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NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO

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Consejo de Estado Providencia

La Sala confirmará la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Sentencia — Sentencia 2022-11-23 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000232600020110128601 ACCION CONTRACTUAL
¿La teoría del equilibrio económico del contrato resulta aplicable a los contratos estatales sometidos a derecho privado? ¿El demandante demostró los presuntos incumplimientos de la entidad demandada? No
La teoría del equilibrio económico del contrato, prevista para los contratos sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, no se aplica a los contratos estatales regidos por el derecho privado. La regla se apoya en tres razones. Primera, las normas sobre equilibrio económico fueron establecidas por el legislador para los contratos sometidos a ese estatuto. Segunda, si las pretensiones se analizan con las normas de derecho privado, solo podría examinarse la excesiva onerosidad sobrevenida del artículo 868 del Código de Comercio, que permite estudiar únicamente prestaciones de futuro cumplimiento, y en ese marco las pretensiones tampoco prosperan. Tercera, el demandante no demostró los presuntos incumplimientos de la entidad demandada. En consecuencia, se confirma la negativa de las pretensiones, al ser el consorcio apelante único. En consecuencia, todas las pretensiones del contratista deben ser negadas. El documento reitera la posición que la corporación ha sostenido en diversas oportunidades sobre estos contratos.síntesis automática
También resuelve: ¿A los contratos estatales especiales sometidos al derecho privado les resultan aplicables las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato del Estatuto General de Contratación de la…
SIN DECISION
Consejo de Estado Providencia

Las normas sobre prescripción del contrato de seguros del Código de Comercio son aplicables a las pólizas expedidas

Sentencia — Sentencia 2025-08-19 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020160245901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las normas sobre prescripción del contrato de seguros del Código de Comercio son aplicables a las pólizas expedidas para garantizar contratos estatales? Sí
El contratista no puede declarar el siniestro de cumplimiento de la póliza de seguro después del término de prescripción previsto en el artículo 1081 del Código de Comercio, ya que las normas sobre prescripción del contrato de seguros son aplicables a las pólizas expedidas para garantizar contratos estatales, independientemente de las facultades especiales que la entidad estatal tenga para declarar el siniestro. La entidad estatal no puede declarar el siniestro una vez vencido el plazo de prescripción, lo que extingue la obligación de pago a cargo de la aseguradora. Por lo tanto, la nulidad de los actos administrativos que hicieron efectiva la póliza de cumplimiento por la declaratoria del siniestro del contrato es procedente en virtud del vencimiento del término de prescripción del contrato de seguro. Como medida de restablecimiento del derecho, se ordena el reintegro a la compañía aseguradora del valor pagado por hacer efectiva la póliza de garantía, siempre y cuando se pruebe que efectivamente se realizó el pago.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede la nulidad de los actos administrativos que hicieron efectiva la póliza de cumplimiento por la declaratoria del siniestro del contrato… ¿Procede como medida de restablecimiento del derecho el reintegro a la compañía aseguradora del valor pagado por hacer efectiva la póliza de garantía? ¿Procede la condena en costas ante la prosperidad del recurso de apelación?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Tanto la doctrina como la jurisprudencia han hecho referencia a esta figura como la teoría de la imprevisión, esto puede dar lugar a que esta figura sea confundida con la teoría de la imprevisión como supuesto de ruptura del equilibrio económico de los contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Sentencia — Sentencia 2026-07-15 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 68001233300020230039301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede la declaración de excesiva onerosidad sobrevenida cuando el contrato agotó su ejecución y carece de prestaciones futuras susceptibles de reajuste o terminación judicial? No
La excesiva onerosidad sobrevenida no procede cuando el contrato agotó su ejecución y carece de prestaciones futuras susceptibles de reajuste o de terminación judicial, pues la figura exige que la alteración de las condiciones afecte prestaciones pendientes. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 868 del Código de Comercio consagra la figura, que la doctrina y la jurisprudencia también denominan teoría de la imprevisión, sin que deba confundirse con otras instituciones; el régimen de derecho privado del contrato, conforme a los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, excluye las disposiciones del Estatuto General de Contratación sobre equilibrio económico; y la pretensión debe interpretarse dentro del marco de la excesiva onerosidad, para verificar si se configura. Por ello, cuando las prestaciones ya fueron ejecutadas, no existe objeto sobre el cual predicar el ajuste judicial de la prestación. La providencia de primera instancia se confirma en lo relativo a esta pretensión.síntesis automática
También resuelve: ¿Cumple el Consorcio la carga argumentativa y probatoria necesaria para controvertir la decisión de primera instancia? ¿Procede la condena en costas y agencias en derecho de segunda instancia cuando el recurso de apelación de la parte demandante recibe una decisión desfavorable?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-08-16 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 52001233300020150075801 ACCION CONTRACTUAL
¿El contrato de interventoría de obra pública al haber sido suscrito para atender la emergencia generada por el fenómeno invernal de la Niña, estaba sujeto a las reglas del derecho privado y a las disposiciones aplicables a la contratación del Fondo Nacional de Calamidades? Sí
El contratista no puede reclamar sobrecostos por excesiva onerosidad sobrevenida en un contrato de interventoría celebrado para atender emergencias generadas por fenómenos naturales, como el fenómeno de La Niña, debido a que el contrato se rige por el derecho privado y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La Sala establece que el contrato de interventoría celebrado en estas circunstancias se somete a las disposiciones del Código de Comercio y no a las del Estatuto General de Contratación, por lo que la onerosidad sobrevenida debe afectar una prestación futura, no una ya cumplida. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la aplicación del derecho privado en contratos de emergencia, limitando la posibilidad de reclamar sobrecostos basados en prestaciones ya ejecutadas.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede el reconocimiento de los sobrecostos por excesiva onerosidad sobrevenida en el contrato de interventoría, que tienen su origen en prestaciones ya cumplidas por las partes durante su… ¿La condena en costas procede contra la parte a quien se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación tramitado bajo el criterio objetivo previsto en el CPACA?
Consejo de Estado Providencia

