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NATURALEZA DEL CONTRATO ESTATAL

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Consejo de Estado Providencia

¿Debe admitirse el recurso extraordinario de anulación interpuesto por la Previsora S.A. compañía de seguros en contra del laudo arbitral proferido el 27 de septiembre de 2024, en consideración a la competencia del Consejo de Estado para conocerlo en única instancia, dada la naturaleza estatal del contrato de seguro y, verificados los requisitos de oportunidad y de forma establecidos en el artículo 40 del Estatuto de Arbitraje Nacional?

Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación 2025-02-19 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 11001032600020250000600 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Debe admitirse el recurso extraordinario de anulación interpuesto por la Previsora S.A. compañía de seguros en contra del laudo arbitral proferido el 27 de septiembre de 2024, en consideración a la competencia del Consejo de Estado para conocerlo en única instancia, dada la naturaleza estatal del contrato de seguro y, verificados los requisitos de oportunidad y de forma establecidos en el artículo 40 del Estatuto de Arbitraje Nacional? Sí
Decide el Despacho sobre la admisión del recurso extraordinario de anulación interpuesto por la Previsora S.A compañía de seguros, en contra del laudo arbitral proferido el 27 de septiembre de 2024, por el Tribunal de Arbitramento que sesionó en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, constituido para dirimir las controversias surgidas en el marco del Contrato de seguro de infidelidad de riesgos financieros contenidos en la Póliza 10010671.… De conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 1563 de 2012, la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer, en única instancia…
ADMITE
Consejo de Estado Providencia

La declaración de nulidad de los actos administrativos abre paso a las súplicas económicas de restablecimiento del derecho consecuenciales.

Sentencia — Sentencia 2026-07-15 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000232600020090106902 ACCION CONTRACTUAL
¿La declarada nulidad de los actos administrativos abre paso a las súplicas económicas de restablecimiento del derecho del apelante? Sí
El demandante solicita el restablecimiento del derecho y el reintegro de dineros pagados tras obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos sancionatorios. La parte apelante fundamenta su inconformidad en que la declarada nulidad de los actos administrativos abre paso a las súplicas económicas de restablecimiento del derecho consecuenciales a esta. La sociedad aseguradora pretendió, además de la nulidad de la multa, el restablecimiento del derecho consistente en que se declare que no estaba obligada a pagarlas y, en caso de haber pagado le sea reintegrado el monto. En ese contexto, la sentencia que dispuso la nulidad de los actos administrativos de imposición de multas tiene efectos erga omnes en los términos del artículo 189 del CPACA, aunque se examinan las renuncias y exclusiones específicas de los consorciados para confirmar la decisión apelada.síntesis automática
También resuelve: ¿Se puede establecer que la aquí demandante asumió el valor de la multa impuesta mediante los actos administrativos anulados? ¿En forma previa al perfeccionamiento de la cesión del contrato, se suscribió el acta de acuerdo, que incluyó renuncia a reclamaciones económicas por parte del cedente? ¿El consorcio cedente renunció a cualquier reclamación económica en contra del IDU, razón que impone confirmar la sentencia apelada?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Vulnera el contrato la imposición de un descuento por parte de la interventoría sin contar con la autorización expresa del contratista, cuando así lo exige una cláusula contractual.

Sentencia — Sentencia 2025-06-03 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020170238901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Vulnera el contrato la imposición de un descuento por parte de la interventoría sin contar con la autorización expresa del contratista, cuando así lo exige una cláusula contractual? Sí
El contratista no puede ser objeto de un descuento impuesto por la interventoría sin su autorización expresa, conforme a lo pactado en la cláusula contractual, ya que esto viola el principio de pacta sunt servanda y la buena fe objetiva en la relación contractual. La interventoría no puede alterar unilateralmente el contenido y alcance de las cláusulas del contrato, especialmente cuando se trata de deducciones que no cuentan con sustento normativo, jurídico ni contractual. La Sala modifica la interpretación anterior, reforzando la necesidad de que cualquier actuación que requiera autorización previa sea respetada para evitar violaciones al contrato y a los principios de buena fe y pacta sunt servanda, lo que implica que las entidades estatales deben cumplir rigurosamente con los términos acordados en los contratos.síntesis automática
También resuelve: ¿Vulnera el contrato y la buena fe objetiva la actuación de la interventoría que impone un descuento sin aceptación del contratista, cuando así lo exige una cláusula contractual? ¿Constituye una obligación legal ejecutar los contratos conforme a lo pactado y de buena fe, incluyendo lo que emane de la naturaleza de la obligación? ¿Vulnera el principio de congruencia una sentencia de primera instancia que omite pronunciarse sobre una pretensión expresamente solicitada en la demanda?
MODIFICA
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Forma de pago: de acuerdo con el dictamen pericial, los valores ejecutados efectivamente por el contratista corresponden a la suma de $808.043.640,83

