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Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-08-19Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 63001233300020210013802LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En el interrogatorio realizado al perito se evidenció que en su dictamen no se tuvo en cuenta los anexos técnicos de los estudios previos al contrato? Sí
El contratista debe incluir en su dictamen pericial todos los anexos técnicos y estudios previos al contrato, así como la propuesta económica inicial, para que la entidad estatal pueda evaluar adecuadamente la viabilidad y costo del proyecto. Durante el interrogatorio, el perito afirmó que tuvo en cuenta los diseños y anexos técnicos, pero señaló que estos no cumplían con los requerimientos necesarios, lo que obligó al contratista a realizar nuevos estudios. El dictamen debe ser claro y exhaustivo, procesando los costos asociados a los diseños definitivos y excluyendo aquellos que no guardan relación con las obras objeto de estudio. La entidad estatal debe aportar la prueba técnica y suficiente que respalde sus afirmaciones sobre el pago de valores durante la ejecución del contrato, de lo contrario, no se considerará acreditado el efecto jurídico que pretende. Esta decisión reitera la importancia de la claridad y exhaustividad del dictamen pericial y la carga probatoria de las partes en el proceso contractual.síntesis automática
También resuelve:¿El dictamen carece de claridad, en la medida en que no determinaba si los valores incluidos en la matriz contable correspondían en su totalidad a estudios y diseños nuevos o si, en realidad…
¿Se acreditó que al actor le asistió un mejor derecho para resultar adjudicatario del contrato conforme lo reclama en el recurso de apelación? No
El dictamen pericial que aplica las fórmulas y los procedimientos previstos en el pliego de condiciones, explica sus operaciones y se apoya en fuentes y anexos, tiene eficacia probatoria, y que el oferente que reclama un mejor derecho a la adjudicación debe demostrar que su propuesta habría ocupado el primer lugar en la lista de elegibles. Una razón es que el perito siguió los parámetros del pliego para la evaluación económica, incluida la media geométrica y la lista de elegibles, y explicó de manera clara y detallada sus cálculos, por lo que el dictamen cumple los requisitos de los artículos 233, 237 y 241 del Código de Procedimiento Civil. Otra razón es que aun si se hubiera rechazado la propuesta señalada en la demanda, o las que no cumplían el requisito de las plantas asfálticas, el consorcio demandante no habría ocupado el primer lugar de la lista de elegibles. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de la demanda. Su consecuencia práctica es que las objeciones al dictamen de evaluación deben demostrar un cambio en el orden de elegibilidad y no solo una discrepancia técnica.síntesis automática
¿Se cumplen los presupuestos de procedencia de la demanda para estudiar de fondo el caso en concreto? Sí
La Subsección resolverá el problema jurídico… , habida consideración de la competencia que le asiste para ello, en atención a lo dispuesto por los artículos 129 y 132.5 del Código Contencioso Administrativo (en lo sucesivo “CCA”), y al ejercicio oportuno que de la acción de controversias contractuales realizaron los accionantes, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 136.10 del CCA. De igual manera, debido a que tanto FONADE como Órbita Arquitectura e Ingeniería S.A. y C&C Arquitectura e Ingeniería S.A. (quienes conformaron la UT &C Órbita Beisbol) se encuentran legitimados en la causa por pasiva y por activa, toda vez que son los extremos de la relación contractual que suscitó la controversia bajo análisis en esta sede judicial.
