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Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación2022-10-04Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 11001032600020220014200LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral interpuesto, reúne los requisitos de oportunidad y de forma contemplados la Ley 1563 de 2012? Sí
Revisado el expediente digital, se observa que el recurso interpuesto reúne los requisitos de oportunidad y de forma contemplados en el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012, pues se presentó y sustentó con la indicación de la causal invocada, ante la Secretaría del Tribunal de Arbitramento… , dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la providencia de 28 de febrero de 2022.
También resuelve:¿La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer, en única instancia, del recurso extraordinario de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en…
¿Teniendo en cuenta las estipulaciones contractuales, los contratistas estaban obligados a restituirle a EPM las sumas que obtuvieran por la devolución de un IVA pagado en la adquisición de sus insumos, cuando se observa que tal exención estaba vigente cuando se inició el proceso licitatorio? No
El contratista no está obligado a restituir a la entidad estatal las sumas obtenidas por la devolución del IVA pagado en la adquisición de insumos, cuando la exención del impuesto estaba vigente al inicio del proceso licitatorio. Esta regla se sostiene en que la estipulación contractual redactada por la entidad estatal establece que el valor de los precios unitarios del contrato se ajustará en función de las disposiciones sobre impuestos expedidas después de la presentación de la oferta. Además, la entidad estatal no puede alegar inducción al error por parte del contratista, ya que el conflicto planteado en la demanda se limita al análisis de la estipulación contractual y no a la estrategia de cálculo de precios unitarios. La Sala confirma la sentencia de primera instancia, reiterando que la vigencia de la exención del IVA al inicio del proceso licitatorio no implica la obligación del contratista de restituir las sumas devueltas por la entidad tributaria.síntesis automática
¿Pese a que el interventor del contrato solicitó un cambio de especificaciones técnicas en el desarrollo del proyecto, los mayores costos resultantes de dicha modificación debían ser autorizados por la entidad para que le fueran reconocidos a la contratista, y como las demandantes no acreditaron esta circunstancia, eso es, que hubiesen informado a FONADE sobre el mayor valor que suponía la obra y que esta ultima hubiera aprobado tales modificaciones, los mayores costos no resultan imputables a la entidad contratante demandada? Sí
El contratista no puede obtener el reconocimiento de mayores costos resultantes de modificaciones solicitadas por el interventor sin la previa autorización por escrito de la entidad contratante, conforme a lo establecido en el contrato, y en ausencia de dicha aprobación, los mayores costos no son imputables a la entidad. La Sala establece que, aunque el interventor puede sugerir cambios en las especificaciones técnicas, estas modificaciones deben ser autorizadas por la entidad para que los sobrecostos sean reconocidos, y en este caso, las contratistas no acreditaron que hubieran informado a FONADE sobre el mayor valor que suponía la obra ni que esta entidad hubiera aprobado tales modificaciones. Además, la Sala reitera que en los contratos de obra por precio global, el contratista asume el deber de terminar la obra con la suma fija pactada, sin reconocimiento de obras adicionales no previstas, a menos que demuestre la ocurrencia de un desequilibrio económico. Esta regla implica que los contratistas deben cumplir rigurosamente con los procedimientos de modificación establecidos en el contrato para evitar la negación de sus pretensiones.síntesis automática
También resuelve:¿Los contratos de obra por precio global son aquellos en los que el contratista, a cambio de las prestaciones a que se compromete…
¿El demandante acreditó el cumplimiento de sus obligaciones como contratista para que se reconociera el pago de sus prestaciones? No
El contratista no acredita el cumplimiento de sus obligaciones contractuales para obtener el pago de sus prestaciones, ya que la prueba documental presentada es genérica y omite las mediciones específicas de las actividades realizadas y su ajuste a las especificaciones técnicas del contrato. Además, la ejecución del objeto contractual por fuera del plazo acordado no implica automáticamente el fracaso de las pretensiones de reconocimiento y pago, pero en ausencia de un acta de recibido final o parcial, no se puede condenar a la entidad estatal al pago de la obra. La Sala reitera que el demandante debe demostrar el cumplimiento de sus obligaciones conforme a las especificaciones técnicas para que se ordene su pago, y que la ejecución de la obra fuera del plazo no garantiza el reconocimiento del pago sin evidencia de conformidad con el contrato. Esto implica que el contratista debe presentar pruebas detalladas y específicas para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones y el ajuste a las especificaciones técnicas del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿La ejecución del objeto contractual por fuera del plazo acordado implica automáticamente el fracaso de las pretensiones tendientes a su reconocimiento y pago?¿Procede la condena en costas?
