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¿Bajo la figura del restablecimiento del equilibrio económico, el contratista está facultado para pedir al juez del contrato su revisión mientras este se encuentra en ejecución? No
El contratista no está facultado para solicitar al juez del contrato la revisión del contrato estatal mientras este se encuentra en ejecución, conforme a la Ley 80 de 1993 y el Decreto 410 de 1971, que establecen que las partes deben buscar acuerdos para conjurar efectos de situaciones imprevistas, pero no permiten al juez modificar los términos contractuales durante la vigencia del contrato. En este caso, la demandante presentó su demanda cuando el contrato aún estaba en ejecución, por lo que sus pretensiones fueron improcedentes. Además, no se acreditó el desequilibrio económico del contrato, ya que la rentabilidad mínima no considera el impacto del impuesto al valor agregado, y la demandante no presentó pruebas suficientes para demostrar la afectación del incremento en la tarifa del IVA en la ecuación contractual. Como el recurso de apelación no prosperó, los apelantes deben ser condenados en costas y agencias en derecho, de acuerdo con el artículo 188 del Código Procesal Administrativo y los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó el desequilibrio económico del contrato?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el contrato no es liquidado inicia a partir del cumplimiento del plazo máximo que da la ley para tal efecto? Sí
El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el contrato no es liquidado inicia a partir del cumplimiento del plazo máximo que da la ley para tal efecto. En este caso, la demanda se presentó dentro del término de caducidad, el contrato terminó el 29 de octubre de 2007 y no fue liquidado, por lo cual, los dos años de caducidad se computarían desde el plazo máximo para realizar la liquidación unilateral, conforme a lo dispuesto en el literal d) del numeral 10 del artículo 136 del CCA.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que el cambio de los precios en los insumos para la ejecución de la obra provocó la ruptura del equilibrio económico del contrato?¿Cuál es el criterio de procedencia en costas en asunto regido por el CCA?
¿Se configuró el desequilibrio económico en la ejecución del contrato de aprovechamiento y sostenibilidad (...), suscrito entre Efectimedios S.A. y el DADEP, por efectos de la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID 19- desde el 16 de marzo de 2020, y hasta la fecha de terminación del contrato el 2 de mayo de 2020? Sí
El contratista puede configurar un desequilibrio económico en la ejecución del contrato por efectos de la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, si demuestra que la situación imprevista afectó directamente la ecuación financiera del contrato y que las medidas tomadas por el gobierno nacional impidieron la normal ejecución del contrato. La Sala considera que se cumplen los requisitos para el restablecimiento del equilibrio económico cuando la ruptura económica es grave, la situación fáctica es desequilibrante, no corresponde a un riesgo propio de la actividad, las solicitudes y reclamaciones se realizan oportunamente y de manera específica, y se acredita la relación entre la situación fáctica y la ruptura del equilibrio económico. En este caso, la Sala reitera la jurisprudencia sobre el reconocimiento de perjuicios por desequilibrio financiero en contratos estatales afectados por la pandemia, lo que implica que las entidades estatales deben evaluar cuidadosamente las solicitudes de restablecimiento del equilibrio económico presentadas por los contratistas en situaciones excepcionales.síntesis automática
¿Ante la falta de prueba de la suscripción del acta de recibo final prevista contractualmente para determinar el plazo de liquidación de un contrato estatal no liquidado, debe acudirse al plazo supletivo de liquidación previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 para contabilizar el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
Ante la ausencia de prueba sobre la suscripción del acta de recibo final prevista contractualmente, el término de caducidad para el medio de control de controversias contractuales se contabiliza conforme al plazo supletivo de liquidación legal. El contrato de obra número 30112018000007 carecía de liquidación bilateral y no obra en el expediente prueba del acta de entrega definitiva alegada por la parte demandante. Conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y las previsiones del CPACA para contratos de tracto sucesivo no liquidados, la administración conservaba la facultad de liquidar unilateralmente dentro del plazo supletorio. Por consiguiente, la Sala confirmó la decisión que evaluó la oportunidad de la demanda aplicando las reglas relativas al cómputo de la caducidad contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre la responsabilidad contractual por incumplimiento de la entidad estatal cuando esta se plantea por primera vez en la apelación…¿Satisface la carga de formular reparos concretos el recurso de apelación que reitera los argumentos de la demanda mediante afirmaciones genéricas y no controvierte la ratio decidendi de la sentencia…
