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Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-05-07Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 25000232600020080015802ACCION CONTRACTUAL
¿Debe confirmarse la denegación del reconocimiento de intereses moratorios cuando dicho asunto no fue objeto del debate procesal ni fue planteado en las pretensiones de la demanda? Sí
El contratista no puede obtener el reconocimiento de intereses moratorios cuando este asunto no fue debatido ni planteado en las pretensiones iniciales de la demanda, ya que tal proceder sería contraproducente para los derechos constitucionales del debido proceso, defensa y contradicción, lo que implica la confirmación de la denegación de dichos intereses. En otro caso, la entidad estatal no debe reconocer la ejecución del contrato declarado nulo por fuera del periodo liquidado en el incidente de liquidación, dado que no se aportaron pruebas suficientes para acreditar la debida ejecución del contrato ni los resultados de la liquidación y reversión de los bienes afectos, lo que lleva a confirmar la decisión del tribunal. Finalmente, la entidad debe reconocer a favor del demandante la suma actualizada correspondiente al lucro cesante derivado de las utilidades dejadas de percibir, ya que la primera instancia determinó la cantidad de dichas utilidades y su actualización, lo que implica una indemnización por concepto de lucro cesante.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó la ejecución del contrato declarado nulo por fuera del periodo liquidado en el incidente de liquidación?¿Debe reconocerse a favor del demandante la suma actualizada correspondiente al lucro cesante derivado de las utilidades dejadas de percibir?
¿Se acreditó de manera idónea y fehaciente el cumplimiento efectivo de las condiciones contractuales establecidas para el pago del precio? No
El contratista no acredita de manera idónea y fehaciente el cumplimiento efectivo de las condiciones contractuales establecidas para el pago del precio, lo que impide que la entidad estatal sea declarada en incumplimiento del contrato. La Sala considera que el valor del ítem de personal debía remunerarse en virtud de los precios unitarios pactados, independientemente de los costos incurridos por el contratista. La entidad aceptó pagar el valor mensual por cada profesional y técnico asignados al proyecto, condición que no se verificó debido a la falta de pruebas que demuestren las cantidades ejecutadas y la aprobación del informe final del contrato. Además, el interrogatorio de parte practicado por el apoderado del contratista no cumple con los requisitos para ser considerado confesión y carece de valor demostrativo. La competencia del superior está limitada por los reparos concretos vertidos por el apelante, y no se puede decidir sobre pretensiones no formuladas en la demanda, como la devolución de tasas pagadas a través de estampillas departamentales.síntesis automática
También resuelve:¿Las declaraciones del interrogado sobre el cumplimiento contractual, a instancia de las preguntas formuladas por su propio apoderado, carecen de valor demostrativo?¿La competencia del superior está limitada por los reparos concretos de inconformidad vertidos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deban tomarse de oficio?¿Es procedente decidir sobre la pretensión de devolución de las tasas que el contratista pagó a través del mecanismo de estampillas departamentales y que reclamó con ocasión del recurso contra el…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-02-07Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 68001233300020230074401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional, debe solicitarse por el demandante, existir un análisis de confrontación del acto y las normas y estar acreditados sumariamente los perjuicios cuando se trate de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
La suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo solo procede a petición de parte debidamente sustentada, conforme al artículo 229 del CPACA, y exige un análisis de confrontación entre el acto demandado y las normas que se alegan vulneradas. Cuando se trata de una pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, además deben estar acreditados sumariamente los perjuicios que la medida pretende evitar. La procedencia de la medida depende de que la violación surja del confronte entre el acto y las normas invocadas, y no de la sola afirmación del demandante. En el caso concreto, el material probatorio no permitió concluir que procediera suspender los actos acusados, de modo que la providencia que negó la medida fue confirmada. Como consecuencia práctica, quien solicite la suspensión provisional de un acto debe presentar el análisis de confrontación y las pruebas sumarias de los perjuicios desde la solicitud, pues sin ellas la medida no prospera.síntesis automática
También resuelve:¿De acuerdo con las normas vulneradas y las pruebas allegadas es dable considerar la procedencia de la suspensión de los actos acusados?¿Se acreditó una vulneración del derecho al debido proceso, por indebida valoración y práctica de las pruebas allegadas al procedimiento administrativo sancionatorio…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer el recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer el recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en virtud de la cuantía del asunto conforme al artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala confirma el incumplimiento del contrato por parte de la Unión Temporal, basándose en pruebas adicionales al informe de auditoría, y estima procedente la condena por la cláusula penal pactada, que tiene una función meramente compensatoria y no sancionatoria, por lo que no se aplica el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. Se corrige el monto de la cláusula penal a un 10% del valor del contrato, y se revoca la condena a la devolución del pago de servicios adicionales por falta de pruebas suficientes presentadas por la entidad. La Sala no condena en costas al considerar que el recurso prosperó parcialmente.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó el incumplimiento del contrato respecto de la oferta de vehículos de reposición realizada por la Unión Temporal?¿Es procedente la condena por la cláusula penal ante la acreditación del incumplimiento de algunas obligaciones contractuales a cargo de la contratista?¿ Procede la modificación del monto de la cláusula penal porque el tribunal condenó por un mayor valor al pactado en el contrato?
