones: la jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad negocial de las entidades públicas, conforme al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006; la apelación de las sentencias de primera instancia corresponde a esta corporación según el artículo 129 del mismo código, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998; y la cuantía se determina por la pretensión dineraria mayor de la demanda. En el caso, la pretensión dineraria mayor superó ese umbral, por lo que la corporación asumió la competencia y la acción de controversias contractuales fue admitida como la vía idónea para declarar el incumplimiento y la nulidad de los actos contractuales. El documento no señala que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que la cuantía de la demanda define la segunda instancia en estos procesos.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales es la idónea cuando se pretende la declaratoria del incumplimiento de un contrato estatal?¿La demanda fue presentada dentro del término para la acción de controversias contractuales?¿Existe un litisconsorcio necesario entre el contratista demandante y la aseguradora?
¿Los razonamientos del fallo recurrido son coherentes con la causa petendi invocada, con el concepto de violación expuesto y con las pretensiones propuestas? Sí
El contratista no puede cuestionar la legalidad de actos administrativos que declaran su incumplimiento parcial y le imponen multas, ya que estos gozan de presunción de legalidad y son vinculantes, salvo que se demuestre su ilegalidad en el mismo juicio. La entidad estatal, al negar las pretensiones del contratista, se basó en la falta de congruencia entre las pretensiones de la demanda y las razones de hecho y derecho planteadas, además de la ausencia de una pretensión declarativa de incumplimiento que habilite al juez para juzgar el desempeño obligacional del contratista. La Sala confirma la sentencia, reiterando que el juez debe interpretar con cautela el concepto de violación para no modificar la causa petendi y respetar el debido proceso, y que la falta de una pretensión específica para declarar el incumplimiento lleva a un fallo extra petita, lo que impide la revisión del desempeño contractual del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿La presunción de legalidad que cobija los actos administrativos y, derivado de ello, su carácter vinculante y definitivo, impone estarse a ellos…¿La demandante formuló una pretensión declarativa de incumplimiento que habilite a la Sala para juzgar el desempeño obligacional de la demandada?¿La demandante estaba obligada a estructurar sus reclamos económicos sobre la base de un elemento de convicción de carácter técnico…
Sentencia — Sentencia2023-02-17Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 11001032600020220004300LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Se configuró la causal de incongruencia del laudo arbitral que invocó la recurrente? No
La causal de incongruencia del laudo arbitral no se configura cuando el tribunal decide dentro de las pretensiones y de los asuntos sometidos al litigio, pues el recurso de anulación examina asuntos in procedendo y no in judicando. La regla se apoya en dos razones. Primera, las consideraciones del tribunal no excedieron el marco de la controversia, y las resolutivas se adoptaron dentro de las pretensiones de la demanda. Segunda, el laudo solo puede anularse por las causales previstas en la ley, de modo que no es viable corregir la decisión de fondo por la vía de la anulación. En el caso, la causal primera de anulación se declaró infundada porque la convocada no cumplió el requisito de procedibilidad, al no sustentar en el recurso de reposición contra la decisión de competencia la inexistencia del pacto arbitral. El documento reitera la línea sobre decisiones arbitrales sujetas al arbitramento que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve:¿El ICCU cumplió con el requisito de procedibilidad para atacar el laudo con la causal primera de anulación?¿Era evidente que se buscaba establecer desde cuándo se hacía exigible la obligación de mantenimiento?¿El ICCU presentó recurso de reposición dirigido a cuestionar el término de duración del proceso?
¿La competencia del ad quem se contrae a revisar la decisión impugnada de cara a los motivos de censura expuestos por el apelante? Sí
La competencia del juez de segunda instancia se contrae a revisar la decisión impugnada frente a los motivos de censura que formula el apelante, y no puede pronunciarse de fondo sobre una sentencia que no fue cuestionada. La regla se apoya en tres razones. Primera, la apelación exige una debida sustentación que refute los fundamentos de la providencia, y si el recurrente plantea hechos distintos a los de la demanda, se desconecta de la razón de la decisión. Segunda, el juez de segunda instancia no puede analizar oficiosamente los argumentos del tribunal ni los del recurso, porque la instancia no es una nueva oportunidad para estudiar el asunto como si nunca hubiera sido analizado. Tercera, la sentencia de primera instancia quedó libre de censura, por lo que no procede reformarla. En consecuencia, se confirma el fallo que negó las pretensiones. El documento reitera la exigencia de debida sustentación del recurso de apelación.síntesis automática
También resuelve:¿El apelante no cumplió adecuadamente la carga de sustentar el recurso, pues los argumentos que planteó no refutan los fundamentos de la sentencia?¿El apelante nada dijo respecto de la conducta de los demandados ni argumentó que hubiese existido una destinación diferente de recursos?¿El impugnante con la sustentación del recurso de apelación pretende variar los hechos en los que fundó su demanda inicial?
