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Consejo de Estado
Providencia
Acción de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2025-02-07
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 68001233100020030116901
ACCION CONTRACTUAL
¿La sentencia proferida el 27 de julio de 2023 en el expediente 39.121 por la Sección Tercera del Consejo de Estado estableció un criterio unificado en cuanto a la exoneración de las partes de consignar salvedades en el acta de liquidación bilateral de los contratos estatales? No
El contratista no está exonerado de consignar salvedades expresas en el acta de liquidación bilateral del contrato estatal, pues la sentencia de unificación del 27 de julio de 2023 no estableció que no sea necesario hacerlo para poder reclamar posteriormente; esta decisión se centró en la necesidad de manifestar objeciones en documentos modificatorios, suspensiones o adiciones contractuales. La liquidación bilateral es un acuerdo de voluntades con fuerza vinculante que define el balance final del contrato, y su contenido es obligatorio para las partes salvo cuando se alegan vicios del consentimiento o se consignan salvedades expresas que identifiquen aspectos no acordados. La inclusión de reservas genéricas en el acta de liquidación no faculta al contratista para reclamar reconocimientos económicos por desequilibrio financiero, ya que estas no permiten identificar de manera precisa y plena los aspectos excluidos del acuerdo.síntesis automática
También resuelve:
¿El acta de liquidación bilateral de un contrato estatal tiene fuerza vinculante y únicamente puede ser controvertida en caso de salvedades expresas o vicios del consentimiento?
¿La inclusión de una reserva genérica en el acta de liquidación bilateral de un contrato estatal faculta al contratista para reclamar un reconocimiento económico por desequilibrio financiero?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No es procedente la declaración de nulidad
Sentencia — Sentencia
2024-12-10
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 05001233100020060345401
ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente la declaración de nulidad que hizo el Tribunal de primera instancia bajo el presupuesto de que la decisión de la amigable componedora estaba viciada porque el Departamento no tenía capacidad para acudir a dicho mecanismo? No
El contratista no puede declarar nula la decisión del amigable componedor basándose en que la entidad estatal no tenía capacidad para acudir a este mecanismo, ya que la ley vigente en el momento de la celebración del contrato permitía a las entidades estatales resolver sus diferencias mediante la amigable composición, lo que implica que la entidad estaba habilitada para someterse a este mecanismo. La Sala revoca la nulidad declarada por el Tribunal, reiterando que la amigable composición es procedente cuando una de las partes es una entidad pública, siempre y cuando la ley lo permita explícitamente en el momento de la celebración del contrato. Esto implica que las entidades estatales pueden acudir a la amigable composición para resolver sus controversias contractuales, siempre que la normativa vigente lo autorice.síntesis automática
También resuelve:
¿Cuando se suscribió el contrato, la ley vigente permitía a las entidades estatales resolver sus diferencias mediante la amigable composición?
¿La amigable composición resulta procedente cuando una de las partes sea una entidad pública?
¿Para acudir a la amigable composición, es necesario que las partes y el amigable componedor celebren un contrato de mandato a efectos de determinar las facultades de este último?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Se trató de un contrato estatal sometido a lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
Sentencia — Sentencia
2025-11-25
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 76001233300020220096601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El objeto del contrato previó el trámite necesario para el cobro persuasivo, coactivo o judicial para recuperar los recursos adeudados al departamento del Valle del Cauca por concepto de las cuotas partes pensionales en mora de pago? Sí
El contratista, al liquidar un contrato de prestación de servicios con la entidad estatal, puede acordar en el acta de liquidación los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, así como expresar sus reparos o salvedades, siempre y cuando no asuma obligaciones ajenas a las establecidas en el contrato original. En este caso, la entidad contratante y el contratista acordaron en la cláusula vigésima sexta del contrato la obligación del contratista de brindar apoyo en la sustanciación del trámite necesario para el cobro persuasivo, coactivo o judicial de las cuotas partes pensionales en mora de pago. La Sala revocó la decisión de primera instancia, reafirmando que el acta de liquidación no configura un nuevo contrato, sino que implica el reconocimiento de las obligaciones asumidas dentro del contrato inicial, y que la demanda por incumplimiento del contrato debe interponerse dentro del plazo previsto por la normativa vigente al momento de la liquidación, en este caso, el Código Contencioso Administrativo.síntesis automática
También resuelve:
¿En el acta de liquidación las partes pueden disponer de los derechos y obligaciones derivados de la relación contractual, llegar a acuerdos sobre los ajustes…
¿Según lo consignado en el acta, la demandante aceptó la liquidación y declaró a paz y salvo a la entidad contratante sin expresar salvedad alguna?