¿Procedía incluir en la condena el reajuste del acta de recibo final del contrato, aun cuando dicha solicitud constituyó una pretensión adicional planteada por fuera de las oportunidades procesales previstas para modificar la demanda? No
La parte demandante debe formular todas sus pretensiones dentro de la oportunidad procesal prevista para la demanda o su reforma, sin pretender incorporar peticiones adicionales mediante hechos posteriores que constituyan nuevas súplicas. En este caso, la Sala analizó si procedía incluir en la condena el reajuste del acta de recibo final del contrato suscrita el 9 de octubre de 2019, concluyendo que no es procedente porque dicha solicitud constituye una pretensión adicional y no un simple hecho modificativo o extintivo sobre el cual verse el litigio conforme al artículo 281 del CGP. Por consiguiente, se revocó parcialmente la sentencia de primera instancia y, en aplicación del inciso primero del artículo 188 del CPACA y los artículos 365 numeral 4 y 366 de la Ley 1564 de 2012, se condenó en costas en ambas instancias a la parte demandada.síntesis automática
También resuelve:¿Procedía declarar el incumplimiento contractual del municipio por omitir el reajuste de las actas de obra conforme al ICCP…¿Incurrió el municipio en mora al efectuar el pago de las actas parciales sin aplicar el reajuste de precios convenido en el contrato?¿Cuándo el fallo resulte desfavorable a la parte demandada, procede imponer condena en costas en ambas instancias, cuya tasación y liquidación corresponde al juez de primera instancia conforme a las…
¿Las partes del contrato de obra suscribieron modificaciones válidas, donde incluyeron unas obras adicionales que no pueden ser desconocidas? Sí
El contratista y la entidad estatal pueden suscribir modificaciones válidas al contrato de obra pública que incluyan obras adicionales no previstas, siempre y cuando estas sean consensuadas por las partes y documentadas en actas firmadas por los representantes competentes de ambas, incluso si no cumplen con todas las formalidades establecidas por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías. En el presente caso, las partes suscribieron actas de modificación de cantidades y de fijación de precios no previstos que incluían obras adicionales, las cuales fueron ejecutadas y pagadas parcialmente por la entidad estatal, salvo por ciertos ítems que no fueron reconocidos. La Sala modificó la jurisprudencia anterior al establecer que, a pesar de las omisiones en el proceso de aprobación de ajustes, las modificaciones contractuales son válidas y vinculantes para ambas partes, lo que implica que las obras adicionales no pueden ser desconocidas y deben ser pagadas conforme a lo acordado en las actas.síntesis automática
También resuelve:¿Como la Unión Temporal no formuló reproche alguno frente al saldo a favor del Departamento por el anticipo no amortizado a cargo de dicha Unión, este saldo debe ser actualizado?¿Procede la condena en costas cuando el recurso de apelación prosperó de forma parcial?
