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Consejo de Estado
Providencia
Se debe precisar que el ordenamiento jurídico da especial importancia al derecho de probar, pues señala que las partes pueden “presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra”, se impone la carga “onus probandi” de acreditar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2025-06-10
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020200029601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Están las partes obligadas a probar los supuestos de hecho que sustentan sus pretensiones? Sí
El contratista está obligado a probar los supuestos de hecho que sustentan sus pretensiones, ya que el ordenamiento jurídico garantiza el derecho a presentar pruebas y establece la carga de la prueba ("onus probandi") para acreditar los hechos que fundamentan las normas que persiguen. La declaración de terceros debe cumplir con los requisitos formales para ser conducente, pertinente y útil, y el juez debe decretar únicamente aquellas pruebas que resulten conducentes para esclarecer los hechos controvertidos definidos en la etapa de fijación del litigio. Además, el juez puede rechazar la práctica de testimonios cuando estos no guardan relación con el objeto del litigio, lo que implica que las pruebas deben estar directamente relacionadas con el problema jurídico determinado y no ser objeto de otros procesos. Esto asegura un acceso justo a la justicia y garantiza los derechos al debido proceso, la contradicción y defensa, así como la resolución justa de conflictos.síntesis automática
También resuelve:
¿Puede el juez rechazar la práctica de declaraciones de terceros si la solicitud no cumple con los requisitos formales que permitan verificar su conducencia, pertinencia y utilidad?
¿Debe el juez decretar únicamente aquellas pruebas que resulten conducentes para esclarecer los hechos controvertidos que fueron definidos en la etapa de fijación del litigio?
¿Debe el juez rechazar la práctica de testimonios cuando estos no guardan relación con el objeto del litigio?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El recurso de reposición procede contra todos los autos interlocutorios dictados en el proceso contencioso administrativo, salvo norma legal restrictiva expresa.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2025-06-06
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
Rad. 52001233300020180024501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El recurso de reposición es procedente contra el auto que niega el decreto de pruebas, por lo que la adecuación del recurso al de apelación fue una decisión equivocada por parte del Tribunal? Sí
El recurso de reposición procede contra todos los autos interlocutorios dictados en el proceso contencioso administrativo, salvo norma legal restrictiva expresa. La providencia analiza la actuación de un tribunal que había adecuado erróneamente un recurso de reposición interpuesto contra un auto denegatorio de pruebas testimoniales para tramitarlo como apelación. Al resolver el caso, el despacho superior aclara que, conforme al artículo 242 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021, la reposición es el mecanismo idóneo frente a cualquier auto que no cuente con una prohibición legal específica. Como el ordenamiento no restringe la procedencia del recurso de reposición frente a los autos que niegan decretar pruebas testimoniales solicitadas por las partes, se concluye que la adecuación procesal efectuada por el tribunal de primera instancia fue equivocada, restableciendo la competencia para tramitar el recurso interpuesto.síntesis automática
También resuelve:
¿Puede el Consejo de Estado revisar la procedencia de un recurso interpuesto, incluso si fue concedido por el juez de primera instancia?
¿Es procedente decretar la inspección judicial únicamente cuando no sea posible demostrar los hechos por otros medios probatorios?
¿Debe confirmarse el rechazo de una solicitud probatoria cuando los documentos requeridos ya obran en el expediente por haber sido previamente decretados como prueba?
CONFIRMA
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia que confirma sentencia apelada
2026-02-12
SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección A)
BEATRIZ TERESA GALVIS BUSTOS
Rad. 11001334306320210000101
ACCION CONTRACTUAL
¿La tacha formulada contra el testimonio del señor […] hacía improcedente la valoración de esa declaración, como lo concluyó la sentencia de primera instancia? No
El contratista no puede desvirtuar la eficacia probatoria del contrato mediante un testimonio, ya que la prueba documental prevalece sobre el testimonio en la contratación pública, según los artículos 225 y 256 del Código General del Proceso. La entidad estatal no incurrió en incumplimiento ni en modificación unilateral del contrato al ajustar el valor del mismo conforme a las variaciones en las tarifas establecidas por el Gobierno Nacional, como acordado en el contrato. Además, el testimonio no puede establecer la existencia de vicios del consentimiento ni desequilibrios económicos en el contrato, ya que estas cuestiones requieren pruebas documentales específicas y la entidad de control no está facultada para resolver controversias contractuales. La Sala matiza la interpretación de la eficacia del testimonio en controversias contractuales, estableciendo que el testimonio no puede desvirtuar la prueba documental y que la valoración del testimonio debe considerar su imparcialidad, lo que implica que los contratistas deben presentar pruebas documentales para acreditar sus alegaciones en lugar de confiar únicamente en testimonios.síntesis automática
También resuelve:
¿Con el testimonio del señor […] se acreditó el incumplimiento contractual, el desequilibrio económico de los contratos de prestación del servicio público de educación n.° 318 de 2017 y 1010 de 2018…
Consejo de Estado
Providencia
¿Para estudiar la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales se requiere que exista certeza de que fueron ellos los que con su conducta causaron el daño?
