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Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-08-19Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 63001233300020210013802LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En el interrogatorio realizado al perito se evidenció que en su dictamen no se tuvo en cuenta los anexos técnicos de los estudios previos al contrato? Sí
El contratista debe incluir en su dictamen pericial todos los anexos técnicos y estudios previos al contrato, así como la propuesta económica inicial, para que la entidad estatal pueda evaluar adecuadamente la viabilidad y costo del proyecto. Durante el interrogatorio, el perito afirmó que tuvo en cuenta los diseños y anexos técnicos, pero señaló que estos no cumplían con los requerimientos necesarios, lo que obligó al contratista a realizar nuevos estudios. El dictamen debe ser claro y exhaustivo, procesando los costos asociados a los diseños definitivos y excluyendo aquellos que no guardan relación con las obras objeto de estudio. La entidad estatal debe aportar la prueba técnica y suficiente que respalde sus afirmaciones sobre el pago de valores durante la ejecución del contrato, de lo contrario, no se considerará acreditado el efecto jurídico que pretende. Esta decisión reitera la importancia de la claridad y exhaustividad del dictamen pericial y la carga probatoria de las partes en el proceso contractual.síntesis automática
También resuelve:¿El dictamen carece de claridad, en la medida en que no determinaba si los valores incluidos en la matriz contable correspondían en su totalidad a estudios y diseños nuevos o si, en realidad…
¿Se acreditó que al actor le asistió un mejor derecho para resultar adjudicatario del contrato conforme lo reclama en el recurso de apelación? No
El dictamen pericial que aplica las fórmulas y los procedimientos previstos en el pliego de condiciones, explica sus operaciones y se apoya en fuentes y anexos, tiene eficacia probatoria, y que el oferente que reclama un mejor derecho a la adjudicación debe demostrar que su propuesta habría ocupado el primer lugar en la lista de elegibles. Una razón es que el perito siguió los parámetros del pliego para la evaluación económica, incluida la media geométrica y la lista de elegibles, y explicó de manera clara y detallada sus cálculos, por lo que el dictamen cumple los requisitos de los artículos 233, 237 y 241 del Código de Procedimiento Civil. Otra razón es que aun si se hubiera rechazado la propuesta señalada en la demanda, o las que no cumplían el requisito de las plantas asfálticas, el consorcio demandante no habría ocupado el primer lugar de la lista de elegibles. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de la demanda. Su consecuencia práctica es que las objeciones al dictamen de evaluación deben demostrar un cambio en el orden de elegibilidad y no solo una discrepancia técnica.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2022-04-01Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 25000233600020180100301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Pruebas en segunda instancia Sí
El artículo 212.4 CPACA prevé que las partes podrán pedir pruebas en el trámite de apelación de sentencias en segunda instancia por el lapso del término de ejecutoria del auto que admite el recurso de apelación. El recurso de apelación admitido el 7 de mayo de 2021 fue notificado el 21 de junio siguiente, El término de ejecutoria corrió del 23 al 25 de junio de 2021… . Como la parte demandante aportó los documentos mencionados el 27 de septiembre de 2021, esto es, extemporáneamente, NIÉGASE la solicitud de pruebas en segunda instancia. REQUIÉRASE a la [apoderada] para que aporte el poder a ella conferido por la parte demandada, Nación-Ministerio de Defensa Nacional.