¿Las actas de obra 4 y 5 fueron conocidas y aceptadas por la entidad demandada, acreditadas o gestionadas por el interventor durante la vigencia de sus funciones, y como consecuencia de ello, el municipio está obligado a su pago? Sí
El contratista es obligado al pago de las actas de obra 4 y 5 por la entidad estatal, ya que estas fueron conocidas, aceptadas y gestionadas por el interventor durante la vigencia de sus funciones, y formaron parte del informe final de interventoría y del acta de recibo final de las obras, además de ser reconocidas en la auditoría y en la liquidación del contrato. La entidad no objetó las actas durante la ejecución del contrato ni en sede judicial, y procedió a su pago parcial, lo que demuestra su aceptación. La regla reitera la obligación de pago del contratista cuando las actas de obra son aprobadas por el interventor y reconocidas por la entidad, independientemente de que no hayan sido pagadas en su totalidad, lo que implica que el contratista puede exigir el pago pendiente conforme a la cláusula tercera del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas a la entidad demandada, en la medida en que fracasaron los cargos de apelación que formuló y se confirmará la sentencia de primera instancia?
¿Lo que procedía en este caso era hacer el balance de lo amortizado para solicitar en sede de liquidación el valor no amortizado como una deuda del contratista con la entidad? Sí
El contratista no puede declarar el incumplimiento del contrato por no amortización del anticipo, ya que lo procedente es hacer el balance de lo amortizado para solicitar en sede de liquidación el valor no amortizado como una deuda del contratista con la entidad. En el acta de ajuste definitivo se establece que el valor por amortizar es de mil sesenta millones setecientos veintitrés mil setecientos cincuenta y nueve pesos con doce centavos ($1.060.723.759,12), sin incluir valores o descuentos por incumplimiento del contrato. La Sala modifica la jurisprudencia al indicar que no es posible decretar la liquidación judicial del contrato mientras se encuentre pendiente otro proceso judicial en el que se presenten pretensiones económicas sobre el contrato, lo que impide la liquidación judicial hasta que no queden reclamaciones por resolver. Las actas parciales, el acta final de recibo de obra y el acta de ajuste final dan cuenta que el contratista no amortizó el valor total del anticipo, y la caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta desde el plazo máximo para liquidar el contrato, que vence dos años después de la terminación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que se encuentra en curso otro proceso judicial en el que se presentaron pretensiones económicas sobre el contrato?¿Las actas parciales, el acta final de recibo de obra y el acta de ajuste final dan cuenta que el contratista no amortizó el valor total del anticipo?¿La caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta desde el plazo máximo para liquidar el contrato?
¿Impedía la suscripción de las convenciones modificatorias del contrato, sin regulación expresa de los sobrecostos reclamados, la prosperidad de las pretensiones de restablecimiento del equilibrio económico? No
La suscripción de convenios modificatorios en un contrato de obra a precios unitarios no impide por sí sola la prosperidad de las pretensiones dirigidas a obtener el restablecimiento del equilibrio económico del contrato por sobrecostos imprevistos. Durante la ejecución de un contrato de infraestructura vial suscrito con el INVÍAS, se presentaron incrementos anormales en los precios de insumos como asfalto, cemento y combustibles, así como mayores costos de transporte de materiales. La Sala verificó que las adiciones y modificaciones acordadas no tuvieron por objeto regular ni compensar tales circunstancias imprevistas. Por consiguiente, la suscripción de dichas modificaciones negociales no sanea ni extingue el derecho del contratista a reclamar la indemnización por la ruptura financiera del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Probó el contratista que el mecanismo de ajuste de los precios unitarios perdió eficacia durante la ejecución contractual…
¿Obra prueba en el expediente que le permita concluir a la Sala que el Departamento estaba obligado a pagar una actividad de obra según una especificación técnica distinta a la que estableció en la etapa precontractual? No