¿La potestad de adecuar el medio de control a las pretensiones formuladas en la demanda cuando la parte actora ha señalado una vía procesal inadecuada, resulta aplicable al caso concreto? No
El contratista no puede adecuar el medio de control a las pretensiones formuladas en la demanda cuando ha señalado una vía procesal inadecuada, ya que la reforma del CPACA que otorga dicha potestad no es aplicable en este caso, dado que la acción de controversias contractuales es indebida y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es extemporánea. La entidad estatal revoca la sentencia de primera instancia para declarar la indebida escogencia de la acción de controversias contractuales, lo que implica que no se puede adecuar el medio de control sin cumplir los requisitos que permitan un análisis juicioso y completo de la legalidad del acto administrativo, evitando así una violación del debido proceso y del principio de congruencia.síntesis automática
También resuelve:¿En consonancia con la hipótesis general que fijó la Corte Constitucional, se pueden proferir de manera excepcional decisiones inhibitorias?¿No cabe duda sobre los reproches que hizo la demandante a la legalidad de la decisión que rechazó el pago por falsa motivación del acto?¿El medio de control dispuesto por el ordenamiento para procurar el restablecimiento o reparación del daño causado por un acto administrativo ilegal…
Sentencia — Sentencia2024-04-24Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 11001032600020230011000LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Procede la causal de recurso extraordinario de anulación por decisión extra petita en el laudo arbitral que acogió la pretensión subsidiaria de la pretensión principal y reconoció el pago de mayores áreas diseñadas? No
Un laudo arbitral no incurre en decisión extra petita cuando acoge una pretensión subsidiaria formulada dentro de la demanda reformada, pues el tribunal resuelve sobre lo pedido y no excede el marco de las pretensiones planteadas por las partes. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la decisión se funda en un análisis de las obligaciones asumidas por las partes, de su modificación durante la ejecución contractual y de las pruebas que el tribunal encontró acreditadas, de modo que no se aparta de la controversia sometida a su conocimiento. Segundo, el reconocimiento del pago de mayores áreas diseñadas, junto con el rechazo de la excepción de ausencia de prueba del daño, se apoya en hechos probados y en la pretensión formulada, por lo que la causal de anulación prevista en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 no se configura. La providencia declara infundado el recurso extraordinario de anulación; en la práctica, la parte que alegue decisión extra petita debe demostrar que el laudo resolvió algo distinto de lo pedido, y no basta con discrepar de la forma en que se acogió la pretensión.síntesis automática
También resuelve:¿Tiene competencia la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer en única instancia de los recursos de extraordinarios de anulación contra el laudo arbitral en los que hizo parte una entidad…¿Los árbitros, con sujeción al principio de habilitación, se encuentran investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley?¿El recurso extraordinario de anulación procede frente a errores in procedendo y por las causales taxativas que la ley consagra?
¿El Consejo de Estado es competente para conocer de las demandas contra actos administrativos expedidos por los liquidadores de entidades públicas, en razón de la cuantía de las pretensiones? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa ejerce competencia para conocer de las demandas contra actos administrativos expedidos por los liquidadores de entidades públicas en desarrollo de funciones administrativas conforme al artículo 104 del CPACA y el artículo 7 del Decreto Ley 254 de 2000. En este proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el Consejo de Estado asume competencia en segunda instancia sobre la apelación dado que la pretensión de mayor valor superaba trescientos salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de presentación de la demanda el 22 de abril de 2014, modificando la providencia apelada y absteniéndose de condenar en costas por prosperar parcialmente el recurso del municipio.síntesis automática
También resuelve:¿La terminación unilateral del contrato realizada por el agente liquidador en cumplimiento de su función administrativa en los procesos de supresión y liquidación de entidades públicas…¿El término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, empezó a contar desde la notificación de la decisión que declaró improcedente el recurso de reposición contra…¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la sociedad afectada con la terminación unilateral del contrato de arrendamiento del que era parte…
¿El contrato de suministro aportado en copia simple puede ser incorporado como prueba dentro del proceso para acreditar la existencia del negocio jurídico? Sí
El artículo 83 del C. de P.C., aplicable al sub examine en virtud de la remisión normativa que consagra el artículo 267 del CCA, establece que, en caso de no haberse vinculado a los litisconsortes necesarios en la admisión de la demanda, el juez puede, de oficio o a petición de parte, siempre que no haya proferido sentencia de primera instancia, vincularlos en la forma y con el término de comparecencia dispuesto para el demandado. En aplicación del anterior marco normativo, el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto del 5 de noviembre de 2013 y previo a proferir sentencia de primer grado, vinculó a la sociedad Escobar y Martínez S.A., en calidad de litisconsorte necesario por pasiva, por ser el proponente beneficiado con la adjudicación de la licitación pública 2 de 2005.