85001233300120150031900 de 2025 2026-02-02 Rad. 85001233300120150031900
El contratista puede incluir costos directos en su propuesta para un contrato de prestación de servicios, siempre y cuando la naturaleza del contrato no sea de consultoría, sino de apoyo a la gestión, lo cual permite la inclusión de costos directos y honorarios profesionales. Esta interpretación se basa en la distinción entre contratos de consultoría y de prestación de servicios, donde los segundos permiten cláusulas excepcionales y caducidad, mientras que los primeros no. La Sala reitera la importancia de la naturaleza del contrato para determinar la legalidad de las cláusulas pactadas y la forma de pago, y matiza la interpretación de la relación laboral del personal vinculado al proyecto, confirmando que los honorarios indican una relación independiente y no laboral. Esta decisión tiene implicaciones prácticas para la contratación estatal, permitiendo mayor flexibilidad en la inclusión de costos directos y honorarios en contratos de prestación de servicios, siempre que no se trate de consultoría.síntesis automática
También resuelve: Naturaleza del contrato estatal: contrato de prestación de servicios, contrato de prestación de simple apoyo a la gestión, supervisión del contrato estatal Propuesta: inclusión de costos directos, precio total de la interventoría, forma de pago, presentación de actas parciales Estudios previos: posibilidad del proponente de vincular el personal a través de contratos laborales o de prestación de servicios, inexistencia de incumplimiento del contratista en la forma de vinculación del personal
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los recursos extraordinarios de anulación

Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación 2025-02-10 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 11001032600020240007600 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los recursos extraordinarios de anulación contra laudos arbitrales, proferidos en virtud de controversias contractuales en las que son parte entidades públicas? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso extraordinario de anulación contra laudos arbitrales proferidos en virtud de controversias contractuales en las que participan entidades públicas, conforme al numeral 7º del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 y el inciso 3º del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012. Este recurso debe presentarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación del laudo o de la providencia que resuelva sobre su aclaración, corrección o adición, según lo establecido en el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012. El Consejo de Estado admite el recurso si se cumplen los requisitos de oportunidad y sustentación de la causal invocada, mientras que rechaza el recurso si es interpuesto fuera del plazo legal, como ocurrió en el caso de EMCALI, que presentó su recurso después del término legal. Esto implica que los contratistas deben cumplir rigurosamente con los plazos legales para interponer recursos de anulación contra laudos arbitrales.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede la admisión del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral, interpuesto por COMCEL, al haber cumplido los presupuestos de oportunidad y sustentación de la causal invocada? ¿El recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral interpuesto por EMCALI debe ser rechazado por extemporáneo, al haber sido interpuesto luego de transcurridos treinta días hábiles desde… ¿Procede la suspensión del cumplimiento del laudo arbitral, al haberse cumplido el presupuesto de condena contra la entidad pública que solicita dicha suspensión?
ADMITE
Consejo de Estado Providencia

No es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las controversias contractuales

Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente 2025-05-07 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000233600020150125001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las controversias contractuales cuando la entidad pública actúa en el marco del derecho privado y en desarrollo del giro ordinario de una entidad financiera estatal? No
El contratista no puede acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para resolver controversias contractuales cuando la entidad financiera pública actúa en el marco del derecho privado y en el desarrollo de su giro ordinario, ya que la competencia para conocer de estos asuntos corresponde a la jurisdicción ordinaria según establece el artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esta regla se fundamenta en que las entidades financieras públicas como FONADE (hoy ENTERRITORIO) tienen una naturaleza jurídica específica que las rige bajo el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, lo que incluye funciones y actividades que se consideran parte del giro ordinario de sus negocios. La Sala reitera que la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa se limita a los actos y contratos que no sean parte del giro ordinario de las entidades financieras públicas, lo que implica que las controversias relacionadas con actividades financieras ordinarias deben ser resueltas por la jurisdicción ordinaria.síntesis automática
También resuelve: ¿Está excluido FONADE (hoy ENTERRITORIO), como empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero, de la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando actúa en… ¿Debe aplicarse la excepción de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando la controversia contractual se relaciona con actividades comprendidas dentro del giro ordinario… ¿Debe excluirse de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa una controversia contractual relacionada con funciones propias del giro ordinario de una entidad financiera pública…
DECLARA FALTA DE JURISDICCION
Consejo de Estado Providencia

La entidad pública demandada estaba habilitada para liquidar de manera unilateral el contrato

Sentencia — Sentencia 2023-12-01 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 44001233100020020058501 ACCION CONTRACTUAL
¿La entidad pública demandada estaba habilitada para liquidar de manera unilateral el contrato, al haber operado la terminación del contrato conforme a la cláusula sexta del mismo? Sí
La entidad estatal está habilitada para liquidar unilateralmente el contrato cuando no existe acuerdo entre las partes sobre la liquidación y la terminación ha operado por una causal pactada en el contrato, conforme al artículo 61 de la Ley 80 de 1993. Una razón es que la falta del mínimo de usuarios y la correspondiente acta de compromiso eran causas suficientes para la terminación según la cláusula sexta, de modo que la resolución no fue un motivo falso que viciara el acto. Otra razón es que aunque la entidad invitó en varias oportunidades a liquidar bilateralmente, el contratista se opuso y pidió la conformación de un comité de conciliación para controvertir la terminación, mientras la entidad rechazó esa solicitud, de manera que no existió acuerdo sobre la liquidación. En el caso, el contratista sostenía que la liquidación era improcedente y debía continuarse con la construcción, por lo que la entidad podía liquidar por resolución. La Sala revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones de nulidad. Su consecuencia práctica es que la falta de acuerdo sobre la liquidación habilita a la entidad para liquidar unilateralmente.síntesis automática
También resuelve: ¿Los contratos de adecuación de tierras son un instrumento estatal que suscribe el Instituto Nacional de Tierras y asociaciones de usuarios con entidades públicas o privadas, previamente autorizadas… ¿Las partes pactaron que si la ejecución del proyecto de adecuación de tierras San Juan del Cesar, no lograba pasar a la tercera etapa de construcción… ¿La terminación automática del contrato era procedente al no cumplirse las condiciones previstas para el inicio de la etapa tres de construcción…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

¿El ICBF efectuó el cálculo de la remuneración del contratista con apego a la norma vigente y aplicó correctamente sus reglas sobre porcentajes escalonados?

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001233100020030306001 ACCION CONTRACTUAL
¿El ICBF efectuó el cálculo de la remuneración del contratista con apego a la norma vigente y aplicó correctamente sus reglas sobre porcentajes escalonados? Sí
La remuneración del contratista se liquida conforme a la norma vigente al momento de celebrarse el pacto, y que la entidad que la paga con esa norma y aplica bien sus porcentajes escalonados no incumple el contrato. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la norma aplicable al momento de celebración era el artículo 4 del Decreto 3421 de 1986 y no el artículo 107 del Decreto 2388 de 1979, invocado por la demandante. Segunda, el reconocimiento económico fue liquidado y efectivamente pagado con arreglo a esa norma, y las reglas sobre porcentajes escalonados se aplicaron correctamente. Tercera, al no constatarse incumplimiento de la entidad contratante, no procede la condena a perjuicios patrimoniales ni extrapatrimoniales ni la nulidad parcial del acto de liquidación. La providencia revoca la sentencia de primera instancia y desestima las pretensiones. La consecuencia práctica es que la liquidación de la remuneración debe verificarse con la norma vigente al celebrarse el contrato, y no con una posterior o anterior invocada por el contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿Hay lugar a condenar al pago de la indemnización de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales pretendidos? ¿La retribución convenida se supeditó a un porcentaje determinable a partir de la ley aplicable para el momento de la celebración del contrato? ¿La responsabilidad contractual es el deber del agente dañador del pago de los perjuicios que haya sufrido su cocontratante por efecto de la desatención obligacional?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No le era exigible al demandado la obligación postcontractual de mantener la vigencia de los amparos posteriores

