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¿Fue anormal el tratamiento del dictamen solicitado, pero dicha irregularidad quedó saneada por la ausencia de la interposición del reposición contra del auto que decretó el dictamen? Sí
El contratista puede obtener la aclaración o adición de un dictamen pericial presentado fuera de término en la audiencia inicial, siempre y cuando no interponga recurso de reposición contra el auto que decretó el dictamen, lo que implica que la irregularidad en el trámite quedó saneada por la ausencia de impugnación. Esta Sala matiza la posición anterior que consideraba que la falta de aclaración o adición del dictamen por parte del demandado no sanaba la irregularidad, y ahora establece que la omisión del recurso de reposición es suficiente para considerar que la parte afectada acepta la situación. En relación con la liquidación judicial del contrato, la entidad estatal no debe reconocer un saldo a favor del contratista que no fue solicitado en la demanda y que va en contra de lo afirmado por el demandante, ya que el reconocimiento de intereses moratorios sobre una cifra no reclamada es improcedente. Asimismo, el juzgador no debe conceder perjuicios por obras ejecutadas y no pagadas sin considerar las obligaciones asumidas por las partes y la distribución de riesgos contractuales, especialmente cuando dichas obras se realizaron sin autorización y sin respaldo presupuestal.síntesis automática
También resuelve:¿Procedía el reconocimiento de un saldo a favor del contratista, que no hizo parte de las pretensiones de la demanda?¿Los perjuicios reconocidos por el juzgador de primera instancia referente a las obras ejecutadas y no pagadas, fueron concedidos sin tener en consideración las obligaciones asumidas por las partes…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica2022-02-18Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020130000201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Quién debe decidir el recurso de súplica contra la providencia proferida por el ponente? Sí
La Sala es competente para resolver el recurso de súplica presentado por la parte Demandante, de conformidad con lo previsto en el literal d) del artículo 246 del CPACA, Modificado por el artículo 66 de la Ley 2080 de 2021, a cuyo tenor se expone que este…
También resuelve:¿Cuál es la oportunidad para la presentación del recurso de súplica?¿Cuáles son los eventos de procedencia de las pruebas en segunda instancia?¿Puede decretarse en segunda instancia una prueba que no fue solicitada en primera instancia?
Auto interlocutorio — Auto que decide sobre honorarios de auxiliares de la justicia2025-02-10Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 13001233100020090064802ACCION CONTRACTUAL
¿Resulta procedente fijar los honorarios del perito dentro del proceso de Controversias Contractuales, los cuales se pagan en caso de que no prospere la objeción por error grave en contra de su dictamen pericial? Sí
El contratista debe pagar los honorarios del perito en el proceso de Controversias Contractuales, siempre y cuando no prospere la objeción por error grave en contra del dictamen pericial, conforme a los criterios establecidos en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo 1518 de 2002. La entidad estatal puede objetar el dictamen pericial, pero solo se le pagarán los honorarios al perito una vez se determine que la objeción no prospera. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y establece claramente la responsabilidad del contratista en el pago de los honorarios del perito, a menos que se demuestre un error grave en el dictamen.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2022-10-20Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 76001233100020090103001ACCION CONTRACTUAL
¿Cuál es la oportunidad de presentación del recurso de reposición, según las previsiones del CPC? Sí
El artículo 180 del Código Contencioso Administrativo establece que la reposición debe interponerse dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto proferido por escrito. En cuanto a la presencia del interesado en la prueba pericial a cargo de una entidad estatal, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil prevé que se tendrá que librar oficio al director para que sea este último quien designe el funcionario que deba rendir el dictamen. Asimismo, sobre los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales, la norma en mención establece que deberán ponerse en conocimiento de las partes, por el término de tres días, para que puedan pedir su complementación o aclaración.síntesis automática
