Titulación de la relatoría 34.446 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA / ENTIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA / NATURALEZA DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN POR LA NATURALEZA DEL CONTRATO / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / CONTRATO ADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTROVERSIAS DEL CONTRATO ESTATAL / CONTROVERSIAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿El documento suscrito el 30 de noviembre de 1990 constituye un contrato minero de naturaleza administrativa, de modo que las controversias derivadas de él corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La relación jurídica entre las partes conllevó a la suscripción del documento que denominaron «contrato» el 30 de noviembre de 1990, de manera que, como se explicará en detalle posteriormente, dicha relación se rigió por las disposiciones del Decreto Ley 2655 de 1988 (anterior Código de Minas). Esa norma dispuso, en el artículo 57, que eran contratos mineros aquellos de «concesión» celebrados por el Ministerio de Minas y Energía y los que tuvieran «otras denominaciones y formas» que fueran celebrados por entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Minas y Energía. Frente a los segundos, dentro de cuya categoría se encuentra el que pretendieron celebrar las partes, como se verá de manera detallada, el artículo 79 de esa norma dispuso que serían «administrativos». En concordancia con estas normas, el Decreto Ley 222 de 1983 dispuso, en el numeral 6 del artículo 16, que serían «contratos administrativos», entre otros, los de explotación de bienes del Estado, que se regirían por las normas especiales sobre la materia, pero que, conforme al artículo 17, los litigios que se derivaran de estos corresponderían a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Adicionalmente, la jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la naturaleza de los contratos mineros, consultar sentencia de 8 de marzo de 2007, Exp. 15052, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 16 NUMERAL 6, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 17, DECRETO LEY 2655 DE 1988 - ARTÍCULO 57, DECRETO LEY 2655 DE 1988 - ARTÍCULO 79, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ASUNTOS MINEROS / ASUNTOS DE NATURALEZA MINERA / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTROVERSIAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Corresponde al Consejo de Estado conocer, en segunda instancia, del litigio contractual minero objeto del proceso, conforme a las reglas generales de competencia previstas en el CCA tras la modificación del artículo 128 por la Ley 446 de 1998 y atendiendo a la cuantía del asunto?
Respuesta al problema jurídico: Si
En cuanto a la competencia, conviene señalar que el numeral 11 del artículo 128 del CCA original disponía que el Consejo de Estado conocería en única instancia de los procesos que se promovieran sobre asuntos petroleros o mineros en que fuera parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada, con lo cual abarcaba todos los litigios de esta naturaleza, incluidos los derivados de los contratos mineros de las diferentes clases ya referidas. Esta norma resultaba concordante con el artículo 61 del Decreto Ley 2655 de 1988 que estableció que, para los contratos denominados de «concesión», conforme al criterio del artículo 57 referido con anterioridad, la competencia sería de esta Corporación. No obstante, con la modificación que hiciera el artículo 36 de la Ley 446 de 1998, que subrogó el artículo 128 del CCA -vigente para la fecha de la demanda-, el legislador dispuso que el Consejo de Estado conocería de los asuntos petroleros o mineros en que fuera parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada, con excepción, entre otras, de las controversias contractuales, para las cuales se seguirían las reglas generales, con excepción de las derivadas de contratos de concesión que serían de competencia en única instancia de esta Corporación (artículo 61 del Decreto Ley 2655 de 1988). Por lo anterior, en cuanto al litigio contractual que dio origen al proceso, frente al cual el Decreto Ley 2655 de 1988 no dispuso una norma especial de competencia, la determinación del juez encargado de conocer el proceso debe seguir las reglas que distribuyen la competencia funcional. En tal sentido, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 del CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues ésta supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.5 CCA (esto es, $179.000.000), teniendo en cuenta que la cuantía fue estimada en la demanda por la suma de $300.000.000, por concepto de las sumas que dejaron de ingresar al patrimonio del accionante por no haberse efectuado la exploración, explotación y beneficio minero de las áreas que debían ser compensadas (fl 11, c.1).