Sentencia — Sentencia 2025-04-04 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 15001233300020150073101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Le era exigible al demandado la obligación postcontractual de mantener la vigencia de los amparos posteriores a la terminación del contrato? No
La obligación de mantener vigentes los amparos posteriores a la terminación del contrato no es exigible al contratista cuando la cobertura se extingue por la toma de posesión y liquidación de la aseguradora, si no obra constancia de que el contratista fue informado por los medios legalmente establecidos de la terminación del contrato de seguro. En ese supuesto, la insatisfacción del interés de la entidad estatal en mantener el riesgo de estabilidad y calidad de la obra no constituye un incumplimiento imputable al contratista, porque se trata de un acontecimiento extraño que impide atribuirle el desamparo a su hecho o culpa. El régimen de los contratos de seguro terminados por la toma de posesión de la aseguradora prevé la devolución al tomador del porcentaje no devengado de la prima. En el caso concreto, no obra constancia de que el consorcio constructor hubiera sido informado de la terminación del seguro y no se probó que se le devolviera la prima no devengada, de modo que la sentencia fue confirmada. Como consecuencia práctica, la entidad que pretenda imputar al contratista el desamparo de la garantía postcontractual debe acreditar que este conoció la terminación del amparo o que recibió la prima no devengada.síntesis automática
También resuelve: ¿Atendiendo que no se configuró el incumplimiento contractual reprochado al consorcio constructor, es improcedente pronunciarse sobre la indemnización de perjuicios solicitada en la demanda? ¿El esquema general del proceso de contratación estatal se desarrolla a través de las fases precontractual, contractual y postcontractual? ¿Una de las obligaciones a cargo del contratista, es el amparo de la calidad y estabilidad cuya cobertura inicia desde la entrega a satisfacción de las obras, hasta el término acordado ex post?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La Sala resolverá el recurso de apelación interpuesto por la entidad territorial

Sentencia — Sentencia 2025-05-19 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 17001233300020230004301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 5 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas , cumple con todos los presupuestos procesales? Sí
El recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 5 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas cumple con todos los presupuestos procesales, incluyendo la jurisdicción, competencia, ejercicio oportuno de la acción y legitimación en la causa, lo que permite a la Sala resolver el recurso presentado por la entidad territorial, el consorcio demandado y la aseguradora llamada en garantía. Además, la Sala confirma que la interventoría es obligatoria en los contratos de obra celebrados como resultado de un proceso licitatorio y debe estar a cargo de una persona independiente de la entidad contratante, según lo establecido en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011, y que la sentencia de primera instancia no vulneró el principio de congruencia al no analizar obligaciones contractuales no cuestionadas en la demanda, lo que implica que la entidad estatal debe asegurar el cumplimiento de las obligaciones del interventor en relación con el seguimiento y control de los contratos de obra.síntesis automática
También resuelve: ¿La interventoría es obligatoria en los contratos de obra celebrados como resultado de un proceso licitatorio, y debe estar a cargo de una persona independiente de la entidad contratante? ¿Con la sentencia de primera instancia se vulneró el principio de congruencia, al referirse a obligaciones contractuales no cuestionadas en la demanda? ¿Las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Procede la nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato expedido por el municipio, al recalcular el valor de las facturas del servicio de alumbrado público, sin antes acudir a un tercero para dirimir las controversias surgidas con ocasión de los cobros realizados por Codensa, conforme a lo estipulado en el contrato.

