Titulación de la relatoría 16.663 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
Problema jurídico:
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia, en virtud de la cuantía?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta Corporación es competente para conocer del presente caso, en observancia del factor objetivo de atribución de competencia por tratarse de un proceso de doble instancia en razón de la cuantía, según lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, dado que la pretensión dineraria excede los 500 salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de la presentación de la demanda.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 37
PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / CONFIGURACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / CONTRATO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirven de fundamento?
Respuesta al problema jurídico: Si
El término de caducidad de la acción de controversias contractuales es de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento, conforme al numeral 10° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, sin perjuicio de las subreglas que existen para su cómputo en función de si el contrato es de ejecución instantánea o de si siendo sucesiva, debe o no someterse a liquidación10 . Como en el caso concreto, la solicitud de suscripción de contrato de estabilidad tributaria fue radicada ante la DIAN el 19 de septiembre de 2000 y, en criterio de la parte demandante, el 20 de noviembre de la misma anualidad operó el silencio administrativo positivo del cual emerge, según la actora, el supuesto del cual desprende la pretendida existencia del negocio jurídico, la Sala estima que este hito temporal constituye el motivo de hecho o de derecho que dio fundamento a la acción de controversias contractuales.En esta medida, desde el 21 de noviembre de 2000, la parte actora pudo ejercer la acción encaminada a solicitar la declaración de existencia de dicho contrato, venciéndose los dos años el 21 de noviembre de 2002. Por lo anterior, la demanda presentada el 6 de noviembre de 2002 fue radicada de forma oportuna.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44
CONTRATO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA / OBJETO DEL CONTRATO / REQUISITOS DEL CONTRATO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA / REQUISITOS DE EXISTENCIA DEL CONTRATO / EXISTENCIA DEL CONTRATO / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO / SOLEMNIDAD DEL CONTRATO / REQUISITO AD SUBSTANTIAM ACTUS / CONTRATO ESCRITO
Problema jurídico:
¿La existencia del contrato de estabilidad tributaria está supeditada al cumplimiento de la solemnidad consistente en que el acuerdo conste por escrito?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l contrato de estabilidad tributaria es, ante todo, en virtud del derecho común, un acuerdo de voluntades integrado, de una parte, por el particular y, de la otra, de la Administración, puntualmente de la DIAN. El objeto de este acuerdo radica en que la autoridad de impuestos conviene en otorgar un régimen de estabilidad tributaria al solicitante contribuyente por un lapso determinado que no podrá exceder de 10 años, cuyos términos están predefinidos en la ley y consiste en que éste se obliga a pagar un monto superior en dos puntos porcentuales (2%), a la tarifa del impuesto de renta y complementarios general vigente al momento de la suscripción del contrato individual respectivo, a cambio de gozar de estabilidad en materia de impuesto de renta y complementario por el período acordado. (...) la existencia del contrato de estabilidad tributaria, en cuanto se trata de un contrato estatal, está supeditada al cumplimiento de la solemnidad, que no es otra distinta a que el objeto y la contraprestación conste por escrito, en donde se manifieste inequívocamente la voluntad de los extremos contrayentes de crear en el mundo jurídico una o más obligaciones para que sean cumplidas por los cocontratantes.
