Titulación de la relatoría 81.939 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / CUANTÍA DE LA DEMANDA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CUANTÍA DEL PROCESO / CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / NATURALEZA DEL CONTRATO ESTATAL / CONFLICTO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de la cuantía?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en tanto guardián de la constitucionalidad y legalidad administrativa, conoce de las controversias sobre contratos del Estado. A esta jurisdicción está adscrito este debate en sede judicial, de conformidad con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998. En efecto, el presente litigio versa sobre un contrato celebrado por una entidad estatal, a propósito de lo cual conviene resaltar que, si bien en los términos del artículo 6º del Decreto 197 de 1999 el negocio sub judice se encuentra sujeto al derecho privado, tal como se analizará más adelante, al margen del régimen jurídico aplicable la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para decidir las controversias en las que dicha entidad sea parte, comoquiera que ostenta la calidad de entidad estatal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2171 de 1992 , en concordancia con el artículo 2 de la Ley 80 de 1993. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, dada la vocación de doble instancia del proceso, toda vez que la cuantía supera los 500 SMLMV de 2003, año de presentación de la demanda. Lo anterior, según lo establecido en los artículos 129, 132 numeral 5 y 181 del Código Contencioso Administrativo, vigentes a la fecha de presentación de la demanda.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, 129, 181, DECRETO 197 DE 1999 - ARTÍCULO 6, DECRETO 2171 DE 1992 - ARTÍCULO 52, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 30, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONCEPTO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿Es procedente la acción de controversias contractuales para solicitar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, la acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal. Es así como, resulta procedente utilizar esta herramienta procesal para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la ejecución y liquidación del contrato estatal, así como la legalidad de los actos administrativos proferidos dentro del desarrollo de éste. Así, puede cualquiera de las partes solicitar: (i) que se declare la existencia o nulidad de un contrato estatal; (ii) que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales; (iii) que se ordene su revisión; (iv) que se declare su incumplimiento; (iv) que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios derivados del mismo; y (v) que se hagan otras declaraciones y condenas. De acuerdo con lo anterior, en el presente caso la acción contractual ejercida por la parte demandante es adecuada, por cuanto en el líbelo introductorio se pretende que se declare el rompimiento del equilibrio económico por causas ajenas al contratista y que, como consecuencia, se condene al INVIAS al restablecimiento de la ecuación financiera del contrato celebrado entre las partes.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 32
CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO
Problema jurídico:
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia desde el día siguiente a la liquidación del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
El numeral 10º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998, norma aplicable al caso concreto , establece que la acción contractual caducará al vencimiento del término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento, para lo cual contempla distintas hipótesis dependiendo de si el contrato es de ejecución instantánea, si no requiere de liquidación o si, por el contrario, se trata de un contrato que sí la requiera. A su turno, la Sección Tercera del Consejo de Estado en auto de unificación, estableció que en aquellos casos en los cuales las partes hayan llevado a cabo de mutuo acuerdo la liquidación del contrato con posterioridad al término convencional y/o legalmente dispuesto para su liquidación, pero dentro de los dos años posteriores a dicho vencimiento, el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales inicia a partir del día siguiente al de la firma del acta de liquidación. Al respecto, resulta pertinente destacar que el derecho común no contempla la liquidación del contrato y, por tanto, en los contratos que se encuentren sujetos al derecho privado aquella no se requiere, a menos que las partes, en ejercicio de su autonomía de la voluntad, hubieren acordado llevar a cabo la liquidación del contrato, en cuyo caso el plazo convenido para dicho efecto deberá tenerse en cuenta en el conteo del término preclusivo. (…) [L]a Sala efectuará el cómputo de caducidad a partir del día siguiente a la fecha de suscripción del acta de liquidación bilateral del Contrato I.N.V. No. 904, comoquiera que dicha liquidación bilateral, de fecha 11 de febrero de 2003, se realizó vencido el plazo de 3 meses pactado para la liquidación, pero dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de dicho lapso. En consecuencia, el término de caducidad del medio de control debe contarse a partir del día 12 de febrero de 2003, de tal manera que la oportunidad para interponer la demanda vencía el 12 de febrero de 2005. En consecuencia, dado que la demanda se radicó el 4 de junio de 2003, resulta claro que fue presentada dentro del término establecido en la ley para el ejercicio del derecho de acción.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto al cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de unificación del 1 de agosto de 2019, rad. 62009 y auto del 24 de abril de 2017, rad. 50602.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, LEY 446 DE 1998
CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / TERREMOTO DEL EJE CAFETERO / ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA SOCIAL Y ECOLÓGICA / ESTADO DE EMERGENCIA / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / FONDO PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO / PATRIMONIO DE LA ENTIDAD ESTATAL / PERSONERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿El contrato de obra pública bajo el sistema de precios unitarios celebrado entre las partes está regido por el derecho privado?
Respuesta al problema jurídico: Si
Mediante el Decreto 195 del 29 de enero de 1999, el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en la región del Eje Cafetero afectada por el terremoto ocurrido el 25 de enero de 1999, por el término de 30 días, con el fin de conjurar y evitar la extensión de los efectos de la crisis producida como consecuencia de la calamidad pública. (…) las funciones legales y los recursos asignados al Sistema Nacional para la Atención y Prevención de Desastres resultaban insuficientes para conjurar los efectos del terremoto y para llevar a cabo la rehabilitación y reconstrucción de la zona, circunstancia que dio lugar a expedición del Decreto Legislativo 197 del 30 de enero de 1999, mediante el cual se creó el Fondo para la Reconstrucción de la Región del Eje Cafetero (FOREC), como una entidad de naturaleza especial del orden nacional con sede en Armenia, dotado de personería jurídica y con autonomía patrimonial y financiera (…) [L]os contratos que fueran celebrados por el FOREC para el cumplimiento de su objeto estarían sometidos al derecho privado, así como los contratos que debieran suscribir las entidades públicas en desarrollo de convenios celebrados con dicho fondo. (…) [E]l régimen jurídico del contrato I.N.V. No. 904 de 1999 es el derecho común, siendo bajo este marco normativo que la Sala, por tanto, abordará el estudio del caso sometido a análisis. En este punto, conviene añadir que el contrato que originó la disputa es uno de obra, sobre el cual la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha resaltado que se trata del “acto jurídico por el cual una persona asume para con otra, el compromiso de efectuar un trabajo material determinado, bajo un precio, sin que ello implique una relación de subordinación o de representación, destacando entonces, su carácter de consensual, siendo suficiente para su perfección, el solo acuerdo sobre las condiciones de la construcción y su pago”. Además, de conformidad con lo pactado en las cláusulas primera y segunda observa la Sala que el referido negocio jurídico se pactó bajo la modalidad de precios unitarios, forma de pago según la cual el valor del contrato es el resultado de multiplicar los precios unitarios pactados por las cantidades de obra ejecutadas. En conclusión, como las partes suscribieron un contrato para la construcción del tercer carril, mantenimiento y refuerzo del pavimento de un segmento de la carretera La Paila-Armenia y el mismo fue celebrado por el INVIAS en virtud de lo dispuesto por el Decreto Legislativo 197 de 1999, el contrato es de obra, se pactó bajo el sistema de precios unitarios y se rige por las disposiciones del Código Civil y del Código de Comercio.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del contrato pactado a precios unitarios, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de febrero de 2012, rad.16371, respecto a la exequibilidad del artículo 6 del decreto 195 de 1999, consultar sentencia de la Corte Constitucional, C-218 de 1999 y sobre el contrato de obra, consultar sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, del 18 de diciembre de 2019, rad. 2011-00101- 01.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 195 DE 1999, DECRETO 410 DE 1971, DECRETO LEGISLATIVO 197 DE 1999 - ARTÍCULO 6, LEY 84 DE 1873
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO
Problema jurídico:
¿Las reclamaciones estipuladas en la demanda fueron manidestadas como salvedades en la liquidación bilateral del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]i bien en el derecho privado no está contemplada la liquidación del contrato, ello no es óbice, por supuesto, para que las partes en ejercicio de su autonomía de la voluntad liquiden de consuno el negocio jurídico que han celebrado y alcancen los acuerdos que a bien consideren, siendo claro que cuando ello ocurre el negocio convenido tiene fuerza vinculante, en los precisos términos del artículo 1602 del Código Civil, aunque por supuesto solo respecto de aquellos asuntos que hayan sido materia del mismo, los cuales no podrán ser desconocidos a posteriori. (…) [L]as partes transaron cualquier divergencia relacionada con el valor de las actas de obra básica ejecutadas y su pago total al contratista, sin saldo alguno pendiente. A su vez, la Sala observa que no quedó comprendido en el referido acuerdo de voluntades lo atinente a las reclamaciones a que se refieren las pretensiones planteadas en el libelo introductorio, encaminadas a que se declare la ruptura del equilibrio económico del contrato originada en el alza del precio del asfalto y el cobro del IVA en las compras de dicho material, mismas a las que ciertamente se refirió la solicitud presentada por el contratista ante el INVIAS a que alude la constancia expresamente plasmada, así como la respuesta del Instituto frente a la misma, de modo que en lo atinente a dichos puntos subsistió la divergencia entre las partes. En suma, la Sala concluye que las reclamaciones que son objeto de las pretensiones de la demanda no fueron materia de transacción o acuerdo entre las partes en la liquidación que acordaron el 11 de febrero de 2003, por lo que sobre el particular no se advierte reparo alguno, pues ciertamente las pretensiones del libelo introductorio no desconocen lo convenido.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / TEORÍA DEL ACTO CON FUERZA VINCULANTE / PRINCIPIO DE REBUS SIC STANTIBUS / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / CLÁUSULA EXCEPCIONAL / POTESTAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DERECHOS DEL CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿Cuál es el fundamento de la teoría del equilibrio económico del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
En virtud de la fuerza normativa del acuerdo de voluntades, las partes se encuentran obligadas a cumplir los contratos celebrados en los términos por ellas pactados, tal como se desprende del artículo 1602 del Código Civil que le confiere al negocio jurídico efectos de ley entre los contratantes. Sin embargo, no puede desconocerse que durante el desarrollo del vínculo negocial pueden sobrevenir hechos que hagan demasiado oneroso el cumplimiento de las prestaciones para una de las partes, tornando en injusta la exigencia de su ejecución en los términos estrictamente pactados y sin consideración a las circunstancias externas sobrevinientes, lo que ha conducido a implementar distintos mecanismos destinados a preservar la igualdad y equivalencia de las prestaciones asumidas. Es bajo esta óptica que emerge la teoría del equilibrio o equivalencia de la ecuación económica, con el fin de garantizar que en el desarrollo del contrato se preserven las condiciones técnicas, económicas o financieras existentes a su nacimiento, pues es en ese momento en el que las partes estiman el provecho que habrá de reportarles el negocio jurídico a la vista de las prestaciones a cargo de cada una, constituyéndose una ecuación financiera que deberá mantenerse a lo largo de su ejecución . En otras palabras, en la etapa de formación del vínculo contractual las partes evalúan las ventajas y cargas correlativas resultantes del acuerdo de voluntades, vale decir, el conjunto de derechos, prestaciones y riesgos que formarán la ecuación económica del contrato. Así las cosas, frente al principio “pacta sunt servanda”, que como es sabido hace referencia a la firmeza y solidez del vínculo contractual , se erige la denominada “cláusula rebus sic stantibus”, instituto en virtud del cual las estipulaciones contractuales son acordadas por las partes sobre la base de las condiciones presentes al surgimiento del vínculo negocial, de tal suerte que la exigencia del cumplimiento exacto de lo pactado opera siempre y cuando se conserve la situación de cargas y beneficios existentes al acordar el contrato, entendida no como una equivalencia matemática, sino como un balance razonable de las ventajas y cargas que se asumen y que se miran como equivalentes, de tal manera que si se altera por causas no atribuibles a quien resulte afectado, han de adoptarse las medidas necesarias para su restablecimiento. (…) Diversas normas la Ley 80 de 1993 consagran la obligación de mantener el equilibrio económico del contrato y de adoptar los mecanismos de restablecimiento. (…) Por su parte, el artículo 14 ibidem, dispone que cuando la Administración ejerza alguna de sus potestades excepcionales de interpretación, modificación o terminación unilateral, debe reconocer las compensaciones e indemnizaciones a que tenga derecho el contratista y aplicar los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales a que haya lugar a fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto al equilibrio económico del contrato y los principios que rigen la relación contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de septiembre de 2021, rad. 44977; del 2 de septiembre de 2004, rad. 14578; del 31 de agosto de 2011, rad. 18080; del 27 de enero de 2016, rad. 38449 y del 22 de noviembre de 2021, rad. 35826; del 15 de julio de 2020, rad. 29794; del 22 de noviembre de 2021, rad. 35826; del 21 de septiembre 2020, rad. 47106 y del 8 de junio de 2021, rad. 64349; del 31 de agosto de 2011, Rad.: 18080.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, 27, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 3, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 8, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CÓDIGO DE COMERCIO / NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO / APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / PRESUPUESTOS DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / IUS VARIANDI / CARACTERÍSTICAS DEL IUS VARIANDI / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS / REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos bajo los cuales procede el restablecimiento del equilibrio económico en los contratos estatales regidos por el derecho privado?
Respuesta al problema jurídico: Si
Ahora bien, dado que se afecta la fuerza vinculante del negocio jurídico, no cualquier trastorno o desbalance de la ecuación financiera constituye un rompimiento de la equivalencia económica o financiera del contrato, comoquiera que existen riesgos inherentes a la actividad contractual que, por tanto, deben ser asumidos por las partes. En este sentido, la jurisprudencia se ha ocupado de precisar que la equivalencia prestacional puede verse afectada en tres eventos: (i) por factores externos a las partes que se enmarquen en la denominada “teoría de la imprevisión”; (ii) por actos de la entidad contratante que, en uso de sus potestades excepcionales, modifiquen las condiciones -“ius variandi”; y (iii) por actos de la administración como Estado en ejercicio legítimo de su posición de autoridad -“teoría del hecho del príncipe”- que afecten indirectamente o de modo reflejo la economía del contrato. (…) [T]ratándose de contratos sujetos al derecho privado, la procedencia de un eventual restablecimiento de las condiciones contractuales frente al desequilibrio económico sobreviniente, no se abre paso desde la perspectiva de las anteriores disposiciones de la Ley 80 de 1993, sino a partir del ámbito de la denominada “teoría de la imprevisión”, siempre que se trate de circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles, posteriores a la celebración del contrato de ejecución sucesiva y ajenas a las partes, que generen una excesiva onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones o una alteración fundamental en el equilibrio prestacional , de conformidad con lo previsto en el artículo 868 del Código de Comercio. En efecto, en el derecho privado, que es el régimen sustancial aplicable al negocio subjudice, lo concerniente a la conmutatividad o equivalencia entre las prestaciones contractuales se encuentra regulado expresamente en el artículo 868 del estatuto mercantil (…) En este sentido, para que se estructure la teoría de la imprevisión, se requiere: (i) que el contrato sea bilateral, conmutativo y de ejecución sucesiva, periódica o diferida; (ii) que se presenten circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles, posteriores a la celebración del contrato; (iii) que esas circunstancias alteren o agraven la prestación a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa; y (iv) que el acontecimiento sea ajeno a las partes y no corresponda a un riesgo asumido en el contrato. Para la prosperidad de las pretensiones fundadas en la teoría de la imprevisión los anteriores presupuestos, que son concurrentes, deben encontrarse plenamente acreditados, carga probatoria que recae en el demandante, a quien le corresponde demostrar el rompimiento de la equivalencia contractual a causa de un hecho imprevisto e imprevisible, ajeno a las partes y que se produjo con posterioridad a la celebración del contrato, así como probar los sobrecostos extraordinarios derivados del mismo. (…) En conclusión, atendiendo al régimen jurídico que rige el contrato materia de la litis, aun cuando el actor fundamenta sus pretensiones en las disposiciones del Estatuto de Contratación de la Administración Pública, la Sala no realizará el análisis del caso sub judice desde la perspectiva del rompimiento de la ecuación financiera en el marco de la Ley 80 de 1993, sino de conformidad con el artículo 868 del Código de Comercio, precisando que, tratándose de contratos celebrados por entidades estatales, sea que se rijan por normas de derecho público o de derecho privado, la jurisprudencia ha concluido que las partes pueden solicitar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato al amparo de la teoría de la imprevisión aun cuando la ejecución del contrato haya finalizado.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto al equilibrio económico del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2021, rad. 35826; del 29 de enero de 2018, rad. 52666; del 27 de enero de 2016, rad. 38449; del 8 de mayo de 2020, rad. 39386; del 19 de marzo de 2020, rad. 63572; del 28 de septiembre de 2011, rad. 15476; del 19 de junio de 2020, rad. 44420; 21 de septiembre de 2020, rad. 47106; del 8 de junio de 2021, rad. 64349, entre otras; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 21 de febrero de 2012, rad. 11001-3103-040-2006-00537-01.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 868, LEY 80 DE 1993
PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / REQUISITOS DE LA PRUEBA / REQUISITOS DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL
Problema jurídico:
¿Tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo las pruebas documentales aportadas en copia simple?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala analizará los documentos aportados en copia simple, comoquiera que no fueron tachados de falsedad por alguna de las partes dentro de la oportunidad procesal pertinente, y tampoco existe alguna disposición que haga exigible el requisito de las copias auténticas o de una determinada copia, de conformidad con lo manifestado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a la valoración de las pruebas en copia simple, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero.