¿Se configuró el fenómeno preclusivo de la caducidad? Sí
El término de caducidad para la acción de repetición se cuenta desde el día siguiente al vencimiento del plazo que tenía la entidad para pagar la condena, y si el pago se realiza fuera de ese plazo, el término de dos años corre desde el día siguiente a la fecha límite de pago. La regla se apoya en el término de dieciocho meses que el artículo 177 del Decreto 01 de 1984 fijaba para cumplir la condena, contado desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia, y en el artículo 164 literal l de la Ley 1437 de 2011, que establece el término de dos años para demandar. Por ello, el pago tardío no prorroga el plazo para repetir sino que lo desplaza al vencimiento del plazo legal. En el asunto, la entidad realizó el último pago después del término legal y la demanda se presentó vencido el plazo de dos años, por lo que la Sala declaró configurado el fenómeno de la caducidad y negó las pretensiones. En la práctica, la entidad que paga tarde la condena debe calcular la caducidad de la repetición desde la fecha límite de pago y no desde el pago efectivo.síntesis automática
También resuelve:¿El pago de los perjuicios fue cancelado al apoderado de los demandantes a través del despacho judicial que conoció del proceso por vía ejecutiva?¿El mérito probatorio de los documentos públicos lo asigna el juez luego de la apreciación de las pruebas en conjunto?¿La caducidad, dado su carácter de orden público, es indisponible y puede ser declarada de oficio por el juez?
¿En la acreditación del pago de la condena como presupuesto necesario para la prosperidad de las pretensiones dentro de la acción de repetición, rige el principio de libertad de medios de prueba? Sí
En la acción de repetición el pago de la condena es un presupuesto necesario, aunque no suficiente, para que prosperen las pretensiones, y en su acreditación rige el principio de libertad de medios de prueba. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el certificado de pago que el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011 considera prueba suficiente para iniciar el proceso no constituye una regla de conducencia que limite la prueba del pago a ese medio. Segundo, la previsión legal no excluye que el juez aprecie otros medios que acrediten el mismo hecho jurídico del pago, de modo que la carga probatoria puede satisfacerse por distintos medios. Tercero, el pago debe acreditarse como presupuesto de la pretensión, pero su prueba no basta por sí sola para que la acción prospere, pues deben concurrir los demás elementos de la responsabilidad del agente. La providencia confirma la decisión de instancia; en la práctica, la entidad que pretenda repetir puede acreditar el pago con cualquier medio idóneo, sin limitarse al certificado, pero debe demostrar también los elementos de la responsabilidad.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó en debida forma el pago de la indemnización a la que la parte actora fue condenada en un proceso de reparación directa, y que ahora es objeto de la acción de repetición?
