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Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de queja2025-11-24Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 85001233300020210017903LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cumple el recurso de queja con el requisito de interposición en subsidio al de reposición para permitir al juez reconsiderar la negativa de concesión de la apelación y al superior funcional evaluar su procedencia? Sí
Eel legislador estableció como presupuesto de procedibilidad del recurso de queja su interposición en subsidio al de reposición, con el propósito de que el juez que denegó la concesión del recurso de apelación tuviera la posibilidad de reconsiderar su negativa y, de no hacerlo, permitir al superior funcional evaluar los motivos por los cuales no se concedió la impugnación, para establecer si estuvo adecuadamente denegada. De ahí que la sustentación de estos recursos deba hacerse en un mismo momento ante el juzgador de primer grado, pues los argumentos formulados por el impugnante deben tenerse en cuenta, tanto al resolverse la reposición, como al decidirse la queja.
También resuelve:¿Procede la apelación contra la decisión que ordena a la perito exponer el dictamen en audiencia, en lugar de permitir que lo haga su colaborador?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-06-10Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 50001233100020060051203ACCION CONTRACTUAL
¿Si la parte que pidió la prueba no cumple con el deber de consignar oportunamente los gastos periciales, se entiende que ya no tiene interés en la práctica de la prueba y desiste de esta? Sí
El juez declara formalmente el desistimiento tácito de la prueba pericial cuando la parte interesada omite consignar oportunamente los gastos correspondientes dentro del término procesal establecido por la ley. En este caso judicial específico, el Consejo de Estado confirma el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Meta que declaró el desistimiento tácito de la prueba, al recordar que las normas procesales son de orden público y perentorio cumplimiento, operando dicha consecuencia de pleno derecho sin requerir advertencia previa en el auto que fija los gastos.síntesis automática
También resuelve:¿La parte actora realizó equivocadamente la consignación y además no hizo ningún seguimiento para verificar que el débito del dinero se haya realizado y que la transferencia bancaria haya sido…¿La segunda transacción no se puede tener en cuenta porque se efectuó extemporáneamente cuando el plazo otorgado ya había fenecido?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-12-16Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 52001233300020230024201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede el decreto de la prueba testimonial solicitada por el consorcio demandante? No
En el proceso contencioso administrativo no existe tarifa legal que fije los medios de prueba para demostrar la declaración de incumplimiento de un contrato, de modo que la prueba testimonial o pericial se valora según su relación con el objeto del litigio. Una prueba es impertinente cuando no guarda relación directa con el objeto de la litis ni con las pretensiones formuladas en la demanda. Por ello, la prueba pericial contable o financiera orientada a demostrar gastos y perjuicios no es pertinente cuando las pretensiones no buscan el reconocimiento de perjuicios, sino la declaración del incumplimiento de la entidad en la forma de pago. En el caso concreto, el consorcio demandante pidió un testimonio y un dictamen contable y financiero, pero el despacho encontró que el primero no se relacionaba con el objeto del litigio y que el segundo era impertinente e inútil, y la providencia confirmó la negativa. Como consecuencia práctica, la parte que pida una prueba pericial debe demostrar que su objeto está vinculado a las pretensiones formuladas, y no solo a los perjuicios que alega haber sufrido.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente el decreto del dictamen pericial solicitado por el consorcio demandante?¿Procede la condena en costas ante la negación del recurso de apelación contra auto?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-07-11Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 08001233100020030195304ACCION CONTRACTUAL
¿Resulta procedente decretar la práctica del dictamen de parte aportado por la sociedad incidentante para la liquidación de la condena en abstracto, el cual fue denegado por el Tribunal a quo por extemporáneo? Sí
El contratista puede solicitar el decreto del dictamen de parte para la liquidación de la condena en abstracto, incluso si la entidad estatal considera que la petición es extemporánea, siempre y cuando la entidad no se haya pronunciado sobre la extensión del plazo para aportar la prueba y esta cumpla con los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad. La entidad debe conceder al menos diez días para allegar el dictamen cuando estime que la oportunidad procesal es insuficiente, y el término para aportar la prueba no corre si el juez no resuelve sobre la petición de extensión. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la procedencia del dictamen de parte en la liquidación de la condena en abstracto, matizando la interpretación sobre la oportunidad procesal para su aporte.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente el decreto de las pruebas documentales y testimonial solicitadas por la sociedad incidentante para liquidar la condena en abstracto…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-06-27Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 52001233300020180033801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejero ponente tiene competencia para proferir el auto mediante el cual se resuelve la apelación en contra de la decisión que negó el decreto o la práctica de una prueba? Sí
Según el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, el Consejo de Estado conocerá -en segunda instancia- de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. Por su parte, el numeral 7 del artículo 243 del CPACA, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, prescribe que será apelable el auto que niegue el decreto o la práctica de una prueba. Finalmente, de conformidad con el artículo 125 del CPACA, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, el auto mediante el cual se resuelve una apelación en contra de la decisión que negó el decreto o la práctica de una prueba debe ser proferido por el magistrado ponente, puesto que no fue previsto dentro de las providencias a cargo de las salas, secciones y subsecciones.