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / ALCANCE DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / CAUSALES DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / TAXATIVIDAD DE LAS CAUSALES DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / PROCEDIMIENTO PARA EFECTIVIZAR EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / PROCEDENCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO EN MATERIA TRIBUTARIA / CONFIGURACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO EN MATERIA TRIBUTARIA / PROTOCOLIZACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO EN MATERIA TRIBUTARIA / EFECTOS DE LA PROTOCOLIZACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO EN MATERIA TRIBUTARIA / CONTRATO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA / SOLEMNIDAD DEL CONTRATO / REQUISITO AD SUBSTANTIAM ACTUS / CONTRATO ESCRITO / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO / RÉGIMEN ESPECIAL DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA
Problema jurídico:
¿El silencio administrativo positivo en el régimen de estabilidad tributaria tiene el alcance de hacer surgir una relación contractual entre el particular y la DIAN?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l silencio administrativo positivo opera para los casos en los que expresamente la ley lo haya establecido y se edifica sobre la premisa de que, frente a la solicitud del particular, la Administración haya guardado silencio y este, a su vez, haya llevado a cabo el procedimiento descrito en el artículo 42 del Código Contencioso Administrativo. Cabe precisar que el procedimiento aludido, tal como lo indicaba la norma en cita, consistía en elevar a escritura pública la constancia o copia de la petición, que según rezaba el artículo 5 del CCA, debía estar autenticada por el funcionario respectivo, con anotación de la fecha de su presentación y del número y clase de los documentos anexos. Escritura pública que, además, debía estar acompañada con la declaración jurada de no haberle sido notificada una decisión dentro del término previsto. Ahora bien, vale la pena mencionar que, la Sala no pasa inadvertida la existencia de norma especial sobre el silencio administrativo positivo en materia tributaria consagrada en el artículo 734 del Estatuto Tributario. En cuanto al alcance de su aplicación la Sección Cuarta de esta Corporación ha considerado que, si bien en ese escenario también existe el fenómeno del silencio administrativo positivo, lo cierto es que para que su configuración produzca efectos no le resulta extensible el trámite de protocolización establecido por el CCA para los eventos en los que no haya respuesta a los recursos elevados por los contribuyentes en materia de estabilidad tributaria. (...) el silencio administrativo positivo en el régimen de estabilidad tributaria no tiene el alcance de hacer surgir una relación contractual entre el particular y la DIAN, pues, precisamente, un negocio jurídico, para que adquiera esa connotación y alcance, requiere como condición sine qua non la convergencia de dos voluntades autónomas, sin lo cual será un mero acto jurídico y, aunado a ello, en tratándose de contratos estatales no basta la presencia del consenso para que exista el acuerdo, resultando indispensable que se cumpla con la solemnidad ad substantiam actus, que estriba en la presencia del documento escrito. Consiente de estos presupuestos contractuales, en el artículo 240-1 del Estatuto Tributario, el legislador consagró con nitidez que el efecto del silencio de la Administración ante la solicitud de suscripción del contrato sería la aplicación del régimen de estabilidad tributaria, premisa que cobra total sentido en la medida en que el primer instrumento para lograr este propósito era el contrato, que al no haberse suscrito por el silencio de la Administración, abría paso al segundo mecanismo para que el particular no quedara desprovisto del régimen de estabilidad tributaria, al cual accedería por ministerio de la Ley, sin que mediara contrato alguno.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente al silencio administrativo positivo en materia tributaria, consultar sentencia de 1 de junio de 2001, Exp. 11610, C.P. Germán Ayala Mantilla.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 624 DE 1989 - ARTÍCULO 734 , DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 42, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 5
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL CONTRATO / CONTRATO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA / CONTRATO ESCRITO / SOLEMNIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITO AD SUBSTANTIAM ACTUS / SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO EN MATERIA TRIBUTARIA / INOPERANCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / INEXISTENCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / INEXISTENCIA DEL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Entre la demandante, Tecnigreen Ltda., y la DIAN, como parte demandada, existe un contrato de estabilidad tributaria en razón a la operancia del silencio administrativo positivo consagrado en el artículo 240-1 del Estatuto Tributario?