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RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO

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Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: es competente la sala, para resolver solicitud de aclaración de sentencia de segunda instancia

Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias 2025-03-10 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 25000233600020140042302 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la sala, para resolver solicitud de aclaración de sentencia de segunda instancia? Sí
El contratista puede solicitar a la Sala del Consejo de Estado la aclaración de una sentencia de segunda instancia, siempre que dicha solicitud se refiera a conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda y no busquen replantear aspectos ya definidos en la decisión. En este caso, la Sala, al revisar la sentencia dictada el 23 de agosto de 2024, determinó que no había elementos que justificaran una aclaración, ya que la parte actora pretendía introducir su propia interpretación sobre el régimen aplicable al contrato, lo cual no es admisible en el marco de una solicitud de aclaración. Esta decisión reitera la importancia de que las solicitudes de aclaración se limiten a despejar dudas sobre la redacción o el alcance de los conceptos y frases contenidos en la sentencia, sin permitir la discusión de aspectos ya resueltos.síntesis automática
También resuelve: ¿Es procedente la aclaración de la sentencia de segunda instancia dictada el 23 de agosto de 2024? ¿Es procedente acceder a las solicitudes de renuncia y reconocimiento de personería, al acreditarse el cumplimiento de los requisitos de ley?
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-08-16 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 52001233300020150075801 ACCION CONTRACTUAL
¿El contrato de interventoría de obra pública al haber sido suscrito para atender la emergencia generada por el fenómeno invernal de la Niña, estaba sujeto a las reglas del derecho privado y a las disposiciones aplicables a la contratación del Fondo Nacional de Calamidades? Sí
El contratista no puede reclamar sobrecostos por excesiva onerosidad sobrevenida en un contrato de interventoría celebrado para atender emergencias generadas por fenómenos naturales, como el fenómeno de La Niña, debido a que el contrato se rige por el derecho privado y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La Sala establece que el contrato de interventoría celebrado en estas circunstancias se somete a las disposiciones del Código de Comercio y no a las del Estatuto General de Contratación, por lo que la onerosidad sobrevenida debe afectar una prestación futura, no una ya cumplida. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la aplicación del derecho privado en contratos de emergencia, limitando la posibilidad de reclamar sobrecostos basados en prestaciones ya ejecutadas.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede el reconocimiento de los sobrecostos por excesiva onerosidad sobrevenida en el contrato de interventoría, que tienen su origen en prestaciones ya cumplidas por las partes durante su… ¿La condena en costas procede contra la parte a quien se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación tramitado bajo el criterio objetivo previsto en el CPACA?
Consejo de Estado Providencia

Se presentó un incumplimiento de contrato por parte de la entidad demandada

Sentencia — Sentencia 2022-05-04 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 05001233300020140120501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se presentó un incumplimiento de contrato por parte de la entidad demandada? Sí
El contratista no puede alegar un incumplimiento del contrato por parte de la entidad estatal, ya que las normas y el contrato de alianza no establecen que las entidades estén obligadas a asumir riesgos financieros o pérdidas por la prestación del servicio de salud. Además, el contrato, regido por el derecho privado conforme a la Ley 100 de 1993, no le es aplicable la figura del desequilibrio económico ni las normas sobre liquidación del contrato, por lo que no puede restablecerse el equilibrio financiero ni efectuarse una liquidación judicial. Asimismo, la entidad demandante no puede reclamar la existencia de un estado de cosas inconstitucional a través de la acción de controversias contractuales, ya que este medio no es adecuado para tal fin y el argumento no fue presentado en la demanda original. Finalmente, las pretensiones de reparación directa por daños causados por la ejecución del contrato no son procedentes en la acción de controversias contractuales, ya que estas no se relacionan con el objeto del contrato ni con su desarrollo.síntesis automática
También resuelve: ¿Al estar regido el contrato por el derecho privado, es aplicable la figura del desequilibrio económico y las normas sobre la liquidación? ¿El estudio y declaratoria de un estado de cosas inconstitucionales se pueden reclamar a través de la acción de controversias contractuales? ¿Es procedente el estudio de pretensiones de reparación directa por daños producidos por la ejecución de un contrato?
Consejo de Estado Providencia

