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Empresa de servicios públicos,Facultad,Competencia – Mes: mayo – Año: 2023…
También resuelve:Clausulas excepcionales: empresas de servicios públicos, facultad, competenciaRepública de colombiaConsejo de estado sala de lo contencioso administrativo sección tercera: subsección b
¿Se configuró la nulidad procesal insaneable de falta de jurisdicción por existencia de cláusula compromisoria? No
El contratista no puede invocar la nulidad procesal por falta de jurisdicción cuando exista una cláusula compromisoria en el contrato, a menos que esta no haya sido renunciada tácitamente durante el proceso, lo que permite a la jurisdicción contencioso administrativa resolver el caso integralmente. En un convenio de asociación, el régimen jurídico es generalmente el del derecho privado, pero las partes pueden pactar cláusulas exorbitantes previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, y la entidad estatal puede declarar unilateralmente la caducidad del contrato si así lo autoriza la normativa aplicable, como el Decreto 777 de 1992. Esta regla confirma la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa para resolver casos relacionados con convenios de asociación regidos por el derecho privado, y reitera la facultad de las entidades estatales para decretar la caducidad de contratos de asociación de manera unilateral, siempre y cuando esté previsto en la normativa aplicable.síntesis automática
También resuelve:¿Las partes celebraron un convenio de asociación y su régimen jurídico es el del derecho privado?¿El Banco Inmobiliario Metropolitano tenía la potestad legal de pactar las cláusulas exorbitantes y a la vez contaba con la competencia para decretarlas de manera unilateral?
¿El contrato de interventoría de obra pública al haber sido suscrito para atender la emergencia generada por el fenómeno invernal de la Niña, estaba sujeto a las reglas del derecho privado y a las disposiciones aplicables a la contratación del Fondo Nacional de Calamidades? Sí
El contratista no puede reclamar sobrecostos por excesiva onerosidad sobrevenida en un contrato de interventoría celebrado para atender emergencias generadas por fenómenos naturales, como el fenómeno de La Niña, debido a que el contrato se rige por el derecho privado y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La Sala establece que el contrato de interventoría celebrado en estas circunstancias se somete a las disposiciones del Código de Comercio y no a las del Estatuto General de Contratación, por lo que la onerosidad sobrevenida debe afectar una prestación futura, no una ya cumplida. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la aplicación del derecho privado en contratos de emergencia, limitando la posibilidad de reclamar sobrecostos basados en prestaciones ya ejecutadas.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el reconocimiento de los sobrecostos por excesiva onerosidad sobrevenida en el contrato de interventoría, que tienen su origen en prestaciones ya cumplidas por las partes durante su…¿La condena en costas procede contra la parte a quien se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación tramitado bajo el criterio objetivo previsto en el CPACA?
¿El contratista incumplió el contrato y no demostró la excepción de contrato no cumplido que justifique dicho incumplimiento? Sí
El contratista incumple el contrato y no demuestra la excepción de contrato no cumplido que justifique dicho incumplimiento, por lo que la entidad estatal puede declarar la terminación unilateral y aplicar la cláusula penal pecuniaria pactada, sin necesidad de emitir un acto administrativo. La Sala modifica la sentencia al establecer que las facultades unilaterales no están prohibidas en contratos regidos por el derecho privado, siempre y cuando no se ejerzan mediante acto administrativo. Además, reitera que en derecho común es posible pactar una cláusula penal con función de apremio, y que para que prosperara la excepción de contrato no cumplido, el contratista debía demostrar que los incumplimientos de la entidad estatal generaron directamente sus propios incumplimientos, lo cual no se probó en este caso. Esta decisión implica que las partes deben cumplir rigurosamente con las condiciones estipuladas en el contrato para ejercer sus facultades unilaterales y que la excepción de contrato no cumplido requiere una conexión directa entre los incumplimientos alegados.síntesis automática
También resuelve:¿La formulación de pretensiones como principales y subsidiarias tiene como objeto indicarle al juzgador cuál es la declaración que el demandante solicita que se resuelva en primer lugar?¿En derecho privado, las facultades unilaterales están prohibidas?¿En derecho común es posible pactar una cláusula penal con función de apremio?