¿El derecho al mantenimiento del equilibrio del contrato está previsto como una garantía a favor del contratista, para evitar que quien acude como colaborador de la administración quede desprotegido frente a situaciones adversas de naturaleza imprevisible o derivadas de la conducta de su contraparte, que alteren de manera grave la economía del contrato? Sí
El derecho al mantenimiento del equilibrio del contrato está previsto como una garantía a favor del contratista, para evitar que quien acude como colaborador de la administración quede desprotegido frente a situaciones adversas de naturaleza imprevisible o derivadas de la conducta de su contraparte, que alteren de manera grave la economía del contrato. La Ley 80 de 1993 reconoce este derecho, reconociendo que el equilibrio económico del contrato debe mantenerse cuando se vea alterado por situaciones imprevistas y no imputables a las partes. El derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato es una garantía fundamental para proteger los intereses del contratista frente a alteraciones graves en la economía del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente el reconocimiento del desequilibrio económico del contrato de obra pública a favor del contratista, por mayor permanencia fundada en ampliaciones del plazo de ejecución del…¿El pago de la contribución concebida en la Ley 1106 de 2006, puede ser considerado como imprevisto y, por tanto, otorga derecho al restablecimiento del
¿Es oportuna la demanda de controversias contractuales presentada después de vencidos los dos años siguientes a la liquidación bilateral del contrato, cuando dentro de ese término se radicó solicitud de conciliación extrajudicial que suspendió la caducidad y la demanda se presentó antes del vencimiento del término reanudado? Sí
El contratista interpone la demanda de controversias contractuales dentro del plazo legal aplicable tras la suspensión temporal derivada de un trámite de conciliación extrajudicial fallido. De conformidad con lo previsto en el artículo 164, numeral 2, literal j), sub literal iii) del CPACA, cuando se trate de contratos que requieran liquidación y esta se haya efectuado de común acuerdo entre las partes, el término para presentar la demanda en ejercicio del medio de control de controversias contractuales es de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a la suscripción del acta de liquidación. En el presente caso, la liquidación del contrato fue suscrita por ambas partes el 5 de septiembre de 2013, y aunque el término vencía inicialmente el 6 de septiembre de 2015, la solicitud de conciliación extrajudicial presentada el 28 de agosto de 2015 suspendió el plazo por noventa días, permitiendo que la demanda presentada de manera oportuna fuera tramitada y confirmada en su integridad por la corporación judicial.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez del contrato estudiar como desequilibrio económico las pretensiones que el demandante formuló como incumplimiento contractual…¿Permite apartarse de la sentencia de primera instancia el recurso de apelación que se limita a afirmar de manera genérica que el análisis integral de las pruebas conducía a acceder a las…¿El incumplimiento de la entidad demandada del deber de aportar los antecedentes administrativos con la contestación de la demanda releva al contratista demandante de la carga de probar el…
¿Los contratos de estabilidad tributaria se perfeccionaron por no haberlos celebrado dentro de los dos meses siguientes a la solicitud? No
El contratista no puede perfeccionar un contrato de estabilidad tributaria por el silencio administrativo de la DIAN, ya que este no implica un acuerdo tácito entre las partes, y la entidad no aceptó la propuesta inicial del contratista, por lo que no se configuró un contrato válido. Además, la DIAN presentó un proyecto de contrato que no fue aceptado por el contratista, por lo que no se estableció una obligación contractual. La Sala reitera que, en ausencia de un contrato, no procede la nulidad de actos administrativos relacionados con la publicación del contrato y la devolución de tributos pagados, y que el contratista debe demandar la indemnización de perjuicios por la configuración de responsabilidad precontractual, si es que existen. Este precedente reitera la importancia de la voluntad expresa de las partes para la perfección del contrato y la necesidad de reclamar indemnización por perjuicios en caso de configurarse la responsabilidad precontractual.síntesis automática
También resuelve:¿Por regla general, los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 de ese estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes?¿Aunque no se perfeccione el contrato, en la etapa preparatoria se originan deberes precontractuales cuya observancia es relevante?¿La oferta, como acto voluntario y unilateral propio de la formación del contrato, constituye un acto que tiene efectos jurídicos?
