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¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 2094 del 19 de julio de 2018 “se adjudica el proceso de licitación pública No. MHCP-LP-01-2018, cuyo objeto es “contratar las actividades asociadas al ciclo de vida de los sistemas de información para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante el modelo de fábrica de software”, por falsa motivación y violatorio de las normas constitucionales y legales vigentes del régimen contractual? No
El contratista no puede declarar la nulidad de la Resolución 2094 del 19 de julio de 2018 por falsa motivación, ya que la administración cumplió con motivar adecuadamente sus decisiones conforme al pliego de condiciones, garantizando así el principio de legalidad contractual. La Sala establece que la falsa motivación como causal de nulidad debe desvirtuar la legalidad de los actos administrativos, lo cual no se evidenció en este caso, ya que la certificación de experiencia y el puntaje otorgado al recurso humano se ajustaron a lo requerido en el pliego. Además, la Sala reitera que el pliego de condiciones debe ser taxativo y no admite interpretaciones que no hayan sido previamente aclaradas por los oferentes, lo que implica que la entidad no incurrió en falsa motivación al aplicar rigurosamente los criterios establecidos.síntesis automática
¿Si se encuentra afectada de nulidad, la Resolución No. 01392 de 15 de junio 2021 que adjudicó el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. UARIV-SA-004-2021 a la Unión Temporal Sotavento Group S.A.S., al configurarse las causales de i) Falsa Motivación y ii) Desviación de Poder? No
El contratista no puede declarar nula la resolución que adjudica un contrato estatal mediante selección abreviada de menor cuantía, cuando no se acredita que el pliego de condiciones contenga falsa motivación o desviación de poder, siempre y cuando el pliego distinga adecuadamente entre la experiencia general habilitante y los factores de evaluación, estableciendo reglas previas, claras y objetivas para todos los proponentes. Además, la entidad no desconoce el principio de selección objetiva ni permite la subsanación indevida de la oferta, pues la adjudicataria aporta desde el inicio la certificación del contrato que respalda su cobertura territorial, y la revisión de información ya existente en la administración no constituye la incorporación de un requisito puntuable después del cierre. La Sala reitera que la presunción de legalidad del acto administrativo persiste mientras no se demuestre la inexistencia, falsedad o apreciación equivocada de los motivos del acto de adjudicación, y que la desviación de poder no prospera sin identificar una finalidad distinta a la prevista por el ordenamiento.síntesis automática
¿Se debe revocar la decisión de primera instancia porque, a juicio del impugnante, el acto acusado es nulo, pues, calculó el primer cuartil con base en todas las propuestas presentadas en la licitación, por tanto, con desconocimiento de la selección objetiva que obliga tan solo a considerar los datos de las propuestas habilitadas para poder hacer una comparación de las ofertas en debida forma? No
El contratista no puede anular la decisión de primera instancia basada en el argumento de que la entidad consideró todas las propuestas presentadas en la licitación para calcular el primer cuartil, en lugar de limitarse a las propuestas habilitadas, ya que la entidad cumplió con los términos del pliego de condiciones al determinar el orden de elegibilidad de los proponentes habilitados con apego a los valores ofertados por todos los participantes, incluidos los descalificados, sin embargo, el contratista no demostró que esta práctica afectara el resultado final del proceso de selección y, por ende, no logró desvirtuar la legalidad del acto administrativo. Además, la entidad demandada no incurrió en una violación del principio de selección objetiva que justifique la nulidad del acto acusado, ya que el dictamen pericial no probó que el orden de elegibilidad variara sustancialmente en favor del proponente vencido al emplearse únicamente los valores de las ofertas habilitadas. Por lo tanto, la Sala confirma la sentencia de primera instancia y condena al contratista en costas por ser la parte vencida en el proceso, según lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas contra la demandante por ser la parte vencida en el proceso?