¿Cuándo en el contrato no se pacta un plazo perentorio para la orden de inicio de la obra por parte de la entidad estatal, en este caso INVIAS, puede considerarse como incumplimiento de la entidad que lo hiciera en marzo, lo que evito que el contratista adelantara la obra en la época seca del año y fuera afectado por el fenómeno de la niña, lo cual conllevo a mayores costos? No
El contratista no puede alegar incumplimiento por parte de la entidad estatal cuando no se pacta un plazo perentorio para la orden de inicio de la obra, ya que la falta de esta no implica que la entidad haya incumplido su obligación contractual, especialmente si no se demuestran mayores costos o afectaciones por fenómenos climáticos. Además, la entidad no está obligada a suscribir una prórroga del contrato basándose únicamente en el visto bueno de la interventoría, ya que la entidad puede evaluar la viabilidad de la prórroga considerando los incumplimientos del contratista. Asimismo, el valor del anticipo no amortizado debe ser devuelto a la entidad contratante, no como indemnización por incumplimiento, sino como consecuencia de la falta de amortización pactada en el contrato. Estas reglas reiteran y matizan precedentes sobre la interpretación de plazos y prórrogas en contratos estatales, y establecen claramente que la devolución del anticipo no es una indemnización por incumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve:¿La existencia de un visto bueno de la interventoría implica el deber de la entidad de suscribir una prórroga de un contrato de obra?¿El valor del anticipo que fue dejado de amortizar por el contratista debe ser restituido a la entidad contratante y no corresponde a una indemnización de perjuicios por incumplimiento contractual ?¿El uso de las potestades excepcionales, que le permiten a la entidad ejercerlas sin acudir al juez del contrato no es obligatorio…
¿Existe ineptitud sustantiva de la demanda cuando se demandan actos administrativos de trámite? Sí
El interventor no comete ilegalidad al emitir un informe en su calidad de director de interventoría, incluso si ha sido removido de cargos administrativos superiores, siempre que la firma del informe sea consensuada y legalmente válida, y no afecte la continuidad de la obra. En este caso, el señor, quien era director de interventoría, emitió un informe crucial para el procedimiento administrativo sancionatorio, a pesar de haber sido removido del cargo de subgerente. Su firma en el informe fue avalada por la presencia del representante legal de la sociedad interventora en las reuniones y la firma conjunta de las actas, lo que garantizó la legalidad del documento. Como resultado, la Sala considera que el informe no es ilegal y lo tiene en cuenta para estudiar el procedimiento administrativo sancionatorio, descartando la supuesta infracción del literal a del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.síntesis automática
También resuelve:¿Se demostró que el informe de interventoría tuviera las inconsistencias alegadas por el demandante?¿El contratista debe demostrar que las precipitaciones invernales superaron el grado de previsibilidad necesario para ocasionar la fractura de la ecuación contractual?¿La suspensión de mutuo acuerdo del contrato puso al contratista en un estado de incumplimiento contractual?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra sentencias proferidas por los tribunales administrativos cuando la cuantía de la pretensión supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este caso, la entidad estatal terminó unilateralmente un contrato de prestación de servicios, lo que generó una demanda por parte del contratista. La cuantía de la pretensión superaba el umbral legal en la fecha de presentación de la demanda, por lo que el Consejo de Estado tuvo competencia para revisar el recurso de apelación. La Sala revocó la sentencia del tribunal administrativo, confirmando la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y reafirmando la importancia de la doble instancia en la jurisdicción contenciosa administrativa.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la expedición del acta de terminación del contrato?¿El hallazgo de una causal de nulidad absoluta del contrato exime al juez de pronunciarse sobre las pretensiones de nulidad formuladas contra el acto administrativo contractual?¿La motivación del acto administrativo de terminación unilateral debe fundamentarse en alguna de las causales del artículo 17 de la Ley 80 de 1993 o en uno de los eventos establecidos en el inciso…
¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 391 de 2008 con la que el municipio de Guapi declaró la Caducidad del Contrato de Concesión que celebró con la parte actora para la operación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y actividades complementarias, a consecuencia de haberse notificado el acto administrativo que lo contiene, de manera irregular? No
La notificación de un acto administrativo por edicto, cuando se cumplen los requisitos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, es válida y fija la fecha a partir de la cual se cuenta el término de caducidad de la acción. Esta regla se apoya en que el edicto debe fijarse por el término legal, que en el caso fue de veinte días hábiles, y en que la notificación personal al representante legal ordenada por la administración tampoco adquiere efectos distintos si el edicto se surtió conforme a la ley. Por ello el término de caducidad se computa desde la fecha de fijación y desfijación del edicto. En el caso concreto la notificación de la resolución de caducidad del contrato se surtió por edicto dentro del término legal, por lo que el término de caducidad no había operado. Por ello se revocó el auto que rechazó la demanda por caducidad y la pretensión de nulidad fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la notificación por edicto válida fija el inicio de la caducidad de la demanda contra el acto.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo?¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la empresa de servicios públicos con la que el Municipio celebró el contrato de concesión?¿El régimen jurídico aplicable al contrato suscrito entre la empresa de servicios públicos y el municipio, es el contemplado en el Estatuto General de la Contratación Pública?
