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¿Operó el fenómeno jurídico de caducidad de la acción porque la demanda se presentó por fuera de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para el pago de la condena? Sí
El contratista no puede ejercer la acción de repetición si presenta la demanda fuera del plazo de dos años contados desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago de la condena. En este caso, la sentencia de 20 de septiembre de 2000, que impuso la condena, quedó ejecutoriada el 3 de noviembre de 2000, y el plazo para efectuar el pago se extendió hasta el 4 de mayo de 2002, es decir, dieciocho meses después de la ejecutoria. Como los documentos presentados no acreditan la fecha exacta del pago, el término de caducidad se computa desde el 5 de mayo de 2002, por lo que la demanda presentada el 11 de enero de 2006 es extemporánea, operando la caducidad de la acción. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre el cómputo del término de caducidad y su configuración en casos similares, lo que implica que cualquier demanda presentada fuera del plazo establecido será declarada caduca.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
¿Es procedente la condena en costas contra la entidad demandante cuando no se acredita dolo o culpa grave de los ex funcionarios en la expedición de un acto administrativo anulado judicialmente? No
El contratista no es condenado en costas cuando no se acredita dolo o culpa grave de los ex funcionarios en la expedición de un acto administrativo anulado judicialmente, ya que la Sala considera que la entidad demandante no actuó con temeridad ni mala fe, elementos necesarios para la condena en costas. La Sala reitera que la acción de repetición no es un proceso ejecutivo, sino declarativo, donde se debate la responsabilidad de los agentes del Estado, y en este caso, la parte recurrente no logró demostrar la existencia de dolo o culpa grave. Por lo tanto, la Sala confirma la sentencia de primera instancia que se abstuvo de condenar en costas a la entidad demandante, lo que implica que en casos similares, si no se acredita la mala fe o temeridad, no procederá la condena en costas.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
Sentencia — Sentencia2023-07-28JUZGADO ADMINISTRATIVOHIRINA DEL ROSARIO MEZA RHENALSRad. 44001234000020040043700REPETICION
¿Se configuró la excepción de caducidad del medio de control de repetición? Sí
El contratista no puede ejercer el medio de control de repetición una vez caducado el término legal, que se inicia el día siguiente al vencimiento del plazo de dieciocho meses para pagar la condena, según lo establecido en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la ley 446 de 1998 y la ley 678 de 2001. La entidad estatal, por su parte, no será condenada en costas en primera instancia si no se evidencia que alguna de las partes actuó temerariamente, conforme al criterio subjetivo establecido en el artículo 171 del mismo código. Esta sentencia reitera la jurisprudencia sobre la configuración de la caducidad del medio de control de repetición y matiza las condiciones bajo las cuales se puede condenar en costas, lo que tiene implicaciones significativas para la administración en la gestión de sus obligaciones contractuales y en la determinación de responsabilidades financieras.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a condenar en costas en primera instancia, si no se evidencia que las partes actuaron con temeridad?