¿El juez debe inhibirse para fallar de fondo al encontrar que el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial no fue agotado en relación con la Compañía demandada?

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020090096101 ACCION CONTRACTUAL
¿El juez debe inhibirse para fallar de fondo al encontrar que el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial no fue agotado en relación con la Compañía demandada? Sí
Cuando una demanda de controversias contractuales se presenta sin haber agotado la conciliación extrajudicial frente a alguno de los demandados, el juez no puede decidir de fondo la pretensión dirigida contra ese demandado. La regla se apoya en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, que desde enero de 2009 exige el trámite conciliatorio como requisito de procedibilidad de las acciones de nulidad y restablecimiento, reparación directa y controversias contractuales. Las razones que la sostienen son tres: la carga de conciliar recae sobre el demandante respecto de todas las personas contra las que dirige la demanda; la falta de este requisito no se subsana por haber sido admitida la demanda sin advertirla; y la conciliación agotada frente a una demandada no cubre a la otra. En el caso, la constancia acreditaba la conciliación con una demandada, pero no con la aseguradora contra la que se dirigió la demanda, por lo que se revocó la sentencia y el juez se abstuvo de resolver el fondo. El documento no indica que reitere precedente; la consecuencia práctica es que el demandante debe agotar la conciliación frente a cada demandado antes de presentar la demanda.síntesis automática
También resuelve: ¿La Jurisdicción Contencioso Administrativa tiene competencia para resolver controversias contractuales en las que hagan parte sociedades de economía mixta con capital público superior al 50%? ¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde que los beneficiarios del contrato de seguro presentaron reclamaciones ante la aseguradora? ¿Se demostró la existencia del contrato de reaseguro con las pruebas documentales contenidas en las órdenes de pago, solicitudes de transferencia bancaria y demás documentos en los que se evidencia…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-10-19 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 05001233300020120058901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Con ocasión de la ejecución del contrato, se acreditó que EPM incurrió en el incumplimiento de sus obligaciones por el hecho de no haber reconocido y pagado la totalidad de las obras y servicios efectivamente ejecutados, lo cual condujo a unos mayores costos y debió asumir la contratista? No
Los reconocimientos por mayor obra aparentemente ejecutada por la contratista se basan en los anexos documentales aportados por la parte actora, que corresponden a cuadros elaborados por ella misma que condensan los valores definidos en el acápite correspondiente a la cuantía de la demanda y que en modo alguno cuentan con verificación de ejecución real, aceptación de tales cantidades y valores por parte de la interventoría y verificación de ausencia de pago, documentos estos que a pesar de no ser objetados o controvertidos por la entidad demandada, no proporcionan elementos de juicio para apreciar lo realmente ejecutado.… En ese sentido, extraña la Sala en la verificación de tales items, cantidades y valores, el procedimiento de reconocimiento por parte de la entidad y su correspondiente pago o denegación de pago…
También resuelve: ¿Es procedente revocar la decisión objeto de apelación que declaró la nulidad del acta de liquidación unilateral del contrato, así como también el reconocimiento y pago de unas obras… ¿El numeral 4.5.6 del pliego de condiciones es nulo por objeto ilícito, por cuanto expresamente señaló que no se pagarían las visitas perdidas por ningún concepto? ¿El régimen contractual aplicable a la empresa de servicios públicos domiciliarios es el de derecho privado?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No es posible pronunciarse sobre la nulidad propuesta contra la Resolución 09 de 13 de septiembre de 2007

