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Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2024-05-30Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 05001233300020160241301LEY 1437 REPETICION
¿En la solicitud de pruebas en segunda instancia se justificaron las razones por las cuales los documentos aportados con el recurso de alzada no fueron allegados dentro de las oportunidades probatorias en el trámite de la primera instancia? No
Cuando la parte solicita en segunda instancia la práctica de pruebas que no corresponden a ninguna de las hipótesis taxativas del artículo 212 del C.P.A.C.A., la solicitud debe denegarse, aunque sea oportuna. La regla se sostiene en tres razones: las pruebas en segunda instancia solo proceden en los supuestos que la ley prevé, y la parte debe justificar por qué los documentos no se aportaron en la primera instancia; el juez puede decretar pruebas de oficio para aproximarse a la verdad material, pero no puede relevar o sustituir injustificadamente a las partes en el cumplimiento de las cargas probatorias que la ley les asigna; y en el caso no existían puntos oscuros o difusos que aclarar. En el caso, la solicitud cumplía el requisito de oportunidad, pero no se justificó la omisión en la primera instancia, por lo que se denegó la petición probatoria. El documento cita precedentes sobre la carga de la prueba; la consecuencia práctica es que el documento que no se aportó en primera instancia solo puede incorporarse en apelación si la parte demuestra una causal legal para ello.síntesis automática
También resuelve:¿Es jurídicamente viable que el juez de lo contencioso administrativo releve o sustituya de manera injustificada a las partes en el cumplimiento de las cargas probatorias expresamente asignadas a…
¿Se debe revocar la decisión de primera instancia porque el contratista demandante, no cumplió oportunamente con el trámite y soportes, exigidos en el procedimiento previsto para el recobro de los gastos, preestablecido contractualmente? Sí
Cuando el contratista no presenta oportunamente los soportes de un recobro dentro del procedimiento preestablecido en el contrato, pierde el derecho al reembolso, pues las partes están obligadas a cumplir los plazos y requisitos pactados. La regla se sostiene en tres razones. Primera, el procedimiento contractual exige iniciar el recobro al terminar los diagnósticos o las reparaciones, sustentar los gastos con soportes ante la entidad contratante y presentar los documentos dentro del plazo máximo, so pena de rechazo. Segunda, el contratista no justificó oportunamente los gastos ante la entidad contratante, y solicitó plazos adicionales que fueron concedidos hasta una fecha determinada. Tercera, los soportes se entregaron después de esa fecha, cuando la solicitud ya era extemporánea, sin que la intervención del ente territorial a favor del contratista subsanara el incumplimiento. En consecuencia, la providencia revoca la decisión de primera instancia, porque el demandante no acreditó la entrega oportuna y completa de los soportes. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿La parte demandante resultó vencida –se revocó totalmente la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones, por lo tanto, asumirá las costas procesales de ambas instancias…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-10-08Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 05001233300020180109802LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejero ponente es competente para resolver la solicitud de pruebas en segunda instancia? Sí
La competencia para resolver la apelación contra el auto que niega el decreto de una prueba corresponde al magistrado ponente y no a la sala. Esta regla se apoya en el artículo 150 del CPACA, que atribuye al Consejo de Estado el conocimiento de las apelaciones de los autos de los tribunales susceptibles de ese recurso, y en el numeral 3 del artículo 125 del mismo código, que deja en cabeza del ponente las providencias interlocutorias no enunciadas en el numeral 2. Por eso el auto que resuelve el recurso contra la negativa de decretar una prueba es una providencia del ponente. En el caso concreto el despacho del ponente se declaró competente para resolver el recurso de apelación contra el auto de audiencia inicial que negó la prueba, y la decisión fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el recurso contra la negativa probatoria en primera instancia se resuelve por el ponente y no por la sala.síntesis automática
También resuelve:¿Los recursos contra la decisión en audiencia inicial fueron interpuestos y sustentados oportunamente?¿Resulta procedente el decreto de los exhortos a la Universidad de Medellín y a COPNIA para obtener unos documentos a pesar de que la parte no los solicitó directamente a aquellas entidades?¿La EDU expresó debidamente el objeto de la prueba testimonial que solicitó en la contestación de la demanda?