¿Cómo la presentación de la demanda fue extemporánea, se impone declarar de oficio la caducidad de la acción contractual?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La solicitud de conciliación prejudicial se presentó cuando ya había operado la caducidad
Sentencia — Sentencia
2024-04-08
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000232600020120001701
ACCION CONTRACTUAL
¿La solicitud de conciliación prejudicial se presentó cuando ya había operado la caducidad? Sí
El demandante en la acción de controversias contractuales debe presentar la demanda dentro del término de caducidad previsto en la ley, contado estrictamente a partir de la ocurrencia de los hechos o de la suscripción del acta de liquidación bilateral, de modo que la solicitud de conciliación prejudicial presentada cuando ya había operado la caducidad carece totalmente de la virtualidad de suspender el término. En ausencia definitiva de una liquidación bilateral del contrato y cuando las partes no logran un acuerdo respecto del balance final ni se realiza la liquidación unilateral por la entidad, no resulta aplicable el cómputo especial previsto en el estatuto contencioso administrativo para determinar la oportunidad procesal de presentación del libelo introductorio.síntesis automática
También resuelve:
¿Resulta cuestionable que la parte demandante pretenda desconocer lo consignado expresamente en el documento que ella misma aportó?
¿Se conduce al supuesto de inexistencia de liquidación dado que tampoco hubo un acto unilateral que adoptara el balance final del negocio jurídico?
¿En la interpretación de las normas que consagran la caducidad como en el análisis de los supuestos fácticos de cada caso, deben aplicarse los principios pro homine, pro actione y pro damato?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
¿El amigable componedor actuó escapaban dentro de los límites convenidos por las partes contratantes?
Sentencia — Sentencia
2024-03-13
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020150076204
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El amigable componedor actuó escapaban dentro de los límites convenidos por las partes contratantes? Sí
El amigable componedor actúa como delegatario de las partes y su decisión es vinculante y tiene efectos de transacción cuando se mantiene dentro de las facultades que el contrato le atribuye, sin ejercer funciones judiciales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las partes, habilitadas para pactar este mecanismo de solución de controversias, le atribuyeron esa facultad en una cláusula específica del contrato de concesión. Segunda, la forma en que se resolvieron las peticiones no implicó función jurisdiccional, sino reconocimientos económicos propios del contenido de la liquidación del contrato. Tercera, la decisión tiene efectos de transacción y, por tanto, no puede desbordar los límites convenidos por las partes. La providencia confirma la negativa de las pretensiones, al considerar que el cargo no prospera. La consecuencia práctica es que la decisión del amigable componedor puede cuestionarse en la jurisdicción solo si excede el encargo convenido, y no por el mero contenido económico de la decisión.síntesis automática
También resuelve:
¿Las entidades estatales estaban habilitadas para acudir a la amigable composición?
¿El mandatario no puede exceder los límites de su encargo, y si lo hace, los actos que así se cumplan no obligan al mandante?
¿El cuestionamiento lo fundamentó la parte actora en un exceso de competencias del amigable componedor?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El cargo de la apelación resulta infundado
Sentencia — Sentencia
2023-10-17
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 50001233100020070115101
ACCION CONTRACTUAL
¿El cargo de la apelación resulta infundado pues la sentencia de primera instancia acertó en cuanto no encontró demostrada la ocurrencia de sobrecostos causados durante el lapso en el cual se amplió el plazo de ejecución contractual? Sí
Los sobrecostos derivados de la ampliación del plazo de ejecución de un contrato de obra pública deben acreditarse con una certificación contable que discrimine los conceptos y permita distinguir los gastos causados por la mayor permanencia en la obra de los gastos inherentes a la ejecución, así como con un análisis de ingresos y egresos que muestre si esos costos fueron cubiertos por el precio o por el rubro de imprevistos. Una razón es que la certificación contable presentada no permitía distinguir si los gastos eran consecuencia directa de la extensión del plazo o correspondían a los inherentes al contrato, y no discriminaba los conceptos que integraban las sumas. Otra razón es que el expediente no incluía documentos que verificaran el estado contable de la ejecución, ni un análisis comparativo entre el valor del contrato y los costos que superaban ese valor. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia que no encontró demostrados los sobrecostos, y las razones por las cuales se apartó del dictamen pericial fueron compartidas. Su consecuencia práctica es que el reclamo por mayor permanencia en obra exige contabilidad discriminada del contrato y no basta con certificaciones generales.síntesis automática
También resuelve:
¿Las razones por las cuales la primera instancia se apartó del dictamen pericial son compartidas por esta instancia?
¿En los documentos de prórroga y suspensión del plazo contractual se introdujo el compromiso del contratista de mantener el índice de ajustes del programa de inversiones?
¿En la demanda se pretendió la nulidad de las cláusulas de renuncia invocando como fundamento que se vulneraron normas de orden público?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Es definitivo que este tipo de convenios están excluidos de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y por mandato legal su régimen es el derecho privado.
