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¿Puede prosperar la acción de repetición contra los ex servidores públicos cuando la entidad demandante no logra demostrar, con pruebas idóneas, la existencia de una conducta personal, directa y gravemente culposa que haya generado la condena impuesta al Estado? No
El contratista no puede prosperar en una acción de repetición contra ex servidores públicos si no demuestra, con pruebas idóneas, la existencia de una conducta personal, directa y gravemente culposa que haya generado la condena impuesta al Estado, ya que la ley establece que la responsabilidad subjetiva requiere la identificación clara y precisa de dicha conducta, y no basta con afirmaciones generales. Además, las actas de conciliación extrajudicial no tienen valor probatorio para acreditar la ocurrencia de los hechos que sustentan las pretensiones, según reiterada jurisprudencia. Por lo tanto, la Sala modifica la decisión al confirmar que la entidad demandante no logró demostrar la culpa grave que le endilgó a los demandados, lo que implica que en casos futuros será necesario presentar pruebas documentales sólidas para establecer la responsabilidad personal.síntesis automática
También resuelve:¿Procede imponer condena en costas en el proceso de repetición, cuando este se adelanta para proteger el patrimonio público y, por tanto, se considera que ventila un interés público…
Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas2025-06-06Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 25000233600020190062901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente decretar como prueba documental y a instancia de parte, copia del auto del 15 de mayo de 2025 proferido por el Procurador General de la Nación en el proceso disciplinario, el cual se encuentra incorporado al expediente del aplicativo SAMAI, en segunda instancia? Sí
El contratista puede solicitar la admisión de una copia del auto del Procurador General de la Nación en el proceso disciplinario como prueba documental en segunda instancia, siempre y cuando el documento sea posterior a la oportunidad para aportar pruebas en primera instancia y esté relacionado con los hechos que dieron origen a la controversia contractual. La entidad estatal debe considerar que, conforme al artículo 212-3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las partes pueden pedir pruebas en segunda instancia para demostrar o desvirtuar hechos ocurridos después de la oportunidad para aportar pruebas en primera instancia. La Sala decretará la prueba documental y correrá traslado a los sujetos procesales, lo que implica que la entidad debe prepararse para responder a la nueva evidencia presentada.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas2025-07-14Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 25000232600020120107001ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado es competente para ordenar en segunda instancia la práctica de pruebas de oficio mediante auto de mejor proveer, aun cuando la etapa probatoria haya concluido y el proceso se encuentre en estado de dictar sentencia, con el fin de esclarecer puntos oscuros o dudosos de la controversia? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para ordenar la práctica de pruebas de oficio mediante auto de mejor proveer, incluso cuando la etapa probatoria haya concluido y el proceso esté en estado de dictar sentencia, siempre que estas pruebas sean necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la controversia, conforme al artículo 169 del Código Contencioso Administrativo. La Sala considera que la falta de documentos precontractuales esenciales para interpretar adecuadamente el contrato y resolver la controversia sobre su incumplimiento y liquidación justifica la práctica de pruebas de oficio, ya que estos documentos son indispensables para aclarar aspectos oscuros relacionados con el incumplimiento del contratista, el monto de la cláusula penal y los elementos que determinaron la liquidación unilateral del contrato. Esta decisión reitera la competencia del Consejo de Estado para disponer de pruebas de oficio en segunda instancia, incluso cuando los documentos relevantes no están disponibles en línea o han pasado mucho tiempo desde su expedición, lo que implica que los jueces deben solicitar estos documentos para garantizar una resolución justa y completa de la controversia.síntesis automática
También resuelve:¿Debe el juez solicitar o tener en cuenta los documentos precontractuales cuando estos resultan indispensables para interpretar adecuadamente el contrato y resolver la controversia sobre su…
Auto interlocutorio — Auto que dispone trámite de sentencia anticipada2024-04-15Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020170010500LEY 1437 REPETICION