También resuelve:¿La presencia del interesado en la prueba pericial a cargo de una entidad estatal garantiza la imparcialidad, contradicción y defensa?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-10-31Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZRad. 76001233300020230003701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El recurso de apelación es procedente contra el auto que niega el decreto y práctica de una prueba pericial? Sí
El contratista puede interponer un recurso de apelación contra el auto que niega el decreto y práctica de una prueba pericial, conforme al numeral 7° del artículo 243 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021. Este recurso fue interpuesto oportunamente en la audiencia inicial, luego de la notificación en estrados. Además, el contratista puede solicitar el decreto de un nuevo dictamen pericial para controvertir el aportado por la contraparte, una vez el despacho judicial se pronuncie sobre las solicitudes probatorias presentadas en la actuación, en virtud del artículo 228 del CGP. La Sala revoca la providencia para que el tribunal examine los demás presupuestos legales para determinar la procedencia de la práctica del dictamen solicitado.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso de apelación fue interpuesto oportunamente?¿Puede una de las partes solicitar el decreto de un nuevo dictamen pericial para controvertir el aportado por la contraparte, una vez presentado el escrito que descorre las excepciones?¿Debe devolverse el expediente al Tribunal para que estudie los demás presupuestos para la procedencia del decreto y práctica de la prueba pericial que fue oportunamente solicitada?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-10-23Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 25000233600020170240402LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El medio de prueba de declaración de parte no tiene como finalidad que el sujeto procesal interesado solicite su propia citación para presentar de forma verbal una sustentación de la demanda o su contestación? Sí
El contratista no puede solicitar la declaración de parte para presentar verbalmente una sustentación de la demanda o su contestación, ya que la oportunidad para afirmar lo que le conste en su favor es en la etapa introductoria del proceso, que comprende la demanda, su reforma y la contestación, y las manifestaciones ya realizadas son suficientes para ilustrar los asuntos en cuestión. La corporación confirma la decisión de denegar la declaración de parte, matizando precedentes que permitían tal solicitud, lo que limita la posibilidad de que los sujetos procesales soliciten este medio de prueba para repetir información ya presentada.síntesis automática
También resuelve:¿Las pruebas en primera instancia deben solicitarse en la oportunidad procesal pertinente y su admisibilidad estará sometida al cumplimiento de los requerimientos generales de toda prueba?¿El recurso de apelación interpuesto por ETB no comporta la negación del decreto ni la práctica del dictamen y, por consiguiente, no es pasible de apelación?¿El Consejo de Estado conocerá en segunda instancia de las apelaciones contra autos susceptibles de este medio de impugnación?
¿Se acreditó que los diseños fueron adecuadamente elaborados y el IDU permitió injustificadamente que fueran modificados por el constructor de la obra? Sí
Cuando la entidad permite injustificadamente que el constructor modifique los diseños que fueron adecuadamente elaborados, no puede imputar al diseñador ni al interventor los defectos derivados de esa modificación, y que la acción de controversias contractuales contra la liquidación bilateral debe presentarse dentro de los dos años siguientes a ella, según el literal c del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Una razón es que en el expediente quedó acreditado que los diseños se elaboraron de manera adecuada y que la entidad permitió su modificación por parte del constructor sin justificación. Otra razón es que las demandas se presentaron dentro de los dos años siguientes a la liquidación de los contratos de diseño e interventoría, y los actos de efectividad de la póliza, por lo que la caducidad no operó. En el caso, la Sala confirmó la condena a favor de los contratistas de diseño e interventoría y modificó la sentencia en lo relativo a las demás pretensiones. Su consecuencia práctica es que la entidad que modifica o autoriza cambios en los diseños asume la responsabilidad por sus efectos, y no puede trasladarla al diseñador.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales se presentó dentro del término establecido por la ley?¿Los consorcios diseñador e interventor cumplieron con las obligaciones a su cargo?¿Se acreditó que existieran mayores costos asociados a una mayor permanencia en el contrato?
