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¿Se acreditó que al actor le asistió un mejor derecho para resultar adjudicatario del contrato conforme lo reclama en el recurso de apelación? No
El dictamen pericial que aplica las fórmulas y los procedimientos previstos en el pliego de condiciones, explica sus operaciones y se apoya en fuentes y anexos, tiene eficacia probatoria, y que el oferente que reclama un mejor derecho a la adjudicación debe demostrar que su propuesta habría ocupado el primer lugar en la lista de elegibles. Una razón es que el perito siguió los parámetros del pliego para la evaluación económica, incluida la media geométrica y la lista de elegibles, y explicó de manera clara y detallada sus cálculos, por lo que el dictamen cumple los requisitos de los artículos 233, 237 y 241 del Código de Procedimiento Civil. Otra razón es que aun si se hubiera rechazado la propuesta señalada en la demanda, o las que no cumplían el requisito de las plantas asfálticas, el consorcio demandante no habría ocupado el primer lugar de la lista de elegibles. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de la demanda. Su consecuencia práctica es que las objeciones al dictamen de evaluación deben demostrar un cambio en el orden de elegibilidad y no solo una discrepancia técnica.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2025-10-20Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 70001233100019980074801ACCION CONTRACTUAL
¿Puede el juez prescindir del dictamen pericial decretado de oficio, debido a la imposibilidad material manifestada por la sociedad perita para elaborarlo con la información disponible? Sí
Mediante auto del 4 de agosto de 2025 este despacho negó las solicitudes deprecadas por la sociedad perita. AI efecto, explicó, por una parte, que carecía de objeto requerir nuevamente a Electro Atlántico S.A.S. para que proveyera la información que la auxiliar de la justicia echa de menos, en razón a que el apoderado de la sociedad actora en memorial del 12 de marzo de 2025 manifestó que no contaba con la información que la perita consideraba necesaria para Ilevar a cabo el dictamen pericial encomendado. Por otra parte, se precisó que no había lugar a “mantener la suspensión” deprecada, por cuanto esta no existió y, en todo caso, el plazo adicional que le fue concedido a la perita feneció el 14 de julio de 2025, sin que esta allegara el resultado de la labor que le fue encomendada.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2022-10-20Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 76001233100020090103001ACCION CONTRACTUAL
¿Cuál es la oportunidad de presentación del recurso de reposición, según las previsiones del CPC? Sí
El artículo 180 del Código Contencioso Administrativo establece que la reposición debe interponerse dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto proferido por escrito. En cuanto a la presencia del interesado en la prueba pericial a cargo de una entidad estatal, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil prevé que se tendrá que librar oficio al director para que sea este último quien designe el funcionario que deba rendir el dictamen. Asimismo, sobre los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales, la norma en mención establece que deberán ponerse en conocimiento de las partes, por el término de tres días, para que puedan pedir su complementación o aclaración.síntesis automática
También resuelve:¿La presencia del interesado en la prueba pericial a cargo de una entidad estatal garantiza la imparcialidad, contradicción y defensa?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-10-31Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZRad. 76001233300020230003701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El recurso de apelación es procedente contra el auto que niega el decreto y práctica de una prueba pericial? Sí
El contratista puede interponer un recurso de apelación contra el auto que niega el decreto y práctica de una prueba pericial, conforme al numeral 7° del artículo 243 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021. Este recurso fue interpuesto oportunamente en la audiencia inicial, luego de la notificación en estrados. Además, el contratista puede solicitar el decreto de un nuevo dictamen pericial para controvertir el aportado por la contraparte, una vez el despacho judicial se pronuncie sobre las solicitudes probatorias presentadas en la actuación, en virtud del artículo 228 del CGP. La Sala revoca la providencia para que el tribunal examine los demás presupuestos legales para determinar la procedencia de la práctica del dictamen solicitado.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso de apelación fue interpuesto oportunamente?¿Puede una de las partes solicitar el decreto de un nuevo dictamen pericial para controvertir el aportado por la contraparte, una vez presentado el escrito que descorre las excepciones?¿Debe devolverse el expediente al Tribunal para que estudie los demás presupuestos para la procedencia del decreto y práctica de la prueba pericial que fue oportunamente solicitada?
