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¿La variación de la cotización de la TRM durante la ejecución del contrato objeto de la controversia, causó un desequilibrio económico, con afectación grave a la economía del negocio, ajena a la responsabilidad del demandante? No
En los contratos estatales debe mantenerse la igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos al celebrarse el contrato, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, y que el restablecimiento solo procede si la ruptura se produce por causas no imputables a quien la alega y genera una afectación grave del negocio. Una razón es que la variación de la tasa de cambio fue previsible, y la exposición del contrato a esa variable se originó en la conducta de la parte que la alega. Otra razón es que no se acreditó que la variación hubiera sacado las obligaciones del alea normal del negocio, ni que afectara la utilidad esperada o generara pérdidas. En el caso, la Sala confirmó la negación del desequilibrio económico. La providencia contiene un obiter dictum sobre la teoría de la imprevisión y el hecho del príncipe, sin indicar que reitera o cambia precedente; su consecuencia práctica es que el contratista que asume una variable previsible en su oferta no puede luego reclamar su variación como desequilibrio.síntesis automática
También resuelve:¿En los contratos estatales debe mantenerse la igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, por lo que…¿La variación de la divisa fue la condición que afectó la economía del contrato y el incumplimiento del mismo?¿Conforme al criterio objetivo, procede la condena en costas contra el demandante por ser la parte recurrente y al confirmarse en su totalidad la decisión proferida por el Tribunal Administrativo?
¿Operó la caducidad del medio de control de controversias contractuales interpuesto para demandar el desequilibrio e incumplimiento de un contrato sometido a derecho privado, respecto del cual no se pactó liquidación? No
El contratista puede interponer un medio de control de controversias contractuales para demandar el desequilibrio e incumplimiento de un contrato sometido al derecho privado, incluso cuando no se pactó liquidación, siempre que la demanda se presente dentro del término legal de dos años contados desde la terminación del contrato, sin que opere la caducidad del medio de control. La Sala no considera que las salvedades en el acta de liquidación sean un requisito legal para ejercer la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado, y reitera que en estos casos la teoría de la imprevisión, y no el restablecimiento del equilibrio económico, es la norma aplicable para revisar el contrato ante circunstancias imprevistas que dificulten su cumplimiento en forma extrema, sin que esto permita modificar el pacto inicial.síntesis automática
También resuelve:¿Las salvedades en el acta de liquidación son un requisito legal para el ejercicio de la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado?¿Las normas sobre desequilibrio económico del contrato previstas en la Ley 80 de 1993, resultan aplicables a contratos estatales de derecho privado?¿El arancel y los impuestos aplicables sobre el producto objeto de suministro, constituyeron la ocurrencia de circunstancias extraordinarias…
¿Las salvedades en el acta de liquidación son requisito para el ejercicio de la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado? No
El contratista no necesita incluir salvedades en el acta de liquidación para ejercer la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado, ya que la ley no establece este requisito. La entidad estatal cumplió con sus obligaciones contractuales al pagar de acuerdo a los precios unitarios pactados, y la modificación de precios en otros contratos no es aplicable en este caso, ya que cada acuerdo tiene fuerza de ley para las partes involucradas. Además, la teoría de la imprevisión no aplica a contratos de derecho privado, por lo que el contratista no puede modificar el acuerdo inicial por circunstancias sobrevinientes. Este fallo confirma la sentencia de primera instancia y reitera que en contratos de derecho privado, el acuerdo de voluntades es vinculante y no permite la modificación del contrato por imprevistos, a diferencia de los contratos estatales donde el cumplimiento del objeto es de interés general.síntesis automática
También resuelve:¿El acuerdo celebrado entre las partes tiene fuerza de ley para ellas?¿En los contratos estatales el cumplimiento de su objeto es de interés general¿La revisión judicial del contrato de derecho privado procede cuando el desequilibrio de las prestaciones es producido por una circunstancia que las partes no pudieron prever al momento de su…