El contratista no puede modificar la especificación técnica del contrato de obra pública establecida en la etapa precontractual sin prueba documental que lo permita, ya que la entidad estatal dejó claro durante el proceso de selección que la especificación aplicable era la del Departamento, no la del INVIAS. La Sala establece que el Interventor puede corregir o modificar las actas parciales en actas posteriores según lo pactado en el contrato, y que no existe incumplimiento del contrato por parte del Departamento al no pagar según una especificación técnica distinta a la pactada. Esta decisión revoca la sentencia de primera instancia y reitera que la obligación del contratante frente al pliego de condiciones debe respetarse, matizando la interpretación de la buena fe contractual en este contexto.síntesis automática
También resuelve:¿De conformidad con las cláusulas del contrato de obra, el Interventor podía hacer correcciones o modificaciones de las actas parciales en actas posteriores?¿La especificación del INVIAS no era aplicable al ítem de “Terraplenes” pues la entidad durante el proceso de selección dejó claro que la especificación aplicable era la del Departamento?¿La Sala revocará el fallo de primera instancia y negará las pretensiones porque el Tribunal desconoció la forma de pago establecida en el contrato de obra?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-04-19Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 68001233300020220004401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe revocarse el auto que decretó la medida cautelar, al no existir elementos para establecer procesalmente una relación directa entre la prohibición al Invías de declarar la caducidad del contracto y las pretensiones de la demanda? Sí
En torno al primer argumento de apelación, referente a la orden al Invías de no expedir ningún acto tendiente a la declaratoria de caducidad del contrato, estando la demanda encaminada a refutar las imposiciones de multa, se advierte que si bien las pretensiones del libelo no buscaron enjuiciar formalmente la legalidad de tales sanciones pecuniarias, no es menos cierto, en primer lugar, que en los fundamentos fácticos sí se cuestionó que el Invías multara por incumplimiento a Concay S.A. cuando persistían las discrepancias sobre los APU-NP, y en segundo lugar, que en todo caso la medida cautelar reprochada no guarda relación directa ni necesaria con ese punto, ni con el petitum objeto del juicio, como lo exige el artículo 230 del CPACA.… Aunque el Invías incurre en imprecisión al aducir que la demanda se interpuso “en contra de las Resoluciones No. 3888 del 3 de diciembre de 2021…
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de la apelación de autos dictados por los tribunales administrativos?¿Las medidas cautelares fueron instituidas para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia?¿En los eventos en que proceda la medida cautelar de suspensión provisional del procedimiento administrativo, el juez en ejercicio de su facultad discrecional…
¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de controversias contractuales, considerando que el término fue suspendido por la solicitud de conciliación ante el agente del Ministerio Público, y que, a pesar de que el requisito de procedibilidad no fuera obligatorio, en lo que respecta a la suspensión del término, la ley no distingue entre los procesos en los que el trámite de conciliación sea requisito de procedibilidad y aquellos en que no? No
El contratista no puede alegar la caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el término de caducidad fue suspendido por la presentación de una solicitud de conciliación ante el agente del Ministerio Público, independientemente de que el trámite de conciliación no sea un requisito de procedibilidad, ya que la ley no distingue entre procesos en los que la conciliación es obligatoria y aquellos en que no lo es. La suspensión del término de caducidad opera hasta que se expida la constancia de no conciliación o hasta que se venza el plazo de tres meses, reanudándose el término una vez finalizado este periodo. En la práctica, esta regla reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la suspensión del término de caducidad, permitiendo que los contratistas puedan interponer acciones de controversias contractuales sin temor a la caducidad cuando han solicitado conciliación, incluso en casos en los que la conciliación no es un requisito de procedibilidad.síntesis automática