¿La presentación de la garantía de seriedad de la oferta era un requisito subsanable y por ello la oferta del demandante debió haber sido evaluada? Sí
De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, en la versión anterior a la modificación de la Ley 1882 de 2018, los requisitos que no afectan la asignación de puntaje son subsanables hasta la adjudicación, de modo que la garantía de seriedad de la oferta puede subsanarse y la oferta no debe rechazarse por esa causa. La razón es que la norma aplicable al proceso de 2008 permitía solicitar esos requisitos hasta la adjudicación, salvo en los procesos con subasta, y la garantía fue presentada antes de la adjudicación. En el caso, la Sala revocó parcialmente la decisión del tribunal, porque la oferta del demandante no debió ser rechazada. Sin embargo, las pretensiones de restablecimiento del derecho se negaron, porque el demandante no demostró los perjuicios sufridos ni explicó la fuente de la utilidad reclamada. Su consecuencia práctica es que la subsanabilidad de la garantía de seriedad no basta para obtener indemnización si el proponente no prueba el perjuicio.síntesis automática
También resuelve:¿La parte demandante demostró el daño y los perjuicios sufridos por el rechazo de su oferta en el proceso de selección y por ello deben reconocerse las pretensiones de restablecimiento del derecho?
¿Debe declararse la nulidad del acto de adjudicación y, consecuencialmente, la nulidad absoluta del contrato estatal, así como la correspondiente reparación de perjuicios a favor del demandante, al privársele de la celebración del contrato respectivo, por desconocérsele puntaje correspondiente a la experiencia específica, que consideró acreditado en debida forma? No
El oferente no tiene derecho a que se le reconozca un puntaje por experiencia específica que no alcanza el valor exigido en el pliego, ni puede subsanar esa experiencia cuando se trata de un factor puntuable de escogencia. La regla se apoya en tres razones. Primera, la experiencia no cumplía el valor mínimo exigido para ser puntuable, con independencia de la naturaleza del proyecto en el que se adquirió. Segunda, según el Decreto 734 de 2012, los requisitos subsanables son los que no constituyen factores de escogencia establecidos en el pliego, y la experiencia específica era un factor puntuable, por lo que no podía exigirse a la entidad su subsanación. Tercera, el pliego no exigía que la experiencia específica hubiera sido adquirida en un contrato de consultoría con carácter público en la forma que sostenía el apelante. En consecuencia, se confirma la sentencia que negó la nulidad del acto de adjudicación y del contrato, así como la reparación de perjuicios. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente la condena en costas en segunda instancia, en contra de la parte vencida en el proceso?
¿Correspondía a la entidad contratante la determinación de los factores que integraban la estimación del precio a ofertar? No
El contratista no puede atribuir a la entidad contratante la responsabilidad por la determinación de los factores que integran la estimación del precio a ofertar, ya que la imprevisión respecto del alza de precios no se debe a la falta de análisis por parte de la entidad, sino a la ausencia de un precio de referencia en el pliego de condiciones, que dejaba a cada oferente la responsabilidad de evaluar y prever los factores que podrían afectar el precio, como la disponibilidad de materias primas y sus costos de producción. Además, los oferentes deben conocer los pormenores de sus costos de producción y las circunstancias que pueden afectarlos, y no acreditaron la imprevisibilidad del incremento en los costos de producción, ya que estos aumentos se debieron a un incremento esperado en la demanda de materias primas, producto de una decisión legislativa con suficiente antelación para prever y precaver sus efectos. Por lo tanto, la prórroga del plazo del contrato no puede calificarse como una circunstancia imprevista que otorgue derecho al restablecimiento del equilibrio económico, ya que fue acordada por las partes cuando ya se conocían los aumentos en los costos de las materias primas. Esta sentencia reitera la jurisprudencia sobre la ruptura del equilibrio financiero del contrato estatal, estableciendo que la responsabilidad por la imprevisión en los costos recae sobre el contratista y no sobre la entidad.síntesis automática
También resuelve:¿los oferentes debían conocer los pormenores de sus costos de producción y las circunstancias que tenían la potencialidad de afectarlos?¿Se acreditó el carácter imprevisible del incremento en los precios de la materia prima durante la ejecución del contrato?¿La prórroga del plazo del contrato puede calificarse como una circunstancia imprevista que otorgue derecho al restablecimiento del equilibrio económico?