También resuelve:¿Demostró FONADE los perjuicios que afirma le fueron causados, con ocasión del incumplimiento contractual en que incurrió la UT C&C Orbita Béisbol…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-10-31Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZRad. 76001233300020230003701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El recurso de apelación es procedente contra el auto que niega el decreto y práctica de una prueba pericial? Sí
El contratista puede interponer un recurso de apelación contra el auto que niega el decreto y práctica de una prueba pericial, conforme al numeral 7° del artículo 243 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021. Este recurso fue interpuesto oportunamente en la audiencia inicial, luego de la notificación en estrados. Además, el contratista puede solicitar el decreto de un nuevo dictamen pericial para controvertir el aportado por la contraparte, una vez el despacho judicial se pronuncie sobre las solicitudes probatorias presentadas en la actuación, en virtud del artículo 228 del CGP. La Sala revoca la providencia para que el tribunal examine los demás presupuestos legales para determinar la procedencia de la práctica del dictamen solicitado.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso de apelación fue interpuesto oportunamente?¿Puede una de las partes solicitar el decreto de un nuevo dictamen pericial para controvertir el aportado por la contraparte, una vez presentado el escrito que descorre las excepciones?¿Debe devolverse el expediente al Tribunal para que estudie los demás presupuestos para la procedencia del decreto y práctica de la prueba pericial que fue oportunamente solicitada?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-12-15Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZRad. 05001233300020230069501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede el recurso de apelación contra el auto que niega la práctica de una prueba pericial? Sí
El recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto que niega la práctica de pruebas periciales es procedente, conforme al artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por la Ley 2080 de 2021. Sin embargo, la Sala establece que la solicitud de dictámenes periciales debe ser específica y conducente, demostrando su utilidad y pertinencia para desvirtuar la excepción de mérito propuesta por el demandado. La falta de claridad en la solicitud y la omisión de las preguntas específicas al perito impide su decreto, reafirmando que la oportunidad para solicitar pruebas no es ilimitada y debe atender a los requisitos establecidos en el artículo 168 del Código General del Proceso. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los requisitos formales y sustanciales para la práctica de pruebas periciales, limitando la posibilidad de suplir omisiones previas en la etapa procesal.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el demandante solicitar pruebas en el traslado de las excepciones para acreditar hechos de la demanda que no fueron demostrados oportunamente en la etapa procesal correspondiente?¿Puede el juez, al decretar un dictamen pericial solicitado por una de las partes, fijar y delimitar el cuestionario que debe responder el perito conforme a las necesidades del proceso?¿Deben decretarse los dictámenes periciales solicitados por la parte demandante cuando la solicitud es genérica, no permite establecer su conducencia…
¿El dictamen pericial cumple con los requisitos para ser tenido en cuenta en el proceso? No
El dictamen pericial no es apreciable cuando sus conclusiones presentan una contradicción clara entre sus componentes y no tienen la precisión y calidad que exige la ley, de modo que el juez puede apartarse de ellas. Además, la entidad contratante no desconoce el principio de planeación cuando informa en el pliego las especificaciones técnicas de la obra y el contratista no se opone a ellas, ni cuando el interventor y el supervisor formulan observaciones que el contratista no desvirtúa. Una razón es que el perito contradijo en sus informes el resultado de la esclerometría en campo frente al informe geotécnico y técnico, de modo que sus conclusiones no correspondían a la realidad. Otra razón es que los documentos contractuales demostraron que el contratista no se opuso a las especificaciones del ítem de adoquinamiento y que la entidad sí informó en el proceso de selección los estudios y las dimensiones esperadas. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones. Su consecuencia práctica es que el dictamen debe ser coherente internamente, y que la oposición del contratista a las especificaciones debe formularse en la ejecución y no después.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad contratante desconoció el principio de planeación al establecer las especificaciones técnicas de la obra objeto del contrato estatal?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿Impedía la suscripción de las convenciones modificatorias del contrato, sin regulación expresa de los sobrecostos reclamados, la prosperidad de las pretensiones de restablecimiento del equilibrio económico? No
La suscripción de convenios modificatorios en un contrato de obra a precios unitarios no impide por sí sola la prosperidad de las pretensiones dirigidas a obtener el restablecimiento del equilibrio económico del contrato por sobrecostos imprevistos. Durante la ejecución de un contrato de infraestructura vial suscrito con el INVÍAS, se presentaron incrementos anormales en los precios de insumos como asfalto, cemento y combustibles, así como mayores costos de transporte de materiales. La Sala verificó que las adiciones y modificaciones acordadas no tuvieron por objeto regular ni compensar tales circunstancias imprevistas. Por consiguiente, la suscripción de dichas modificaciones negociales no sanea ni extingue el derecho del contratista a reclamar la indemnización por la ruptura financiera del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Probó el contratista que el mecanismo de ajuste de los precios unitarios perdió eficacia durante la ejecución contractual…
Cuando el contratista renuncia a presentar reclamaciones por mayor permanencia de la obra puede con posterioridad alegar el desequilibrio económico del contrato? Sí
El contratista no puede alegar desequilibrio económico del contrato después de renunciar a presentar reclamaciones por mayor permanencia de la obra, ya que las partes acordaron de buena fe que la prórroga no generaría sumas adicionales, y la caducidad de la acción impide que se cuestione la validez de las prórrogas contractuales. La Sala reitera que la renuncia a reclamaciones por extensión del plazo contractual es válida y que no hay prueba del desequilibrio financiero del contrato, lo que implica que las pretensiones económicas del contratista no prosperarán si no acredita la existencia de un desequilibrio financiero real y no pactado.síntesis automática
También resuelve:¿Las reclamaciones por mayor permanencia de la obra durante el plazo adicional acordado no pueden prosperar porque las partes las pactaron que el acuerdo no generaría sumas adicionales en favor del…¿Las pretensiones económicas alegadas por el contratista son improcedentes por acreditarse que renunció al pago de los costos generados por las tres primeras prórrogas del contrato y la cuarta fue…¿Se acreditó un desequilibrio en la ecuación financiera del contrato de obra pública que diera lugar al reconocimiento del pago solicitado por el contratista?