¿El documento suscrito el 30 de noviembre de 1990 constituye un contrato minero de naturaleza administrativa, de modo que las controversias derivadas de él corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo? Sí
El contratista no puede alegar la inexistencia del contrato minero para desestimar la acción de controversias contractuales, ya que la naturaleza administrativa del documento suscrito el 30 de noviembre de 1990, celebrado por una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, lo convierte en un contrato administrativo conforme a las disposiciones del Decreto Ley 2655 de 1988 y el Decreto Ley 222 de 1983, por lo que las controversias derivadas de él corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Además, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de este tipo de litigios, siempre que la cuantía del asunto supere los 500 SMLMV, tal como dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta sentencia reitera y matiza la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa en controversias contractuales mineras, lo que implica que las partes deben acogerse a esta jurisdicción para resolver disputas relacionadas con contratos mineros, independientemente de la existencia o no del contrato en términos formales.síntesis automática
También resuelve:¿Corresponde al Consejo de Estado conocer, en segunda instancia, del litigio contractual minero objeto del proceso, conforme a las reglas generales de competencia previstas en el CCA tras la…¿El hecho de que durante el análisis de fondo que se realiza en el marco de la acción de controversias contractuales, se advierta que el contrato es inexistente…¿La pretensión de obtener la declaración de existencia e incumplimiento del vínculo contractual basta para concluir que la acción de controversias contractuales fue adecuadamente escogida…
¿Debe declararse la nulidad procesal de la sentencia de primera instancia, y de todos los actos del proceso hasta el auto admisorio de la demanda, porque hay un litisconsorcio necesario entre Allianz y la UT contratista? No
El contratista no debe ser declarado en litisconsorcio necesario con la entidad aseguradora, ya que la relación entre ambas no es indispensable para que uno de ellos actúe en el proceso, configurándose así un litisconsorcio cuasinecesario. Además, las objeciones al dictamen pericial presentadas por la aseguradora no constituyen un error grave, afectando solo la credibilidad y solidez técnica de la prueba, pero no su validez. Asimismo, la UT contratista no tiene la obligación de corregir y ajustar los diseños de la obra, y el incumplimiento en la entrega de los planos no justifica hacer efectiva la garantía de cumplimiento por el 100% del valor estipulado, ya que no se demostró un nexo causal entre la deficiencia en los diseños y la inejecución de las obras. Por último, la entidad estatal rechaza la pretensión de nulidad de las resoluciones impugnadas, al no acreditarse adecuadamente la inversión del anticipo por parte del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Los dictámenes periciales adolecen de error grave por las deficiencias técnicas y metodológicas expresadas por la parte demandante?¿Le asistía a la UT contratista el deber de corregir y ajustar los diseños de la obra que eran objeto del contrato núm. 320 de 2011?¿El contratista manejó e invirtió adecuadamente los recursos del anticipo pactado?
¿Es procedente la objeción por error grave en el dictamen pericial presentada por la parte demandante? No
El contratista no puede objetar por error grave el dictamen pericial presentado por el ingeniero civil, ya que este se limitó a calcular los perjuicios materiales y no evaluó la propuesta del consorcio demandante como la mejor opción según el pliego de condiciones. La Sala determina que la objeción no es procedente porque el perito consideró la totalidad de los puntos de análisis establecidos por la entidad estatal, no solo el supuesto error en la certificación de calidad. Además, la inexactitud en la información financiera suministrada por el proponente en el Registro Único de Proponentes configura una causal de rechazo de la propuesta según el pliego de condiciones, lo que implica que la propuesta del consorcio no cumplió con los requisitos exigidos. Esta decisión reitera la importancia de cumplir rigurosamente con los pliegos de condiciones y subraya que la objeción por error grave en el dictamen pericial debe estar fundamentada en errores evidentes y no en interpretaciones subjetivas.síntesis automática
También resuelve:¿La inexactitud en la información suministrada por el proponente configuró una causal de rechazo de la propuesta a la luz de lo estipulado en el pliego de condiciones?¿Se configuró la causal de nulidad del contrato por celebrarse contra expresa prohibición legal o constitucional?¿Se configuró la causal de nulidad de desviación de poder en la adjudicación del contrato estatal?
