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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

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Fecha
2023-10-17
Radicado
76001233100020120056001
Número interno
53694
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE COLOMBIA S.A E.S.P.- CIEDECO-
Demandado
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALIEMCALI

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Lo que dijo la Sala

El Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, en los términos del artículo 129 del C.C.A., modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998. Por otra parte, el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, y este por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006, estableció que la jurisdicción de lo contencioso administrativo juzgaría las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas. De tal modo, como EMCALI es una empresa oficial de servicios públicos domiciliarios, constituida como empresa industrial y comercial del Estado (artículo 17 de la Ley 142 de 1994), es una entidad pública del nivel territorial, perteneciente al sector descentralizado por servicios, en los términos de la Ley 489 de 1998.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La entidad estatal constituida como empresa oficial de servicios públicos domiciliarios y empresa industrial y comercial del Estado pertenece al sector descentralizado por servicios según la Ley 489 de 1998, por lo cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo juzga las controversias originadas en su actividad conforme al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, con doble instancia cuando la pretensión mayor excede 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes según el artículo 129 del C.C.A. Aunque sus contratos en el servicio público de electricidad se rigen en principio por el derecho privado según el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001 y el artículo 8 de la Ley 143 de 1994, deben respetar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de los artículos 209 y 267 de la Constitución, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 14 a 19 de la Ley 80 de 1993 cuando incluyan cláusulas excepcionales.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 129
  • Decreto Ley 01 de 1984, art. 82
  • Ley 1107 de 2006, art. 1