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 128, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 128 NUMERAL 11, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO LEY 2655 DE 1988 - ARTÍCULO 57, DECRETO LEY 2655 DE 1988 - ARTÍCULO 61, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 36
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO / REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / FALTA DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL CONTRATO / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / EXISTENCIA DEL CONTRATO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONTRATO DE EXPLOTACIÓN MINERA / EXPLOTACIÓN MINERA / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA
Problema jurídico:
¿El hecho de que durante el análisis de fondo que se realiza en el marco de la acción de controversias contractuales, se advierta que el contrato es inexistente, no implica de plano que la acción contractual escogida sea incorrecta?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]as discusiones relativas a los efectos que produce el no acatamiento por las partes de las reglas indispensables para el perfeccionamiento de los contratos -según la clasificación referida-, una de las cuales puede ser la inexistencia del pacto, como se verá más adelante, es de naturaleza contractual y, por ende, corresponde a la acción de controversias contractuales. Además, desde el punto de vista procesal, el hecho de que durante el análisis de fondo que se realiza en el marco de la acción de controversias contractuales, se advierta que el contrato es inexistente, no implica que la acción escogida sea incorrecta, pues el artículo 87 del CCA precisamente determina que la acción de controversias contractuales tiene como fin, entre otros, conseguir que el juez competente resuelva los litigios que pudieren surgir acerca de la existencia o inexistencia de los respectivos contratos. En casos en los que se pretende cuestionar la legalidad o el cumplimiento del contrato, y, posteriormente, se evidencia durante el proceso judicial que éste es inexistente, dicho juicio de legalidad o cumplimiento no podrá realizarse por la carencia del elemento más importante que es la existencia del contrato, sin que ello implique descartar la procedencia de la acción. Por el contrario, tal determinación corresponde a una decisión de fondo. Por tanto, dado que la parte actora afirma el incumplimiento del contrato de explotación minera, aspecto frente al cual resulta indispensable la prueba de la existencia del negocio jurídico como requisito para determinar la forma en que se ejecutaron las obligaciones, y el departamento de Caldas excepcionó que el contrato no existió ante la falta de registro minero, la acción procedente es la de controversias contractuales.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROCESO DECLARATIVO / PROCESO ORDINARIO / PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / OBLIGACIÓN CLARA / OBLIGACIÓN EXPRESA / OBLIGACIÓN EXIGIBLE / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿La pretensión de obtener la declaración de existencia e incumplimiento del vínculo contractual basta para concluir que la acción de controversias contractuales fue adecuadamente escogida, aun cuando pudiera existir una obligación aparentemente exigible por vía ejecutiva?
Respuesta al problema jurídico: Si
En la demanda se pidió la declaratoria de incumplimiento de los que se denominaron «contrato» -del 30 de noviembre de 1990- y «acuerdo de conciliación» -del 13 de septiembre de 1996-. De manera principal, también pidió que, dado el incumplimiento, se declarara que los demandados estaban en la obligación de realizar lo pactado en ese último documento. (...) De tal manera que las pretensiones principales así planteadas no corresponden a una de naturaleza ejecutiva, en tanto que lo que se persigue es la declaratoria de incumplimiento, que es de carácter declarativo y cuyo cause es, según se dijo, la acción de controversias contractuales. El actor no pretende que, con base en un título que contiene una obligación clara, expresa y exigible (artículo 497 del CPC) se ejecute al demandado -orden de pago-, sino que se declare que la entidad incumplió un acuerdo de voluntades, circunstancia que corresponde a un proceso ordinario contencioso que exige la constatación de la existencia del vínculo jurídico contractual y la verificación de los presupuestos de responsabilidad por incumplimiento contractual conforme a lo pactado. El juez tampoco puede modificar las pretensiones con base en que el criterio del demandado sea el trámite de un proceso ejecutivo, puesto que el principio iura novt curia solo habilita al juez para determinar el derecho aplicable. De tal manera que lo que le corresponde es analizar si se produjo o no el incumplimiento alegado en la demanda. Sobre este punto, es importante señalar que el pleno de esta Corporación, en fallo del 14 de febrero de 1995, advirtió que el principio de iura novit curia tiene límites precisos. (...) Conforme con la norma procesal referida -artículo 2 del CPC- y lo previsto en el artículo 