Sentencia — Sentencia 2024-05-20 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020180053501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede la nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato expedido por el municipio, al recalcular el valor de las facturas del servicio de alumbrado público, sin antes acudir a un tercero para dirimir las controversias surgidas con ocasión de los cobros realizados por Codensa, conforme a lo estipulado en el contrato? Sí
La entidad estatal que, durante la ejecución de un contrato, acepta y paga las facturas emitidas por el contratista no puede liquidar unilateralmente el contrato para recalcularlas y desconocer los efectos legales y convencionales del pago, pues debe reprochar los cobros en las etapas previas a la liquidación o acudir al juez si estima que hubo un pago de lo no debido. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, las reglas negociales reconocieron la posibilidad de discrepancias sobre los montos facturados y previeron mecanismos para resolverlas, incluida la intervención de terceros, de modo que la entidad debía activarlos en lugar de limitarse a pagar. Segundo, si consideraba que el contratista incumplió los términos del contrato, debió buscar esa declaración en las etapas previas a la liquidación. Tercero, si su conclusión era que se efectuó un pago de lo no debido, debió acudir al juez para que así lo declarara. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara probado el cargo de nulidad de los actos de liquidación unilateral; en la práctica, la entidad que no reprocha las facturas oportunamente pierde la vía de la liquidación unilateral para revisarlas.síntesis automática
También resuelve: ¿El negocio jurídico celebrado entre el Municipio y Codensa, se trató de un contrato administrativo, en el que el primero se obligó a pagar las facturas por el servicio de energía eléctrica destinada… ¿Aunque existe conexidad entre el servicio de alumbrado público y el domiciliario de energía eléctrica, entre uno y otro existen marcadas diferencias que se ven reflejadas, principalmente… ¿El legislador estableció mecanismos de protección y defensa a favor de los usuarios de servicios públicos domiciliarios, para equilibrar la relación negocial entre el suscriptor y la empresa de…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Un contrato estatal cuyo objeto consiste en realizar apoyo a la supervisión mantiene su naturaleza de prestación de servicios profesionales conforme al artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 aun cuando incluya cláusulas excepcionales.

Sentencia — Sentencia 2025-11-25 Sección Tercera (Subsección A) MARÍA ADRIANA MARÍN Rad. 85001233300020150031901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El contrato n.° 909 de 2011 celebrado por el Departamento tuvo naturaleza de contrato de prestación de servicios profesionales como apoyo a la supervisión del contrato de interventoría n.° 150 de 2011, conforme a lo previsto en el inciso 2º del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, pese a incluir cláusulas excepcionales reguladas en la Ley 80 de 1993? Sí
El contratista de prestación de servicios profesionales asume actividades de apoyo a la gestión o supervisión contractual bajo las previsiones legales vigentes que regulan dicha modalidad negocial. En el caso analizado, la Sala examina el contrato n.° 909 de 2011 celebrado por el Departamento cuyo objeto principal fue realizar la supervisión al contrato de interventoría n.° 150 del 8 de febrero de 2011, destinado a la infraestructura educativa departamental, advirtiendo que a pesar de haberse pactado la caducidad y las cláusulas excepcionales previstas en los artículos 14 a 17 de la Ley 80 de 1993, las cuales resultan potestativas en los contratos de prestación de servicios profesionales conforme al artículo 14 de la citada ley, la providencia revoca la decisión anterior para precisar adecuadamente la naturaleza jurídica de la vinculación contractual.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede la Sala pronunciarse sobre el pago del acta parcial n.° 3, los sobrecostos por prórrogas y el reconocimiento del precio total pactado cuando el recurso de apelación no controvirtió las razones… ¿La incorporación del factor multiplicador en la propuesta económica imponía al contratista la obligación de vincular al personal mediante contratos laborales? ¿El contratista puede exigir el pago total del valor pactado en el contrato cuando la forma de pago se condicionó al avance de las obras…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El recurso extraordinario de anulación tiene por objeto única y exclusivamente el estudio de posibles errores procesales

