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CADUCIDAD DE LA ACCIÓN,CONTRATO ESTATAL,CONTRATO DE COMPRAVENTA,IUS VARIANDI,NULIDAD DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN,DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – Controversias contractuales,Presentación de la demanda,Ruptura del equilibrio económico,Sobrecostos asumidos por el contratista,Noción del contrato de compraventa,Obligaciones,Ejecución de actividades,El desequilibrio económico no guar – Mes: julio – Año: 2018…
También resuelve:Caducidad: controversias contractuales, presentación de la demandaContrato estatal: contrato de compraventa, ruptura del equilibrio económico, sobrecostos asumidos por el contratistaContrato de compraventa: noción del contrato de compraventa, obligaciones, ejecución de actividades, el desequilibrio económico no guarda relación con la tipología contractual
MULTAS,ACTO ADMINISTRATIVO,EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO,IUS VARIANDI,CONTRATO DE COMPRAVENTA,INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL – Régimen jurídico,Potestad sancionatoria,Nulidad,Falta de competencia,Imposición de multas,Alcance,Rompimiento del equilibrio económico del contrato,Causas,Requisitos,Configuración,Potestad,Modificación unilateral del contrato – Mes: octubre – Año: 2017…
También resuelve:Contrato de compreventa: régimen jurídicoMultas: potestad sancionatoria, imposición, declaratoria unilateral, administraciónActo administrativo: nulidad, falta de competencia, imposición de multas
¿La sola variación del diseño durante la ejecución de un contrato es suficiente para dar por acreditados los defectos o deficiencias en la planeación y estructuración del proyecto? No
El contratista no puede alegar defectos en la planeación y estructuración del proyecto basándose únicamente en la variación del diseño durante la ejecución del contrato, ya que la Sala no encontró pruebas que demuestren dichos defectos ni incumplimiento por parte de la entidad estatal en su deber de planeación, y considera que la modificación de diseños es común en contratos de obra debido a la imposibilidad de prever todos los eventos que pueden surgir durante la ejecución. Además, la Sala confirma que el aumento en las cantidades de obra en un contrato a precios unitarios no constituye un reajuste o revisión del contrato, sino un alea normal, y que la parte demandante debe demostrar un riesgo extraordinario para reclamar un desequilibrio financiero, lo que no fue evidenciado en este caso. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la necesidad de pruebas concretas para acreditar defectos en la planeación y la imposibilidad de reajustar precios basándose únicamente en el aumento de cantidades de obra.síntesis automática
También resuelve:¿El recurrente no presentó reparos concretos en contra de los argumentos del Tribunal relacionados con la falta de pruebas sobre la configuración del desequilibrio económico?¿El aumento en las cantidades de obra en un contrato a precios unitarios es un alea normal del contrato?¿El riesgo de variación de fuentes de material era un riesgo que había sido asignado a la contratista y había expresamente sido aceptado por esta con la suscripción del contrato?
¿Es procedente la pretensión de enriquecimiento sin justa causa cuando el conflicto tiene su origen en un negocio jurídico perfeccionado y no en un hecho contractual o extracontractual? No
El contratista no puede invocar la acción de enriquecimiento sin justa causa cuando el conflicto tiene su origen en un negocio jurídico perfeccionado y no en un hecho contractual o extracontractual, ya que la controversia debe ser resuelta bajo la óptica contractual y no mediante la compensación por enriquecimiento sin causa, salvo en casos excepcionales donde la afectación del interesado carezca de razón jurídica contractual o extracontractual. La entidad estatal, en este caso, debe tramitar el litigio bajo las reglas de la reparación directa o del contrato, según corresponda, lo que implica que las pretensiones relacionadas con el enriquecimiento sin causa resultan improcedentes. La Sala reitera la jurisprudencia en este sentido, lo que limita la posibilidad de utilizar esta acción en casos de cumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Los argumentos del recurso de apelación delimitan el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia?¿Está sometida una empresa industrial y comercial del Estado al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en los contratos celebrados para el cumplimiento de su misión?¿Constituye la ausencia de salvedades en instrumentos contractuales modificatorios una renuncia automática del contratista a formular reclamaciones por desequilibrio económico?