No es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las controversias contractuales

Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente 2025-05-07 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000233600020150125001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las controversias contractuales cuando la entidad pública actúa en el marco del derecho privado y en desarrollo del giro ordinario de una entidad financiera estatal? No
El contratista no puede acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para resolver controversias contractuales cuando la entidad financiera pública actúa en el marco del derecho privado y en el desarrollo de su giro ordinario, ya que la competencia para conocer de estos asuntos corresponde a la jurisdicción ordinaria según establece el artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esta regla se fundamenta en que las entidades financieras públicas como FONADE (hoy ENTERRITORIO) tienen una naturaleza jurídica específica que las rige bajo el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, lo que incluye funciones y actividades que se consideran parte del giro ordinario de sus negocios. La Sala reitera que la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa se limita a los actos y contratos que no sean parte del giro ordinario de las entidades financieras públicas, lo que implica que las controversias relacionadas con actividades financieras ordinarias deben ser resueltas por la jurisdicción ordinaria.síntesis automática
También resuelve: ¿Está excluido FONADE (hoy ENTERRITORIO), como empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero, de la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando actúa en… ¿Debe aplicarse la excepción de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando la controversia contractual se relaciona con actividades comprendidas dentro del giro ordinario… ¿Debe excluirse de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa una controversia contractual relacionada con funciones propias del giro ordinario de una entidad financiera pública…
DECLARA FALTA DE JURISDICCION
Consejo de Estado Providencia

Se confirmará la providencia del 16 de noviembre de 2023

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-08-13 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 85001233300020230008501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se confirmará la providencia por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Casanare rechazó la demanda? Sí
El contratista no puede presentar una demanda extemporánea de controversias contractuales si la liquidación del convenio interadministrativo no se realizó dentro del plazo acordado, ya que el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que el término para demandar comienza una vez realizada la liquidación del negocio jurídico o vencido el plazo para ello. En este caso, el convenio debía liquidarse a más tardar el 16 de diciembre de 2019, y la demanda fue radicada el 17 de octubre de 2023, por lo que es extemporánea y el Tribunal Administrativo de Casanare rechazó correctamente la demanda. Además, la entidad estatal no puede liquidar unilateralmente el convenio interadministrativo sin un acuerdo expreso y claro entre las partes, ya que la finalidad asociativa de estos convenios impide una aplicación automática del régimen legal de los contratos estatales. Por último, el convenio interadministrativo no constituye un contrato debido a la ausencia de remuneración entre las partes, sino que tiene como objetivo aunar esfuerzos para satisfacer una finalidad común.síntesis automática
También resuelve: ¿En los convenios interadministrativos resulta válido que una de las partes realice la liquidación unilateral, siempre y cuando ello esté expresamente acordado? ¿Puede predicarse que existió una remuneración de una de las partes hacia la otra? ¿El trámite de cada una de las demandas es independiente y debe analizarse de manera individual el cumplimiento de los presupuestos procesales?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La elección de la modalidad de pago, o de remuneración de cada una de las obligaciones, implica una asignación