También resuelve:¿Se cumplen los requisitos para el decreto de la prueba testimonial solicitada?¿Se cumplen los requisitos para el decreto de la prueba pericial solicitada?
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2022-02-28Sección Tercera (Subsección C)GUILLERMO SANCHEZ LUQUERad. 73001233300020190036601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Apelación de auto Sí
El contratista no puede presentar un concepto pericial que no incluya datos necesarios para su contradicción, como la identificación de los profesionales que lo elaboraron, su designación en procesos anteriores, y la especificación de los métodos y exámenes utilizados, ya que estos son requisitos esenciales para que el dictamen pericial cumpla con los estándares de forma y contenido establecidos en el Código General del Proceso. La entidad estatal, al verificar que el concepto no reúne estos requisitos, puede rechazar la prueba pericial solicitada, lo que implica que el juez debe confirmar la providencia que rechaza dicha prueba, asegurando así el principio de contradicción y la eficacia de los medios de prueba en el proceso contencioso administrativo.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-08-12Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 85001233300020140019601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al consejero de Estado ponente conocer del recurso de apelación presentado contra el auto adoptado por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante el cual se niega el decreto o la práctica de pruebas? Sí
El magistrado ponente, y no la sala, es competente para resolver la apelación contra el auto que niega el decreto o la práctica de pruebas. Esta regla se apoya en el numeral 7 del artículo 243 del CPACA, que hace apelable esa decisión, y en el artículo 150 del mismo código, que atribuye al Consejo de Estado el conocimiento en segunda instancia de las apelaciones contra autos susceptibles de ese recurso. El artículo 125 del CPACA asigna al despacho del ponente la resolución de estos recursos cuando no corresponden a la sala. Por ello la competencia para decidir la impugnación de una negativa probatoria se radica en el despacho del ponente. En el caso concreto el despacho se declaró competente para conocer y resolver el recurso contra la negativa de decretar o practicar pruebas proferida por el tribunal, y la decisión fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la apelación contra la negativa probatoria se tramita ante el despacho del ponente.síntesis automática
También resuelve:¿Para que los medios de convicción puedan ser apreciados por el juez, deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en el CPACA…¿Resulta procedente la solicitud de pruebas de la demandante con miras a aportar un dictamen pericial de parte, cuando se observa que la peticionaria dejó vencer las oportunidades procesales…
¿El cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales inicia a partir del vencimiento del plazo convenido para liquidar el contrato bilateralmente? Sí
El contratista debe iniciar el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a partir del vencimiento del plazo convenido para liquidar el contrato bilateralmente, conforme al artículo 164-2-j del CPACA, que establece un plazo de dos meses adicionales a partir de este vencimiento para iniciar el proceso, seguido de dos años para presentar la demanda. En contratos de derecho privado, el contratista no tiene derecho a reclamar el restablecimiento de la ecuación financiera previsto para contratos estatales, salvo que demuestre el incumplimiento del contrato y la afectación del equilibrio económico, lo cual no se acredita solo con la aportación de facturas sin soporte de actividades ejecutadas. Además, la prueba pericial solicitada en el proceso debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 212 del CPACA para ser procedente, incluyendo la oportunidad de su solicitud y su utilidad para demostrar el incumplimiento o el cumplimiento de las obligaciones contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿El restablecimiento de la ecuación financiera es procedente en los contratos regidos por el derecho privado?¿La simple aportación de facturas acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales para sustentar la solicitud de perjuicios materiales?¿La prueba pericial solicitada en el proceso cumplia los requisitos para su procedencia?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-08-08Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 85001233300020210014301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejero tiene la competencia para resolver el recurso de apelación contra la providencia que niega el decreto de una prueba? Sí
El contratista debe cumplir con los requisitos establecidos en el Código General del Proceso para solicitar el decreto de prueba testimonial, incluyendo una enunciación clara y suficiente del objeto de la prueba y su relación con los hechos controvertidos. La entidad administrativa, al negar el decreto de prueba, debe fundamentar su decisión, y el recurso de apelación contra esta providencia es apelable ante el Consejo de Estado, en virtud de los artículos 125 numeral 3 y 150 del Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo. La Sala confirma que el Consejero tiene competencia para resolver este recurso, lo que implica que la entidad debe argumentar adecuadamente la negativa a la prueba y el contratista debe presentar su solicitud de manera precisa y conforme a la ley, para evitar improcedencias.síntesis automática
