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¿La entidad demandada podía disminuir la cantidad total de obra a ejecutar? Sí
La entidad contratante puede disminuir la cantidad de obra proyectada, porque la cantidad es un estimado que puede aumentar o disminuir, y el contratista solo recibe la contraprestación por la obra efectivamente ejecutada. La regla se apoya en tres razones. Primera, desde el inicio el contratista sabía que la cantidad de obra era apenas un estimativo, por lo que el reclamo de mano de obra, equipos, administración y utilidad por cantidades no ejecutadas carece de sustento. Segunda, la sola disminución de la cantidad proyectada no impone a la entidad asumir los costos y la ganancia proyectados por la diferencia. Tercera, el dictamen pericial, los documentos anexos a la comunicación y al recurso de reposición contra la liquidación no acreditan los sobrecostos reclamados, porque no los describen ni aportan soportes. En consecuencia, se confirma el fallo impugnado por ausencia de prueba, sin condena en costas en esta instancia. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El dictamen pericial, los documentos anexos a la comunicación del 24 de abril de 2007 y al recurso de reposición presentado en contra de la liquidación…¿Se acreditó actuación caprichosa, arbitraria o temeraria que conlleve a la condena en costas?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-01-26Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 05001233300020190175301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Si las medidas cautelares son de carácter patrimonial, se debe agotar el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial? No
Cuando las medidas cautelares solicitadas tienen carácter patrimonial, el demandante no debe agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial. La regla se apoya en tres razones. Primera, los ordenamientos procesales excusan la audiencia de conciliación cuando se piden medidas cautelares porque se requiere una decisión rápida sobre ellas. Segunda, la exigencia de contenido patrimonial del artículo 161 del CPACA busca evitar que se acuda a las medidas cautelares para eludir la conciliación cuando el patrimonio del demandante no se afecta sin la medida. Tercera, en el caso la solicitud pretendía impedir la celebración del contrato con el adjudicatario, lo que tenía consecuencias patrimoniales evidentes. Por ello el auto se revoca, y el tribunal no podía fundarse en que la suspensión provisional de actos administrativos carece de carácter patrimonial. Así, la Subsección revoca el auto del tribunal que había exigido la conciliación previa a la solicitud cautelar. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿La razón por la cual los ordenamientos procesales excusan la realización de la audiencia de conciliación en los eventos en los que se solicitan medidas cautelares es la necesidad de una decisión…¿El tribunal se refirió a una providencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado conforme con la cual la solicitud de suspensión provisional de actos administrativos nunca tiene…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencia jurisdiccional2025-06-16Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 11001334305920240015301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Le corresponde al magistrado ponente proferir el presente auto, por cuanto la providencia interlocutoria que resuelve el conflicto de competencias no es de aquellas cuya adopción le corresponde a la Sala? Sí
El juez contencioso administrativo dirime los conflictos de competencia suscitados entre jueces administrativos de diferentes distritos judiciales y el magistrado ponente profiere el auto correspondiente conforme a las atribuciones legales. En este caso concreto, la Sala determina que corresponde al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Montería conocer de la demanda sobre controversias contractuales relativas a la infraestructura hospitalaria, aplicando debidamente lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 270 de 1996 en armonía con los artículos 125 y 158 del CPACA modificados por la Ley 2080 de 2021.síntesis automática
También resuelve:¿Lo que se persigue en el presente proceso es acumular pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho con pretensiones de controversias contractuales…¿La competencia para conocer del proceso de la referencia esta asignada al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Montería…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-12-19Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 76001233300020230055101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El decreto de pruebas de oficio sólo procederá por iniciativa del juez y no a solicitud de parte, quien debe formular sus peticiones probatorias en las oportunidades previstas en la ley? Sí
El juez de oficio puede decretar pruebas adicionales cuando las considere necesarias para esclarecer el caso, pero no a solicitud de parte, quien debe formular sus peticiones probatorias en las oportunidades previstas en la ley, como el artículo 212 del CPACA. El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos, según el artículo 150 del CPACA. Quien busque valerse de una pericia debe aportarla en las oportunidades para pedir pruebas, pero si el término previsto es insuficiente, podrá anunciarla y allegarla en el plazo que para el efecto establezca el juez, siempre que justifique la necesidad de la prórroga, según el artículo 227 del CGP. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y subraya la importancia de cumplir con los plazos y procedimientos establecidos para la presentación de pruebas en el proceso contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Al Consejo de Estado le corresponde decidir los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos?¿Quien busque valerse de una pericia deberá allegarla en las oportunidades para pedir pruebas, pero, si el término previsto es insuficiente…