Sentencia — Sentencia
2025-07-01
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 23001233300020170028702
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El convenio especial celebrado entre las partes está sujeto al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP)? No
El contratista no está sujeto al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) cuando celebra un convenio especial de cooperación, ya que este tipo de acuerdo no se inscribe en la noción de contrato estatal debido a la naturaleza asociativa y no conmutativa del interés jurídico que lo rige, lo que lo sitúa bajo el régimen del derecho privado. Esta caracterización implica que las facultades excepcionales y los actos administrativos previstos en el EGCAP no son aplicables a estos convenios, y cualquier atribución de potestades administrativas por las partes debe respetar la naturaleza contractual del acuerdo, sin poder convertirlo en actos administrativos. La Sala matiza la interpretación de que los convenios de cooperación científica y tecnológica pueden ser sometidos a procedimientos administrativos previstos en el EGCAP, estableciendo que las facultades de declarar incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal deben surgir del acuerdo entre las partes y no de la ley, lo que limita la capacidad de la administración para actuar en estos casos como si estuvieran sometidos al EGCAP.síntesis automática
También resuelve:
¿Puede una entidad no sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública ejercer potestades excepcionales y expedir actos administrativos en el marco de un convenio regido por…
¿Puede el Departamento, en el marco de un convenio regido por el derecho privado, ejercer las facultades previstas en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 para declarar incumplimiento y hacer…
¿Puede hacerse efectiva la cláusula penal pecuniaria sin la constatación previa del incumplimiento de una obligación principal?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
En la cláusula vigésima segunda las partes acordaron que la liquidación se efectuaría de común acuerdo
Sentencia — Sentencia
2026-10-01
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 05001233300020200049601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuando el contrato se liquida de mutuo acuerdo después de vencido el plazo convencional para hacerlo, pero dentro de los dos años siguientes a ese vencimiento, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta a partir del día siguiente a la firma del acta de liquidación? Sí
El contratista puede presentar el medio de control de controversias contractuales dentro de los dos años siguientes a la firma del acta de liquidación, incluso si esta se realiza después del plazo convencional para liquidar el contrato, siempre que la presentación se haga antes de que caduque el término de dos años desde la firma del acta. Esta regla se basa en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y en la jurisprudencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado. La Sala confirma que el término de caducidad se inicia el día siguiente a la firma del acta de liquidación, lo que implica que el juez debe considerar la fecha de la firma del acta para determinar la oportunidad de la demanda.síntesis automática
También resuelve:
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre el cuestionamiento del carácter bilateral del acta de liquidación por ausencia de consentimiento…
¿Deben desecharse de plano los testimonios de quienes tuvieron vínculo laboral con la parte demandante, por el solo hecho de resultar sospechosos?
¿El contrato de prestación de servicios celebrado por un municipio es un contrato estatal regido por la Ley 80 de 1993 vigente al tiempo de su celebración y, en lo no regulado por ella…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón
Sentencia — Sentencia
2022-07-19
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 76001233100020030197401
ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de la cuantía? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias sobre contratos celebrados por entidades estatales, aunque el contrato se rija por el derecho privado, y el Consejo de Estado es competente en segunda instancia cuando la cuantía de la demanda supera el límite de la doble instancia. La regla se apoya en tres razones. Primera, la entidad demandada ostenta la calidad de entidad estatal en los términos del artículo 52 del Decreto 2171 de 1992, en concordancia con el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, por lo que la jurisdicción es la competente. Segunda, el artículo 6 del Decreto 197 de 1999 somete el negocio al derecho privado, pero ese régimen no altera la competencia de la jurisdicción. Tercera, la cuantía de las pretensiones superó los 500 salarios mínimos legales mensuales de 2003, año de presentación de la demanda, según los artículos 129, 132 numeral 5 y 181 del Código Contencioso Administrativo. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que la apelación de la parte demandada es resuelta por el Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:
¿Es procedente la acción de controversias contractuales para solicitar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato estatal?
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia desde el día siguiente a la liquidación del contrato?
¿El contrato de obra pública bajo el sistema de precios unitarios celebrado entre las partes está regido por el derecho privado?
Consejo de Estado
Providencia
Contratación estatal: Aclaración voto
Aclaración voto — Aclaración de voto
2022-03-30
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 25000232600020110109201
ACCION CONTRACTUAL
¿La ausencia de salvedades del contratista en las suspensiones, en los contratos modificatorios y en las prórrogas suscritas le impedían reclamar por mayor permanencia en obra y por la actualización y ajuste de precios de los ítems ejecutados? Sí
La ausencia o no consignación de salvedades del contratista en las suspensiones, los contratos modificatorios y en las prórrogas suscritas le impedían reclamar por mayor permanencia en obra y por la actualización y ajuste de precios de los ítems ejecutados… , debió indicarse en el asunto de la referencia que el silencio del afectado sobre ese aspecto jurídicamente se tradujo, por una parte, en aceptación de los efectos económicos y jurídicos de la actuación y, de otra, que por lo tanto perdió la posibilidad de reclamar posteriormente sobre ese preciso asunto por estar conforme con los términos acordados.
También resuelve:
¿La ejecución de prestaciones sin reserva o reclamo permite sostener que el afectado asume las consecuencias pecuniarias?