¿Se reúnen los elementos del desequilibrio económico en el contrato de obra padecido por el Consorcio demandante, por la mayor permanencia con sobrecostos, que se produjo por pluviosidad, modificaciones técnicas, suspensiones por falta de recursos y mayores costos, pese a lo expresado u omitido por el contratista en las actas suscritas durante el desarrollo contractual? No
El desequilibrio económico del contrato de obra por causas exógenas no se configura cuando la alteración de la equivalencia prestacional no se prueba como grave, anormal, extraordinaria y completamente ajena al contratista, y cuando las modificaciones se pactaron de mutuo acuerdo. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, no existe un acto administrativo unilateral que haya alterado el contrato, pues las modificaciones fueron acordadas por las partes, lo que desplaza el análisis hacia la teoría de la imprevisión. Segunda, para que proceda esa teoría debe probarse el carácter exterior del hecho y que era razonablemente imposible prever su ocurrencia al suscribir el contrato. Tercera, el dictamen pericial sobre los mayores costos carece de solidez porque sus datos de partida no son firmes, de modo que el impacto económico resulta hipotético. La providencia confirma la negativa de las pretensiones, aunque sí reconoce que las causas de las variaciones de plazo están probadas. La consecuencia práctica es que el contratista que reclama el restablecimiento debe acreditar con datos precisos el sobrecosto causado por esas causas, y no basta con las suspensiones o la pluviosidad.síntesis automática
También resuelve:¿Las partes del proceso aportaron los elementos suficientes para realizar la liquidación judicial del contrato de obra?¿Conforme a la norma procesal aplicable, para los contratos sometidos a liquidación y en los que las partes o la administración no adelantan la liquidación…
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El contratista puede interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado en segunda instancia por controversias contractuales cuando la cuantía de la pretensión supera el límite establecido en el artículo 132.5 del Código Contencioso Administrativo. En este caso, la entidad estatal negó las pretensiones del contratista, pero el Consejo de Estado confirmó su competencia para conocer del asunto en razón de la cuantía, según lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil. La Sala estableció que la jurisdicción administrativa es competente para resolver controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, conforme al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006. Esta decisión reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para casos de controversias contractuales de gran cuantía, lo que implica que los contratistas pueden recurrir a esta instancia para resolver disputas de alto valor económico.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es un contrato?¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos liquidados de común acuerdo caduca en dos años contados desde la firma del acta?¿Se configuró la excepción de inepta demanda?
¿Se probó la alteración grave de la ecuación económica contractual y fue antijurídica la conducta de la entidad demandada? No
La alteración grave del equilibrio económico del contrato debe probarse por quien la alega, y el simple incremento de un tributo no basta para acoger las pretensiones económicas del contratista. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el gravamen de la estampilla alcanzaba a los documentos de cobro de obligaciones a cargo de la empresa pública, por lo que no hubo aplicación retroactiva del acuerdo municipal que lo creó. La segunda es que el contratista no allegó la propuesta económica del contrato ni otra prueba que permitiera concluir que el cobro adicional alteró gravemente el equilibrio o lo dejó en pérdida. En consecuencia, se negaron las pretensiones de la demanda por falta de prueba del desequilibrio y de la conducta antijurídica de la entidad. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que el contratista no obtiene la compensación reclamada por el tributo.síntesis automática
También resuelve:¿La sociedad contratista acreditó la alteración grave del equilibrio financiero del contrato?¿Se acreditó el desequilibrio económico del contrato?¿Fue antijurídica la conducta de Metro Cali SA de aplicar el acuerdo del Concejo Municipal?