Sentencia — Sentencia2025-12-12Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020240003900LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Se debe revocar la sentencia dictada el 30 de enero de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, porque no se probó una falla en el servicio, dado que las autoridades actuaron de manera diligente frente a las actividades ilegales de DMG y que, además, el daño alegado fue consecuencia del actuar imprudente del propio demandante, quien tampoco utilizó los mecanismos legales disponibles para reclamar su acreencia conforme a la Ley 1116 de 2006? Sí
El contratista no puede obtener responsabilidad patrimonial del Estado por daños alegados, dado que no se probó una falla en el servicio por parte de las autoridades, estas actuaron con diligencia frente a actividades ilegales de una organización, y el daño fue consecuencia del actuar imprudente del propio contratista, quien no utilizó los mecanismos legales disponibles para reclamar su acreencia conforme a la Ley 1116 de 2006. Además, la Sala declaró fundado el impedimento manifestado por un consejero debido a que algunos de sus parientes invirtieron en la organización en cuestión, configurándose así la causal de interés directo o indirecto prevista en el artículo 141 del Código General del Proceso. Asimismo, la Sala se abstiene de condenar en costas al no evidenciarse temeridad ni mala fe por parte de los intervinientes en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿El impedimento manifestado por el consejero F. I. M. debe declararse fundado, dado que algunos de sus parientes invirtieron en el Grupo DMG S.A.…¿Al no evidenciarse temeridad ni mala fe por parte de los intervinientes en el proceso, la Sala debe abstenerse de imponer condena en costas conforme al artículo 171 del CCA…
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el contrato no es liquidado inicia a partir del cumplimiento del plazo máximo que da la ley para tal efecto? Sí
El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el contrato no es liquidado inicia a partir del cumplimiento del plazo máximo que da la ley para tal efecto. En este caso, la demanda se presentó dentro del término de caducidad, el contrato terminó el 29 de octubre de 2007 y no fue liquidado, por lo cual, los dos años de caducidad se computarían desde el plazo máximo para realizar la liquidación unilateral, conforme a lo dispuesto en el literal d) del numeral 10 del artículo 136 del CCA.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que el cambio de los precios en los insumos para la ejecución de la obra provocó la ruptura del equilibrio económico del contrato?¿Cuál es el criterio de procedencia en costas en asunto regido por el CCA?
¿Al presente proceso en ejercicio de la acción de repetición le es aplicable el régimen jurídico contenido en la Ley 678 de 2001? No
El régimen jurídico contenido en la Ley 678 de 2001 no es aplicable al proceso en ejercicio de la acción de repetición contra un agente del Estado, ya que los hechos ocurrieron en diciembre de 1993, con anterioridad a su vigencia. Además, la acción de repetición no se puede apoyar en la sentencia del proceso de reparación directa, ya que no le es oponible al demandado y la responsabilidad del Estado se analizó "bajo la arista de la responsabilidad presunta". No se demostró que el agente cometiera una conducta dolosa o gravemente culposa que justifique la condena patrimonial.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró la culpa grave en la conducta del agente por lo cual debe responder patrimonialmente por la condena pagada por el Estado?¿Cuál es el criterio de procedencia para la condena en costas en vigencia del Código Contencioso Administrativo?
¿La contabilización del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a partir de la suscripción del acta bilateral, la ejecutoria del acto administrativo de liquidación unilateral o, en defecto de las dos modalidades anteriores, desde el vencimiento del plazo para efectuarla? Sí
Cuando el contrato estatal debe liquidarse y no se ha liquidado, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se cuenta desde la suscripción del acta bilateral de liquidación, desde la ejecutoria del acto de liquidación unilateral o, a falta de ambas, desde el vencimiento del plazo legal para practicarla, según el literal d) del artículo 136 del CCA. Las razones que sostienen la regla son tres: el cómputo del plazo es de orden público y no puede alterarse por acuerdo, la Ley 446 de 1998 incorporó en el artículo 136 los eventos que fijan el conteo, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 permite liquidar de forma extemporánea dentro del bienio siguiente, facultad cuyo ejercicio no puede convertirse en una restricción procesal. Si la facultad no se ejerció y el contrato no quedó liquidado, el plazo corre desde el vencimiento de la liquidación. La providencia reitera la jurisprudencia unificada sobre este punto, y el caso se resolvió confirmando la decisión de instancia. La consecuencia práctica es que el demandante debe verificar si el contrato fue liquidado dentro del plazo y, si no lo fue, contar la caducidad desde su vencimiento.síntesis automática
También resuelve:¿Erró el a quo al tomar como hito inicial del plazo para la incoación del medio de control de solución de controversias contractuales…¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
¿El régimen aplicable a la acción de repetición se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena y el tiempo en el que estos acaecieron? Sí
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, en garantía del derecho al debido proceso, contenido en el artículo 29 constitucional, es necesario definir la norma sustancial vigente en el momento de la ocurrencia de los hechos. En concreto, el reconocimiento de la mora se causó desde el 06 de abril de 1999 hasta el 18 de julio de 2001, precisando que la Ley 678 de 2001 entró en vigencia el 04 de agosto de 2001.