También resuelve:¿La existencia de inconsistencias en los estudios, diseños y planos entregados por el INVÍAS para construir la vía, afectaron la ejecución de la obra de forma tal que ocasionara que el contratista…¿Para reconocer el desequilibrio a favor del contratista se requiere la existencia de hechos imprevistos no imputables al contratista…¿Resulta procedente el restablecimiento de la ecuación financiera a favor del contratista, del contrato de obra pública pactado a precios unitarios…
¿Tiene eficacia probatoria el dictamen pericial practicado en el proceso, por una abogada, para acreditar si la oferta de la demandante se ajustaba a los pliegos de condiciones y que al ser la mejor se le debía adjudicar el contrato? No
El dictamen pericial rendido por una persona que carece de la idoneidad técnica exigida para el objeto de la prueba no tiene mérito probatorio, especialmente cuando absuelve cuestiones de derecho reservadas al juez. Una razón es que en el proceso el dictamen fue rendido por una abogada, y para establecer si la propuesta cumplía especificaciones constructivas de la obra era necesario un perito de ingeniería civil, arquitectura o profesión afín. Otra razón es que el dictamen se limitó a fijar el alcance general de un pliego de condiciones y los efectos de un contrato a precios unitarios, puntos que corresponden exclusivamente al juez, sin contener análisis técnico sobre la oferta del demandante. En el caso, la Sala concluyó que el dictamen no acreditó la conformidad de la propuesta con el pliego, de modo que no se probó que debiera adjudicarse el contrato al demandante. La providencia confirmó la decisión de primera instancia. No indica que reitera, unifica o cambia precedente; su consecuencia práctica es que la prueba pericial en procesos de adjudicación debe rendirla un experto en la materia técnica objeto del pliego.síntesis automática
También resuelve:¿Acreditó el recurrente que presentó la mejor propuesta de conformidad con el informe de evaluación de la demandada?¿La oferta presentada por el demandante sirve para pretender la nulidad del acto de adjudicación y su confirmación?¿Probó el demandante que al valorar los costos en los precios unitarios no modificó las especificaciones de construcción previstas en el pliego de condiciones y con ello desvirtuó la presunción de…
¿La sola variación del diseño durante la ejecución de un contrato es suficiente para dar por acreditados los defectos o deficiencias en la planeación y estructuración del proyecto? No
El contratista no puede alegar defectos en la planeación y estructuración del proyecto basándose únicamente en la variación del diseño durante la ejecución del contrato, ya que la Sala no encontró pruebas que demuestren dichos defectos ni incumplimiento por parte de la entidad estatal en su deber de planeación, y considera que la modificación de diseños es común en contratos de obra debido a la imposibilidad de prever todos los eventos que pueden surgir durante la ejecución. Además, la Sala confirma que el aumento en las cantidades de obra en un contrato a precios unitarios no constituye un reajuste o revisión del contrato, sino un alea normal, y que la parte demandante debe demostrar un riesgo extraordinario para reclamar un desequilibrio financiero, lo que no fue evidenciado en este caso. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la necesidad de pruebas concretas para acreditar defectos en la planeación y la imposibilidad de reajustar precios basándose únicamente en el aumento de cantidades de obra.síntesis automática
También resuelve:¿El recurrente no presentó reparos concretos en contra de los argumentos del Tribunal relacionados con la falta de pruebas sobre la configuración del desequilibrio económico?¿El aumento en las cantidades de obra en un contrato a precios unitarios es un alea normal del contrato?¿El riesgo de variación de fuentes de material era un riesgo que había sido asignado a la contratista y había expresamente sido aceptado por esta con la suscripción del contrato?
