Titulación de la relatoría 33.111 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CELEBRACIÓN DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / NULIDAD DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ACUMULACIÓN DE DEMANDAS / NEGACIÓN DE LA SOLICITUD DE NULIDAD / RESOLUCIÓN SANCIONATORIA AL CONTRATISTA / COMPETENCIA PARA LA EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA / ESTIPULACIONES DEL CONTRATO / REQUISITOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA / CONTRATANTE CUMPLIDO / AMONESTACIÓN AL CONTRATISTA / MORA DEL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Las decisiones adoptadas por el Ministerio estuvieron debidamente fundamentadas y no se demostraron los incumplimientos endilgados?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como la sociedad no demostró que el Ministerio incurriera incumplimientos que afectaran el eje de la prestación convenida […], no se desvirtúan las razones de incumplimiento endilgadas a UNE en las resoluciones acusadas. [L]a Sala negará las pretensiones principales formuladas en ambos procesos [acumulados], y las consecuenciales súplicas de contenido económico, toda vez que no se demostraron los cargos de nulidad formulados contra las cláusulas décimo tercera y décimo cuarta del contrato, ni contra los actos enjuiciados –las Resoluciones [del ministerio]–, por cuanto se acreditó que los mismos se fundamentaron en las previsiones legales que resultaban aplicables, fueron emitidas con competencia y bajo el procedimiento estatuido en la ley para tal fin. También se demostró que las decisiones adoptadas por el Ministerio estuvieron debidamente fundamentadas y que no se demostraron los incumplimientos endilgados a la demandada.
EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CELEBRACIÓN DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / ENTREGA DE BIEN / SISTEMA DE INFORMACIÓN / ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL / PAGO DE LA FACTURA / DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO / SANCIÓN PECUNIARIA / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / MEDIDA DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA / GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS / ACTIVIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROSPERIDAD DE LA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA / DEVOLUCIÓN DEL PAGO EN EXCESO / REDUCCIÓN DE LA SANCIÓN
Problema jurídico:
¿Teniendo en cuenta la aceptación del contratante de parte del objeto pactado, resulta procedente la reducción de la sanción pecuniaria en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
En la Resolución 2035 de 2015 se plasmó que el Ministerio recibió, aprobó y pagó los elementos que componían el primer desembolso del precio pactado […]. Lo anterior se ratificó con la autorización emitida por el supervisor para su pago, acompañado del acta de entregables del mismo y la factura emitida por UNE TELCO, por este concepto. Teniendo en cuenta la aceptación del contratante, de parte del objeto pactado, se debe revocar la providencia apelada en este aspecto, por cuanto resulta procedente la reducción de la sanción pecuniaria en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato. [E]l Ministerio debió descontar la cifra correspondiente al IVA del precio del contrato, pues la imposición de la pena no configuró la prestación de un servicio o la venta de un bien, hechos generadores de este impuesto. Como el contratante aceptó parte del objeto ejecutado, habrá de declararse la disminución de la cláusula penal impuesta, en el mismo porcentaje del objeto recibido por el Ministerio. [L]a Sala modificará la sentencia cuestionada. Negará las pretensiones principales de ambos procesos, y accederá a la pretensión subsidiaria del expediente 2016-00614, modificando el monto de la cláusula penal pecuniaria impuesta […], con la expresa orden a cargo del Ministerio de que, en caso de haberse efectuado un pago relativo a la cláusula penal pecuniaria, restituya a la sociedad las sumas que ésta hubiere cancelado o se le hubieren descontado en exceso, en virtud de la disminución del monto de dicha sanción dispuesto en esta providencia.
EFICACIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / SISTEMA DE INFORMACIÓN / DESARROLLO TECNOLÓGICO / HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS / INTERVENCIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO / CONTRATANTE CUMPLIDO / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / PRÓRROGA DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL PLAZO / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES / DESCUIDO DE LA GESTIÓN ENCOMENDADA
Problema jurídico:
¿No se acreditó la falta de acatamiento de las funciones a cargo del Ministerio, o que no hubiera ejecutado acciones para garantizar la observancia del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala opta por asignar mayor grado de credibilidad al panorama fáctico que ofrecen los medios de prueba documentales, en la medida que contienen un soporte provisto de mayor imparcialidad al provenir directamente de la ejecución contractual y de la participación de ambos sujetos negociales. Lo anterior, evidencia que no se acreditó la falta de acatamiento de las funciones a cargo del Ministerio, o que no hubiera ejecutado acciones para garantizar la observancia del contrato, ni el efecto que hubiera tenido alguna de [la]s situaciones en el cumplimiento definitivo del negocio […]. La huella de lo acontecido, por el contrario, se inclina a constatar la relevancia de los incumplimientos de UNE respecto del Ministerio del Trabajo y, a pesar de su interés y compromiso en solventarlos mediante la prórroga y las medidas adoptadas, ello no resultó suficiente para lograr la satisfacción de sus obligaciones y, en su calidad de experto contratado, falló en el encargo de suplir la necesidad de la entidad contratante.