¿Procede el reconocimiento de perjuicios por mayor duración del contrato cuando el contratista no acredita, mediante prueba pericial sólida y soportes contables verificables, los costos efectivamente asumidos por dicha extensión? No
El contratista no obtiene el reconocimiento de perjuicios por mayor duración del contrato cuando no acredita los costos efectivamente asumidos mediante prueba pericial sólida y soportes contables verificables. La Sala confirmó que los modificatorios del contrato no implicaron reconocimiento de contraprestación adicional ni renuncia a las reclamaciones del contratista, y que el dictamen pericial no cumplió con los requisitos de solidez, claridad y exhaustividad exigidos por la jurisprudencia. La Sección Tercera del Consejo de Estado reitera que la valoración del dictamen pericial debe hacerse con sana crítica, considerando la idoneidad del perito y la calidad de sus fundamentos, así como la concordancia con los soportes documentales presentados. Esta regla implica que los contratistas deben aportar pruebas robustas y detalladas para demostrar los costos asociados a la extensión del contrato, evitando así la negativa a sus reclamaciones por falta de evidencia suficiente.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas y agencias en derecho cuando la apelación no prospera, conforme al artículo 188 del CPACA y los artículos 365 y 366 del CGP?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-08-08Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 85001233300020210014301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejero tiene la competencia para resolver el recurso de apelación contra la providencia que niega el decreto de una prueba? Sí
El contratista debe cumplir con los requisitos establecidos en el Código General del Proceso para solicitar el decreto de prueba testimonial, incluyendo una enunciación clara y suficiente del objeto de la prueba y su relación con los hechos controvertidos. La entidad administrativa, al negar el decreto de prueba, debe fundamentar su decisión, y el recurso de apelación contra esta providencia es apelable ante el Consejo de Estado, en virtud de los artículos 125 numeral 3 y 150 del Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo. La Sala confirma que el Consejero tiene competencia para resolver este recurso, lo que implica que la entidad debe argumentar adecuadamente la negativa a la prueba y el contratista debe presentar su solicitud de manera precisa y conforme a la ley, para evitar improcedencias.síntesis automática
También resuelve:¿Contra la decisión que niega el decreto de una prueba procede el recurso de apelación?¿Para que proceda la solicitud de la prueba testimonial se deben argumentar con suficiencia la relación de dicha prueba con los hechos objeto de la controversia que originó el proceso?¿Se cumplen los requisitos para el decreto de los testimonios solicitados por la parte demandada?
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos no cuestionados en el recurso de apelación o sobre argumentos que no fueron planteados oportunamente en la demanda? No
El juez de segunda instancia no puede pronunciarse sobre aspectos no cuestionados en el recurso de apelación ni revocar la sentencia por razones que no fueron impugnadas, aunque se acojan los cargos del apelante. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 320 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, limita el recurso al examen de la cuestión decidida en relación con los reparos concretos; el artículo 328 del CGP obliga al superior a pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, salvo las decisiones de oficio previstas por la ley; y cuando una de las razones que fundamentan la negativa de las pretensiones no fue impugnada, esa razón queda firme y la sentencia no puede revocarse por los demás cargos. Por ello, la sentencia se mantiene, pues la razón no apelada basta para sostener la decisión. Esta regla opera aun cuando el recurrente acoja todos los demás cargos de su recurso.síntesis automática
También resuelve:¿La prolongación del plazo de ejecución de un contrato genera, por sí sola, la obligación del contratante de reconocer y pagar los mayores costos asumidos por el contratista?¿Se acreditaron las causas que justificaron la prórroga de los convenios interadministrativos objeto de interventoría para la procedencia de las obligaciones reclamadas?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿Cuál es el juez competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal dentro del medio de control de controversias contractuales? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por un Tribunal Administrativo en el marco del medio de control de controversias contractuales, siempre y cuando la cuantía del contrato lo imponga. La competencia del Consejo de Estado en segunda instancia se regula por la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y se aplica a los casos en que una de las partes es una entidad territorial. Además, la Sala determina que la entidad pública incurre en incumplimiento del contrato cuando desatiende sus deberes de planeación, como en el caso de no disponer de los terrenos necesarios para la ejecución del contrato de obra pública. Asimismo, la omisión de las partes en plantear salvedades durante la ejecución del contrato no constituye un beneplácito en las omisiones de la administración, sino que debe analizarse en función de las circunstancias particulares del caso y la valoración probatoria. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre competencia judicial, incumplimiento contractual y valoración probatoria en contratación estatal, lo que implica una mayor precisión en la interpretación y aplicación de la normativa vigente.síntesis automática
También resuelve:¿Cuál es la pauta del conteo de la caducidad de la acción de controversias contractuales frente a un contrato liquidado bilateralmente bajo la vigencia del CCA?¿Incurre en incumplimiento del contrato la entidad pública que desatiende los deberes de planeación?¿La omisión de las partes en plantear las salvedades en la ejecución del contrato constituye un beneplácito en las omisiones de la administración?