¿Se cumplen lo presupuestos para dictar sentencia anticipada, porque no hay pruebas que requieran ser practicadas en audiencia, sino que las únicas pruebas son las que se aportaron con la demanda? Sí
El juez puede dictar sentencia anticipada cuando no hay pruebas que deban practicarse en audiencia y las únicas pruebas son las documentales aportadas con la demanda, en los términos del numeral 1, literales b y c, del artículo 182A del CPACA. En ese escenario, el auto incorpora las pruebas documentales al expediente, les da el valor probatorio que corresponda en la sentencia y fija el litigio. Los documentos se consideran útiles, pertinentes y eficaces, y su traslado se entiende surtido con el de la demanda, conforme a los artículos 269 y 272 del Código General del Proceso. En el caso analizado, el litigio consiste en determinar si los exmiembros de una junta directiva actuaron con culpa grave en la apertura, modificación y declaratoria de desierta de una licitación pública, y si esa conducta determinó las condenas pagadas por la entidad accionante, de modo que deban responder con su patrimonio. Por ello se dispone el trámite de sentencia anticipada, sin ampliar los supuestos de la norma.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-02-19Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 11001032600020220004600LEY 1437 REPETICION
¿En este particular asunto de repetición, la fijación del litigio constituye la oportunidad procesal para delimitar el objeto de la acción, esto es, el pago, la existencia de la condena o acuerdo, la calidad del agente o ex agente y la condena? Sí
El contratista no puede utilizar el recurso de súplica contra el auto que adecua el trámite a sentencia anticipada, ya que este es un acto potestativo del juez que no es susceptible de tal recurso, y la negativa a practicar una prueba en este contexto tampoco puede ser recurrida de súplica, ya que ello implicaría desnaturalizar la figura de la sentencia anticipada. La fijación del litigio constituye la oportunidad procesal para delimitar el objeto de la acción en un medio de control de repetición, incluyendo la naturaleza de la condena, mientras que la prueba testimonial no resulta útil cuando ya existen documentos suficientes y relevantes que acreditan los antecedentes administrativos y la calidad del agente o ex agente. Estas decisiones reafirman la importancia de la eficiencia en el trámite procesal y la relevancia de la prueba documental en la determinación de la procedencia del medio de control de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La prueba testimonial resulta útil cuando reposan documentos que dan cuenta de los antecedentes administrativos del acto fuente del daño y el manual de funciones del ex servidor objeto de repetición?¿Es procedente el recurso de súplica contra el auto que decide adecuar a sentencia anticipada el litigio?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-10-22Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 52001233300020210016701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado, en sede de segunda instancia, para conocer del recurso de apelación interpuesto contra el auto que niega el decreto o la práctica de pruebas, conforme a lo dispuesto en el artículo 150 del CPACA y en armonía con el artículo 243, numeral 7, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del recurso de apelación contra el auto que niega el decreto o la práctica de pruebas, conforme al artículo 150 del Código Procesal Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y al artículo 243, numeral 7, modificado por la Ley 2080 de 2021, lo que implica que el recurso debe ser decidido por el consejero ponente. Además, el juez debe rechazar mediante providencia motivada las pruebas que resulten ilícitas, notoriamente impertinentes, inconducentes o manifiestamente superfluas o inútiles, según lo dispuesto en los artículos 167 y 168 del Código General del Proceso, aplicables por remisión expresa del artículo 211 del CPACA. Asimismo, el dictamen pericial que se presente sin el correspondiente cuestionario será considerado inconducente, impertinente e inútil, en concordancia con los artículos 218 y 219 del CPACA, modificados por la Ley 2080 de 2021, y con los criterios de pertinencia, conducencia y utilidad exigidos por el ordenamiento procesal.síntesis automática
También resuelve:¿Se interpuso y sustentó oportunamente el recurso de apelación dentro de la audiencia inicial del 31 de octubre de 2023, conforme al artículo 244 del CPACA?¿Debe el juez, conforme a lo dispuesto en los artículos 167 y 168 del Código General del Proceso (CGP), aplicables por remisión expresa del artículo 211 del CPACA…¿Debe considerarse inconducente, impertinente e inútil el dictamen pericial que se presente sin el correspondiente cuestionario, conforme a lo dispuesto en los artículos 218 y 219 del CPACA…