Sentencia — Sentencia 2022-03-30 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 68001233100020100002501 ACCION CONTRACTUAL
¿Es posible pronunciarse sobre la nulidad propuesta contra la Resolución 09 de 13 de septiembre de 2007, por desconocimiento de lo establecido en los artículos 1077 y 1088 del Código de Comercio, si no se allegó copia de la póliza única de cumplimiento? No
El contratista no puede solicitar la nulidad de la Resolución 09 de 2007 por desconocimiento de los artículos 1077 y 1088 del Código de Comercio, ya que no aportó la copia de la póliza única de cumplimiento, lo que impide determinar la vigencia, el valor asegurado y la cobertura del contrato de seguro. Además, la Sala reitera que la falta o indebida notificación del acto administrativo no es causal de nulidad, ya que no se encuentra consagrada en la Ley 1437 de 2011 y no afecta la formación del acto, solo su exigibilidad. Esto implica que el juez no puede pronunciarse sobre la nulidad propuesta sin la documentación completa, y que la notificación adecuada es una diligencia obligatoria pero no determinante para la nulidad del acto administrativo.síntesis automática
También resuelve: ¿La falta o indebida notificación del acto definitivo es causal de nulidad?
Consejo de Estado Providencia

Basta con manifestar la existencia de un vínculo legal o contractual para admitir el llamamiento en garantía en los procesos contencioso administrativos, conforme al artículo 255 de la Ley 1437 de 2011.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-07-11 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 25000233600020220035501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Basta con manifestar la existencia de un vínculo legal o contractual para admitir el llamamiento en garantía en los procesos contencioso administrativos, conforme al artículo 255 de la Ley 1437 de 2011? Sí
El llamamiento en garantía en los procesos contencioso administrativos basta con manifestar la existencia de un vínculo legal o contractual para darle trámite, previa acreditación de la relación en la etapa de resolución, conforme al artículo 255 de la Ley 1437 de 2011. Esta regla reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado, que establece que el llamamiento en garantía permite a quien tenga derecho legal o contractual exigir a un tercero la indemnización del perjuicio sufrido o el reembolso del pago que hará como resultado de la sentencia, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la norma. La regla implica que la admisión del llamamiento no requiere pruebas concluyentes de la relación jurídica en la etapa inicial, pero sí su acreditación en la resolución del juez, lo que facilita el acceso a la justicia en estos casos.síntesis automática
También resuelve: ¿Para que la subrogación proceda en materia de seguros debe: (i) existir un contrato de seguro; (ii) que se presente el siniestro amparado por la póliza vigente… ¿Puede una aseguradora ejercer el derecho de subrogación o llamar en garantía a los miembros de un consorcio asegurado, cuando aún no ha efectuado el pago de la indemnización derivada de la póliza de… ¿Procede condenar en costas, por la segunda instancia del recurso de apelación contra el auto del 28 de agosto de 2024, a la aseguradora demandada…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-12-01 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020190005503 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En una situación de apelante único la competencia del juez de segunda instancia se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso? Sí
En una situación de apelante único, la competencia del juez de segunda instancia se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso, de modo que no puede revisar la providencia en la parte que no fue impugnada. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, limita la competencia funcional del superior a los cargos esgrimidos en el recurso de alzada; la regla admite una excepción prevista en el inciso segundo del artículo 187 del CPACA, según la cual el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que encuentre probada; y el silencio del inferior no impide que el superior se pronuncie sobre esos aspectos en los términos de la ley. Por ello, el examen de la segunda instancia se limita a lo impugnado, salvo esas excepciones legales. La providencia de primera instancia se confirma en lo que fue objeto del recurso.síntesis automática
También resuelve: ¿Con las pruebas del expediente se acredita la nulidad de los actos administrativos demandados por el supuesto hecho de haberse desconocido el acuerdo de creación del consorcio? ¿Los negocios jurídicos celebrados por el representante, dentro de las facultades conferidas para tal caso, producen los mismos efectos que si la actuación la hubiera realizado el representado… ¿El mandato de representación otorgado por los integrantes del consorcio, se tiene que se estipuló que la representación del consorcio la tendrían, pluralmente los dos facultados?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Deben analizarse las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios bajo las reglas del derecho privado, al no tener naturaleza de actos administrativos las actuaciones precontractuales adelantadas por entidades sometidas al régimen contractual previsto en la Ley 142 de 1994.