DICTAMEN PERICIAL / ALCANCE DEL DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CARACTERÍSTICAS DEL DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / EFICACIA PROBATORIA DEL DICTAMEN PERICIAL / OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL / ADECUADA VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL / PRUEBA PERICIAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL / UTILIDAD DE LA PRUEBA PERICIAL / REQUISITOS DE LA PRUEBA PERICIAL / DERECHO DE DEFENSA / EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA / ALCANCE DEL DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL
Problema jurídico:
¿Se configuró el error grave en el dictamen pericial practicado dentro del proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
[U]na vez practicada la prueba pericial decretada por el juez, de la misma debe correrse traslado a las partes para que puedan ejercer su derecho de defensa y contradicción, mediante la posibilidad de solicitar aclaraciones y complementaciones y de objetar el dictamen por error grave “que haya sido determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos o porque el error se haya originado en éstas”, caso en el cual podrán pedir pruebas para su demostración, debiendo el juez resolver la objeción en la sentencia o en el auto que resuelva el incidente dentro del cual se practicó el respectivo dictamen, según las voces del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. Además, de conformidad con el inciso segundo del artículo 241 ejusdem, “si se hubiere practicado un segundo dictamen, este no sustituirá al primero pero se estimará conjuntamente con él, excepto cuando prospere la objeción por error grave”. Ahora bien, el error grave al que se refiere el estatuto procesal es aquel que de no haberse presentado otra habría sido la solución o el sentido del dictamen, por haber recaído sobre materias, objetos o situaciones distintos de aquellos sobre los cuales debía versar la pericia o porque el perito dictaminó en sentido contrario a la realidad y alteró en forma ostensible la cualidad, esencia o sustancia del objeto analizado. (…) en cuanto a la experticia contable, ICEIN controvierte el informe pericial porque en su criterio la perito, pese a que estableció la existencia de un desequilibrio económico en la ejecución del contrato, omitió cuantificar el valor del mismo, respondiendo en forma “evasiva” las preguntas que se formularon a dicho efecto. (…) [L]a actora se encuentra en desacuerdo con el dictamen respecto a las respuestas emitidas frente a las preguntas que se enderezaron a establecer el valor del desequilibrio económico alegado en el proceso, al considerar que es incompleto, que la experta no cuantificó de manera clara y concreta el monto del desequilibrio sufrido por ICEIN y que sus respuestas en torno a dicho aspecto son evasivas, sin que se aprecie que la perito hubiera desviado el objeto de la prueba, así como tampoco que hubiera analizado aspectos relacionados con otro contrato o con ítems, obras o materiales diferentes a los que dieron origen al litigio. En otras palabras, el dictamen versó sobre las materias que debían ser analizadas, relacionadas con el Contrato I.N.V. No. 904 suscrito entre las partes. En este sentido, [L]os reproches formulados tienen que ver precisamente con la materia objeto de discusión en este proceso. En otras palabras, los argumentos expuestos corresponden a la discusión y controversia en torno a los análisis y las deducciones que la perito efectuó como sustento de sus conclusiones y que ICEIN no comparte, circunstancia que no constituye una razón para desestimar la prueba cuestionada sino más bien un elemento de juicio para su valoración, la que se realizará posteriormente, al abordar el estudio de las causas del desequilibrio alegado en la demanda, en conjunto con el segundo dictamen contable (…) tal como lo ordena el artículo 241 del C.P.C. En consecuencia, la objeción planteada no prospera.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a la objeción al dictamen pericial por error grave, Cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de agosto de 2011, rad. 14461 y del 15 de julio de 2020, rad. 28794.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 238, 241
DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIGO SOSPECHOSO / DECLARACIÓN DE TESTIMONIO / EFICACIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / SUJETOS DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / REQUISITOS DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / OBJETO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / CARACTERÍSTICAS DEL TESTIGO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / SISTEMA DE SANA CRÍTICA
Problema jurídico:
¿El testimonio sospechoso puede ser valorado probatoriamente por el Juez?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]omo el testimonio del Ingeniero (…) proviene de una persona que ha tenido un vínculo laboral con la parte actora, a juicio de la Sala, en los términos del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, su declaración resulta sospechosas por lo cual será valorada con la especial severidad que se requiere. Al respecto, vale reiterar que conforme lo ha manifestado esta Corporación, los testimonios que resulten sospechosos no pueden desecharse de plano, sino que deben ser examinados y valorados con mayor rigurosidad, de cara a las demás pruebas que reposen en el expediente y de acuerdo con las circunstancias propias de cada asunto litigioso , valoración que se realizará al presentar la solución al caso concreto, en conjunto con el material probatorio obrante en el plenario y de conformidad con las reglas de la sana crítica.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la valoración probatoria del testigo sospechoso, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2011, rad. 20262, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 217
ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / ACTUACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA MATERIAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / DEBERES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN
Problema jurídico:
¿El recurso de apelación determina el marco fundamental de competencia del Juez de segunda instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]omoquiera que sólo la parte demandada presentó recurso de apelación contra la sentencia del 29 de septiembre de 2014, de conformidad con la competencia que le asiste al juez en segunda instancia en virtud de lo dispuesto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, se resolverá el asunto sub lite en aquello que el apelante reprocha como desfavorable en el recurso. Por tanto, atendiendo al régimen jurídico aplicable al contrato subjudice, la Sala procederá a examinar si el incremento en los precios del asfalto y el cobro del IVA constituyen circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles, posteriores a la celebración del contrato, que hicieron más oneroso el cumplimiento de las prestaciones a cargo de ICEIN al punto de afectar gravemente la ecuación contractual. A este respecto, cabe reiterar que, de cara a los presupuestos que fundamentan la teoría de la imprevisión, los hechos que se alegan como causa de ruptura del equilibrio financiero del contrato deben ser posteriores al contrato, deben ser imprevistos e imprevisibles y no ser imputables a ninguna de las partes, al tiempo que deberá tratarse de circunstancias que hayan generado una afectación grave, anormal y desproporcionada del equilibrio entre las cargas y prestaciones del negocio jurídico concreto.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto al alcance de la competencia del Juez que conoce del recurso de apelación, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 9 de febrero de 2012, rad. 21060.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 357
REAJUSTE DE PRECIO / REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS / APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRECIO DEL CONTRATO / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / REAJUSTE DEL PRECIO DEL CONTRATO / PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Procede la posibilidad de reclamar el restablecimiento del equilibrio económico aun cuando se trate de contratos pactados bajo la modalidad de precios unitarios?