¿El régimen jurídico del contrato en este caso, es el régimen jurídico de los contratos que celebran las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, es decir, el derecho privado y, el asunto debe analizarse bajo la óptica del incumplimiento contractual y no sobre el desbalance económico? Sí
Los contratos que celebran las empresas de servicios públicos domiciliarios se rigen por regla general por el derecho privado, de modo que su análisis debe hacerse bajo la óptica del incumplimiento contractual y con las reglas civiles y comerciales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 establece que el régimen de estos contratos es, por regla general, de derecho privado. Segunda, en controversias sobre el quebranto de la ecuación económica de contratos regidos por el derecho común, el marco lo determinan el artículo 868 del Código de Comercio y la buena fe contractual del artículo 1603 del Código Civil, y no el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. Tercera, el asunto versaba sobre el supuesto incumplimiento y no sobre el desbalance económico, por lo que el error en la fundamentación normativa de la primera instancia no tiene una gravedad insuperable. La providencia revoca la decisión de primera instancia. La consecuencia práctica es que la discusión sobre el incumplimiento de un contrato de empresa de servicios públicos se resuelve con normas de derecho privado y no con la figura del desequilibrio económico del estatuto contractual.síntesis automática
También resuelve:¿En el contrato 299901-26731 suscrito por una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios para la construcción de redes de gas se produjo un incumplimiento contractual…
¿En contratos en los que se pacta el desembolso de un anticipo, la entidad contratante debe exigir la creación de un patrimonio autónomo que administre dichos recursos? Sí
El contratista debe crear un patrimonio autónomo para administrar el anticipo recibido en contratos de obra pública, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, y constituir una garantía del 100% del monto del anticipo para proteger a la entidad contratante de riesgos como la no inversión, uso indebido y apropiación indebida. Además, el contratista está obligado a invertir adecuadamente los recursos del anticipo en la ejecución del contrato, acreditar suficientemente dicha inversión y no ser renuente a los requerimientos de la interventoría para demostrar la efectiva inversión. Esta decisión reitera y matiza precedentes, fortaleciendo la obligación del contratista de manejar correctamente los recursos del anticipo y acreditar su inversión en la obra contratada.síntesis automática
También resuelve:¿El contratista tiene la carga de asegurar y acreditar que los recursos del anticipo están efectivamente realizados o invertidos en el contrato?¿El contratista fue renuente frente a los requerimientos efectuados por la supervisión y la interventoría para que acreditara la efectiva inversión de los recursos del anticipo?¿La parte actora no acreditó el cargo de falsa motivación de las resoluciones acusadas?
¿Está demostrado el incumplimiento de contrato de obra pública por parte del IDU por entrega de estudios y diseños incompletos y deficientes y, por la demora en entregar los predios necesarios para la obra requeridos para la ampliación y rehabilitación de la Autopista al Llano entre el CAI Yomasa y el inicio de la concesión Bogotá – Villavicencio? Sí
La entidad estatal que entrega estudios y diseños deficientes o demora la entrega de los predios necesarios para la obra incurre en incumplimiento del contrato de obra pública, pero la declaratoria de ese incumplimiento no genera por sí sola la indemnización de perjuicios, la cual exige probar un daño económico concreto. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, los incumplimientos de la entidad pueden generar la necesidad de ejecutar obras no previstas en el proyecto inicial y una mayor permanencia en obra, lo que acredita el incumplimiento contractual. Segundo, para reconocer perjuicios el contratista debe demostrar que no se le pagaron las mayores cantidades de obra ejecutadas o que asumió sobrecostos por la mayor permanencia, pues esos hechos constituyen el daño indemnizable. La providencia declara el incumplimiento de la entidad y confirma la negativa de las pretensiones indemnizatorias; en la práctica, el contratista que reclame perjuicios por incumplimientos de la entidad debe acreditar el pago omitido o el sobrecosto asumido con soporte probatorio concreto.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante no demostró la ejecución de obras no reconocidas ni pagadas por el IDU, ni acreditó que hubiera asumido sobrecostos por concepto de la mayor permanencia en la obra…¿Es necesario dejar salvedades en el acta de liquidación bilateral sobre los puntos sobre los cuales posteriormente se realizará alguna reclamación en sede judicial?¿Para reconocer una mayor permanencia en la obra y/o obras adicionales o no previstas, es indiferente si el precio pactado era global o por valores unitarios…