Sentencia — Sentencia 2026-04-17 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020200029801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Deben analizarse las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios bajo las reglas del derecho privado, al no tener naturaleza de actos administrativos las actuaciones precontractuales adelantadas por entidades sometidas al régimen contractual previsto en la Ley 142 de 1994? Sí
Las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado, conforme a los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, y deben resolverse con fundamento en el artículo 90 de la Constitución y en las normas del Código de Comercio y del Código Civil. La regla se sostiene en tres razones: el objeto de la entidad contratante es la prestación de servicios públicos domiciliarios, lo que determina el régimen de sus procesos de selección; la ausencia de naturaleza de acto administrativo de las actuaciones precontractuales no impide que la jurisdicción conozca de la controversia, pues el medio de control de controversias contractuales se mantiene; y las pretensiones de incumplimiento y de liquidación judicial del contrato se deciden con las normas civiles y comerciales aplicables. Por ello, la controversia se analiza con esas normas y no con el Estatuto General de Contratación. La providencia modifica la decisión de primera instancia en los términos de esta regla.síntesis automática
También resuelve: ¿Logró la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. demostrar que las dificultades presentadas durante la ejecución contractual obedecieron a circunstancias imprevisibles y ajenas a su… ¿Procede el reconocimiento del desequilibrio económico del contrato solicitado con fundamento en las dificultades de ejecución derivadas de la falta de información sobre intervenciones de otras… ¿Procede el reconocimiento y pago de los denominados intereses negativos solicitados por la EAAB E.S.P. respecto de los recursos administrados mediante patrimonio autónomo…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Sentencia — Sentencia 2025-11-07 Sección Tercera (Subsección A) MARÍA ADRIANA MARÍN Rad. 68001233300020140092801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia de un tribunal administrativo, siempre que la controversia involucre a ECOPETROL como entidad de economía mixta y la cuantía de la demanda supere los 500 S.M.L.M.V., como establece el artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. Además, el medio de control de controversias contractuales es oportuno si se presenta dentro de los dos años siguientes a la liquidación bilateral del contrato, conforme al artículo 164 del mismo código. Sin embargo, la figura del equilibrio económico contractual no es aplicable en contratos de derecho privado, como los celebrados por ECOPETROL, según la Ley 1118 de 2006 y el artículo 868 del Código de Comercio, lo que implica que las reclamaciones basadas en este principio deben ser rechazadas en la práctica.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la liquidación bilateral del contrato? ¿El equilibrio económico contractual es aplicable en los contratos de derecho privado? ¿Procede el reconocimiento a favor del consorcio Tuberías La Cira Infantas 2011 de los sobrecostos asumidos por el aumento en los costos de alimentación…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Se cumplió la exigencia prevista en las condiciones generales del contrato de seguro consistente