¿Es imputable a Ecopetrol el incumplimiento de las obligaciones del contratista? Sí
El contratista no puede imputar a Ecopetrol el incumplimiento de sus obligaciones en un contrato de obra pública, ya que la entidad cumplió con entregar la información técnica necesaria para la ejecución de la obra de acuerdo con lo pactado en la cláusula 8 del contrato, y no se demostró que la entrega de la ingeniería de detalle fuera incompleta o tardía. Además, el juez no puede subsanar la falta de prueba por parte del demandante mediante pruebas de oficio, ya que la ley establece que dicha facultad se limita al esclarecimiento de la verdad y no para acreditar los hechos alegados por las partes. Por lo tanto, la condena en abstracto no procede cuando no se ha probado la cuantía de los perjuicios reclamados, y el decreto de pruebas de oficio no es procedente ante la inactividad del demandante. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con la carga de la prueba y limita la facultad del juez de decretar pruebas de oficio en casos de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Ante el incumplimiento de la carga de la prueba por parte de la demandante, corresponde al juez subsanar dicha falencia mediante pruebas de oficio?¿La condena en abstracto procede cuando se incumple la carga de probar la cuantía de los perjuicios?¿Procedía el decreto de pruebas de oficio ante la inactividad del demandante?
¿El incumplimiento contractual declarado en el procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por el IDU está relacionado con las pretensiones de la demanda? Sí
El incumplimiento declarado en un procedimiento administrativo sancionatorio contractual está relacionado con las pretensiones de la demanda cuando el acto que lo declara se funda en la persistencia de deficiencias que impiden el recibo a satisfacción de la obra y en la omisión del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones de ejecución. La regla se sostiene en tres razones: el procedimiento administrativo se originó en que, vencido el plazo de ejecución, no fue posible el recibo a satisfacción de las obras por infiltraciones y humedades; las consideraciones del acto sobre los descargos del contratista corroboran la persistencia de esas deficiencias y la exigencia de personal técnico adecuado; y la responsabilidad del contratista por la ejecución defectuosa se mantiene aunque la entidad haya tramitado el procedimiento. Por ello, la declaración de incumplimiento del acto administrativo es pertinente para resolver las declaraciones solicitadas en la demanda. La providencia se confirma en este punto.síntesis automática
También resuelve:¿Puede declararse el incumplimiento contractual del contratista aun cuando se niegue la indemnización de perjuicios por falta de prueba de los daños alegados por la entidad contratante?¿La liquidación judicial realizada en primera instancia se ajusta a la realidad del contrato y la ejecución del mismo?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-06-19Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 25000233600020230029301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La petición de La Previsora consistente en que se decrete un dictamen pericial contable y financiero no cumple con el parámetro de pertinencia? Sí
El solicitante de una prueba pericial debe demostrar su pertinencia vinculándola directamente con las situaciones fácticas objeto del litigio bajo los parámetros legales establecidos. Lo relacionado con factores contables o financieros no tiene algún vínculo con las situaciones fácticas bajo las cuales la entidad estima que el daño no le es imputable a la póliza. El mencionado dictamen pericial no se solicitó, por ejemplo, para efectos de establecer la depreciación de los muebles que supuestamente resultaron afectados para la época de los hechos, de ahí que dicha prueba no se pidió con el fin de determinar la pérdida del valor de los equipos tecnológicos.síntesis automática
También resuelve:¿Se impone al asegurador la obligación de demostrar los hechos o circunstancias que lo exonerarían de su responsabilidad de indemnizar?¿Las partes del contrato de seguro pueden acreditar en forma judicial o extrajudicial su derecho, mediante cualquier medio probatorio, siempre que sea lícito, idóneo, conducente y eficaz?¿El funcionario judicial debe analizar las solicitudes probatorias que eleven las partes y considerar si cumplen o no los requisitos de legalidad, conducencia y pertinencia?
¿En el evento donde el pago de la condena por parte de la entidad del Estado se hace por fuera del plazo de 18 meses, el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición debe contarse a partir del vencimiento de dicho plazo? Sí
El contratista no puede ejercer el medio de control de repetición si el pago de la condena por parte de la entidad estatal se realiza fuera del plazo de 18 meses establecido en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, y en tal caso, el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición debe iniciarse a partir del vencimiento de dicho plazo. La entidad estatal debe cumplir con la carga de identificar claramente la presunción legal aplicable y garantizar el derecho de defensa del demandado, y si no lo hace, no se aplican las presunciones de la Ley 678 de 2001. Además, la entidad debe acreditar la existencia de dolo o culpa grave para que se configure la responsabilidad patrimonial del agente estatal, y si no lo hace, no se configura la responsabilidad. Esto implica que el contratista debe actuar con diligencia en el plazo establecido y la entidad debe cumplir con sus obligaciones procesales para evitar la caducidad del medio de control de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La Ley 678 de 2001 es aplicable solamente a hechos ocurridos después de su entrada en vigor?¿Se configura la responsabilidad patrimonial del agente ante la falta de acreditación del dolo o culpa grave en su conducta?¿Cuál es el criteriode procedencia de la condena en costas y agencias para asuntos tramitrados con el CCA?