CELEBRACIÓN DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MULTA AL CONTRATISTA / RECURSO CONTRA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA / COMPETENCIA PARA LA EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA / NULIDAD DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LA SOLICITUD DE NULIDAD / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO / COBRO DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO / NORMA EN QUE DEBÍA FUNDARSE / INEXISTENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / INEXISTENCIA DE INFRACCIÓN DE LA NORMA EN QUE DEBÍA FUNDARSE / FACULTADES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO
Problema jurídico:
¿Las resoluciones fueron expedidas con competencia, en virtud de la atribución legal conferida al contratante?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala concluye que carece de vocación de prosperidad la pretensión anulatoria promovida contra [la]s estipulaciones – cláusulas décimo tercera y décimo cuarta del contrato– y, como consecuencia, tampoco se configura un vicio [invalidante], contra las Resoluciones […] –mediante las cuales el Ministerio impuso una multa a UNE TELCO–, y [las resoluciones] –a través de las cuales el contratante declaró el incumplimiento del contrato a cargo de la sociedad, hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada […] y declaró el siniestro de incumplimiento cubierto por de la garantía única de cumplimiento–, pues, se itera, (i) no quebrantaron la restricción contenida en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993; (ii) fueron expedidas con competencia, en virtud de la atribución legal conferida en las Leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011 a la contratante, y (iii) están pactadas en el contrato, por lo que no configuran una desviación de poder del Ministerio ni desconocen las normas en que debían fundarse.
SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SISTEMA DE INFORMACIÓN / INVERSIÓN EN DESARROLLO TECNOLÓGICO / RECLAMACIÓN ECONÓMICA / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PARTES CONTRATANTES / CLASES DE NEGOCIO JURÍDICO / INTERPRETACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO / DERECHO A LA LIBRE DISPOSICIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / ESTIPULACIONES DEL CONTRATO / CONDICIONES DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿No está demostrado que durante el plazo de la prórroga se presentaran circunstancias distintas a las que motivaron ese acuerdo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La misma contratista, en su solicitud de prórroga, indicó que el mayor tiempo y los ajustes propuestos u “oportunidades de mejora” no generaban un “desequilibrio contractual para UNE”, aspecto que fue reiterado en el otrosí, lo que denota la voluntad de las partes de cerrar el panorama frente a futuros pedimentos. Las partes fueron precisas y directas en precaver una futura reclamación económica por las circunstancias que dieron lugar a dicho pacto negocial, por lo que no hay lugar a desconocer las modificaciones y sus razones, las cuales emanaron del ejercicio de su autonomía de la voluntad, constituyéndose en ley para ellas (art.1602 C.C.). La Sala no encuentra razones que conduzcan a una conclusión diferente, puesto que la estipulación de las partes se dirigió a que lo concertado era definitivo, y fue analizado por ellas en sus causas y efectos; además, no está demostrado que durante el plazo de la prórroga, y sin que fuera posible preverlas al momento de su celebración, se presentaran circunstancias distintas a las que motivaron ese acuerdo.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
CONDUCTA DE LA PARTE DEMANDANTE / SOLICITUD DE PRUEBA / OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / ETAPA PROBATORIA / ASPECTO PROBATORIO / OPORTUNIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / AUDIENCIA INICIAL / DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO / AUDIENCIA DE PRUEBAS / RECAUDO DE LA PRUEBA / PODER OFICIOSO DEL JUEZ / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / DISCREPANCIA EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA / DEMANDA DE RECONVENCIÓN / DERECHO A PRESENTAR PRUEBAS / CONTROVERSIA DE LA PRUEBA / AMPARO AL DEBIDO PROCESO / EFICACIA DE LA PRUEBA / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL
Problema jurídico:
¿En la audiencia inicial acontece el segundo paso de la actividad probatoria correspondiendo al juez su decreto?
