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¿Operó la caducidad del medio de control de controversias contractuales respecto de alguna de las pretensiones de la demanda, y, en particular, de la declaratoria de nulidad absoluta y la ineficacia de pleno de derecho de las renuncias contenidas en las modificaciones y suspensiones del contrato de consultoría IDU-1394 de 2017 en las que se señalaba que el contratista renunciaba a cualquier reclamación económica o que no generaría costos para el IDU? Sí
El contratista no puede interponer un medio de control de controversias contractuales para declarar la nulidad absoluta o la ineficacia de pleno derecho de las renuncias económicas contenidas en las modificaciones y suspensiones del contrato de consultoría IDU-1394 de 2017, ya que dichas pretensiones fueron presentadas después de los dos años siguientes al perfeccionamiento de los actos contractuales y fuera de la vigencia del contrato, lo que opera la caducidad del medio de control. Además, la administración no incurrió en un acto administrativo contractual al negar la reclamación económica del contratista, pues esta comunicación no tiene la naturaleza de un acto administrativo unilateral que cree, modifique o extinga derechos u obligaciones. Asimismo, el incumplimiento contractual del IDU no fue acreditado, ya que los riesgos durante la ejecución fueron previstos y mitigados por las partes, y el principio de non adimpleti contractus impide declarar el incumplimiento del IDU cuando el contratista incumple en aspectos como el desembolso del anticipo o la facturación oportuna. Por último, no se acredita un desequilibrio económico grave del contrato, ya que los hechos y alegaciones de la demanda se basan en el incumplimiento del contratista y los riesgos imprevistos tuvieron soporte presupuestal en el contrato. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la caducidad del medio de control y la naturaleza de las comunicaciones durante la ejecución contractual, y limitan las posibilidades de declarar incumplimientos y desequilibrios económicos en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad del oficio con radicado DTP 20202250740641 del 5 de octubre de 2020 por medio del cual el IDU negó la reclamación económica presentada por el contratista?¿Debe declararse el incumplimiento contractual del Instituto de Desarrollo Urbano por la exigencia de una nueva alternativa de factibilidad, las observaciones al componente de tránsito y transporte…¿Se encuentran acreditados los presupuestos para declarar el desequilibrio económico del contrato de consultoría IDU-1394 de 2017 y reconocer los sobrecostos reclamados por el contratista?
¿Se demostró la afectación grave por aumento de precios de los insumos y, en consecuencia, el desequilibrio económico y financiero del contrato? No
En los casos de desequilibrio económico y financiero del contrato estatal, los dictámenes deben sustentarse en elementos que demuestren que, entre la celebración del negocio y el fin de su ejecución, se realizaron actividades y gastos propios del objeto contratado cuyos precios aumentaron de forma grave e imprevista, afectando la ecuación financiera. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que suscribir modificaciones sin salvedades no impide un análisis de fondo de las pretensiones. La segunda es que, al no demostrarse la afectación grave que causó el aumento de precios de la mezcla densa en caliente MDC-2 y del ACPM, desaparece el fundamento del supuesto desequilibrio. La tercera es que la prueba pericial debe vincular ese aumento con el período de ejecución del contrato. En el caso concreto la pretensión fue negada por esa falta de prueba. Como obiter dictum, la providencia advierte que la Subsección ha morigerado su postura sobre el criterio de oportunidad para reclamar el desequilibrio y sobre la exigencia de salvedades en los acuerdos modificatorios, de suspensión o de prórroga, lo que matiza el criterio anterior.síntesis automática
También resuelve:¿En casos de desequilibrio económico y financiero del contrato, se debe probar que entre la época de celebración del negocio y el fin de su ejecución se realizaron actividades y gastos…¿El apelante debe manifestar en el recurso cuáles fueron los yerros o desaciertos en los que incurrió el juez de primera instancia al resolver la litis planteada?