¿Puede la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado modificar el turno de fallo y emitir sentencia anticipada en procesos de repetición contra exfuncionarios, en virtud de su naturaleza y con fundamento en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 63A de la Ley 270 de 1996? Sí
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado puede modificar el turno de fallo y emitir sentencias anticipadas en procesos de repetición contra exfuncionarios, en virtud de la naturaleza de estos casos y conforme a lo establecido en los artículos 18 de la Ley 446 de 1998 y 63A de la Ley 270 de 1996, lo que permite dar prelación a estos asuntos de acuerdo con su importancia y urgencia. Además, el medio de control de repetición es procedente cuando se cumplen los requisitos establecidos en la Constitución Política de 1991, artículo 90, y en las leyes 1437 de 2011 y 678 de 2001, es decir, cuando la condena al Estado se origina en una conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal, se ha satisfecho la condena y se acredita la calidad de servidor público del demandado. Asimismo, la sentencia que declara la nulidad de un acto administrativo de insubsistencia y ordena el reintegro y pago de salarios y prestaciones constituye una condena judicial que habilita el medio de control de repetición, siempre y cuando se acredite el pago de la condena, incluyendo los salarios, prestaciones y emolumentos, aunque no los intereses moratorios. En caso de incumplimiento en la carga de la prueba que demuestre que el demandado fue servidor público y responsable de la conducta que dio lugar a la condena, la prosperidad del medio de control de repetición debe ser negada.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente el medio de control de repetición únicamente cuando la condena al Estado se origina en una conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal…¿Constituye la sentencia que declara la nulidad de un acto administrativo de insubsistencia, y ordena el reintegro y pago de salarios y prestaciones…¿Constituye el pago de los valores reconocidos en una sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho, sin incluir los intereses moratorios…
¿Procede la valoración de las pruebas documentales trasladadas del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
El contratista puede solicitar que se trasladen pruebas documentales del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y la entidad estatal debe valorarlas si las partes tuvieron la oportunidad de conocerlas y no presentaron reparos, lo que implica que estas pruebas son admisibles y pueden ser objeto de análisis. La Sala reitera que para la prosperidad de la acción de repetición es necesario demostrar la existencia de dolo o culpa grave en el actuar del funcionario público, y que la valoración de la culpa grave se realiza en comparación con el estándar de conducta previsto en la ley vigente en el momento de los hechos. Además, la Sala matiza que para determinar si un agente estatal actuó con dolo o culpa grave, es necesario considerar la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, la infracción manifiesta de preceptos constitucionales y el incumplimiento de las funciones que la ley le asigna, lo que implica un análisis detallado de la conducta del agente estatal en cada caso específico.síntesis automática
También resuelve:¿Para la prosperidad de la acción de repetición es necesario un actuar doloso o gravemente culposo en cabeza del funcionario público demandado?¿Cuáles son los presupuestos a tener en cuenta a la hora de definir si un agente estatal obró con dolo o culpa grave?¿El acto administrativo de insubsistencia estuvo viciado de desviación de poder?
¿Se acreditó una conducta gravemente culposa por parte de los miembros de la fuerza aérea, al accionar negligente e imprudentemente sus armas de dotación oficial contra el vehículo que transportaba personal de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca? Sí
En la acción de repetición contra miembros de la fuerza pública, el uso de armas de dotación oficial contra un vehículo sin agotar las medidas eficaces disponibles constituye culpa grave. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el empleo de las armas es la última alternativa, de modo que el agente debe agotar previamente los medios menos lesivos para detener el vehículo. Segunda, la existencia de medidas eficaces, como dar una orden de pare, esperar que el vehículo reduzca su marcha o enviar personal de apoyo, excluye que el disparo sea una reacción justificada. En el caso, los servidores accionaron sus armas de manera voluntaria y negligente al percibir la llegada del vehículo, pese a contar con otras opciones. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara la responsabilidad en repetición por culpa grave. En la práctica, la culpa grave en el uso de armas se acredita por la omisión de las alternativas previas, y no solo por el resultado del disparo.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer las acciones de repetición contra funcionarios públicos?¿El término de caducidad de la acción de repetición empezó a contar desde el día siguiente a la fecha del pago de la sentencia condenatoria proferida dentro del proceso de reparación directa?¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre los agentes del Estado que causaron el daño que dio lugar a la condena contra el Estado?
