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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto

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Fecha
2025-04-09
Radicado
25000233600020180032501
Número interno
67168
Ponente
NICOLAS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
INFOTIC S.A.
Demandado
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA EN LIQUIDACION, BOGOTA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto

Regla de decisión

A la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, pues ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias contractuales en las que ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas, conforme a la cláusula general del artículo 104 del CPACA. Cuando la cuantía de la pretensión mayor supera quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de presentación de la demanda, la segunda instancia corresponde al Consejo de Estado, de acuerdo con los artículos 150, 152 numeral 5 y 243 del CPACA. La cuantía se determina por el valor de la pretensión mayor y se fija al momento de presentar la demanda. Una sociedad de economía mixta de capital mayoritariamente público y un establecimiento público del orden distrital, que integraban los extremos del contrato, son entidades públicas para estos efectos. En el caso concreto, la sentencia de primera instancia fue confirmada, con fundamento en que el litigio cumplía esas condiciones de competencia. Como consecuencia práctica, la cuantía de la pretensión mayor a la fecha de la demanda define la segunda instancia en los procesos de controversias contractuales entre entidades públicas.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia del recurso de apelación presentado contra la sentencia del 23 de julio de 2020, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dada la cuantía del presente asunto de controversias contractuales y, considerando, que ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 104, 150 y 152 núm. 5

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Lo que dijo la Sala

Con fundamento en lo previsto en el artículo 104 del CPACA, se advierte que a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, pues ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA ENTIDAD ESTATAL CUANTÍA DEL PROCESO VOCACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PAGO DE LA OBLIGACIÓN PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL INTERÉS MORATORIO PAGO DE INTERÉS MORATORIO CELEBRACIÓN DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARTES DEL CONTRATO LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES REGULACIÓN NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA COBRO DEL INTERÉS MORATORIO OMISIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL RECURSO DE APELACIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN REQUISITOS DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN PRINCIPIO DE MOTIVACIÓN SUFICIENTE PRINCIPIO DE SUSTENTACIÓN SUFICIENTE REITERACIÓN DE ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN PUNTO NUEVO IMPROCEDENCIA DEL PUNTO NUEVO HECHO NUEVO IMPROCEDENCIA DE HECHO NUEVO IMPROCEDENCIA DEL ARGUMENTO NUEVO NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA MATERIAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR VÍA JUDICIAL NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CONDENA EN COSTAS COSTAS PROCESALES CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO

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Titulación de la relatoría 27.413 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / ENTIDAD ESTATAL / CUANTÍA DEL PROCESO / VOCACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA Problema jurídico: ¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia del recurso de apelación presentado contra la sentencia del 23 de julio de 2020, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dada la cuantía del presente asunto de controversias contractuales y, considerando, que ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas? Respuesta al problema jurídico: Si Con fundamento en lo previsto en el artículo 104 del CPACA, se advierte que a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, pues ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas. En ese sentido, es oportuno recordar que Infotic S.A. es una sociedad anónima de economía mixta con participación mayoritaria de capital público, adscrita al municipio de Manizales, mientras que el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C. (liquidado y sucedido procesalmente por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá) era un establecimiento público del orden distrital que contaba con personería jurídica propia, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito a la Secretaría de Gobierno. (...) Por su parte, el Consejo de Estado es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 23 de julio de 2020, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dada la vocación de doble instancia de este juicio, toda vez que la cuantía (determinada por el valor de la pretensión mayor) para la fecha de presentación de la demanda (24 de abril de 2018) superó los 500 SMLMV exigidos para aquella época, de conformidad con lo establecido en los artículos 150, 152.5 y 243 del CPACA. FUENTE FORMAL: ACUERDO DISTRITAL 28 DE 1992 - ARTÍCULO 1, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 5, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 243 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / INTERÉS MORATORIO / PAGO DE INTERÉS MORATORIO Problema jurídico: ¿El medio de control de controversias contractuales resulta procedente para reclamar la liquidación judicial del contrato interadministrativo No. 647 del 29 de octubre de 2014; el pago de las sumas que le debe el FVS a Infotic por cuenta de las labores de interventoría que ejecutó, junto con su correspondiente indexación y; el pago de los intereses moratorios causados desde la fecha en que se terminó unilateralmente el acuerdo de voluntades en cuestión? Respuesta al problema jurídico: Si En virtud de lo previsto en el artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que también puede ser declarada de oficio por el juez. (...) En ese orden de ideas, de cara al caso concreto, la Sala considera que el medio de control de controversias contractuales ejercido por el extremo activo es el procedente, toda vez que la demanda materia de análisis persigue: (i) la liquidación judicial del contrato interadministrativo No. 647 del 29 de octubre de 2014; (ii) el pago de las sumas que le debe el FVS a Infotic por cuenta de las labores de interventoría que ejecutó, junto con su correspondiente indexación y (iii) el pago de los intereses moratorios causados desde la fecha en que se terminó unilateralmente el acuerdo de voluntades en cuestión. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / PARTES DEL CONTRATO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA Problema jurídico: ¿La legitimación en la causa en el medio de control de controversias contractuales, se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con lo establecido en el artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de la relación negocial puede pedir, entre otras súplicas, su liquidación judicial, de ahí que la legitimación en la causa en este tipo de controversia se encuentre, por regla, en cabeza de los extremos del acuerdo de voluntades. (...) De cara al caso concreto, se advierte que Infotic S.A. y el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C. (liquidado y sucedido procesalmente por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá) se encuentran legitimados en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, toda vez que son los extremos de la relación contractual sobre la que versa la controversia que se examina. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141 CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REGULACIÓN NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / INTERÉS MORATORIO / COBRO DEL INTERÉS MORATORIO / OMISIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL Problema jurídico: ¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la liquidación judicial del contrato interadministrativo de interventoría No. 647 del 29 de octubre de 2014; el pago de las sumas que le debe el FVS a Infotic por cuenta de las labores de interventoría que ejecutó, junto con su correspondiente indexación y; el pago de los intereses moratorios causados desde la fecha en que se terminó unilateralmente el acuerdo de voluntades en cuestión? Respuesta al problema jurídico: Si El literal (j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, aplicable al caso concreto, dispone que el medio de control de controversias contractuales caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento, para lo cual contempla distintas hipótesis, entre otras, si el contrato requería de liquidación y esta no se logró por mutuo acuerdo o no se practicó por la administración unilateralmente (...). En lo concerniente al término para liquidar el contrato, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 estipuló que se hará: (i) de mutuo acuerdo en el plazo previsto en el acuerdo de voluntades y, ante la falta de pacto en tal aspecto, dentro del término de 4 meses siguientes a su terminación y (ii) unilateralmente cuando no se llegue a un acuerdo, en el plazo de 2 meses desde que feneció la primera posibilidad descrita. Una vez agotadas las dos posibilidades en comento, se podrá liquidar en cualquier tiempo “de mutuo acuerdo o unilateralmente”, dentro de los 2 años siguientes. (...) Bajo el anterior contexto, se encuentra que los extremos procesales acordaron que el contrato de interventoría se liquidaría “(...) conforme con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias o modificatorias (...)”