¿Se acreditaron las inversiones realizadas, pero no se cumplió la carga de probar el presupuesto consistente en la incidencia que tales erogaciones causaron a la economía del contrato? Sí
El contratista no logra restablecer el equilibrio financiero del contrato de concesión portuaria debido a su incapacidad para probar el impacto económico de las inversiones realizadas, a pesar de acreditar las causas e inversiones. La entidad estatal y el tribunal mantienen que la prueba documental presentada no cumple con los estándares de idoneidad técnica y valor probatorio necesarios para demostrar la perturbación financiera del contrato. La Sala confirma que la parte demandante debe aportar pruebas técnicas especializadas y científicas, proporcionadas por expertos en finanzas y contabilidad, para justificar la afectación de la ecuación económica del contrato. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con la carga de la prueba en casos de teoría de la imprevisión, limitando la posibilidad de ajustar los términos del contrato sin evidencia adecuada.síntesis automática
También resuelve:¿En las condiciones en las que la sociedad actora enmarcó su pedimento no es posible arribar a un pronunciamiento positivo al respecto?¿Demostrar que un gasto extraordinario afecta objetivamente la ecuación económica en un contrato de concesión, implica análisis razonables que permitan evaluar si el impacto alegado justifica ajustar…¿Para que se configure el desequilibrio económico del contrato es necesario demostrar, además de la alteración extraordinaria, la pérdida real, grave y anormal de la economía del contrato?
¿Hay lugar al restablecimiento del equilibrio de la ecuación prestacional en el contrato celebrado entre Ecopetrol y la CCE S.A.S., con sustento en la teoría de la imprevisión, aun cuando su objeto contractual ya se hubiera cumplido y, en consecuencia, no quedaran prestaciones futuras por ejecutar? No
El contratista no puede solicitar el restablecimiento del equilibrio de la ecuación prestacional en un contrato estatal celebrado con Ecopetrol, basándose en la teoría de la imprevisión, cuando el objeto contractual ya se ha cumplido y no quedan prestaciones futuras por ejecutar. Esta regla se sostiene en que la teoría de la imprevisión requiere que el contrato aún esté vigente y que existan prestaciones futuras por cumplir, lo cual no se cumple en este caso dado que la demanda fue presentada después del cumplimiento del contrato y la suscripción de la acta de liquidación bilateral. Además, el contrato no se ajusta a los supuestos que permiten la excepción de aplicar la teoría de la imprevisión, ya que no es un contrato directamente relacionado con el interés general. Esta decisión confirma que no es procedente el reajuste del equilibrio prestacional en estas circunstancias, lo que implica que el contratista no podrá obtener una revisión judicial del contrato una vez cumplido su objeto.síntesis automática
También resuelve:¿El régimen jurídico aplicable al negocio jurídico cuyo reajuste de prestaciones se pretende es el derecho privado, régimen contractual al que no resulta aplicable la figura del “desequilibrio…¿Los otrosíes y suspensiones pactados de mutuo acuerdo, pueden considerarse como cláusulas abusivas?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿En los contratos estatales que requieran de liquidación y ésta se lleva a cabo de común acuerdo, la contabilización del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales inicia a partir del día siguiente a la fecha en que las partes liquidaron el contrato? Sí
El contratista no puede interponer un medio de control de controversias contractuales para reclamar sobre un desequilibrio económico en un contrato estatal terminado y liquidado, ya que la excesiva onerosidad sobrevenida solo aplica a prestaciones futuras y no a situaciones pasadas, y el principio de no ir contra los actos propios prohíbe que las partes reviertan acuerdos ya cumplidos. La Sala reitera que la caducidad del medio de control inicia el día siguiente a la firma del acta de liquidación bilateral, lo que permite que la demanda sea presentada oportunamente si se ajusta a este plazo. En contratos financiados por entidades internacionales, como el Banco Mundial, las disposiciones sobre equilibrio económico no son aplicables debido al régimen especial del contrato, por lo que reclamaciones basadas en desequilibrio financiero deben ser rechazadas.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta aplicable la figura del desequilibrio económico dado el régimen especial del contrato al haber sido celebrado por una empresa de servicios públicos y financiado por el Banco Mundial?¿La excesiva onerosidad sobrevenida pretende remover a futuro las dificultades que se le presenten a una de las partes de un contrato durante su ejecución…¿Si las partes acuerdan una suspensión o una prórroga del contrato y no plantean salvedades a su cumplimiento, con ello están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones…