¿Impedía la suscripción de las convenciones modificatorias del contrato, sin regulación expresa de los sobrecostos reclamados, la prosperidad de las pretensiones de restablecimiento del equilibrio económico? No
La suscripción de convenios modificatorios en un contrato de obra a precios unitarios no impide por sí sola la prosperidad de las pretensiones dirigidas a obtener el restablecimiento del equilibrio económico del contrato por sobrecostos imprevistos. Durante la ejecución de un contrato de infraestructura vial suscrito con el INVÍAS, se presentaron incrementos anormales en los precios de insumos como asfalto, cemento y combustibles, así como mayores costos de transporte de materiales. La Sala verificó que las adiciones y modificaciones acordadas no tuvieron por objeto regular ni compensar tales circunstancias imprevistas. Por consiguiente, la suscripción de dichas modificaciones negociales no sanea ni extingue el derecho del contratista a reclamar la indemnización por la ruptura financiera del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Probó el contratista que el mecanismo de ajuste de los precios unitarios perdió eficacia durante la ejecución contractual…
Cuando el contratista renuncia a presentar reclamaciones por mayor permanencia de la obra puede con posterioridad alegar el desequilibrio económico del contrato? Sí
El contratista no puede alegar desequilibrio económico del contrato después de renunciar a presentar reclamaciones por mayor permanencia de la obra, ya que las partes acordaron de buena fe que la prórroga no generaría sumas adicionales, y la caducidad de la acción impide que se cuestione la validez de las prórrogas contractuales. La Sala reitera que la renuncia a reclamaciones por extensión del plazo contractual es válida y que no hay prueba del desequilibrio financiero del contrato, lo que implica que las pretensiones económicas del contratista no prosperarán si no acredita la existencia de un desequilibrio financiero real y no pactado.síntesis automática
También resuelve:¿Las reclamaciones por mayor permanencia de la obra durante el plazo adicional acordado no pueden prosperar porque las partes las pactaron que el acuerdo no generaría sumas adicionales en favor del…¿Las pretensiones económicas alegadas por el contratista son improcedentes por acreditarse que renunció al pago de los costos generados por las tres primeras prórrogas del contrato y la cuarta fue…¿Se acreditó un desequilibrio en la ecuación financiera del contrato de obra pública que diera lugar al reconocimiento del pago solicitado por el contratista?
¿Acudió la parte demandante dentro del término legalmente previsto a formular de manera concurrente la pretensión principal de nulidad y restablecimiento frente al acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 039 de 2006 y, subsidiaria de nulidad del contrato suscrito con el adjudicatario Consorcio Vías Boyacá? Sí
El artículo 87 del Código Contencioso Administrativo (CCA), modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, aplicable a los procesos iniciados a partir del 8 de julio de 1998 y hasta el 2 de julio de 2012, estableció la procedencia y oportunidad para el ejercicio de las acciones judiciales contra los actos proferidos con anterioridad a la celebración del contrato estatal.… A voces de la referida norma, el enjuiciamiento de la legalidad de los actos previos debía promoverse mediante la acción de nulidad y restablecimiento antes de que el contrato se hubiese celebrado, pues luego de celebrado la acción procedente sería la de controversias contractuales con miras a la nulidad del negocio jurídico sobre la base de la ilegalidad del acto de adjudicación.… En el presente asunto, se observa que el contrato No. 430 se perfeccionó el 21 de diciembre de 2006; por lo tanto…
También resuelve:¿Le asiste legitimación al departamento de Boyacá para acudir en calidad de demandado al presente proceso?¿Se vició de nulidad el contrato No. 430 suscrito el 21 de diciembre de 2006 entre el departamento de Boyacá y el Consorcio Vías Boyacá…¿Ante la insuficiencia probatoria es posible decretar el restablecimiento del derecho?
¿Procede el reconocimiento de perjuicios por mayor duración del contrato cuando el contratista no acredita, mediante prueba pericial sólida y soportes contables verificables, los costos efectivamente asumidos por dicha extensión? No
El contratista no obtiene el reconocimiento de perjuicios por mayor duración del contrato cuando no acredita los costos efectivamente asumidos mediante prueba pericial sólida y soportes contables verificables. La Sala confirmó que los modificatorios del contrato no implicaron reconocimiento de contraprestación adicional ni renuncia a las reclamaciones del contratista, y que el dictamen pericial no cumplió con los requisitos de solidez, claridad y exhaustividad exigidos por la jurisprudencia. La Sección Tercera del Consejo de Estado reitera que la valoración del dictamen pericial debe hacerse con sana crítica, considerando la idoneidad del perito y la calidad de sus fundamentos, así como la concordancia con los soportes documentales presentados. Esta regla implica que los contratistas deben aportar pruebas robustas y detalladas para demostrar los costos asociados a la extensión del contrato, evitando así la negativa a sus reclamaciones por falta de evidencia suficiente.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas y agencias en derecho cuando la apelación no prospera, conforme al artículo 188 del CPACA y los artículos 365 y 366 del CGP?