¿Las partes del contrato, con la suscripción de los adicionales 1 y 2 zanjaron todas las discusiones referentes al incumplimiento del contrato y a la mayor permanencia en la obra? No
El contratista no zanja con la suscripción de los adicionales 1 y 2 todas las discusiones referentes al incumplimiento del contrato y a la mayor permanencia en la obra, pues la autonomía de la voluntad como fuente de las obligaciones le permite al contratista alegar su inconformidad sobre asuntos no resueltos previamente, siempre y cuando cumpla con su deber de buena fe contractual. Además, el incumplimiento del contrato no fue acreditado con pruebas suficientes, lo que implica que la entidad estatal no reconoció la mayor permanencia en obra, el “stand by” de equipos y otros costos adicionales. La Sala confirma que la condena en costas no procede porque no se probó una conducta temeraria del contratista. Este precedente reitera la importancia de la buena fe contractual y la necesidad de acreditar adecuadamente los incumplimientos en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó el incumplimiento del contrato de obra por cuanto ISA no reconoció la instalación de 123 torres eléctricas adicionales a las previstas en el contrato inicial…¿Procede la condena en costas?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-04-28Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020180026701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad declaró la caducidad del contrato, cuya consecuencia jurídica fue darlo por terminado y se ordenó la liquidación de este negocio jurídico? Sí
El contratista debe liquidar el contrato de obra pública dentro del plazo de cuatro meses desde su terminación, y si no lo hace, la entidad puede liquidarlo unilateralmente en los dos meses siguientes, con la consiguiente declaración de caducidad del contrato y el inicio del cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a partir de la liquidación unilateral. La teoría de los actos encadenados implica que el cómputo del término de caducidad debe iniciarse después de la liquidación del contrato, no desde la terminación del mismo, y la Sala revoca la decisión que rechazó la demanda de reconvención, considerando que la presentación de esta fue oportuna, ya que se realizó dentro del plazo de caducidad calculado desde la fecha límite para la liquidación unilateral.síntesis automática
También resuelve:¿En el acto que se declaró la caducidad del contrato se ordenó su liquidación para que la misma se realizara con posterioridad?¿Ante la ausencia de una liquidación unilateral o bilateral era necesario contabilizar a partir de la fecha de terminación del contrato?
¿Se debe revocar la decisión de primera instancia porque el contratista demandante, no cumplió oportunamente con el trámite y soportes, exigidos en el procedimiento previsto para el recobro de los gastos, preestablecido contractualmente? Sí
Cuando el contratista no presenta oportunamente los soportes de un recobro dentro del procedimiento preestablecido en el contrato, pierde el derecho al reembolso, pues las partes están obligadas a cumplir los plazos y requisitos pactados. La regla se sostiene en tres razones. Primera, el procedimiento contractual exige iniciar el recobro al terminar los diagnósticos o las reparaciones, sustentar los gastos con soportes ante la entidad contratante y presentar los documentos dentro del plazo máximo, so pena de rechazo. Segunda, el contratista no justificó oportunamente los gastos ante la entidad contratante, y solicitó plazos adicionales que fueron concedidos hasta una fecha determinada. Tercera, los soportes se entregaron después de esa fecha, cuando la solicitud ya era extemporánea, sin que la intervención del ente territorial a favor del contratista subsanara el incumplimiento. En consecuencia, la providencia revoca la decisión de primera instancia, porque el demandante no acreditó la entrega oportuna y completa de los soportes. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿La parte demandante resultó vencida –se revocó totalmente la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones, por lo tanto, asumirá las costas procesales de ambas instancias…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-04-24Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 05001233300020160024301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La compañía aseguradora presentó la “demanda adhesiva” cuando ya había vencido el término legal de dos años para emprender el medio de control de controversias contractuales? Sí
La presentación oportuna de la demanda por uno de los sujetos procesales no interrumpe el término de caducidad para que otro formule una demanda adhesiva, de modo que, si la intervención se presenta después del vencimiento del término bienal del medio de control de controversias contractuales, opera la caducidad y la intervención debe rechazarse. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, el término de dos años es un plazo objetivo que se cuenta desde la notificación del acto y se extiende al día hábil siguiente cuando el último día no es hábil, sin depender de la actuación de otra parte. Segundo, la demanda oportuna de la parte principal no equivale a la presentación de la demanda adhesiva ni suspende la caducidad, conforme a la línea jurisprudencial citada en la nota de relatoría sobre el litisconsorte cuasinecesario. La providencia confirma el auto que rechazó la intervención; en la práctica, quien pretenda intervenir como litisconsorte debe presentar su demanda dentro del término de caducidad contado desde su propia oportunidad, sin acogerse a la demanda oportuna de otro sujeto procesal.síntesis automática
También resuelve:¿El término para presentar la demanda de controversias contractuales es de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de…¿La caducidad para demandar se configura cuando vence el término previsto en la ley para acudir ante los jueces?