¿Operó la caducidad de la acción contractual en el presente caso, teniendo en cuenta que el proceso se rige por el artículo 136 del CCA, que la terminación anticipada del convenio ocurrió el 31 de diciembre de 2011, que la demanda fue presentada el 28 de febrero de 2012 y su adición el 21 de junio de 2013, y que el término de caducidad estuvo suspendido entre el 13 de enero y el 27 de febrero de 2012 por haberse agotado el requisito de procedibilidad? No
El contratista no opera la caducidad de la acción contractual cuando la demanda se presenta dentro del plazo establecido por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, incluso si el término de caducidad estuvo suspendido por un periodo. En este caso, la terminación anticipada del convenio ocurrió el 31 de diciembre de 2011, y la demanda fue presentada el 28 de febrero de 2012, dentro del plazo de dos años. Además, el término de caducidad estuvo suspendido entre el 13 de enero y el 27 de febrero de 2012, por lo que la interrupción no afectó la oportunidad de la demanda. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la interpretación del artículo 136 del CCA, garantizando que las partes puedan ejercer sus acciones dentro del plazo legal, incluso en presencia de suspensiones temporales.síntesis automática
También resuelve:¿A la luz de los criterios exigidos por el artículo 355 de la Constitución Política, el Decreto 777 de 1992 y la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre convenios de apoyo y fomento…¿Con fundamento en la interpretación literal y sistemática del convenio, así como en la naturaleza de las obligaciones de medio y la inaplicabilidad del equilibrio económico a los convenios de…¿Debe el juez abstenerse de imponer condena en costas cuando, de acuerdo con el artículo 171 del CCA y el artículo 55 de la Ley 446 de 1998…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto contra un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferido en el marco del medio de control de controversias contractuales, en el que una de las partes es un establecimiento público? Sí
La jurisdicción competente para conocer recurso de apelación interpuesto contra un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferido en el marco del medio de control de controversias contractuales, en el que una de las partes es un establecimiento público, sigue las reglas de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, "CPACA"). En tal sentido, el recurso de apelación es competente para la Sala en segundo instancia, ya que la cuantía de las pretensiones de la demanda impone su juzgamiento por esta Corporación en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿El cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales inicia a partir del vencimiento del plazo para la liquidación del contrato?¿En los contratos pactados bajo la modalidad de precio global o alzado, el incremento del precio del contrato siempre supondrá la modificación del objeto contractual?¿Las partes incurrieron en la prohibición vertida en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, porque el tope legal impuesto para suscribir adiciones al contrato núm. 163 de 2006 fue…
¿Si el incumplimiento es imputable al deudor y es la causa de un daño cierto, personal y directo, el acreedor tiene derecho a pedir la indemnización integral de los perjuicios? Sí
El incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputable al deudor y causante de un daño cierto, personal y directo, confiere al acreedor el derecho a solicitar la indemnización integral de los perjuicios. Este principio se fundamenta en el equilibrio económico del contrato estatal, que busca garantizar la continuidad del servicio público y los intereses generales. La responsabilidad contractual y el desequilibrio financiero del contrato estatal son conceptos distintos, con la primera orientada al derecho de crédito y la segunda al mantenimiento del servicio público. La variación de la causa petendi impide pronunciamiento de fondo, reiterando la importancia de la congruencia y la imparcialidad en el proceso judicial.síntesis automática
También resuelve:¿El equilibrio económico del contrato estatal se concreta en el derecho del contratista a que se mantenga la equivalencia entre derechos y obligaciones surgida al momento de proponer o contratar?¿El incumplimiento de obligaciones contractuales y el desequilibrio financiero del contrato estatal son diferentes?¿La variación de la causa petendi impide pronunciamiento de fondo?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia? Sí