2536 del Código Civil, la jurisprudencia ha considerado también que, aunque frente al incumplimiento de una obligación presuntamente clara, expresa y exigible se encuentra prevista la vía ejecutiva, el demandante puede acudir a la vía ordinaria para que se declare el incumplimiento de la obligación, sin que exista una acción indebida. Además, conviene tener en cuenta que, conforme al debate del proceso, no solo se discute el incumplimiento contractual, conforme lo pedido, sino que también existe controversia sobre los efectos del acuerdo conciliatorio dada la excepción de inexistencia planteada por el departamento de Caldas, aspecto que, sin duda es de naturaleza declarativa todo lo cual descarta una indebida escogencia de la acción. Conforme con lo expuesto, entonces, la Sala concluye que la acción procedente es la de controversias contractuales dada la naturaleza declarativa de las pretensiones, que involucran analizar la existencia de un contrato entre las partes y su incumplimiento por la entidad demandada.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la aplicación del principio de iura novit curia, consultar sentencia de 14 de febrero de 1995, Rad. S123. Y sobre la improcedencia de la excepción de indebida escogencia de la acción, consultar sentencia de 14 de febrero de 2002, Exp. 13238, C.P. María Elena Giraldo Gómez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 2, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 497, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2536
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTA DE CONCILIACIÓN / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿Se encontraba caducada la acción de controversias contractuales ejercida el 29 de julio de 2004 para reclamar el presunto incumplimiento derivado del “acta de conciliación” suscrita el 13 de septiembre de 1996, considerando que dicho incumplimiento ocurrió durante la vigencia del artículo 55 de la Ley 80 de 1993?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]as pretensiones principales se fundamentan en el incumplimiento del documento que las partes denominaron «acta de conciliación» del 13 de septiembre de 1996. En ese documento se advierte (i) la supuesta modificación del documento llamado «contrato» para excluir determinadas áreas de explotación y (ii) la aparente obligación de hacer consistente en entregar 5 hectáreas, para compensar el área que se deslindaba, y la firma de un otrosí. La Sala precisa que la firma del otrosí no era una condición, sino que era parte de la supuesta obligación de hacer que las partes entendieron surgía con lo que llamaron el «acta de conciliación». Así, el supuesto incumplimiento pretendido tendría lugar una vez suscrito el documento denominado «acta de conciliación», esto es, el 13 de septiembre de 1996. En esa fecha la entidad entendió que asumía como obligación de hacer la entrega de las hectáreas y la firma del otrosí para su delimitación. En tal sentido, en dicho documento las partes entendieron pactar, aparentemente, una obligación pura y simple, la cual nace y se hace inmediatamente exigible, con lo cual el supuesto incumplimiento se producía por la insatisfacción del compromiso una vez suscrito. Para el 13 de septiembre de 1996, estaba vigente el artículo 55 de la Ley 80 de 1993, que, como se explicó, previó un plazo de «prescripción» de 20 años. Esa norma era la aplicable al caso por los siguientes motivos: Aunque para la fecha de la demanda -29 de julio de 2004- ya sea había expedido la modificación del artículo 44 de la Ley 446 de 1998, conforme al artículo 41 de la Ley 153 de 1887 y a la jurisprudencia de esta Sala, referida con anterioridad, la prescripción iniciada bajo el artículo 55 de la Ley 80 de 1993 regía para los eventos ocurridos durante su vigencia, así la demanda se presentara después. El evento demandado corresponde con los supuestos de hecho previstos en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993 porque, conforme a las decisiones de esta corporación, la «prescripción» allí regulada aplicaba al incumplimiento contractual ocurrido en su vigencia, que corresponde con la pretensión planteada en la demanda. Aunque la relación jurídica entre las partes fue anterior a la Ley 80 de 1993, como el artículo 55 de esa normativa tuvo efectos procesales y estaba vigente para el momento en que se configuró el supuesto incumplimiento, es la aplicable para definir la presentación oportuna de la demanda. En tal virtud, como la demanda se presentó el 29 de julio de 2004, por hechos ocurridos el 13 de septiembre de 1996 -incumplimiento-, esto es, durante la vigencia del artículo 55 de la Ley 80 de 1993, no fue extemporánea, motivo por el cual la decisión de primera instancia será revocada.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la caducidad de la acción de controversias contractuales conforme al artículo 55 de la Ley 80 de 1993, consultar sentencia de 22 de julio de 2009, Exp. 17552, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia de 14 de febrero de 2002, Exp. 07001-23-31-000-1994-00131-01(13238), C.P. María Elena Giraldo Gómez.