¿El régimen jurídico del contrato es de derecho privado por tener relación con el desarrollo del objeto social de Ecopetrol? Sí
Los actos jurídicos, contratos y actuaciones necesarias para administrar y desarrollar el objeto social de una empresa industrial y comercial del Estado constituida como sociedad de economía mixta se rigen exclusivamente por el derecho privado, sin importar el porcentaje del aporte estatal en el capital. La regla se apoya en el artículo 6 de la Ley 1118 de 2006 y en la evolución normativa de la entidad, desde su creación por la Ley 165 de 1948 hasta su escisión mediante el Decreto 1760 de 2003, que la dejó como sociedad pública por acciones con capital totalmente estatal y regida por sus propios estatutos. Estos antecedentes muestran que el régimen privado opera como excepción aplicable a las actividades industriales y comerciales de la entidad. En el asunto, el contrato celebrado en 2015 se consideró regido por el derecho privado, y la Sala confirmó la decisión. En la práctica, las controversias sobre contratos de esa naturaleza se resuelven conforme al derecho privado y no según el régimen general de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El tribunal en primera instancia omitió pronunciarse respecto a las pretensiones de incumplimiento contractual derivadas de la ejecución del contrato?¿Se acreditó que la mayor permanencia de la obra fue una consecuencia del incumplimiento de la entidad demandada?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿Es procedente la objeción por error grave en el dictamen pericial presentada por la parte demandante? No
El contratista no puede objetar por error grave el dictamen pericial presentado por el ingeniero civil, ya que este se limitó a calcular los perjuicios materiales y no evaluó la propuesta del consorcio demandante como la mejor opción según el pliego de condiciones. La Sala determina que la objeción no es procedente porque el perito consideró la totalidad de los puntos de análisis establecidos por la entidad estatal, no solo el supuesto error en la certificación de calidad. Además, la inexactitud en la información financiera suministrada por el proponente en el Registro Único de Proponentes configura una causal de rechazo de la propuesta según el pliego de condiciones, lo que implica que la propuesta del consorcio no cumplió con los requisitos exigidos. Esta decisión reitera la importancia de cumplir rigurosamente con los pliegos de condiciones y subraya que la objeción por error grave en el dictamen pericial debe estar fundamentada en errores evidentes y no en interpretaciones subjetivas.síntesis automática
También resuelve:¿La inexactitud en la información suministrada por el proponente configuró una causal de rechazo de la propuesta a la luz de lo estipulado en el pliego de condiciones?¿Se configuró la causal de nulidad del contrato por celebrarse contra expresa prohibición legal o constitucional?¿Se configuró la causal de nulidad de desviación de poder en la adjudicación del contrato estatal?