¿El derecho al mantenimiento del equilibrio del contrato está previsto como una garantía a favor del contratista, para evitar que quien acude como colaborador de la administración quede desprotegido frente a situaciones adversas de naturaleza imprevisible o derivadas de la conducta de su contraparte, que alteren de manera grave la economía del contrato? Sí
El derecho al mantenimiento del equilibrio del contrato está previsto como una garantía a favor del contratista, para evitar que quien acude como colaborador de la administración quede desprotegido frente a situaciones adversas de naturaleza imprevisible o derivadas de la conducta de su contraparte, que alteren de manera grave la economía del contrato. La Ley 80 de 1993 reconoce este derecho, reconociendo que el equilibrio económico del contrato debe mantenerse cuando se vea alterado por situaciones imprevistas y no imputables a las partes. El derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato es una garantía fundamental para proteger los intereses del contratista frente a alteraciones graves en la economía del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente el reconocimiento del desequilibrio económico del contrato de obra pública a favor del contratista, por mayor permanencia fundada en ampliaciones del plazo de ejecución del…¿El pago de la contribución concebida en la Ley 1106 de 2006, puede ser considerado como imprevisto y, por tanto, otorga derecho al restablecimiento del
¿Impedía la suscripción de las convenciones modificatorias del contrato, sin regulación expresa de los sobrecostos reclamados, la prosperidad de las pretensiones de restablecimiento del equilibrio económico? No
La suscripción de convenios modificatorios en un contrato de obra a precios unitarios no impide por sí sola la prosperidad de las pretensiones dirigidas a obtener el restablecimiento del equilibrio económico del contrato por sobrecostos imprevistos. Durante la ejecución de un contrato de infraestructura vial suscrito con el INVÍAS, se presentaron incrementos anormales en los precios de insumos como asfalto, cemento y combustibles, así como mayores costos de transporte de materiales. La Sala verificó que las adiciones y modificaciones acordadas no tuvieron por objeto regular ni compensar tales circunstancias imprevistas. Por consiguiente, la suscripción de dichas modificaciones negociales no sanea ni extingue el derecho del contratista a reclamar la indemnización por la ruptura financiera del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Probó el contratista que el mecanismo de ajuste de los precios unitarios perdió eficacia durante la ejecución contractual…
¿Procede reconocer un desequilibrio económico contractual cuando el contratista pactó de forma expresa e inequívoca la renuncia a reclamaciones económicas derivadas de las prórrogas y aceptó bilateralmente el valor de las modificaciones contractuales? No
No procede reconocer un desequilibrio económico del contrato cuando el contratista pactó de forma expresa e inequívoca la renuncia a reclamaciones económicas derivadas de las prórrogas y aceptó bilateralmente el valor de las modificaciones contractuales. La regla se sostiene en tres razones: el silencio de las partes al pactar modificaciones no puede interpretarse como renuncia a reclamar, por lo que el juez debe examinar en cada caso el alcance de los acuerdos conforme a la buena fe; cuando la renuncia es explícita e inequívoca, el juez no debe desentrañar el sentido del acuerdo a partir de la conducta previa a la suscripción, sino respetar lo pactado; y el valor de las prórrogas fue objeto de pacto expreso, lo que impide tratar el caso como una situación de silencio. Así, la renuncia expresa a reclamar prevalece sobre la pretensión de restablecimiento. Esta regla reitera la unificación de la Sección Tercera de 27 de julio de 2023, cuyo alcance se precisa en los acuerdos expresos. La providencia se modifica.síntesis automática
También resuelve:¿Debe reconocerse y pagarse intereses moratorios por el pago tardío de las actas parciales de obra No 4, 5, 6 y 7, pese a la ausencia de pacto contractual sobre dichos intereses y de plazo o…
¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de controversias contractuales, considerando que el término fue suspendido por la solicitud de conciliación ante el agente del Ministerio Público, y que, a pesar de que el requisito de procedibilidad no fuera obligatorio, en lo que respecta a la suspensión del término, la ley no distingue entre los procesos en los que el trámite de conciliación sea requisito de procedibilidad y aquellos en que no? No