Sentencia — Sentencia 2026-03-13 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 05001233300020120074803 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se cumplió la exigencia prevista en las condiciones generales del contrato de seguro consistente en la liquidación previa del contrato como presupuesto para declarar la ocurrencia del siniestro, aun cuando previamente se hubiera producido la cesión de la posición contractual del contratista? Sí
El “contrato” del que emanaban las obligaciones cuyo incumplimiento constituía el riesgo asegurado por la compañía sí se liquidó antes de que el INVÍAS declarara la ocurrencia del siniestro. En el acta del 9 de noviembre de 2009, suscrita entre el INVÍAS y el Consorcio Cesionario, se liquidó el contrato de obra 1609 del 9 de septiembre de 2005. En este documento se dejó constancia de que la entidad estatal había entregado al Consorcio Constructor, a título de anticipo, la suma de $3.821.461.730,30, de la cual no fueron amortizados $2.761.333.656,30, monto por el que se hizo efectiva la garantía. Este instrumento fue suscrito con anterioridad a la expedición de los actos demandados, dictados el 20 de abril y el 29 de diciembre de 2010.
También resuelve: ¿La liquidación del contrato estatal, es una actuación que solo procede con posterioridad a la terminación del contrato y que tiene como finalidad definir integralmente el estado económico del… ¿La cesión de la posición contractual supone la continuidad del negocio jurídico con la sustitución de una de las partes, manteniéndose intactos los derechos y obligaciones en cabeza del cesionario? ¿Conservaba la entidad estatal la competencia para liquidar el contrato y declarar la ocurrencia del siniestro, pese a la cesión de la posición contractual y a la suscripción del acta de recibo…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El término para presentar la demanda de controversias contractuales es el señalado en el artículo 136 del CCA

Sentencia — Sentencia 2024-09-23 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020060221701 ACCION CONTRACTUAL
¿El término para presentar la demanda de controversias contractuales, independientemente del régimen jurídico aplicable al contrato celebrado por una entidad estatal, es el señalado en el artículo 136 del CCA? Sí
El contratista debe presentar la demanda de controversias contractuales dentro del término señalado en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, independientemente del régimen jurídico aplicable al contrato celebrado por una entidad estatal, ya que este artículo regula la caducidad de la acción de controversias contractuales. La caducidad opera de pleno derecho cuando se sobrepasan los plazos preclusivos para acudir a la jurisdicción, protegiendo la seguridad jurídica y la paz social. En el caso específico, la acción para declarar la nulidad del acta de terminación de mutuo acuerdo caducó el 10 de agosto de 2006, y la demanda fue presentada el 5 de diciembre de 2006, por lo que la Sala modifica la decisión del Tribunal de primera instancia y declara que la acción es caduca para las pretensiones principales y la tercera pretensión subsidiaria. Esta decisión reitera la importancia de cumplir rigurosamente con los plazos legales para evitar la caducidad de la acción.síntesis automática
También resuelve: ¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales respecto de las pretensiones principales y el tercer grupo de pretensiones subsidiarias… ¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales respecto de la primera y segunda subsidiarias, así como a la pretensión que el demandante denominó adición a las pretensiones… ¿En virtud del Decreto 1615 de 2003 operó una cesión de los contratos que había suscrito Telecom en favor de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La legitimación que ostentan las partes para formular o contradecir las pretensiones de una demanda, surge en virtud de una relación jurídica sustancial derivada de la participación en una circunstancia fáctica o en una situación jurídica que puede ser de índole contractual, legal o reglamentaria.