Respuesta al problema jurídico: Si
La primera oportunidad con la que cuenta el demandante para incorporar y solicitar pruebas, es la demanda; para el demandado lo es la contestación, el escrito de excepciones o la demanda de reconvención. En la audiencia inicial acontece el segundo paso de la actividad probatoria correspondiendo al juez su decreto, seguido de la audiencia de pruebas […], donde ocurre la recaudación y práctica de todos los medios de acreditación oportunamente solicitados y decretados. [S]in perjuicio de la facultad oficiosa que de manera subsidiaria puede ejercer el juez […]. La Sala no comparte las razones esbozadas por el a quo para haber valorado la demanda de reconvención presentada en el trámite [arbitral], pues se desconocieron los momentos procesales establecidos para tal fin, y [el] derecho que tienen las partes para presentar pruebas y controvertir las que oportunamente se alleguen en su contra. Este pilar, que se integra al debido proceso (art. 29 de la Carta Política), también protege las formas propias de cada juicio, […] para la formación, validez y eficacia de las pruebas, incluida la oportunidad para aducirlas y hacer su contradicción, derecho que fue obviado por el a quo.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29
ANÁLISIS DEL TRIBUNAL / NEGACIÓN DEL DECRETO DE PRUEBA / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / APORTE DE LA PRUEBA / ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / ACCIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTO / CALIDAD DE LA PRUEBA / ADECUADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA / REQUISITOS DE LA PRUEBA / INDEBIDA VALORACIÓN DE LA PRUEBA / CARENCIA DE VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / OPORTUNIDAD PARA EL APORTE DE LA PRUEBA / OMISIÓN DEL DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO / DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA / CONTROVERSIA DE LA PRUEBA / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL
Problema jurídico:
¿Al no haberse decretado la prueba, la demandante fue sorprendida en la sentencia con la valoración de un insumo que no fue debidamente decretado ni controvertido en el plenario?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l a quo ignoró que de forma precedente había negado el decreto de [l]a prueba, y que luego no la estimó como base para activar sus facultades oficiosas; así que resultaba inadmisible entender que la sola entrega [del documento], con los alegatos de conclusión, equivalía a su incorporación jurídica al proceso. Una cosa es el aporte físico de un documento, y otra la calidad de prueba que se adquiere a través de su decreto –determinación que pasa por la constatación de los requisitos de conducencia, pertinencia y utilidad en materia probatoria–. [L]a Sala advierte el yerro en que incurrió el a quo al valorar el referido documento –demanda arbitral de reconvención de UNE contra ADA– pues éste nunca adquirió estatus probatorio, ni los alegatos de conclusión constituyen una oportunidad para ello. [D]ebió haber decretado dicha prueba; como tal cosa no ocurrió, se vulneró el derecho de defensa de UNE ya que fue sorprendida en la sentencia con la valoración de un insumo que no fue debidamente decretado ni controvertido en el plenario.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONTRATO ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PRIMACÍA DEL INTERÉS GENERAL / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / PROCESO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / OBJETO DEL CONTRATO / PAGO AL CONTRATISTA / DERECHOS DEL CONTRATISTA / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTROL DE LEGALIDAD DEL CONTRATO / FACULTADES DE LA ENTIDAD PÚBLICA / OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE / VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CLASES DE POTESTAD IMPOSITIVA DEL ESTADO / CLASES DE POTESTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO / MEDIO COERCITIVO / FACULTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO / CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO / PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CLÁUSULA EXCEPCIONAL DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Los contratos interadministrativos conservan la finalidad de todo contrato estatal de realizar los fines que concretan el interés general?