¿Cuál es el juez competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal dentro del medio de control de controversias contractuales? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por un Tribunal Administrativo en el marco del medio de control de controversias contractuales, siempre y cuando la cuantía del contrato lo imponga. La competencia del Consejo de Estado en segunda instancia se regula por la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y se aplica a los casos en que una de las partes es una entidad territorial. Además, la Sala determina que la entidad pública incurre en incumplimiento del contrato cuando desatiende sus deberes de planeación, como en el caso de no disponer de los terrenos necesarios para la ejecución del contrato de obra pública. Asimismo, la omisión de las partes en plantear salvedades durante la ejecución del contrato no constituye un beneplácito en las omisiones de la administración, sino que debe analizarse en función de las circunstancias particulares del caso y la valoración probatoria. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre competencia judicial, incumplimiento contractual y valoración probatoria en contratación estatal, lo que implica una mayor precisión en la interpretación y aplicación de la normativa vigente.síntesis automática
También resuelve:¿Cuál es la pauta del conteo de la caducidad de la acción de controversias contractuales frente a un contrato liquidado bilateralmente bajo la vigencia del CCA?¿Incurre en incumplimiento del contrato la entidad pública que desatiende los deberes de planeación?¿La omisión de las partes en plantear las salvedades en la ejecución del contrato constituye un beneplácito en las omisiones de la administración?
¿Es procedente la objeción por error grave en el dictamen pericial presentada por la parte demandante? No
El contratista no puede objetar por error grave el dictamen pericial presentado por el ingeniero civil, ya que este se limitó a calcular los perjuicios materiales y no evaluó la propuesta del consorcio demandante como la mejor opción según el pliego de condiciones. La Sala determina que la objeción no es procedente porque el perito consideró la totalidad de los puntos de análisis establecidos por la entidad estatal, no solo el supuesto error en la certificación de calidad. Además, la inexactitud en la información financiera suministrada por el proponente en el Registro Único de Proponentes configura una causal de rechazo de la propuesta según el pliego de condiciones, lo que implica que la propuesta del consorcio no cumplió con los requisitos exigidos. Esta decisión reitera la importancia de cumplir rigurosamente con los pliegos de condiciones y subraya que la objeción por error grave en el dictamen pericial debe estar fundamentada en errores evidentes y no en interpretaciones subjetivas.síntesis automática
También resuelve:¿La inexactitud en la información suministrada por el proponente configuró una causal de rechazo de la propuesta a la luz de lo estipulado en el pliego de condiciones?¿Se configuró la causal de nulidad del contrato por celebrarse contra expresa prohibición legal o constitucional?¿Se configuró la causal de nulidad de desviación de poder en la adjudicación del contrato estatal?
¿El contratista acreditó la configuración de la lesión enorme? No
El contratista no acredita la configuración de la lesión enorme al no probar el justo precio del inmueble al momento de la celebración del contrato de promesa de compraventa, según lo establece la carga de la prueba que le corresponde al accionante para fundamentar sus pretensiones. En este caso, la entidad estatal vendió un inmueble para el desarrollo de un proyecto de vivienda de interés social por un valor de $4.282.164.000, pero no se presentó prueba alguna que permita conocer el justo precio del bien en el momento del contrato, lo que implica que no se cumplió con la exigencia legal de acreditar que el valor del contrato era inferior a la mitad del justo precio. La Sala revocará la sentencia apelada por no haberse cumplido con la carga probatoria requerida, lo que implica que en casos similares, el contratista debe presentar pruebas periciales que demuestren el justo precio para configurar la lesión enorme.síntesis automática
También resuelve:¿Obra prueba que permita conocer el justo precio del bien al momento de la celebración del contrato de promesa?¿El comprador sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella?¿La Ley 80 de 1993 prescribe que los contratos que celebren las entidades se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes?