Sentencia — Sentencia 2022-11-21 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 76001233300020130003401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva está determinada por el interés legítimo frente a un derecho discutido entre las partes que acuden como demandante y demandado, y la relación sustancial que nace de dicha controversia? Sí
El contratista y la entidad estatal están legitimados en la causa para intervenir en un proceso contractual cuando tienen un interés legítimo en el derecho discutido y una relación sustancial con la controversia, lo que implica que la legitimación en la causa por activa y por pasiva se determina en función de la relación jurídica sustancial derivada de la participación en la circunstancia fáctica o situación jurídica que origina la disputa. En el caso concreto, la entidad estatal que celebró el contrato y que incumplió sus obligaciones es la única legitimada en la causa por pasiva, mientras que la otra parte que reclama el incumplimiento tiene legitimación en la causa por activa, ya que ambos tienen un interés legítimo en la controversia contractual y están vinculados funcional o materialmente a los hechos que dan origen a la reclamación. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la legitimación en la causa en controversias contractuales, estableciendo que la relación contractual es el fundamento esencial para determinar la legitimación de las partes en el proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿La legitimación en la causa por pasiva recayó sobre el Hospital contratante en los negocios jurídicos que originaron la controversia… ¿En qué consiste la capacidad jurídica y en qué se diferencia de la capacidad procesal? ¿Los establecimiento de comercio tienen capacidad jurídica para ser parte de un contrato y para comparecer a un proceso judicial iniciado en virtud de controversias surgidas de dicho contrato?
SIN DECISION
Consejo de Estado Providencia

¿Cuenta la Empresa de Acueducto con competencia legal para imponer y hacer efectiva la cláusula penal frente al garante por medio del acto de declaratoria de caducidad del contrato con fundamento en la Ley 80 de 1993 sin requerir nuevo procedimiento?

Sentencia — Sentencia 2026-04-17 Sección Tercera (Subsección B) DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA Rad. 25000233600020220013101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuenta la Empresa de Acueducto con competencia legal para imponer y hacer efectiva la cláusula penal frente al garante por medio del acto de declaratoria de caducidad del contrato con fundamento en la Ley 80 de 1993 sin requerir nuevo procedimiento? Sí
El contratista no puede impugnar la competencia de la entidad estatal para imponer y hacer efectiva la cláusula penal frente al garante mediante el acto de declaratoria de caducidad del contrato, sin necesidad de un nuevo procedimiento, ya que la Ley 80 de 1993 y el CPACA otorgan a la entidad la facultad de declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en el mismo acto administrativo. La entidad debe vincular a la aseguradora en el trámite previo a la adopción de la decisión de caducidad, lo que permite hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato sin requerir un procedimiento adicional. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que la declaratoria de caducidad es constitutiva del siniestro, permitiendo a la entidad cuantificar el perjuicio y hacer efectiva la garantía sin necesidad de un nuevo procedimiento judicial.síntesis automática
También resuelve: ¿La declaratoria de caducidad del contrato permite hacer efectiva la cláusula penal frente a las aseguradoras, como constitutiva del siniestro de incumplimiento conforme al artículo 18 de la Ley 80… ¿Declaratoria de caducidad del contrato constituye siniestro de incumplimiento y habilita pago de la cláusula penal frente al garante conforme al artículo 18 de la Ley 80 de 1993? ¿La declaratoria de caducidad del contrato, en cuanto acto constitutivo del siniestro de incumplimiento conforme a la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón

Sentencia — Sentencia 2022-07-19 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 76001233100020030197401 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de la cuantía? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias sobre contratos celebrados por entidades estatales, aunque el contrato se rija por el derecho privado, y el Consejo de Estado es competente en segunda instancia cuando la cuantía de la demanda supera el límite de la doble instancia. La regla se apoya en tres razones. Primera, la entidad demandada ostenta la calidad de entidad estatal en los términos del artículo 52 del Decreto 2171 de 1992, en concordancia con el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, por lo que la jurisdicción es la competente. Segunda, el artículo 6 del Decreto 197 de 1999 somete el negocio al derecho privado, pero ese régimen no altera la competencia de la jurisdicción. Tercera, la cuantía de las pretensiones superó los 500 salarios mínimos legales mensuales de 2003, año de presentación de la demanda, según los artículos 129, 132 numeral 5 y 181 del Código Contencioso Administrativo. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que la apelación de la parte demandada es resuelta por el Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿Es procedente la acción de controversias contractuales para solicitar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato estatal? ¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia desde el día siguiente a la liquidación del contrato? ¿El contrato de obra pública bajo el sistema de precios unitarios celebrado entre las partes está regido por el derecho privado?
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: no era necesario acudir supletoriamente al Código de Comercio para declarar la inexistencia del contrato minero