El contratista no puede alegar la caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el término de caducidad fue suspendido por la presentación de una solicitud de conciliación ante el agente del Ministerio Público, independientemente de que el trámite de conciliación no sea un requisito de procedibilidad, ya que la ley no distingue entre procesos en los que la conciliación es obligatoria y aquellos en que no lo es. La suspensión del término de caducidad opera hasta que se expida la constancia de no conciliación o hasta que se venza el plazo de tres meses, reanudándose el término una vez finalizado este periodo. En la práctica, esta regla reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la suspensión del término de caducidad, permitiendo que los contratistas puedan interponer acciones de controversias contractuales sin temor a la caducidad cuando han solicitado conciliación, incluso en casos en los que la conciliación no es un requisito de procedibilidad.síntesis automática
También resuelve:¿La existencia de inconsistencias en los estudios, diseños y planos entregados por el INVÍAS para construir la vía, afectaron la ejecución de la obra de forma tal que ocasionara que el contratista…¿Para reconocer el desequilibrio a favor del contratista se requiere la existencia de hechos imprevistos no imputables al contratista…¿Resulta procedente el restablecimiento de la ecuación financiera a favor del contratista, del contrato de obra pública pactado a precios unitarios…
¿El demandante logró acreditar los presupuestos del equilibrio económico del contrato y los perjuicios invocados en la demanda? No
El contratista no logra acreditar los presupuestos del equilibrio económico del contrato ni los perjuicios invocados en la demanda, por lo que la sentencia de primera instancia es confirmada. La acción de controversias contractuales fue presentada oportunamente, ya que el término de caducidad comenzó a correr el 23 de noviembre de 2006 y la demanda se interpuso el 24 de julio de 2008, dentro del plazo establecido. La Sala valorará las copias simples de documentos no tachadas de falsas, en cumplimiento de la sentencia de unificación de 2013. La urgencia manifiesta es una figura que permite contratación directa en situaciones excepcionales que no permiten el trámite reglado, siempre que se declare por acto administrativo. La Corporación reitera la distinción entre el incumplimiento contractual y el desequilibrio económico del contrato, matizando precedentes sobre la materia.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales fue presentada de manera oportuna?¿Se presenta ruptura del equilibrio económico del contrato y se acreditaron los sobrecostos por el tiempo perdido por la no entrega de los diseños y la compra de los predios por parte de la entidad…
¿Cuál es la incidencia en el proceso judicial del comportamiento de las partes en el procedimiento contractual? No
El contratista no puede reclamar en el proceso judicial por daños causados durante la ejecución del contrato si su propia conducta vulneró el principio de buena fe objetiva, ya que este comportamiento determina la prosperidad de las pretensiones en el escenario judicial. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha reiterado que el silencio de la contratista al suscribir contratos adicionales sin salvedades constituye una violación al principio de buena fe, lo que impide que posteriormente reclame por la alteración del equilibrio económico contractual. Además, la Sala establece que no existe incumplimiento contractual cuando las partes mancomunadamente deciden prorrogar el plazo del contrato sin generar costos adicionales, y que la diferencia entre el incumplimiento del contrato y la ruptura del equilibrio económico radica en que este último puede ser causado por actos del Estado o factores externos imprevisibles, mientras que el incumplimiento implica una falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de una de las partes. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la importancia del principio de buena fe en la contratación estatal y la necesidad de distinguir entre incumplimiento y alteración del equilibrio económico contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Está probado en el proceso el incumplimiento contractual alegado?¿Cuál es la diferencia que hay entre el incumplimiento del contrato y la ruptura del equilibrio económico del contrato para el estudio de la responsabilidad?¿Cuál es el concepto y presupuestos de la mayor permanencia en obra?