¿El Tribunal incurrió en una indebida interpretación del pliego de condiciones al considerar que el redondeo debía aplicarse al límite inferior y no sobre la medida de tendencia central seleccionada? No
El contratista no puede alegar que el Tribunal incurrió en una indebida interpretación del pliego de condiciones al considerar que el redondeo debía aplicarse al límite inferior y no sobre la medida de tendencia central, ya que la operación matemática requerida era clara y no generaba ambigüedad, y el pliego de condiciones especificaba que el redondeo debía aplicarse sobre el resultado final del límite inferior, garantizando precisión, uniformidad y transparencia en el proceso de evaluación. La decisión del Tribunal se ajustó a la interpretación correcta del pliego y no transgredió los principios de transparencia ni de selección objetiva, lo que implica que la regla establecida por la Sala reitera y confirma la interpretación correcta del pliego de condiciones, asegurando que las controversias sobre la liquidación de costas y el monto de las agencias en derecho deben ventilarse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas, no a través del recurso de apelación contra la sentencia.síntesis automática
También resuelve:¿Resultó ajustada a derecho la imposición de costas procesales realizada por el juez de primera instancia, conforme a los criterios establecidos en los artículos 365 y 366 del CGP?¿El marco fundamental de pronunciamiento del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere…¿El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ostenta la condición de entidad administrativa de orden nacional…
¿Se acreditó una desproporción entre el valor real del bien inmueble y el valor pagado dentro del contrato de compraventa, que configure una lesión enorme? No
La lesión enorme en la compraventa de un bien inmueble por una entidad pública exige demostrar una desproporción real entre el valor del bien y el precio pagado, y que el juez no está obligado a decretar un nuevo dictamen ni a proferir condena en abstracto cuando no existe duda sobre el precio real ni se acreditó la responsabilidad patrimonial. Una razón es que los avalúos practicados en el proceso desconocieron las condiciones especiales del predio que fundaron el precio pactado, y se apoyaron en un hecho futuro e incierto, por lo que no justificaron su conclusión. Otra razón es que el precio se fijó con un dictamen legalmente practicado por la entidad adquirente, y las pruebas posteriores no cumplían los requisitos y protocolos legales, de modo que carecían de validez probatoria. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones y explicó que la condena en abstracto solo procede cuando se acreditan la responsabilidad y el daño, y no el monto. Su consecuencia práctica es que el demandante que alega lesión enorme debe probar el valor real del bien con un dictamen que cumpla los requisitos legales.síntesis automática
También resuelve:¿Las partes de un contrato pueden sufrir lesión enorme cuando el precio pagado o recibido difiere sustancialmente del justo precio?¿La determinación del precio de adquisición en los procesos de enajenación voluntaria por causas de utilidad pública o interés social…¿El Instituto Geográfico Agustín Codazzi fijó las metodologías valuatorias admisibles para determinar el valor de bienes inmueble…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-12-14Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000232600019951170402ACCION CONTRACTUAL
¿Se reconoce a favor del demandante una suma dineraria por concepto de pérdida de oportunidad? Sí
En la celebración de un contrato estatal de obra, la pérdida de oportunidad de obtener utilidades puede indemnizarse como lucro cesante cuando se acredita la probabilidad de obtener el beneficio esperado, y la utilidad proyectada se calcula a partir de un incremento estimado con base en los porcentajes del IPC durante los cinco años siguientes a la declaratoria de caducidad. Esa probabilidad se mide con el criterio de Laplace, de modo que cada escenario tiene el mismo grado de ocurrencia. Además, cada utilidad anual proyectada se indexa a la fecha de la providencia con la fórmula fijada por la jurisprudencia del Consejo de Estado. La entidad demandada había objetado la primera experticia, pero no se opuso a los métodos estadísticos y probabilísticos usados en el dictamen, de modo que esos métodos no fueron controvertidos. En el caso, el auto reconoció una suma por pérdida de oportunidad y actualizó a valor presente el lucro cesante reconocido en la decisión apelada. La providencia modifica la decisión anterior en este punto. Su consecuencia práctica es que el perjuicio por pérdida de oportunidad debe cuantificarse con un dictamen pericial que sustente cada escenario probabilístico.síntesis automática
También resuelve:¿Si bien la entidad demandada formuló objeción contra la primera experticia no se oponía a los métodos estadísticos y probabilísticos utilizados en el dictamen?¿El Consejo de Estado admitió como ejercicio probatorio la alternativa de presentar las certificaciones de los contratos o la facturación de los mismos?¿Existe prueba de que la ganancia obtenida por el actor hubiera alcanzado, frente a los contratos efectivamente ejecutados…
¿Existe base probatoria para calificar el actuar médico como doloso o gravemente culposo y así sustentar el juicio de repetición? No
La condena al Estado por falla del servicio médico no basta para calificar la conducta del médico como dolosa o gravemente culposa en la acción de repetición, y que corresponde al demandante demostrar fehacientemente ese elemento subjetivo. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la materialización de un daño antijurídico imputable al Estado como ente abstracto no implica por sí misma dolo o culpa grave en cabeza del agente individualizado. Segunda, la entidad no controvirtió eficazmente el dictamen pericial decretado ni solicitó prueba directa para demostrar la culpa grave que atribuía al facultativo. Tercera, la institución hospitalaria cambió de criterio sobre la conducta del médico después del fallo condenatorio, lo que restó capacidad suasoria a sus afirmaciones, y ninguna prueba acreditó un reproche subjetivo en la atención brindada. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que la entidad que repite contra un médico debe aportar prueba directa y técnica de la culpa grave, sin apoyarse solo en la condena previa por falla del servicio.síntesis automática