Sentencia — Sentencia 2023-05-25 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020140085102 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La elección de la modalidad de pago, o de remuneración de cada una de las obligaciones, implica una asignación de obligaciones y riesgos entre las partes? Sí
El contratista no puede solicitar reajustes de precios en un contrato estatal pactado sin fórmula de reajuste, ya que la elección de la modalidad de pago implica una asignación de riesgos entre las partes, y el juez no puede contrariar lo acordado por las partes en ausencia de una revisión basada en la ruptura del equilibrio económico o la excesiva onerosidad. Además, el contratista no puede ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante, según lo pactado en el contrato. Asimismo, la entidad debe suministrar información técnica adecuada y suficiente para que el contratista pueda cumplir con el objeto del contrato, y en ausencia de pruebas que demuestren lo contrario, no puede ser declarado el incumplimiento. Finalmente, en caso de que se haya pagado indebidamente, se ordenará la devolución del reembolso que el consorcio contratista debía reintegrar a la entidad, como restablecimiento del derecho. Esta sentencia reitera y matiza precedentes sobre la interpretación de las cláusulas contractuales y la responsabilidad de las partes en la contratación estatal, limitando la capacidad del juez para modificar acuerdos previamente establecidos.síntesis automática
También resuelve: ¿Se pactó que el contratista no podía ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante? ¿En el expediente no obra ninguna prueba que demuestre que los estudios previos, planos, y diseños no fueron adecuados o que no se encontraban de conformidad con los estándares técnicos requeridos? ¿Se ordenará, en caso de haber sido pagado, la devolución del “reembolso” que el consorcio contratista debía reintegrar a la ESP?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2021-12-14 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000232600020090086201 ACCION CONTRACTUAL
¿Las controversias contractuales en que la entidad demandada es un un establecimiento público descentralizado del orden distrital son de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa? Sí
Esta jurisdicción conoce el presente asunto, en virtud del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo ("CCA"), modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006, vigente para la época en que fue presentada la demanda, toda vez que la parte demandada, actualmente liquidada, era un establecimiento público descentralizado del orden distrital de Bogotá. La Sala es competente, por tratarse de un asunto con vocación de doble instancia por el factor cuantía En el presente asunto se debate el cumplimiento de un contrato cuya ejecución se prolongó en el tiempo, por lo que es objeto de liquidación, como expresamente fue pactado. Por ende, según el artículo 136 numeral 10, literal c, del CCA el término de caducidad debe contarse desde el día siguiente al de la firma del acta de liquidación,… las actoras radicaron su demanda por lo que esta fue presentada en tiempo.
También resuelve: ¿La falta de agotamiento de la conciliación prejudicial, como requisito de procedibilidad de la acción ante el contencioso administrativo, da lugar al rechazo de la demanda? ¿La liquidación bilateral del contrato administrativo al ser un acuerdo entre las partes no tiene la naturaleza de un acto administrativo y por lo tanto no debió ser demandado? ¿En el contrato los plazos estipulados para la forma y condiciones de pago, se entienden en días comunes, por lo que su cómputo es efectuado según el calendario?
Consejo de Estado Providencia

El pliego de condiciones no determinó que la experiencia sería pasible de puntaje

Sentencia — Sentencia 2023-04-24 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 41001233300020170030301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuando se demanda el acto de adjudicación del contrato porque la oferta ganadora no era la más favorable, según el actor, por no cumplir con el requisito de experiencia exigida en el pliego de condiciones, se debe demostrar la ilegalidad del acto y que la propuesta del demandante era la mejor? Sí
Cuando se demanda el acto de adjudicación porque la oferta ganadora no era la más favorable, por no cumplir el requisito de experiencia exigido en el pliego, el demandante debe demostrar la ilegalidad del acto y que su propuesta era la más favorable conforme a ese pliego. La regla se apoya en la presunción de legalidad del acto de adjudicación, que solo puede desvirtuarse con la prueba del desconocimiento del pliego o de la norma aplicable, y en que la comparación entre propuestas debe hacerse con base en los requisitos habilitantes exigidos. Por ello, la sola afirmación de que la adjudicataria no cumplía la experiencia no basta para obtener la nulidad. En el asunto, el demandante sostuvo que su propuesta satisfacía el pliego y que debió adjudicársele el contrato de mantenimiento de motocicletas, pero el tribunal concluyó que la adjudicataria acreditó la experiencia y la Sala confirmó esa decisión. En la práctica, la impugnación de una adjudicación por experiencia exige probar el incumplimiento del requisito y la superioridad de la propia oferta.síntesis automática
También resuelve: ¿El cálculo de la cuantía del contrato debía ser proporcional al porcentaje de participación de los miembros de la unión temporal? ¿El derecho común el el régimen legal aplicable a los contratos sometidos por el EGCAP salvo lo estipulado por la Ley 80 de 1993? ¿Se acreditó el incumplimiento del requisito de certificar el pago de aportes a seguridad social?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Deben analizarse las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios bajo las reglas del derecho privado, al no tener naturaleza de actos administrativos las actuaciones precontractuales adelantadas por entidades sometidas al régimen contractual previsto en la Ley 142 de 1994.