¿El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral, si así se hubiere estipulado, deberá tenerse en cuenta para el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral de los contratos estatales, cuando así se hubiere estipulado expresamente, debe tenerse en cuenta para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales. De conformidad con el numeral 2 literal j) del artículo 164 del CPACA, el término de dos años para demandar se cuenta desde el vencimiento del plazo fijado para liquidar el negocio jurídico, consolidando la oportunidad procesal de la acción cuando se interpone dentro del lapso legal.síntesis automática
También resuelve:¿No se allego el estatuto de contratación de la sociedad demandada, en calidad de E.S.P.?¿Con el otrosí las partes ajustaron los rubros relativos a los costos directos y los costos indirectos, según lo establecido en los anexos técnicos de la prórroga?¿Hay prueba de la manifestación expresa del consorcio que las suspensiones y prórrogas no generarían desbalance económico o mayores costos para la entidad contratante?
¿Está probado que la mayor permanencia del contratista en obra por las suspensiones del contrato, hubiera generado un rompimiento del equilibrio económico del contrato por sobrecostos? No
El contratista que reclame sobrecostos por una mayor permanencia en obra debido a las suspensiones del contrato debe acreditar costos adicionales a los previstos en el contrato que efectivamente afecten su patrimonio, pues la sola presencia de personal, equipos y maquinaria en la obra no demuestra por sí misma el desequilibrio. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, cuando el contratista renuncia a los costos por el tiempo adicionado, solo pueden revisarse los sobrecostos causados después de agotado el plazo original y durante los periodos de suspensión. Segundo, los gastos que el contratista afronta por actividades connaturales a sus obligaciones no constituyen sobrecostos reclamables. Tercero, cuando las suspensiones tienen origen, en parte, en riesgos asignados al contratista según la matriz de riesgos del contrato, como la demora en el trámite de licencias ambientales, el reclamo no prospera. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el contratista debe demostrar costos efectivamente incurridos y ajenos a los riesgos que le fueron asignados.síntesis automática
También resuelve:¿El silencio de una de las partes, frente a las modificaciones o adiciones del contrato, constituye una renuncia automática e inmediata a la posibilidad de formular reclamaciones en un proceso…¿Conforme al principio de buena fe contractual, el juez debe abstenerse de pronunciarse sobre las estipulaciones acordadas por las partes en relación con las prórrogas del contrato…¿Para que la mayor permanencia en obra configure una ruptura del equilibrio financiero del contrato, es necesario acreditar un incumplimiento del contratante o la ocurrencia de un riesgo imprevisible…
¿La ejecución de labores tendientes a completar la cartografía base necesaria para el cumplimiento del objeto contractual era una obligación del contratista, cuyos costos debieron ser asumidos conforme a los términos de referencia? Sí
El contratista que ejecuta un contrato cuyos términos de referencia le exigen completar la información faltante de la cartografía suministrada por la entidad debe asumir el costo de esas labores, pues forman parte de las actividades necesarias para la cumplida ejecución del objeto contratado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, cuando los términos de referencia prevén expresamente la georreferenciación de espacios que no aparecen en la cartografía entregada, el proponente conoce desde el proceso de selección que debe presupuestar esa eventualidad. Segundo, que la cartografía cubra el total del área no elimina el deber de completar sus vacíos cuando son necesarios para ejecutar el objeto. Tercero, no existe un sobrecosto reembolsable cuando el gasto corresponde a una obligación que el contratista debía asumir y no se prueba un incumplimiento de la entidad que lo haya generado. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el contratista que alegue sobrecostos por labores de cartografía debe demostrar que, según los documentos del proceso de selección, esas labores no le correspondían.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo?¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la firma del acta de liquidación bilateral del contrato?¿Las salvedades plasmadas de forma clara y expresa en el acta de liquidación bilateral del contrato, habilitan al contratista afectado a acudir al juez contractual…
¿Puede considerarse que la suscripción de múltiples documentos individuales entre el INVISBU y los beneficiarios de vivienda constituye la celebración de múltiples contratos independientes, distintos del contrato celebrado entre el INVISBU y Fénix? No
El contratista no puede celebrar múltiples contratos independientes con los beneficiarios de vivienda cuando ya existe un contrato único entre la entidad estatal y el constructor principal, ya que la suscripción de documentos individuales responde a necesidades operativas y no a la creación de contratos separados. La entidad estatal y el constructor principal son las partes del contrato, mientras que los beneficiarios son considerados terceros, ya que no han expresado su consentimiento directo ni han sido representados adecuadamente. Además, el contrato celebrado por el INVISBU para la construcción de viviendas en respuesta a una situación de desastre se rige por el derecho privado y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, lo que permite la aplicación de excepciones y facultades especiales previstas en la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato celebrado por el INVISBU para la construcción de viviendas, con ocasión de una situación de desastre, se encontraba sujeto al derecho privado y no al Estatuto General de Contratación de…¿Debe el juez analizar las pretensiones contractuales aunque no se haya formulado reclamación expresa o reserva al suscribir actos como prórrogas, adiciones o suspensiones?¿Puede el contratista exigir el reconocimiento de mayores costos derivados de las prórrogas del contrato, cuando previamente acordó expresamente que estas no generarían gastos adicionales?