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala encuentra que las pretensiones propuestas por la parte activa no tienen vocación de prosperidad. En primer lugar, no se accederá a declarar la existencia del contrato de estabilidad tributaria ni a la devolución de los gravámenes cobrados por la DIAN, por las siguientes razones: El silencio administrativo positivo que consagra el artículo 240-1 del Estatuto Tributario no tiene el alcance de hacer nacer a la vida jurídica el contrato presentado por Tecnigreen Ltda., no solo porque un contrato solo puede nacer de la convergencia de dos o más voluntades, sino porque, además, tratándose de un contrato estatal, su existencia está supeditada al cumplimiento de la solemnidad de elevarlo a escrito. De manera que, el contrato estatal de estabilidad tributaria solo existe cuando la voluntad de la Administración con la del particular confluyan en un texto escrito, por lo que la solicitud presentada por la demandante es un mero acto jurídico que solo incorpora su voluntad unilateral y el silencio de la DIAN no puede, de manera alguna, derivar en una voluntad de ésta para suscribir el contrato, máxime si quedó probado vía confesión que la Administración citó al demandante con el objetivo de presentar otro modelo de contrato, situación que redunda en que no hubo acuerdo de la DIAN para suscribir el negocio que ahora se pretende declarar existente. El silencio administrativo positivo solo tenía el alcance de hacer aplicable el régimen de estabilidad tributaria al contribuyente, en virtud de la ausencia de un contrato. No obstante, para la configuración del silencio administrativo positivo era necesario que, ante todo y reiterando la jurisprudencia que ha reflexionado en casos análogos, la contribuyente acatara los presupuestos del artículo 42 del Código Contencioso Administrativo, tales como la protocolización (...) Con esto, es claro que no existió un contrato de estabilidad tributaria suscrito entre la DIAN y Tecnigreen Ltda., pues el silencio administrativo positivo consagrado en el artículo 240-1 del Estatuto Tributario no tenía dicho alcance, este solo se limitaba a hacer extensible al contribuyente el régimen de estabilidad tributaria. Empero, para Tecnigreen Ltda. tampoco resultó cobijado por este régimen, pues el silencio administrativo positivo no operó al no cumplirse con las exigencias del artículo 42 del Código Contencioso Administrativo, además de que, tal como lo advirtió el a quo, ninguna de las pretensiones del demandante se dirigió a lograr estos efectos. En consecuencia, tampoco hay lugar a ordenar la devolución de ningún gravamen cobrado por la DIAN. (...) Entre la demandante, Tecnigreen Ltda., y la DIAN, como parte demandada, no existió nunca un contrato de estabilidad tributaria, en razón a que era condición sine qua non para su nacimiento la confluencia de ambas voluntades, lo cual no ocurrió, porque la DIAN no manifestó su acuerdo para suscribir el contrato propuesto por la contribuyente. A contrario sensu, este organismo citó al contribuyente con el objeto de presentarle un nuevo proyecto de contrato, actuación que evidencia su falta de acuerdo con la suscripción del primer proyecto. Tampoco puede reputarse existente un contrato estatal, como lo es el de estabilidad tributaria, cuyo acuerdo o confluencia de voluntades entre el particular y la Administración no conste en un documento escrito, pues la existencia de estos negocios jurídicos está supeditada al cumplimiento de la aludida solemnidad. El silencio administrativo positivo consagrado en el artículo 240-1 del Estatuto Tributario no tiene el alcance de hacer nacer un contrato de estabilidad tributaria; sus efectos están exclusivamente dirigidos a que le sea aplicable al contribuyente el régimen de estabilidad tributaria, ya no por conducto de un contrato, sino por ministerio de la ley; empero, para surtir tal finalidad se tienen que cumplir los requisitos del artículo 42 del Código Contencioso Administrativo, pues el silencio administrativo positivo no operó por el mero hecho del silencio.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 624 DE 1989 - ARTÍCULO 240 NUMERAL 1, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 42
CONTRATO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA / PROYECTO DE CONTRATO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA / FALTA DE PRUEBA / INEXISTENCIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Es procedente declarar la nulidad del proyecto de contrato de estabilidad tributaria propuesto por la DIAN?
Respuesta al problema jurídico: No
En segundo lugar, no se accede a la pretensión de declarar la nulidad del proyecto de contrato de estabilidad tributaria propuesto por la DIAN, en razón a que, frente a esto solo quedó probada, vía confesión, el hecho de la citación que llevó a cabo la DIAN con el fin de suscribir un nuevo proyecto de contrato, no obstante este documento no reposa en el expediente, por lo que no hay prueba de su existencia, siendo claro que la aportación era indispensable para si quiera analizar la pretensión de nulidad, por lo que ante su ausencia no es posible concluir la naturaleza del mismo. En relación con lo anterior, esta Sala no pasa inadvertido que en el folio 15 de la demanda se solicitó al juez que este oficiara a la DIAN para que enviara original o copia del mencionado proyecto de contrato. No obstante, en el auto de decreto de pruebas del 8 de septiembre de 2003 esta prueba no fue decretada y era carga del demandante recurrir esta providencia con el fin de que dicho decreto se efectuara, por lo que, al omitir esta carga procesal, la ausencia de este documento tiene consecuencias adversas para su pretensión, la cual será negada por las razones esbozadas. En tal virtud, se revoca la decisión del a quo al declarar la ineptitud de la pretensión de nulidad contra dicho documento por considerar que no revestía las características de un acto administrativo, conclusión a la que no era posible llegar sin analizar el acto atacado y deducir de su contenido la aludida naturaleza.
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS / INEXISTENCIA DE MALA FE / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Se acreditó la existencia de mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala considera que la conducta procesal de las partes en el desarrollo del proceso fue ajustada a derecho y atendió los postulados de la buena fe, por lo cual, en cumplimiento del artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no se condena en costas a ningún extremo procesal.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55