También resuelve:¿Los demandados incurrieron en culpa grave al incumplir de forma inexcusable lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 244 de 1995…¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
¿Las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato son aplicables a los contratos celebrados por Ecopetrol cuyo régimen es el derecho privado por tratarse de una sociedad de economía mixta? No
El contratista no puede aplicar las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato a los contratos celebrados por Ecopetrol bajo el régimen del derecho privado, ya que la Ley 1118 de 2006 establece que estos contratos se rigen exclusivamente por las reglas del derecho privado, excluyendo así la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus normas específicas sobre equilibrio económico. Además, la Sala rechaza las pretensiones del contratista basadas en la excesiva onerosidad sobrevenida, ya que el contrato fue terminado y liquidado por mutuo acuerdo, lo que impide la revisión de prestaciones futuras. Asimismo, el contratista no cumplió con la carga argumentativa y de sustentación del recurso de apelación, y el dictamen pericial no constituyó prueba suficiente para acreditar el daño antijurídico alegado por el presunto incumplimiento de Ecopetrol. Estas decisiones reafirman que los contratos de Ecopetrol regidos por el derecho privado no están sujetos a las normas del derecho público y limitan las posibilidades de revisión y reclamación por parte del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó una excesiva onerosidad sobrevenida en el contrato de derecho privado que fue objeto de liquidación por mutuo acuerdo entre Ecopetrol y la Sociedad demandante ?¿El recurrente cumplió con la carga argumentativa y de sustentación del recurso de apelación frente las inconformidades por las presuntas obligaciones que había incumplido Ecopetrol?¿El dictamen pericial constituyó prueba suficiente para acreditar el daño antijurídico alegado por el contratista por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales de Ecopetrol?
¿Las costas son las erogaciones que debe sufragar la parte que resulte vencida en el proceso, las cuales están integradas por los costos del proceso o expensas y las agencias en derecho? Sí
El contratista no es condenado en costas simplemente por solicitar una indemnización por perjuicios mayores a los previstos en la cláusula penal del contrato estatal, sino que debe demostrarse que actuó con temeridad, mala fe o abusando del derecho de acción. En este caso, la entidad estatal ejerció la acción de controversias contractuales para demostrar que los incumplimientos del contratista le causaron perjuicios mayores a los establecidos en la cláusula penal, sin el propósito de agravar caprichosamente la situación del demandado o cobrar perjuicios excesivos. La Sala considera que la mera solicitud de una indemnización mayor no constituye un actuar temerario ni abusivo del derecho de acción, y por lo tanto, no es suficiente para condenar al contratista en costas. Esta decisión matiza la interpretación de que cualquier demanda por perjuicios superiores a la cláusula penal automáticamente implica temeridad o mala fe, y establece que la condena en costas requiere una evaluación más detallada de la conducta del contratista y la justificación de sus pretensiones.síntesis automática
También resuelve:¿Para que proceda la condena en costas en el régimen del Código Contencioso Administrativo, es menester que se acredite que la parte vencida actuó en contravía de los postulados de la lealtad…¿La decisión de acudir a la administración de justicia
¿La caducidad corresponde a una figura jurídica de orden público, a través de la cual el legislador limita el espacio temporal en que puede accederse a la jurisdicción en ejercicio del derecho de acción? Sí
El contratista no puede acceder a la jurisdicción para ejercer su derecho de acción una vez que ha transcurrido el límite temporal establecido por la ley, ya que la caducidad es una figura jurídica de orden público que limita el espacio temporal en que se puede ejercer el derecho de acción, protegiendo así la seguridad jurídica y el debido proceso. En el caso específico, la demanda fue presentada catorce años después de la configuración de la caducidad, lo que la hace inadmisible, ya que el cómputo del término de caducidad se rige por la ley vigente al momento de iniciarse el plazo, no por la que esté en vigor al momento de presentar la demanda. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la aplicación del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 para determinar la norma aplicable al cómputo del término de caducidad, lo que implica que las partes deben ser conscientes de la importancia de presentar sus demandas dentro del plazo establecido por la ley vigente al momento de la ocurrencia del hecho que da lugar a la acción.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó de forma oportuna la declaración de nulidad absoluta del contrato de comodato 045 del 19 de abril de 1990, celebrado entre el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y la Cooperativa…¿Procede la condena en costas en los eventos en que no prospera la demanda?