¿Es procedente la declaración de nulidad que hizo el Tribunal de primera instancia bajo el presupuesto de que la decisión de la amigable componedora estaba viciada porque el Departamento no tenía capacidad para acudir a dicho mecanismo? No
El contratista no puede declarar nula la decisión del amigable componedor basándose en que la entidad estatal no tenía capacidad para acudir a este mecanismo, ya que la ley vigente en el momento de la celebración del contrato permitía a las entidades estatales resolver sus diferencias mediante la amigable composición, lo que implica que la entidad estaba habilitada para someterse a este mecanismo. La Sala revoca la nulidad declarada por el Tribunal, reiterando que la amigable composición es procedente cuando una de las partes es una entidad pública, siempre y cuando la ley lo permita explícitamente en el momento de la celebración del contrato. Esto implica que las entidades estatales pueden acudir a la amigable composición para resolver sus controversias contractuales, siempre que la normativa vigente lo autorice.síntesis automática
También resuelve:¿Cuando se suscribió el contrato, la ley vigente permitía a las entidades estatales resolver sus diferencias mediante la amigable composición?¿La amigable composición resulta procedente cuando una de las partes sea una entidad pública?¿Para acudir a la amigable composición, es necesario que las partes y el amigable componedor celebren un contrato de mandato a efectos de determinar las facultades de este último?
¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que aprobó la liquidación unilateral del convenio? Sí
El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales de dos años se cuenta desde la ejecutoria del acto administrativo que aprueba la liquidación unilateral del contrato, conforme al cuarto supuesto del literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, y ese término se suspende mientras se tramita la conciliación extrajudicial. La regla se sostiene en tres razones: la norma señala como punto de partida la liquidación unilateral cuando las partes no logran la liquidación de mutuo acuerdo; la liquidación unilateral del convenio se produjo en un momento que, sumado a la suspensión por la conciliación extrajudicial, permite presentar la demanda dentro del término legal; y el cómputo debe efectuarse desde la fecha de ejecutoria del acto que aprueba la liquidación, y no desde la fecha de la terminación del convenio. Por ello, la demanda presentada dentro de ese plazo es oportuna. La providencia se revoca en lo que se opone a esta regla.síntesis automática
También resuelve:¿El negocio jurídico celebrado entre el Municipio de San Vicente del Caguán y Gasdicom corresponde a un contrato estatal, y no a uno de los convenios de asociación que celebran las entidades…¿Es procedente declarar la nulidad absoluta del convenio No. 23 de 2011 por haberse celebrado contra expresa prohibición legal de eludir los procedimientos de selección objetiva consagrada en el…¿Hay lugar a ordenar restituciones mutuas cuando no está acreditada la existencia de prestaciones ejecutadas pendientes de pago hasta el momento de la declaratoria?