Sentencia — Sentencia 2023-06-28 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 11001032600020220019600 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El recurso extraordinario de anulación tiene por objeto única y exclusivamente el estudio de posibles errores procesales? Sí
El recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral tiene por objeto únicamente el estudio de posibles errores procesales, de modo que no permite revisar los criterios, las valoraciones probatorias ni las interpretaciones que el tribunal arbitral hizo de la materia controvertida. La regla se apoya en el inciso final del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012, que margina expresamente esos aspectos del alcance del recurso. Además, el cargo que reprocha la motivación con que el tribunal resolvió un punto de la controversia desnaturaliza la finalidad de la anulación y no puede prosperar por esa vía. En el asunto, el cargo planteaba un reproche a la motivación del tribunal, y la Sala lo despachó desfavorablemente y no encontró configurada la causal del numeral 2 del artículo 41. En la práctica, las críticas de fondo al laudo deben formularse por la vía que la ley ofrece para ellas y no por el recurso de anulación.síntesis automática
También resuelve: ¿Como a juicio de la convocante, la demanda se presentó oportunamente, resulta claro que este punto no podrá ser objeto de análisis en sede del recurso de anulación por considerarse como un vicio in… ¿La causal de anulación por la caducidad de la acción fue instituida con el fin de garantizar la seguridad jurídica en cabeza de las partes del litigio? ¿En opinión del recurrente, la visita buscaba determinar si el contratista cumplió con la totalidad de las observaciones formuladas por el municipio de Garagoa frente a la entrega de la obra?
INFUNDADO
Consejo de Estado Providencia

No se probaron las mayores cantidades de obra

Sentencia — Sentencia 2024-11-18 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000233600020130068501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se probaron las mayores cantidades de obra? No
El reconocimiento de mayores cantidades de obra en un contrato a precios unitarios exige prueba que dé certeza de la reclamación, de su efectiva realización y de su cuantificación. La ausencia de salvedades en el acta de prórroga no equivale por sí sola a una renuncia tácita, según la nota de relatoría que cita la providencia, pues esa tesis se considera superada. Lo determinante es si la prórroga incluyó expresamente las obras reclamadas, y cuando el documento no lo aclara y no hay medios que permitan confirmarlo o negarlo, la reclamación no prospera. Esta falta de prueba se extiende a la ejecución y a la cuantificación de las obras, lo que impide acceder a la pretensión. En el caso concreto, el reclamo sobre la modificación de unos baños no fue probado y el rechazo fue confirmado. El documento describe la renuncia tácita como posición superada, de modo que la regla matiza el criterio anterior sin alterar la carga probatoria del contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿Se contó con el concepto favorable del Comité de Contratación, dando cumplimiento con el procedimiento señalado en el manual de contratación? ¿No puede afirmarse que los problemas de los estudios fueran los determinantes del incumplimiento que se le imputó al contratista? ¿El tiempo adicional otorgado no supuso una ampliación del plazo sino solamente que las obras debían cumplirse aun cuando fuera de manera extemporánea?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se confirmará la sentencia de primera instancia

Sentencia — Sentencia 2024-09-27 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020200034201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Ser probó la existencia de un vicio redhibitorio habilitante para reclamar perjuicios? Sí
El contratista puede reclamar perjuicios por la existencia de un vicio redhibitorio si demuestra que el defecto era oculto y no evidente a partir de la inspección del bien y su documentación, y que la entidad estatal, por su especialidad y experticia, debía conocerlo pero no lo hizo constar en el pliego de condiciones. La regla establece que el tradente debe manifestar todo vicio que conozca o deba conocer del bien en razón de su profesión u oficio, lo que implica que la entidad estatal incumplió su deber de buena fe al no advertir el defecto presente en el bien al momento de la celebración del contrato. Esta decisión reitera y matiza la responsabilidad del tradente en la identificación y manifestación de vicios ocultos, lo que implica que las entidades estatales deben ser más diligentes en la verificación y documentación de las características del bien antes de la adjudicación del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Es deber de conducta del tradente manifestar todo vicio que conozca o deba conocer del bien en razón de su profesión u oficio? ¿Los vicios redhibitorios son aquellos existentes pero ocultos para el adquirente, quien sin negligencia grave no tuvo como advertirlos? ¿La demandada discute su responsabilidad frente a los vicios encontrados posteriormente en el bien y su saneamiento, en tanto afirma que este se entregó en las mismas condiciones en que fue conocido…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en única instancia