Sentencia — Sentencia2024-03-22Sección Segunda (Subsección B)JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBARRad. 11001031500020240075200ACCIONES DE TUTELA
¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B vulneró los derechos fundamentales de La Previsora S.A. Compañía de Seguros con ocasión de la providencia proferida del 14 de julio de 2023, a través de la cual, en segunda instancia, negó las súplicas de la demanda y declaró la responsabilidad de Centurión por el incumplimiento del Contrato (...), concedió a favor de Ecopetrol la pretensión de condena subsidiaria contenida en la demanda de reconvención y declaró responsable a La Previsora S.A. del pago de dichos valores amparados en las pólizas de seguro de cumplimiento 3002464 y 3002465? No
El contratista no puede acudir a la acción de tutela para impugnar una decisión judicial que declara su responsabilidad por el incumplimiento de un contrato estatal y condena al seguro de cumplimiento a pagar la cláusula penal, ya que la Sala determinó que la providencia fue debidamente fundamentada y ajustada a derecho, sin vulnerar los derechos fundamentales del contratista ni desconocer la jurisprudencia existente. La decisión judicial se basó en un adecuado análisis probatorio y en la interpretación razonable de la cláusula penal del contrato, sin incurrir en defectos fácticos o procedimentales. La Sala reitera que la tutela no puede convertirse en una tercera instancia para revisar la valoración de pruebas o la interpretación jurídica del juez natural, salvo que se demuestre una vulneración manifiesta de derechos fundamentales.síntesis automática
¿Procede la nulidad parcial del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato y lo liquidó unilateralmente, en cuanto ordenó hacer efectivo el amparo de anticipo a cargo de la aseguradora sin que se hubiera acreditado un uso o apropiación indebida? Sí
La garantía de anticipo cubre el uso o la apropiación indebida del anticipo, pero no la no amortización de este, de modo que la entidad no puede hacer efectivo el amparo de anticipo por ese último concepto. La regla se apoya en el alcance del amparo que el reglamento vigente para la época de los hechos exigía en las garantías únicas de cumplimiento, según el Decreto 679 de 1994. Por ello, la devolución de la parte no amortizada del anticipo, ordenada en la liquidación unilateral, no permite cobrar el amparo a la aseguradora si no se acreditó un uso indebido. En el asunto, la entidad ordenó hacer efectivo el amparo de anticipo al declarar la caducidad, sin acreditar uso o apropiación indebida, por lo que la Sala anuló parcialmente los actos demandados en esa parte. En la práctica, el amparo de anticipo exige probar el uso indebido y no basta con el saldo no amortizado del anticipo.síntesis automática
También resuelve:¿En el pliego de condiciones se previó la inclusión de cláusulas excepcionales, por ser obligatorias en contratos suscritos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de…¿EPM estaba facultado para declarar la caducidad del contrato, debido a que en el pliego de condiciones se reguló la inclusión de cláusulas excepcionales en los que se otorgaba esa potestad a la…¿La declaratoria de caducidad del contrato administrativo estuvo motivada en el incumplimiento por parte del contratista que dio lugar a la suspensión de la ejecución de las obras?