¿El dictamen pericial cumple con los requisitos para ser tenido en cuenta en el proceso? No
El dictamen pericial no es apreciable cuando sus conclusiones presentan una contradicción clara entre sus componentes y no tienen la precisión y calidad que exige la ley, de modo que el juez puede apartarse de ellas. Además, la entidad contratante no desconoce el principio de planeación cuando informa en el pliego las especificaciones técnicas de la obra y el contratista no se opone a ellas, ni cuando el interventor y el supervisor formulan observaciones que el contratista no desvirtúa. Una razón es que el perito contradijo en sus informes el resultado de la esclerometría en campo frente al informe geotécnico y técnico, de modo que sus conclusiones no correspondían a la realidad. Otra razón es que los documentos contractuales demostraron que el contratista no se opuso a las especificaciones del ítem de adoquinamiento y que la entidad sí informó en el proceso de selección los estudios y las dimensiones esperadas. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones. Su consecuencia práctica es que el dictamen debe ser coherente internamente, y que la oposición del contratista a las especificaciones debe formularse en la ejecución y no después.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad contratante desconoció el principio de planeación al establecer las especificaciones técnicas de la obra objeto del contrato estatal?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
Sentencia — Sentencia2025-09-19Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020250002400LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Incurrió el Tribunal de Arbitramento en este caso, sobre un contrato que reguló una interconexión de telecomunicaciones, en la causal de anulación del laudo por haberlo proferido en conciencia? No
El Tribunal de Arbitramento no incurre en la causal de anulación del laudo por haberlo proferido en conciencia cuando fundamenta su decisión en razones jurídicas y analiza adecuadamente las pruebas y el marco normativo aplicable, sin reabrir debates jurídicos ya cerrados por el juez natural. En este caso, el tribunal arbitral examinó con detalle la regulación de la interconexión de telecomunicaciones y la aplicación del pacto expreso de las partes, y explicó con suficiencia las razones para su decisión, evitando una interpretación errónea que podría llevar a desconocer el análisis probatorio y jurídico realizado. La Sala declaró infundado el recurso de anulación contra el laudo arbitral, reafirmando que el juez del recurso debe abstenerse de revisar el juicio jurídico del panel arbitral, lo que implica que cualquier intento de reabrir debates jurídicos ya resueltos es inadecuado en sede del recurso extraordinario de anulación contra laudos arbitrales.síntesis automática
También resuelve:¿Procede condenar en costas al reccurente como consecuencia de la no prosperidad del recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral?
¿Puede concluirse, con base en el análisis probatorio realizado, que el dictamen pericial carece de idoneidad técnica y sustento fáctico suficiente para acreditar con certeza los perjuicios alegados por el contratista? Sí
El contratista no puede acreditar con certeza los perjuicios alegados por la insuficiencia y falta de idoneidad técnica del dictamen pericial, que no discrimina ingresos propios de los recibidos en nombre de terceros, omite considerar estados financieros y oferta económica, y carece de soporte documental para costos de nómina y arrendamientos. Además, la prolongación del contrato por prórrogas adicionales no fue probada como causante de perjuicios ciertos. La entidad no incurrió en omisión de decreto de prueba de oficio, y la condena en abstracto no procede por la ausencia de prueba del perjuicio, lo que implica que la entidad estatal no está obligada a indemnizar por perjuicios no acreditados.síntesis automática
También resuelve:¿Debe rechazarse la imposición de una condena en abstracto cuando no se ha acreditado la existencia cierta del perjuicio y la parte demandante no cumplió con su carga probatoria conforme al artículo…¿Procede la condena en costas de la parte apelante por habérsele resuelto de manera negativa el recurso de apelación?