Sentencia — Sentencia 2026-04-17 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020200029801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Deben analizarse las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios bajo las reglas del derecho privado, al no tener naturaleza de actos administrativos las actuaciones precontractuales adelantadas por entidades sometidas al régimen contractual previsto en la Ley 142 de 1994? Sí
Las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado, conforme a los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, y deben resolverse con fundamento en el artículo 90 de la Constitución y en las normas del Código de Comercio y del Código Civil. La regla se sostiene en tres razones: el objeto de la entidad contratante es la prestación de servicios públicos domiciliarios, lo que determina el régimen de sus procesos de selección; la ausencia de naturaleza de acto administrativo de las actuaciones precontractuales no impide que la jurisdicción conozca de la controversia, pues el medio de control de controversias contractuales se mantiene; y las pretensiones de incumplimiento y de liquidación judicial del contrato se deciden con las normas civiles y comerciales aplicables. Por ello, la controversia se analiza con esas normas y no con el Estatuto General de Contratación. La providencia modifica la decisión de primera instancia en los términos de esta regla.síntesis automática
También resuelve: ¿Logró la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. demostrar que las dificultades presentadas durante la ejecución contractual obedecieron a circunstancias imprevisibles y ajenas a su… ¿Procede el reconocimiento del desequilibrio económico del contrato solicitado con fundamento en las dificultades de ejecución derivadas de la falta de información sobre intervenciones de otras… ¿Procede el reconocimiento y pago de los denominados intereses negativos solicitados por la EAAB E.S.P. respecto de los recursos administrados mediante patrimonio autónomo…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

No hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 391 de 2008

Sentencia — Sentencia 2024-09-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 19001233100020110057302 ACCION CONTRACTUAL
¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 391 de 2008 con la que el municipio de Guapi declaró la Caducidad del Contrato de Concesión que celebró con la parte actora para la operación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y actividades complementarias, a consecuencia de haberse notificado el acto administrativo que lo contiene, de manera irregular? No
La notificación de un acto administrativo por edicto, cuando se cumplen los requisitos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, es válida y fija la fecha a partir de la cual se cuenta el término de caducidad de la acción. Esta regla se apoya en que el edicto debe fijarse por el término legal, que en el caso fue de veinte días hábiles, y en que la notificación personal al representante legal ordenada por la administración tampoco adquiere efectos distintos si el edicto se surtió conforme a la ley. Por ello el término de caducidad se computa desde la fecha de fijación y desfijación del edicto. En el caso concreto la notificación de la resolución de caducidad del contrato se surtió por edicto dentro del término legal, por lo que el término de caducidad no había operado. Por ello se revocó el auto que rechazó la demanda por caducidad y la pretensión de nulidad fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la notificación por edicto válida fija el inicio de la caducidad de la demanda contra el acto.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo? ¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la empresa de servicios públicos con la que el Municipio celebró el contrato de concesión? ¿El régimen jurídico aplicable al contrato suscrito entre la empresa de servicios públicos y el municipio, es el contemplado en el Estatuto General de la Contratación Pública?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

¿Se configura una ineptitud de la demanda pues se advierte que aun cuando el medio de control de controversias contractuales, en efecto, es el adecuado para solicitar la nulidad de los actos administrativos contractuales, como el que se analiza en esta oportunidad, lo cierto es que, en el presente asunto, el actor no incluyó dentro de sus pretensiones la de nulidad del acto administrativo contenido en el acta 76 de 2011, ni desarrollo el concepto de violación, como lo indica el artículo 162.4 del CPACA?