También resuelve:¿Una vez celebrado el contrato los actos precontractuales pasan a ser inseparables a este y para efectos de su control jurisdiccional solo procede la acción de controversias contractuales?¿Se configura la excepción de inepta demanda ante la indebida escogencia de la acción al no plantearse la pretensión de nulidad absoluta del contrato contra los actos precontractuales?¿En aplicación del principio iura novit curia el juez puede adecuar las pretensiones de la demanda?
¿Se encuentra configurada la causal de anulación de laudo arbitral, prevista en el numeral 9º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012? No
El contratista no puede invocar la causal de anulación del laudo arbitral prevista en el numeral 9º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 cuando el tribunal de arbitramento ha asumido competencia y no se ha interpuesto el recurso de reposición correspondiente, como exige la causal 2ª del mismo artículo. Además, el agente del Ministerio Público y el apoderado del municipio no están legitimados para alegar la nulidad por indebida representación del apoderado de la parte convocante, según lo establece el artículo 135 de la Ley 1564 de 2012. Asimismo, los recursos extraordinarios de anulación fueron interpuestos dentro del plazo legal de treinta días, conforme al artículo 40 de la Ley 1563 de 2012. Esta sentencia reitera que las personas jurídicas deben comparecer al proceso y ejecutar los actos procesales por medio de su representante legal, y que la indebida representación y falta de notificación o emplazamiento son causales de anulación del laudo arbitral según el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, con lo que se refuerza la necesidad de cumplir con los requisitos de procedibilidad y legitimación para interponer recursos de anulación.síntesis automática
También resuelve:¿Tanto el agente del Ministerio Público como el apoderado del municipio de Becerril, alegaron la nulidad de la actuación arbitral por indebida representación del apoderado de la parte convocante?¿Los recursos extraordinarios de anulación fueron interpuestos dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del laudo arbitral o la de la providencia que resolvió sobre su aclaración…¿Las personas jurídicas, ya sean estas de naturaleza pública o privada, deben comparecer al proceso y ejecutar los actos procesales respectivos por medio de su representante legal?
Sentencia — Sentencia2021-12-10Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 11001032600020210016700LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El Tribunal de Arbitramento se pronunció sobre puntos no alegados por las partes? Sí
El Tribunal de Arbitramento no se pronuncia sobre puntos no alegados por las partes, limitándose a resolver la controversia conforme a los argumentos y pruebas presentadas en el proceso. Esta regla se sostiene en que el juez de la anulación no puede revisar el fondo de la controversia ni calificar los razonamientos del Tribunal Arbitral, sino que se encarga únicamente de verificar la existencia de errores in procedendo. En el caso específico, el Tribunal de Arbitramento no incurrió en tales errores, ya que sus decisiones estuvieron debidamente fundamentadas en las pruebas y argumentos presentados por las partes. Además, el Tribunal de Arbitramento actuó dentro de los términos procesales establecidos, y la parte recurrente no hizo valer oportunamente la circunstancia de que el plazo del proceso hubiera expirado, lo que impide la procedencia de la causal de anulación basada en este hecho. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre los límites del pronunciamiento del juez en la anulación de laudos arbitrales, lo que implica que las partes deben presentar sus alegatos de manera clara y oportuna para evitar la improcedencia de sus recursos.síntesis automática
También resuelve:¿El laudo arbitral estuvo fundado en pruebas decretadas y practicadas dentro del proceso?¿El laudo arbitral fue proferido por fuera de los términos procesales?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-10-28Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 05001233300020240048601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia del auto proferido por los Tribunales Administrativos que rechace la demanda? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del recurso de apelación contra el auto que rechaza la demanda, conforme al artículo 150 del CPACA y el artículo 25 de la Ley 2080 de 2021, que establecen su competencia para estos casos. Además, la acumulación de pretensiones en una demanda es procedente siempre que sean conexas y cumplan los requisitos legales, según el artículo 165 del CPACA. La escogencia del medio de control adecuado no depende de la discrecionalidad del demandante, sino que se determina por la fuente del daño, como reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado. En este caso, el juez debe interpretar la demanda para adecuar el trámite al medio de control correspondiente, en este caso, el de controversias contractuales, dado que las pretensiones persiguen la responsabilidad contractual derivada de diferentes contratos celebrados entre las partes, conforme al artículo 171 del CPACA.síntesis automática