Respuesta al problema jurídico: Si
Los contratos interadministrativos, [tienen] como parte en ambos extremos a entidades públicas, conservan la finalidad de todo contrato estatal de realizar los fines que concretan el interés general, [la] entidad que funja como contratante puede exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado (art. 4 de la Ley 80 de 1993) y, en correspondencia, este último tiene derecho a recibir la remuneración pactada. [E]l Legislador asignó al contratante un conjunto de facultades que le permiten ejercer la dirección, control y vigilancia del negocio jurídico para lograr su cumplimiento. Se trata de poderes exorbitantes […], que le otorgan facultades coercitivas, sancionatorias y orientadoras, con el propósito de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios o bienes públicos a su cargo. Dichas prerrogativas son irrenunciables, taxativas, de interpretación restrictiva y aplicación temporal, limitadas a los eventos específicos que prevé el art. 14 de la Ley 80 de 1993 […]. La citada norma también establece que debe prescindirse de la utilización de estas cláusulas excepcionales en los contratos interadministrativos, de modo que está proscrita su estipulación en negocios como el que origina el presente asunto.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 Y 14
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / ESTIPULACIONES DEL CONTRATO / CLÁUSULA DE EXCEPCIÓN / MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / FACULTAD DE IMPOSICIÓN DE MULTA DE LA ENTIDAD ESTATAL / TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO / ELEMENTOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / AMONESTACIÓN AL CONTRATISTA / FALTAS DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA RESOLUTORIA POR INCUMPLIMIENTO / CLASES DE CLÁUSULAS DEL CONTRATO / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / IMPOSICIÓN DE SANCIONES / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / DERECHO A LA LIBRE DISPOSICIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES / NULIDAD DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La cláusula penal constituye una obligación accesoria en virtud de la cual las partes establecen una pena ante el evento de que no se ejecute una prestación o se retarde su cumplimiento?
Respuesta al problema jurídico: Si
La estipulación referida a las multas constituye una cláusula accidental en la teoría general de los negocios jurídicos, cuya incorporación, al alinearse con los elementos esenciales y naturales de la contratación estatal, tienen como propósito compeler al deudor a la debida ejecución de las prestaciones parcialmente incumplidas, lo que revela su finalidad conminatoria. La cláusula penal también constituye una obligación accesoria, en virtud de la cual las partes establecen una pena (consistente en dar o hacer algo en caso) ante el evento de que no se ejecute una prestación o se retarde su cumplimiento – artículo 1592 C.C.–. Estas cláusulas (la multa y la cláusula penal) no constituyen reglas inusuales o extraordinarias, son sanciones de frecuente pacto entre los particulares –no así la imposición–, por lo que su convenio de ninguna forma es extraño en el tráfico negocial, sino expresión de la voluntad de las partes. [E]s viable que aquellas sanciones se pacten en contratos interadministrativos y, en esa medida, no son nulas las cláusulas del contrato que las estipularon.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1592
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE / PARTES CONTRATANTES / MORA DEL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / MULTA AL CONTRATISTA / MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONTROL JUDICIAL / IMPOSICIÓN DE SANCIONES / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CLASES DE POTESTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO / POTESTAD INSTRUCTIVA / POTESTAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Problema jurídico:
¿La imposición de multa y declaración de incumplimiento tiene lugar en virtud de la determinación judicial a menos que las partes acuerden conferir a los sujetos negociales la facultad unilateral de aplicarlas?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l Legislador contempló diferentes mecanismos para que el contratante pueda actuar frente a la mora o el incumplimiento del contratista, con el fin de que de forma directa y sin acudir al juez del negocio pueda declarar la configuración de los supuestos que dan lugar a la concreción de las multas y la cláusula penal, a través de la expedición de actos administrativos. Estas atribuciones denotan una prerrogativa pública que no procede en el marco del derecho común, pues la imposición de la multa y declaración de incumplimiento solo tiene lugar en virtud de la determinación judicial en tal sentido, a menos que las partes acuerden expresamente conferir a los sujetos negociales la facultad unilateral de aplicarlas. [L]a imposición y la efectividad en forma unilateral de este tipo de sanciones contractuales reflejan una potestad legal del contratante frente a su colaborador, sin que se entiendan excluidas las entidades estatales que actúan en esta última calidad, comoquiera que en los contratos interadministrativos asumen la misma posición jurídica que tendría un contratista particular.
PARTES CONTRATANTES / PROGRAMA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO / INVERSIÓN EN DESARROLLO TECNOLÓGICO / SISTEMA DE INFORMACIÓN / DESARROLLO TECNOLÓGICO / TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES / CELEBRACIÓN DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO / CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE / CALIDAD DEL PRODUCTO / HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
Problema jurídico:
¿El contrato se fundamentó en la necesidad del Ministerio de constituir un único sistema de información que permitiera generar en el mediano plazo datos de calidad para la toma decisiones en tiempo real?