¿Operó la caducidad de la acción contractual en el presente caso, teniendo en cuenta que el proceso se rige por el artículo 136 del CCA, que la terminación anticipada del convenio ocurrió el 31 de diciembre de 2011, que la demanda fue presentada el 28 de febrero de 2012 y su adición el 21 de junio de 2013, y que el término de caducidad estuvo suspendido entre el 13 de enero y el 27 de febrero de 2012 por haberse agotado el requisito de procedibilidad? No
El contratista no opera la caducidad de la acción contractual cuando la demanda se presenta dentro del plazo establecido por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, incluso si el término de caducidad estuvo suspendido por un periodo. En este caso, la terminación anticipada del convenio ocurrió el 31 de diciembre de 2011, y la demanda fue presentada el 28 de febrero de 2012, dentro del plazo de dos años. Además, el término de caducidad estuvo suspendido entre el 13 de enero y el 27 de febrero de 2012, por lo que la interrupción no afectó la oportunidad de la demanda. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la interpretación del artículo 136 del CCA, garantizando que las partes puedan ejercer sus acciones dentro del plazo legal, incluso en presencia de suspensiones temporales.síntesis automática
También resuelve:¿A la luz de los criterios exigidos por el artículo 355 de la Constitución Política, el Decreto 777 de 1992 y la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre convenios de apoyo y fomento…¿Con fundamento en la interpretación literal y sistemática del convenio, así como en la naturaleza de las obligaciones de medio y la inaplicabilidad del equilibrio económico a los convenios de…¿Debe el juez abstenerse de imponer condena en costas cuando, de acuerdo con el artículo 171 del CCA y el artículo 55 de la Ley 446 de 1998…
¿Para determinar la oportunidad de la acción de controversias contractuales cuyo objeto se circunscribe a establecer si en la compraventa celebrada entre las partes existió desproporción entre el valor real del bien y el valor pagado en los términos exigidos en la ley para que se configure la lesión enorme, resultan relevantes las épocas de las presuntas afectaciones del predio a utilidad pública, cuando la demanda no está encaminada a obtener reparación por esas presuntas afectaciones? No
El contratista no debe considerar relevantes las épocas de presuntas afectaciones del predio a utilidad pública para determinar la oportunidad de la acción de controversias contractuales que busca establecer si en la compraventa celebrada entre las partes existió desproporción entre el valor real del bien y el valor pagado, ya que la demanda no busca reparación por esas afectaciones. La oportunidad de la acción se determina a partir del perfeccionamiento del negocio jurídico, es decir, desde el otorgamiento de la escritura pública, y no desde eventos posteriores no relacionados con el objeto de la controversia. La regla establece que el término de caducidad para accionar en controversias contractuales es de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho correspondientes, lo que implica que la acción es oportuna si se presenta dentro de este plazo, ajustándose a los días hábiles y considerando la vacancia judicial. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la determinación de la oportunidad de la acción de controversias contractuales, permitiendo una interpretación más flexible y ajustada a la realidad de los casos.síntesis automática
También resuelve:¿Resultan aplicables a la adquisición de inmuebles por parte de las entidades públicas por ventas no forzadas, las normas civiles propias de la compraventa relativas a la lesión enorme?¿El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende…¿La verificación judicial de la lesión enorme se limita en forma objetiva al precio, sin que se imponga para su configuración la prueba de un vicio en el consentimiento o la intención de alguno de…
¿Cuáles son los presupuestos para determinar la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia en procesos de controversias contractuales? Sí
El contratista y la entidad estatal deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 para que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tenga competencia en controversias contractuales, incluyendo la cuantía del monto en disputa y la naturaleza de la entidad estatal. Además, el cómputo del término de caducidad para el medio de control de controversias contractuales se determina según el plazo de ejecución del contrato y la liquidación, con la posibilidad de interrupción por solicitudes de conciliación extrajudicial. La diferencia entre el desequilibrio económico del contrato y el incumplimiento contractual radica en que el primero se refiere a la alteración de las condiciones económicas pactadas debido a factores externos o acciones legítimas de la administración, mientras que el segundo implica la inobservancia de las obligaciones contractuales, lo cual puede dar lugar a responsabilidades distintas. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para estos casos y establece claramente los plazos y requisitos legales para el ejercicio de los medios de control contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando se demanda un supuesto de incumplimiento y/o desequilibrio económico…¿Cuál es la diferencia entre el desequilibrio económico del contrato y el incumplimiento contractual y cuáles son los presupuestos de cada uno?¿Cuáles son los presupuestos para determinar la naturaleza y la tipología del contrato y cómo se determina el objeto contractual?