¿El contrato de consultoría No. 1990 de 2014, celebrado por el departamento de Casanare se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993) Sí
Los contratos que celebra un departamento son contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, porque la Ley 80 de 1993 define como entidades estatales a los departamentos y somete sus contratos a ese estatuto. La regla se apoya en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, que incluye a los departamentos entre las entidades estatales, y en el artículo 13 del mismo estatuto, que dispone que los contratos así suscritos se rigen por esa normativa y, en lo no regulado, por las disposiciones civiles y mercantiles. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. En el caso, el contrato de consultoría celebrado por el departamento se analiza bajo el estatuto general. Como consecuencia práctica, la controversia sobre un contrato de consultoría suscrito por un departamento se resuelve con las reglas del estatuto de contratación pública, y no con las del derecho privado.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente analizar el argumento expuesto en el recurso de apelación, alusivo a la nulidad de las modificaciones contractuales…¿Debe otorgarse valor probatorio a la declaración rendida por el representante suplente de la unión temporal, aun cuando se formuló en su contra una tacha por posible interés en el proceso?¿Puede otorgarse valor probatorio al dictamen pericial allegado por la unión temporal, cuando éste aborda cuestiones jurídicas propias del juez y no cumple con los requisitos establecidos en el…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-12-14Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000232600019951170402ACCION CONTRACTUAL
¿Se reconoce a favor del demandante una suma dineraria por concepto de pérdida de oportunidad? Sí
En la celebración de un contrato estatal de obra, la pérdida de oportunidad de obtener utilidades puede indemnizarse como lucro cesante cuando se acredita la probabilidad de obtener el beneficio esperado, y la utilidad proyectada se calcula a partir de un incremento estimado con base en los porcentajes del IPC durante los cinco años siguientes a la declaratoria de caducidad. Esa probabilidad se mide con el criterio de Laplace, de modo que cada escenario tiene el mismo grado de ocurrencia. Además, cada utilidad anual proyectada se indexa a la fecha de la providencia con la fórmula fijada por la jurisprudencia del Consejo de Estado. La entidad demandada había objetado la primera experticia, pero no se opuso a los métodos estadísticos y probabilísticos usados en el dictamen, de modo que esos métodos no fueron controvertidos. En el caso, el auto reconoció una suma por pérdida de oportunidad y actualizó a valor presente el lucro cesante reconocido en la decisión apelada. La providencia modifica la decisión anterior en este punto. Su consecuencia práctica es que el perjuicio por pérdida de oportunidad debe cuantificarse con un dictamen pericial que sustente cada escenario probabilístico.síntesis automática
También resuelve:¿Si bien la entidad demandada formuló objeción contra la primera experticia no se oponía a los métodos estadísticos y probabilísticos utilizados en el dictamen?¿El Consejo de Estado admitió como ejercicio probatorio la alternativa de presentar las certificaciones de los contratos o la facturación de los mismos?¿Existe prueba de que la ganancia obtenida por el actor hubiera alcanzado, frente a los contratos efectivamente ejecutados…
¿Existe base probatoria para calificar el actuar médico como doloso o gravemente culposo y así sustentar el juicio de repetición? No
La condena al Estado por falla del servicio médico no basta para calificar la conducta del médico como dolosa o gravemente culposa en la acción de repetición, y que corresponde al demandante demostrar fehacientemente ese elemento subjetivo. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la materialización de un daño antijurídico imputable al Estado como ente abstracto no implica por sí misma dolo o culpa grave en cabeza del agente individualizado. Segunda, la entidad no controvirtió eficazmente el dictamen pericial decretado ni solicitó prueba directa para demostrar la culpa grave que atribuía al facultativo. Tercera, la institución hospitalaria cambió de criterio sobre la conducta del médico después del fallo condenatorio, lo que restó capacidad suasoria a sus afirmaciones, y ninguna prueba acreditó un reproche subjetivo en la atención brindada. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que la entidad que repite contra un médico debe aportar prueba directa y técnica de la culpa grave, sin apoyarse solo en la condena previa por falla del servicio.síntesis automática
También resuelve:¿El extremo demandante tiene la carga de demostrar fehacientemente el dolo o la gravedad de la culpa del servidor contra quien pretende repetir?¿El cuadro clínico del paciente exteriorizó signo de focalización que demostrara deterioro neurológico de relevancia?¿El testimonio del médico general constituye un medio de convicción idóneo y útil para demostrar la configuración de una conducta gravemente culposa endilgada al demandado por la atención clínica…
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia desde la fecha de ejecutoria del acto de liquidación unilateral del contrato, por lo que, dada la fecha de presentación de la demanda, ésta se presentó oportunamente? Sí
El contratista puede presentar oportunamente la acción de controversias contractuales dentro de los dos años siguientes a la fecha de ejecutoria del acto de liquidación unilateral del contrato, independientemente de que éste haya sido expedido con posterioridad al plazo legal para su emisión, ya que este acto, aunque extemporáneo, mantiene su naturaleza de acto administrativo contractual no separable y su validez presunta, lo que implica que el cómputo del término de caducidad se inicia desde la fecha de ejecutoria del acto de liquidación. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente, estableciendo que la liquidación unilateral del contrato, aunque extemporánea, no impide el ejercicio de la acción de controversias contractuales dentro del plazo legal, lo que permite a los contratistas defender sus derechos ante posibles incumplimientos o irregularidades en el proceso de liquidación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Romenergo no es responsable por los perjuicios ocasionados con el incumplimiento en la entrega de los equipos objeto el Contrato 3756-E…¿Las objeciones por error grave contra el dictamen financiero practicado en este proceso están llamadas a prosperar?¿Cuenta con eficacia probatoria el dictamen pericial financiero allegado al proceso, salvo en lo que toca a la definición de lo que constituyen perjuicios indemnizables y la forma en que la pena…