Respuesta al problema jurídico: Si
[F]rente al desequilibrio alegado por ICEIN con fundamento en los sobrecostos ocasionados por el alza en los precios del asfalto, el INVIAS en la contestación de la demanda y a lo largo de su recurso de apelación manifestó con insistencia que desde el inicio del proceso de selección estuvo claramente establecido que el contrato se celebraría a precios unitarios fijos o sin ajustes, modalidad de remuneración que quedó expresamente consignada en el contrato celebrado por las partes y que no fue modificada con ocasión de la suscripción del contrato adicional No. 1, de tal suerte que correspondía al contratista asumir las contingencias asociadas a la variación de los precios de los materiales. Al respecto, efectivamente se observa que desde los pliegos de la licitación y en el propio contrato las partes acordaron que la obra sería pagada de conformidad con los precios unitarios ofertados por el contratista, los cuales no estarían sujetos a reajuste. En punto a esta estipulación contractual, la Sala encuentra oportuno exponer las siguientes reflexiones. Respecto a la remuneración del contrato de obra son reconocidas distintas formas de pago, una de las cuales es la modalidad de precios unitarios, en virtud de la cual las partes acuerdan el valor de las distintas unidades o cantidades de obra, de tal suerte que “el costo directo total del contrato, será el resultado de multiplicar los precios unitarios por las cantidades de obra ejecutadas y de sumar todos los ítems necesarios para dicha ejecución”. A su vez, la cláusula según la cual los precios convenidos son fijos o sin ajustes, claramente traslada en cabeza del contratista, constructor de la obra, el impacto causado por las fluctuaciones de los precios pactados, a propósito de lo cual la jurisprudencia del Consejo de Estado se ha pronunciado en numerosas oportunidades señalando que en principio esta estipulación “contraviene las normas y principios que orientan la contratación estatal, específicamente, aquellos relativos al mantenimiento de la ecuación económica del negocio jurídico” , pues implica una renuncia anticipada al derecho que le asiste a las partes para exigir la preservación de la ecuación económica del negocio. En este sentido, ha considerado esta Corporación que, con independencia de la modalidad de precios que se pacte como retribución de la labor ejecutada, en los negocios jurídicos regidos por la Ley 80 de 1993 una cláusula que deje al contratista sin ningún mecanismo de restablecimiento ante el aumento exagerado de los costos inicialmente previstos se encuentra viciada de nulidad absoluta por objeto ilícito , aunque en otras ocasiones ha concluido que la cláusula de precio fijo debe ser interpretada en armonía con la conmutatividad y el equilibrio entre derechos y obligaciones que impregna el contrato sujeto al Estatuto de Contratación de la Administración Pública. Además, también ha reconocido que la ausencia de estipulación en materia de reajuste de precios no impide reclamar en sede judicial la actualización de los precios. Lo anterior ha partido de la base de considerar que la autonomía de la voluntad no puede erigirse como soporte válido para la inobservancia de las normas del Estatuto de Contratación de la Administración Pública que propenden por defender el equilibrio económico, llamado a mantenerse a lo largo de la vida del contrato estatal, de conformidad con los artículos 4 y 5 y artículo 25 de la Ley 80 de 1993 que establecen expresamente la actualización y la revisión de precios.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a la posibilidad del reclamar el reajuste de precios del contrato en sede judicial, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de febrero de 2020, rad. 63123.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4, 5, 25
APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / PRESUPUESTOS DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / REAJUSTE DE PRECIO / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE CONMUTATIVIDAD / CONTRATO CONMUTATIVO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / RIESGO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS / FINALIDAD DE LA ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Con fundamento en la teoría de la imprevisión es procedente solicitar el reajuste de precios del contrato aun cuando este no se haya pactado en el negocio jurídico?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n el marco del contrato sujeto a las normas de la contratación pública, resulta claro que si bien el acuerdo de voluntades es vinculante para las partes en los términos en estipulados, ello no implica que, en todos los casos, a pesar de las vicisitudes ajenas a su voluntad que afecten la remuneración pactada, deban ejecutarse las prestaciones aún en condiciones que supongan un alto grado de desventaja para una de ellas, pues bien puede solicitarse la revisión de precios en los términos que le permite la ley. En este orden de ideas, se ha considerado que la cláusula de estabilización o ajuste de precios es un mecanismo que tiende a preservar la naturaleza conmutativa de los contratos y a garantizar que la equivalencia inicialmente acordada entre las prestaciones recíprocas se mantenga a lo largo de la ejecución del negocio jurídico, en tal forma que la remuneración recibida finalmente por el contratista corresponda a la que contempló al momento de presentar su propuesta y celebrar el contrato , a la vez que la figura de la revisión de precios permite solicitar al juez la corrección de la cláusula de ajuste pactada cuando sobrevengan hechos económicos que hagan ineficaz o insuficiente la fórmula de reajuste o la actualización de los precios cuando las partes no han pactado un sistema de ajuste de los mismos y estos sufren alteración como resultado de fenómenos económicos como la inflación o el alza de precios. Ahora bien, como en el presente asunto no cabe dar aplicación a las disposiciones de la Ley 80 de 1993, lo cierto es que bajo el marco de la teoría de la imprevisión y tratándose de un negocio sujeto al derecho común, si los contratantes al momento de celebrar el negocio jurídico pactaron, dentro de la distribución de riesgos convenida, que por el incremento en los precios y por sus impactos habría de responder una ellas, la parte afectada por el acaecimiento del evento riesgoso en cuestión no puede invocar la teoría de la imprevisión en procura de liberarse de la obligación de asumir las consecuencias de la contingencia por la que se comprometió a responder. (…) [L]a Corte Suprema de Justicia también ha resaltado que la cláusula de precio fijo en el campo del derecho privado implica que las partes voluntariamente han asignado el riesgo asociado al incremento de precios, de tal modo que, en ausencia de pacto expreso en sentido contrario, el contratista está obligado a sostener los precios iniciales pactados. (…) En suma, en los casos en que se presente un incremento inusual en los precios de los insumos debe tenerse en consideración la fórmula de la ecuación económica del contrato y la identificación de la parte a cuyo cargo corrió el riesgo correspondiente, sin dejar de lado la necesidad de demostrar, por supuesto, el desbalance y la relación de causalidad con el hecho del cual se pretende derivar la afectación de la ecuación económica del negocio celebrado, lo que supone probar los costos directos en los que incurrió efectivamente el contratista y que los mismos hayan excedido de manera considerable el precio formulado en la oferta.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del ajuste de precios, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 10 de septiembre de 2021, rad. 44977; del 10 de septiembre de 2013, rad. 20524; del 28 de agosto de dos 2014, rad. 17660; del 10 de septiembre de 2021, rad. 44977; del 6 de febrero de 2020, rad. 62123, también sentencias de la Corte Suprema de Justicia, del 21 de febrero de 2012, rad. 11001-3103-040-2006-00537-01; del 17 de marzo de 2020, SC505-2022, rad. 68081-31-03-002-2016-00074-01 y del 18 de diciembre de 2019, rad. 2011-00101- 01.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993
REAJUSTE DEL PRECIO DEL CONTRATO / REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DEL REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / REAJUSTE DE PRECIO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONTRATO ADICIONAL ESTATAL / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADICIONAL / OBJETIVO DEL CONTRATO ADICIONAL / CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS / PRINCIPIO DE CONMUTATIVIDAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / CONDICIONES DE LA OFERTA / REQUISITOS DE LA OFERTA / VALOR DE LA OFERTA / LICITACIÓN PÚBLICA / PLIEGO DE CARGOS DE LICITACIÓN / VARIACIÓN DEL PRECIO