¿Resulta procedente la nulidad de los actos administrativos por medio de la cuales se declaró incumplido del contrato, la ocurrencia del siniestro del contrato de compraventa y se ordenó la liquidación del mismo, al observarse falsa motivación por haberse desconocido el contrato modificatorio donde se acordó entre las partes el precio de las unidades que el contratista debía entregar? Sí
Los actos que declaran el incumplimiento de un contrato y ordenan su liquidación son nulos por falsa motivación cuando recalculan el precio de las unidades desconociendo el contrato modificatorio en el que las partes lo fijaron. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que la entidad volvió a tasar el valor de los vehículos para 2009 pese a que las partes habían firmado un modificatorio para ese efecto. La segunda es que el cálculo de 2010 no aplicó el valor pactado en ese modificatorio. La tercera es que, si la entidad consideraba que el contratista la indujo en error con la guía de valores, debía demandar la nulidad del contrato modificatorio y no recalcular los precios. En el caso concreto, la Sala confirma la nulidad de los actos. Respecto de la prueba pericial, el dictamen no debía considerarse para calcular la condena, porque el perito no explicó el origen de sus cifras ni aportó soporte alguno. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El dictamen pericial debió considerarse para¿Resulta procedente hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y reconocer intereses moratorios a los interesados, cuando se observa que la cláusula penal perdió vigencia por la declaratoria de…¿Resulta procedente que en el cruce de cuentas que se realiza en la liquidación judicial del contrato, se excluya del pago a cargo de la demandada el abono que hizo al contratista…
¿Hay lugar a declarar la existencia del contrato entre la Empresa de Energía del Amazonas EEASA S.A. E.S.P. en liquidación, el Municipio de Leticia y la sociedad Leticia Iluminación y Servicios S.A. E.S.P. desde el mes de enero de 2010, al efectuarse el uso de la infraestructura de la primera de las mencionadas, para la prestación del servicio de alumbrado público en el Municipio de Leticia y por ende la contraprestación de las 2544 luminarias instaladas? No
El contratista no puede declararse como beneficiario de un contrato de arrendamiento estatal cuando no se cumplen los requisitos formales y esenciales del mismo, como la remuneración pactada y la formalidad escrita, según lo establecido en la jurisprudencia del Consejo de Estado. En este caso, la Sala determinó que la ausencia de un acuerdo sobre el precio del arrendamiento y la falta de un contrato escrito impiden la existencia del contrato de arrendamiento solicitado. Sin embargo, la Sala sí reconoce la procedencia del medio de control de reparación directa, permitiendo que el contratista pueda solicitar la devolución de un enriquecimiento sin causa por el uso indebido de la infraestructura sin contraprestación. Esta decisión matiza la interpretación anterior sobre la necesidad de formalidades completas para la existencia de un contrato estatal, permitiendo alternativas de reparación extracurrente en casos de uso indebido de bienes.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a declarar que el Municipio de Leticia y la sociedad Leticia Iluminación y Servicios S.A. E.S.P. desde el mes de enero de 2010 han incurrido en enriquecimiento sin justa causa y en…¿Las entidades demandadas deben ser condenadas en forma solidaria al pago de la indemnización derivada del enriquecimiento sin justa causa?¿Tiene validez probatoria el dictamen pericial cuando el perito no asistió a la audiencia de contradicción?