¿Si los hechos que originan la reclamación son atribuidos a una conducta antijurídica de la parte contraria, por transgresión de lo pactado en el acuerdo de voluntades, el asunto debe tratarse bajo la óptica de la responsabilidad contractual, por incumplimiento, y no como el restablecimiento del equilibrio contractual? Sí
El contratista no puede basar su reclamación en el artículo 5.1 de la Ley 80 de 1993 para solicitar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato cuando los hechos que originan la controversia son atribuidos a una conducta antijurídica de la parte contraria, ya que el incumplimiento contractual y el desequilibrio económico del contrato requieren un tratamiento distinto en cuanto a sus causas y efectos jurídicos. La Sala confirma que si los hechos reclamados son consecuencia de una transgresión del acuerdo de voluntades, el asunto debe ser abordado bajo la óptica de la responsabilidad contractual por incumplimiento, matizando precedentes anteriores que podrían haber permitido una interpretación más amplia del artículo en cuestión. Esto implica que las partes deben apegarse a las reglas específicas de responsabilidad contractual para resolver controversias relacionadas con incumplimientos.síntesis automática
También resuelve:¿Esta Corporación tiene competencia para conocer del recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal, en el marco del medio de control de controversias contractuales…¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de la oportunidad prevista por la ley?¿Las partes se encuentran legitimadas en la causa por activa y por pasiva, por ser las entidades que suscribieron el contrato objeto de la controversia?
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversias derivadas de contratos administrativos celebrados por entidades públicas y de personas privadas que desempeñan funciones administrativas? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer controversias derivadas de contratos administrativos celebrados por entidades públicas y personas privadas que desempeñan funciones administrativas, conforme al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo y el Decreto 222 de 1983. La acción de controversias contractuales fue presentada oportunamente, dentro del plazo de dos años desde la ocurrencia de los motivos de hecho o derecho que la fundamentan, según lo dispone el artículo 136 del mismo código antes de su modificación por la Ley 446 de 1998. La Sala no considera que se haya configurado un error grave en el dictamen pericial, ya que las objeciones se refieren a las conclusiones del experto y no al objeto del dictamen, lo que implica que el juez debe valorar las conclusiones del perito de acuerdo con la sana crítica.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos años siguientes de la ocurrencia de los motivos de hecho o derecho que le sirvan de fundamento?¿Se configuró un error grave frente al dictamen pericial rendido dentro del proceso?¿El régimen jurídico aplicable al contrato de obra, es el vigente para la época en que se inició el procedimiento de selección y se perfeccionó el contrato?
¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales incoada para demandar la nulidad del acto que impuso una multa, por una parte, y la ruptura del equilibrio económico por el incumplimiento de la entidad, por otra? Sí
El contratista presenta oportunamente la acción de controversias contractuales para demandar la nulidad del acto que impuso una multa y la ruptura del equilibrio económico por el incumplimiento de la entidad, conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo vigente al momento de iniciarse el proceso. La demanda se interpuso dentro del plazo de dos años desde la notificación de la resolución que impuso la multa y desde la notificación del acto que liquidó unilateralmente el contrato, por lo que no se declara la caducidad de la acción. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, lo que implica que las demandas presentadas en estos términos no serán declaradas extemporáneas.síntesis automática
También resuelve:¿La ineptitud de la demanda en forma, constituye ina ecepcion que debe ser declara de oificio por el juez cuando la encuentre probada, tanto en primera como en segunda instancia?¿Como el municipio de Medellín fue parte del contrato de obra público objeto de controversia y lo celebró en vigencia de la Ley 80 de 1993, el régimen jurídico que le resulta aplicable…¿La liquidación unilateral del contrato de obra pública se realizó de forma oportuna, pese a que fue efectuada luego de haberse cumplido el término de dos meses dispuesto para tal efecto en la…
¿El proceso de contratación directa para la construcción de las obras resulta suficiente para desvirtuar la existencia de los perjuicios sufridos por la entidad contratante? No
La existencia del perjuicio por la entrega deficiente del objeto de un contrato de consultoría no se desvirtúa con argumentos sobre el proceso de contratación directa posterior, sino con prueba de que el producto cumplía las exigencias contractuales de calidad. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la frustración del objeto pactado en la consultoría fue determinante, y el argumento sobre la contratación directa no acredita que los productos satisficieran la necesidad contratada. Segunda, la cuantificación del perjuicio se fundó en la efectividad del amparo de calidad por el valor asegurado, y esa cuantificación no fue desvirtuada por la parte actora. Tercera, conforme a la carga de la prueba, quien alega el cumplimiento de la calidad debía demostrarlo. La providencia revoca la decisión de primera instancia y mantiene la cuantificación del acto. La consecuencia práctica es que el contratista que pretende desvirtuar la indemnización por calidad deficiente debe probar la calidad del producto y no basta con la existencia de otro proceso de contratación.síntesis automática
También resuelve:¿Los productos resultantes de la consultoría satisficieron la necesidad para la cual fueron contratados?¿El dictamen pericial carece de la fuerza probatoria necesaria para desvirtuar los hechos que le dieron sustento al acto administrativo demandado?¿La declaratoria del siniestro trató de ocultar la negligencia en adelantar la construcción de la obra?
