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Consejo de Estado
Providencia
Se confirmará la sentencia de primera instancia
Sentencia — Sentencia
2022-03-02
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 05001233100020011179801
ACCION CONTRACTUAL
¿Teniendo en cuenta las estipulaciones contractuales, los contratistas estaban obligados a restituirle a EPM las sumas que obtuvieran por la devolución de un IVA pagado en la adquisición de sus insumos, cuando se observa que tal exención estaba vigente cuando se inició el proceso licitatorio? No
El contratista no está obligado a restituir a la entidad estatal las sumas obtenidas por la devolución del IVA pagado en la adquisición de insumos, cuando la exención del impuesto estaba vigente al inicio del proceso licitatorio. Esta regla se sostiene en que la estipulación contractual redactada por la entidad estatal establece que el valor de los precios unitarios del contrato se ajustará en función de las disposiciones sobre impuestos expedidas después de la presentación de la oferta. Además, la entidad estatal no puede alegar inducción al error por parte del contratista, ya que el conflicto planteado en la demanda se limita al análisis de la estipulación contractual y no a la estrategia de cálculo de precios unitarios. La Sala confirma la sentencia de primera instancia, reiterando que la vigencia de la exención del IVA al inicio del proceso licitatorio no implica la obligación del contratista de restituir las sumas devueltas por la entidad tributaria.síntesis automática
Consejo de Estado
Providencia
No está acreditado el primer presupuesto para que proceda la acción de repetición y, se negarán las pretensiones
Sentencia — Sentencia
2023-07-19
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 11001032600020170006000
LEY 1437 REPETICION
¿La devolución de un tributo con su respectivo reajuste monetario implica una pérdida patrimonial para la entidad pública? No
En el medio de control de repetición, la devolución de un tributo con su reajuste monetario, ordenada por sentencia judicial, no constituye una obligación reparatoria ni una pérdida patrimonial de la entidad pública. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la acción de repetición exige una condena que tenga naturaleza reparatoria del daño causado a un particular, y la devolución de un tributo pagado indebidamente no reúne ese carácter. Segunda, el reajuste monetario que se reconoce con la devolución no implica un daño patrimonial para la entidad, pues corresponde al valor del tributo ya pagado. En el caso, la Sala concluye que no se acredita el primer presupuesto de la repetición, y la providencia niega las pretensiones. La providencia subraya que el valor devuelto no representa un daño indemnizable para la entidad. En la práctica, la entidad que pretenda repetir contra un funcionario por la devolución de tributos debe demostrar que la condena tuvo carácter reparatorio y produjo una pérdida patrimonial efectiva.síntesis automática
También resuelve:
¿La decisión judicial que ordenó la devolución de una suma dinero por el pago de un tributo es producto de un daño antijurídico?
¿La Ley 678 de 2001 reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición?
¿La CDMB está legitimada en la causa por activa, pues fue la entidad pública que devolvió una suma de dinero derivada de una sentencia judicial?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón
Sentencia — Sentencia
2022-07-19
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 76001233100020030197401
ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de la cuantía? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias sobre contratos celebrados por entidades estatales, aunque el contrato se rija por el derecho privado, y el Consejo de Estado es competente en segunda instancia cuando la cuantía de la demanda supera el límite de la doble instancia. La regla se apoya en tres razones. Primera, la entidad demandada ostenta la calidad de entidad estatal en los términos del artículo 52 del Decreto 2171 de 1992, en concordancia con el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, por lo que la jurisdicción es la competente. Segunda, el artículo 6 del Decreto 197 de 1999 somete el negocio al derecho privado, pero ese régimen no altera la competencia de la jurisdicción. Tercera, la cuantía de las pretensiones superó los 500 salarios mínimos legales mensuales de 2003, año de presentación de la demanda, según los artículos 129, 132 numeral 5 y 181 del Código Contencioso Administrativo. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que la apelación de la parte demandada es resuelta por el Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:
¿Es procedente la acción de controversias contractuales para solicitar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato estatal?
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia desde el día siguiente a la liquidación del contrato?
¿El contrato de obra pública bajo el sistema de precios unitarios celebrado entre las partes está regido por el derecho privado?
Consejo de Estado
Providencia
Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón
Sentencia — Sentencia
2023-03-24
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 05001233100019970064301
ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El contratista puede interponer una acción de controversias contractuales ante el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de la cuantía, conforme a la competencia de la jurisdicción administrativa para conocer de litigios derivados de contratos administrativos y la disposición del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es el acto de liquidación del contrato, y el término para formular las pretensiones relativas a los contratos caduca en dos años desde la ocurrencia de los motivos de hecho o derecho que le sirven de fundamento. Además, las copias simples y los documentos aportados por los testigos tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo, según la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Esta decisión modifica precedentes anteriores, reforzando la competencia del Consejo de Estado en controversias contractuales de alto valor económico y la admisibilidad de ciertos medios de prueba en estos procesos.síntesis automática
También resuelve:
¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es el acto de liquidación del contrato?
¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos caduca en dos años de ocurridos los motivos de hecho o derecho que le sirvan de fundamento?
¿Los documentos en copia simple tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo?
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