¿Se configura el ejercicio del ius variandi previsto en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 cuando no se acredita un acto administrativo de modificación unilateral del contrato estatal, sino una instrucción de la entidad comunicada por el contratista, y la inclusión y exclusión de tramos de obra se formaliza mediante un acuerdo suscrito por las partes? No
No se configura el ius variandi del artículo 16 de la Ley 80 de 1993 cuando no existe un acto administrativo de modificación unilateral del contrato estatal, sino una comunicación del contratista que relata una instrucción de la entidad, y la inclusión y exclusión de tramos de obra se formaliza mediante un acuerdo suscrito por las partes. La regla se sostiene en tres razones: la facultad de modificación unilateral exige un acto administrativo expedido por la entidad en los términos del artículo 16; la comunicación emanada del contratista, que da cuenta de una instrucción, no reúne esa condición; y los ajustes de tramos y de cronograma, al ser objeto de acuerdo entre las partes, constituyen una modificación bilateral del contrato y no un ejercicio de potestades excepcionales. Así, el reclamo fundado en una modificación unilateral debe demostrarse con el acto que la contenga, pues la sola afirmación de falencias en planos o diseños no basta. La providencia de primera instancia se confirma.síntesis automática
También resuelve:¿La estipulación expresa, contenida en dos prórrogas contractuales, de que la ampliación del plazo no generaría costos adicionales para la entidad…¿Procede incluir en la liquidación judicial del contrato las cantidades de obra que el contratista afirma pendientes de pago, cuando no identifica qué cantidades…¿Son suficientes los memorandos internos sobre trámites de cierre pendientes y los anexos elaborados unilateralmente por la entidad estatal para acreditar el pago de obras no ejecutadas por el…
¿Cuáles son los presupuestos para determinar la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia en procesos de controversias contractuales? Sí
El contratista y la entidad estatal deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 para que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tenga competencia en controversias contractuales, incluyendo la cuantía del monto en disputa y la naturaleza de la entidad estatal. Además, el cómputo del término de caducidad para el medio de control de controversias contractuales se determina según el plazo de ejecución del contrato y la liquidación, con la posibilidad de interrupción por solicitudes de conciliación extrajudicial. La diferencia entre el desequilibrio económico del contrato y el incumplimiento contractual radica en que el primero se refiere a la alteración de las condiciones económicas pactadas debido a factores externos o acciones legítimas de la administración, mientras que el segundo implica la inobservancia de las obligaciones contractuales, lo cual puede dar lugar a responsabilidades distintas. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para estos casos y establece claramente los plazos y requisitos legales para el ejercicio de los medios de control contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando se demanda un supuesto de incumplimiento y/o desequilibrio económico…¿Cuál es la diferencia entre el desequilibrio económico del contrato y el incumplimiento contractual y cuáles son los presupuestos de cada uno?¿Cuáles son los presupuestos para determinar la naturaleza y la tipología del contrato y cómo se determina el objeto contractual?
¿Es procedente el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de consultoría celebrado entre los extremos del proceso, por mayor permanencia, pese a que las prórrogas fueron suscritas por la contratista demandante sin objeción alguna? No
La suscripción de prórrogas sin salvedades no impide al juez estudiar la reclamación de restablecimiento del equilibrio económico por mayor permanencia, pero esa reclamación solo prospera si se acredita la existencia de sobrecostos. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la prórroga de un contrato de interventoría puede ajustar su valor sin que se aplique el límite del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, pero la norma no excluye la autonomía de la voluntad que origina el acuerdo. Segunda, el juez debe desentrañar, en cada caso, el alcance del acuerdo de las partes según las reglas de interpretación de los contratos y la ejecución de buena fe. Tercera, en el expediente no existe prueba de los sobrecostos que justifiquen el restablecimiento. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que el consultor o interventor que pretenda el restablecimiento por mayor permanencia debe probar los sobrecostos, incluso si las prórrogas fueron suscritas sin objeción.síntesis automática
También resuelve:¿La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra un fallo del Tribunal Administrativo proferido en el marco del medio de control contencioso administrativo de…¿El medio de control de controversias contractuales se ejerció dentro del término previsto por la ley?¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia contra la parte vencida en el proceso?