¿Se presentó oportunamente la acción de controversias contractuales incoada para demandar la nulidad absoluta del contrato estatal con fundamento en la supuesta ilegalidad del acto de adjudicación? Sí
La solicitud de conciliación extrajudicial suspende el término de caducidad mientras dura el trámite, hasta por un máximo de tres meses, según el artículo 21 de la Ley 640 de 2001. La regla se apoya en que la acción de nulidad absoluta del contrato, cuando se funda en la ilegalidad de la adjudicación, puede ejercerse dentro de los dos años siguientes al perfeccionamiento del contrato, conforme al numeral 10 del artículo 136 del Decreto 01 de 1984. Por ello, la conciliación presentada dentro del término suspende el cómputo sin que la suspensión exceda los tres meses. En el asunto, el demandante presentó la solicitud de conciliación dentro del término, que se prolongó hasta el mes siguiente, por lo que la Sala revocó la decisión de primera instancia y concluyó que la acción se presentó oportunamente. En la práctica, la solicitud de conciliación oportuna permite ejercer la acción de nulidad absoluta del contrato después del vencimiento del plazo original.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad del acto de adjudicación proferido por el Departamento del Tolima y la consecuencial nulidad absoluta del contrato suscrito con fundamento en este…
¿Se presenta nulidad del acto administrativo de adjudicación de la licitación pública y del contrato suscrito en cumplimiento de aquel, por cuanto con posterioridad a la audiencia de adjudicación, en una revisión de la calificación de las propuestas el comité evaluador de Fonade determinó que la media aritmética era otra y el oferente adjudicatario quedaba en segundo lugar en el orden de elegibilidad? No
El contratista no puede obtener la nulidad del acto administrativo de adjudicación y del contrato derivado de una licitación pública si no acredita adecuadamente la existencia de un error en la evaluación inicial del comité de evaluación, ya que la entidad contratante puede apartarse de las recomendaciones del comité siempre y cuando justifique su decisión en el acto administrativo final. La Sala establece que la entidad demandante no presentó pruebas suficientes para demostrar la ilegalidad del acto de adjudicación, por lo que no procede la verificación de la oferta más favorable. Además, la Sala reitera que la entidad contratante puede modificar el orden de elegibilidad propuesto por el comité evaluador, siempre y cuando justifique su decisión. Este precedente confirma que la entidad demandante no cumplió con la carga probatoria necesaria para demostrar la nulidad del acto administrativo de adjudicación, lo que implica que en casos similares, el actor debe aportar pruebas concluyentes para que la Sala declare la nulidad del acto administrativo y proceda a verificar la oferta más favorable.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad contratante puede apartarse de las recomendaciones que emita el comité evaluador sobre el orden de elegibilidad o calificación de las propuestas?¿En materia de acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, corresponde al actor acreditar la nulidad de los actos administrativos acusados…¿En el presente caso, procede la condena en costas?