¿La ausencia de salvedades en los actos modificatorios suscritos para prorrogar el plazo de ejecución contractual, revela una plena conformidad de las partes, que enerva los vicios de la omisión en la planeación inicial? Sí
El contratista y la entidad estatal pueden subsanar vicios de planeación inicial mediante acuerdos modificatorios que adicionen tiempo y valor al contrato, siempre y cuando estos ajustes estén respaldados por justificaciones técnicas y sean aceptados libremente por ambas partes sin reproches en el momento de la firma. La ausencia de salvedades en estos actos modificatorios revela una plena conformidad entre las partes, mitigando así las consecuencias negativas del incumplimiento original y permitiendo el cumplimiento efectivo del objeto contractual. La Sala reitera que la carga de la prueba para acreditar daños por falta de planeación recae sobre el contratista, quien debe demostrar con certeza el tiempo y costo adicionales generados, lo que no ocurrió en este caso. Esta regla fortalece la autonomía de la voluntad en la contratación estatal y permite una mayor flexibilidad en la ejecución de contratos de obra pública.síntesis automática
También resuelve:¿Se cumplieron los presupuestos procesales de competencia, oportunidad y legitimación para estudiar de fondo el asunto?¿La sustentación del recurso de apelación estuvo dirigida a enjuiciar el incumplimiento del deber de planeación, en el marco de la teoría de la responsabilidad contractual y no en virtud de la figura…¿De acuerdo con el principio de planeación, la Administración debe adelantar las gestiones necesarias para conseguir que el objetivo de la contratación se cumpla diligente y oportunamente…
¿La exigibilidad de la obligación de pago a cargo del INVIAS estaba sujeta a que el Consorcio elaborara las actas de obra con las cantidades ejecutadas y los valores unitarios respectivos? Sí
El contratista no puede exigir el pago inmediato del INVIAS por la ejecución de obra pública sin cumplir con los requisitos establecidos en el contrato, como la elaboración de las actas de obra con las cantidades ejecutadas y los valores unitarios respectivos, avaladas por el interventor y los gestores del proyecto y del contrato. Además, el INVIAS tiene un plazo de 90 días calendario para pagar las facturas presentadas por el contratista, y si no lo hace, incurre en mora y debe pagar intereses moratorios. Sin embargo, si el contratista presenta las actas de obra después de vencida la vigencia fiscal correspondiente, renuncia a reclamar intereses, actualizaciones y sobrecostos, lo que constituye una cláusula limitativa de responsabilidad válida siempre y cuando no haya culpa del INVIAS en la tardanza, la cual debe probarse por la entidad. Esta interpretación reitera y matiza precedentes sobre la exigibilidad del pago en contratos de obra pública y establece límites a las cláusulas limitativas de responsabilidad para proteger la buena fe contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Cuál era el plazo con el que contaba el INVÍAS para pagar las actas de obra presentadas por el contratista?¿la cláusula limitativa de responsabilidad solo surtía efectos si el contratista presentaba tardíamente las actas de obra por su propia culpa?¿La elaboración y presentación de la factura de venta era una carga que correspondía al Consorcio para efectos de recibir el pago por parte del contratista?
¿El departamento de Casanare está en la obligación de reconocer y pagar las mayores cantidades de obra al contratista, por haber sido avaladas por la interventoría y recibidas a satisfacción por la administración? Sí
En los contratos de obra pública, las mayores cantidades de obra que son esenciales para el objeto contractual, y que la interventoría avaló y la administración recibió a satisfacción, deben pagarse al contratista. La regla se sostiene en dos razones. Primera, esas cantidades solo modifican las cantidades originalmente previstas y no alteran el precio unitario de cada ítem ni incluyen ítems nuevos. Segunda, el contratista tiene derecho al reconocimiento porque la administración recibió la obra y aceptó su funcionalidad. En el caso, las mayores cantidades eran necesarias para que los pozos fueran funcionales, y la providencia revoca la decisión que había negado su pago, con lo que la entidad territorial queda obligada a reconocerlas. Esta conclusión se sustenta en la recepción a satisfacción de la obra por parte de la administración. En la práctica, el contratista debe documentar el aval de la interventoría y la recepción a satisfacción para reclamar el pago de cantidades adicionales que no alteran los precios unitarios.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las demandas de controversias contractuales en las que sea parte una entidad pública?¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales empezó a contar desde el día siguiente a la fecha de la liquidación bilateral del contrato?¿Las pretensiones de la demanda de controversias contractuales solamente pueden prosperar cuando el demandante ha dejado, en relación con ellas…