La segunda instancia de las controversias contractuales procede cuando la cuantía de la demanda supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA, y la cuantía se fija conforme al año en que se presentó la demanda. La regla se sostiene en que esa vocación de doble instancia depende exclusivamente del valor de las pretensiones, de modo que el superior conoce de la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo cuando se cumple ese umbral. Además, el medio de control de controversias contractuales abarca la ejecución del contrato, el incumplimiento, la liquidación y los actos administrativos contractuales, lo que permite que la controversia llegue a la jurisdicción por este medio. En el asunto, la cuantía superaba el umbral para el año 2016, cuando se presentó la demanda, y la Sala asumió la competencia para conocer de la apelación interpuesta por la parte actora. En la práctica, el apelante debe verificar la cuantía del año de presentación para determinar si el recurso llega a la segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es procedente para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la ejecución y liquidación del contrato estatal…¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes a la fecha de suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato?¿Los contratos celebrados por empresas de servicios públicos se rigen principalmente por el derecho privado?
¿El juez de segunda instancia debe ceñirse a los aspectos planteados en el recurso de apelación, sin que sea posible modificar la causa petendi en dicha etapa procesal? Sí
El juez de segunda instancia debe ceñirse a los aspectos planteados en el recurso de apelación sin modificar la causa petendi, en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia, que requieren que el fallo sea coherente con los hechos y pretensiones formulados en la demanda y las excepciones planteadas en la contestación. La Sala reitera esta regla general, que admite excepciones basadas en normas constitucionales, tratados internacionales y normas legales imperativas. EPM no está sometida al Estatuto General de Contratación Estatal en la celebración de contratos de derecho privado, salvo excepciones específicas, por lo que el contrato CT-2014-000808 se rige por la Ley 142 de 1994 y su reforma por la Ley 689 de 2001. Además, la Sala encuentra que EPM no incurrió en incumplimiento contractual atribuible a la entidad contratante en relación con el inicio de la ejecución del contrato, ya que el inicio del plazo contractual se estableció mediante una acta suscrita por ambas partes y no por una orden unilateral de EPM, desvirtuando así la tesis sostenida por la parte apelante.síntesis automática
También resuelve:¿Está sometida EPM, en la celebración del contrato objeto del litigio, al régimen de derecho privado previsto en la Ley 142 de 1994 y no al Estatuto General de Contratación Estatal?¿Se probó que EPM incurrió en incumplimiento contractual atribuible a la entidad contratante en relación con el inicio de la ejecución del contrato?¿El silencio y la firma del acta por parte de Servipáramo convalidaron cualquier retardo previo en el inicio del contrato, impidiendo atribuir incumplimiento a EPM?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
Cuando la pretensión mayor de la demanda supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de la apelación contra la sentencia de un tribunal administrativo, según el artículo 129 del CCA. La regla se sostiene en tres razones: la jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, conforme al artículo 82 del mismo código, modificado por la Ley 1107 de 2006; la apelación de las sentencias de los tribunales se resuelve en esa instancia; y el valor de la pretensión mayor se determina según el artículo 20, numeral 2, del Decreto 1400 de 1970, con el umbral del artículo 132, numeral 5, del CCA. En el caso, la pretensión mayor superó el umbral legal y la corporación confirmó la sentencia apelada. El documento también examina la oportunidad de la demanda frente al vencimiento del plazo para liquidar, pero no fija una regla general distinta; la consecuencia práctica es que la cuantía de la pretensión mayor, a la fecha de la demanda, determina la competencia en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales fue interpuesta dentro de los dos años siguientes al del vencimiento del plazo pactado por las partes para concertar la liquidación?¿Procede la valoración de la copia simple de documento?¿El juez puede decretar pruebas de oficio para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda hasta antes de dictar sentencia?