También resuelve:¿Contra la decisión que niega el decreto de una prueba procede el recurso de apelación?¿Para que proceda la solicitud de la prueba testimonial se deben argumentar con suficiencia la relación de dicha prueba con los hechos objeto de la controversia que originó el proceso?¿Se cumplen los requisitos para el decreto de los testimonios solicitados por la parte demandada?
¿El contratista acreditó la configuración de la lesión enorme? No
El contratista no acredita la configuración de la lesión enorme al no probar el justo precio del inmueble al momento de la celebración del contrato de promesa de compraventa, según lo establece la carga de la prueba que le corresponde al accionante para fundamentar sus pretensiones. En este caso, la entidad estatal vendió un inmueble para el desarrollo de un proyecto de vivienda de interés social por un valor de $4.282.164.000, pero no se presentó prueba alguna que permita conocer el justo precio del bien en el momento del contrato, lo que implica que no se cumplió con la exigencia legal de acreditar que el valor del contrato era inferior a la mitad del justo precio. La Sala revocará la sentencia apelada por no haberse cumplido con la carga probatoria requerida, lo que implica que en casos similares, el contratista debe presentar pruebas periciales que demuestren el justo precio para configurar la lesión enorme.síntesis automática
También resuelve:¿Obra prueba que permita conocer el justo precio del bien al momento de la celebración del contrato de promesa?¿El comprador sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella?¿La Ley 80 de 1993 prescribe que los contratos que celebren las entidades se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes?
¿Para determinar la oportunidad de la acción de controversias contractuales cuyo objeto se circunscribe a establecer si en la compraventa celebrada entre las partes existió desproporción entre el valor real del bien y el valor pagado en los términos exigidos en la ley para que se configure la lesión enorme, resultan relevantes las épocas de las presuntas afectaciones del predio a utilidad pública, cuando la demanda no está encaminada a obtener reparación por esas presuntas afectaciones? No
El contratista no debe considerar relevantes las épocas de presuntas afectaciones del predio a utilidad pública para determinar la oportunidad de la acción de controversias contractuales que busca establecer si en la compraventa celebrada entre las partes existió desproporción entre el valor real del bien y el valor pagado, ya que la demanda no busca reparación por esas afectaciones. La oportunidad de la acción se determina a partir del perfeccionamiento del negocio jurídico, es decir, desde el otorgamiento de la escritura pública, y no desde eventos posteriores no relacionados con el objeto de la controversia. La regla establece que el término de caducidad para accionar en controversias contractuales es de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho correspondientes, lo que implica que la acción es oportuna si se presenta dentro de este plazo, ajustándose a los días hábiles y considerando la vacancia judicial. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la determinación de la oportunidad de la acción de controversias contractuales, permitiendo una interpretación más flexible y ajustada a la realidad de los casos.síntesis automática
También resuelve:¿Resultan aplicables a la adquisición de inmuebles por parte de las entidades públicas por ventas no forzadas, las normas civiles propias de la compraventa relativas a la lesión enorme?¿El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende…¿La verificación judicial de la lesión enorme se limita en forma objetiva al precio, sin que se imponga para su configuración la prueba de un vicio en el consentimiento o la intención de alguno de…
¿La sentencia que negó la nulidad de los mismos actos administrativos contractuales en otro proceso produce efectos de cosa juzgada respecto de un cargo de nulidad que no hizo parte de la causa petendi juzgada? No
El inciso primero del artículo 189 del CPACA dispone que (se trascribe): “la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada”. De los cargos de nulidad formulados en la demanda que dio origen al proceso de la referencia, la Sala centrará su análisis en aquel según el cual los actos administrativos fueron expedidos con desconocimiento del debido proceso, debido a que, durante el procedimiento administrativo, el Distrito negó injustificadamente una prueba pericial que cumplía todos los requisitos para ser decretada y que tenía por objeto demostrar el porcentaje de ejecución del contrato de concesión y controvertir lo señalado al respecto en un informe de interventoría.