¿La facultad convencional de Ecopetrol S.A. para liquidar unilateralmente el contrato le permitía materializar dicha liquidación mediante la expedición de un acto administrativo? No
El contratista no puede solicitar que el juez revise o modifique una fórmula de reajuste de precios pactada en el contrato estatal, argumentando que resulta insuficiente, ya que la fórmula es un acuerdo entre las partes y tiene fuerza obligatoria. La Sala rechaza la pretensión del Tribunal de restar efecto vinculante a la fórmula de reajuste, al considerar que no existe un enriquecimiento sin causa en la aplicación correcta de dicha fórmula. Esta decisión matiza la interpretación de que el juez puede modificar unilateralmente cláusulas contractuales basándose en criterios de equidad, reafirmando la autonomía de la voluntad privada en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Debe aplicarse el principio pro actione para considerar oportuna la demanda de controversias contractuales, ante la incertidumbre sobre la fecha en que la Unión Temporal conoció la Resolución No. 2…¿Puede el juez revisar o modificar una fórmula de reajuste pactada solo porque resulte “insuficiente”, como sostuvo el Tribunal?¿Podía la Unión Temporal desconocer la forma de reajuste que había acordado en el Acta No. 1 de febrero de 2005?
¿El Consejo de Estado es competente para resolver en segunda instancia la acción de repetición interpuesta por el DAS contra un funcionario suyo, cuya pretensión es el reembolso de lo pagado en virtud de una conciliación judicial? Sí
La segunda instancia de la acción de repetición corresponde al Consejo de Estado cuando el tribunal de primera instancia es el mismo que aprobó la conciliación judicial de la que surgió la obligación de pago de la entidad. La regla se apoya en tres razones. Primera, la jurisdicción contencioso administrativa conoce de los procesos de repetición según el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, y el artículo 7 inciso 1 de la Ley 678 de 2001 se aplica solo en sus aspectos procedimentales, porque los hechos de la condena son anteriores a esa ley. Segunda, el artículo 7 inciso 3 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del CCA atribuyen la competencia en segunda instancia cuando el tribunal que decidió en primera instancia aprobó la conciliación. Tercera, el juez de segunda instancia, aun siendo apelante único el demandante, debe pronunciarse de oficio sobre la acción procedente, la caducidad y la legitimación en la causa. En consecuencia, el asunto se resuelve en esta instancia. El documento reitera la jurisprudencia sobre la competencia en la acción de repetición que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad de la acción de repetición empezó a contar desde el día siguiente al pago de lo acordado en la conciliación judicial como monto de la indemnización de perjuicios a la familia…¿La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado está legitimada en la causa por activa en virtud de la sucesión procesal del extinto DAS…¿Se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva ante la falta de prueba del vínculo laboral entre el demandado y el DAS?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer de las controversias contractuales derivadas de contrato de obra celebrado por el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, en su calidad de establecimiento público distrital? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de controversias contractuales derivadas de contratos de obra celebrados por establecimientos públicos distritales, como el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, en virtud del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por la Ley 446 de 1998. La acción de controversias contractuales debe presentarse dentro de los dos años siguientes a la firma del acta de liquidación bilateral del contrato, tal como ocurrió en este caso, donde la demanda fue interpuesta antes de que venciera el término de caducidad. Sin embargo, el reajuste de precios no es procedente si no se ha pactado una fórmula de ajuste en el contrato y no se ha demostrado la ruptura del equilibrio económico del contrato, lo que implica que la Sala revocará la sentencia del a quo en cuanto a este punto, matizando la jurisprudencia existente sobre la procedencia del reajuste en contratos de obra pública.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos años siguientes de la firmeza del acta de liquidación bilateral del contrato de obra?¿Era procedente el reajuste de precios dispuesto por el a quo a favor del consorcio contratista, por razón del incremento en los precios de los insumos para la construcción…¿Le asistía responsabilidad patrimonial a la interventora PAYC S.A., como llamada en garantía y frente al Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá…