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación en segunda instancia en contratos estatales por razón de su cuantía, conforme al artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y su legitimación en la causa se acredita tanto para la entidad pública como para el contratista. La competencia del juez de segunda instancia se limita a los argumentos del recurso de apelación, conforme al artículo 328 del Código General del Proceso, y no puede reformar puntos íntimamente relacionados con la modificación salvo que sea indispensable, garantizando la non reformatio in pejus. Además, el reconocimiento de componentes de utilidad (AIU) en un convenio de asociación para el desarrollo de vivienda de interés social es improcedente cuando no se pactó precio y el vínculo negocial es no conmutativo, ya que la Ley 388 de 1997 permite la celebración de contratos de fiducia sin las limitaciones del régimen de contratación estatal, pero no establece una regulación especial para proyectos de vivienda de interés social. Esta decisión reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y limita la actuación del juez en apelaciones, mientras que matiza la posibilidad de reconocer AIU en convenios de asociación para vivienda de interés social.síntesis automática
También resuelve:¿El contratista y la entidad pública contratante como partes del negocio jurídico que sirve como fuente de la controversia, se encuentran legitimados para acudir al proceso?¿La competencia del juez de segunda instancia se encuentra delimitada por los argumentos del recurso de apelación?¿Es improcedente el reconocimiento de componentes de utilidad (AIU) en un convenio de asociación para el desarrollo de vivienda de interés social…
¿La parte actora tiene derecho al pago de los sobrecostos por mayor permanencia, producto de la modificación de las condiciones iniciales del negocio jurídico habiendo ausencia de voluntad por parte del contratista de renunciar a reclamaciones por mayor permanencia en obra en los contratos adicionales? No
La renuncia del contratista a reclamar sobrecostos por mayor permanencia en obra no se presume de la celebración de contratos adicionales, prórrogas o suspensiones, sino que debe manifestarse de forma clara y expresa, de modo que, en ausencia de esa renuncia, la reclamación se analiza en el periodo no cubierto por ella. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, los acuerdos modificatorios que solo regulan el plazo no indican las causas que los motivaron ni regulan sus efectos económicos, por lo que no contienen por sí mismos una renuncia a reclamar diferencias económicas que surjan antes, con ocasión o después de ellos. Segundo, cuando el contratista manifiesta en un acuerdo específico que acepta no reclamar la mayor permanencia que se cause con la prórroga, esa declaración expresa limita la reclamación al periodo que queda por fuera de ella, excluido el tiempo cubierto por la renuncia y la suspensión correspondiente. La providencia revoca la decisión de primera instancia y limita el análisis de los sobrecostos a los periodos no cubiertos por renuncia expresa; en la práctica, la entidad que quiera que el contratista renuncie a la mayor permanencia debe incluir una cláusula expresa en el adicional o la prórroga correspondiente.síntesis automática
También resuelve:¿La parte actora acreditó los sobrecostos generados por menores rendimientos por modificaciones al sistema constructivo?¿El asfalto que el contratista asegura haber usado en la carpeta de rodadura y en la base asfáltica estaba incluido en los precios unitarios por lo tanto ya fue pagado en los desembolsos realizados…¿La parte actora tiene derecho al pago los intereses moratorios por la cancelación extemporánea de las cuentas de cobro presentadas por el consorcio, es decir…