¿Está demostrado el incumplimiento de contrato de obra pública por parte del IDU por entrega de estudios y diseños incompletos y deficientes y, por la demora en entregar los predios necesarios para la obra requeridos para la ampliación y rehabilitación de la Autopista al Llano entre el CAI Yomasa y el inicio de la concesión Bogotá – Villavicencio? Sí
La entidad estatal que entrega estudios y diseños deficientes o demora la entrega de los predios necesarios para la obra incurre en incumplimiento del contrato de obra pública, pero la declaratoria de ese incumplimiento no genera por sí sola la indemnización de perjuicios, la cual exige probar un daño económico concreto. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, los incumplimientos de la entidad pueden generar la necesidad de ejecutar obras no previstas en el proyecto inicial y una mayor permanencia en obra, lo que acredita el incumplimiento contractual. Segundo, para reconocer perjuicios el contratista debe demostrar que no se le pagaron las mayores cantidades de obra ejecutadas o que asumió sobrecostos por la mayor permanencia, pues esos hechos constituyen el daño indemnizable. La providencia declara el incumplimiento de la entidad y confirma la negativa de las pretensiones indemnizatorias; en la práctica, el contratista que reclame perjuicios por incumplimientos de la entidad debe acreditar el pago omitido o el sobrecosto asumido con soporte probatorio concreto.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante no demostró la ejecución de obras no reconocidas ni pagadas por el IDU, ni acreditó que hubiera asumido sobrecostos por concepto de la mayor permanencia en la obra…¿Es necesario dejar salvedades en el acta de liquidación bilateral sobre los puntos sobre los cuales posteriormente se realizará alguna reclamación en sede judicial?¿Para reconocer una mayor permanencia en la obra y/o obras adicionales o no previstas, es indiferente si el precio pactado era global o por valores unitarios…
¿Para determinar la oportunidad de la acción de controversias contractuales cuyo objeto se circunscribe a establecer si en la compraventa celebrada entre las partes existió desproporción entre el valor real del bien y el valor pagado en los términos exigidos en la ley para que se configure la lesión enorme, resultan relevantes las épocas de las presuntas afectaciones del predio a utilidad pública, cuando la demanda no está encaminada a obtener reparación por esas presuntas afectaciones? No
El contratista no debe considerar relevantes las épocas de presuntas afectaciones del predio a utilidad pública para determinar la oportunidad de la acción de controversias contractuales que busca establecer si en la compraventa celebrada entre las partes existió desproporción entre el valor real del bien y el valor pagado, ya que la demanda no busca reparación por esas afectaciones. La oportunidad de la acción se determina a partir del perfeccionamiento del negocio jurídico, es decir, desde el otorgamiento de la escritura pública, y no desde eventos posteriores no relacionados con el objeto de la controversia. La regla establece que el término de caducidad para accionar en controversias contractuales es de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho correspondientes, lo que implica que la acción es oportuna si se presenta dentro de este plazo, ajustándose a los días hábiles y considerando la vacancia judicial. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la determinación de la oportunidad de la acción de controversias contractuales, permitiendo una interpretación más flexible y ajustada a la realidad de los casos.síntesis automática
También resuelve:¿Resultan aplicables a la adquisición de inmuebles por parte de las entidades públicas por ventas no forzadas, las normas civiles propias de la compraventa relativas a la lesión enorme?¿El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende…¿La verificación judicial de la lesión enorme se limita en forma objetiva al precio, sin que se imponga para su configuración la prueba de un vicio en el consentimiento o la intención de alguno de…
Sentencia — Sentencia2025-07-18Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020250000300LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La competencia del juez de anulación se encuentra así estrictamente delimitada por las causales, la formulación y la sustentación planteadas expresamente en el recurso, por lo que no puede realizar una interpretación extensiva o analógica de las causales o ampliar la argumentación presentada? Sí