Problema jurídico:
¿Las partes pactaron fórmula de reajuste como mecanismo de mitigación del impacto económico que podría implicar el alza en los precios de los materiales utilizados para la ejecución del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]as pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar, toda vez que desde la etapa precontractual la ecuación financiera estuvo planteada bajo el esquema de remuneración a precio fijo, cláusula que quedó expresamente convenida en el contrato celebrado por las partes y que, aún con posterioridad al alza en el precio del asfalto, fue expresamente confirmada en el contrato adicional No. 1 mediante el cual los contratantes, entre otras, aumentaron de mutuo acuerdo el precio de los ítems del contrato para cuya ejecución debía emplearse asfalto, negocio jurídico en el que, con pleno conocimiento del impacto causado por el incremento en los precios del asfalto, ICEIN acordó el nuevo precio unitario de los ítems afectados y manifestó expresamente su voluntad de mantener incólumes las restantes estipulaciones contractuales, incluida la estipulación de precio fijo. (…) [L]as partes acordaron que el contrato se ejecutaría bajo el sistema de precios unitarios fijos sin ajustes, lo que significa que en el marco del negocio jurídico celebrado, cuyo régimen sustancial está dado por las normas establecidas en el derecho común, los contratantes convinieron que el riesgo asociado a la variación de los precios de los insumos corría a cargo de ICEIN, particularmente el correspondiente al incremento en el precios de los materiales que llegare a presentarse durante la ejecución contractual. Es así como, de acuerdo con las estipulaciones consignadas en los pliegos de condiciones de la licitación y en el contrato celebrado entre las partes, surge con nitidez que las partes no pactaron fórmula de reajuste como mecanismo de mitigación del impacto económico que podría implicar el alza en los precios de los materiales. Por el contrario, en el negocio jurídico fue convenido desde un inicio que los precios serían fijos y que no habría a reajustes, lo que significa que corría a cargo del contratista el riesgo de la variación de los costos determinantes de los precios, incluso aun cuando fuera superior al incremento que al momento de ofertar y de celebrar el contrato pudiera considerarse como normal o usual. (…) En ejercicio de la autonomía de la voluntad las partes están en libertad de autorregular sus intereses y relaciones, pudiendo por supuesto modificar de común acuerdo las condiciones del negocio jurídico inicialmente acordado. Así, para la Sala no puede dejarse de lado que el mencionado acuerdo modificatorio respondió a la solicitud que formuló el propio contratista en noviembre de 2000, cuando era de pleno conocimiento el incremento que durante ese año se había presentado en los precios del asfalto, solicitud en la que, por lo demás, el contratista expuso la necesidad de reprogramar las obras y pactar el mayor valor requerido para “poder terminar los trabajos contemplados en el contrato”, estimando el mayor plazo que era necesario a dicho efecto, expresando su conformidad con la adición al valor del contrato que se consideraba necesario para cubrir los costos asociados a ello y ratificando en todo lo demás las estipulaciones del negocio inicialmente pactado. (…) ICEIN tenía conocimiento de la modalidad de retribución acordada y, además, para la época de la celebración del contrato adicional No. 1, conocía plenamente el impacto producido debido a las alzas del precio del asfalto presentadas a lo largo del año 2000, habiendo sido justamente que, previa solicitud del contratista, las partes acordaron la extensión del plazo contractual aparejada de la adición al valor del contrato, así como una modificación a los precios unitarios de los ítems que requerían asfalto para su ejecución, mediante un negocio jurídico que constituye un acuerdo vinculante para los contratantes y que fue celebrado, se itera, tras conocer las implicaciones económicas derivadas del incremento en los precios del mencionado material. (…) [L]a fuerza obligatoria del contrato se funda en la voluntad o querer de las partes que intervienen en él, teniendo éstas la facultad de limitar su libertad para asumir un deber de conducta en razón a una determinada causa. En nuestro ordenamiento jurídico, tanto el Código Civil como el Código de Comercio, recogen este principio en los artículos 1602 y artículo 871, respectivamente, según los cuales los contratos válidamente celebrados son ley para los contratantes y no pueden ser invalidados sino por su consentimiento mutuo o por las causas legales.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
RIESGO ECONÓMICO DEL CONTRATO / VARIACIÓN DEL PRECIO / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRECIO DEL CONTRATO / PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / MECANISMOS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El alza en los precios de los insumos utilizados por el contratista constituye una circunstancia imprevisible que se encuentra por fuera del riesgo asumido por el mismo y que generó el desequilibrio en la ecuación económica del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
[N]o puede desconocerse la distribución de las obligaciones y riesgos que los contratantes acordaron en el momento de la celebración del negocio jurídico, de donde resulta que las partes deben absorber las consecuencias derivadas de los riesgos asumidos de conformidad con lo pactado, pues en el contrato, que ciertamente constituye por excelencia un acto de previsión, la distribución de los riesgos es, justamente, la previsión contractual en torno a cuál de las partes se encuentra en la obligación de asumir los costos que emanan de ciertas circunstancias previstas al momento de celebrar el negocio jurídico. (…) [L]a demandante siempre supo y, bajo su propio riesgo, aceptó que el sistema de pago sería el de precios unitarios fijos, de acuerdo con el cual sólo tendría derecho a que la contratante le reconociera y pagara los valores correspondientes a las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, conforme a los precios unitarios que propuso, estipulación que en un contrato regido por el derecho privado no está sujeta a las limitaciones que se derivan del derecho al mantenimiento de la ecuación financiera del contrato al amparo de las disposiciones de la Ley 80 de 1993. [L]a ecuación contractual del contrato de obra acordada entre las partes desde la etapa precontractual y con posterioridad al acaecimiento de los hechos aducidos por la actora mediante la manifestación de voluntad expresada en el contrato adicional No. 1, implica que el riesgo de la mayor o menor utilidad derivado de la variación de los costos propios de la obra corre a cargo del contratista, lo que sin duda descarta la procedencia de un restablecimiento fundado en el artículo 868 del Código de Comercio, porque como ha quedado suficientemente analizado, no opera la imprevisión cuando el suceso se encuentra en la esfera o círculo de riesgo de la parte afectada. (…) [L]os hechos sobrevinientes alegados por la parte convocante, han de mirarse como el acaecimiento de riesgos o contingencias por los cuales y por sus impactos, se obligó a responder ICEIN, habiendo quedado eximido el INVIAS de todas sus consecuencias. Lo anterior es suficiente para denegar las pretensiones de la demanda que persiguen el restablecimiento del equilibrio económico por la excesiva onerosidad sobreviniente derivada del incremento en los precios del asfalto, por cuanto, según quedó explicado, es menester que quien invoque la teoría de la imprevisión no haya aceptado asumir los riesgos de cuya ocurrencia se deriva la excesiva onerosidad.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a la obligación del contratista, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de julio de 2015, rad. 41008.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 868, LEY 80 DE 1993
EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RIESGO ECONÓMICO DEL CONTRATO / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REQUISITOS DE CARGA DE LA PRUEBA / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / ADECUADA VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CARACTERÍSTICAS DEL DICTAMEN PERICIAL / INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL
Problema jurídico:
¿Con las pruebas presentadas en el proceso logró acreditarse que el alza en los precios de los insumos utilizados por el contratista generó el desequilibrio grave y evidente en la ecuación económica del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a parte actora no acreditó un desequilibrio manifiesto, grave y excesivo de la ecuación financiera del contrato como consecuencia del alza en los precios, lo que (…) conduce a la improcedencia de la reclamación elevada a dicho efecto. (…) [N]o bastaba con que la perito afirmara que, de acuerdo con su propia percepción personal, a su juicio resultaba “evidente” que se produjo el desequilibrio dado que aumentó el valor del asfalto y que el contrato incluyó la cláusula de precio fijo. Esta conclusión refleja una convicción personal y subjetiva que no obedece a una opinión técnica, debidamente fundamentada o soportada en el análisis de los costos directos en los que efectivamente incurrió el contratista, tomando en cuenta las cantidades de asfalto efectivamente utilizadas y los valores que, con apoyo en las pruebas del proceso, acreditaran los montos pagados por ICEIN. Lo anterior resulta todavía más evidente cuando se observa como la perito, sin explicación alguna, afirma que se produjo el desbalance como resultado de comparar el precio de compra del asfalto con el precio unitario de los ítems del contrato, a pesar de que estos últimos se conformaban por distintos componentes adicionales a los materiales, tales como mano de obra y transportes, y de que en ellos el contratista no reflejó puntualmente cuál era el precio y la cantidad del asfalto que tenía contemplado utilizar. (…) [E]l dictamen presentado por el perito ingeniero se soportó en cálculos teóricos realizados a partir de cantidades de asfalto que la parte actora manifestó, las cuales no fueron corroboradas en modo alguno por el perito, quien no expuso fundamentación técnica o soporte alguno al respecto (…) en el sub examine no se encuentra demostrado que entre la fecha en la que se suscribió el contrato y la fecha en la que terminaron las actividades hubiera ocurrido un aumento de costos de insumos por cuenta del cual se hubiera impactado negativamente la economía del contrato en forma grave u ostensible, toda vez que aun cuando se demostró que tuvieron lugar alzas en el precio del asfalto lo cierto es que no existe prueba de los costos directos en que, de manera efectiva, debió incurrir el contratista para ejecutar la obra encomendada. Para ese propósito no bastaba con sostener en los dictámenes periciales que se produjo un incremento en los precios del asfalto supuestamente proyectado en la propuesta. Resultaba indispensable demostrar el costo real de su ejecución y que este excedió de manera considerable el precio formulado en la oferta, actividad probatoria que en el caso no se llevó a cabo, habida cuenta de que no se aportó prueba idónea que permitiera demostrar cuál fue su costo real y efectivo. (…) [E]l testimonio rendido en el proceso, los dictámenes practicados y la prueba documental allegada al plenario no resultan suficientes a efectos de demostrar la ruptura de la ecuación económica que alegó la actora, pues para este propósito no bastaba con sostener que el simple incremento en los precios del asfalto ocasionó sobrecostos que el contratista tuvo que soportar. Por el contrario, era indispensable aportar las pruebas que soportaran la causación de los valores reclamados y el desbalance alegado, lo que comenzaba por demostrar las cantidades de asfalto que efectivamente fueron requeridas para adelantar las actividades que se vieron afectadas con las alzas alegadas y los costos directos efectivamente asumidos por el contratista, lo cual no se encuentra acreditado en el proceso. Bajo este entendido, en punto a los sobrecostos en que la actora afirmó haber incurrido por el alza en los precios y el desequilibrio grave y ostensible que adujo, la Sala concluye que en el sub examine la parte actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, de donde los perjuicios que se alegan requieren de prueba, cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal onus, impide su reconocimiento. En conclusión, no prosperan las pretensiones relacionadas con el desequilibrio económico del contrato originado en el alza en los precios del asfalto.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a la eficacia probatoria del dictamen pericial, cita: Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2021, rad. 48436; de 28 de febrero de 2013, rad. 27959; del 21 de marzo de 2012, rad. 24250; del 21 de septiembre de 2020, rad. 47106 y acerca de la carga probatoria sobre la ruptura del equilibrio económico del contrato, consultar sentencia del 29 de julio de 2015, rad. 41008.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS / ACTIVIDAD EXENTA DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS / BIEN EXENTO DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS / NORMATIVIDAD DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / APLICACIÓN DE LA NORMA TRIBUTARIA / VIGENCIA DE LA NORMA / HECHO SOBREVINIENTE / PRESUPUESTOS DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿El cobro indebido del impuesto a las ventas hacia el contratista es una circunstancia externa, imprevisible y posterior a la presentación de la oferta que afecta la ecuación económica del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]as modificaciones introducidas por la Ley 488 de 1998 y el alegado cobro ilegal o infundado que, a juicio de la actora, efectuó ECOPETROL en las compras de asfalto que realizó ICEIN durante la ejecución del negocio jurídico, no constituyen un hecho externo, imprevisto e imprevisible y posterior a la presentación de la oferta, por las razones que pasan a exponerse. La Ley 488 de 1998 , que de acuerdo con la actora introdujo un cambio en las condiciones tributarias que impactó los costos del asfalto que adquirió el contratista en la ejecución de las obras y, por lo tanto, afectó los precios los ítems que utilizaban este insumo, en lo que guarda relación con la controversia introdujo fundamentalmente tres cambios normativos: en primer lugar, modificó el artículo 424 del Estatuto Tributario , que consagra los bienes que no causan impuesto a las ventas (IVA); en segundo lugar, en cuanto a la tarifa general del impuesto a las ventas, modificó el artículo 468 del Estatuto Tributario, disponiendo que dicha tarifa era del 16% y que a partir del 1º de noviembre de 1999 pasaría al 15%. (…) la Ley 488 del 24 de diciembre de 1998 fue publicada el 28 de diciembre de 1998[ ], fecha en la que entró en vigencia. Esto significa que para la época en la que se adelantó a la licitación pública No. SCT-024-1999, cuya apertura tuvo lugar el 29 de agosto de 1999, y por supuesto para el 17 de septiembre y 22 de diciembre de 1999, fechas en las que ICEIN presentó su propuesta y suscribió el Contrato I.N.V. No. 904, la mencionada disposición se encontraba vigente desde hacía varios meses, de tal manera que las modificaciones introducidas por esta norma en modo alguno constituyen un hecho sobreviniente, posterior a la presentación de la oferta y a la celebración del negocio jurídico. Como se anotó anteriormente, de conformidad con el artículo 868 del Código de Comercio, las circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles que generan la desproporción de la operación económica deben ser sobrevinientes, esto es, deben tener ocurrencia con posterioridad a la presentación de la oferta o a la celebración del contrato, según el caso y, lógicamente, antes de su terminación. Por tanto, resulta evidente que la expedición de la Ley 488 de 1988 y los cambios que introdujo y que hubieran podido afectar los costos del contratista no constituyen un hecho imprevisto, imprevisible y posterior al momento en el que ICEIN evaluó y estructuró los precios unitarios que incluyó en su propuesta, para cuya confección debía tener en cuenta la totalidad de factores que pudieran incidir en sus costos, incluida la normatividad tributaria vigente. En este orden, si como ha quedado visto se trata de una norma que entró en vigencia varios meses antes de la presentación de la oferta y siendo deber del contratista informarse acerca del régimen tributario aplicable a las actividades que realizaría, incluido el marco impositivo atinente a la compra de materiales, no es de recibo que, tratándose de una norma que debía ser conocida por el oferente, afirme la actora que de manera sobreviniente e imprevista luego de la presentación de su propuesta