También resuelve:¿El extremo demandante tiene la carga de demostrar fehacientemente el dolo o la gravedad de la culpa del servidor contra quien pretende repetir?¿El cuadro clínico del paciente exteriorizó signo de focalización que demostrara deterioro neurológico de relevancia?¿El testimonio del médico general constituye un medio de convicción idóneo y útil para demostrar la configuración de una conducta gravemente culposa endilgada al demandado por la atención clínica…
¿Para determinar la oportunidad de la acción de controversias contractuales cuyo objeto se circunscribe a establecer si en la compraventa celebrada entre las partes existió desproporción entre el valor real del bien y el valor pagado en los términos exigidos en la ley para que se configure la lesión enorme, resultan relevantes las épocas de las presuntas afectaciones del predio a utilidad pública, cuando la demanda no está encaminada a obtener reparación por esas presuntas afectaciones? No
El contratista no debe considerar relevantes las épocas de presuntas afectaciones del predio a utilidad pública para determinar la oportunidad de la acción de controversias contractuales que busca establecer si en la compraventa celebrada entre las partes existió desproporción entre el valor real del bien y el valor pagado, ya que la demanda no busca reparación por esas afectaciones. La oportunidad de la acción se determina a partir del perfeccionamiento del negocio jurídico, es decir, desde el otorgamiento de la escritura pública, y no desde eventos posteriores no relacionados con el objeto de la controversia. La regla establece que el término de caducidad para accionar en controversias contractuales es de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho correspondientes, lo que implica que la acción es oportuna si se presenta dentro de este plazo, ajustándose a los días hábiles y considerando la vacancia judicial. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la determinación de la oportunidad de la acción de controversias contractuales, permitiendo una interpretación más flexible y ajustada a la realidad de los casos.síntesis automática
También resuelve:¿Resultan aplicables a la adquisición de inmuebles por parte de las entidades públicas por ventas no forzadas, las normas civiles propias de la compraventa relativas a la lesión enorme?¿El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende…¿La verificación judicial de la lesión enorme se limita en forma objetiva al precio, sin que se imponga para su configuración la prueba de un vicio en el consentimiento o la intención de alguno de…
¿Se acreditó la existencia de condena judicial contra la entidad hospitalaria demandante por la muerte de uno de sus pacientes? Sí
El contratista debe acreditar la existencia de una condena judicial contra la entidad estatal por la muerte de un paciente para ejercer el medio de control de repetición, lo cual se logra mediante la presentación de la sentencia del Consejo de Estado y el comprobante de pago emitido por la entidad. La Sala establece que el término de caducidad para interponer la demanda de repetición debe contarse desde el pago efectivo de la condena, no desde la fecha en que venció el plazo legal para realizarlo, y que la acción prospera cuando se demuestra que la condena al Estado resultó de una conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público. Además, el acto administrativo que registra el pago de la condena y el comprobante de egreso emitido por la entidad son considerados documentos públicos válidos y suficientes para acreditar el cumplimiento de la sentencia. Este precedente reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales para ejercer la acción de repetición y acreditar el pago de la condena.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad del medio de control de repetición debe contarse a partir del pago de la condena judicial, o en su defecto…¿Cuáles son los presupuestos para la prosperidad del medio de control de repetición?¿El acto administrativo por el cual se satisface la condena judicial constituye prueba idónea para acreditar el pago como presupuesto de la acción?
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las demandas de controversias contractuales originadas en contratos celebrados por entidades públicas? Sí
El juez contencioso administrativo conoce de las demandas de controversias contractuales originadas en contratos celebrados por entidades públicas conforme al artículo 104 del CPACA. En el presente caso, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente pues el contrato de compraventa del 31 de enero de 2015 frente al cual se alegó una lesión enorme fue suscrito por el ICBF, establecimiento público del orden nacional. Asimismo, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, según los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA, dada la vocación de doble instancia y al superar la pretensión mayor los 500 SMLMV.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de compraventa celebrado entre los apelantes y el ICBF se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública…¿En consideración a que el contrato de compraventa de bien inmueble es un contrato de ejecución instantánea, el cómputo del término de caducidad de la acción contractual se inicia desde el momento en…¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva recae sobre las partes del contrato de compraventa que dio lugar a la controversia?