El juez de anulación contra laudo arbitral está limitado a resolver estrictamente sobre las causales, la formulación y la sustentación presentadas en el recurso, sin poder realizar interpretaciones extensivas o analógicas ni completar la argumentación del recurrente, conforme al principio dispositivo y la naturaleza restrictiva del recurso. La Sala ha reiterado que el recurrente debe justificar adecuadamente los elementos temporales y sustanciales de la causal invocada, como la caducidad de la acción, y no puede el juez suplir deficiencias en la sustentación del recurso. Esta regla implica que el juez debe rechazar el recurso cuando no se cumplen con estos requisitos, lo que limita significativamente la posibilidad de éxito del recurso extraordinario de anulación.síntesis automática
También resuelve:¿Puede prosperar el recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral cuando el recurrente alega la causal segunda por caducidad de la acción…¿La causal de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 puede declararse cuando el Laudo se funde exclusivamente en la equidad si debía ser en derecho…¿El laudo arbitral objeto del recurso extraordinario de anulación se profirió en conciencia y no en derecho, dado que el Tribunal realizó el cálculo de la indemnización mediante una comparación de…
¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer pretensión de nulidad relativa del contrato de seguro cuando el negocio amparado es un contrato estatal? Sí
El contratista no puede presentar una demanda extemporánea para declarar la nulidad relativa del contrato de seguro cuando el negocio amparado es un contrato estatal, ya que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de dichas pretensiones en virtud del fuero de atracción, pero el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales es de dos años desde el perfeccionamiento del contrato de seguro, sin posibilidad de extenderse durante toda la vigencia del contrato principal. La Sala modificó la jurisprudencia anterior al establecer que la caducidad opera frente a las pretensiones de nulidad relativa, independientemente del estado del contrato principal, lo que implica que las acciones presentadas después del término bienal son extintivas. Además, las compañías que participan en un contrato de coaseguro conforman un litisconsorcio cuasinecesario para las pretensiones relacionadas con la declaración del siniestro y la efectividad de la póliza, pero no necesariamente deben intervenir todas las aseguradoras para fallar de fondo. Por último, la Sala considera que la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro puede ser suspendida por circunstancias excepcionales, como la emergencia sanitaria declarada en 2020, lo que impide declarar la prescripción extintiva de la acción en estos casos.síntesis automática
También resuelve:¿Operó el fenómeno jurídico de caducidad frente a las pretensiones dirigidas a declarar la nulidad relativa del contrato de seguro?¿Las compañías que profieren el cuaseguro conforman un litisconsorcio cuasinecesario de cara a la pretensión de nulidad de los actos que declaren el siniestro y ordenen hacer efectiva la póliza?¿Debió el a quo declarar la prescripción extintiva de la acción derivada del contrato de seguro?
Sentencia — Sentencia2024-06-28Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 11001032600020230013300LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿En el recurso de anulación se pueden revisar los razonamientos jurídicos y probatorios del tribunal de arbitramento para dilucidar si son o no errados? No
El contratista no puede revisar en el recurso de anulación los razonamientos jurídicos y probatorios del tribunal de arbitramento para determinar si son errados, ya que este recurso no está instituido para calificar el análisis de fondo de la controversia ni para corregir la interpretación jurídica ni la valoración probatoria realizada por los árbitros. La Sala declara infundado el recurso de anulación cuando la recurrente cuestiona la valoración probatoria del tribunal, argumentando que dicha acción no se enmarca en la causal de anulación de fallo en conciencia y que no es competencia del Consejo de Estado revisar la interpretación y valoración de pruebas efectuadas por los árbitros, lo que implica que los reproches formulados por la parte recurrente no tienen vocación de prosperidad.síntesis automática
También resuelve:¿En el recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral no es posible corregir la interpretación jurídica ni la valoración probatoria realizada por los tribunales de arbitraje?¿Al Consejo de Estado no le es posible calificar la valoración probatoria ni la interpretación expuesta en el laudo arbitral?¿En los argumentos de la recurrente se evidencia un cuestionamiento a la valoración probatoria y a la interpretación que los árbitros hicieron del clausulado del contrato?