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 868, DECRETO 624 DE 1989 - ARTÍCULO 468, LEY 488 DE 1998 - ARTÍCULO 43, 46
CÁLCULO ECONÓMICO DE LAS PROPUESTAS / PROPUESTA DEL PROPONENTE / PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS / PROPUESTA TÉCNICA DE LA OFERTA / OBLIGACIONES DEL PROPONENTE / PRECIO DEL PROPONENTE / REGLAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA / ELEMENTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿En el contrato a precios unitarios es deber del contratista en la estructuración de la propuesta incluir todos los gastos en los que pueda incurrir en la ejecución de este?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]s claro que el oferente debía estructurar su propuesta teniendo en consideración todos los factores que pudieran tener impacto en los costos y gastos en los que habría de incurrir para la ejecución de las obras, incluidos los impuestos que afectaran la realización de las actividades y trabajos a su cargo, pues la totalidad de los costos y gastos inherentes a la ejecución del proyecto, incluidos los impuestos, debían quedar comprendidos en los precios unitarios ofertados, aspecto que ciertamente era parte fundamental de la fórmula de la ecuación económica inmersa en el contrato que las partes se proponían celebrar y que desde la etapa precontractual se estructuró bajo el sistema de precios unitarios fijos. Por tanto, correspondía al oferente confeccionar su oferta a partir del adecuado y completo estudio de cada uno de los aspectos que pudieren afectar los costos y gastos en los que debía incurrir, lo que, por supuesto, comprendía analizar la normatividad pertinente en materia tributaria. Además, si le asistían inquietudes frente a cualquier aspecto relacionado con la forma como debía estructurar los precios unitarios o cualquier otro asunto de los pliegos de la licitación, tenía la posibilidad de solicitar aclaraciones, lo que según lo probado en el proceso no ocurrió. Así las cosas, conforme con lo previsto en el pliego de condiciones y con lo pactado en el contrato, el cual se acordó bajo la modalidad de precios unitarios fijos, para la Sala es claro que el contratista asumió la obligación de suministrar los materiales requeridos para las obras y asumir los costos de estos y, en general, sufragar la totalidad de costos y gastos inherentes a la realización satisfactoria de las obras contratadas, los cuales debían quedar comprendidos en los precios unitarios de la propuesta, para lo cual debía informarse de todas las circunstancias necesarias para formular su oferta, circunstancia que, aunada a la fecha en la que entró en vigencia la Ley 488 de 1998 en la que ICEIN se basa para alegar el desequilibrio económico que aduce haber sufrido por el pago del IVA del asfalto, conducen a concluir que no hay lugar a reconocimiento alguno por los sobrecostos que pretende la actora por este concepto. (…) [E]l contrato cuyo pago es pactado a precios unitarios es aquel en el que las partes acuerdan el valor de las distintas unidades o cantidades de obra, de tal suerte que el valor total del contrato será el resultado de multiplicar los precios unitarios por las cantidades de obra ejecutada, lo que supone un cuidadoso ejercicio de análisis por parte del proponente al momento de evaluar los costos y gastos necesarios para llevar a cabo cada ítem de obra y efectuar el correspondiente cálculo de cada precio unitario. En este sentido, en la conformación de los precios unitarios el contratista debe tener en cuenta todos los gastos que se requieren para realizar para cada unidad o ítem pactado y lo que comúnmente se denomina análisis de precios unitarios.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del contrato a precios unitarios, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de febrero de 2012, rad. 16371 y del 14 de marzo de 2013, rad. 20524.
FUENTE FORMAL:
LEY 488 DE 1998
PRODUCCIÓN DE ASFALTO / COMERCIALIZACIÓN DE ASFALTO / ASFALTO / IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS / ACTIVIDAD EXENTA DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS / BIEN EXENTO DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS / CARACTERÍSTICAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS / IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN / PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONSTRUCCIÓN TOTAL DE OBRA PÚBLICA / COSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Según la legislación y jurisprudencia vigente al momento de la ejecución del contrato los productos como el asfalto, mezclas asfálticas y material pétreo utilizados en la construcción de bienes para uso de entidades públicas, contratos de concesión y de servicios públicos estarían exentos del impuesto a las ventas?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a producción y venta de asfalto han merecido del Legislador un tratamiento tributario favorable con el fin de incentivar proyectos de infraestructura pública, es especial la pavimentación y repavimentación de vías, como ciertamente lo recordó la Corte Constitucional en la Sentencia C-657/15, al examinar la constitucionalidad del artículo 38 de la Ley 1607 de 2012, mediante el cual se modificó el artículo 424, numeral adicional 12, del Estatuto Tributario. Es así como, con el propósito de estimular la pavimentación de vías, el artículo 5º de la Ley 30 de 1982 estableció la exención fiscal a la producción y comercialización del asfalto. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado explicó en su momento que ECOPETROL, en su calidad de productor de asfaltos, estaba exento de las obligaciones tributarias referidas en dicha norma. De igual modo, la Corte Suprema de Justicia en sentencia de septiembre 27 de 1990 Exp. 2111 precisó que esta disposición, si bien no fue incorporada en el Estatuto Tributario, expedido mediante el Decreto 624 de 1989, en desarrollo de las facultades otorgadas al Gobierno Nacional por la Ley 75 de 1986 para efectuar la compilación de las normas tributarias de carácter legal vigentes, no por tal circunstancia perdió su vigencia, señalando “las normas que estaban vigentes no dejaron de estarlo por la circunstancia de no haber sido incluidas...ni puede considerarse que, a consecuencia de lo anterior, en el Estatuto Tributario, estén contenidas necesariamente todas las vigentes”, tal como también lo ha expuesto esta Corporación. Por su parte, la Ley 488 de 1998 determinó que, para efectos del IVA, no se consideraría incorporación ni transformación las mezclas asfálticas y las de concreto realizadas con anterioridad a la vigencia de esa ley, dentro de ciertas limitaciones, cuando se relacionaran con la construcción de obras públicas y de servicios públicos. Más adelante, el artículo 79 de la ley 633 de 2000 ratificó que el asfalto, las mezclas asfálticas y el material pétreo no estarían gravados con IVA cuando se utilizaran en los procesos de incorporación o transformación para producir mezclas asfálticas o de concreto, según las condiciones previstas en el artículo 64 de la Ley 488 de 1998, vale decir, que se destinen a la construcción de bienes para uso de las entidades públicas o a los contratos de concesión y de servicios públicos señalados en esta última norma.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto al régimen tributario de las mezclas asfálticas, cita: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 147 de 1987; de la Sección Cuarta, sentencia del 13 de marzo de 2003, rad 13145; del 10 de diciembre de 2015, rad. 20866; de la Corte Constitucional, sentencia C-657 de 2015 y C-369 de 2000 y de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 27 de septiembre de 1990 rad. 2111.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 624 DE 1989 - ARTÍCULO 424 NUMERAL 12, LEY 1607 DE 2012 - ARTÍCULO 38, LEY 30 DE 1982 - ARTÍCULO 5, LEY 488 DE 1998 - ARTÍCULO 64, LEY 633 DE 2000 - ARTÍCULO 79, LEY 75 DE 1986
TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / ACTIVIDAD EXENTA DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS / PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS / BIEN EXENTO DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS / COMERCIALIZACIÓN DE ASFALTO / PRODUCCIÓN DE ASFALTO / ECOPETROL / DEBERES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO / SOLICITUD DE LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿El cobro del impuesto a las ventas hacia el contratista es un hecho a partir del cual puede estructurarse una reclamación a la entidad contratante con fundamento en la teoría de la imprevisión?