¿Las salvedades en el acta de liquidación son requisito para el ejercicio de la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado? No
El contratista no necesita incluir salvedades en el acta de liquidación para ejercer la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado, ya que la ley no establece este requisito. La entidad estatal cumplió con sus obligaciones contractuales al pagar de acuerdo a los precios unitarios pactados, y la modificación de precios en otros contratos no es aplicable en este caso, ya que cada acuerdo tiene fuerza de ley para las partes involucradas. Además, la teoría de la imprevisión no aplica a contratos de derecho privado, por lo que el contratista no puede modificar el acuerdo inicial por circunstancias sobrevinientes. Este fallo confirma la sentencia de primera instancia y reitera que en contratos de derecho privado, el acuerdo de voluntades es vinculante y no permite la modificación del contrato por imprevistos, a diferencia de los contratos estatales donde el cumplimiento del objeto es de interés general.síntesis automática
También resuelve:¿El acuerdo celebrado entre las partes tiene fuerza de ley para ellas?¿En los contratos estatales el cumplimiento de su objeto es de interés general¿La revisión judicial del contrato de derecho privado procede cuando el desequilibrio de las prestaciones es producido por una circunstancia que las partes no pudieron prever al momento de su…
¿Acreditó el recurrente que presentó la mejor propuesta de conformidad con el informe de evaluación de la demandada? No
El informe de evaluación de propuestas, elaborado por el comité asesor, es un documento preliminar que no obliga a la entidad ni confiere derechos a los proponentes, porque puede ser corregido, aclarado o modificado, conforme al artículo 26 numeral 5 de la Ley 80 de 1993. Una razón es que la calificación contenida en el informe no es definitiva y solo la adjudicación resuelve el orden de elegibilidad. Otra razón es que en el caso el informe fue objeto de observaciones sobre la experiencia específica del proponente y sobre una inhabilidad por sanción, y la entidad acogió esas observaciones, por lo que el puntaje reclamado no era estable. En el asunto, el proponente sostenía que el mayor puntaje del informe lo convertía en la mejor propuesta, pero no demostró que, una vez recalificada su oferta, habría mantenido esa posición, y la licitación fue declarada desierta y adjudicada a otro oferente que cumplió los requisitos. La Sala confirmó la negación de las pretensiones. La providencia cita jurisprudencia reiterada de la Sección; su consecuencia práctica es que el proponente que pretende la adjudicación debe acreditar una calificación definitiva y no solo un puntaje del informe preliminar.síntesis automática
También resuelve:¿La mayor calificación del proponente fue un hecho aceptado por la demandada y debe considerarse como una confesión?¿La calificación de las propuestas realizada por el Tribunal se ajustó a los criterios del pliego y por ello la oferta de la parte demandante debía quedar en primer lugar y ser la adjudicataria del…¿La parte demandante acreditó los perjuicios derivados de los señalamientos de la entidad demandanda, sobre una presunta inhabilidad para contratar con el Estado que se configuró en otro proceso de…
¿El demandante debió ser el adjudicatario de la licitación pública ya que el acto de adjudicación fue expedido con infracción de las normas en que debia fundarse, y mediante falsa motivación, ya que los fundamentos jurídicos presentados por la administración para sustentar el rechazo de la segunda observación del Consorcio demandante desconocieron el pliego de condiciones y el EGCP? Sí
La entidad estatal que adjudique una licitación pública debe sustentar el acto de adjudicación en las reglas del pliego de condiciones, y el defecto formal de una oferta que puede verificarse no justifica su rechazo cuando el pliego no lo prevé como causal. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, si el pliego exige discriminar el AIU en pesos pero la oferta lo presenta en porcentajes y señala su valor total, una operación aritmética permite conocer cada componente y comparar las propuestas, de modo que el defecto no configura una causal de rechazo. Segundo, las causales de rechazo deben interpretarse según lo efectivamente previsto en el pliego, sin extenderlas a supuestos que este no contempla, pues hacerlo conduce a la falsa motivación del acto de adjudicación. Tercero, para obtener la nulidad del acto de adjudicación basta probar la causal alegada, mientras que para el restablecimiento del derecho el demandante debe acreditar que su propuesta ocupaba el primer orden de elegibilidad. La providencia revoca la sentencia de primera instancia y concluye que el demandante debió ser adjudicatario; en la práctica, la entidad no puede desconocer la oferta mejor calificada por defectos formales verificables.síntesis automática
También resuelve:¿Debe reconocerse la utilidad esperada al demandante pues era el único proponente habilitado en el proceso y por ello debió ser el adjudicatario del contrato de obra pública y se vio privado de su…¿Debe condenarse en costas en primera y segunda instancia a la parte vencida en este caso el departamento y el consorcio que no debía ser adjudicatario?