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 13001233300020130034002 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configura una ineptitud de la demanda pues se advierte que aun cuando el medio de control de controversias contractuales, en efecto, es el adecuado para solicitar la nulidad de los actos administrativos contractuales, como el que se analiza en esta oportunidad, lo cierto es que, en el presente asunto, el actor no incluyó dentro de sus pretensiones la de nulidad del acto administrativo contenido en el acta 76 de 2011, ni desarrollo el concepto de violación, como lo indica el artículo 162.4 del CPACA? Sí
Manuel Eduardo Lequerica Vergara presentó denuncia de vocación hereditaria, ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (en adelante, ICBF), sobre unos bienes que pertenecían al causante Francisco Rubén Rodríguez Emiliani. Con fundamento en lo anterior, ambas partes celebraron un contrato de participación, cuyo objeto era “adelantar las gestiones judiciales y extrajudiciales necesarias para que los bienes objeto de la denuncia le sean adjudicados y entregados real y materialmente al ICBF”.
También resuelve: ¿Es procedente un fallo inhibitorio cuando hay una indebida integración de la pretensión de nulidad del acto administrativo… ¿Existen formalidades para la conformación y existencia de un acto administrativo? ¿Se debe aplicar el Estatuto General de Contratación al contrato de participación suscrito por el ICBF?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Tanto la imposición de la multa como su confirmación tienen sustento en la convención

Sentencia — Sentencia 2023-06-02 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 25000233600020210024901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuál es la naturaleza jurídica de los actos demandados y del contrato de compraventa suscrito por UB S.A.S. y el FNGRD, a través de la Fiduciaria La Previsora S.A., como vocera y administradora del fondo, con cargo a la subcuenta para la mitigación de emergencias COVID 19 y cuáles son las consecuencias jurídicas? Sí
Cuando un contrato se celebra con cargo a un fondo de emergencia y las partes pactan de forma expresa que se rige por el derecho privado, ese régimen se aplica a su ejecución y a las consecuencias de su incumplimiento. La regla se apoya en la cláusula en que las partes manifestaron ese régimen y en el manual de contratación del fondo, que dispuso la ejecución conforme a sus reglas, así como en las sanciones pactadas, entre ellas la multa frente al incumplimiento de las obligaciones del contratista, que podía descontarse del saldo a favor o cobrarse judicialmente. Ese acuerdo convencional define la forma en que el fondo puede hacer efectivas las consecuencias del incumplimiento. En el asunto, el contrato de compraventa suscrito con cargo a la subcuenta de mitigación de emergencias se sometió al derecho privado, y la Sala confirmó la decisión sobre la naturaleza del negocio y sus consecuencias. En la práctica, el régimen aplicable a un contrato con cargo a fondos de emergencia depende de lo que las partes pactaron expresamente en el clausulado.síntesis automática
También resuelve: ¿Está configurada la falta de competencia de la UNGRD para adelantar el procedimiento sancionatorio para la imposición de multas, previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011… ¿En relación con la naturaleza jurídica del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD, cuál es el régimen de contratación de la entidad y la naturaleza de los actos expedidos? ¿En los contratos que no se rigen por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública pueden estipularse facultades unilaterales en favor de alguna de las partes (cláusulas…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La interventoría también se contradijo en cuanto a la ampliación del plazo de aceleración