¿La ejecución de labores tendientes a completar la cartografía base necesaria para el cumplimiento del objeto contractual era una obligación del contratista, cuyos costos debieron ser asumidos conforme a los términos de referencia? Sí
El contratista que ejecuta un contrato cuyos términos de referencia le exigen completar la información faltante de la cartografía suministrada por la entidad debe asumir el costo de esas labores, pues forman parte de las actividades necesarias para la cumplida ejecución del objeto contratado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, cuando los términos de referencia prevén expresamente la georreferenciación de espacios que no aparecen en la cartografía entregada, el proponente conoce desde el proceso de selección que debe presupuestar esa eventualidad. Segundo, que la cartografía cubra el total del área no elimina el deber de completar sus vacíos cuando son necesarios para ejecutar el objeto. Tercero, no existe un sobrecosto reembolsable cuando el gasto corresponde a una obligación que el contratista debía asumir y no se prueba un incumplimiento de la entidad que lo haya generado. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el contratista que alegue sobrecostos por labores de cartografía debe demostrar que, según los documentos del proceso de selección, esas labores no le correspondían.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo?¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la firma del acta de liquidación bilateral del contrato?¿Las salvedades plasmadas de forma clara y expresa en el acta de liquidación bilateral del contrato, habilitan al contratista afectado a acudir al juez contractual…
¿La ausencia de salvedades en los documentos de suspensión y prórroga del contrato son suficientes para abstenerse la Sala del estudio de fondo de la reclamación fundada en la ruptura del equilibrio económico del contrato? No
El contratista no puede abstenerse de estudiar el fondo de la reclamación por la ruptura del equilibrio económico del contrato solo por la ausencia de salvedades en los documentos de suspensión y prórroga, ya que no se demostró que el desabastecimiento de materiales excediera el riesgo asumido contractualmente. Además, la entidad estatal no incurrió en nulidad al imponer una multa después del vencimiento del plazo contractual, siempre y cuando la multa tenga un fin conminatorio y las obligaciones pendientes puedan ser cumplidas dentro del plazo del contrato. Sin embargo, si la multa se impone después de que el contrato haya terminado, carece de competencia temporal y es nula. Asimismo, la liquidación unilateral del contrato no es nula por realizarse fuera del término legal si el contratista no acuerda la liquidación bilateral y el plazo de cuatro meses para la liquidación unilateral no se ha cumplido. Por último, la liquidación unilateral no viola el debido proceso si no afecta derechos fundamentales más allá del monto de la multa, que pierde fuerza ejecutoria si la multa es nula por falta de competencia temporal.síntesis automática
También resuelve:¿Existe nulidad del acto de imposición de multa por haberse emitido una vez vencido el plazo dispuesto para tal fin?¿Se presenta nulidad del acta de liquidación unilateral del contrato por haberse realizado por fuera de los términos establecidos en la ley?¿Se presenta nulidad del acta de liquidación unilateral del contrato por violación del derecho al debido proceso?
¿La terminación del contrato estatal por efecto de la liquidación forzosa de la E.S.E. dio lugar a un rompimiento del equilibrio económico que debe ser restablecido? No
La terminación del contrato estatal por efecto de la liquidación forzosa de la E.S.E. no dio lugar a un rompimiento del equilibrio económico que deba ser restablecido. La causa que determinó la terminación del contrato obedeció a un evento de fuerza mayor, por lo que ambos contratantes quedaron liberados del cumplimiento de sus obligaciones. La E.S.E. no está llamada a indemnizar los perjuicios que se hubieran generado como consecuencia de la imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato hasta el vencimiento del plazo pactado.síntesis automática
También resuelve:¿Es admisible que se analicen nuevos cargos planteados en el recurso de apelación?¿Es competencia del liquidador de una empresa estatal resolver de manera unilateral e impositiva los conflictos o litigios derivados de los contratos que hubiere celebrado la entidad durante su…¿La Sala tiene competencia para definir el asunto relativo a la imputación de los perjuicios derivados de la terminación anticipada y unilateral del contrato por efecto de la liquidación forzosa de…
¿Si el incumplimiento es imputable al deudor y es la causa de un daño cierto, personal y directo, el acreedor tiene derecho a pedir la indemnización integral de los perjuicios? Sí
El incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputable al deudor y causante de un daño cierto, personal y directo, confiere al acreedor el derecho a solicitar la indemnización integral de los perjuicios. Este principio se fundamenta en el equilibrio económico del contrato estatal, que busca garantizar la continuidad del servicio público y los intereses generales. La responsabilidad contractual y el desequilibrio financiero del contrato estatal son conceptos distintos, con la primera orientada al derecho de crédito y la segunda al mantenimiento del servicio público. La variación de la causa petendi impide pronunciamiento de fondo, reiterando la importancia de la congruencia y la imparcialidad en el proceso judicial.síntesis automática
También resuelve:¿El equilibrio económico del contrato estatal se concreta en el derecho del contratista a que se mantenga la equivalencia entre derechos y obligaciones surgida al momento de proponer o contratar?¿El incumplimiento de obligaciones contractuales y el desequilibrio financiero del contrato estatal son diferentes?¿La variación de la causa petendi impide pronunciamiento de fondo?