Respuesta al problema jurídico: No
[A]l presentar su propuesta la parte actora, experta en la actividad que constituía el objeto a contratar y conocedora de las condiciones bajo las cuales se celebraría el contrato, se encontraba en el deber de analizar rigurosamente el régimen impositivo vigente, informarse acerca de las incidencias que pudiere llegar a tener la Ley 488 de 1998 que, se repite, había entrado en vigor desde el 28 de diciembre de 1998, más de ocho meses antes de presentar su oferta, y verificar anticipadamente los precios de venta del material, corroborando con ECOPETROL el valor total de la tonelada de asfalto que esta entidad venía cobrando en las ventas de este insumo en los meses anteriores y al momento mismo de presentar su oferta así como la interpretación que ECOPETROL venía haciendo de la Ley 30 de 1982 y de la Ley 488 de 1998, pues a partir de la información allegada al proceso ciertamente lo que se observa es que a lo largo de todo el año de 1999 los precios de dicha entidad para la venta del asfalto contemplaban el cobro de IVA. [S]i al realizar las compras de asfalto ICEIN consideró que era improcedente el cobro del referido impuesto, ha debido formular la reclamación correspondiente ante el vendedor, en lugar de trasladar su inconformidad al INVIAS, por la vía de solicitar el reconocimiento de los valores que considera no han debido serle cobrados por el proveedor del asfalto. En otras palabras, el alegado cobro indebido del IVA que la parte actora trajo a colación en el proceso no es un hecho a partir del que pueda estructurarse una reclamación ante el INVIAS con fundamento en la teoría de la imprevisión, sino una circunstancia que ICEIN ha debido plantear frente a ECOPETROL, de modo que la afectación que en su economía se pudiere derivarse de una omisión en tal sentido debe ser asumida por el propio contratista.
FUENTE FORMAL:
LEY 30 DE 1982, LEY 488 DE 1998
INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL / FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL / ADECUADA VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / ALCANCE DEL DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CARACTERÍSTICAS DEL DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS / PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS / PROPUESTA DEL PROPONENTE / OBLIGACIONES DEL PROPONENTE / PRECIO DEL PROPONENTE / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CLASES DE EXENCIÓN DEL IMPUESTO / EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Problema jurídico:
¿La prueba pericial practicada en el proceso tiene la eficacia probatoria para acreditar que el cobro del impuesto a las ventas al contratista constituye una circunstancia extraordinaria y posterior a la celebración del contrato que produce la ruptura del equilibrio económico de este?
Respuesta al problema jurídico: No
[D]e conformidad con lo establecido en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, la prueba pericial es procedente para la verificación de hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Por su parte, al tenor del artículo 241 del Código de Procedimiento Civil, el juez debe apreciar el dictamen pericial, en conjunto con los demás medios de prueba que reposan en el expediente y teniendo en cuenta en su valoración, la firmeza, precisión, calidad y claridad de sus fundamentos. Además, debe observar que se encuentre debidamente fundamentado y que el perito sea competente para rendir el dictamen, es decir, que sea un experto en la materia científica, técnica o artística analizada, valoración que debe efectuarse con plena autonomía respecto de las conclusiones del perito. (…) [L]o expresado por los peritos al señalar que se produjo un desequilibrio económico que el INVIAS restablecer al contratista y que se originó en el cobro del 15% de IVA en virtud de la Ley 488 de 1998 a pesar de la exención consagrada para el asfalto en el artículo 5 de la Ley 30 de 1982, corresponde a conclusiones basadas en apreciaciones personales sobre aspectos de orden jurídico cuyo análisis corresponde exclusivamente al juez del contrato. Por tanto, en este punto la prueba referida carece de eficacia probatoria, pues ciertamente este medio de prueba tiene por objeto el estudio de aspectos técnicos, científicos o artísticos que requieran especiales conocimientos, sin que tengan cabida puntos de derecho, tal como expresamente lo establece el numeral 1º del artículo 236 del CPC. En conclusión, en lo que concierne al segundo de los hechos alegados por la parte demandante como fundamento del desequilibrio económico del contrato, la Sala encuentra que en el sub lite no se reúnen los presupuestos que configuran la teoría de la imprevisión por sobrecostos originados en el pago del IVA en las compras del asfalto requerido para las obras, pues no se trata de un hecho sobreviniente, imprevisto, imprevisible y exógeno al contratista, elementos estos que deben concurrir para la prosperidad del reconocimiento económico solicitado por ICEIN. (…) [R]esulta claro que la afectación económica que dijo sufrir la actora con ocasión del cobro del IVA no fue posterior a la celebración del negocio jurídico ni, por tanto, fue un hecho imprevisible, puesto que era previsible y debió ser previsto por el contratista en el momento de preparar su propuesta.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a la valoración del dictamen pericial por parte del Juez, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de abril de 2007, rad. 25000-23-25-000-2002-00025-02(AG); del 15 de julio de 2020, rad. 28794.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 233, 241, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 236 NUMERAL 1, LEY 30 DE 1982 - ARTÍCULO 5, LEY 488 DE 1998
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRECIO DEL PROPONENTE / OBLIGACIONES DEL PROPONENTE / EVALUACIÓN DE LA OFERTA / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN
Problema jurídico:
¿Se acreditaron circunstancias extraordinarias, imprevistas, imprevisibles y posteriores al contrato que alteraran la ecuación contractual y ameritaran su restablecimiento en favor del contratista?
Respuesta al problema jurídico: No
[D]urante la etapa previa a la celebración de todo contrato le asisten a las partes cargas de diligencia, rigor y seriedad a la hora de estructurar la propuesta, deberes de cuya inobservancia se derivan responsabilidades que no pueden eludirse, en tanto la participación en la fase precontractual parte de la base de los conocimientos especializados y la experiencia que se ostenta y que desde luego contribuyen a la consideración, valoración y calificación de la oferta, de tal suerte que si la desatención de esas cargas desencadena consecuencias económicas desfavorables para el contratista, dicha circunstancia no puede ser invocada como fundamento de pretensiones resarcitorias encaminadas a obtener el restablecimiento de la ecuación económica del contrato.(…) [L]a regulación que en materia de IVA fue contemplada en la Ley 488 de 1998 era un hecho conocido por el contratista desde el momento de la presentación de su propuesta y de la suscripción del contrato, aunado al deber de estudiar, preparar y presentar su propuesta informándose adecuadamente de todas las circunstancias que pudieran tener incidencia en los costos y gastos inherentes a la ejecución de los trabajos. Además, en punto a la inconformidad relacionada con la falta de aplicación del artículo 5º de la Ley 30 de 1982 por parte de ECOPETROL o con la interpretación que dicha entidad hubiere efectuado respecto a la Ley 488 de 1998, la Sala observa que se trata de un asunto que concierne exclusivamente al contratista y a su proveedor, de tal manera que, si ICEIN considera que ECOPETROL no ha debido facturarle el referido gravamen, le corresponde la carga de adelantar las actuaciones pertinentes en orden a salvaguardar su economía, proponiendo ante el vendedor del asfalto las reclamaciones que a bien tuviere, las que en modo alguno cabe trasladar al INVIAS. (…) [C]omo no se estableció en el proceso la ocurrencia de circunstancias extraordinarias, ajenas a las partes, imprevistas, imprevisibles y posteriores a la celebración del contrato que, además, hubieren generado una excesiva onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones o una alteración fundamental en el equilibrio prestacional, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y en su lugar dispondrá negar las pretensiones de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
[R]especto a los deberes del contratista en la etapa precontractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 18 de marzo de 2015, rad. 33223; del 28 de enero de 2016, rad. 34454; del 29 de agosto de 2016, rad. 34288 y del 13 de agosto de 2020, rad. 46057.
FUENTE FORMAL:
LEY 30 DE 1982 - ARTÍCULO 5, LEY 488 DE 1998
CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA TEMERIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL
Problema jurídico:
¿Cuál es el criterio de procedencia para la condena en costas en vigencia del Código Contencioso Administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
No hay lugar a la imposición de costas en esta instancia, debido a que no se evidencia una actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que ésta proceda.
FUENTE FORMAL:
LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55