¿Pueden los informes elaborados por la Fiscalía General de la Nación en la etapa de investigación penal ser valorados como prueba dentro de un proceso judicial si no han sido sometidos a contradicción en audiencia pública? No
El contratista no puede presentar informes elaborados por la Fiscalía General de la Nación en la etapa de investigación penal como prueba en un proceso judicial si no han sido sometidos a contradicción en audiencia pública, ya que estos informes no adquieren la condición de prueba hasta que se les ha dado la oportunidad de ser cuestionados en un juicio oral. Además, el juez no puede otorgar valor probatorio a un informe técnico presentado por una parte como experticio sin acreditar la idoneidad del autor o la representación de la entidad que lo suscribe, ya que la falta de esta acreditación afecta negativamente la credibilidad del informe. Estas reglas implican que la prueba trasladada de un proceso penal debe cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser valorada en un proceso judicial, lo que incluye la contradicción y la autenticidad de la cadena de custodia de la prueba.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez otorgar valor probatorio a un informe técnico presentado por una parte como experticio, sin que se acredite la idoneidad del autor o la representación de la entidad que lo suscribe?¿Se acreditó una ruptura en la cadena de custodia de los discos duros analizados por el laboratorio forense de la Fiscalía General de la Nación?¿Puede otorgarse valor probatorio a la declaración de un testigo técnico que no tuvo acceso directo al sistema examinado, ni acreditó documentalmente su idoneidad ni conocimiento directo de los…
¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resulta aplicable al presente proceso de repetición la Ley 678 de 2001? No
En la acción de repetición, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos desde su vigencia hasta su derogatoria, por el principio de irretroactividad, mientras que los hechos anteriores siguen rigiéndose por la normativa previa. Cuando el hecho dañoso es posterior a la vigencia de la ley, esta rige la valoración del dolo o de la culpa grave del agente, y no las nociones generales del régimen anterior. La primera razón es la irretroactividad como regla general del ordenamiento. La segunda es la excepción de efectos retroactivos, que opera de manera limitada y no desplaza la regla. La tercera es que la aplicación temporal depende de la fecha de los hechos que originaron la condena y no de la fecha de la sentencia. La providencia confirma la decisión y reitera esta jurisprudencia sobre la aplicación temporal de la ley. En la práctica, la entidad que promueva la repetición debe fijar primero la fecha de la conducta del agente para determinar el régimen probatorio aplicable, y verificar si la norma de 2001 resulta aplicable antes de formular la presunción de dolo o culpa grave.síntesis automática
También resuelve:¿La culpa es una conducta reprochable por violación al deber de cuidado, al no prever los efectos nocivos de los actos o al confiar imprudentemente en poder evitar aquellos que se previeran…¿Cuenta con valor probatorio la prueba testimonial trasladada, cuando se observa que contó con la participación de la parte contra quien se aduce?¿Cuentan con valor probatorio los dictámenes periciales trasladados, cuando se observa que no contaron con la audiencia del hoy demandado al no ser parte en ese trámite procesal y que tampoco fueron…
¿El régimen aplicable al contrato de concesión suscrito para el mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público, es el contenido en la Ley 80 de 1993 y sus reformas, no solo porque dicho servicio no se encuentra incorporado dentro del régimen de la Ley 142 de 1994 ateniente a los servicios públicos domiciliarios, sino también porque fue suscrito por una entidad estatal territorial? Sí
El contratista y la entidad estatal territorial celebran un contrato de concesión para el mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público, cuyo régimen jurídico es el contenido en la Ley 80 de 1993 y sus reformas, no solo porque el servicio no está incorporado en el régimen de la Ley 142 de 1994, sino también porque la celebración del contrato se ajusta a la competencia de la entidad territorial conforme a los artículos 2 y 32 de la Ley 80 de 1993. La Sala confirma que el contrato se perfeccionó a pesar de las irregularidades en las pólizas de garantía, al diferenciar el perfeccionamiento del contrato de su ejecución, reiterando la jurisprudencia sobre la valoración de copias simples de documentos y la procedencia de la acción de controversias contractuales en casos de incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales resulta procedente para solicitar la declaratoria de incumplimiento del contrato de concesión objeto de estudio?¿La legitimación en la causa en las acciones contractuales se encuentra en cabeza de las partes del contrato de concesión…¿Cuentan con valor probatorio los documentos allegados al proceso en copia simple?