Sentencia — Sentencia 2021-09-23 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 25000232600019961180201 ACCION CONTRACTUAL
¿Durante la ejecución del contrato de interventoría se presentó la contradicción que sirvió de fundamento a la declaratoria de incumplimiento? Sí
El contratista incumple el contrato de interventoría al presentar contradicciones en sus informes y conceptos durante la ejecución del contrato, apoyando la revocatoria de una multa impuesta por atrasos en las obras mientras, en otros informes, señala que el contratista es responsable de dichos atrasos. Esta contradicción impide el adecuado seguimiento y reporte de las condiciones de ejecución, justificando la declaración de incumplimiento y la aplicación de la cláusula penal pecuniaria. La entidad pública contratante debe verificar la ejecución y cumplimiento de los trabajos por medio de un interventor, según el Decreto-Ley 222 de 1983, lo que reitera la importancia de la labor del interventor en garantizar la correcta ejecución del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿La interventoría apoyó la revocatoria de la multa impuesta con fundamento en que el contratista no era el responsable del atraso en las obras? ¿Se justificó que se declarara el incumplimiento del contrato y se hiciera efectiva la totalidad de la cláusula penal pecuniaria? ¿La entidad pública contratante debía verificar la ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades de los contratistas por medio de un interventor?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que también puede ser declarada de oficio por el juez.

Sentencia — Sentencia 2025-02-03 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 15001233300020190028001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El medio de control de controversias contractuales es el medio de control procedente para conocer sobre la responsabilidad contractual? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el convenio… fue suscrito por el municipio de Puerto Boyacá [y la corporación] -entidad con un 51% de capital público- en el marco de sus funciones. El Consejo de Estado es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, [conforme] el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, [dado] que la pretensión [mayor], supera los 500 SMLMV. En virtud del artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, [se] declare el incumplimiento, [se] condene a quien se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas.
También resuelve: ¿El municipio de Puerto Boyacá contaba con dos años para impugnar el contrato, contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la decisión que liquidó unilateralmente el acuerdo convencional? ¿En virtud de la colaboración que debe preponderar entre las entidades del Estado, existe la posibilidad de cooperación entre estas, mediante la celebración de convenios interadministrativos? ¿En los contratos administrativos las relaciones negociales no se encuentran sujetas a un objetivo común, pues la contratista actúa a cambio de una retribución patrimonial por el cumplimiento de la…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-07-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020170147901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Ante la falta de acreditación de la fecha en que se efectuaron los pagos en dólares estadounidenses respecto de los computadores objeto del contrato de suministro, era improcedente aplicar la fórmula de reajuste por la variación de la Tasa Representativa del Mercado en favor de la Unión Temporal demandante? Sí
El contratista no puede aplicar la fórmula de reajuste por la variación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en favor de la Unión Temporal demandante cuando no acredita la fecha en que se efectuaron los pagos en dólares estadounidenses por los computadores objeto del contrato de suministro, ya que la cláusula de reajuste establece que solo se aplica si la variación de la TRM supera el 8,81%, lo cual requiere pruebas precisas sobre la fecha de los pagos. La entidad estatal actuó de buena fe al negarse a aplicar la fórmula por falta de evidencia, garantizando al contratista la posibilidad de allegar la información faltante. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con la carga de la prueba en contratos estatales que implican pagos en moneda extranjera, y subraya que la falta de acreditación de la fecha de los pagos impide la aplicación de la fórmula de reajuste, lo que puede afectar significativamente los reclamos por sobrecostos.síntesis automática
También resuelve: ¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto por tratarse de una controversia contractual en la que es parte una persona jurídica sin ánimo de lucro de… ¿Computadores para Educar es una persona jurídica sin ánimo de lucro de carácter público y con capital estatal, que cuenta con capacidad plena para acudir a los procesos judiciales? ¿Al tratarse de una asociación constituida por entidades del orden nacional, su régimen de contratación será aquel que rige a dichas entidades públicas que conformaron a la persona jurídica sin ánimo…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 68001233300020130110802 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede considerarse que la suscripción de múltiples documentos individuales entre el INVISBU y los beneficiarios de vivienda constituye la celebración de múltiples contratos independientes, distintos del contrato celebrado entre el INVISBU y Fénix? No
El contratista no puede celebrar múltiples contratos independientes con los beneficiarios de vivienda cuando ya existe un contrato único entre la entidad estatal y el constructor principal, ya que la suscripción de documentos individuales responde a necesidades operativas y no a la creación de contratos separados. La entidad estatal y el constructor principal son las partes del contrato, mientras que los beneficiarios son considerados terceros, ya que no han expresado su consentimiento directo ni han sido representados adecuadamente. Además, el contrato celebrado por el INVISBU para la construcción de viviendas en respuesta a una situación de desastre se rige por el derecho privado y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, lo que permite la aplicación de excepciones y facultades especiales previstas en la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve: ¿El contrato celebrado por el INVISBU para la construcción de viviendas, con ocasión de una situación de desastre, se encontraba sujeto al derecho privado y no al Estatuto General de Contratación de… ¿Debe el juez analizar las pretensiones contractuales aunque no se haya formulado reclamación expresa o reserva al suscribir actos como prórrogas, adiciones o suspensiones? ¿Puede el contratista exigir el reconocimiento de mayores costos derivados de las prórrogas del contrato, cuando previamente acordó expresamente que estas no generarían gastos adicionales?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se configura incumplimiento del contrato cuando el contratante paga el precio según una modificación