También resuelve:¿Las aseguradoras garantes de un contrato estatal, pese a ser terceros respecto de este, están legitimadas en la causa por activa para pretender la declaratoria de nulidad absoluta de un acuerdo…¿Están legitimadas en la causa por activa las aseguradoras que actúan como garantes del contratista para pretender que se declare el incumplimiento de las obligaciones económicas a cargo de la…¿Procede declarar la nulidad absoluta de un acuerdo modificatorio de un contrato estatal por desviación de poder y causa ilícita…
¿El régimen aplicable al contrato de concesión suscrito para el mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público, es el contenido en la Ley 80 de 1993 y sus reformas, no solo porque dicho servicio no se encuentra incorporado dentro del régimen de la Ley 142 de 1994 ateniente a los servicios públicos domiciliarios, sino también porque fue suscrito por una entidad estatal territorial? Sí
El contratista y la entidad estatal territorial celebran un contrato de concesión para el mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público, cuyo régimen jurídico es el contenido en la Ley 80 de 1993 y sus reformas, no solo porque el servicio no está incorporado en el régimen de la Ley 142 de 1994, sino también porque la celebración del contrato se ajusta a la competencia de la entidad territorial conforme a los artículos 2 y 32 de la Ley 80 de 1993. La Sala confirma que el contrato se perfeccionó a pesar de las irregularidades en las pólizas de garantía, al diferenciar el perfeccionamiento del contrato de su ejecución, reiterando la jurisprudencia sobre la valoración de copias simples de documentos y la procedencia de la acción de controversias contractuales en casos de incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales resulta procedente para solicitar la declaratoria de incumplimiento del contrato de concesión objeto de estudio?¿La legitimación en la causa en las acciones contractuales se encuentra en cabeza de las partes del contrato de concesión…¿Cuentan con valor probatorio los documentos allegados al proceso en copia simple?