¿Debe negarse el reconocimiento de sobrecostos y gastos por mayor permanencia en obra cuando las partes ya acordaron expresamente, mediante suspensiones, prórrogas y otrosíes, que dichos eventos no generarían pagos adicionales al precio pactado? Sí
El juez niega el reconocimiento judicial de sobrecostos y gastos por mayor permanencia en obra pública cuando las partes contratantes acuerdan expresamente, mediante actas de suspensión, prórrogas y otrosíes, que dichos eventos modificatorios no generarán pagos adicionales al precio inicialmente pactado. En este proceso de controversias contractuales, la decisión se fundamenta en los principios constitucionales de pacta sunt servanda y previsibilidad, así como en la rigurosa distribución del riesgo contractual establecida en la matriz negocial, distribuyendo las agencias en derecho entre los integrantes del consorcio según su exacto porcentaje de participación.síntesis automática
También resuelve:¿En los contratos estatales sometidos a un régimen especial distinto del general, el contratista posee un derecho implícito a la preservación del equilibrio económico del contrato…¿Debe imponerse condena en costas a la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación, fijando las agencias en derecho conforme a criterios objetivos y distribuyéndolas entre…
¿Es procedente la pretensión de enriquecimiento sin justa causa cuando el conflicto tiene su origen en un negocio jurídico perfeccionado y no en un hecho contractual o extracontractual? No
El contratista no puede invocar la acción de enriquecimiento sin justa causa cuando el conflicto tiene su origen en un negocio jurídico perfeccionado y no en un hecho contractual o extracontractual, ya que la controversia debe ser resuelta bajo la óptica contractual y no mediante la compensación por enriquecimiento sin causa, salvo en casos excepcionales donde la afectación del interesado carezca de razón jurídica contractual o extracontractual. La entidad estatal, en este caso, debe tramitar el litigio bajo las reglas de la reparación directa o del contrato, según corresponda, lo que implica que las pretensiones relacionadas con el enriquecimiento sin causa resultan improcedentes. La Sala reitera la jurisprudencia en este sentido, lo que limita la posibilidad de utilizar esta acción en casos de cumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Los argumentos del recurso de apelación delimitan el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia?¿Está sometida una empresa industrial y comercial del Estado al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en los contratos celebrados para el cumplimiento de su misión?¿Constituye la ausencia de salvedades en instrumentos contractuales modificatorios una renuncia automática del contratista a formular reclamaciones por desequilibrio económico?
¿Existen saldos a favor de alguna de las partes con ocasión de la ejecución del contrato de concesión que les generen saldo a favor? No
El contrato de concesión no permite la devolución de saldos a favor de ninguna de las partes durante su ejecución, salvo que las partes manifiesten estar a paz y salvo hasta una fecha específica, en la que se amplía el plazo del contrato. En este caso, el dictamen judicial no fue detallado y preciso, por lo que no tiene eficacia probatoria. Además, la parte demandante no puede desconocer sus actos propios al reclamar incumplimientos de obligaciones respecto de las cuales manifestó estar a paz y salvo. La renuncia del concesionario a cualquier acción judicial derivada del contrato en el acta de acuerdo también impide estudiar reclamaciones del demandante respecto a incumplimientos posteriores. Las entidades estatales están autorizadas para celebrar contratos que permitan la autonomía de la voluntad y se requieran para el cumplimiento de los fines estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Las pretensiones no se ajustan a la buena fe contractual, pues lo que pretende el demandante es desconocer sus actos propios al reclamar el incumplimiento de obligaciones respecto de las cuales…¿Como el concesionario renunció a cualquier acción judicial derivada del contrato en el acta de acuerdo, tampoco es posible estudiar las reclamaciones del demandante respecto a posibles…¿Las entidades están autorizadas para celebrar los contratos y acuerdos que permita la autonomía de la voluntad y que se requieran para el cumplimiento de los fines estatales?