¿Cuáles son los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición? Sí
El contratista debe cumplir los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición contra el Estado, que incluyen la existencia de una condena judicial por responsabilidad patrimonial del Estado, el pago efectivo a la víctima del daño y la demostración de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal. La Sala ha establecido que la condena judicial debe ser clara y que el pago debe ser acreditado mediante documentos públicos como certificados del tesorero, que se presumen auténticos. Además, la entidad actora debe especificar la causal de la presunción de dolo o culpa grave para permitir que los demandados ejerzan su derecho de defensa y contradicción. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, proporcionando mayor claridad sobre los requisitos y la carga probatoria necesaria para la acción de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La existencia de una condena judicial impuesta contra una entidad pública por responsabilidad patrimonial del Estado es un requisito de la acción de repetición?¿El certificado del tesorero es prueba idónea para acreditar el pago de la condena en la acción de repetición?¿En la acción de repetición, es deber de la entidad actora expresar la causal de presunción de dolo o culpa grave en orden a permitir que los demandados tengan la oportunidad de ejercer su derecho de…
¿La ausencia de salvedades en las prórrogas y modificaciones del contrato impide que el contratista efectúe reclamaciones a través del medio de control de controversias contractuales? No
El contratista puede efectuar reclamaciones a través del medio de control de controversias contractuales incluso cuando las prórrogas y modificaciones del contrato no contienen salvedades, ya que la ley no establece que la ausencia de estas impida el ejercicio de dichos medios. El juez debe determinar la intención de las partes en cada caso, y no asumir que el silencio en los acuerdos modificatorios implica una renuncia automática a la posibilidad de formular reclamaciones. Además, para que una modificación contractual genere un acuerdo o renuncia sobre el asunto objeto del proceso judicial, es necesario que este sea expresamente abordado en el acuerdo y que las partes adopten acuerdos para su solución, lo que no ocurrió en este caso. La Sala matiza la jurisprudencia anterior, permitiendo que el contratista presente reclamaciones sin necesidad de que las partes hayan dejado salvedades en los acuerdos modificatorios.síntesis automática
También resuelve:¿El Consorcio demandante probó los perjuicios por la mayor permanencia en obra imputables a la entidad demandada, derivados del incumplimiento contractual de la Agencia por entregar diseños…¿Hay lugar a reconocer al contratista el AIU sobre la adquisición de ascensores nuevos, considerando que no se pactó en el contrato de obra pública un valor adicional por ese concepto?¿Hay lugar a reconocer al contratista el pago de transporte de ascensores nuevos, considerando que no se pactó en el contrato de obra pública un valor por ese concepto?
¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir para que prospere la acción de repetición? Sí
El contratista debe cumplir tres requisitos para que prospere la acción de repetición contra el Estado: la existencia de una condena judicial por daño antijurídico causado a un particular, el pago efectivo a la víctima del daño y la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente público como factor determinante de la condena. Estos requisitos se rigen por la Constitución Política de 1991, el Decreto 01 de 1984, la Ley 1437 de 2011 y la Ley 678 de 2001, que establecen que la prueba del pago de la condena, como el certificado del pagador, es suficiente para iniciar el proceso de repetición. La entidad demandante debe expresar claramente la causal derivada de la presunción de dolo o culpa grave para permitir que el demandado ejerza su derecho de defensa y contradicción. Esta regla reitera y matiza precedentes, estableciendo un marco claro para la aplicación de la acción de repetición en casos de responsabilidad estatal.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad demandante en la acción de repetición debe probar que los accionados obraron con dolo o culpa grave?¿Se acreditó dolo o culpa grave por parte de los miembros de la junta directiva, toda vez, que recaía sobre ellos la facultad nominadora que los habilitaba para declarar la insubsistencia del…¿En segunda instancia, se debe condenar en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Cuáles son los presupuestos para la valoración de la prueba trasladada? Sí
Las pruebas documentales de un proceso trasladado pueden valorarse cuando las partes tuvieron oportunidad de conocerlas y de formular reparos en la primera instancia, mientras que los testimonios no ratificados en el proceso al que se trasladan no se valoran, salvo que la parte contra la que se aducen coadyuve el traslado o los mencione en sus actos procesales. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que los documentos fueron conocidos por las partes, que no formularon reparo oportuno. La segunda es que la entidad demandada invocó esas pruebas en sus alegatos de conclusión de primera instancia para sostener la conducta gravemente culposa del patrullero, de modo que, por lealtad procesal, no puede desconocerlas. Con base en ello, la Sala tiene en cuenta las declaraciones de los testigos y la indagatoria del proceso penal, porque sirvieron de fundamento a la sentencia parcialmente favorable a la parte actora. La providencia reitera el precedente de la Sala citado en la nota de relatoría de 18 de mayo de 2017, y no indica que modifique un criterio anterior.síntesis automática
También resuelve:¿En qué eventos se configura la culpa grave en cabeza del servidor público?¿El régimen aplicable a la responsabilidad del agente del Estado en el medio de control de repetición debe ser de carácter subjetivo?¿El agente de la Policía incurrió en alguna infracción de tránsito que diera lugar al accidente?