¿El Tribunal incurrió en una indebida interpretación del pliego de condiciones al considerar que el redondeo debía aplicarse al límite inferior y no sobre la medida de tendencia central seleccionada? No
El contratista no puede alegar que el Tribunal incurrió en una indebida interpretación del pliego de condiciones al considerar que el redondeo debía aplicarse al límite inferior y no sobre la medida de tendencia central, ya que la operación matemática requerida era clara y no generaba ambigüedad, y el pliego de condiciones especificaba que el redondeo debía aplicarse sobre el resultado final del límite inferior, garantizando precisión, uniformidad y transparencia en el proceso de evaluación. La decisión del Tribunal se ajustó a la interpretación correcta del pliego y no transgredió los principios de transparencia ni de selección objetiva, lo que implica que la regla establecida por la Sala reitera y confirma la interpretación correcta del pliego de condiciones, asegurando que las controversias sobre la liquidación de costas y el monto de las agencias en derecho deben ventilarse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas, no a través del recurso de apelación contra la sentencia.síntesis automática
También resuelve:¿Resultó ajustada a derecho la imposición de costas procesales realizada por el juez de primera instancia, conforme a los criterios establecidos en los artículos 365 y 366 del CGP?¿El marco fundamental de pronunciamiento del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere…¿El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ostenta la condición de entidad administrativa de orden nacional…
¿Se configuró la causal de impedimento frente a uno de los consejeros de la Sección Tercera, de haber intervenido como apoderado de la contraparte en procesos judiciales anteriores? Sí
El contratista no puede solicitar la prórroga automática del contrato de concesión porque esta fue pactada como una alternativa subordinada al cumplimiento de requisitos específicos establecidos en el Acuerdo 41 de 1993, que no fue aportado al expediente. Además, la entidad estatal no incurrió en falta de jurisdicción al conocer del caso, ya que la renuncia tácita a la cláusula compromisoria se produjo antes de la jurisprudencia que exige una renuncia expresa. Por último, se acepta el impedimento del consejero de la Sección Tercera por haber actuado como apoderado de la contraparte en procesos judiciales anteriores, lo que configura la causal prevista en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso. Estas decisiones reafirman las reglas sobre la interpretación de cláusulas contractuales, la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa y las causales de impedimento de los funcionarios judiciales.síntesis automática
También resuelve:¿Ante la procedencia de la renuncia tácita a la cláusula compromisoria, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo guarda competencia para conocer de la presente acción contractual ejercida…¿La prórroga automática fue pactada en el contrato como una alternativa sometida a la voluntad de las partes y al cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo 41 de 1993?¿Ante la dificultad para determinar el monto de los perjuicios materiales sufridos por la parte actora por cuenta de la inhabilidad sobreviniente consecuencia de la declaratoria de caducidad del…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-10-22Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 52001233300020210016701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado, en sede de segunda instancia, para conocer del recurso de apelación interpuesto contra el auto que niega el decreto o la práctica de pruebas, conforme a lo dispuesto en el artículo 150 del CPACA y en armonía con el artículo 243, numeral 7, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del recurso de apelación contra el auto que niega el decreto o la práctica de pruebas, conforme al artículo 150 del Código Procesal Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y al artículo 243, numeral 7, modificado por la Ley 2080 de 2021, lo que implica que el recurso debe ser decidido por el consejero ponente. Además, el juez debe rechazar mediante providencia motivada las pruebas que resulten ilícitas, notoriamente impertinentes, inconducentes o manifiestamente superfluas o inútiles, según lo dispuesto en los artículos 167 y 168 del Código General del Proceso, aplicables por remisión expresa del artículo 211 del CPACA. Asimismo, el dictamen pericial que se presente sin el correspondiente cuestionario será considerado inconducente, impertinente e inútil, en concordancia con los artículos 218 y 219 del CPACA, modificados por la Ley 2080 de 2021, y con los criterios de pertinencia, conducencia y utilidad exigidos por el ordenamiento procesal.síntesis automática
También resuelve:¿Se interpuso y sustentó oportunamente el recurso de apelación dentro de la audiencia inicial del 31 de octubre de 2023, conforme al artículo 244 del CPACA?¿Debe el juez, conforme a lo dispuesto en los artículos 167 y 168 del Código General del Proceso (CGP), aplicables por remisión expresa del artículo 211 del CPACA…¿Debe considerarse inconducente, impertinente e inútil el dictamen pericial que se presente sin el correspondiente cuestionario, conforme a lo dispuesto en los artículos 218 y 219 del CPACA…
Sentencia — Sentencia2024-03-01Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 11001032600020230016600LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El recurrente cumplió con el requisito de procedibilidad de haber interpuesto el recurso de reposición contra el auto de asunción de competencia por parte del Tribunal? No
El requisito de procedibilidad de la causal de anulación del laudo arbitral exige que la solicitud elevada ante el tribunal, dentro de la oportunidad legal, verse sobre la misma temática que luego se invoca en el recurso extraordinario. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la aclaración que se formuló en tiempo se refirió a asuntos distintos de los que se postularon en el recurso, de modo que no cumplió la correspondencia exigida por la ley. Segunda, el tribunal no pudo pronunciarse sobre la temática del recurso, por lo que la carga procesal no se satisfizo. Tercera, la falta de agotamiento del requisito impide que el juez de anulación considere el reproche, y por ello la causal invocada no tiene vocación de prosperar. La providencia declara infundado el recurso de anulación. La consecuencia práctica es que la parte que pretenda invocar esa causal debe plantear oportunamente ante el tribunal la misma temática, o perderá la posibilidad de que el juez la estudie.síntesis automática
También resuelve:¿El cuerpo arbitral adoptó la decisión de asumir competencia para resolver de fondo el conflicto?¿Si la entidad tenía reparos frente al medio de prueba podía haber ejercido su derecho de contradicción?¿La inconformidad que expresa el censor al mérito demostrativo asignado por el Tribunal a los dictámenes periciales y a los otrosíes es parte de la causal postulada?