¿Lo que procedía en este caso era hacer el balance de lo amortizado para solicitar en sede de liquidación el valor no amortizado como una deuda del contratista con la entidad? Sí
El contratista no puede declarar el incumplimiento del contrato por no amortización del anticipo, ya que lo procedente es hacer el balance de lo amortizado para solicitar en sede de liquidación el valor no amortizado como una deuda del contratista con la entidad. En el acta de ajuste definitivo se establece que el valor por amortizar es de mil sesenta millones setecientos veintitrés mil setecientos cincuenta y nueve pesos con doce centavos ($1.060.723.759,12), sin incluir valores o descuentos por incumplimiento del contrato. La Sala modifica la jurisprudencia al indicar que no es posible decretar la liquidación judicial del contrato mientras se encuentre pendiente otro proceso judicial en el que se presenten pretensiones económicas sobre el contrato, lo que impide la liquidación judicial hasta que no queden reclamaciones por resolver. Las actas parciales, el acta final de recibo de obra y el acta de ajuste final dan cuenta que el contratista no amortizó el valor total del anticipo, y la caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta desde el plazo máximo para liquidar el contrato, que vence dos años después de la terminación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que se encuentra en curso otro proceso judicial en el que se presentaron pretensiones económicas sobre el contrato?¿Las actas parciales, el acta final de recibo de obra y el acta de ajuste final dan cuenta que el contratista no amortizó el valor total del anticipo?¿La caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta desde el plazo máximo para liquidar el contrato?
¿El Municipio de Honda manifestó su consentimiento para celebrar contrato de obra con el consorcio demandante? Sí
Un municipio que suscribe un contrato de obra con un consorcio en nombre propio, en virtud de un convenio con una entidad nacional que solo se compromete a girar los recursos, no actúa como delegatario de esa entidad, y los derechos y obligaciones del contrato recaen en el municipio y en el consorcio. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que el convenio no delegó en el municipio la función de celebrar contratos en nombre de la entidad nacional, pues la obligación de girar recursos no comporta delegación alguna. La segunda es que el texto del contrato muestra que el alcalde lo celebró en representación del municipio. La tercera es que las disponibilidades y registros presupuestales que exige la ley son obligaciones de la entidad estatal antes de ejecutar el contrato y no parámetros de validez del negocio, y que en el caso concreto el municipio no incumplió esos deberes respecto del objeto original del contrato. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio demandado incumplió constituir las disponibilidades y reservas presupuestales para atender el pago de las obras adicionales?¿Se acreditó el incumplimiento del municipio en el pago de las actas parciales de obra ?¿Las causas que determinaron la necesidad de suscribir el acta de suspensión no. 2 del 18 de mayo de 2012 son atribuibles al Municipio?
¿El régimen jurídico que gobierna el contrato de obra celebrado entre Fonade y la unión temporal Antiguo Idema 2010, es del Estatuto General de la Administración Pública, Ley 80 de 1993? Sí
El régimen de contratación aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado de carácter financiero se rige por normas especiales que excluyen la aplicación del Estatuto General de Contratación a partir de las modificaciones legales pertinentes. El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo se sometió temporalmente al Estatuto General de Contratación bajo la vigencia del artículo 26 de la Ley 1150 de 2007. Sin embargo, dicha disposición fue derogada expresamente por la Ley 1450 de 2011, estableciendo que la contratación de entidades financieras estatales como Fonade queda exceptuada de la referida normativa pública. En consecuencia, para contratos celebrados con anterioridad a dicha modificación normativa, rigen las reglas vigentes al momento de su perfeccionamiento jurídico.síntesis automática
También resuelve:¿El ejercicio de la potestad excepcional de la caducidad solo puede ser ejercida por la administración pública mientras esté vigente el plazo general del contrato?¿La entidad estatal ejerció dentro del término legal su competencia para declarar la caducidad del contrato estatal?¿Resultaba procedente ordenar la liquidación judicial del contrato y establecer un saldo a favor del contratista, pese a la existencia de una liquidación unilateral en firme no controvertida…
¿Se probó que la oferta del consorcio demandante habría ocupado el primer lugar en el orden de elegibilidad, o que el Consorcio demandado no habría resultado adjudicatario en esa situación? No
Quien impugna un acto de adjudicación en un proceso de selección debe probar que su oferta habría ocupado el primer lugar en el orden de elegibilidad, o que el adjudicatario no habría resultado seleccionado en esa situación, pues sin esa prueba no hay lugar a declarar la irregularidad de la adjudicación. Esta carga procesal se explica por dos razones. Una razón es que la adjudicación solo puede anularse si se demuestra que la selección desconoció la oferta más favorable, y la mera prueba del rechazo de la propuesta no basta para establecer ese orden. Otra razón es que el consorcio demandante concentró sus pruebas en demostrar el rechazo sin justificación y el cuantum de los perjuicios, sin aportar elementos sobre la calificación técnica de las propuestas. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de la demanda, y la conciliación aprobada y el dictamen sobre perjuicios no suplieron esa falta de prueba. Su consecuencia práctica es que el proponente que reclama la adjudicación debe demostrar, con la evaluación técnica, que su oferta era la mejor calificada.síntesis automática
También resuelve:¿El consorcio demandante cumplió con la carga de probar que su oferta era la mejor para la entidad?¿El demandante probó que su oferta era la mejor de conformidad con la fórmula establecida en el pliego?¿Una vez celebrado el contrato sin que se hubieran enjuiciado los actos previos, estos sólo eran demandables en ejercicio de la acción de controversias contractuales?