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia de la acción de controversias contractuales en la que una entidad pública es parte? Sí
El contratista puede interponer un recurso de apelación ante la Sección Tercera del Consejo de Estado en segunda instancia en una acción de controversias contractuales en la que una entidad pública es parte, siempre que la cuantía del proceso y la naturaleza jurídica de la entidad estatal cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1564 de 2012. Además, la caducidad de la acción de controversias contractuales en contratos que requieren liquidación comienza a contarse a partir de la ocurrencia de dicho suceso, ya sea una liquidación bilateral o unilateral, y puede suspenderse durante el trámite conciliatorio prejudicial. Asimismo, las salvedades consignadas en el acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública pueden ser objeto de estudio por el juez en lo contencioso administrativo siempre que se alegue algún vicio del consentimiento o se haya expresado una objeción concreta en relación con el corte de cuentas, lo que reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:¿En los contratos que requieren liquidación, la caducidad de la acción de controversias contractuales empieza a contarse a partir de la ocurrencia de dicho suceso?¿Las salvedades consignadas en el acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública pueden ser objeto de estudio por el juez en lo contencioso administrativo?¿Ante situaciones imprevistas para el contratista que le generen costos adicionales, la Administración deberá restablecer el equilibrio de la ecuación contractual?
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la firma del acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública? Sí
El contratista puede ejercer la acción de controversias contractuales dentro del término de dos años que comienza a contar desde la firma del acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública, según establece el artículo 136 numeral 10 literal c) del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se aplica cuando el contrato es liquidado bilateralmente y se reanuda el término de caducidad si se presenta una solicitud de conciliación extrajudicial antes de que éste vence. La entidad estatal cumple parcialmente con su obligación de entregar oportunamente los estudios y diseños al contratista para la fase previa a la ejecución de las obras, lo que no implica necesariamente la extensión del plazo del contrato, ya que la mora del contratista en revisar y ajustar estos documentos puede ser la causa principal de la demora. Este precedente reitera la importancia de cumplir con los plazos establecidos en el contrato y la necesidad de presentar la acción de controversias en tiempo y forma.síntesis automática
También resuelve:¿El Instituto de Desarrollo Urbano cumplió parcialmente con su deber de entregar oportunamente al contratista los estudios y diseños para la fase previa a la ejecución de las obras?¿El incumplimiento de la Unión Temporal en su deber de revisar, evaluar y ajustar los documentos de los estudios y diseños para la ejecución de la obra…¿El juez de primera instancia valoró adecuadamente el documento en el que el contratista solicitó el restablecimiento económico del contrato al IDU…
¿El régimen de contratación de EPM, se gobierna por el derecho común o privado y los actos expedidos con ocasión del negocio jurídico, son actos contractuales? Sí
El contratista no puede anular la resolución de EPM que liquida unilateralmente un contrato de obra, ya que este régimen de contratación se rige por el derecho privado y no por el derecho administrativo, por lo que los actos expedidos en el marco del contrato no son actos administrativos sino contractuales. La Sección Tercera del Consejo de Estado confirma que la liquidación unilateral es un acto contractual y no administrativo, por lo que no está sujeto a los mismos requisitos y efectos que un acto administrativo. Esta decisión reitera la jurisprudencia que establece que las empresas de servicios públicos domiciliarios como EPM se rigen por el derecho privado en sus contratos, lo que implica que las cláusulas de liquidación son pactos accesorios y no actos administrativos obligatorios.síntesis automática
También resuelve:¿Es pasible de anulación la Resolución 196502 de 2001, mediante la cual EPM liquidó unilateralmente el contrato de obra 1104308 de 1999, después de que, como aduce la parte recurrente…¿Es procedente incluir cláusulas de exoneración de responsabilidad en los contratos, en cuanto esta estipulación no implique una condonación del dolo futuro…¿Incumplió EPM su obligación de restablecer el equilibrio económico del contrato 1104308 de 1999, al no reconocer, a favor de la contratista…