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2025-12-09Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 76001233300420170053301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El presente asunto se tramita ante la jurisdicción contencioso-administrativa, razón por la cual le resulta aplicable la normatividad aplicable que gobierna este tipo de actuaciones contenidas en el CPACA? Sí
El juez contencioso administrativo aplica el marco normativo del CPACA en los asuntos tramitados ante su jurisdicción. En este proceso, ante la solicitud probatoria del extremo pasivo fundamentada en el Código General del Proceso, se concluye que el decreto de pruebas en segunda instancia procede únicamente en los eventos previstos en el artículo 212 del CPACA, modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021. Al no configurarse tales supuestos ni acreditarse la relación contractual o los presupuestos fácticos de las pretensiones con los documentos aportados, se niega la solicitud de pruebas.síntesis automática
También resuelve:¿De la revisión efectuada a los documentos allegados por el apoderado de la entidad demandada, se advierte que estos no constituyen medios de convicción idóneos para acreditar los hechos que sirven…¿Los documentos aportados contienen información carente de valor probatorio para los supuestos fácticos discutidos al interior del plenario?
Auto interlocutorio — Auto que dispone trámite de sentencia anticipada2022-03-01Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 11001032600020180018600LEY 1437 REPETICION
¿Siempre que se pretenda acceder a sentencia anticipada, deberán cumplirse las hipótesis de los literales c) y d) del numeral 1 del artículo 182A del CPACA? Sí
La sentencia anticipada procede, conforme a los literales c y d del numeral 1 del artículo 182A del CPACA, cuando la demanda solo solicitó como pruebas las documentales aportadas y el interrogatorio de parte pedido por el curador ad litem es inconducente. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la entidad actora solo pidió tener como pruebas los documentos aportados con la demanda, que se incorporan al expediente con el valor que la ley les asigne. La segunda es que el interrogatorio de parte solicitado resulta inconducente para los hechos que se pretenden probar. Por otro lado, la falta de integración de un litisconsorcio necesario es una excepción previa, según el numeral 9 del artículo 100 del Código General del Proceso, que debe resolverse antes de la audiencia inicial conforme al artículo 175 del CPACA, y que se negó porque no existe disposición que exija resolver de manera uniforme la relación jurídica entre la entidad y el demandado. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que el proceso avanza a sentencia anticipada.síntesis automática
También resuelve:¿La falta de integración del litisconsorcio necesario es una excepción previa, de acuerdo con el artículo 100, numeral 9, del CGP y se debe resolver antes de la audiencia inicial…¿Puede tenerse como pruebas las documentales aportadas con la demanda, las cuales se incorporarán al expediente y se les dará el valor probatorio que corresponda en la sentencia.?
¿El demandante acreditó el cumplimiento de sus obligaciones como contratista para que se reconociera el pago de sus prestaciones? No
El contratista no acredita el cumplimiento de sus obligaciones contractuales para obtener el pago de sus prestaciones, ya que la prueba documental presentada es genérica y omite las mediciones específicas de las actividades realizadas y su ajuste a las especificaciones técnicas del contrato. Además, la ejecución del objeto contractual por fuera del plazo acordado no implica automáticamente el fracaso de las pretensiones de reconocimiento y pago, pero en ausencia de un acta de recibido final o parcial, no se puede condenar a la entidad estatal al pago de la obra. La Sala reitera que el demandante debe demostrar el cumplimiento de sus obligaciones conforme a las especificaciones técnicas para que se ordene su pago, y que la ejecución de la obra fuera del plazo no garantiza el reconocimiento del pago sin evidencia de conformidad con el contrato. Esto implica que el contratista debe presentar pruebas detalladas y específicas para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones y el ajuste a las especificaciones técnicas del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿La ejecución del objeto contractual por fuera del plazo acordado implica automáticamente el fracaso de las pretensiones tendientes a su reconocimiento y pago?¿Procede la condena en costas?