¿Hay lugar a inaplicar los cambios de jurisprudencia a los procesos en curso, cuando estos implican el cercenamiento del acceso a la administración de justicia y del derecho a la tutela efectiva de las partes del conflicto? Sí
El contratista puede evitar la aplicación de cambios jurisprudenciales en procesos en curso si estos implican un cercenamiento del acceso a la administración de justicia y del derecho a la tutela judicial efectiva. La Sala ha establecido que, cuando la demanda fue presentada antes de la unificación jurisprudencial que exige renuncia expresa a las cláusulas compromisorias, se considera que operó una renuncia tácita al pacto arbitral, permitiendo así la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa. Además, la Sala recuerda que el cómputo del término de caducidad de la acción en controversias contractuales distingue entre liquidación bilateral o unilateral y ausencia de liquidación, basándose en la garantía constitucional de acceso a la justicia y en la legislación vigente. Esta regla implica que los cambios jurisprudenciales no siempre son aplicables a procesos en curso, protegiendo así los derechos de las partes en litigio.síntesis automática
También resuelve:¿El incumplimiento contractual y el desequilibrio económico del contrato son supuestos completamente diferenciables?¿Es el Departamento del Cesar responsable por incumplimiento del contrato núm. 200 del 2006, al haber suspendido el contrato sin reconocer los sobrecostos que dijo haber asumido el contratista…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-04-26Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 44001233100020000054002ACCION CONTRACTUAL
¿Debe la entidad demandada pagar restituciones mutuas consecuenciales a causa de la declaratoria de nulidad del contrato de concesión? Sí
El contratista no puede reclamar restituciones mutuas consecuenciales a causa de la declaratoria de nulidad del contrato de concesión, ya que estas deben basarse en la extinción de los compromisos adquiridos y no en las sumas de dinero que fueron pactadas como parte de la oferta para contratar. La entidad demandada no está obligada a pagar estas restituciones mutuas, ya que el dictamen pericial y la formulación del incidente se apartan de lo dispuesto por la sentencia anulatoria del contrato. Además, es necesario probar el monto de los gastos en que incurrió el contratista para la ejecución del objeto del contrato, lo cual no se refleja en el texto contractual ni en la proyección financiera presentada. Esta decisión matiza la interpretación previa sobre la cuantificación de restituciones mutuas en casos de nulidad contractual, limitando la posibilidad de reclamar sumas que no se ajusten a la realidad de la ejecución del contrato.síntesis automática
¿Obra prueba en el expediente que le permita concluir a la Sala que el Departamento estaba obligado a pagar una actividad de obra según una especificación técnica distinta a la que estableció en la etapa precontractual? No
El contratista no puede modificar la especificación técnica del contrato de obra pública establecida en la etapa precontractual sin prueba documental que lo permita, ya que la entidad estatal dejó claro durante el proceso de selección que la especificación aplicable era la del Departamento, no la del INVIAS. La Sala establece que el Interventor puede corregir o modificar las actas parciales en actas posteriores según lo pactado en el contrato, y que no existe incumplimiento del contrato por parte del Departamento al no pagar según una especificación técnica distinta a la pactada. Esta decisión revoca la sentencia de primera instancia y reitera que la obligación del contratante frente al pliego de condiciones debe respetarse, matizando la interpretación de la buena fe contractual en este contexto.síntesis automática
También resuelve:¿De conformidad con las cláusulas del contrato de obra, el Interventor podía hacer correcciones o modificaciones de las actas parciales en actas posteriores?¿La especificación del INVIAS no era aplicable al ítem de “Terraplenes” pues la entidad durante el proceso de selección dejó claro que la especificación aplicable era la del Departamento?¿La Sala revocará el fallo de primera instancia y negará las pretensiones porque el Tribunal desconoció la forma de pago establecida en el contrato de obra?
