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Consejo de Estado
Providencia
Concretamente tienen la potestad de exigir la aprobación de exámenes preparatorios
Sentencia — Sentencia
2024-10-03
Sección Primera
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Rad. 11001032400020200024800
LEY 1437 NULIDAD CON SUSPENSION PROVISIONAL
[D]eterminar si los actos administrativos demandados transgreden los artículos 6.°, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política, los artículos 3.°, 6.° y 137 de la Ley 1437 de 2011, y los artículos 5.° y 7.° del Acuerdo 002 de 2011, por cuanto la entidad demandante otorgó título profesional de abogado a un estudiante que incumplió los requisitos de grado “[…] esto es, sin haber presentado y/o aprobado todos los exámenes preparatorios o pruebas de suficiencia en idioma extranjero, contemplados en la ley y en los reglamentos internos de dicho ente universitario […]” Sí
El contratista no puede obtener el título de abogado si incumple los requisitos establecidos por la universidad en sus reglamentos internos, como la aprobación de exámenes preparatorios, ya que estos son vinculantes para toda la comunidad educativa y aseguran la calidad de la formación académica. La universidad debe demostrar que el estudiante no cumplió con todos los requisitos para optar por el título, y en este caso, la entidad no presentó suficiente evidencia de que el estudiante hubiera aprobado los exámenes preparatorios requeridos, lo que implica que el acto administrativo que otorgó el título es nulo. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la autonomía universitaria y la obligación de cumplir con los requisitos académicos establecidos por las universidades para la obtención de títulos profesionales.síntesis automática
ANULA
Consejo de Estado
Providencia
Concretamente tienen la potestad de exigir la aprobación de exámenes preparatorios
Sentencia — Sentencia
2024-10-03
Sección Primera
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Rad. 11001032400020200024500
LEY 1437 NULIDAD CON SUSPENSION PROVISIONAL
Determinar si los actos administrativos demandados transgreden los artículos 6°, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política, los artículos 3°, 6° y 137 de la Ley 1437 de 2011, los artículos 5° y 7° del Acuerdo 002 de 2011, por cuanto la entidad demandante otorgó título profesional de abogado a un estudiante que incumplió los requisitos de grado “[…] esto es, sin haber presentado y/o aprobado todos los exámenes preparatorios o pruebas de suficiencia en idioma extranjero, contemplados en la ley y en los reglamentos internos de dicho ente universitario […]”. Sí
El contratista no puede obtener el título de abogado si incumple los requisitos de grado establecidos por la universidad, como la aprobación de exámenes preparatorios y pruebas de suficiencia en idioma extranjero, ya que estos son componentes obligatorios del currículo académico y la universidad tiene la facultad de exigirlos para garantizar la calidad de la formación de sus egresados. La entidad universitaria debe acreditar que el estudiante no cumplió con todos los requisitos, y el sistema de registro de notas SIMCA no es el único mecanismo para verificar la información académica, ya que existen archivos físicos y contables que sirven como soporte. La Sala anuló el acto administrativo que otorgó el título profesional, reiterando la jurisprudencia sobre la autonomía universitaria y la obligación de cumplir con los requisitos académicos establecidos.síntesis automática
ANULA
Consejo de Estado
Providencia
No le asistió razón a la parte apelante en que la Universidad incumplió el contrato
Sentencia — Sentencia
2024-09-23
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 41001233300020120018402
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La intención del consorcio fue aceptar una mayor permanencia en obra y la adición de unos ítems de manera consonante con la exclusión de otros, todo por el mismo precio inicial? Sí
El contratista acepta una mayor permanencia en obra y la adición de ítems, excluyendo otros, todo por el mismo precio inicial, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, lo que implica que las cláusulas acordadas deben ser consideradas válidas y no pueden ser desconocidas por el juez. La liquidación bilateral del contrato constituye un título ejecutivo con obligaciones claras, expresas y exigibles, por lo que cualquier cuestionamiento a su validez debe estar respaldado por vicios que deriven en nulidad absoluta o relativa. La Sala desestima cargos de incumplimiento y enriquecimiento sin justa causa, dado que el contratista aceptó libremente las modificaciones al contrato, sin que se acredite un perjuicio económico. Esta decisión reitera la importancia de la buena fe contractual y la teoría del acto propio en la interpretación de las modificaciones al contrato, y confirma que la liquidación bilateral es un acto jurídico válido y ejecutivo, siempre y cuando no se demuestren vicios que la anulen.síntesis automática
También resuelve:
¿La liquidación bilateral es un negocio jurídico que constituye derechos y obligaciones, al punto de que constituye un título ejecutivo con obligaciones claras, expresas y exigibles?
¿Se eliminaron otros ítems para hacer sostenible el proyecto con el presupuesto inicial?
¿Desde el mismo instante en que las dificultades de ejecución del contrato se identificaron, las partes efectuaron ajustes al acuerdo de voluntades con el objetivo de evitar la paralización de la…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual
Sentencia — Sentencia
2025-08-11
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 25000232600020070052601
ACCION CONTRACTUAL
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública, cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y la cuantía establecida en el artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil. Además, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales comienza a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales alegados, según el artículo 136.10 del Código Contencioso Administrativo. La legitimación en la causa recae sobre las partes que suscribieron el convenio, y una parte puede demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral del contrato sin necesidad de declarar previamente el incumplimiento. Estas decisiones reafirman la competencia del Consejo de Estado en casos de contratación estatal y establecen claras pautas para el cómputo del término de caducidad y la formulación de pretensiones en acciones contractuales.síntesis automática
También resuelve:
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales…
¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva recae sobre las partes que suscribieron el convenio, toda vez que la controversia contractual giro en torno a este?
¿Puede una parte demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral de un contrato, sin que exista una pretensión de declaratoria de incumplimiento?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado es competente para conocer del presente proceso en segunda instancia
Sentencia — Sentencia
2023-10-27
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000233600020130049701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de los procesos de controversias contractuales iniciados para demandar los actos mediante los cuales se da por terminado y se liquida de forma unilateral un contrato estatal? Sí
La competencia en segunda instancia para conocer de los procesos de controversias contractuales en que se demanda la nulidad de los actos mediante los cuales la entidad pública da por terminado y liquida unilateralmente un contrato estatal corresponde al Consejo de Estado, conforme al artículo 104 del CPACA y a la cuantía que fija el numeral 5 del artículo 152. Una razón es que el artículo 104 atribuye a la jurisdicción las controversias originadas en actos, contratos y hechos sujetos al derecho administrativo en los que intervienen entidades públicas, y la demanda controvertía la terminación y las resoluciones de liquidación unilateral de un contrato interadministrativo. Otra razón es que la cuantía de las pretensiones superaba los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que da vocación de doble instancia. En el caso, la parte actora reclamó el daño emergente y el lucro cesante derivados de la terminación y la liquidación unilateral, y la Sala modificó la decisión de primera instancia. Su consecuencia práctica es que la vía de controversias contractuales es la adecuada para impugnar la terminación y liquidación unilateral cuando la cuantía supera el umbral legal.síntesis automática
También resuelve:
¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad de los actos que terminaron y liquidaron unilateralmente un contrato…
¿La Asociación de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional constituye una persona jurídica sin ánimo de lucro de derecho público…
¿El acuerdo de voluntades celebrado entre la Secretaría de Educación Distrital y la Red Alma Mater constituye un contrato estatal, que encuadra en la definición de un contrato interadministrativo?
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