¿Debe negarse el reconocimiento de sobrecostos y gastos por mayor permanencia en obra cuando las partes ya acordaron expresamente, mediante suspensiones, prórrogas y otrosíes, que dichos eventos no generarían pagos adicionales al precio pactado? Sí
El juez niega el reconocimiento judicial de sobrecostos y gastos por mayor permanencia en obra pública cuando las partes contratantes acuerdan expresamente, mediante actas de suspensión, prórrogas y otrosíes, que dichos eventos modificatorios no generarán pagos adicionales al precio inicialmente pactado. En este proceso de controversias contractuales, la decisión se fundamenta en los principios constitucionales de pacta sunt servanda y previsibilidad, así como en la rigurosa distribución del riesgo contractual establecida en la matriz negocial, distribuyendo las agencias en derecho entre los integrantes del consorcio según su exacto porcentaje de participación.síntesis automática
También resuelve:¿En los contratos estatales sometidos a un régimen especial distinto del general, el contratista posee un derecho implícito a la preservación del equilibrio económico del contrato…¿Debe imponerse condena en costas a la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación, fijando las agencias en derecho conforme a criterios objetivos y distribuyéndolas entre…
¿Es procedente la pretensión de enriquecimiento sin justa causa cuando el conflicto tiene su origen en un negocio jurídico perfeccionado y no en un hecho contractual o extracontractual? No
El contratista no puede invocar la acción de enriquecimiento sin justa causa cuando el conflicto tiene su origen en un negocio jurídico perfeccionado y no en un hecho contractual o extracontractual, ya que la controversia debe ser resuelta bajo la óptica contractual y no mediante la compensación por enriquecimiento sin causa, salvo en casos excepcionales donde la afectación del interesado carezca de razón jurídica contractual o extracontractual. La entidad estatal, en este caso, debe tramitar el litigio bajo las reglas de la reparación directa o del contrato, según corresponda, lo que implica que las pretensiones relacionadas con el enriquecimiento sin causa resultan improcedentes. La Sala reitera la jurisprudencia en este sentido, lo que limita la posibilidad de utilizar esta acción en casos de cumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Los argumentos del recurso de apelación delimitan el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia?¿Está sometida una empresa industrial y comercial del Estado al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en los contratos celebrados para el cumplimiento de su misión?¿Constituye la ausencia de salvedades en instrumentos contractuales modificatorios una renuncia automática del contratista a formular reclamaciones por desequilibrio económico?