¿Cómo no se advierte alguna configuración de causal de nulidad que invalide lo actuado y, evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales, es procedente decidir la segunda instancia de la presente litis? Sí
El contratista no puede invalidar lo actuado por la administración al no evidenciarse configuración de causal de nulidad alguna, y la entidad estatal puede decidir la segunda instancia de la litis siempre que se cumplan los presupuestos procesales, incluyendo la jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda y legitimación en la causa por activa y pasiva. Además, para que el pago por consignación de sentencias judiciales se entienda realizado en forma válida, la entidad debe demostrar que previo a la consignación notificó al beneficiario el acto administrativo que ordenaba su pago y que dejaba el dinero a su disposición, y que en caso de renuencia o no comparecencia del destinatario, formuló la oferta de pago mediante la constitución del depósito judicial remitido al despacho que tenía el trámite del proceso a su cargo. La entidad no puede solicitar la práctica de pruebas de oficio para suplir su carga probatoria, ya que dicha facultad del juez se limita a esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda.síntesis automática
También resuelve:¿Para que el pago por consignación de sentencias judiciales se entienda realizado en forma válida, la entidad tiene que demostrar, entre otras cosas, que, previo a la consignación…¿El artículo 169 del Código Contencioso Administrativo permite ejercer la facultad oficiosa para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda…¿Los documentos aportados resultan insuficientes para demostrar el pago de la condena impuesta en la sentencia del 27 de agosto de 1999, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado…
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde el día siguiente a la notificación del acto administrativo de adjudicación del contrato? Sí
La controversia planteada en término consiste en determinar, conforme a la apelación de la parte demandante, si se debe revocar la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda porque, a juicio del impugnante, el acto acusado debe anularse porque exigió el cumplimiento de requisitos contables ajenos a uno de los participantes y pasó por alto la ausencia de un poder debidamente otorgado respecto de otro participante.
También resuelve:¿Uno de los requisitos habilitantes exigido en el pliego de condiciones de la licitación pública convocada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca…¿La empresa extranjera demandante debía someterse a la normativa interna aplicada al proceso de selección de contratista para acreditar la situación financiera de los proponentes?¿La descalificación de la propuesta de la sociedad extranjera estuvo justificada en el incumplimiento de uno de los requisitos habilitantes consistente en aportar el certificado de los estados…
¿La nulidad absoluta del contrato puede ser alegada dentro de los 2 años siguientes a su perfeccionamiento y si el término de vigencia del contrato es superior a este tiempo, dicho término será igual al de su vigencia, sin que en ningún caso exceda de 5 años contados a partir de su perfeccionamiento? Sí
La demanda fue presentada en ejercicio de la acción de controversias contractuales y en ella se pidió la declaratoria de nulidad absoluta del contrato de concesión de una infraestructura educativa para la organización, operación y prestación en ella del servicio público de educación formal, celebrado entre el municipio de Malambo y el Gimnasio Campestre Stephen Hawking y Compañía Ltda., como consecuencia de la ilegalidad del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. LP-002-2010. De conformidad con lo dispuesto en el literal e) del numeral 10 del artículo 136 del C.C.A. -vigente para la época de presentación de la demanda-, la nulidad absoluta del contrato puede ser alegada dentro de los 2 años siguientes a su perfeccionamiento y si el término de vigencia del contrato es superior a este tiempo, dicho término será igual al de su vigencia, sin que en ningún caso exceda de 5 años contados a partir de su perfeccionamiento.