¿Los documentos públicos aportados con la demanda resultan suficientes para acreditar el pago de la condena que dio lugar a la acción de repetición? Sí
Los documentos públicos aportados con la demanda pueden acreditar el pago de la condena en la acción de repetición, sin que sea necesario el paz y salvo de los beneficiarios, siempre que resulten idóneos para acreditar la extinción de la obligación y hayan permanecido a disposición de las partes para su contradicción. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la entidad puede valerse de cualquier medio probatorio idóneo, y los documentos públicos evidencian la voluntad de la administración de reconocer la suma a favor de los beneficiarios de la condena. La segunda es que los documentos no fueron tachados de falsos ni controvertidos, y acreditan que el pago se hizo a la cuenta del apoderado judicial, quien tenía facultad para recibir. En consecuencia, se demostró el requisito del pago. Respecto de la prueba trasladada, la providencia reitera que solo procede su valoración cuando fue solicitada por la parte contra la que se aduce o se practicó con su audiencia. La nota de relatoría remite a una sentencia de 10 de septiembre de 2021 sobre la prueba del pago de la condena, y el documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la valoración de la prueba trasladada?¿Cuál es la normatividad aplicable a la acción de repetición?¿Procede la valoración de los testimonios sospechosos?
¿Se probó la actuación dolosa de las demandadas en repetición? No
El contratista no puede probar la actuación dolosa de las demandadas en repetición si las pruebas documentales presentadas solo acreditan circunstancias externas y ajenas a las accionadas, sin ofrecer grado de certeza alguno sobre la intención de apartarse del servicio público por parte de las demandadas. En este caso, la Sala concluyó que la copia del acto de remoción, la historia laboral del funcionario, los acuerdos de reestructuración y el acta de comité de conciliación no eran idóneas para demostrar el elemento subjetivo inherente al juicio de repetición, ya que no se refieren a la conducta de las accionadas. Esto implica que el contratista debe presentar pruebas que directamente demuestren la intención dolosa de las demandadas para tener éxito en un juicio de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Al Consejo de Estado le corresponde el conocimiento de las demandas de repetición interpuestas contra de los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional?¿La condena objeto del sub examine se profirió en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que inició su trámite en vigencia del Código Contencioso Administrativo?¿Se invocó la presunción de dolo con fundamento en que el acto administrativo de remoción habría sido expedido con base en un hecho inexistente?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-12-14Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000232600019951170402ACCION CONTRACTUAL
¿Se reconoce a favor del demandante una suma dineraria por concepto de pérdida de oportunidad? Sí
En la celebración de un contrato estatal de obra, la pérdida de oportunidad de obtener utilidades puede indemnizarse como lucro cesante cuando se acredita la probabilidad de obtener el beneficio esperado, y la utilidad proyectada se calcula a partir de un incremento estimado con base en los porcentajes del IPC durante los cinco años siguientes a la declaratoria de caducidad. Esa probabilidad se mide con el criterio de Laplace, de modo que cada escenario tiene el mismo grado de ocurrencia. Además, cada utilidad anual proyectada se indexa a la fecha de la providencia con la fórmula fijada por la jurisprudencia del Consejo de Estado. La entidad demandada había objetado la primera experticia, pero no se opuso a los métodos estadísticos y probabilísticos usados en el dictamen, de modo que esos métodos no fueron controvertidos. En el caso, el auto reconoció una suma por pérdida de oportunidad y actualizó a valor presente el lucro cesante reconocido en la decisión apelada. La providencia modifica la decisión anterior en este punto. Su consecuencia práctica es que el perjuicio por pérdida de oportunidad debe cuantificarse con un dictamen pericial que sustente cada escenario probabilístico.síntesis automática