¿No es posible valorar los documentos aportados en idioma inglés, sin la traducción oficial, en concordancia con las normas procesales? Sí
El contratista no puede valorar documentos aportados en idioma inglés sin la traducción oficial, en concordancia con el artículo 251 del Código General del Proceso, lo que implica que la entidad estatal no puede considerar estos documentos en su evaluación técnica sin cumplir con este requisito. Además, la Sala establece que la simple confrontación de los documentos de la propuesta del adjudicatario con el pliego de condiciones no es suficiente para probar la indebida adjudicación del proceso, y que la carga de la prueba en cabeza del demandante debe ser respaldada con pruebas idóneas, especialmente en aspectos técnicos. Asimismo, el tribunal puede restar valor probatorio a un dictamen pericial por no cumplir con los requisitos normativos, y este criterio no puede ser revisado en apelación si no se formulan reparos específicos. Por último, la Sala confirma la sentencia de primera instancia si el demandante incumple con su carga probatoria, lo que implica que la entidad estatal puede subsanar los ofrecimientos hasta la adjudicación en ciertas circunstancias.síntesis automática
También resuelve:¿La simple confrontación de los documentos de la propuesta del adjudicatario con el pliego de condiciones, no permite a la Sala llegar al convencimiento de la indebida adjudicación del proceso de…¿El tribunal le restó valor probatorio al dictamen pericial por no cumplir los requisitos normativos, a lo cual no se formuló reparo alguno en el recurso de apelación?¿Dado que el demandante incumplió con su carga probatoria, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia?
Auto interlocutorio — Auto que declara desierto recurso2022-06-06Sección Tercera (Subsección A)MARTA NUBIA VELASQUEZ RICORad. 25000233600020170041702LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Precisó la demandante en qué sentido las resoluciones demostraban la existencia de colusión? No
El contratista no precisará en qué sentido las resoluciones demostraban la existencia de colusión, ya que la omisión de esta especificación implica que la prueba documental no resulta pertinente, útil ni conducente para demostrar las supuestas irregularidades en el procedimiento de selección y las conductas violatorias de la libre competencia por parte de los oferentes adjudicatarios. En este caso concreto, la demandante no detalló cómo las resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio podían ilustrar la existencia de acuerdos colusorios en el proceso específico, limitándose a afirmar que dichas decisiones eran útiles para ilustrar al tribunal sobre la existencia de colusión en otros eventos. Como resultado, el tribunal confirmó la decisión de negar la admisión de dichas resoluciones como prueba, reafirmando que la parte demandante no cumplió con los requisitos de sustentación necesarios para que el recurso de apelación fuera debidamente presentado y examinado.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentaron argumentos contra los fundamentos de hecho y/o derecho que sirvieron de sustento al tribunal para negar el decreto de la prueba testimonial?¿El Tribunal negó la prueba por considerarla innecesaria para demostrar los hechos objeto del litigio?¿La parte recurrente sustentó debidamente su impugnación?