¿El fenómeno jurídico de la caducidad representa un límite o un plazo máximo, perentorio y preclusivo, dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción, de naturaleza objetiva, que corre indefectiblemente y no se interrumpe, ni se suspende salvo determinados eventos? Sí
El contratista debe ejercer su derecho de acción dentro del término de caducidad, un límite temporal perentorio y preclusivo que corre indefectiblemente y no se interrumpe ni suspende, salvo en casos específos como la conciliación extrajudicial. En contratos estatales que requieren liquidación y ésta se lleva a cabo de común acuerdo, el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a partir del día siguiente a la fecha en que las partes liquidaron el contrato. Los contratos de tracto sucesivo, cuya ejecución se prolonga en el tiempo, son objeto de liquidación que debe llevarse a cabo de común acuerdo entre las partes o, en su defecto, de forma unilateral por la entidad estatal, con el fin de determinar el estado económico final del contrato y finiquitar la relación negocial. Esta jurisprudencia reitera y matiza precedentes, estableciendo claramente los plazos y procedimientos para la liquidación y ejercicio de acciones en contratos estatales, lo que implica una mayor certeza jurídica en la administración de contratos públicos.síntesis automática
También resuelve:¿En los contratos estatales que requieran de liquidación y ésta se lleva a cabo de común acuerdo, la contabilización del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a…¿Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación…¿Es a partir de la terminación del contrato, cuando empieza la etapa de liquidación, que deberá llevarse a cabo, en principio, de común acuerdo entre las partes…
¿Procede declarar la ineptitud sustantiva de la demandan respecto de la pretensión de nulidad del acto administrativo que deniega una solicitud de revocatoria directa? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad del acto administrativo que deniega una solicitud de revocatoria directa mediante la acción de lo contencioso administrativo, ya que dicha decisión no genera una situación jurídica nueva ni es susceptible de control judicial, por lo que la demanda debe ser declarada inepta sustantivamente en relación con esta pretensión. La Sala reitera la jurisprudencia según la cual la resolución que niega la revocatoria directa no constituye un acto administrativo definitivo, por lo que no puede ser objeto de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Esta regla implica que el juez debe inhibirse para fallar sobre dicha pretensión y declarar la ineptitud sustantiva de la demanda en este aspecto.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la acumulación de las pretensiones solicitadas a través del medio de control de controversias contractuales y el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho?¿Cuando las pretensiones se solicitan mediante medios de control diferentes, el término de caducidad cuenta de manera separada para cada una de ellas?¿Cuál es la diferencia entre la inhabilidad para contratar y la incompatibilidad?
¿La interventoría consiste en el seguimiento técnico sobre el cumplimiento del contrato que realiza una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando medie mandato legal, cuando supone conocimiento especializado en la materia o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen? Sí
El contratista no puede alegar incumplimiento por parte de la entidad estatal debido a la falta de designación de un interventor o un gerente del proyecto, cuando el contrato no establece claramente la obligación de nombrar a estos roles y las actividades asignadas a estos puestos pueden ser realizadas internamente por la entidad. La Sala precisa que la interventoría es obligatoria solo para contratos de obra derivados de licitaciones públicas, según el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y que para otros contratos, la vigilancia puede ser efectuada por la misma entidad mediante supervisores, siempre y cuando no se requiera conocimiento especializado. En este caso, las funciones del interventor se limitaban a emitir directrices generales y verificar la afiliación al sistema de seguridad social de los empleados del contratista, tareas que la entidad pudo realizar sin necesidad de contratar a un tercero especializado. Esta decisión reitera y matiza la interpretación del concepto de interventoría, subrayando que la designación de un interventor no es siempre obligatoria y que la entidad puede asumir directamente las funciones de vigilancia, lo que implica que los contratistas deben revisar cuidadosamente los términos del contrato antes de alegar incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿La Secretaría Distrital de Planeación incumplió el contrato 299 de 2012 debido a la falta de designación de un gerente de proyecto y de un interventor del proyecto…¿En la Resolución 678 del 19 de junio de 2015, y en la que la que la confirmó, actos administrativos mediante los cuales se impuso una multa, se vulneró el debido proceso del sancionado…¿Cuenta con valor probatorio el dictamen pericial allegado por el demandante para demostrar las especificaciones técnicas del software y la funcionalidad del sistema desarrollado…
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación en segunda instancia en contratos estatales por razón de su cuantía, conforme al artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y su legitimación en la causa se acredita tanto para la entidad pública como para el contratista. La competencia del juez de segunda instancia se limita a los argumentos del recurso de apelación, conforme al artículo 328 del Código General del Proceso, y no puede reformar puntos íntimamente relacionados con la modificación salvo que sea indispensable, garantizando la non reformatio in pejus. Además, el reconocimiento de componentes de utilidad (AIU) en un convenio de asociación para el desarrollo de vivienda de interés social es improcedente cuando no se pactó precio y el vínculo negocial es no conmutativo, ya que la Ley 388 de 1997 permite la celebración de contratos de fiducia sin las limitaciones del régimen de contratación estatal, pero no establece una regulación especial para proyectos de vivienda de interés social. Esta decisión reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y limita la actuación del juez en apelaciones, mientras que matiza la posibilidad de reconocer AIU en convenios de asociación para vivienda de interés social.síntesis automática
También resuelve:¿El contratista y la entidad pública contratante como partes del negocio jurídico que sirve como fuente de la controversia, se encuentran legitimados para acudir al proceso?¿La competencia del juez de segunda instancia se encuentra delimitada por los argumentos del recurso de apelación?¿Es improcedente el reconocimiento de componentes de utilidad (AIU) en un convenio de asociación para el desarrollo de vivienda de interés social…
¿Procede la acción de controversias contractuales para demandar la lesión enorme de un contrato? Sí
La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo cuando se alega la lesión enorme de un contrato (arts. 50 y 51 Ley 80, 1546 y 1602 CC y 87 CCA).