¿Tiene eficacia probatoria el dictamen pericial practicado en el proceso, por una abogada, para acreditar si la oferta de la demandante se ajustaba a los pliegos de condiciones y que al ser la mejor se le debía adjudicar el contrato? No
El dictamen pericial rendido por una persona que carece de la idoneidad técnica exigida para el objeto de la prueba no tiene mérito probatorio, especialmente cuando absuelve cuestiones de derecho reservadas al juez. Una razón es que en el proceso el dictamen fue rendido por una abogada, y para establecer si la propuesta cumplía especificaciones constructivas de la obra era necesario un perito de ingeniería civil, arquitectura o profesión afín. Otra razón es que el dictamen se limitó a fijar el alcance general de un pliego de condiciones y los efectos de un contrato a precios unitarios, puntos que corresponden exclusivamente al juez, sin contener análisis técnico sobre la oferta del demandante. En el caso, la Sala concluyó que el dictamen no acreditó la conformidad de la propuesta con el pliego, de modo que no se probó que debiera adjudicarse el contrato al demandante. La providencia confirmó la decisión de primera instancia. No indica que reitera, unifica o cambia precedente; su consecuencia práctica es que la prueba pericial en procesos de adjudicación debe rendirla un experto en la materia técnica objeto del pliego.síntesis automática
También resuelve:¿Acreditó el recurrente que presentó la mejor propuesta de conformidad con el informe de evaluación de la demandada?¿La oferta presentada por el demandante sirve para pretender la nulidad del acto de adjudicación y su confirmación?¿Probó el demandante que al valorar los costos en los precios unitarios no modificó las especificaciones de construcción previstas en el pliego de condiciones y con ello desvirtuó la presunción de…
¿La demandante en su oferta determinó un porcentaje en el que cuantificó la utilidad y los demás componentes de Administración, Imprevistos y Utilidad? Sí
Cuando el oferente discrimina en su propuesta un AIU que incluye administración, imprevistos y utilidad, el porcentaje así fijado no puede reconocerse como ganancia exclusiva, pues el AIU es un concepto que agrupa esos componentes y que no tiene porcentajes mínimos ni máximos legales. Una razón es que la propuesta distribuyó el presupuesto e identificó costos directos, luego señaló un valor por AIU lo que muestra que cuantificó expresamente sus componentes. Otra razón es que el documento complementario de la oferta indicó que el 15 por ciento incluía los costos administrativos, las pólizas, los impuestos y los riesgos del contrato, de modo que el oferente tenía claro que ese porcentaje cubría la administración y los imprevistos. En el caso, la Sala negó la pretensión que pedía reconocer el 15 por ciento como utilidad. Según la providencia, el AIU que se introduce en el valor total de la oferta es de uso frecuente en los contratos de tracto sucesivo y cada empresa fija su estructura de costos conforme a sus condiciones; su consecuencia práctica es que el proponente debe desglosar cada componente del AIU en su oferta si pretende que se le reconozca como utilidad.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante puede desconocer el porcentaje global para el AIU, fijado en la oferta?¿El porcentaje de administración correspondía al monto total que la entidad pagaría por el contrato?¿Es posible aplicar el criterio de equidad para disgregar en partes iguales el valor global del AIU fijado por el demandante?
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
En virtud de lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, toda vez que dentro de las pretensiones de la demanda se pidió la declaratoria de nulidad de un acto administrativo proferido por el gobernador del Departamento de Casanare y de un contrato estatal celebrado por esta entidad territorial. Así mismo le corresponde a la Sala resolver el presente proceso, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012, norma vigente al momento de presentación de la demanda , en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida el 21 de mayo de 2015 por el Tribunal Administrativo de Casanare y de conformidad con la estimación de las pretensiones realizada en la demanda , según las previsiones de los artículos 152 y 157 del mismo código.
También resuelve:¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentado dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación del acto precontractual demandado?¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al perfeccionamiento del contrato para aducir la referida pretensión de…¿La oferta del demandante fue indebidamente descalificada en el procedimiento licitatorio, pues la profesional Diana Carolina Mantilla Arévalo cumplía con los requisitos habilitantes?