¿El asunto a resolver por el juez de segunda instancia recae sobre la procedencia de la suspensión o terminación del contrato de prestación de servicios de datos sin la autorización de la Comisión de Regulación de Comunicaciones? Sí
El contratista no puede suspender o terminar unilateralmente un contrato de prestación de servicios de datos sin la autorización previa de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, ya que dicha entidad tiene la facultad de regular y autorizar las desconexiones de proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, conforme a la Resolución CRC 3101 de 2011. En este caso, la entidad estatal y el contratista interpusieron recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, argumentando que el contrato de prestación de servicios de datos no constituía una relación de acceso regulada por la CRC y que la Resolución no prohíbe la terminación del contrato por vencimiento del plazo. Sin embargo, la Sala estableció que el contrato en cuestión estaba sujeto a la Resolución CRC 3101 de 2011, lo que implica que la desconexión o terminación del contrato requería la autorización de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Esta regla reitera y matiza precedentes anteriores, reforzando la necesidad de que las partes consulten a la CRC antes de tomar decisiones que afecten la prestación de servicios de telecomunicaciones.síntesis automática
También resuelve:¿Dentro de las competencias asignadas a la Comisión de Regulación de Comunicaciones está la de autorizar la desconexión de los proveedores de redes y servicios y dictar las medidas previas que se…¿Al contrato de prestación de servicios de datos suscrito entre Avantel y Colombia Móvil le eran aplicables las disposiciones contenidas en la Resolución CRC 3101 de 2011?¿Se acreditó un incumplimiento del contrato por parte de Colombia Móvil al proceder con la desconexión del acceso a la red cuando el plazo del contrato se encontraba vigente y sin esperar que Avantel…
¿Para determinar la oportunidad de la acción de controversias contractuales cuyo objeto se circunscribe a establecer si en la compraventa celebrada entre las partes existió desproporción entre el valor real del bien y el valor pagado en los términos exigidos en la ley para que se configure la lesión enorme, resultan relevantes las épocas de las presuntas afectaciones del predio a utilidad pública, cuando la demanda no está encaminada a obtener reparación por esas presuntas afectaciones? No
El contratista no debe considerar relevantes las épocas de presuntas afectaciones del predio a utilidad pública para determinar la oportunidad de la acción de controversias contractuales que busca establecer si en la compraventa celebrada entre las partes existió desproporción entre el valor real del bien y el valor pagado, ya que la demanda no busca reparación por esas afectaciones. La oportunidad de la acción se determina a partir del perfeccionamiento del negocio jurídico, es decir, desde el otorgamiento de la escritura pública, y no desde eventos posteriores no relacionados con el objeto de la controversia. La regla establece que el término de caducidad para accionar en controversias contractuales es de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho correspondientes, lo que implica que la acción es oportuna si se presenta dentro de este plazo, ajustándose a los días hábiles y considerando la vacancia judicial. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la determinación de la oportunidad de la acción de controversias contractuales, permitiendo una interpretación más flexible y ajustada a la realidad de los casos.síntesis automática
También resuelve:¿Resultan aplicables a la adquisición de inmuebles por parte de las entidades públicas por ventas no forzadas, las normas civiles propias de la compraventa relativas a la lesión enorme?¿El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende…¿La verificación judicial de la lesión enorme se limita en forma objetiva al precio, sin que se imponga para su configuración la prueba de un vicio en el consentimiento o la intención de alguno de…