Respuesta al problema jurídico: Si
El contrato se fundamentó en unos estudios previos en los que se advirtió la necesidad del Ministerio de constituir, a través de su oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), un único sistema de información que permitiera generar en el mediano plazo datos de calidad para la toma decisiones en tiempo real. Como el Ministerio no contaba con infraestructura TIC propia, se optó por celebrar un contrato interadministrativo con UNE, a fin de que esta última, como experta, la suministrara. [E]l contrato interadministrativo […] tuvo por objeto realizar la “construcción del sistema integrado de información del Ministerio de Trabajo a nivel nacional”. Los inconvenientes se presentaron en la ejecución de los productos […], es decir, con el levantamiento y validación de las especificaciones funcionales, arquitectura y diseño detallado, prototipos y construcción de software, aseguramiento de calidad, cargada de la información mínima de inicio, estabilización de los siete subsistemas requeridos y realización y entrega de la documentación funcional y técnica de cada subsistema y componentes tecnológicos.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / DEBER DE COLABORACIÓN / PROGRAMA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO / FUNCIONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO / HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS / CONDICIONES DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Cuando habían transcurrido al menos cuatro meses de ejecución del contrato, se requirió el reemplazo con otra herramienta tecnológica que se desarrollara desde cero?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]as causas que la contratista atribuyó al Ministerio como desencadenantes de la falta de cumplimiento total del objeto contratado, fueron: (i) modificaciones a la arquitectura solicitadas por el Ministerio, (ii) falta de disponibilidad y colaboración de funcionarios del contratante con la ejecución del negocio, y ausencia de claridad de las funciones del Ministerio y de acciones a su cargo para el cumplimiento del contrato, (iii) cambio del alcance del proyecto, al otorgarle una mayor magnitud. La demandante manifestó que, pese a que desde su oferta presentó el sistema eGOVeris (suministrada por su aliado Everis), la cual era una herramienta ya existente que se adaptaría a las funcionalidades requeridas por el contratante, este último, cuando habían transcurrido al menos cuatro (4) meses de ejecución […], requirió su reemplazo con otra herramienta que se desarrollara desde cero, lo que llevó a la contratista a cambiar de aliado estratégico para el desarrollo de software, y a incurrir en mayores costos y tiempos.
DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE DISEÑO / CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE / HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS / INVERSIÓN EN DESARROLLO TECNOLÓGICO / SISTEMA DE INFORMACIÓN / ASESORÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / MORA DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / REGISTRO DE LA PRÓRROGA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Fue la propia sociedad contratista la que propuso el tiempo que requería para completar el objeto pactado evitando incumplimientos?
Respuesta al problema jurídico: Si
[U]na de las razones que motivó la firma de la prórroga fue, justamente, el ajuste en la arquitectura, a fin de que se acompasara con los requerimientos mínimos exigidos por la contratante. [UNE] puso de presente la utilización de una nueva arquitectura “ADA”, sin esbozar reparo alguno por considerar que superara los lineamientos que le correspondía asumir, según las especificaciones técnicas en las que se basó la contratación. De modo que no es posible justificar la inobservancia prestacional en las mismas razones que sustentaron el acuerdo que las partes adoptaron como mecanismo para superarlas, pues con pleno conocimiento de ello y de su impacto en la ejecución de las labores, fue la propia sociedad la que propuso el tiempo que requería para completar el objeto pactado, de manera que resulta desacertado que pretenda continuar excusando su inobservancia en ese mismo aspecto.
FACULTADES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO / CONDICIONES DEL CONTRATO / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE / CONTRATANTE CUMPLIDO / ASISTENCIA TÉCNICA / DESARROLLO TECNOLÓGICO / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / AMONESTACIÓN AL CONTRATISTA / SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / REGISTRO DE LA PRÓRROGA DEL CONTRATO / MORA DEL CONTRATISTA / FALTAS DEL CONTRATISTA / PRINCIPIO DEL CONTRATISTA COLABORADOR DE LA ADMINISTRACIÓN / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿La demora provino de forma determinante de la conducta del contratista, ya que no contó con el personal requerido para la ejecución de lo contratado?