¿Los actos administrativos demandados dieron por terminado unilateralmente el contrato, por lo que debe entenderse que la entidad estatal ejerció la facultad de terminación unilateral prevista en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993? No
El contratista no puede impugnar la terminación del contrato por vencimiento del plazo pactado, ya que los actos administrativos de Corpoguarjira indican que el contrato finalizó por el vencimiento del plazo de ejecución, no por una terminación unilateral, y el plazo inicial de 16 meses, prorrogado por nueve meses más, había expirado antes de la fecha de expedición de dichos actos. Además, el contrato celebrado entre Corpoguarjira y Acuavalle, a pesar de ser denominado convenio interadministrativo, es en realidad un contrato interadministrativo de obra sometido al estatuto general de contratación estatal, por lo que Corpoguarjira tiene competencia para declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la cláusula penal mediante actos administrativos, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que permite a las entidades declarar el incumplimiento del contrato luego de su terminación y hacer efectiva la cláusula penal, siempre y cuando dicha facultad haya sido pactada en el contrato, como en este caso. Esto implica que la entidad estatal puede adoptar decisiones contractuales en conformidad con el régimen jurídico aplicable a los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿En el contrato administrativo suscrito entre las partes, al ser un contrato cuyo régimen jurídico no era el derecho privado sino el contemplado en el estatuto general de la contratación estatal…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-05-04Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 05001233300020200333301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿De la confrontación de la norma superior invocada, que indica que para utilizar "cláusulas exorbitantes" en un contrato celebrado por una empresa social del Estado, está a su discreción debe haberlas pactado, con las resoluciones acusadas que impusieron la caducidad del contrato, sin que se hubiera pactado que la E.S.E. lo pudiera hacer, se cumple el primer requisito para decretar la medida cautelar de la suspensión provisional de dichas resoluciones? Sí
El contratista puede solicitar la suspensión provisional de resoluciones que declaren la caducidad de un contrato estatal cuando la entidad estatal no haya pactado en el contrato la facultad de declarar la caducidad, lo cual implica una violación del numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993. La Sala considera que la acreditación de un pasivo a cargo de la compañía aseguradora a favor de la E.S.E., como consecuencia de la declaratoria de ocurrencia del siniestro, demuestra sumariamente la existencia de un perjuicio, cumpliendo así el segundo requisito para decretar la medida cautelar. Esto implica que la entidad estatal debe respetar las cláusulas pactadas en el contrato y no puede ejercer facultades no previstas, lo que protege los intereses del contratista y de la compañía aseguradora.síntesis automática
También resuelve:¿La acreditación de un pasivo a cargo de la compañía aseguradora a favor de la Empresa Social del Estado que declaró la caducidad de un contrato afianzado por la aseguradora…
¿Cuál es el régimen normativo aplicable a los contratos celebrados por Ecopetrol? Sí
El contratista no está sujeto al régimen normativo de contratación estatal cuando celebra contratos con Ecopetrol, ya que la Ley 1118 de 2006 establece que las actuaciones de Ecopetrol se rigen exclusivamente por el derecho privado, descartando la posibilidad de pactar cláusulas excepcionales y la competencia para expedir actos administrativos. Por ende, las comunicaciones o actos jurídicos contractuales emitidos por Ecopetrol no son considerados actos administrativos, por lo que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no tiene competencia para pronunciarse sobre su validez. Además, en contratos regidos por el derecho privado celebrados por Ecopetrol, la entidad debe acreditar la habilitación legal o contractual de su contraparte para terminar el contrato unilateralmente, lo cual no se cumplió en el caso analizado. Asimismo, la carga probatoria de demostrar que el contratista está incurso en un conflicto de intereses que le impide ejecutar el contrato recae sobre Ecopetrol, evidencia que no fue aportada en el proceso. Este precedente reitera y matiza la aplicación del régimen contractual de Ecopetrol, limitando la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa y estableciendo las cargas probatorias en contratos privados celebrados por la entidad.síntesis automática
También resuelve:¿Las comunicaciones o actos jurídicos contractuales emitidas por Ecopetrol SA llamados a producir efectos jurídicos, son actos administrativos?¿En el contrato que se rige por el derecho privado celebrado por Ecopetrol, quién tiene la carga procesal de demostrar la habilitación legal o contractual de su contraparte para terminar el contrato…¿A quién le corresponde probar que el contratista está incurso en un conflicto de intereses que le impide ejecutar el contrato?
