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Consejo de Estado
Providencia
La declaratoria de incumplimiento se efectuó en la Resolución
Sentencia — Sentencia
2022-01-26
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 15001233100020020020401
ACCION CONTRACTUAL
¿Los actos administrativos que declararon unilateralmente el incumplimiento y la caducidad del contrato fueron expedidos sin competencia y en consecuencia procede su nulidad, en razón a que esta facultad de la Administración fue suprimida temporalmente cuando entró en vigencia la Ley 80 de 1993 y derogó el Decreto 222 de 1983? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad de los actos administrativos que declaran unilateralmente el incumplimiento y la caducidad del contrato, cuando estos se expiden sin la competencia legal correspondiente, ya que la Ley 80 de 1993 derogó temporalmente la facultad de las entidades para declarar incumplimientos y caducidades hasta la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007. Además, la entidad pierde su competencia para declarar la caducidad una vez vencido el plazo pactado para la ejecución del contrato. Asimismo, el debido proceso debe garantizarse en todas las actuaciones administrativas, permitiendo al afectado ejercer su derecho de contradicción y defensa. Estas reglas implican que los actos administrativos que no respetan estas garantías y competencias pueden ser declarados nulos, protegiendo así los derechos del contratista en el marco de la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:
¿Para la procedencia de la declaratoria de caducidad del contrato es necesario que el plazo pactado para su ejecución esté vigente, porque de haber finalizado…
¿El derecho al debido proceso debe garantizarse en las actuaciones administrativas y conlleva a que el afectado pueda ejercer su derecho de contradicción y defensa?
¿Ante la ausencia de pruebas sobre el detrimento patrimonial y la falta de acreditación de los perjuicios materiales, procede la negativa de las pretensiones económicas o la condena en abstracto?
Consejo de Estado
Providencia
La omisión de la audiencia inicial queda saneada si la parte interesada no la impugna oportunamente y actúa en el proceso sin formular reparos.
Sentencia — Sentencia
2026-08-24
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 68001233300020160081302
Controversias contractuales
¿La omisión de la audiencia inicial constituye una irregularidad procesal que invalida lo actuado, cuando la parte interesada no impugnó oportunamente la decisión de prescindir de dicha audiencia y participó en las actuaciones procesales posteriores sin formular reparo alguno? No
La omisión en la realización de la audiencia inicial no constituye una nulidad procesal invalidante si la parte afectada no impugna oportunamente dicha decisión y participa en las etapas siguientes sin formular objeciones. El Código General del Proceso dispone que las irregularidades procesales distintas de las causales taxativas de nulidad se consideran saneadas cuando no se cuestionan mediante los recursos establecidos en el ordenamiento jurídico. En el caso concreto, aunque el despacho de primera instancia prescindió de la referida diligencia, la parte interesada convalidó la actuación al intervenir en el plenario sin alegar la supuesta deficiencia en tiempo oportuno. En consecuencia, se desestimó el vicio procesal alegado y se procedió a resolver de fondo la controversia contractual planteada.síntesis automática
También resuelve:
¿Se vulnera el principio de congruencia procesal cuando la sentencia de primera instancia reorganiza y sintetiza los problemas jurídicos establecidos en la fijación del litigio…
¿Procede ordenar el reintegro de las sumas descontadas por concepto de una cláusula penal de apremio cuando la entidad contratante omitió agotar el procedimiento contractualmente pactado para su…
¿Procede negar el reconocimiento de intereses sobre las sumas que deben reintegrarse al contratista cuando la obligación de restitución únicamente se hace exigible a partir de la sentencia que ordena…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las controversias contractuales
Sentencia — Sentencia
2022-07-06
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 25000232600020010006101
ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las controversias contractuales en las que una entidad pública es parte? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las controversias contractuales en las que una entidad pública es parte, siempre que la cuantía de la pretensión supera el equivalente a 500 S.M.L.M.V., lo que confiere al proceso la vocación de doble instancia. La caducidad de la acción de controversias contractuales opera frente a la declaratoria de nulidad relativa de una póliza de seguros si la entidad aseguradora no interpuso recurso de apelación contra la decisión del tribunal que la declaró caduca, y el término de caducidad para cuestionar la legalidad de los actos administrativos que afectan la póliza debe contarse a partir del acto que aprueba la liquidación del contrato, según lo dispone el Código Contencioso Administrativo. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, lo que implica que las entidades aseguradoras deben ser conscientes de los plazos y requisitos para ejercer acciones contra actos administrativos que afectan sus pólizas de cumplimiento.síntesis automática
También resuelve:
¿Frente a la pretensión consistente en la declaratoria de nulidad relativa de la póliza de seguros, operó la caducidad de la acción?
¿El término de caducidad con que cuenta la aseguradora para cuestionar la legalidad de los actos administrativos que hacen efectiva la póliza de seguros…
¿Pueden las partes modificar la causa petendi a través del recurso de apelación?