Respuesta al problema jurídico: Si
No se encuentra que el Ministerio hubiese actuado al margen de las prestaciones a las que se comprometió. El retraso que se produjo en la validación del sistema de arquitectura no devino por capricho o desidia de éste, sino porque, pese a múltiples reuniones y requerimientos al contratista, éste persistía en la desatención de las especificaciones técnicas. La nueva propuesta de arquitectura fue avalada sólo el 4 de abril de 2014, lo que produjo retrasos en la ejecución contractual atribuibles a la contratista, tal como lo reconoció en su solicitud de prórroga y en las propuestas que allí formuló para superar tales inconvenientes y alcanzar la satisfacción del objeto. La demora [provino] de forma determinante de la conducta del contratista, ya que no contrató el personal requerido para tal fin, aunque en múltiples oportunidades el Ministerio compelió a UNE para que gestionara en tiempo las vinculaciones respectivas. No es cierto que la contratante no adelantara las acciones tendientes a impulsar el éxito del proyecto. [L]a entidad le puso de presente al contratista el incumplimiento de las prestaciones, o el retraso en su ejecución. De modo que se pudo constatar que el Ministerio, en el rol que le correspondía, estuvo al tanto del desarrollo del objeto e instó a la sociedad al debido cumplimiento de sus tareas.
RESOLUCIÓN SANCIONATORIA AL CONTRATISTA / IMPOSICIÓN DE SANCIONES / CLASES DE POTESTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO / PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN / CARÁCTER REGLADO DE LA POTESTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO / FACULTAD SANCIONATORIA DEL JUEZ / CONDUCTA DE LAS PARTES / CONDICIONES DEL CONTRATO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / OBLIGACIÓN INDIVISIBLE
Problema jurídico:
¿El deudor tiene derecho a que se rebaje o gradúe proporcionalmente la pena pactada en atención al monto de las prestaciones efectuadas por éste y aceptadas por la entidad?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a proporcionalidad constituye uno de los principios rectores sobre los cuales debe erigirse el ejercicio de la potestad sancionatoria, el cual exige dos valoraciones, una de cara a la actuación de los órganos del Estado, las cuales deben dirigir su actuar bajo esta línea de reconocimiento, y otra frente al juez a quien corresponde controlar las determinaciones de la administración a fin de constatar si su conducta se ciñó a un juicio de adecuación o consonancia entre los hechos aducidos, las decisiones proferidas y las finalidades que se persiguen con éstas. En punto a la aplicación de la cláusula penal pecuniaria, se ha establecido que “el juez tiene la competencia, previo juicio de proporcionalidad, para fijar su reducción”, puesto que el artículo 1596 del Código Civil prescribe que el deudor tiene derecho a que se rebaje o gradúe proporcionalmente la pena pactada en atención al monto de las prestaciones efectuadas por éste y aceptadas por la entidad […]. [T]ratándose de negocios jurídicos en que el objeto es indivisible, es decir, en los que sólo hay lugar a su ejecución completa, el valor de la cláusula debe corresponder al monto íntegro bajo el que se pactó; salvo que la contratante acepte del contratista la parte ejecutada.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la cláusula penal pecuniaria, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de noviembre de 2008, rad. 17009, C. P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1596
CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / ATRIBUCIONES DEL JUEZ / AJUSTE DE LA CONDENA / AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO / REDUCCIÓN DE LA SANCIÓN / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / PROSPERIDAD DE LA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿En caso que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l CPACA, [dispuso] en su artículo 188, que [en la condena en costas] debe aplicarse las previsiones contenidas en el artículo 365 del CGP. Esta última normativa estableció un criterio objetivo valorativo para la condena en costas, en virtud del cual se requiere la constatación de si se configuró o no alguno de los supuestos que dan cabida a su determinación y su comprobación. El [artículo] 365 del CGP consagra que la condena en costas procede contra […] quien se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación y en caso “de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión”. Comoquiera que prosperaron dos cargos de la apelación a favor de UNE: de una parte, la vulneración al debido proceso en materia probatoria, y de otra, la reducción de la sanción bajo el principio de proporcionalidad y no aplicación del valor del IVA a las bases de la cláusula penal, –y esta última corresponde a una de las de las pretensiones subsidiarias del actor–, se concluye que no es dable considerarla como parte vencida del proceso. [N]o se condenará en costas a la demandante por ninguna de las dos instancias, de manera que se revocará esta decisión respecto de las impuestas en la sentencia de primer grado, y se abstendrá de condenar por este concepto en la segunda instancia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365