Sentencia — Sentencia
2022-10-10
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 85001233300020140002301
LEY 1437 REPETICION
¿Para estudiar la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales se requiere que exista certeza de que fueron ellos los que con su conducta causaron el daño? Sí
Para estudiar la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales, es necesario establecer certeza de que fueron ellos quienes causaron el daño, lo cual requiere pruebas suficientes de su conducta dolosa o gravemente culposa. En el caso en cuestión, la Sala negó la responsabilidad del Estado y los agentes estatales debido a la ausencia de pruebas que acrediten su participación en la conducta que causó el daño. La falta de pruebas de la conducta culposa o dolosa, así como la incertidumbre sobre la hipótesis del combate y la pertenencia de los occisos a grupos al margen de la ley, impidió la imputación o endilgar la responsabilidad a los militares involucrados.síntesis automática
También resuelve:
¿La parte demandante acreditó con suficiencia las condiciones en las que ocurrieron los hechos por los que pretende repetir contra sus exagentes?
¿Los elementos de prueba allegados sugieren dudas sobre la hipótesis del combate y la posible pertenencia de los occisos a grupos al margen de la ley?
¿Resulta posible imputar o endilgar a los tres militares señalados el hecho dañoso que dio origen a la acción de repetición ante la falta de prueba de la conducta que se alega cometieron los agentes?
Consejo de Estado
Providencia
El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Cauca desvirtuó la presunción de dolo del numeral 1 del artículo 5
Sentencia — Sentencia
2022-03-31
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 11001032600020140010200
LEY 1437 REPETICION
¿El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Cauca desvirtuó la presunción de dolo del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, por haber expedido un acto administrativo que fue anulado por desviación de poder? Sí
La Corporación conoce en única instancia de la acción de repetición contra los directores de entidades del orden nacional, de acuerdo con el artículo 149 numeral 13 del CPACA y el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. La presunción de dolo por desviación de poder se desvirtúa cuando el agente demuestra que el acto de insubsistencia se fundó en un análisis previo de gestión y no en una represalia. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que la decisión fue producto de la revisión de la gestión de los funcionarios, en ejercicio de la facultad nominadora del director encargado. La segunda es que la orden de redactar la resolución fue anterior a la fecha en que se recibió la comunicación que se alegaba como motivo de represalia. La tercera es que el acto se expidió en ejercicio de la facultad discrecional del nominador. En consecuencia, la Sala niega las pretensiones de la demanda de repetición, porque la parte demandada desvirtuó la presunción de dolo. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia del medio de control de repetición contra funcionarios públicos que hayan dado lugar a una codena contra el Estado?
¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago de la condena impuesta al Estado?
¿Conforme a la figura de subrogación, la Corporación Autónoma Regional está legitimada por activa para demandar en repetición el pago de la condena impuesta en el proceso de nulidad y…
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
Acción de repetición: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2023-10-04
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 05001233100020110197701
ACCION DE REPETICION
¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resulta aplicable al presente proceso de repetición la Ley 678 de 2001? No
En la acción de repetición, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos desde su vigencia hasta su derogatoria, por el principio de irretroactividad, mientras que los hechos anteriores siguen rigiéndose por la normativa previa. Cuando el hecho dañoso es posterior a la vigencia de la ley, esta rige la valoración del dolo o de la culpa grave del agente, y no las nociones generales del régimen anterior. La primera razón es la irretroactividad como regla general del ordenamiento. La segunda es la excepción de efectos retroactivos, que opera de manera limitada y no desplaza la regla. La tercera es que la aplicación temporal depende de la fecha de los hechos que originaron la condena y no de la fecha de la sentencia. La providencia confirma la decisión y reitera esta jurisprudencia sobre la aplicación temporal de la ley. En la práctica, la entidad que promueva la repetición debe fijar primero la fecha de la conducta del agente para determinar el régimen probatorio aplicable, y verificar si la norma de 2001 resulta aplicable antes de formular la presunción de dolo o culpa grave.síntesis automática
También resuelve:
¿La culpa es una conducta reprochable por violación al deber de cuidado, al no prever los efectos nocivos de los actos o al confiar imprudentemente en poder evitar aquellos que se previeran…
¿Cuenta con valor probatorio la prueba testimonial trasladada, cuando se observa que contó con la participación de la parte contra quien se aduce?
¿Cuentan con valor probatorio los dictámenes periciales trasladados, cuando se observa que no contaron con la audiencia del hoy demandado al no ser parte en ese trámite procesal y que tampoco fueron…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La circunstancia alegada por la actora la afectación grave y directa de la prestación del servicio de salud, no constituye un presupuesto para declarar o no la caducidad del contrato, de tal suerte que no sirve de fundamento para desvirtuar la legalidad del acto administrativo demandando.