Sentencia — Sentencia 2025-05-30 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 11001032600020250002800 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en única instancia? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de la nulidad de un laudo arbitral que define un conflicto relativo a un contrato celebrado por una entidad pública, conforme al inciso tercero del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 y al numeral 7 del artículo 104 del CPACA. La regla se apoya en que la controversia versa sobre un contrato en el que interviene una entidad pública, en este caso a través de un patrimonio autónomo constituido por un fideicomiso en el que participa un ministerio, y en que la competencia para la anulación se atribuye a esta jurisdicción en única instancia. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el recurso de anulación contra un laudo que resuelve controversias de contratos con participación estatal se tramita ante el Consejo de Estado en única instancia, y el fundamento de la competencia debe verificarse en la naturaleza pública de las partes.síntesis automática
También resuelve: ¿Están legitimados para recurrir en el trámite arbitral el Consorcio Sedes Educativas, como parte convocada, y el patrimonio autónomo PA FFIE, como opositor y convocante? ¿Se considera oportuno el recurso interpuesto dentro de los 30 días hábiles contados desde la notificación del auto que resolvió solicitudes de aclaración y adición contra el laudo arbitral? ¿El recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral exige para su procedencia que se haya incurrido en alguna de las causales taxativamente enlistadas en la Ley 1563 de 2012?
INFUNDADO
Consejo de Estado Providencia

La caducidad no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y debe ser declarada de oficio por el juez.

Sentencia — Sentencia 2025-06-18 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 15001233300020190001701 LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Puede un juez declarar de oficio la caducidad del medio de control cuando esta se encuentra probada, sin que medie solicitud de parte? Sí
El juez declara de oficio la caducidad del medio de control cuando esta se encuentra probada en el proceso, por tratarse de un mecanismo irrenunciable de seguridad jurídica. La caducidad es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe considerarse de manera separada el término de caducidad para las pretensiones de nulidad de un contrato estatal y de los actos administrativos que lo declaran terminado anticipadamente? ¿Opera la caducidad respecto de la acción de nulidad absoluta de una cláusula contractual cuando el supuesto vicio era conocido desde el perfeccionamiento del contrato y la demanda se presentó por… ¿La demanda presentada fue radicada dentro del término de caducidad respecto de los actos administrativos impugnados?
MODIFICA
Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

No se debe acceder a la pretensión de ordenar el pago porcentual de la cláusula penal porque eso convertiría a la etapa de apelación en una oportunidad para adicionar la demanda y confeccionar de nuevo las pretensiones negadas.

Decisión disciplinaria — LIQUIDACION UNILATERAL DEL CONTRATO 2025-10-14 PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA
El valor del contrato fue $1.788’665.731 y se firmó la interventoría N° 2282 de 2018 para su vigilancia. Precisó que el contrato N° 2270 de 2018, estuvo vigente hasta el 20 de enero de 2020, que los cuatro meses para la liquidación bilateral vencieron el 21 de mayo de 2020 y que los 2 meses de la liquidación unilateral transcurrieron hasta el 21 de julio de 2020. Reiteró que al momento de presentar la demanda el municipio de Providencia y Santa Catalina tenía competencia para liquidar unilateralmente el contrato, por ello, no podía despojarse de esa atribución, dado que las prerrogativas públicas en tanto obligaciones y responsabilidad de las entidades públicas son irrenunciables, motivo por el cual no es procedente acceder a la solicitud de liquidar judicialmente el negocio jurídico. El apelante cuestionó la decisión de la primera instancia respecto de la negativa a la petición de efectuar una liquidación unilateral del contrato.
También resuelve: Ministerio público en intervención ante el consejo de estado: Solicita confirmar el fallo de primera instancia al considerarse conclusiones contra el Municipio de Providencia y Santa Catalina respecto a controversias contractuales ajustadas a derecho Daño inmaterial: No puede presumirse ni basarse en conjeturas; el municipio no acreditó técnicamente una lesión real, cierta y verificable Daño inmaterial: No se demostró cuantificación del supuesto detrimento a la imagen institucional ni soporte documental del perjuicio alegado
Consejo de Estado Providencia