¿La tacha formulada contra el testimonio del señor […] hacía improcedente la valoración de esa declaración, como lo concluyó la sentencia de primera instancia? No
El contratista no puede desvirtuar la eficacia probatoria del contrato mediante un testimonio, ya que la prueba documental prevalece sobre el testimonio en la contratación pública, según los artículos 225 y 256 del Código General del Proceso. La entidad estatal no incurrió en incumplimiento ni en modificación unilateral del contrato al ajustar el valor del mismo conforme a las variaciones en las tarifas establecidas por el Gobierno Nacional, como acordado en el contrato. Además, el testimonio no puede establecer la existencia de vicios del consentimiento ni desequilibrios económicos en el contrato, ya que estas cuestiones requieren pruebas documentales específicas y la entidad de control no está facultada para resolver controversias contractuales. La Sala matiza la interpretación de la eficacia del testimonio en controversias contractuales, estableciendo que el testimonio no puede desvirtuar la prueba documental y que la valoración del testimonio debe considerar su imparcialidad, lo que implica que los contratistas deben presentar pruebas documentales para acreditar sus alegaciones en lugar de confiar únicamente en testimonios.síntesis automática
También resuelve:¿Con el testimonio del señor […] se acreditó el incumplimiento contractual, el desequilibrio económico de los contratos de prestación del servicio público de educación n.° 318 de 2017 y 1010 de 2018…
¿Las decisiones adoptadas por el Ministerio estuvieron debidamente fundamentadas y no se demostraron los incumplimientos endilgados? Sí
Cuando la entidad contratante acepta una parte del objeto pactado, la sanción pecuniaria debe reducirse en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato, porque la aceptación y el pago de los elementos recibidos muestran que la prestación fue cumplida en esa proporción. Por otra parte, la sanción pecuniaria por incumplimiento parcial se fundamenta en las razones de incumplimiento que se acrediten en el proceso, y su nulidad no procede cuando las decisiones se sustentan en las normas aplicables, se expidieron con competencia y siguieron el procedimiento legal. Cuando la imposición de la pena no configura la prestación de un servicio ni la venta de bienes, el IVA no debe incluirse en la base de la sanción, por lo que debe descontarse del precio del contrato. En el caso concreto, la entidad recibió, aprobó y pagó los elementos del primer desembolso del precio, lo cual fue ratificado por la autorización del supervisor y la factura, y la providencia apelada se revocó en lo relativo a la reducción de la sanción. Como consecuencia práctica, el contratista que acredite la ejecución parcial del objeto puede obtener la reducción proporcional de la sanción pecuniaria en ese mismo porcentaje.síntesis automática
También resuelve:¿Teniendo en cuenta la aceptación del contratante de parte del objeto pactado, resulta procedente la reducción de la sanción pecuniaria en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato?¿No se acreditó la falta de acatamiento de las funciones a cargo del Ministerio, o que no hubiera ejecutado acciones para garantizar la observancia del contrato?¿Las resoluciones fueron expedidas con competencia, en virtud de la atribución legal conferida al contratante?
¿El demandante en la acción de repetición acreditó que la conducta desplegada por el demandado comportara una actuación gravemente culposa? No
A la luz del exiguo material probatorio, la Sala concluye que no se acreditó que la conducta desplegada por el ex funcionario [del Incoder] comportara una actuación gravemente culposa. En este caso, en contravía de las exigencias que requiere la prueba del elemento subjetivo de la acción de repetición, el demandante se limitó a consignar afirmaciones en torno a una supuesta conducta gravemente culposa con base en las mismas consideraciones expuestas por el tribunal administrativo en la sentencia que condenaron al Instituto, dejando de probar la presunción de culpa grave con base en la cual soportó la pretensión reversiva. Por consiguiente, se confirmará la decisión impugnada que negó las pretensiones de la demanda.
También resuelve:¿Se probó que el demandado hubiese obrado de manera imprudente y negligente para la adopción de la decisión que declaró insubsistente el nombramiento?¿Se probó una conducta gravemente culposa imputable al demandado?¿Los documentos obrantes en el proceso acreditan que el INCODER pagó la totalidad de la obligación impuesta?