¿Se acreditó que el pago recibido por el demandante fue inferior a la mitad del justo precio del inmueble objeto de compraventa, para dar lugar a la declaratoria de responsabilidad por lesión enorme? No
En la compraventa de inmuebles, la lesión enorme solo se configura cuando el precio pagado al vendedor es inferior a la mitad del justo precio del bien, y su prueba corresponde a quien la alega. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el justo precio se establece con los avalúos comerciales que obren en el proceso y que no hayan sido objetados por las partes, pues estos constituyen el parámetro probatorio. Segunda, la falta de prueba que demuestre que el precio pagado quedó por debajo de esa mitad impide declarar la lesión, sin que la sola diferencia de valor sea suficiente. En el caso, dos avalúos comerciales previos a la celebración del contrato fueron integrados al proceso y no fueron objetados, y la providencia confirma que la lesión no quedó demostrada. En la práctica, quien invoque la lesión enorme debe aportar un avalúo técnico que determine el precio del inmueble al momento de la venta y que sea consistente con las demás pruebas del proceso.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de compraventa de bien inmueble celebrado entre la sociedad demandante y el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil…¿La acción rescisoria por lesión enorme debe ser invocada cuando se advierta un desfase entre lo pagado en el contrato de compraventa y el justo precio del bien inmueble?¿Las pretensiones indemnizatorias por lesión enorme deben desestimarse, al haberse pactado el contrato de compraventa del bien inmueble como cuerpo cierto y el demandante no discute ni reclama por la…
¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resulta aplicable al presente proceso de repetición la Ley 678 de 2001? No
En la acción de repetición, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos desde su vigencia hasta su derogatoria, por el principio de irretroactividad, mientras que los hechos anteriores siguen rigiéndose por la normativa previa. Cuando el hecho dañoso es posterior a la vigencia de la ley, esta rige la valoración del dolo o de la culpa grave del agente, y no las nociones generales del régimen anterior. La primera razón es la irretroactividad como regla general del ordenamiento. La segunda es la excepción de efectos retroactivos, que opera de manera limitada y no desplaza la regla. La tercera es que la aplicación temporal depende de la fecha de los hechos que originaron la condena y no de la fecha de la sentencia. La providencia confirma la decisión y reitera esta jurisprudencia sobre la aplicación temporal de la ley. En la práctica, la entidad que promueva la repetición debe fijar primero la fecha de la conducta del agente para determinar el régimen probatorio aplicable, y verificar si la norma de 2001 resulta aplicable antes de formular la presunción de dolo o culpa grave.síntesis automática
También resuelve:¿La culpa es una conducta reprochable por violación al deber de cuidado, al no prever los efectos nocivos de los actos o al confiar imprudentemente en poder evitar aquellos que se previeran…¿Cuenta con valor probatorio la prueba testimonial trasladada, cuando se observa que contó con la participación de la parte contra quien se aduce?¿Cuentan con valor probatorio los dictámenes periciales trasladados, cuando se observa que no contaron con la audiencia del hoy demandado al no ser parte en ese trámite procesal y que tampoco fueron…
¿El fenómeno jurídico de la caducidad representa un límite o un plazo máximo, perentorio y preclusivo, dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción, de naturaleza objetiva, que corre indefectiblemente y no se interrumpe, ni se suspende salvo determinados eventos? Sí
El contratista debe ejercer su derecho de acción dentro del término de caducidad, un límite temporal perentorio y preclusivo que corre indefectiblemente y no se interrumpe ni suspende, salvo en casos específos como la conciliación extrajudicial. En contratos estatales que requieren liquidación y ésta se lleva a cabo de común acuerdo, el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a partir del día siguiente a la fecha en que las partes liquidaron el contrato. Los contratos de tracto sucesivo, cuya ejecución se prolonga en el tiempo, son objeto de liquidación que debe llevarse a cabo de común acuerdo entre las partes o, en su defecto, de forma unilateral por la entidad estatal, con el fin de determinar el estado económico final del contrato y finiquitar la relación negocial. Esta jurisprudencia reitera y matiza precedentes, estableciendo claramente los plazos y procedimientos para la liquidación y ejercicio de acciones en contratos estatales, lo que implica una mayor certeza jurídica en la administración de contratos públicos.síntesis automática
También resuelve:¿En los contratos estatales que requieran de liquidación y ésta se lleva a cabo de común acuerdo, la contabilización del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a…¿Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación…¿Es a partir de la terminación del contrato, cuando empieza la etapa de liquidación, que deberá llevarse a cabo, en principio, de común acuerdo entre las partes…