El apelante no explicó cuáles sobrecostos no se podían entender negociados en las actas de acuerdo

Sentencia — Sentencia 2024-06-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 50001233100020024022701 ACCION CONTRACTUAL
¿La fuerza obligatoria de los acuerdos celebrados por el actor y el deber de no contravenir sus alcances, mas no el deber de condicionar su consentimiento mediante salvedades, es el motivo esencial por el cual en este caso el demandante no puede exigir el pago de los perjuicios reclamados, en tanto acordó libremente la incidencia y los efectos de los hechos que los sustentan, en las actas 1, 2 y 3 de 1998, 4 de 1999 y 5 de 2000, sin que hubiese afirmado la existencia de vicio alguno en su aquiescencia? Sí
Cuando el contratista celebra acuerdos adicionales, actas de suspensión, prórroga o liquidación sin formular salvedades y sin alegar vicio en su consentimiento, no puede luego reclamar perjuicios por el desequilibrio económico que esos mismos acuerdos asumieron. La regla se sostiene en tres razones: la fuerza obligatoria de los acuerdos celebrados libremente impide contravenir sus alcances; la buena fe objetiva exige al contratista expresar oportunamente sus reclamos; y las modificaciones, adiciones y otrosíes posteriores forman parte del negocio y deben ser tenidos en cuenta por el juez. En el caso, las diferencias patrimoniales que el contratista reclamó fueron negociadas y transadas en actos adicionales al contrato de obra, por lo que se confirmó la negativa de las pretensiones. La providencia aclara que su fundamento principal no es el deber de formular salvedades, sino la existencia de esos negocios jurídicos adicionales; la consecuencia práctica es que el contratista debe revisar cada acta y otrosí antes de firmarlos.síntesis automática
También resuelve: ¿Son los elementos esenciales pactados y no sus designaciones nominativas las que esculpen la naturaleza de un contrato? ¿La buena fe en materia contractual adquiere una connotación objetiva que se bifurca en distintos sentidos y que abre paso a diversas reglas de conducta cuya finalidad esencial es la ejecución por… ¿Todo negocio jurídico impone el compromiso básico, esencial e irrenunciable para las partes de cumplir lo que en ellos se han prometido realizar…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El negocio jurídico se encuentra vigente a la presentación de la demanda cuando los aportes pactados no han sido satisfechos en su totalidad.

Sentencia — Sentencia 2026-01-30 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 05001233300020150145802 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿A la fecha de la presentación de la demanda, el negocio jurídico se encontraba vigente? Sí
El negocio jurídico celebrado entre entidades públicas se considera jurídicamente vigente para efectos del cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales cuando una de las partes obligadas no ha transferido o ejecutado la totalidad de los aportes económicos pactados. En este proceso relativo a un convenio interadministrativo, la Sala verifica que el plazo comenzó a regir bajo la normatividad anterior y que la presentación oportuna de la demanda dentro del término legal permite desestimar los argumentos ministeriales de caducidad, imponiendo el pago de agencias en derecho a favor de la entidad demandante a cargo de las entidades recurrentes vencidas.síntesis automática
También resuelve: ¿Los convenios interadministrativos deben regularse por sus propias estipulaciones, producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las entidades cooperantes? ¿El acuerdo de voluntades consistió en una unión de esfuerzos entre distintas entidades para concurrir al pago del pasivo prestacional del sector salud? ¿Con la declaratoria de nulidad parcial del decreto, el fundamento normativo para que la ESE participara en el acuerdo de voluntades no estaba vigente al momento de la celebración de este último?
CONFIRMA