También resuelve:¿Si bien la entidad demandada formuló objeción contra la primera experticia no se oponía a los métodos estadísticos y probabilísticos utilizados en el dictamen?¿El Consejo de Estado admitió como ejercicio probatorio la alternativa de presentar las certificaciones de los contratos o la facturación de los mismos?¿Existe prueba de que la ganancia obtenida por el actor hubiera alcanzado, frente a los contratos efectivamente ejecutados…
¿Es posible otorgar eficacia probatoria a la prueba aportada en medio magnético por el demandante, considerando que, pese a que la entidad demandada refutó de manera general su contenido, para atacar a través de la figura del desconocimiento la presunción de autenticidad que opera sobre el documento, no bastaba con que la parte en contra de la cual se aduce manifieste de manera general e injustificada que no le consta que el documento corresponda a quien la otra lo haya atribuido, sino que debe expresar los motivos que la llevan a hacer esa afirmación? Sí
El contratista puede otorgar eficacia probatoria a la prueba aportada en medio magnético, incluso cuando la entidad demandada refuta de manera general su contenido, siempre y cuando esta última exprese los motivos que la llevan a desconocer el documento, en lugar de hacerlo de manera general e injustificada. La presunción de autenticidad que opera sobre el documento no se desvirtúa simplemente por la falta de una certificación o constancia de autenticidad, y la entidad demandada debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 272 del Código General del Proceso para desconocer un documento. Esta regla reitera la importancia de la buena fe en la valoración de la prueba documental y matiza la interpretación de la figura del desconocimiento en el contexto de la prueba en medio magnético, lo que implica que las entidades estatales deben justificar adecuadamente cualquier refutación de la autenticidad de los documentos presentados en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿La base de datos aportada en medio magnético por el demandante, acredita que la liquidación unilateral del contrato de aseguramiento realizada por el Municipio es nula por falsa motivación…¿En vigencia del C.P.A.C.A., resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso, esto es, a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Se probó que hubo una mayor permanencia en obra atribuible a la Fiscalía General de la Nación? Sí
Como en efecto en el proceso quedó probado que hubo una mayor permanencia en obra atribuible a la Fiscalía General de la Nación, pues ordenó la disminución del ritmo de avance de la obra, porque no tenía los recursos para pagarle al contratista… y el contrato de obra se quedó sin interventoría, debido a que el contrato de la firma interventora terminó por vencimiento del término… , la Sala modificará la sentencia de primera instancia para declarar el incumplimiento del contrato.
También resuelve:¿Es posible calcular los intereses moratorios debidos al contratista por el retardo en el pago?¿Se probaron los daños que la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato le causó a la demandante?¿Las cifras presentadas en la experticia se fundamentaron en documentos que no obran en el proceso?
¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago efectivo de la condena? Sí
Presentada la demanda de manera oportuna, el objeto de la controversia consiste en determinar si se reúnen los requisitos necesarios para atribuirle responsabilidad personal a la señora… quien, en la condición de Fiscal… le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación al señor… por el delito de secuestro, sindicado que finalmente fue absuelto mediante sentencia… proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Miraflores, hechos por los cuales la entidad actora afirma fue condenada a indemnizar perjuicios materiales y morales en favor de terceros en acción de reparación directa, cuyo pago pretende recuperar a través del presente medio de control.
También resuelve:¿Cuáles son los presupuestos para la prosperidad del medio de control de repetición?¿Se acreditó uno de los presupuestos para la prosperidad del medio de control de repetición consistente en la existencia de una condena judicial contra el Estado?¿El pago efectivo de la condena por parte de la Fiscalía General de la Nación se acreditó mediante documentos públicos que gozan de plena validez y capacidad probatoria?