FUENTE FORMAL:
LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 41, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 55
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / DEPARTAMENTO DE CALDAS / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA
Problema jurídico:
¿Está legitimado en la causa por pasiva el Departamento de Caldas, pese a que las funciones mineras delegadas fueron asumidas por la Nación–Ministerio de Minas?
Respuesta al problema jurídico: No
El departamento de Caldas no está legitimado en la causa por pasiva. En efecto, aunque se le delegaron unas funciones de autoridad minera y de seguimiento a las obligaciones relativas a la exploración y explotación de yacimientos en su jurisdicción, por disposición legal -artículo 30 del Decreto 254 de 2004- los procesos judiciales en contra de Minercol Ltda serían asumidos por la Nación-Ministerio de Minas con lo cual este litigio y las obligaciones que se deriven de este corresponden a esa entidad.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 254 DE 2004 - ARTÍCULO 30
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / SGC / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA
Problema jurídico:
¿Está legitimado en la causa por pasiva el Servicio Geológico Colombiano, pese a la reasignación de funciones tras la liquidación de Minercol Ltda.?
Respuesta al problema jurídico: No
De igual forma, con ocasión de la liquidación de Minercol Ltda, las funciones de la autoridad concedente se radicaron en el Instituto de Investigación e Información Geocientífica, Minero-Ambiental y Nuclear, Ingeominas, luego transformado en el Servicio Geológico Colombiano y, posteriormente, las funciones de la autoridad concedente se radicaron en la Agencia Nacional de Minería. Sin embargo, por el mismo motivo ya referido, como correspondió atender los derechos y obligaciones que se deriven del proceso a la Nación-Ministerio de Minas, el Servicio Geológico Colombiano no está legitimado en la causa por pasiva.
DICTAMEN PERICIAL / OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL / OBJECIÓN POR ERROR EN EL DICTAMEN PERICIAL / OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL / INEXISTENCIA DEL ERROR GRAVE / IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL
Problema jurídico:
¿Debe prosperar la objeción por error grave presentada por las entidades demandadas contra el dictamen pericial, cuando sus cuestionamientos se refieren principalmente a las conclusiones del experto y no a un error técnico sustancial que afecte el objeto mismo de la prueba?
Respuesta al problema jurídico: No
Las entidades demandadas objetaron por error grave el dictamen pericial practicado en el proceso. Los motivos aducidos se centraron en que: (i) no era posible determinar a ciencia cierta el número de material minero a extraer; (ii) el dictamen contiene apreciaciones subjetivas, suposiciones y análisis de industrias productivas cercanas y no sobre la realidad productiva de la mina la Cascada; (iii) no fue completo y no podía tenerse certeza sobre la realidad de sus conclusiones; (iv) no fue clara la metodología utilizada ni allegó los soportes. (...) En este caso, las objeciones se circunscriben a las conclusiones a las que llegó el perito, en especial, frente a la configuración al monto del daño por la falta de la explotación minera. De los argumentos esgrimidos por la parte demandada, la Sala no encuentra que fueran encaminados a aseverar un error respecto al objeto del dictamen, sino que los mismos versaron sobre las conclusiones a las que llegó el dictamen. De esta manera, la Sala considera que: i) el dictamen fue rendido por un perito nombrado por el a quo, tal como lo disponían las normas vigentes al momento de su práctica; ii) el perito era idóneo para rendir la prueba, siendo ingeniero geólogo, lo cual permite afirmar que contaban con los conocimientos sobre la materia en relación con la cual se rindió el dictamen; iii) el dictamen fue personal, porque se trató de conceptos propios del perito sobre las materias objeto de examen y no de criterios de terceros; iv) no hay motivo para dudar de la imparcialidad del perito, ya que fue nombrado por el Tribunal y no se mencionó que tuvieran vínculos ni interés alguno en relación con alguna de las partes; v) se surtió la contradicción y vi) el perito no se retractó de sus conclusiones. En síntesis, no se aprecia que el perito hubiera desviado el objeto de la prueba o haya analizado aspectos relacionados con otro contrato o con aspectos diferentes a las que dieron origen al litigo y, por ello, la objeción no prospera.
CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / CONTRATO ADMINISTRATIVO / NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO / CONTRATO DE EXPLOTACIÓN DE BIEN DEL ESTADO / CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y NO RENOVABLES / CONTRATO DE EXPLOTACIÓN MINERA / EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTO MINERO / EXPLOTACIÓN DE METALES PRECIOSOS / CONTRATO DE APORTE / RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿La relación jurídica derivada del documento suscrito el 30 de noviembre de 1990 entre el demandante y la entonces Ecominas debe calificarse y regirse conforme al régimen especial contenido en el Decreto Ley 2655 de 1988, particularmente a la modalidad contractual prevista en su artículo 57 como contrato de “otras denominaciones y formas”?
Respuesta al problema jurídico: Si
La relación jurídica entre las partes se concretó el 30 de noviembre de 1990, fecha en la cual el demandante y el entonces Ecominas, suscribieron un documento que denominaron «contrato» con el fin de autorizar la explotación de un yacimiento minero, es decir, en vigencia del Decreto Ley 2655 de 1988 (anterior Código de Minas), norma que rigió la relación jurídica entre las partes. En el mencionado documento denominado «contrato», las partes tuvieron la intención de permitir que el operador adelantara, por su cuenta y riesgo, los trabajos de exploración, explotación y beneficio de metales preciosos y asociados, en un área localizada dentro del aporte n.° 1017 -mina la Cascada- en el municipio de Marmato, Caldas, del cual era titular, para ese momento, la empresa Ecominas. (...) las normas aplicables a la relación jurídica entre las partes eran las del tipo contractual previsto en el artículo 57 del Decreto Ley 2655 de 1988, particularmente, a un contrato nominado como de «otras denominaciones y formas», conforme su tipificación legal, dado que el documento de 30 de noviembre de 1990 fue suscrito por una empresa industrial y comercial vinculada al Ministerio de Minas, con clausulas libremente pactadas entre las partes para explotar un aporte minero del cual esa empresa era titular. El numeral 6 del artículo 16 del Decreto Ley 222 de 1983, también vigente para la época de la suscripción del documento entre las partes, prescribió que los contratos de explotación de bienes del Estado serían administrativos. En el parágrafo de esa norma el legislador indicó que esos contratos se regirían por las normas especiales en la materia, de manera que correspondía verificar, en cada caso y en esos contratos, las reglas específicas definidas por el legislador. En concordancia con esta norma, en los contratos mineros de las empresas vinculadas, a través de los cuales se autorizaba la exploración, explotación y beneficio de un aporte minero, en el artículo 79 del Decreto Ley 2655 de 1988 se indicó que su naturaleza era la de «contratos administrativos», pero que no se regirían por las normas de contratación administrativa ordinaria, sino por las cláusulas que se acordaran en cada caso. De lo anterior, se desprende que la norma aplicable a la relación jurídica entre las partes, que las llevó a suscribir el documento de 30 de noviembre de 1990, corresponde al Decreto Ley 2655 de 1988, que señaló que serían estas las que definirían las reglas de su relación y no el Decreto Ley 222 de 1983, que prescribió este tipo de relaciones jurídicas no estarían sometidas a sus disposiciones.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 16 NUMERAL 6, DECRETO LEY 2655 DE 1988 - ARTÍCULO 57, DECRETO LEY 2655 DE 1988 - ARTÍCULO 79
CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DE EXISTENCIA DEL CONTRATO / TÍTULO MINERO / OTORGAMIENTO DE TÍTULO MINERO / REGISTRO MINERO NACIONAL / INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MINERO NACIONAL
Problema jurídico:
¿La ausencia de registro minero impide que la Administración reconozca la existencia del derecho minero, por ser dicho registro la única prueba del derecho y un requisito ad existentiam actus?