¿La ruptura del equilibrio económico del contrato por la fijación de nuevos impuestos o gravamenes en el curso del contrato estatal se da de manera automática? No
El rompimiento del equilibrio económico del contrato estatal no se produce por el solo hecho de que el contratista deje de obtener utilidades o de que surjan mayores costos en la ejecución de sus obligaciones, pues para reconocerlo el hecho debe ser imprevisible y anormal y no haberse originado dentro del margen de riesgo propio del contrato. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 exige mantener el equilibrio respecto de las condiciones pactadas al celebrar el contrato, de modo que la alteración debe medirse frente a ese pacto. Segundo, las causas de ruptura, ya se encuadren en la teoría de la imprevisión, en el hecho del príncipe o en el ius variandi, comparten como denominador común la imprevisibilidad y la anormalidad del hecho. Tercero, las partes distribuyen los riesgos en las cláusulas o en los ajustes económicos durante la ejecución, por lo que los costos que no superan el álea normal o corresponden a esas contingencias asumidas no dan lugar a restablecimiento. En la práctica, el contratista que reclame el restablecimiento debe probar que el hecho superó el riesgo asumido en el contrato y excedió el álea normal.síntesis automática
También resuelve:¿El silencio del contratista frente a los acuerdos modificatorios y la eventual insuficiencia de los mismos para solventar situaciones que puedan alterrar la economía del contrato…¿Para octubre de 2006, cuando tuvo lugar la licitación que precedió al contrato de obra materia de controversia, era imprevisible la operabilidad de la contribución especial prevista en la Ley 1106…¿Se le debía reconocer a la sociedad A.I.A. S.A. el restablecimiento del equilibrio económico del contrato N° 18 de 2007 por mayor permanencia en la obra…
¿El fenómeno jurídico de la caducidad representa un límite o un plazo máximo, perentorio y preclusivo, dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción, de naturaleza objetiva, que corre indefectiblemente y no se interrumpe, ni se suspende salvo determinados eventos? Sí
El contratista debe ejercer su derecho de acción dentro del término de caducidad, un límite temporal perentorio y preclusivo que corre indefectiblemente y no se interrumpe ni suspende, salvo en casos específos como la conciliación extrajudicial. En contratos estatales que requieren liquidación y ésta se lleva a cabo de común acuerdo, el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a partir del día siguiente a la fecha en que las partes liquidaron el contrato. Los contratos de tracto sucesivo, cuya ejecución se prolonga en el tiempo, son objeto de liquidación que debe llevarse a cabo de común acuerdo entre las partes o, en su defecto, de forma unilateral por la entidad estatal, con el fin de determinar el estado económico final del contrato y finiquitar la relación negocial. Esta jurisprudencia reitera y matiza precedentes, estableciendo claramente los plazos y procedimientos para la liquidación y ejercicio de acciones en contratos estatales, lo que implica una mayor certeza jurídica en la administración de contratos públicos.síntesis automática
También resuelve:¿En los contratos estatales que requieran de liquidación y ésta se lleva a cabo de común acuerdo, la contabilización del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a…¿Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación…¿Es a partir de la terminación del contrato, cuando empieza la etapa de liquidación, que deberá llevarse a cabo, en principio, de común acuerdo entre las partes…
¿Puede la Sala analizar el enriquecimiento sin causa alegado por el consorcio en el recurso de apelación, con fundamento en la ejecución de mayores cantidades de obra, pese a que no formuló esa pretensión en la demanda y el municipio no tuvo oportunidad de ejercer su defensa frente a ella? No
El contratista no puede introducir en el recurso de apelación un nuevo argumento sobre enriquecimiento sin causa basado en la ejecución de mayores cantidades de obra, ya que no fue planteado en la demanda y el municipio no tuvo oportunidad de defenderse, lo que violaría el principio de congruencia y el derecho de defensa, según establece el artículo 281 del Código General del Proceso aplicado por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala reitera que el análisis de nuevos cargos en segunda instancia es improcedente, limitando así el pronunciamiento del juez a las pretensiones y argumentos presentados en la demanda original.síntesis automática
También resuelve:¿La ocurrencia de un hecho ajeno a las partes e imprevisible al momento de contratar, que genera una afectación grave de la ecuación económica del contrato y lo torna más oneroso para una de ellas…¿Se configuró la ruptura del equilibrio económico del contrato por la teoría de la imprevisión, debido a los mayores costos que el consorcio atribuyó a las crecientes del río Bugalagrande…¿Debe mantenerse la condena en abstracto por el desequilibrio económico del contrato derivado de la implementación de los protocolos de bioseguridad por el COVID-19…