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del medio de control de repetición? Sí
En la acción de repetición, la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos contra agentes o exagentes cuya conducta dolosa o gravemente culposa haya originado una condena contra una entidad pública. La competencia descansa en tres fundamentos. Primero, los artículos 150 y 152, numeral 11, del CPACA, que atribuyen el conocimiento de la acción a esta jurisdicción. Segundo, el artículo 7 de la Ley 678 de 2001, que define el objeto del medio de control. Tercero, la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia, que se activa con la apelación de la parte demandante contra la sentencia de primera instancia. Por ello, la providencia concluye que el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación formulado en el proceso, y la decisión de revocar o confirmar debe adoptarse en esa instancia. En la práctica, la parte que apela una sentencia de repetición no debe discutir la competencia del juez de segunda instancia, sino fijar en el recurso los argumentos sobre el fondo.síntesis automática
También resuelve:¿El término para interponer el medio de control de repetición es de dos años, contabilizados a partir del día siguiente a la realización del pago por parte de la entidad o, a más tardar…¿Los preceptos de la Ley 678 de 2001 son aplicables al proceso, toda vez que los hechos ocurrieron con posterioridad a la entrada en vigencia de dicho mandato?¿En vigencia de la ley 678 de 2001, se presume la culpa grave o dolo del agente del Estado en los procesos del medio de control de repetición?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un Tribunal Administrativo? Sí
El contratista debe interponer un recurso de apelación contra la sentencia de un Tribunal Administrativo en el que se detallen los yerros o desaciertos del juez de primera instancia, y si la cuantía de la demanda supera el límite establecido por la Ley 1437 de 2011, el Consejo de Estado es competente para conocer del recurso en segunda instancia. La entidad estatal debe responder a esta interposición presentando argumentos que confronten los fundamentos de hecho y derecho del recurso, y la Sala determinará si el recurso de apelación se ajusta a los límites de competencia funcional del juez de segunda instancia, reiterando la necesidad de que la parte recurrente detalle los cargos específicos contra la decisión recurrida para que el proceso tenga validez.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro del término legal?¿El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida?¿La falta de contestación de la demanda y la renuencia a la exhibición de documentos, eventualmente pueden constituir un indicio en contra?
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos, conforme al artículo 150 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso. Esta competencia se fundamenta en la cuantía de la pretensión y en la naturaleza del medio de control de repetición, que es el adecuado para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando un agente público ha originado una condena por culpa grave o dolo. Además, la demanda se interpuso en tiempo, ya que el término de caducidad corre desde la fecha del pago de la condena, según la exequibilidad condicionada dictada por la Corte Constitucional en sentencias C-832 de 2001 y C-394 de 2002. La entidad que pagó la condena, en este caso la Policía Nacional, está legitimada para ejercer la acción de repetición contra los servidores públicos responsables, conforme al artículo 8 de la Ley 678 de 2001.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda se interpuso en tiempo porque la sentencia condenatoria se notificó a las partes oportunamente y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes al pago de la condena?¿La entidad que pagó la condena por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público está legitimada para el ejercicio…¿Las providencias judiciales aportadas al proceso son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y los hechos procesales?
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del medio de control de repetición? Sí
La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, según el artículo 142 CPACA y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. El Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos, de conformidad con el inciso 2º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 150 CPACA, modificado por el artículo 615 CGP.
También resuelve:¿El medio de control de repetición es procedente para buscar establecer la responsabilidad patrimonial del agente que con su conducta dolosa o gravemente culposa haya generado una condena contra el…¿El término para interponer el medio de control de repetición es de dos años, contabilizados a partir de la realización del pago por parte de la entidad?¿El demandado está legitimado en la causa al desempeñarse como servidor público de la entidad que lo demanda que realizó el pago con ocasión a una condena judicial?
¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resulta aplicable al presente proceso de repetición, la Ley 678 de 2001 y las presunciones previstas en dicha normativa respecto de la conducta del agente o exagente estatal? Sí
En el medio de control de repetición, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos después de su vigencia y, cuando lo hace, rigen las presunciones del artículo 5 de esa ley, que califican como dolosa la conducta del agente. Esta regla se aplica al caso porque la condena se originó en hechos de 2009, posteriores a la vigencia de la ley. Las presunciones son legales, es decir, admiten prueba en contrario, y el legislador las previó para hacer efectivo el ejercicio de la acción de repetición, que de otra forma resultaría difícil para la entidad. Por ello la entidad que formula la demanda puede apoyarse en ellas, pero el demandado puede desvirtuarlas con las pruebas del proceso. En el caso concreto la sala aplicó la ley y sus presunciones y negó la pretensión de repetición. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la presunción de dolo opera en la repetición, pero su alcance depende de la prueba en contrario que se practique.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó la existencia de los tres elementos objetivos de la responsabilidad personal de los agentes del Estado, esto es: existencia de condena, pago y calidad de agente?¿Aunque los testimonios que provienen de personas que tengan vínculos laborales con alguna de las partes resultan sospechosos, no pueden desecharse de plano por el juez…¿Debe declararse la responsabilidad patrimonial del exministro de justicia y del derecho demandado en repetición a título de dolo…
¿El permitir aportar un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social vulnera las reglas de la licitación? No
La certificación de estar al día con el sistema de seguridad social y parafiscales es un requisito de control para evitar la evasión, y no una inhabilidad para contratar con el Estado. Esta regla se apoya en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuya redacción no establece expresamente una inhabilidad, y en el carácter taxativo de las inhabilidades, que no admite interpretación extensiva o analógica. Por ello, la entidad puede habilitar al proponente que aporta un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social, sin infringir las reglas de la licitación. En el caso concreto la resolución de adjudicación no adolece de nulidad, porque el proponente seleccionado fue habilitado en esos términos. La sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la falta de un documento subsanable de seguridad social no conduce, por sí sola, a la inhabilidad del proponente.síntesis automática
También resuelve:¿Si el contratista se encuentra al día y no aportó el medio de prueba, podrá allegarlo, pero en caso de que se encuentre incumplido, deberá ser rechazado y no podrá ser adjudicatario?¿Está demostrado que las reglas del proceso impusieran como causal de rechazo la ausencia de prueba del pago de parafiscales?¿La selección objetiva del contratista es un principio y deber fundamental en la actividad contractual Estatal que orienta todos los procesos de selección?
¿El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Cauca desvirtuó la presunción de dolo del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, por haber expedido un acto administrativo que fue anulado por desviación de poder? Sí
La Corporación conoce en única instancia de la acción de repetición contra los directores de entidades del orden nacional, de acuerdo con el artículo 149 numeral 13 del CPACA y el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. La presunción de dolo por desviación de poder se desvirtúa cuando el agente demuestra que el acto de insubsistencia se fundó en un análisis previo de gestión y no en una represalia. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que la decisión fue producto de la revisión de la gestión de los funcionarios, en ejercicio de la facultad nominadora del director encargado. La segunda es que la orden de redactar la resolución fue anterior a la fecha en que se recibió la comunicación que se alegaba como motivo de represalia. La tercera es que el acto se expidió en ejercicio de la facultad discrecional del nominador. En consecuencia, la Sala niega las pretensiones de la demanda de repetición, porque la parte demandada desvirtuó la presunción de dolo. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia del medio de control de repetición contra funcionarios públicos que hayan dado lugar a una codena contra el Estado?¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago de la condena impuesta al Estado?¿Conforme a la figura de subrogación, la Corporación Autónoma Regional está legitimada por activa para demandar en repetición el pago de la condena impuesta en el proceso de nulidad y…
¿Es procedente la pretensión de enriquecimiento sin justa causa cuando el conflicto tiene su origen en un negocio jurídico perfeccionado y no en un hecho contractual o extracontractual? No
El contratista no puede invocar la acción de enriquecimiento sin justa causa cuando el conflicto tiene su origen en un negocio jurídico perfeccionado y no en un hecho contractual o extracontractual, ya que la controversia debe ser resuelta bajo la óptica contractual y no mediante la compensación por enriquecimiento sin causa, salvo en casos excepcionales donde la afectación del interesado carezca de razón jurídica contractual o extracontractual. La entidad estatal, en este caso, debe tramitar el litigio bajo las reglas de la reparación directa o del contrato, según corresponda, lo que implica que las pretensiones relacionadas con el enriquecimiento sin causa resultan improcedentes. La Sala reitera la jurisprudencia en este sentido, lo que limita la posibilidad de utilizar esta acción en casos de cumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Los argumentos del recurso de apelación delimitan el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia?¿Está sometida una empresa industrial y comercial del Estado al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en los contratos celebrados para el cumplimiento de su misión?¿Constituye la ausencia de salvedades en instrumentos contractuales modificatorios una renuncia automática del contratista a formular reclamaciones por desequilibrio económico?