¿Se acreditó una conducta gravemente culposa en cabeza del patrullero de policía, que proceda condenarlo en sede de repetición a restituir la condena impuesta al Estado por las lesiones sufridas en el accidente de tránsito con el vehículo oficial que dicho agente conducía por órdenes de sus superiores? No
La culpa grave del agente no puede fundarse en un hecho que no se planteó en la demanda ni se sostuvo en la primera instancia, y su acreditación exige elementos de convicción suficientes que permitan concluir con certeza la conducta reprochada. La regla se apoya en que el juez de repetición decide sobre los cargos formulados en la demanda y en que la culpa grave debe demostrarse con pruebas y no con conjeturas. Por ello, un argumento nuevo en la apelación sobre la conducta del agente no altera el marco de la controversia. En el asunto, el conductor de un vehículo oficial sufrió un accidente de tránsito, y el argumento de exceso de velocidad no se había planteado en la demanda ni en la primera instancia, y no existían elementos suficientes para concluir la culpa grave; por ello, la Sala confirmó la negativa de la repetición. En la práctica, la culpa grave en un accidente de tránsito debe probarse con los hechos incluidos en la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contabilizarse desde el pago de la segunda condena impuesta en la sentencia de reemplazo proferida por el Tribunal Administrativo…¿El marco fundamental del juez de segunda instancia en sede de repetición, está determinado por los motivos de inconformidad expuestos en el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia?¿Para la configuración de la responsabilidad del agente del Estado por culpa grave, es necesario acreditar un error inexcusable y manifiesto…
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia del medio de control de repetición contra del director de una entidad del orden nacional? Sí
En el medio de control de repetición, el Consejo de Estado conoce en única instancia de las demandas contra los directores de las entidades del orden nacional, en virtud del numeral 13 del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sin la modificación de la Ley 2080 de 2021. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la competencia se determina por la calidad del demandado, que en este caso es el director de una entidad nacional. Segunda, la reprochabilidad de la conducta que la demanda atribuye al director, por tratarse de un funcionario de la más alta jerarquía de la entidad, fija la competencia en esa instancia única. La providencia niega las pretensiones y confirma la competencia de la Sala para resolver el asunto. En la práctica, la entidad que pretenda repetir contra un director nacional debe presentar la demanda ante esta corporación en única instancia, y no ante los tribunales.síntesis automática
También resuelve:¿El término para la presentación de la demanda en el medio de control de repetición se empieza a contar desde el día siguiente a la fecha del pago efectuado por la entidad?¿La prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acredite la existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal…¿Se acreditó el pago de la condena por parte de la entidad demandante?
¿La acción de repetición caducará a los dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses? Sí
El contratista puede ejercer la acción de repetición dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad estatal, o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses establecido por la Ley 678 de 2001, lo que ocurra primero. Esta regla se fundamenta en que la acción de repetición es la adecuada para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando una entidad pública es condenada o concilia producto de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo. La regla reitera la jurisprudencia existente y permite a los contratistas actuar en tiempo y forma para recuperar los daños causados por la entidad estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Cuál es la normativa aplicable a la acción de repetición?¿Cuáles son los presupuestos de la acción de repetición?¿Se acreditó una condena contra el Estado por la responsabilidad de la entidad pública?