¿El extremo activo va contra sus propios actos al demandar el cumplimiento del pago sin haberse allanado previamente a probar el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar? Sí
El contratista no puede demandar el cumplimiento del pago sin acreditar previamente el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar, conforme a los requisitos específicos pactados en el contrato, como la presentación de cuentas de cobro con sus anexos y la certificación del supervisor del contrato, ya que va contra sus propios actos y no cumple con la carga probatoria que le corresponde según el artículo 167 del Código General del Proceso. La entidad estatal no está obligada a pagar sin que se demuestre el cumplimiento de las condiciones pactadas, lo que implica respetar la autonomía de la voluntad de las partes y el principio de necesidad de la prueba en la contratación estatal. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la exigibilidad de la obligación contractual y la importancia de cumplir con los requisitos específicos para la causación del pago, lo que implica que los contratistas deben acreditar debidamente el cumplimiento de sus obligaciones para poder reclamar el pago.síntesis automática
También resuelve:¿La ley no impide que las partes en ejercicio de la autonomía de su voluntad acuerden ciertos requisitos contractuales específicos para la causación de la obligación de pago?¿No es posible apartarse de la carga probatoria que el contrato le imponía al demandante para poder reclamar el pago, en tanto las cláusulas fueron explícitas al fijar tanto las condiciones como el…¿Es posible hacer un ajuste final de cuentas que permita declarar a las partes a paz y salvo para extinguir el negocio jurídico y poner fin a los derechos y obligaciones que emergieron de la fuente…
¿El juez de segunda instancia debe ceñirse a los aspectos planteados en el recurso de apelación, sin que sea posible modificar la causa petendi en dicha etapa procesal? Sí
El juez de segunda instancia debe ceñirse a los aspectos planteados en el recurso de apelación sin modificar la causa petendi, en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia, que requieren que el fallo sea coherente con los hechos y pretensiones formulados en la demanda y las excepciones planteadas en la contestación. La Sala reitera esta regla general, que admite excepciones basadas en normas constitucionales, tratados internacionales y normas legales imperativas. EPM no está sometida al Estatuto General de Contratación Estatal en la celebración de contratos de derecho privado, salvo excepciones específicas, por lo que el contrato CT-2014-000808 se rige por la Ley 142 de 1994 y su reforma por la Ley 689 de 2001. Además, la Sala encuentra que EPM no incurrió en incumplimiento contractual atribuible a la entidad contratante en relación con el inicio de la ejecución del contrato, ya que el inicio del plazo contractual se estableció mediante una acta suscrita por ambas partes y no por una orden unilateral de EPM, desvirtuando así la tesis sostenida por la parte apelante.síntesis automática
También resuelve:¿Está sometida EPM, en la celebración del contrato objeto del litigio, al régimen de derecho privado previsto en la Ley 142 de 1994 y no al Estatuto General de Contratación Estatal?¿Se probó que EPM incurrió en incumplimiento contractual atribuible a la entidad contratante en relación con el inicio de la ejecución del contrato?¿El silencio y la firma del acta por parte de Servipáramo convalidaron cualquier retardo previo en el inicio del contrato, impidiendo atribuir incumplimiento a EPM?