También resuelve

  • ¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento?
  • ¿Procede el reconocimiento de la valoración de la copia simple de documento?
  • ¿Los contratos celebrados por EMCALI E.I.C.E. E.S.P. se rigen por el derecho privado pero deben respetar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal y el régimen de…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA PROCESO DE DOBLE INSTANCIA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTRATACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMCALI NATURALEZA JURÍDICA DE EMCALI EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN FISCAL RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO INEXISTENCIA DE JUICIO DE LEGALIDAD INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA MERCADO MAYORISTA DE ENERGÍA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA INEXISTENCIA DE LA FUERZA MAYOR AUSENCIA DE FUERZA MAYOR FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA FUERZA MAYOR AUSENCIA DE CASO FORTUITO INEXISTENCIA DEL CASO FORTUITO IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida
Titulación de la relatoría 14.814 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA / EMCALI / NATURALEZA JURÍDICA DE EMCALI / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO Problema jurídico: ¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, en los términos del artículo 129 del C.C.A., modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998. Por otra parte, el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, y este por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006, estableció que la jurisdicción de lo contencioso administrativo juzgaría las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas. De tal modo, como EMCALI es una empresa oficial de servicios públicos domiciliarios, constituida como empresa industrial y comercial del Estado (artículo 17 de la Ley 142 de 1994), es una entidad pública del nivel territorial, perteneciente al sector descentralizado por servicios, en los términos de la Ley 489 de 1998. También le asiste competencia a la Sala para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, por tratarse de un proceso iniciado en ejercicio de la acción de controversias contractuales con vocación de doble instancia en razón de la cuantía, dado que la pretensión mayor3 excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de presentación de la demanda. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 17, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 30, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 37 PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Problema jurídico: ¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento? Respuesta al problema jurídico: Si El numeral 10 del artículo 136 del C.C.A., subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, establece que la acción de controversias contractuales caducará en el término de 2 años, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. En este caso, se identifican dos fechas que podrían indicar el momento a partir del cual debe iniciar el cómputo de la caducidad. La primera, es el 26 de julio de 2010, fecha en la que se expidió el acta de terminación anticipada y liquidación final; y la segunda, es el 4 de febrero de 2011, fecha en la que se hizo efectivo el registro de terminación de la oferta mercantil ante el ASIC (XM S.A. E.S.P.). Sin entrar a debatir cuál de las dos fechas debería ser tenida en cuenta, lo cierto es que la demanda se interpuso de manera oportuna, en tanto se presentó el 9 de mayo de 2012, esto es, en los dos años siguientes contados a partir de cualquiera de las dos fechas enunciadas. Lo anterior, sin considerar la suspensión del término por virtud del trámite de la conciliación extrajudicial . FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 163 NUMERAL 10, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44 COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO Problema jurídico: ¿Procede el reconocimiento de la valoración de la copia simple de documento? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala valorará las copias simples aportadas al proceso, toda vez que no fueron tachadas de falsas en el desarrollo del mismo. Lo anterior, en cumplimiento de la Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2013, expedida por la Sala Plena de la Sección Tercera. NOTA DE RELATORÍA: Referente al valor probatorio de las copias simples, consultar sentencia de unificación de 28 de agosto de 2013, Exp. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), C.P. Enrique Gil Botero. EMCALI / NATURALEZA JURÍDICA DE EMCALI / EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / GESTIÓN FISCAL / RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Problema jurídico: ¿Los contratos celebrados por EMCALI E.I.C.E. E.S.P. se rigen por el derecho privado pero deben respetar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades? Respuesta al problema jurídico: Si EMCALI E.I.C.E. E.S.P. es una empresa de servicios públicos, por lo que sus contratos se rigen, en principio, por el derecho privado. Ciertamente, la Oferta Mercantil No. 055- 2009 se encontraba sometida al artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 3 la Ley 689 de 2001. (...) Lo anterior, en concordancia con el parágrafo del artículo 8 de la Ley 143 de 1994, en virtud del cual el régimen de contratación de las empresas públicas que prestan el servicio público de electricidad, en cualquiera de las actividades del sector, entre ellas, la distribución y comercialización de energía, es el derecho privado. (...) No obstante, la aplicación del derecho privado no es absoluta, debido a que estos contratos deben respetar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución, y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades (artículo 13 de la Ley 1150 de 2007), al tiempo que, cuando incluyan cláusulas excepcionales, deben someterse a lo prescrito en los artículos 14 a 19 de la Ley 80 de 1993. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 267, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 13, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31, LEY 143 DE 1994 - ARTÍCULO 8, LEY 689 DE 2001 - ARTÍCULO 3, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 19 CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE JUICIO DE LEGALIDAD Problema jurídico: ¿El acto de liquidación unilateral proferido por una empresa de servicios públicos no es un acto administrativo, razón por la cual no es pasible de la pretensión de nulidad? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l contrato derivado de la Oferta Mercantil No. 055-2009 se sometía, de manera preponderante, a los postulados de la autonomía de la voluntad y a los lineamientos de los Códigos Civil y de Comercio. Por tal razón, los actos que fueran expedidos por la entidad demandada en ejercicio de esta relación negocial no eran -según la tesis mayoritaria de la Sala- actos administrativos. Aunque EMCALI terminó y liquidó el contrato, mediante el acta del 26 de julio de 2010, tal decisión no adquiere el ropaje de un acto administrativo, puesto que la Ley 142 de 1994 estableció un régimen especial para las empresas de servicios públicos, en el cual no se consagró, por regla general, la competencia para expedir este tipo de actuaciones. (...) Al respecto, se tiene que, como el acto de terminación anticipada y liquidación final proferido por EMCALI no es administrativo, no goza de las características propias de este tipo de decisiones, entre ellas, la presunción de legalidad. En ese sentido, no era necesario, para efectos de debatir el supuesto incumplimiento de la demandada, que se debiera elevar la pretensión de nulidad -especialmente, porque no es posible impugnar la legalidad de los actos jurídicos de las ESP-. Por el contrario, la discusión sobre si la terminación anticipada de la oferta desconoció o no los deberes negociales a cargo de EMCALI, solo puede ventilarse en el escenario de la responsabilidad contractual y en el marco de la pretensión de incumplimiento -tal y como aconteció en este caso-. FUENTE FORMAL: LEY 142 DE 1994 TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / MERCADO MAYORISTA DE ENERGÍA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La accionada incumplió el negocio jurídico, porque esta, al terminar anticipadamente el contrato, impidió o evitó que se compensaran los mayores costos que debió asumir al inicio de la ejecución, que se amortizaran los valores recibidos a título de anticipo y de pago anticipado, y que se facturaran los dineros a los que tenía derecho? Respuesta al problema jurídico: No En relación con el problema jurídico expuesto, la Sala debe precisar que, diferente a lo indicado por COEDECO, EMCALI no terminó de manera injustificada la oferta mercantil objeto de debate, por cuanto aquel incurrió en un incumplimiento de sus obligaciones contractuales. La Condición Novena de la Oferta 055-2009 refería, entre las garantías del contrato, la obligación a cargo de COEDECO de adjuntar los contratos de respaldo para amparar las cantidades de energía ofertadas -un respaldo que asegurara que los 17 megavatios ofrecidos tenían un generador que garantizara el suministro continuo y eficiente de energía durante toda la vigencia-. Si bien, en un inicio, esta obligación fue cumplida, pues COEDECO había suscrito un contrato con COMERCIALIZAR, este último se dio por terminado, en tanto COMERCIALIZAR fue objeto de un proceso de limitación de suministro y, eventualmente, fue retirado del mercado. Desde que ello ocurrió, EMCALI le solicitó al actor la presentación de un nuevo contrato de respaldo (numeral 4.8 de los hechos probados), situación que no fue concretada17. Así, es evidente que COEDECO incumplió con la oferta mercantil desde ese momento, dado que la motivación para que EMCALI la aceptara y emitiera la orden de compra era evitar la volatilidad de los precios de bolsa, lo cual era imposible sin los respectivos contratos de respaldo. Adicionalmente, el actor fue objeto de un proceso de limitación de suministro desde mayo de 2010 y, posteriormente, fue retirado del mercado el 8 de noviembre de ese año. (...) Luego, el actor fue retirado del Mercado de Energía Mayorista, lo cual lo imposibilitaba para hacer cualquier tipo de transacción en este mercado. (...) De tal manera, es indiscutible que el actor incumplió con sus obligaciones, debido a que no podía hacer transacciones en la bolsa de energía, lo cual, al margen del tipo de contrato suscrito por las partes, impedía que pudiera ejecutar las prestaciones a su cargo. INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / INEXISTENCIA DE LA FUERZA MAYOR / AUSENCIA DE FUERZA MAYOR / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA FUERZA MAYOR / AUSENCIA DE CASO FORTUITO / INEXISTENCIA DEL CASO FORTUITO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Las situaciones constitutivas de incumplimiento del contratista se enmarcan dentro de los escenarios de la fuerza mayor o del caso fortuito? Respuesta al problema jurídico: No [L]a Sala considera que, diferente a lo plasmado por el actor, las situaciones constitutivas de su incumplimiento no se enmarcan dentro de los escenarios de la fuerza mayor o del caso fortuito. En primer término, el inicio del proceso de limitación de suministro no fue un hecho imprevisible o irresistible que le fuera ajeno a COEDECO, ya que, según se vio, estas situaciones obedecieron al incumplimiento de sus obligaciones con el ASIC. Es decir, no fue una situación extraña a las partes, sino que le fue completamente imputable al demandante. En segundo lugar, la terminación del contrato de respaldo y el retiro de COMERCIALIZAR del MEM, así como lo sostuvo EMCALI, no era irresistible, en cuanto era posible que se suscribiera un nuevo contrato de respaldo. Pese a que la demandante expresó que esta tarea se convirtió en algo irrealizable, por las actitudes de los demás agentes del mercado, no hay prueba de que, en efecto, fuera inviable, desde un punto de vista objetivo, la obtención de nuevos negocios de respaldo. Igualmente, no está demostrado que el fenómeno de El Niño, los cambios normativos ordenados por la CREG o el supuesto comportamiento de los generadores de energía fueran situaciones imprevisibles e irresistibles o que, de serlo, imposibilitaran la ejecución del contrato. En consecuencia, y dado que no se acreditó que EMCALI terminó de manera injustificada el contrato, ni que COEDECO tenía derecho a recibir los dineros causados en el periodo comprendido entre el 5 de mayo de 2010 y el 4 de febrero de 2011, ni que se presentó un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, la Sala negará las pretensiones de la demanda. NOTA DE RELATORÍA: Referente al eximente de responsabilidad consistente en la fuerza mayor en materia contractual, consultar sentencia de 30 de agosto de 2022, Exp. 68001-23-31-000-2009-00229-02(58485), C.P. José Roberto Sáchica Méndez. IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Se acreditó temeridad o mala fe en el actuar de las partes que conlleve a la condena en costas? Respuesta al problema jurídico: No En vista de que en este caso no se percibe temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012331000201200560011100103