Sentencia — Sentencia 2021-11-22 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 05001233100019960175501 ACCION CONTRACTUAL
¿Se configura incumplimiento del contrato cuando el contratante paga el precio según una modificación que el contratista no aceptó expresamente, pero que ejecutó como si lo hubiera hecho, es decir, hubo una modificación tácita al contrato? Sí
El 16 de enero de 1995, Empresas Públicas de Medellín-EPM y Egal Ltda. celebraron contrato de obra n.° 4-DJV-1281/2, para instalar redes de abonado urbanas y rurales. Solicita el pago de los mayores costos asumidos por el suministro de madera y el reajuste del anticipo de la prórroga.… Al proceso se aportó la oferta presentada por Egal Ltda. el 19 de diciembre de 1994 al proceso de selección CD-3553. Según el contenido de su oferta, el suministro, transporte y colocación de 1200 postes de madera «mangle» de 7 metros en zona rural tenía un valor unitario de $67.275 y a un valor total de $286.260.318. Presentó una propuesta alternativa para el suministro, transporte y colocación de 1200 postes de madera «pino» de 7 metros a un valor unitario de $61.525 y un valor total de $279.360.318 (f. 101-108 c. 1).
También resuelve: ¿Se configura incumplimiento del contrato cuando el contratante reconoce el ajuste del anticipo de la prórroga desde que esta se anuncia y no desde que se cierra el proceso de selección? ¿La prórroga del contrato implica continuarlo por tiempo determinado y la renovación trae consigo hacer algo de nuevo, modificar o sustituir, especialmente lo relacionado con el valor del anticipo? ¿Cuáles son los presupuestos para la valoración probatoria del testigo sospechoso?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El contenido del acto demandado es claro