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista no puede ejercer el medio de control de controversias contractuales si lo presenta fuera del plazo legal, configurándose la caducidad del derecho de acción. Esta regla se sostiene porque el contrato en cuestión, sometido al derecho privado, no pactó cláusulas de liquidación y, por tanto, el plazo de caducidad se calcula a partir de la fecha de terminación del contrato, no de los plazos establecidos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La Sala revoca la sentencia de primera instancia al determinar que la demanda fue presentada después del plazo legal, lo que implica que la entidad estatal pierde la oportunidad de litigar sobre la controversia contractual. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la configuración de la caducidad en contratos sometidos al derecho privado, subrayando la importancia de la autonomía de las partes en la determinación del plazo de caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿Las empresas sociales del Estado son entidades descentralizadas por servicios, de naturaleza jurídica especial, siendo, entonces…¿Cualquiera de las partes de la relación contractual puede pedir la declaratoria de incumplimiento, de ahí que la legitimación en la causa en este tipo de controversia se encuentre, en principio…¿Los contratos estatales que no están sujetos al Estatuto General de Contratación de Administración Pública sino al derecho privado requieren del trámite de liquidación?
¿Los actos administrativos demandados que modificaron unilateralmente la cláusula de reversión estipulada en el contrato, están afectados de nulidad, en la medida en que no plantearon una circunstancia concreta que justifique la afectación grave del servicio o su paralización? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad de los actos administrativos que modificaron unilateralmente la cláusula de reversión en un contrato de concesión de servicios públicos, en la medida en que estos no plantearon una circunstancia concreta que justifique la afectación grave del servicio o su paralización, y no cumplieron con el procedimiento previsto en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 y la cláusula 31 del contrato, que exige que las partes intenten acordar previamente los cambios contractuales antes de que la entidad pueda expedir el acto administrativo de modificación unilateral. Esto implica que la entidad debe demostrar que hubo una convocatoria previa al contratista para discutir las modificaciones propuestas y que no se logró un acuerdo, lo cual no se evidenció en este caso.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos administrativos demandados que modificaron unilateralmente la cláusula de reversión estipulada en el contrato, están afectados de nulidad…
¿El contratista incumplió sus obligaciones respecto de la programación de la obra desde un inicio? Sí
El contratista incumple sus obligaciones respecto a la programación de la obra desde el inicio, lo que se evidencia por retrasos superiores al 25% mensual en la inversión y metas físicas, sin que las modificaciones en los planos por parte de la interventoría justifiquen estos atrasos. La entidad no incumple al modificar los planos, previsto en el contrato, y el contratista no acredita justificación alguna para su incumplimiento. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, reforzando que el incumplimiento del contratista en la programación inicial invalida la excepción de contrato no cumplido, con implicaciones significativas para la responsabilidad contractual y la ejecución de obras públicas.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante aceptó que conocía los motivos que dieron lugar a declarar la caducidad del contrato antes de que se expidiera ese acto administrativo?¿Los incumplimientos que dieron lugar a la declaratoria de caducidad estaban relacionados con la falta de ejecución de la obra?¿Para el momento en que se ejecutaron las obras extras ordenadas por la Interventoría, el contratista ya había incumplido la programación de la obra ordinaria?
¿El régimen jurídico que gobierna el contrato de obra celebrado entre Fonade y la unión temporal Antiguo Idema 2010, es del Estatuto General de la Administración Pública, Ley 80 de 1993? Sí
El régimen de contratación aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado de carácter financiero se rige por normas especiales que excluyen la aplicación del Estatuto General de Contratación a partir de las modificaciones legales pertinentes. El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo se sometió temporalmente al Estatuto General de Contratación bajo la vigencia del artículo 26 de la Ley 1150 de 2007. Sin embargo, dicha disposición fue derogada expresamente por la Ley 1450 de 2011, estableciendo que la contratación de entidades financieras estatales como Fonade queda exceptuada de la referida normativa pública. En consecuencia, para contratos celebrados con anterioridad a dicha modificación normativa, rigen las reglas vigentes al momento de su perfeccionamiento jurídico.síntesis automática
También resuelve:¿El ejercicio de la potestad excepcional de la caducidad solo puede ser ejercida por la administración pública mientras esté vigente el plazo general del contrato?¿La entidad estatal ejerció dentro del término legal su competencia para declarar la caducidad del contrato estatal?¿Resultaba procedente ordenar la liquidación judicial del contrato y establecer un saldo a favor del contratista, pese a la existencia de una liquidación unilateral en firme no controvertida…