También resuelve:¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad frente a las pretensiones de restablecimiento del derecho¿Procedía el rechazo de la oferta presentada dentro de la Licitación Pública No. LP-002-2010 por la Corporación Pino Verde por haber superado el presupuesto del contrato?¿Se acreditó temeridad de las partes que conlleve a la condena en costas?
¿La celebración del contrato estatal antes del vencimiento de los treinta (30) días extinguía la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y limitaba a ese mismo término la reclamación de los perjuicios derivados de la ilegalidad del acto de adjudicación? Sí
El acto administrativo de adjudicación se demanda en nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los treinta días siguientes a su comunicación. Si el contrato se celebra antes del vencimiento de ese plazo, la acción procedente es la de controversias contractuales y por esa vía se reclaman los perjuicios.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda de nulidad del contrato 064 de 2003, fundamentada en la ilegalidad del acto de adjudicación, fue presentada oportunamente…¿Se acreditó que la propuesta de la Unión Temporal MSI Electring Ltda. era la más favorable para la administración y que, por tanto, debía ser adjudicataria del contrato?¿El hecho de que la Unión Temporal hubiera ocupado inicialmente el primer lugar en el informe de evaluación demostraba que debía ser adjudicataria?
¿Procede la condena en costas contra la entidad pública vencida en el medio de control de repetición? Sí
En el medio de control de repetición, la condena en costas tiene carácter objetivo valorativo, de modo que se impone a la parte vencida cuando en el expediente aparece que se causaron y en la medida de su comprobación, sin depender de la temeridad o la mala fe. La regla se apoya en el cambio que el CPACA introdujo frente al criterio subjetivo del Código Contencioso Administrativo y en las reglas del Código General del Proceso que regulan la liquidación de costas. Por ello, el juez debe pronunciarse sobre costas en toda sentencia y decidir si las condena o se abstiene según las pruebas de su causación. En el asunto, la entidad demandada vencida tuvo que incurrir en gastos para acudir al proceso, y la Sala modificó la sentencia en el punto pertinente a las costas. En la práctica, la condena en costas en repetición no depende de la conducta procesal de las partes sino de los gastos comprobados en el expediente.síntesis automática
También resuelve:¿Se condena en costas a la entidad demandante y se fijan las agencias en derecho en 3 SMLMV?¿La demandada compareció al proceso mediante apoderado judicial, quien realizó actividades de defensa judicial?¿El medio de control procedente es el de repetición porque se solicita declarar a los demandados patrimonialmente responsables del pago realizado en cumplimiento de una condena?
¿El término de prescripción en el contrato de seguro se contabiliza desde el conocimiento real o presunto del siniestro por parte del interesado? Sí
El contratista debe ejercer acciones derivadas del contrato de seguro dentro del término de prescripción establecido en el artículo 1081 del Código de Comercio, que comienza a contabilizarse desde el conocimiento real o presunto del siniestro por parte del interesado, ya sea el tomador, el asegurado o el beneficiario. Esta regla se modifica respecto a precedentes anteriores, al establecer que la prescripción ordinaria opera desde que el interesado conoce o debió conocer del siniestro, incluso si la entidad asegurada ya tenía conocimiento de los hechos que dan origen a la acción. Esto implica que la entidad pública debe actuar con celeridad y diligencia en la formulación de reclamaciones ante las aseguradoras para evitar la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta aplicable la prescripción ordinaria prevista en el artículo 1081 del Código de Comercio cuando se acredita que la entidad asegurada conocía, o razonablemente debía conocer…¿Están las entidades públicas obligadas a ejercer control y vigilancia permanente sobre la ejecución de contratos estatales?¿Pueden considerarse los informes de interventoría como un medio idóneo para que las entidades estatales verifiquen el cumplimiento de los contratos públicos…
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