¿La exigibilidad de la obligación de pago a cargo del INVIAS estaba sujeta a que el Consorcio elaborara las actas de obra con las cantidades ejecutadas y los valores unitarios respectivos? Sí
El contratista no puede exigir el pago inmediato del INVIAS por la ejecución de obra pública sin cumplir con los requisitos establecidos en el contrato, como la elaboración de las actas de obra con las cantidades ejecutadas y los valores unitarios respectivos, avaladas por el interventor y los gestores del proyecto y del contrato. Además, el INVIAS tiene un plazo de 90 días calendario para pagar las facturas presentadas por el contratista, y si no lo hace, incurre en mora y debe pagar intereses moratorios. Sin embargo, si el contratista presenta las actas de obra después de vencida la vigencia fiscal correspondiente, renuncia a reclamar intereses, actualizaciones y sobrecostos, lo que constituye una cláusula limitativa de responsabilidad válida siempre y cuando no haya culpa del INVIAS en la tardanza, la cual debe probarse por la entidad. Esta interpretación reitera y matiza precedentes sobre la exigibilidad del pago en contratos de obra pública y establece límites a las cláusulas limitativas de responsabilidad para proteger la buena fe contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Cuál era el plazo con el que contaba el INVÍAS para pagar las actas de obra presentadas por el contratista?¿la cláusula limitativa de responsabilidad solo surtía efectos si el contratista presentaba tardíamente las actas de obra por su propia culpa?¿La elaboración y presentación de la factura de venta era una carga que correspondía al Consorcio para efectos de recibir el pago por parte del contratista?
¿El a quo violó el debido proceso, por aplicar el artículo 49 de la Ley 1450 de 2011, de acuerdo con el cual una inversión nueva es aquella que se realice con posterioridad a la suscripción del contrato de estabilidad jurídica, pese a que esa norma entró a regir después de que fuera presentada la solicitud de suscripción del contrato? No
ODL censuró la denegación de la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica, por violación de norma superior y del debido proceso, porque con su expedición se habría incurrido en un error de derecho derivado de la aplicación indebida de una ley posterior a la vigente al momento de presentar la solicitud, como lo es el artículo 49 de la Ley 1450 de 2011 que modificó el parágrafo del artículo 3 de la Ley 963 de 2005… .
También resuelve:¿Conforme a la regla general de irretroactividad de la ley, en los contratos de estabilidad jurídica los beneficios para el inversionista surgen a partir de la suscripción del negocio de inversión…¿Los elementos de juicio aportados por el demandante para acreditar el cumplimiento de las condiciones técnicas previstas en la norma…¿Se dio un trato discriminatorio a ODL por la suscripción de contratos de estabilidad jurídica con empresas en situaciones similares a la suya y la denegación de la solicitud de contrato por aquella…
¿La ausencia de salvedades o reclamaciones expresas por parte del contratista en los acuerdos modificatorios de un contrato estatal constituye un impedimento procesal o sustancial de base legal que derive en la improcedencia automática de futuras reclamaciones judiciales? No
La ausencia de salvedades o de reclamaciones expresas del contratista en los acuerdos modificatorios de un contrato estatal no constituye un impedimento procesal ni sustancial que haga improcedentes de manera automática las reclamaciones judiciales posteriores. La regla se sostiene en tres razones: el silencio de las partes al suscribir modificaciones no puede interpretarse como renuncia a reclamar, conforme a la unificación de la Sala Plena de 27 de julio de 2023, que superó el precedente que exigía la reserva expresa; el principio de buena fe no habilita al juez para crear requisitos de procedencia no previstos en la ley; y el juez debe examinar el contenido y el contexto de los acuerdos para determinar si regularon la diferencia económica reclamada. Por ello, la declaración de extemporaneidad con base en la ausencia de glosas constituye un error de juicio. La providencia de primera instancia se confirma en la parte que resolvió el fondo.síntesis automática
También resuelve:¿La suscripción de adiciones en valor y prórrogas en tiempo que guardan silencio sobre compensaciones económicas o que no contienen cláusulas de finiquito expreso…¿Para la procedencia del reconocimiento de perjuicios se debe examinar la acreditación de cada rubro reclamado a la luz del material probatorio aportado por quien lo reclama?¿Se acreditaron los perjuicios derivados de la ejecución de mayores cantidades y actividades diferenciales al objeto inicialmente pactado en el contrato?