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía y en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante conta la sentencia de primer grado? Sí
La competencia en segunda instancia para conocer de las apelaciones contra las sentencias de los tribunales administrativos corresponde al Consejo de Estado, según el artículo 150 del CPACA, y que la doble instancia ante esa corporación procede también por razón de la cuantía de la pretensión mayor, cuando supera el monto exigido para el medio de control respectivo. Una razón es que el artículo 150 expresamente atribuye a la corporación la segunda instancia de las apelaciones de sentencias y de autos apelables, sin que la naturaleza del medio de control impida esa competencia. Otra razón es que en el asunto la pretensión mayor, correspondiente a la administración dejada de percibir, superaba el umbral de doble instancia fijado para el medio de control aplicable, de modo que el recurso del demandante era conocido por la Sala. En el caso, el demandante apeló la negación de sus pretensiones, y la Sala confirmó esa decisión. Su consecuencia práctica es que la cuantía de la pretensión mayor, determinada al momento de la demanda, fija la competencia para la segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es procedente cuando el daño se deriva del acto precontractual, en un contrato con una empresa de servicios públicos domiciliarios…¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad del medio de control de reparación directa?¿El acto de adjudicación en un contrato regido por el derecho privado, tiene la naturaleza de acto administrativo?
¿Cuándo el Tribunal delimita los actos precontractuales sobre los cuales se tratará la controversia, en atención a su categorización como definitivos y, por ende, pasibles de control ante esta jurisdicción y fijó el litigio en la audiencia inicial como una acción de nulidad simple, pues el debate se limitó a los actos que no tienen una relación directa con derechos o intereses del demandante, el medio de control que se revisa en segunda instancia es el de simple nulidad? Sí
El contratista no puede impugnar judicialmente los actos precontractuales que no tienen relación directa con sus derechos o intereses, y que el tribunal categoriza como definitivos y pasibles de control, limitándose el medio de control a la simple nulidad, conforme a la teoría de los actos separables y el artículo 141 del CPACA. Esto implica que los actos de trámite, como los informes de evaluación técnica y jurídica, no son susceptibles de control judicial, ya que no constituyen decisiones definitivas que creen, modifiquen o definan una situación jurídica, sino que son preparatorios y deben ser revisados por la entidad antes de tomar una decisión final. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la distinción entre actos definitivos y de trámite, y limita el alcance de los medios de control disponibles para los actos precontractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Son susceptibles de control judicial los informes de evaluación técnica y jurídica de un proceso de selección de contratistas?¿Cuándo el acto de apertura no consagra una previsión de fondo relativa al proceso de selección, sino que se limita a darle impulso al mismo…¿adolece de nulidad del pliego de condiciones del proceso de selección abreviada para contratar el servicio de transporte escolar cuando se fundamenta en normas que no le son aplicables a un…
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y, en segunda instancia, el Consejo de Estado, para conocer del litigio y del recurso de apelación, en atención a la naturaleza de la entidad demandada y a la cuantía del proceso? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de los litigios originados en la actividad contractual de un departamento, entidad territorial, conforme al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998 y por la Ley 1107 de 2006. La regla se sostiene en tres razones: la naturaleza de la entidad demandada como entidad territorial determina que el litigio se origine en su actividad y no en otra; el Consejo de Estado es competente para resolver la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo, por la vocación de doble instancia, según los artículos 129, 132, numeral 6, y 181 del Código Contencioso Administrativo; y la cuantía de la demanda, a la fecha de su presentación, superaba los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que confirma la competencia de la Corporación en segunda instancia. Por ello, la providencia de primera instancia se confirma en lo relativo a la competencia.síntesis automática
También resuelve:¿Es la acción contractual el mecanismo procesal idóneo para obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada de un contrato estatal…¿Procede el estudio de pretensiones dirigidas a la nulidad del acto de adjudicación cuando su ilegalidad no fue invocada como fundamento de la nulidad absoluta del contrato celebrado?¿Es procedente pronunciarse sobre las pretensiones subsidiarias cuando, a través de ellas, se solicita la nulidad absoluta del contrato con fundamento en la ilegalidad del acto administrativo…
¿La decisión de descalificación de la propuesta contractual obedeció a una ruptura intempestiva y carente de razón? No