Respuesta al problema jurídico: Si
En torno a los requisitos para el perfeccionamiento de los contratos mineros de los establecimientos públicos y de las empresas industriales y comerciales del Estado, el artículo 80 del Decreto Ley 2655 de 1988 definió que: (i) en los casos de gran minería se requería para su perfeccionamiento y ejecución, la aprobación del Ministro previa a su inscripción en el registro minero, mientras que (ii) respecto a los pequeños y medianos mineros los contratos solo requerían de la formalidad de la inscripción en el registro, sin necesidad de la aprobación previa del ministerio. (...) En el expediente no obra prueba de la inscripción en el registro minero del documento de 30 de noviembre de 1990, a pesar de que en el mismo se indicó expresamente que requería para su perfeccionamiento de esa formalidad (cláusula décimo séptima).
NOTA DE RELATORÍA:
Referente al registro minero como prueba de la existencia del derecho minero, consultar sentencia de la Corte Constitucional, Exp. C-006 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 2655 DE 1988 - ARTÍCULO 80
REQUISITOS DEL CONTRATO / REQUISITOS DE EXISTENCIA DEL CONTRATO / CONSENTIMIENTO / OBJETO DEL CONTRATO / CAUSA DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL CONTRATO / FALTA DE CAPACIDAD PARA SER PARTE / OBJETO ILÍCITO / OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL / CAUSA ILÍCITA / VICIOS DEL CONSENTIMIENTO / DOLO / ERROR / FUERZA
Problema jurídico:
¿La falta de los elementos esenciales del contrato o de una solemnidad ad substantiam actus conduce a la inexistencia del negocio jurídico y no a su nulidad?
Respuesta al problema jurídico: Si
[R]esultaría que la consecuencia sería la inexistencia frente a una falla en los elementos indispensables para que haya acuerdo de voluntades, es decir, (i) que haya consentimiento; (ii) objeto; (iii) causa y (iv) se acredite el cumplimiento del requisito ad substantiam actus. Consecuencia esta que, en todo caso, no se acompasa con un disvalor del acto, sino que atañe al hecho de su no nacimiento. La nulidad, por su parte, como sanción, se configura i) falta de capacidad de las partes contratantes, ii) por ilicitud del objeto; iii) por ilicitud de la causa y iv) por consentimiento viciado de dolo, fuerza o error y v) por ausencia de algunas formalidades, ad solemnitatem, prescritas por el legislador por la naturaleza misma del contrato o por la calidad de las personas que lo celebran (artículo 1500 del Código Civil), pero de las que no se derive su existencia, es decir, con exclusión de las solemnidades ad substantiam actus. (...) Con esta perspectiva, el concepto de inexistencia como independiente de la nulidad resulta útil, dado que con estas categorías jurídicas se pretende ordenar la realidad y delimitar la producción de efectos jurídicos de las relaciones dispositivas de intereses. (...) Como consecuencia de esta figura, la relación entre las partes, por incumplimiento de los «elementos esenciales» del tipo que pretenden celebrar, no nace a la vida jurídica como contrato, de manera que por disposición legal -ope legis- y sin necesidad de declaración judicial, no produjo efectos. Ello no quiere decir que al juez no le corresponda hacer un juicio para corroborar los defectos desencadenantes de la figura, pero, de ninguna manera, tendría la posibilidad de declararla ni de extinguir o modificar la hipotética relación jurídica, como quiera que es de la esencia de la institución que no requiera declaración judicial. Por lo demás, las partes podrían acudir al juez para pedir la reivindicación o la devolución de lo que se entregó, según la naturaleza de las circunstancias.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la inexistencia del contrato como uno de los supuestos de ineficacia latu sensu, consultar sentencia de 8 de marzo de 2007, Exp. 15052, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 22 de julio de 2009, Exp. 16106, C.P. Mauricio Fajardo y sentencia de 29 de octubre de 2018, Exp. 38174, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1500
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / CONTRATO DE EXPLOTACIÓN MINERA / CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTROVERSIAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / REQUISITOS DE EXISTENCIA DEL CONTRATO / ACUERDO DE VOLUNTADES / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO / REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / TÍTULO MINERO / REGISTRO NACIONAL MINERO / INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MINERO NACIONAL / REQUISITO AD SUBSTANTIAM ACTUS / FALTA DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO / DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO / INEFICACIA DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Es jurídicamente posible declarar el incumplimiento de los documentos suscritos el 30 de noviembre de 1990 y el 13 de septiembre de 1996, cuando no existe prueba de la inscripción del contrato en el registro minero, siendo este un requisito ad existentiam actus para la existencia del derecho y del propio contrato minero?