¿Constituía un requisito legal obligatorio la obtención previa de la licencia ambiental antes de iniciar el proceso de licitación pública para la construcción del horno crematorio en el Cementerio Sur? No
El contratista no está obligado a obtener la licencia ambiental antes de iniciar el proceso de licitación para la construcción del horno crematorio, ya que esta no era un requisito legal previo según el pliego de condiciones y el Decreto 1753 de 1994. Sin embargo, una vez que el contratista asume la construcción del horno crematorio en su oferta, la responsabilidad de gestionar la licencia ambiental recae sobre él, conforme a la cláusula del contrato y las reglas de buena fe y equidad natural del derecho privado. Esto implica que el concesionario debe asumir los costos y riesgos asociados a la obtención de la licencia ambiental, en línea con la naturaleza del contrato de concesión y su marco normativo.síntesis automática
También resuelve:¿Estaba obligada la UESP a gestionar la licencia ambiental para una obra no exigida en el pliego de condiciones antes de la suscripción del contrato?¿Recaía en el concesionario la responsabilidad de gestionar la licencia ambiental para la construcción del horno crematorio, en virtud del contrato y de las reglas supletorias del derecho privado?¿Corresponde al concesionario, en virtud del contrato de concesión y su marco normativo, asumir la gestión y costos de obtención de la licencia ambiental requerida para la construcción del horno…
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre hechos o pretensiones introducidos extemporáneamente por la parte demandante en el recurso de apelación? No
El juez delimita su competencia en segunda instancia al examen riguroso de los reparos específicos presentados en contra de la sentencia de primer grado, en estricta sujeción al artículo 328 del Código General del Proceso. La Sala precisa además que no resulta viable pronunciarse sobre modificaciones sustanciales a la causa petendi introducidas de forma extemporánea con posterioridad a la presentación de la demanda y a su oportunidad legal de reforma, en estricta salvaguarda del derecho fundamental al debido proceso y del principio cardinal de congruencia procesal.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez de segunda instancia determinar de oficio el régimen jurídico aplicable al contrato, incluso si ello no fue cuestionado en el recurso de apelación?¿Está sometido al régimen de derecho público el contrato de concesión suscrito en 1998 entre un municipio y un particular para la prestación del servicio de alumbrado público?¿Tiene naturaleza jurídica de impuesto el cobro que realizan los municipios por el servicio de alumbrado público?
¿La competencia del juez de segunda instancia se encuentra limitada por lo determinado en el recurso de apelación? Sí
El juez de segunda instancia está limitado en su competencia por los reparos específicos presentados en el recurso de apelación, según establecen los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso, lo que implica que no puede pronunciarse sobre aspectos no debatidos en el recurso. Además, la Sala determina que la resolución demandada tiene la naturaleza de acto administrativo consensual, caracterizado por la necesidad de un acuerdo previo entre la administración y los destinatarios, aunque la voluntad final aparezca como unilateral. En este contexto, el concesionario que demanda un acto administrativo consensual que había aceptado durante el proceso contractual actúa contrariando el principio de buena fe, ya que este principio exige que las partes cumplan con las obligaciones asumidas en el contrato y respeten las decisiones tomadas durante el procedimiento. Esta regla modifica la interpretación previa sobre los límites de la competencia del juez de segunda instancia y la naturaleza de los actos administrativos consensuales, lo que implica que los jueces deben ser más restrictivos en su análisis y que los actores deben considerar cuidadosamente las implicaciones de la buena fe contractual antes de presentar demandas.síntesis automática
También resuelve:¿La resolución demandada tiene la naturaleza de acto administrativo consensual?¿El concesionario al demandar el acto administrativo consensual que había aceptado durante el proceso contractual, actuó contrariando el principio de buena fe?¿La resolución demandada al fijar el valor de la prórroga desconoció las normas sobre las que debía fundarse?
