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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer los recursos de apelación contra las sentencias dictadas

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Fecha
2021-12-15
Radicado
05001233100019980139101
Número interno
34935
Ponente
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE
Demandado
ANTIOQUIA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer los recursos de apelación contra las sentencias dictadas

Lo que dijo la Sala

La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 CCA, esto es, $118.230.000.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos, ya que este organismo es competente para conocer los recursos de apelación en virtud del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y por superar la cuantía establecida en el artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil. Además, la acción de controversias contractuales es el medio idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento contractual, según los artículos 50 y 51 de la Ley 80 de 1993 y 87 del Código Contencioso Administrativo. Asimismo, las controversias derivadas del incumplimiento del contrato se rigen por la prescripción de 20 años, conforme a la interpretación del artículo 55 de la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado. Por último, el mérito probatorio de los documentos públicos o privados lo determina el juez en función de la apreciación global de las pruebas y las reglas de la sana crítica, según el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 1400 de 1970, art. 20 núm. 2
  • Decreto Ley 01 de 1984, arts. 129, 132 núm. 6 y 82
  • Ley 1107 de 2006, art. 1

También resuelve

  • ¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios por incumplimiento de un…
  • ¿Las controversias derivadas del incumplimiento del contrato o la responsabilidad civil de los servidores públicos se rigen por la prescripción de la acción de 20 años?
  • ¿El mérito probatorio de los documentos públicos o privados los asigna el juez?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA PROCESO DE DOBLE INSTANCIA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO VIGENCIA DE LA LEY APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL EN EL TIEMPO CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PRESCRIPCIÓN ORDINARIA DEL CONTRATO ESTATAL CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO DOCUMENTO CLASES DE DOCUMENTO DOCUMENTO PÚBLICO CONCEPTO DE DOCUMENTO PÚBLICO AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO PÚBLICO DOCUMENTO PÚBLICO AUTÉNTICO VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO DOCUMENTO PRIVADO AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PRIVADO DOCUMENTO PRIVADO AUTENTICADO REQUISITOS DEL DOCUMENTO PRIVADO VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PRIVADO VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PRIVADO AUTENTICADO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL VARIACIÓN DEL PRECIO INFLACIÓN ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL AFECTACIÓN DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO AJUSTE POR INFLACIÓN REVISIÓN DE PRECIOS REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL FÓRMULA PARA EL REAJUSTE DE PRECIO REAJUSTE DE PRECIO CARGA DE LA PRUEBA APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA IMPROCEDENCIA DEL REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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Titulación de la relatoría 12.094 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA Problema jurídico: ¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 CCA, esto es, $118.230.000. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 20 NUMERAL 2, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 6, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios por incumplimiento de un contrato? Respuesta al problema jurídico: Si La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios por incumplimiento de un contrato (arts. 50 y 51 Ley 80, 1546 y 1602 CC y 87 CCA). FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 50, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 51, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1546, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602 VIGENCIA DE LA LEY / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL EN EL TIEMPO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PRESCRIPCIÓN ORDINARIA DEL CONTRATO ESTATAL / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO Problema jurídico: ¿Las controversias derivadas del incumplimiento del contrato o la responsabilidad civil de los servidores públicos se rigen por la prescripción de la acción de 20 años? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 624 CGP, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, prescribe que los términos se rigen por las leyes vigentes al momento en que empiezan a correr. El artículo 136 CCA, antes de la modificación introducida por la Ley 446 de 1998, disponía que el término para formular las pretensiones relativas a los contratos caducaría en dos años de ocurridos los motivos de hecho o derecho que le sirvan de fundamento. El artículo 55 de la Ley 80 de 1993, por su parte, estableció que la acción civil derivada de las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50, 51, 52 y 53 de esa ley prescribirían en el término de 20 años, contados a partir de la vigencia de los mismos. La Sala ha sostenido, con el fin de armonizar estas normas, que las controversias derivadas del incumplimiento del contrato o la responsabilidad civil de los servidores públicos se rigen por la prescripción de la acción de 20 años, mientras que las demás, esto es, las derivadas de la validez del contrato, de los actos jurídicos y de los hechos contractuales que no le son imputables a las partes (hecho del príncipe, hechos imprevisibles, etc.), se les aplica la caducidad de 2 años (art. 136 CCA) . Como el incumplimiento en el pago de las actas n.° 26 y 27 alegado por el demandante se configuró el 20 de marzo de 1997 [hecho probado 7.4], fecha en la que la entidad presuntamente pagó de forma tardía el valor de esas actas, esto es, en vigencia del artículo 55 de la Ley 80 de 1993, esta es la norma aplicable para definir la presentación oportuna de la demanda. De manera que, como el término de veinte años inició a partir de esa fecha –20 de marzo de 1997– y la demanda se interpuso el 23 de marzo de 1999, se presentó de forma oportuna. NOTA DE RELATORÍA: Referente al cómputo del término de la prescripción ordinaria del contrato estatal, consultar sentencia de 9 de marzo de 2000, Exp. 17333, C.P. María Elena Giraldo Gómez. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 624, LEY 446 DE 1998, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 50, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 51, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 52, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 53, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 55 DOCUMENTO / CLASES DE DOCUMENTO / DOCUMENTO PÚBLICO / CONCEPTO DE DOCUMENTO PÚBLICO / AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO PÚBLICO / DOCUMENTO PÚBLICO AUTÉNTICO / VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / DOCUMENTO PRIVADO / AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PRIVADO / DOCUMENTO PRIVADO AUTENTICADO / REQUISITOS DEL DOCUMENTO PRIVADO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PRIVADO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PRIVADO AUTENTICADO Problema jurídico: ¿El mérito probatorio de los documentos públicos o privados los asigna el juez? Respuesta al problema jurídico: Si Según el artículo 251 CPC, los documentos son públicos o privados. El documento es público si es otorgado por funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y es privado si no reúne los requisitos para ser público. El documento público se presume auténtico y el documento privado es auténtico en los casos previstos en el artículo 252 CPC. El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez (arts. 264, 277 y 279 CPC), luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica (art 187 CPC). FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 187, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 251, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 252, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 264, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 277, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 279 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN Problema jurídico: ¿El contrato de obra se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública porque fue celebrado por un departamento? Respuesta al problema jurídico: Si El 5 de septiembre de 1995, el Departamento de Antioquia y el consorcio L. H. S. S. y C. A. S. S. celebraron el contrato de obra n.° 05-09-94 para la ampliación, rectificación y pavimentación de la carretera Bolombolo-Santa fe de Antioquia [hecho probado 7.1]. Como el Departamento de Antioquia fue parte del contrato, a sus contratos se aplica, además del derecho privado, la regulación especial prevista en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / VARIACIÓN DEL PRECIO / INFLACIÓN / ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / AFECTACIÓN DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / AJUSTE POR INFLACIÓN / REVISIÓN DE PRECIOS / REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / FÓRMULA PARA EL REAJUSTE DE PRECIO Problema jurídico: ¿Las cláusulas de reajuste de precios buscan impedir que las variaciones de los factores que son determinantes en el precio, afecten el equilibrio económico del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 4.8 de la Ley 80 de 1993 establece que, para el cumplimiento de los fines de la contratación estatal, las entidades estatales adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o de contratar en los casos de contratación directa. Conforme a este precepto, para ello, utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios. Mediante las cláusulas de reajuste de precios las partes buscan impedir que las variaciones de los factores que son determinantes en el precio, por fenómenos económicos como la inflación o el aumento de costos, afecten el equilibrio económico del contrato . Por ello, es usual pactar fórmulas actuariales que permitan ajustar los precios iniciales, con fundamento en las variaciones de sus componentes en el mercado, para que correspondan a la realidad de los costos en el momento de ejecución de las prestaciones a cargo del contratista. NOTA DE RELATORÍA: Referente al reajuste de precios por variaciones de los factores, consultar sentencia de 22 de febrero de 2001, Exp. 13682, C.P. Ricardo Hoyos Duque. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 8 REAJUSTE DE PRECIO / REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / IMPROCEDENCIA DEL REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La entidad demandada debía pagar un reajuste de precios pactado con ocasión de la tardanza en el reconocimiento del valor de unas actas de obra ejecutada? Respuesta al problema jurídico: No [N]o obra prueba que acredite la fecha de entrega a la dirección financiera de valorización departamental de las actas n.° 26 y 27 junto con la respectiva cuenta debidamente aprobada por la dirección técnica del Departamento Administrativo de Valorización. Como no existe certeza frente a esa fecha, no se acreditó que la entidad estuviera obligada a pagar el reajuste reclamado, pues según la cláusula octava del contrato de obra n.° 05-09-94, la entrega de los citados documentos a valorización departamental determinaba el inició del término cuyo vencimiento daría lugar al nacimiento de esa obligación. Según el artículo 1757 CC, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. De modo que, el acreedor debe demostrar el surgimiento de la obligación con la prueba del hecho jurídico generador de la misma o el deudor –si excepciona– debe probar su extinción (carga de la prueba). Al demandante, pues, es a quien le corresponde probar hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones . En concordancia, el artículo 177 CPC, aplicable por remisión expresa de los artículos 168 y 267 CCA, prevé que las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Como no obra prueba que acredite que la demandada debía pagar el reajuste de precios reclamado por el vencimiento del término para del pago de las actas n.° 26 y 27, no se acreditó el incumplimiento del contrato de obra n.° 05-09-94. Por ello, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negará las pretensiones. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 168, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1757 IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas? Respuesta al problema jurídico: No De conformidad con el artículo 171 CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000199801391011100103