¿El incumplimiento contractual y el rompimiento del equilibrio económico del contrato generan una afectación económica al contratista cuyas fuentes y consecuencias son diferentes? Sí
El contratista puede demandar a la entidad estatal por incumplimiento contractual o por la ruptura del equilibrio económico del contrato, dependiendo de la fuente y las consecuencias de la afectación económica sufrida. La primera opción implica la inobservancia de las obligaciones pactadas, mientras que la segunda se refiere a factores externos o decisiones de la administración que alteran las condiciones del contrato. En este caso, la entidad estatal no ajustó los precios de las obras ejecutadas por el contratista, a pesar de la existencia de cláusulas ambiguas en el contrato y en el pliego de condiciones que permitían el ajuste de precios. La Sala concluyó que la entidad incumplió el contrato al no aplicar el ajuste de precios según el ICCP del DANE, lo que implica que en casos similares, la entidad estatal debe cumplir con las disposiciones contractuales y legales para proteger los intereses del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Incumplió el departamento del Tolima el contrato 1183 de 2009 al no ajustar los precios de las obras ejecutadas por el contratista…¿Incumplió el departamento del Tolima el contrato 1183 de 2009 al haber calculado y pagado las actividades concernientes a la “conformación de la calzada existente” e “imprimación con asfalto…¿Se encuentra probado que la U.T. Cesva ejecutó obras adicionales previas para la reconstrucción de un muro que colapsó como consecuencia de un deslizamiento de tierra…
¿Si el incumplimiento es imputable al deudor y es la causa de un daño cierto, personal y directo, el acreedor tiene derecho a pedir la indemnización integral de los perjuicios? Sí
El incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputable al deudor y causante de un daño cierto, personal y directo, confiere al acreedor el derecho a solicitar la indemnización integral de los perjuicios. Este principio se fundamenta en el equilibrio económico del contrato estatal, que busca garantizar la continuidad del servicio público y los intereses generales. La responsabilidad contractual y el desequilibrio financiero del contrato estatal son conceptos distintos, con la primera orientada al derecho de crédito y la segunda al mantenimiento del servicio público. La variación de la causa petendi impide pronunciamiento de fondo, reiterando la importancia de la congruencia y la imparcialidad en el proceso judicial.síntesis automática
También resuelve:¿El equilibrio económico del contrato estatal se concreta en el derecho del contratista a que se mantenga la equivalencia entre derechos y obligaciones surgida al momento de proponer o contratar?¿El incumplimiento de obligaciones contractuales y el desequilibrio financiero del contrato estatal son diferentes?¿La variación de la causa petendi impide pronunciamiento de fondo?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El contratista puede interponer recurso de apelación ante el Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia, dado que el Consejo de Estado es competente para conocer estos recursos de acuerdo con el artículo 129 del Decreto Ley 1 de 1984, y su competencia también se fundamenta en la cuantía de la pretensión, conforme al artículo 20 numeral 2 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 132 numeral 8 del Decreto Ley 1 de 1984. La Sala reitera esta posición, lo que implica que los recursos de apelación contra sentencias de primera instancia serán conocidos por el Consejo de Estado siempre que se cumplan con los requisitos de competencia y cuantía establecidos en la normativa vigente.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la acción de controversias contractuales para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene del incumplimiento de un contrato?¿Para el cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales, resulta aplicable el término de 20 años previsto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993?¿Procede la valoración de la copia simple de documento?