Aclaración voto — Aclaración de voto 2025-09-17 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020040152202 ACCION CONTRACTUAL
¿Era necesario acudir supletoriamente al Código de Comercio para declarar la inexistencia del contrato minero, cuando el Decreto 2655 de 1988 regulaba de manera expresa las condiciones de perfeccionamiento y eficacia de los contratos de aportes? No
Al respecto, comparto el sentido denegatorio de la decisión, toda vez que, al no haberse perfeccionado el «contrato minero» suscrito bajo el sistema de aportes regulado por el Decreto 2655 de 1988, por falta de inscripción en el Registro Minero Nacional, tanto este como su modificación -realizada mediante la denominada «acta de conciliación»-, no produjeron efectos jurídicos, de ahí que resultara improcedente cualquier pretensión de incumplimiento contractual.
Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: no era posible extrapolar las reglas del artículo 829 del Código de Comercio

Salvamento voto — Salvamento de voto 2023-07-14 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 73001233300020170035201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Era necesario que se realizara un conteo independiente frente al contrato adicional como si se tratase un nuevo contrato, regido por el derecho privado, suscrito en virtud de la autonomía de la voluntad, y al cual no podía exigírsele las formalidades propias de los contratos regidos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? Sí
A pesar de que no se plantearon pretensiones relacionadas con el «contrato adicional no. 3», por ser la caducidad un asunto de orden público y, teniendo en cuenta que se no podía revivir el término de caducidad del contrato de consultaría número 72 de 2012, era necesario que se realizara un conteo independiente frente a este adicional como si se tratase un nuevo contrato, regido por el derecho privado, suscrito en virtud de la autonomía de la voluntad, y al cual no podía exigírsele las formalidades propias de los contratos regidos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Si las partes alegaron su aplicación al término de ejecución del contrato, tales alegaciones debieron haber sido rechazadas, sin insinuar su aplicación a la materia, como a mi juicio se hizo en la Sentencia.
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: Aclaración voto

Aclaración voto — Aclaración de voto 2023-01-26 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 76001233300020140070701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resultaba necesario hacer referencia específica en la sentencia acerca de las normas y las causales invocadas con las que se fundamentó la nulidad absoluta del contrato? Sí
Si bien comparto el sentido de la decisión aprobada por la mayoría de la Subsección de revocar la sentencia de primera instancia para en su lugar declarar la nulidad de los actos administrativos demandados y la nulidad absoluta del contrato no. 417 de 20 de abril de 2012 suscrito entre las partes, es de advertir que en el desarrollo de la decisión no se hizo referencia específica acerca de las normas y las causales invocadas con las que se fundamentó la nulidad absoluta del contrato, pues, si bien en el expediente quedó acreditado que el contrato fue suscrito sin respetar el procedimiento de selección que para la modalidad prescribe el legislador, esto es, se adelantó a través de la contratación directa cuando debió ser mediante licitación pública…
Consejo de Estado Providencia

¿Se debió declarar la ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción?

Aclaración voto — Aclaración de voto 2023-10-04 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 05001233100020080038201 ACCION CONTRACTUAL
¿Se debió declarar la ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción? Sí
He considerado pertinente aclarar mi voto, pues debió declararse la ineptitud sustantiva de la demanda por el ejercicio de una acción que no procedía y por la ausencia de controversia frente a un acto liquidatorio que se presume legal. Se demostró que, con ocasión de la terminación del contrato de concesión minera, el municipio demandado procedió a la liquidación unilateral del contrato, en la que se incluyó como saldo a favor la obligación cuyo pago se reclama mediante el actual proceso declarativo de controversias contractuales.… En tal sentido, la entidad debió iniciar la correspondiente acción ejecutiva para reclamar el pago de la compensación por servidumbre contenida en el acto administrativo de liquidación unilateral, cuya legalidad no se discutió.
También resuelve: ¿El acto de liquidación unilateral del contrato es una prerrogativa en cabeza del Estado que se presume legal y que tiene como fin último proteger el patrimonio público?