¿Puede la Sala analizar el enriquecimiento sin causa alegado por el consorcio en el recurso de apelación, con fundamento en la ejecución de mayores cantidades de obra, pese a que no formuló esa pretensión en la demanda y el municipio no tuvo oportunidad de ejercer su defensa frente a ella? No
El contratista no puede introducir en el recurso de apelación un nuevo argumento sobre enriquecimiento sin causa basado en la ejecución de mayores cantidades de obra, ya que no fue planteado en la demanda y el municipio no tuvo oportunidad de defenderse, lo que violaría el principio de congruencia y el derecho de defensa, según establece el artículo 281 del Código General del Proceso aplicado por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala reitera que el análisis de nuevos cargos en segunda instancia es improcedente, limitando así el pronunciamiento del juez a las pretensiones y argumentos presentados en la demanda original.síntesis automática
También resuelve:¿La ocurrencia de un hecho ajeno a las partes e imprevisible al momento de contratar, que genera una afectación grave de la ecuación económica del contrato y lo torna más oneroso para una de ellas…¿Se configuró la ruptura del equilibrio económico del contrato por la teoría de la imprevisión, debido a los mayores costos que el consorcio atribuyó a las crecientes del río Bugalagrande…¿Debe mantenerse la condena en abstracto por el desequilibrio económico del contrato derivado de la implementación de los protocolos de bioseguridad por el COVID-19…
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia de la acción de controversias contractuales en la que una entidad pública es parte? Sí
El contratista puede interponer un recurso de apelación ante la Sección Tercera del Consejo de Estado en segunda instancia en una acción de controversias contractuales en la que una entidad pública es parte, siempre que la cuantía del proceso y la naturaleza jurídica de la entidad estatal cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1564 de 2012. Además, la caducidad de la acción de controversias contractuales en contratos que requieren liquidación comienza a contarse a partir de la ocurrencia de dicho suceso, ya sea una liquidación bilateral o unilateral, y puede suspenderse durante el trámite conciliatorio prejudicial. Asimismo, las salvedades consignadas en el acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública pueden ser objeto de estudio por el juez en lo contencioso administrativo siempre que se alegue algún vicio del consentimiento o se haya expresado una objeción concreta en relación con el corte de cuentas, lo que reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:¿En los contratos que requieren liquidación, la caducidad de la acción de controversias contractuales empieza a contarse a partir de la ocurrencia de dicho suceso?¿Las salvedades consignadas en el acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública pueden ser objeto de estudio por el juez en lo contencioso administrativo?¿Ante situaciones imprevistas para el contratista que le generen costos adicionales, la Administración deberá restablecer el equilibrio de la ecuación contractual?
¿Se presentó de forma de oportuna la acción de controversias contractuales incoada para demandar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de obra pública suscrito entre las partes, el cual debía ser objeto de liquidación? Sí
El contratista presenta oportunamente la acción de controversias contractuales para demandar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de obra pública que debe ser objeto de liquidación, siempre que la liquidación se haya efectuado de común acuerdo entre las partes y se cuente con la acta respectiva. En este caso, el contrato de obra pública fue liquidado bilateralmente el 4 de diciembre de 2009, por lo que el término de caducidad de la acción de controversias contractuales, que es de dos años, vence el 5 de diciembre de 2011. La demanda fue presentada el 3 de junio de 2011, lo que resulta oportuna, incluso sin considerar el lapso de suspensión por el procedimiento de conciliación extrajudicial. La Sala confirma que la acción de controversias contractuales fue presentada a tiempo, matizando la jurisprudencia anterior que podría haber interpretado que la falta de salvedades en las adiciones, prórrogas y suspensiones durante la ejecución del contrato invalidaba las pretensiones del contratista. Esto implica que las partes deben respetar las modificaciones pactadas en acuerdos bilaterales, incluso si no incluyen salvedades, y que la buena fe obliga a cumplir con las manifestaciones de voluntad previas.síntesis automática
También resuelve:¿La competencia del juez de segunda instancia al resolver un recurso de apelación se encuentra limitada por los precisos argumentos esgrimidos por el recurrente…¿El hecho de que el contratista no hubiera dejado salvedades en las adiciones, prórrogas y suspensiones que se produjeron durante la ejecución del negocio jurídico…¿Independientemente de la causa por la cual se alegue que se produjo el rompimiento del equilibrio económico del contrato…