¿La ruptura del equilibrio económico del contrato por la fijación de nuevos impuestos o gravamenes en el curso del contrato estatal se da de manera automática? No
El rompimiento del equilibrio económico del contrato estatal no se produce por el solo hecho de que el contratista deje de obtener utilidades o de que surjan mayores costos en la ejecución de sus obligaciones, pues para reconocerlo el hecho debe ser imprevisible y anormal y no haberse originado dentro del margen de riesgo propio del contrato. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 exige mantener el equilibrio respecto de las condiciones pactadas al celebrar el contrato, de modo que la alteración debe medirse frente a ese pacto. Segundo, las causas de ruptura, ya se encuadren en la teoría de la imprevisión, en el hecho del príncipe o en el ius variandi, comparten como denominador común la imprevisibilidad y la anormalidad del hecho. Tercero, las partes distribuyen los riesgos en las cláusulas o en los ajustes económicos durante la ejecución, por lo que los costos que no superan el álea normal o corresponden a esas contingencias asumidas no dan lugar a restablecimiento. En la práctica, el contratista que reclame el restablecimiento debe probar que el hecho superó el riesgo asumido en el contrato y excedió el álea normal.síntesis automática
También resuelve:¿El silencio del contratista frente a los acuerdos modificatorios y la eventual insuficiencia de los mismos para solventar situaciones que puedan alterrar la economía del contrato…¿Para octubre de 2006, cuando tuvo lugar la licitación que precedió al contrato de obra materia de controversia, era imprevisible la operabilidad de la contribución especial prevista en la Ley 1106…¿Se le debía reconocer a la sociedad A.I.A. S.A. el restablecimiento del equilibrio económico del contrato N° 18 de 2007 por mayor permanencia en la obra…
¿Demostró la parte actora la excepcional onerosidad que abra paso a las pretensiones condenatorias contra el CSJ? No
El contratista que reclama el restablecimiento del equilibrio económico por suspensiones y mayor permanencia en la obra debe acreditar los costos adicionales en que incurrió y la utilidad dejada de percibir, pues sin esa prueba la pretensión de condena no prospera. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la carga de la prueba corresponde a quien alega el supuesto de hecho, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. Segunda, en el caso no se demostraron los costos adicionales derivados de las suspensiones, de modo que el perjuicio material no quedó acreditado. Tercera, el consorcio tampoco acreditó la utilidad dejada de percibir por la mayor permanencia en la obra, por lo que no existen elementos para establecer la utilidad proyectada. La providencia confirma la sentencia que negó las pretensiones y no introduce cambio de criterio. La consecuencia práctica es que la reclamación por mayor permanencia debe respaldarse con prueba específica de costos y de utilidad, y no puede fundarse solo en la existencia de las suspensiones.síntesis automática
También resuelve:¿Aportó el demandante las pruebas que permitan acreditar los costos administrativos en que incurrió y la utilidad dejada de percibir que reclama?¿La liquidación bilateral requiere que el necesario acuerdo de voluntades de las partes revista la formalidad del escrito?¿El pago de las actas mensuales de obra no quedó supeditado a un término o plazo específico sino al cumplimiento por parte del contratista de una serie de condiciones?
¿El soporte sobre el que se estructura el régimen contractual, incluida la contratación pública, es el mutuo consentimiento de las partes que da lugar al nacimiento de obligaciones recíprocas, como expresión de la autonomía de la voluntad y del que emerge la fuerza vinculante del negocio jurídico libremente convenido y el deber de ejecutar lo acordado en los términos pactados? Sí
Las partes quedan obligadas por lo que acordaron libremente, de modo que el contratista que solicita y firma una adición responde por sus implicaciones económicas, aun cuando la entidad haya incumplido su deber de planeación. La regla se apoya en tres razones. Primera, el régimen contractual, incluida la contratación pública, se sustenta en el mutuo consentimiento, que genera obligaciones recíprocas por la autonomía de la voluntad y el principio pacta sunt servanda. Segunda, la falencia de los diseños es imputable a la indebida planeación de la entidad, pero el contratista también tenía la carga de estructurar sus precios con diligencia, incluida la ubicación de las fuentes de materiales. Tercera, previa solicitud del contratista, las partes acordaron la adición con conocimiento de sus causas, y era al contratista a quien correspondía estimar las implicaciones económicas de las mayores distancias de acarreo que solicitó. En consecuencia, se confirma la sentencia que negó las pretensiones. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El contratista acreditó los sobrecostos en los que aduce haber incurrido por la inactividad de equipos, maquinaria y personal técnico, administrativo y operativo…¿El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima?¿El medio de control de controversias contractuales es adecuado para dirimir el conflicto presentado por la parte actora en el que pretende que se declare el rompimiento del equilibrio económico del…
¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta a partir del día siguiente a la liquidación bilateral del contrato estatal, cuando esta se realiza después de vencidos los plazos legales, pero dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término para su liquidación unilateral? Sí
Cuando las partes liquidan de mutuo acuerdo un contrato estatal después de vencido el término legal para hacerlo, pero dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para la liquidación unilateral, el término de caducidad de dos años del medio de control de controversias contractuales comienza a correr desde el día siguiente a esa liquidación bilateral. La regla se sostiene en tres razones: el apartado iii del literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA fija el cómputo para los contratos que requieren liquidación y que se liquidan de común acuerdo; la jurisprudencia de unificación de la Sección Tercera adopta la misma lectura del cómputo; y la suspensión del término por la conciliación prejudicial prolonga la caducidad en el tiempo que dure ese trámite. Por ello, la demanda presentada dentro del término suspendido es oportuna. Esta regla reitera la unificación de la Sección Tercera. La providencia de primera instancia se confirma.síntesis automática
También resuelve:¿Están legitimados en la causa por activa los integrantes del Consorcio Pretroncales y por pasiva Metro Cali S. A., por ser partes del contrato de obra objeto de controversia?¿Corresponde exclusivamente al juez determinar si se configuró la ruptura del equilibrio económico del contrato estatal y si esta es jurídicamente imputable a la entidad contratante?¿Los contratos celebrados por Metro Cali S.A. para el cumplimiento de su objeto social, antes de la entrada en vigor de la Ley 1150 de 2007…
¿Cuál es la diferencia entre las figuras del desequilibrio económico del contrato y el incumplimiento contractual ? Sí
El contratista no puede confundir el incumplimiento contractual con el desequilibrio económico del contrato, ya que el primero surge de la conducta antijurídica de un contratante que genera insatisfacción en el acreedor, mientras que el segundo se origina en circunstancias sobrevenidas o actos de autoridad que alteran la simetría prestacional originalmente pactada, obligando a la administración a restablecer el equilibrio funcional pactado sin reparar perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales. La Sala reitera que el juez debe aplicar correctamente el derecho, incluso cuando las pretensiones de la demanda no distinguen claramente entre estas figuras, siempre y cuando se ajuste a la causa petendi invocada en la demanda y no se vulnere el debido proceso.síntesis automática
También resuelve:¿El reconocimiento patrimonial y extrapatrimonial que se deriva del incumplimiento del contrato es aplicable a los eventos de desequilibrio económico del contrato?¿Las pretensiones formuladas por el actor van dirigidas a que se declare el incumplimiento del contrato?¿La liquidación del contrato es un acto jurídico negocial autónomo?
¿Estaban facultadas las administradoras cooperativas para celebrar convenios interadministrativos bajo la legislación vigente al momento de la suscripción del Convenio 005 de 2001? Sí
El contratista puede celebrar convenios interadministrativos bajo la legislación vigente al momento de la suscripción del Convenio 005 de 2001, ya que las administradoras cooperativas se consideraban entidades estatales independientemente del porcentaje de participación pública y del régimen jurídico, conforme al parágrafo del artículo 2° de la Ley 80 de 1993. Este precedente modifica la interpretación previa que limitaba la celebración de estos convenios a entidades con participación pública mayoritaria, lo que implica que las administradoras cooperativas estaban habilitadas para celebrar contratos y convenios interadministrativos en los términos del numeral 1° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve:¿Constituyen los convenios interadministrativos una figura distinta de los contratos estatales por no tener finalidad remuneratoria y fundarse en el principio de colaboración entre entidades públicas?¿Debe calificarse como contrato interadministrativo un negocio jurídico entre entidades públicas que contiene obligaciones recíprocas con carácter conmutativo y ánimo remuneratorio?¿Se encuentra sometido al Estatuto General de Contratación el contrato interadministrativo celebrado entre un municipio y otra entidad, a efectos de su liquidación y del cómputo de la caducidad?