¿De conformidad con los hechos probados, la entidad pública demandada incumplió el contrato y se reúnen los presupuestos de la responsabilidad contractual? No
La responsabilidad contractual de la entidad exige acreditar el incumplimiento de una obligación concreta del contrato, y la interpretación lógica, sistemática, integral y racional del negocio prevalece sobre la lectura aislada de una de sus cláusulas. La regla se apoya en que, conforme a esa interpretación, la entidad debía reconocer el saldo pendiente según el valor total ofertado, previa aprobación del supervisor del informe final de ejecución, sin condicionarlo al porcentaje de ejecución de las obras. Además, el incumplimiento debe probarse con el material del expediente, y en el caso el supervisor solo justificó parte de los recursos empleados por la interventoría. En el asunto, la Sala no encontró configurada la responsabilidad contractual de la entidad, pues no quedó acreditado que incumpliera la obligación del parágrafo cuarto de la cláusula décima, y confirmó la decisión. En la práctica, la entidad no responde por una obligación cuyo incumplimiento no se demuestre en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditaron los presupuestos de la teoría de la imprevisión, esto es, se demostró que se presentaron circunstancias extraordinarias…¿El Consejo de Estado es competente para conocer del medio de control de controversias contractuales suscrito por una entidad que ostenta la calidad de empresa de servicios públicos domiciliarios y…¿El medio de control de controversias contractuales ejercido por la parte actora es adecuado, por cuanto el demandante persigue que se declare el incumplimiento de un contrato de interventoría y el…
¿La acción de controversias contractuales se ejerció en el término bienal previsto por la ley? Sí
El término bienal de caducidad de la acción de controversias contractuales depende de si el contrato debe liquidarse y de cómo se liquida. Según el artículo 136, numeral 10, del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, el conteo inicia desde la firma del acta de liquidación bilateral, desde la ejecutoria del acto que aprueba la liquidación unilateral o, si ninguna se realizó, desde el vencimiento del plazo para liquidar. Los plazos supletorios de la Ley 80 de 1993 son de cuatro meses para la liquidación bilateral y de dos meses para la unilateral. Si la liquidación bilateral se firma dentro de los dos años posteriores al vencimiento del plazo para la liquidación unilateral, el conteo inicia desde el día siguiente a la firma del acta. En el caso concreto la acción se ejerció dentro del término bienal y la decisión de primera instancia fue revocada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el término se calcula sobre los plazos de liquidación y no sobre la fecha de terminación de la obra.síntesis automática
También resuelve:¿El hecho de que la contratista deje de obtener las utilidades esperadas o surjan mayores costos en la ejecución del contrato, constituye un rompimiento del equilibrio económico del contrato?¿Los reparos formulados por el INVIAS al dictamen pericial, se ajustan a los que se consideran como de error grave conforme lo dispuesto en el artículo 238 del CPC y a la jurisprudencia…¿Probó la accionante que la interventoría empleó tiempo excesivo para aprobar definitivamente los estudios y diseños presentados oportunamente por la contratista; y que, por causa de esto…
¿Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de la controversia derivada de un contrato de obra celebrado por un patrimonio autónomo constituido con recursos públicos, aunque ese contrato se rija por el derecho privado? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer de la controversia derivada del Contrato de Obra celebrado por el Patrimonio Autónomo Findeter, constituido con recursos públicos, aunque este contrato se rija por el derecho privado. Esto se debe a que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, los contratos celebrados por patrimonios autónomos constituidos mayoritariamente con recursos públicos son considerados contratos celebrados por entidades públicas para los efectos de la competencia prevista en el numeral 2 y el parágrafo del artículo 104 del CPACA. En este caso, el Contrato de Obra se origina en un Contrato Interadministrativo celebrado entre FINDETER y ICBF, y fue ejecutado por el PA Findeter, administrado por la Fiduprevisora, lo que lo convierte en un contrato celebrado por una entidad pública.síntesis automática