También resuelve:¿Se presentó oportunamente la acción de controversias contractuales incoada para demandar la lesión enorme de un contrato público de compraventa?¿Cuentan con valor probatorio los documentos aportados en copia simple?¿Cuenta con valor probatorio el avalúo comercial aportado por la demandante y reconocido en diligencia de reconocimiento por su autor…
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar por la falla del servicio médico que ocasionó la muerte de un paciente luego de una intervención quirúrgica de bypass gástrico por obesidad mórbida, por no haber firmado el consentimiento informado ni habérsele comunicado todos los riesgos que implicaban realizarse el procedimiento médico, y por la pérdida de la oportunidad de sobrevida de haber recibido un diagnóstico y tratamiento adecuados? Sí
Aunque la caducidad no se haya discutido ni alegado, el ejercicio oportuno de la acción de reparación directa es un presupuesto procesal que debe examinarse de oficio, porque los plazos legales son razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público. Su vencimiento sin que el interesado presente la demanda extingue el derecho de accionar, por lo que el juez debe verificar la fecha de los hechos y de la presentación de la demanda para establecer si se ejerció en tiempo. Este examen es necesario aun cuando la sentencia de primera instancia no haya estimado que la caducidad se produjo. En el caso concreto, la demanda por la muerte del paciente tras una intervención quirúrgica y por la pérdida de la oportunidad de sobrevida se presentó dentro del término legal, y la sala revocó la decisión de primera instancia. Como consecuencia práctica, en las demandas de responsabilidad médica por reparación directa el juez debe examinar de oficio la oportunidad de la demanda, aunque las partes no hayan debatido la caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación tanto fáctica como jurídica?¿La responsabilidad médica derivada de daños ocasionados como consecuencia de actividades médico-sanitarias, impone al demandante, bajo el régimen de la falla probada del servicio…¿Cuentan con valor probatorio las pruebas documentales y testimoniales trasladadas del proceso penal, cuando decretadas en el plenario y allegadas al proceso…
¿El contrato de consultoría No. 1990 de 2014, celebrado por el departamento de Casanare se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993) Sí
Los contratos que celebra un departamento son contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, porque la Ley 80 de 1993 define como entidades estatales a los departamentos y somete sus contratos a ese estatuto. La regla se apoya en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, que incluye a los departamentos entre las entidades estatales, y en el artículo 13 del mismo estatuto, que dispone que los contratos así suscritos se rigen por esa normativa y, en lo no regulado, por las disposiciones civiles y mercantiles. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. En el caso, el contrato de consultoría celebrado por el departamento se analiza bajo el estatuto general. Como consecuencia práctica, la controversia sobre un contrato de consultoría suscrito por un departamento se resuelve con las reglas del estatuto de contratación pública, y no con las del derecho privado.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente analizar el argumento expuesto en el recurso de apelación, alusivo a la nulidad de las modificaciones contractuales…¿Debe otorgarse valor probatorio a la declaración rendida por el representante suplente de la unión temporal, aun cuando se formuló en su contra una tacha por posible interés en el proceso?¿Puede otorgarse valor probatorio al dictamen pericial allegado por la unión temporal, cuando éste aborda cuestiones jurídicas propias del juez y no cumple con los requisitos establecidos en el…