Consejo de Estado
Providencia
El laudo objeto del recurso extraordinario de revisión resolvió una controversia surgida
Sentencia — Sentencia
2022-09-19
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 11001032600020220005900
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Compete al Consejo de Estado conocer el recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral en el que es parte el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC-, corporación sin ánimo de lucro, de naturaleza y participación mixta, descentralizada e indirecta por servicios, que cumple una función pública de acreditación? Sí
La Sección Tercera del Consejo de Estado ha determinado que el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), como entidad sin ánimo de lucro y descentralizada e indirecta por servicios, cumple una función pública de acreditación. Por lo tanto, el Consejo de Estado tiene competencia para conocer el recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral en el que es parte el ONAC, en concordancia con el artículo 149.7 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).síntesis automática
También resuelve:
¿El recurso de anulación de laudos arbitrales, es de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario, que no constituye una instancia más dentro del correspondiente proceso…
¿Las decisiones adoptadas por un árbitro sin jurisdicción o competencia, se revelan como una contravención de normas imperativas y de orden público…
¿Resulta procedente la causal de anulación relativa a la falta de jurisdicción o competencia, considerando que, para dicha causal…
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
La jurisdicción contencioso administrativa es competente para evaluar la legalidad de los actos contractuales proferidos por empresas estatales.
Sentencia — Sentencia
2026-06-01
Sección Tercera (Subsección C)
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Rad. 05001233300020160107902
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se cumplen los presupuestos procesales de competencia y procedencia del medio de control, dado que el Consejo de Estado es competente por razón de la cuantía para resolver el recurso de apelación, y el medio de control de controversias contractuales es el adecuado para controvertir la legalidad de los actos administrativos contractuales? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa ejerce control sobre la legalidad de los actos contractuales emitidos por las entidades públicas en el marco de sus negocios jurídicos de obra pública. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer del presente asunto, por cuanto la controversia sometida a juicio versa sobre la legalidad parcial de unos actos administrativos proferidos por una empresa industrial y comercial del Estado en el marco de un contrato celebrado con un consorcio. Por su parte, de conformidad con los artículos 150 y 152.5 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, tasando las costas y agencias en derecho según las tarifas aplicables.síntesis automática
También resuelve:
¿La demanda de controversias contractuales fue oportuna y, por tanto, no se configuró la caducidad del medio de control, dado que el término de dos años debía contabilizarse a partir de la firmeza de…
¿Se encuentra debidamente integrada la relación jurídico procesal, en la medida en que Seguros del Estado S.A. está legitimada por activa por haber expedido la póliza afectada con los actos…
¿El contrato de obra pública, celebrado entre la EDU y el consorcio Fronpeco para la construcción del Parque Biblioteca, se encontraba sometido al Estatuto General de Contratación de la…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón
Sentencia — Sentencia
2022-07-19
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 76001233100020030197401
ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de la cuantía? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias sobre contratos celebrados por entidades estatales, aunque el contrato se rija por el derecho privado, y el Consejo de Estado es competente en segunda instancia cuando la cuantía de la demanda supera el límite de la doble instancia. La regla se apoya en tres razones. Primera, la entidad demandada ostenta la calidad de entidad estatal en los términos del artículo 52 del Decreto 2171 de 1992, en concordancia con el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, por lo que la jurisdicción es la competente. Segunda, el artículo 6 del Decreto 197 de 1999 somete el negocio al derecho privado, pero ese régimen no altera la competencia de la jurisdicción. Tercera, la cuantía de las pretensiones superó los 500 salarios mínimos legales mensuales de 2003, año de presentación de la demanda, según los artículos 129, 132 numeral 5 y 181 del Código Contencioso Administrativo. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que la apelación de la parte demandada es resuelta por el Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:
¿Es procedente la acción de controversias contractuales para solicitar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato estatal?
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia desde el día siguiente a la liquidación del contrato?
¿El contrato de obra pública bajo el sistema de precios unitarios celebrado entre las partes está regido por el derecho privado?
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: debe entenderse el expediente electrónico como un mecanismo procesal integral
Aclaración voto — Aclaración de voto
2025-05-30
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 11001032600020250002800
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Debe entenderse el expediente electrónico como un mecanismo procesal integral que garantiza el ejercicio de los derechos de las partes y la materialización de los principios procesales, más allá de la simple digitalización de documentos? Sí
Para algunos, el expediente electrónico puede entenderse como la digitalización de la información del proceso para ser incluida en un archivo o dispositivo; para otros, involucra también y de forma precedente, la actividad conjunta de los sujetos procesales a través una plataforma dispuesta para el ingreso de actuaciones, comunicaciones y memoriales que, por así decirlo, constituye un proceso en línea. Por ello, su definición y alcance parte del concepto mismo de expediente, aspecto cardinal en la ciencia del proceso. Esta noción alude al mecanismo que da cuenta del compendio integral de las diferentes actuaciones que se adelantan en sede judicial, a partir del cual, las partes ejercitan su derecho de defensa y contradicción; a la par, se materializan los principios de igualdad, imparcialidad, inmediación, concentración, lealtad, entre otros, y de manera especial el de publicidad.
También resuelve:
¿La Ley 1563 de 2012 autoriza expresamente la utilización de medios electrónicos para todas las actuaciones arbitrales, incluida la formación y guarda del expediente…
¿La omisión en el envío a la dirección electrónica acordada para la radicación de documentos impide que la comunicación se entienda incorporada al expediente electrónico arbitral…