Respuesta al problema jurídico: No
La demanda pidió que se declarara el incumplimiento de los documentos que denominaron contrato de fecha 30 de noviembre de 1990 y «acta de conciliación» de 13 de septiembre de 1996. La responsabilidad contractual por incumplimiento exige, entre otros elementos, la existencia de un acuerdo de voluntades válido como generador de obligaciones en tanto ley para las partes (art. 864 del C.Co.). Así lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de esta Corporación y la arbitral. En tal sentido, no resulta posible acceder a la pretensión de incumplimiento contractual planteada en la demanda, dado que, por ministerio de la ley mercantil (art. 898), el documento de 30 de noviembre de 1990, ante la ausencia de un requisito de perfeccionamiento –registro minero que es ad substantiam actus– no produjo los efectos jurídicos de un contrato -ineficacia latu sensu- por inexistencia del acuerdo de voluntades. De igual forma, dado que la denominada «acta de conciliación» de 13 de septiembre de 1996 estuvo ligada al documento no registrado, puesto que lo que pretendió, en esencia, fue su modificación, al excluir ciertas áreas e incluir otras, nunca produjo efecto dada la ausencia de la formalidad esencial para el nacimiento del contrato. Así, en este escenario, es claro que los actos derivados de una relación que no nació a la vida jurídica como vínculo contractual siguen la misma suerte y de ellos no puede predicarse incumplimiento. Tampoco resulta aplicable lo previsto en el artículo 898 del Código de Comercio, que de manera impropia se refirió a la ratificación de lo que la normativa comercial señala como inexistente, dado que en el documento llamado «acta de conciliación» las partes no subsanaron el requisito del registro minero, indispensable para su existencia. A la firma del acta de conciliación, el documento seguía sin ser inscrito en el registro minero, por lo que mal podría concluirse que dicha acta conciliatoria surtía algún efecto de ratificación. (...) Esta circunstancia impone negar las pretensiones de la demanda, se reitera, porque la pretensión de incumplimiento exige un contrato existente y válido, lo cual no ocurrió en este caso por la ausencia de un requisito esencial para su formación, lo que trae como consecuencia que todos aquellos actos de las partes, encaminados a modificarlo, tampoco tuvieron vida jurídica y, por ende, no produjeron efectos.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a los elementos que configuran responsabilidad contractual por incumplimiento, consultar sentencia de 8 de marzo de 2007, Exp. 15052, Ruth Stella Correa; sentencia de Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 16 de diciembre de 2020, Exp.SC5142-2020 y laudo arbitral de 3 de agosto de 2021, proferido para dirimir las controversias entre Promovalle S.A. ESP y Promocali S.A. ESP contra Empresa de Servicio de Aseo De Cali E.S.P.– Emsirva ESP (En Liquidación).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1970 - ARTÍCULO 864, DECRETO 410 DE 1970 - ARTÍCULO 898
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE MALA FE / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
Respuesta al problema jurídico: No
De conformidad con el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55