¿La resolución de adjudicación contractual proferida por el municipio de Bucaramanga se encuentra amparada con la presunción de legalidad? Sí
La resolución de adjudicación de un contrato de obra pública goza de presunción de legalidad, por lo que la pretensión de nulidad absoluta del contrato fundada en la invalidez de ese acto no prospera en el medio de control de controversias contractuales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, mientras el acto no sea anulado en el medio de control pertinente, conserva la presunción de legalidad que impide declarar prima facie la nulidad absoluta del contrato. Segunda, el medio de control de controversias contractuales no permite estudiar la validez de ese acto administrativo, de modo que la pretensión depende de una causal ajena a la invalidez del acto. Tercera, la nulidad absoluta del contrato hubiera podido examinarse si se hubiera fundado en una causal distinta a la del acto de adjudicación, lo que no ocurrió. La providencia confirma la sentencia de primera instancia. La consecuencia práctica es que, para impugnar la validez de un contrato a partir de la adjudicación, el demandante debe demandar el acto por la vía adecuada o fundar la nulidad en una causal propia del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿En el sub judice resulta procesalmente procedente estudiar la validez de la resolución de adjudicación?¿La pretensión principal de la demanda radica en la nulidad absoluta del contrato de obra pública?¿Se ejerció oportunamente el medio de control de controversias contractuales?
¿Se probó la alteración grave de la ecuación económica contractual y fue antijurídica la conducta de la entidad demandada? No
La alteración grave del equilibrio económico del contrato debe probarse por quien la alega, y el simple incremento de un tributo no basta para acoger las pretensiones económicas del contratista. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el gravamen de la estampilla alcanzaba a los documentos de cobro de obligaciones a cargo de la empresa pública, por lo que no hubo aplicación retroactiva del acuerdo municipal que lo creó. La segunda es que el contratista no allegó la propuesta económica del contrato ni otra prueba que permitiera concluir que el cobro adicional alteró gravemente el equilibrio o lo dejó en pérdida. En consecuencia, se negaron las pretensiones de la demanda por falta de prueba del desequilibrio y de la conducta antijurídica de la entidad. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que el contratista no obtiene la compensación reclamada por el tributo.síntesis automática
También resuelve:¿La sociedad contratista acreditó la alteración grave del equilibrio financiero del contrato?¿Se acreditó el desequilibrio económico del contrato?¿Fue antijurídica la conducta de Metro Cali SA de aplicar el acuerdo del Concejo Municipal?
¿Se probó la supuesta afectación a los intereses de la demandante como consecuencia de la mayor permanencia en obra? No
La contestación extemporánea de la demanda produce un indicio grave en contra del demandado, pero ese indicio no suple la prueba de los sobrecostos por mayor permanencia en obra, que debe acreditarse con precisión por quien los alega. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el indicio es una prueba indirecta que no permite establecer la dimensión real de la afectación alegada. Segunda, el dictamen pericial practicado en segunda instancia carece de respaldo técnico o científico, pues sus conclusiones son apreciaciones subjetivas que no resultan de un método propio de la profesión del perito. Tercera, el perito no cumplió la labor para la cual fue llamado, lo que impide tener el dictamen como prueba idónea. La providencia confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones. La consecuencia práctica es que la parte que reclama sobrecostos por mayor permanencia debe aportar prueba técnica idónea de su magnitud, pues la extemporaneidad de la contestación no la releva de esa carga.síntesis automática
También resuelve:¿La contestación extemporánea de la demanda por la demandada tiene por efecto la presunción de veracidad de sus fundamentos de hecho?¿Es indispensable acreditar específicamente cuáles fueron los mayores costos y que estos hayan sido empleados realmente en el sitio de la construcción?¿Tanto la falta de licencias como la modificación de estudios y diseños ocasionaron las múltiples suspensiones del contrato?
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