¿El proceso de contratación directa para la construcción de las obras resulta suficiente para desvirtuar la existencia de los perjuicios sufridos por la entidad contratante? No
La existencia del perjuicio por la entrega deficiente del objeto de un contrato de consultoría no se desvirtúa con argumentos sobre el proceso de contratación directa posterior, sino con prueba de que el producto cumplía las exigencias contractuales de calidad. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la frustración del objeto pactado en la consultoría fue determinante, y el argumento sobre la contratación directa no acredita que los productos satisficieran la necesidad contratada. Segunda, la cuantificación del perjuicio se fundó en la efectividad del amparo de calidad por el valor asegurado, y esa cuantificación no fue desvirtuada por la parte actora. Tercera, conforme a la carga de la prueba, quien alega el cumplimiento de la calidad debía demostrarlo. La providencia revoca la decisión de primera instancia y mantiene la cuantificación del acto. La consecuencia práctica es que el contratista que pretende desvirtuar la indemnización por calidad deficiente debe probar la calidad del producto y no basta con la existencia de otro proceso de contratación.síntesis automática
También resuelve:¿Los productos resultantes de la consultoría satisficieron la necesidad para la cual fueron contratados?¿El dictamen pericial carece de la fuerza probatoria necesaria para desvirtuar los hechos que le dieron sustento al acto administrativo demandado?¿La declaratoria del siniestro trató de ocultar la negligencia en adelantar la construcción de la obra?
¿El fenómeno jurídico de la caducidad representa un límite o un plazo máximo, perentorio y preclusivo, dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción, de naturaleza objetiva, que corre indefectiblemente y no se interrumpe, ni se suspende salvo determinados eventos? Sí
El contratista debe ejercer su derecho de acción dentro del término de caducidad, un límite temporal perentorio y preclusivo que corre indefectiblemente y no se interrumpe ni suspende, salvo en casos específos como la conciliación extrajudicial. En contratos estatales que requieren liquidación y ésta se lleva a cabo de común acuerdo, el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a partir del día siguiente a la fecha en que las partes liquidaron el contrato. Los contratos de tracto sucesivo, cuya ejecución se prolonga en el tiempo, son objeto de liquidación que debe llevarse a cabo de común acuerdo entre las partes o, en su defecto, de forma unilateral por la entidad estatal, con el fin de determinar el estado económico final del contrato y finiquitar la relación negocial. Esta jurisprudencia reitera y matiza precedentes, estableciendo claramente los plazos y procedimientos para la liquidación y ejercicio de acciones en contratos estatales, lo que implica una mayor certeza jurídica en la administración de contratos públicos.síntesis automática
También resuelve:¿En los contratos estatales que requieran de liquidación y ésta se lleva a cabo de común acuerdo, la contabilización del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a…¿Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación…¿Es a partir de la terminación del contrato, cuando empieza la etapa de liquidación, que deberá llevarse a cabo, en principio, de común acuerdo entre las partes…
¿Es procedente reconocer la reclamación del demandante por los sobrecostos originados por mayor permanencia en la obra, a pesar de que las partes en el marco de la autonomía de la voluntad, pactaron que la entidad no sería responsable por el retraso en el suministro de proyectos y el listado para domiciliarias, ni la ampliación del plazo derivada de esa circunstancia y decidieron que el contratista no realizaría reclamaciones por este motivo? No
El contratista no puede reclamar por sobrecostos originados por una mayor permanencia en la obra, cuando las partes en el marco de la autonomía de la voluntad pactaron que la entidad no sería responsable por el retraso en el suministro de proyectos y el listado para domiciliarias, ni por la ampliación del plazo derivada de esa circunstancia, y decidieron que el contratista no realizaría reclamaciones por este motivo. La intención de las partes, claramente exteriorizada en el contrato, prevalece y no es posible interpretar el contrato de manera que vaya en contra de lo acordado por los contratantes. Esta regla reitera la importancia de la autonomía de la voluntad en la contratación estatal y la necesidad de respetar la intención de las partes, lo que implica que los contratistas deben cumplir con los acuerdos pactados y renunciar a cualquier reclamación en los términos acordados.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que la demandada incumplió el pago de las actas de reajuste reclamadas, según lo pactado por las partes en el contrato de obra pública…¿El desplazamiento patrimonial alegado por el demandante, que tiene origen en el contrato de obra pública, perseguido a través de la acción de controversias contractuales…¿La jurisdicción Contencioso Administrativa conoce de las controversias derivadas de los contratos administrativos?