¿Se acreditaron las inversiones realizadas, pero no se cumplió la carga de probar el presupuesto consistente en la incidencia que tales erogaciones causaron a la economía del contrato? Sí
El contratista no logra restablecer el equilibrio financiero del contrato de concesión portuaria debido a su incapacidad para probar el impacto económico de las inversiones realizadas, a pesar de acreditar las causas e inversiones. La entidad estatal y el tribunal mantienen que la prueba documental presentada no cumple con los estándares de idoneidad técnica y valor probatorio necesarios para demostrar la perturbación financiera del contrato. La Sala confirma que la parte demandante debe aportar pruebas técnicas especializadas y científicas, proporcionadas por expertos en finanzas y contabilidad, para justificar la afectación de la ecuación económica del contrato. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con la carga de la prueba en casos de teoría de la imprevisión, limitando la posibilidad de ajustar los términos del contrato sin evidencia adecuada.síntesis automática
También resuelve:¿En las condiciones en las que la sociedad actora enmarcó su pedimento no es posible arribar a un pronunciamiento positivo al respecto?¿Demostrar que un gasto extraordinario afecta objetivamente la ecuación económica en un contrato de concesión, implica análisis razonables que permitan evaluar si el impacto alegado justifica ajustar…¿Para que se configure el desequilibrio económico del contrato es necesario demostrar, además de la alteración extraordinaria, la pérdida real, grave y anormal de la economía del contrato?
¿El recurso extraordinario de revisión es una instancia adicional para debatir las apreciaciones jurídicas de las partes? No
El recurso extraordinario de revisión no es una instancia adicional para debatir las apreciaciones jurídicas de las partes, sino que su naturaleza es limitada a revisar la legalidad de la sentencia y las causales específicas establecidas en la ley. La Sala declaró infundado el recurso interpuesto por la sociedad demandante contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que confirmó la denegación de las pretensiones de nulidad del acto administrativo en un proceso de controversias contractuales. La Sala sostuvo que las pruebas documentales pudieron haber sido aportadas durante el proceso ordinario si la parte recurrente hubiera actuado con diligencia, y que la imposibilidad de aportarlos no obedeció a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Además, los documentos recuperados no desvirtuaron la legalidad de los actos administrativos por los cuales el IDIPRON declaró el incumplimiento parcial del contrato de interventoría. Esta decisión reitera la limitación del recurso extraordinario de revisión y subraya la importancia de la diligencia procesal en la presentación de pruebas.síntesis automática
También resuelve:¿Las pruebas documentales pudieron ser aportados durante el curso del proceso ordinario si el recurrente hubiera ejercido diligentemente las actuaciones que llevó a cabo con posterioridad a la…¿La imposibilidad de aportar los documentos al proceso ordinario obedeció a circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria?¿El contenido de los documentos tiene la aptitud para desvirtuar la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales el IDIPRON declaró el incumplimiento parcial del contrato de…
¿Procede la prelación de fallo en razón de la naturaleza del asunto, por ser una repetición en contra de un exfuncionario público? Sí
Cuando el Estado es obligado a reparar un daño, debe repetir contra su agente si la condena fue resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa, y para que prospere la acción deben concurrir cuatro presupuestos: la condena del Estado a reparar un daño antijurídico, el pago efectivo a la víctima, la calidad de agente estatal del demandado y la conducta dolosa o gravemente culposa como factor determinante de la condena. La regla se apoya en el artículo 90 de la Constitución Política y en el desarrollo legal de la Ley 678 de 2001 y de la Ley 1437 de 2011. Las razones que la sostienen son que la jurisprudencia de la corporación ha exigido de manera unánime esos presupuestos, que el pago efectivo es el hecho que hace nacer el derecho de repetir, y que el dolo o la culpa grave deben ser el factor determinante de la condena. En el caso, la sala verificó la concurrencia de los presupuestos y la sentencia fue confirmada. El documento no señala que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la ausencia de cualquiera de los cuatro presupuestos impide la prosperidad de la repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La responsabilidad de un agente estatal demandado en repetición requiere la constatación de la concurrencia de cuatro presupuestos, a saber: la obligación resarcitoria a cargo del Estado…¿Los documentos aportados al proceso son suficientes para acreditar el pago efectivo de la condena a favor de la víctima del daño que se demanda en repetición?¿Debe declararse la responsabilidad patrimonial de los agentes de policía demandados en repetición, por la muerte de un civil en un operativo policivo en el que estos participaron?