Sentencia — Sentencia 2024-09-27 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 68001233100020110072101 ACCION CONTRACTUAL
¿Teniendo en cuenta las prórrogas pactadas entre las partes para ampliar el plazo de entrega de cada obra, era improcedente imponer la multa por cumplimiento tardío de las obligaciones del contratista, estipulada en el inciso primero del numeral 49.3 del pliego de condiciones? Sí
El contratista no está obligado a pagar la multa por cumplimiento tardío estipulada en el inciso primero del numeral 49.3 del pliego de condiciones, cuando las partes han pactado una prórroga que amplía el plazo de entrega de las obras, ya que la sanción pierde su función de apremio y carece de objeto al momento de su imposición. La Sala modifica la decisión anterior que permitía la aplicación de la multa después de la prórroga, estableciendo que la entidad debe respetar el acuerdo alcanzado entre las partes para ajustar los plazos de ejecución del contrato. Esta regla implica que las partes deben negociar y ajustar los plazos del contrato en caso de atrasos, y que la entidad no puede aplicar sanciones posteriores a la prórroga sin una clara manifestación de intención en ese sentido.síntesis automática
También resuelve: ¿El contrato de obra pública celebrado entre Metrolínea y la Unión Temporal, se rigió por las normas de derecho privado concernientes a las actividades económicas y comerciales del mercado regulado? ¿Las decisiones sancionatorias proferidas por Metrolínea, al no tener la connotación de actos administrativos, no pueden ser objeto de estudio de legalidad para efectos de su declaratoria de nulidad? ¿La cláusula penal se entiende como una tasación anticipada de perjuicios, que puede hacerse efectiva a través de la multa, por un lado como un apremio al contratista para cumplir la obligación…
MODIFICA
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La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia de la acción

Sentencia — Sentencia 2022-07-06 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 15001233300020130038301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia de la acción de controversias contractuales en la que una entidad pública es parte? Sí
El contratista puede interponer un recurso de apelación ante la Sección Tercera del Consejo de Estado en segunda instancia en una acción de controversias contractuales en la que una entidad pública es parte, siempre que la cuantía del proceso y la naturaleza jurídica de la entidad estatal cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1564 de 2012. Además, la caducidad de la acción de controversias contractuales en contratos que requieren liquidación comienza a contarse a partir de la ocurrencia de dicho suceso, ya sea una liquidación bilateral o unilateral, y puede suspenderse durante el trámite conciliatorio prejudicial. Asimismo, las salvedades consignadas en el acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública pueden ser objeto de estudio por el juez en lo contencioso administrativo siempre que se alegue algún vicio del consentimiento o se haya expresado una objeción concreta en relación con el corte de cuentas, lo que reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿En los contratos que requieren liquidación, la caducidad de la acción de controversias contractuales empieza a contarse a partir de la ocurrencia de dicho suceso? ¿Las salvedades consignadas en el acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública pueden ser objeto de estudio por el juez en lo contencioso administrativo? ¿Ante situaciones imprevistas para el contratista que le generen costos adicionales, la Administración deberá restablecer el equilibrio de la ecuación contractual?
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El documento suscrito el 30 de noviembre de 1990 constituye un contrato minero de naturaleza administrativa

Sentencia — Sentencia 2025-09-17 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020040152202 ACCION CONTRACTUAL
¿El documento suscrito el 30 de noviembre de 1990 constituye un contrato minero de naturaleza administrativa, de modo que las controversias derivadas de él corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo? Sí
El contratista no puede alegar la inexistencia del contrato minero para desestimar la acción de controversias contractuales, ya que la naturaleza administrativa del documento suscrito el 30 de noviembre de 1990, celebrado por una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, lo convierte en un contrato administrativo conforme a las disposiciones del Decreto Ley 2655 de 1988 y el Decreto Ley 222 de 1983, por lo que las controversias derivadas de él corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Además, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de este tipo de litigios, siempre que la cuantía del asunto supere los 500 SMLMV, tal como dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta sentencia reitera y matiza la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa en controversias contractuales mineras, lo que implica que las partes deben acogerse a esta jurisdicción para resolver disputas relacionadas con contratos mineros, independientemente de la existencia o no del contrato en términos formales.síntesis automática
También resuelve: ¿Corresponde al Consejo de Estado conocer, en segunda instancia, del litigio contractual minero objeto del proceso, conforme a las reglas generales de competencia previstas en el CCA tras la… ¿El hecho de que durante el análisis de fondo que se realiza en el marco de la acción de controversias contractuales, se advierta que el contrato es inexistente… ¿La pretensión de obtener la declaración de existencia e incumplimiento del vínculo contractual basta para concluir que la acción de controversias contractuales fue adecuadamente escogida…
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