Sentencia — Sentencia
2023-08-02
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 88001233300020140001201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se acreditó una afectación grave y directa de la ejecución del contrato de concesión suscrito para la prestación del servicio de salud, que diera lugar a la declaratoria de su caducidad por incumplimiento del concesionario? Sí
En el contrato de concesión de servicios de salud, la caducidad por incumplimiento del concesionario procede cuando se acredita una afectación grave y directa de la ejecución del contrato. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el concesionario asumió la prestación, operación y gestión total del servicio público, y estaba obligado a prestar los servicios de conformidad con la normatividad vigente, de modo que su incumplimiento grave compromete el objeto del contrato. Segunda, la afectación de la ejecución debe ser directa y de entidad suficiente para justificar la declaratoria, y no basta una dificultad transitoria. En el caso, la providencia confirma la declaratoria de caducidad porque la ejecución del contrato resultó gravemente afectada por el incumplimiento del concesionario. La providencia resalta que la afectación debe ser directa frente a la ejecución del contrato. En la práctica, la entidad que declare la caducidad debe documentar la afectación grave y directa de la prestación del servicio, pues esa prueba sustenta la decisión.síntesis automática
También resuelve:
¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en lo contencioso administrativo?
¿El medio de control procedente para controvertir la legalidad del acto contractual que declara la caducidad contrato, es el de controversias contractuales?
¿La legitimación en la causa por activa recae sobre las sociedades que integran la unión temporal, por ser las afectadas con la declaratoria de caducidad del contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para decidir las controversias contractuales originadas
Sentencia — Sentencia
2022-02-18
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600020070025101
ACCION CONTRACTUAL
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para decidir las controversias contractuales originadas en la actividad de las entidades públicas con empresas industriales y comerciales del Estado? Sí
El contratista puede presentar copias simples de documentos como prueba en el proceso contencioso administrativo siempre que dichos documentos no hayan sido tachados de falsos o desvirtuados por las partes durante el curso del mismo, conforme a la jurisprudencia unificada por la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia de 28 de agosto de 2013. Además, el interventor o auditor que preste testimonio en el proceso, siempre que su declaración sea creíble, imparcial, clara y cierta, y no sea tachada de falsa por las partes, es susceptible de valoración probatoria. Estas reglas permiten un mayor acceso a la justicia y flexibilizan las exigencias de prueba en la jurisdicción contenciosa administrativa, facilitando la resolución de controversias contractuales entre entidades públicas y empresas industriales y comerciales del Estado.síntesis automática
También resuelve:
¿En las controversias sobre contratos que requieran liquidación, el término de caducidad de dos años comienza a correr desde la firma del acta de liquidación bilateral o desde la ejecutoria del acto…
¿Es procedente el valor probatorio de las copias simples, cuando los documentos aportados han militado en el proceso sin ser tachados por las partes?
¿Las pruebas testimoniales aportadas al proceso son susceptibles de valor probatorio al estar dotadas de credibilidad, imparcialidad, claridad y certeza y al no ser tachadas de falsas por las partes?
Consejo de Estado
Providencia
Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón
Sentencia — Sentencia
2022-09-22
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 05001233100020010104101
ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
En las controversias contractuales, la segunda instancia corresponde al Consejo de Estado cuando la cuantía de la pretensión mayor supera el monto fijado por la ley, y la acción de controversias contractuales es el medio idóneo para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por desequilibrio económico o incumplimiento del contrato. La regla se apoya en tres razones. Primera, la jurisdicción conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA modificado por la Ley 1107 de 2006. Segunda, el artículo 129 del CCA atribuye al Consejo de Estado los recursos de apelación contra las sentencias de primera instancia de los tribunales administrativos. Tercera, la pretensión mayor supera el monto previsto en el numeral 5 del artículo 132 del CCA, lo que determina la competencia por cuantía. En consecuencia, la providencia confirma la sentencia apelada. El documento reitera la línea sobre la acción de controversias contractuales como medio idóneo.síntesis automática
También resuelve:
¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es un contrato?
¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos que requieren liquidación, caduca en dos años contados desde la firma del acta de liquidación?
¿Los documentos en copia simple y los documentos públicos tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón
Sentencia — Sentencia
2022-07-19
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 76001233100020030197401
ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de la cuantía? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias sobre contratos celebrados por entidades estatales, aunque el contrato se rija por el derecho privado, y el Consejo de Estado es competente en segunda instancia cuando la cuantía de la demanda supera el límite de la doble instancia. La regla se apoya en tres razones. Primera, la entidad demandada ostenta la calidad de entidad estatal en los términos del artículo 52 del Decreto 2171 de 1992, en concordancia con el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, por lo que la jurisdicción es la competente. Segunda, el artículo 6 del Decreto 197 de 1999 somete el negocio al derecho privado, pero ese régimen no altera la competencia de la jurisdicción. Tercera, la cuantía de las pretensiones superó los 500 salarios mínimos legales mensuales de 2003, año de presentación de la demanda, según los artículos 129, 132 numeral 5 y 181 del Código Contencioso Administrativo. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que la apelación de la parte demandada es resuelta por el Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:
¿Es procedente la acción de controversias contractuales para solicitar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato estatal?
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia desde el día siguiente a la liquidación del contrato?
¿El contrato de obra pública bajo el sistema de precios unitarios celebrado entre las partes está regido por el derecho privado?