¿La demandante en su oferta determinó un porcentaje en el que cuantificó la utilidad y los demás componentes de Administración, Imprevistos y Utilidad? Sí
Cuando el oferente discrimina en su propuesta un AIU que incluye administración, imprevistos y utilidad, el porcentaje así fijado no puede reconocerse como ganancia exclusiva, pues el AIU es un concepto que agrupa esos componentes y que no tiene porcentajes mínimos ni máximos legales. Una razón es que la propuesta distribuyó el presupuesto e identificó costos directos, luego señaló un valor por AIU lo que muestra que cuantificó expresamente sus componentes. Otra razón es que el documento complementario de la oferta indicó que el 15 por ciento incluía los costos administrativos, las pólizas, los impuestos y los riesgos del contrato, de modo que el oferente tenía claro que ese porcentaje cubría la administración y los imprevistos. En el caso, la Sala negó la pretensión que pedía reconocer el 15 por ciento como utilidad. Según la providencia, el AIU que se introduce en el valor total de la oferta es de uso frecuente en los contratos de tracto sucesivo y cada empresa fija su estructura de costos conforme a sus condiciones; su consecuencia práctica es que el proponente debe desglosar cada componente del AIU en su oferta si pretende que se le reconozca como utilidad.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante puede desconocer el porcentaje global para el AIU, fijado en la oferta?¿El porcentaje de administración correspondía al monto total que la entidad pagaría por el contrato?¿Es posible aplicar el criterio de equidad para disgregar en partes iguales el valor global del AIU fijado por el demandante?
¿Para la procedencia del medio de control de repetición se debe acreditar la obligación reparatoria a cargo del Estado; el pago de la obligación reparatoria y; que la conducta dolosa y/o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado? Sí
En el medio de control de repetición, la procedencia de la acción exige acreditar la obligación reparatoria a cargo del Estado, el pago efectivo de esa obligación y que la conducta dolosa o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el que se condenó al Estado. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el artículo 90 de la Constitución prevé la repetición cuando la condena es resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa, y el desarrollo legal se encuentra en el Decreto-ley 01 de 1984 y en la Ley 678 de 2001. Segunda, la jurisprudencia ha sido unánime en exigir estos tres elementos como presupuestos de prosperidad de la acción. En el caso, la providencia niega las pretensiones porque no se acreditó la conducta del agente como determinante del daño. En la práctica, la entidad debe probar los tres presupuestos, obligación, pago y conducta del agente, antes de que prospere la repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resulta aplicable al presente proceso de repetición la Ley 678 de 2001?¿Los documentos aportados al proceso son suficientes para acreditar el pago efectivo de la condena a favor de la víctima del daño que se demanda en repetición?¿Se acreditó que el señor demandado en repetición actuó con violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho en los hechos que dieron lugar a la condena por la cual se pretende repetir…
¿Procede la valoración de las pruebas documentales trasladadas del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
El contratista puede solicitar que se trasladen pruebas documentales del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y la entidad estatal debe valorarlas si las partes tuvieron la oportunidad de conocerlas y no presentaron reparos, lo que implica que estas pruebas son admisibles y pueden ser objeto de análisis. La Sala reitera que para la prosperidad de la acción de repetición es necesario demostrar la existencia de dolo o culpa grave en el actuar del funcionario público, y que la valoración de la culpa grave se realiza en comparación con el estándar de conducta previsto en la ley vigente en el momento de los hechos. Además, la Sala matiza que para determinar si un agente estatal actuó con dolo o culpa grave, es necesario considerar la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, la infracción manifiesta de preceptos constitucionales y el incumplimiento de las funciones que la ley le asigna, lo que implica un análisis detallado de la conducta del agente estatal en cada caso específico.síntesis automática
También resuelve:¿Para la prosperidad de la acción de repetición es necesario un actuar doloso o gravemente culposo en cabeza del funcionario público demandado?¿Cuáles son los presupuestos a tener en cuenta a la hora de definir si un agente estatal obró con dolo o culpa grave?¿El acto administrativo de insubsistencia estuvo viciado de desviación de poder?