También resuelve:¿La acumulación de pretensiones resulta procedente siempre que sean conexas y se cumplan los requisitos previstos en la ley?¿La escogencia del medio de control idóneo no depende de la discrecionalidad del demandante, sino que se determina por la fuente del daño en que se fundamenta la causa petendi?¿La adecuación del medio de control corresponde una labor del juez al interpretar la demanda, así como un deber de ajustar el trámite al cause procesal correspondiente, en este caso…
¿De acuerdo con la exigencia del contenido de la demanda respecto a los fundamentos fácticos y jurídicos de las pretensiones, la parte que alega la nulidad del contrato tiene la carga procesal de sustentar las razones por las cuales persigue la invalidez contractual? Sí
El contratista que alega la nulidad de un contrato tiene la carga procesal de sustentar las razones que fundamentan su pretensión, incluyendo la identificación de los preceptos violados y las razones para pedir la invalidez del contrato. Sin embargo, el juez debe interpretar la demanda de manera conjunta para procurar una decisión de fondo que prevalezca el derecho sustancial. En este caso, aunque la parte demandante no cumplió con su carga argumentativa respecto a la nulidad parcial del contrato por violación de principios de la contratación estatal, sí demostró suficientemente que algunas cláusulas eran abusivas al vincular la vigencia de los contratos de interventoría a la ejecución de los contratos de obra, sin reconocer adecuadamente los efectos económicos de las prórrogas. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, reafirmando que las cláusulas abusivas son aquellas que causan un desequilibrio importante y violan la buena fe objetiva, y que en contratos de obra, el EGCAP prohíbe las exenciones de responsabilidad derivadas de datos, informes y documentos suministrados en el proceso de selección. Esta decisión implica que los contratistas deben presentar demandas bien fundamentadas y que los jueces deben interpretar las pretensiones de manera integral para garantizar el derecho sustancial.síntesis automática
También resuelve:¿Las cláusulas acusadas por el demandante, contenidas en los contratos 1339/2013, 1387/2013, y 1425/2013, adolecen de nulidad absoluta o de ineficacia de pleno derecho por ser abusivas y/o contrariar…¿Se produjo un desequilibrio económico adverso para el actor por las prórrogas de los contratos de interventoría 1339/2013, 1387/2013, y 1425/2013…¿Hay lugar a proferir pronunciamiento acerca de la condena por agencias en derecho proferida en primera instancia, al exceder los límites previstos por el Acuerdo que las rige?
Sentencia — Sentencia2024-02-05Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020170138301LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Incumplió el consorcio con sus obligaciones contractuales y no desvirtuó el atraso superior al 80%, principal fundamento de los actos acusados? Sí
Considerando que las… obligaciones que se le imputaron incumplidas al consorcio fueron confirmadas por el Tribunal a quo, lo que no fue objetado por el contratista, lo cierto es que aun cuando el demandante hubiese cumplido oportunamente con la entrega del informe SST 4, la declaratoria de nulidad de los actos demandados resultaría improcedente,… por cuanto el demandante no desvirtuó el atraso superior al 80%, principal fundamento de los actos acusados.
También resuelve:¿El demandante tuvo siempre claridad acerca de cuál fue el retardo que efectivamente se le estaba imputando?¿Los argumentos del demandante en relación con el presunto desconocimiento del derecho al debido proceso carecen de fundamento fáctico y jurídico?¿La entidad demandada decidió proceder con la imposición de la cláusula penal pecuniaria pactada en vista del retraso en la ejecución de la obra informado por la interventoría?
¿Es jurídicamente válida la renuncia tácita a una cláusula compromisoria pactada en un contrato regido por la Ley 142 de 1994, cuando ambas partes deciden acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para resolver su controversia? Sí
El contratista y la entidad estatal pueden renunciar tácitamente a una cláusula compromisoria pactada en un contrato regido por la Ley 142 de 1994, cuando ambas partes deciden acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para resolver su controversia, ya que este tipo de contratos no está sujeto a la solemnidad requerida por la Ley 80 de 1993 para modificar la cláusula arbitral. Además, la aceptación tácita de la jurisdicción contencioso administrativa por ambas partes, al no objetarla y presentar sus respectivas demandas ante el tribunal, valida la renuncia tácita a la cláusula compromisoria. Esta decisión matiza la regla establecida en la sentencia de unificación del 18 de abril de 2013, que exigía una renuncia expresa y solemne, y permite una mayor flexibilidad en la interpretación y aplicación de las cláusulas compromisorias en contratos regidos por la Ley 142 de 1994.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró la caducidad de la acción contractual cuando la demanda principal y la de reconvención fueron presentadas dentro del término legal…¿Puede el juez de primera instancia pronunciarse sobre aspectos contractuales que no fueron objeto de las pretensiones ni de los hechos de la demanda principal?¿Constituye un incumplimiento contractual el desconocimiento de las condiciones pactadas para efectuar descuentos unilaterales en el marco de un contrato…