Constituye un motivo válido para descalificar una propuesta en un proceso de selección que una persona con cargo directivo en la entidad contratante tenga relación familiar con el representante de la firma proponente, pues la prohibición de favorecimiento aplica aunque la dependencia en la que se desempeña no tenga relación con la contratación. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la presencia de un servidor público del nivel directivo con esa relación familiar basta para activar la prohibición, con independencia de que su dependencia no intervenga en el objeto contratado. Segundo, la descalificación no vulnera el principio de buena fe contractual cuando la decisión no obedece a una ruptura intempestiva ni carece de razón y no sorprende al participante, pues en tal caso no se rompen las tratativas, que deben respetarse conforme a los pliegos y a la ley. La providencia deniega las pretensiones de la demanda y confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el aspirante que incurre en una prohibición legal puede ser descalificado sin que ello implique una ruptura de las tratativas precontractuales.síntesis automática
También resuelve:¿La incompatibilidad en estudio era adecuada si se dirigía a los familiares de aquellas personas que gozaran de poder de decisión de adjudicar un contrato?¿La incompatibilidad en estudio resulta conteste con la clasificación y nomenclatura de cargos de la EPM y era viable su aplicación en el presente asunto?¿La calidad de servidores públicos de las entidades estatales mixtas la ostentan sus representantes legales y los funcionarios de los niveles directivo…
¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en la jurisdicción de lo contencioso administrativa? Sí
El contratista puede ejercer la acción de controversias contractuales para solicitar la nulidad del acto precontractual de adjudicación y, en consecuencia, la nulidad absoluta del contrato, siempre que la demanda se presente dentro del término de 30 días siguientes a la notificación del acto de adjudicación, según lo establecido por el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo y la jurisprudencia del Consejo de Estado. En el caso específico, la resolución de adjudicación fue notificada el mismo día de su proferimiento, y el contrato se celebró antes de que transcurrieran los 30 días siguientes a dicha notificación. Como resultado, la acción de controversias contractuales fue la procedente para procurar la nulidad del acto de adjudicación y del contrato estatal, pero no para solicitar el restablecimiento del derecho o la indemnización de perjuicios, ya que estas pretensiones caducaron al presentarse la demanda después de la celebración del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales es la acción procedente para solicitar la declaratoria de nulidad del acto precontractual de adjudicación y en consecuencia la nulidad absoluta del contrato?¿Al interponerse la acción de controversias contractuales luego de 30 días de celebrado el contrato, caducaron las pretensiones de restablecimiento del derecho pero no las pretensiones anulatorias…¿Los proponentes vencidos en el proceso de selección de contratista están legitimados en la causa por activa para pedir la nulidad del acto de adjudicación y del contrato?
¿La legitimación en la causa, como presupuesto procesal de la sentencia, consiste en la participación de demandante y demandado en la relación jurídica sustancial que dio origen a la controversia judicial, por ellos en este caso tanto la parte demandante como la demandada se encuentran legitimadas? Sí
El contratista está legitimado para demandar la nulidad del acto de adjudicación y del contrato estatal cuando participa en la relación jurídica sustancial que dio origen a la controversia, y la entidad estatal está legitimada para ser demandada en la medida en que emitió el acto de adjudicación y celebró el contrato. La legitimación en la causa es un presupuesto procesal que requiere que tanto el demandante como el demandado estén involucrados en la situación de hecho que motivó la acción. En el caso en cuestión, la entidad estatal comunicó la adjudicación al contratista el mismo día en que se produjo, y aunque la demanda fue presentada dentro del plazo de dos años para la acción de controversias contractuales, las pretensiones indemnizatorias por perjuicios derivados del acto administrativo ilegal son extemporáneas, ya que debieron haberse impugnado dentro de los 30 días siguientes a su notificación. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la caducidad de la acción de controversias contractuales y la importancia de cumplir con los plazos legales para impugnar actos administrativos.síntesis automática
También resuelve:¿Si la demanda en ejercicio de la acción contractual, se presenta por fuera de los 30 días que la ley le daba al administrado para impugnar el acto precontractual…¿El planteamiento del problema jurídico, se funda en el ámbito de actuación del juez ad quem, el cual, a su vez, es determinado por el impugnante en su recurso de apelación…¿Aunque en el punto de infraestructura operativa el adjudicatario del contrato debía obtener menor puntaje, por adjuntar como prueba de dicha infraestructura un contrato de promesa de compraventa…