También resuelve:¿Cuando las partes estipularon la liquidación de un contrato que legalmente no la requería y lo liquidaron bilateralmente…¿Incurre en incumplimiento contractual el contratante que entrega estudios y diseños con vacíos o defectos sustanciales, cuando el objeto del contrato de obra incluía precisamente su revisión…¿Procede declarar el incumplimiento del contratante por la entrega tardía o defectuosa de los estudios y diseños, cuando las partes afrontaron y superaron esas falencias de mutuo acuerdo mediante…
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia del recurso de apelación presentado en contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, en consideración de la cuantía del proceso, y en el marco de la controversia derivada de contratos estatales celebrados por una empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal? Sí
El contratista puede recurrir al medio de control de controversias contractuales para cuestionar el incumplimiento y la alteración del equilibrio económico en contratos estatales celebrados con empresas industriales y comerciales del Estado del orden municipal, siempre y cuando la controversia surja durante la ejecución del contrato y afecte directamente a las partes contratantes. En este caso, el Consejo de Estado confirmó la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de la apelación presentada contra una sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, debido a la cuantía del proceso y la naturaleza pública de la empresa industrial y comercial municipal. La Sala estableció que tanto el contratista como la entidad estatal son legitimados en la causa por activa y pasiva respectivamente, y que la legitimación puede extenderse a la entidad territorial que tiene una vinculación material al contrato por medio de un contrato interadministrativo. Esto implica que los contratistas pueden utilizar este medio de control para resolver disputas contractuales complejas que involucran a entidades públicas de diferentes niveles.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente el medio de control de controversias contractuales para cuestionar el incumplimiento y la ruptura del equilibrio económico en el contrato de obra por administración delegada No.…¿Se encuentran legitimados en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, el demandante y la Gestora Urbana de Ibagué en el marco de la acción contractual…¿Se presentó de manera oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar el incumplimiento del contrato de obra por administración delegada y el restablecimiento del…
Sentencia — Sentencia2025-06-19Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 11001032600020230015000LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Compete a la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer en única instancia del recurso de anulación interpuesto contra el laudo arbitral proferido el 31 de mayo de 2023, en el marco del contrato de concesión No. 001 de 2011 suscrito entre Transmilenio S.A. y Recaudo Bogotá S.A.S., considerando la naturaleza jurídica de Transmilenio como sociedad por acciones con participación pública y la intervención de una entidad pública en el contrato? Sí
El contratista no puede acudir a una segunda instancia ordinaria contra un laudo arbitral, sino que debe recurrir al Consejo de Estado en única instancia, conforme a la naturaleza jurídica de Transmilenio como sociedad anónima con participación pública y la intervención de una entidad estatal en el contrato. La competencia del Consejo de Estado para conocer del recurso de anulación se fundamenta en la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1563 de 2012, que establecen la jurisdicción de este organismo en casos de contratos celebrados por entidades públicas o en los que intervengan. La justicia arbitral es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que se rige por el principio de voluntariedad y es temporal y excepcional, limitándose a resolver controversias de libre disposición. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado en única instancia para conocer de recursos de anulación contra laudos arbitrales en contratos de concesión con participación estatal, protegiendo así el debido proceso y limitando la revisión a errores in procedendo.síntesis automática
También resuelve:¿La justicia arbitral se caracteriza por ser un mecanismo alternativo de solución de conflictos; regirse por el principio de voluntariedad o libre habilitación; ser de carácter temporal y excepcional?¿El recurso de anulación de laudo arbitral se caracteriza por ser de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario; por estar orientado a la protección del derecho al debido proceso en cabeza de…¿Mientras la jurisdicción corresponde a la facultad de administrar justicia, la competencia representa la facultad de administrar justicia en determinados asuntos…
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