. A su turno, se tiene que la FVS (antes del vencimiento del plazo de ejecución), mediante la Resolución No. 307 del 27 de octubre de 2015, terminó unilateralmente el contrato interadministrativo, determinación que, después de ser recurrida por Infotic, se confirmó mediante la Resolución No. 312 del 27 de octubre de 2015 la cual se notificó en estrados. Luego, por medio de la Resolución No. 467 del 31 de diciembre de 2015, el FVS liquidó unilateralmente el contrato de interventoría; sin embargo, el extremo activo interpuso recurso de reposición en su contra y, como consecuencia de ello, se expidió la Resolución No. 094 del 1° de abril de 2016, determinación a través de la cual: (i) se repuso en todas sus partes la decisión primigenia; (ii) se dejó sin efectos dicho cruce de cuentas y (iii) se abrió paso al inicio y a la realización de las gestiones necesarias para liquidar de mutuo acuerdo el negocio jurídico en comento, todo lo cual permite colegir que el contrato objeto de estudio no fue liquidado bilateralmente por la partes, ni unilateralmente por la Administración, pues esta última fue dejada sin efectos por la entidad demandada. En consecuencia, como la terminación anticipada y unilateral del contrato interadministrativo No. 647 del 29 de octubre de 2014 cobró firmeza el 28 de octubre de 2015, el término de 4 meses para liquidar de mutuo acuerdo el negocio jurídico venció el 29 de febrero de 2016, mientras que el plazo de 2 meses para efectuar el cruce de cuentas unilateralmente expiró el 1° de mayo de ese mismo año, sin que se hubiera materializado dicha circunstancia, pese a las gestiones adelantadas por la Administración. (...) Así las cosas, en la medida en que el contrato de interventoría en comento no fue liquidado (ni bilateral, ni unilateralmente), el término máximo para acudir a esta jurisdicción vencía, en principio, el 2 de mayo de 2018; sin embargo, como la demanda se presentó el 24 de abril de 2018, se advierte que su radicación, al margen de la radicación de la solicitud de conciliación extrajudicial, fue oportuna, motivo por el cual la Sala puede determinar que este presupuesto procesal se encuentra satisfecho. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la aplicación de las normas procesales, consultar providencia de 24 de abril de 2017, Exp. 50602, C.P. Guillermo Sánchez Luque. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 87 NUMERAL 2 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / REQUISITOS DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / PRINCIPIO DE MOTIVACIÓN SUFICIENTE / PRINCIPIO DE SUSTENTACIÓN SUFICIENTE / REITERACIÓN DE ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN / IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / PUNTO NUEVO / IMPROCEDENCIA DEL PUNTO NUEVO / HECHO NUEVO / IMPROCEDENCIA DE HECHO NUEVO / IMPROCEDENCIA DEL ARGUMENTO NUEVO / NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA MATERIAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR VÍA JUDICIAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Debe el juez de segunda instancia analizar los argumentos del recurso de apelación que constituyen una simple reiteración literal y exacta de lo consignado en la demanda del presente proceso y de la formulada en otro acumulado al de la referencia, que además plantean unas manifestaciones adicionales que nada tienen que ver con la presente litis, sin que de las mismas se evidencie, así sea de forma implícita, un ataque directo y concreto contra las conclusiones del fallo dictado por el Tribunal a quo, que permita considerar que sí hubo una sustentación material del recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: No La Sala, de entrada, estima necesario precisar que el marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la providencia recurrida. En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del CGP, el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante, para que el ad quem revoque o reforme la determinación cuestionada. De igual modo, ha de señalarse que, según lo prescrito en el artículo 328 del CGP, el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. (...) En línea con lo anterior, esta Sección ha considerado que la carga de sustentación que le corresponde cumplir al extremo recurrente no se satisface con la mera manifestación de inconformidad con el proveído impugnado, ni tampoco con la petición de que se revoque, pues lo que la legislación procesal exige es que se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en el punto que se considere desfavorable a sus intereses, no solo porque la decisión sea contraria a la parte que interpone el recurso, sino porque en realidad existen razones o motivos (y así se indiquen en el respectivo escrito) que conduzcan a considerar que lo decidido en primera instancia no fue acertado. Bajo esta óptica, resulta claro que en el recurso de apelación deben exponerse las razones o los fundamentos de disenso por los cuales no se comparten las consideraciones de la sentencia cuestionada, en orden a que el superior funcional confronte el sustento de la decisión apelada con los argumentos de inconformidad planteados por la parte recurrente, toda vez que, se insiste, los reproches frente a la providencia impugnada son los que fijan la competencia del juez de segunda instancia (...). Todo lo expuesto para señalar que, al advertirse la ausencia de sustentación suficiente, adecuada o material del recurso de apelación, por consistir solamente en afirmaciones genéricas y vagas, sin traer a colación argumentos para cuestionar los planteamientos de la providencia impugnada, al superior funcional no le queda una opción diferente que la de confirmar el proveído apelado. Bajo las anteriores consideraciones, y de cara al caso concreto, la Sala advierte, en principio, que si bien la parte demandada recurrió formalmente la sentencia dictada por el Tribunal a quo, lo cierto es que su escrito de impugnación, (...) por una parte, es una réplica literal y exacta de lo consignado en la demanda formulada por el FVS en contra de Infotic en el proceso judicial identificado con la radicación No. 25000-23-36-000-2018-00261-00 (proceso judicial que no se acumuló al de la referencia) y lo plasmado en la contestación del escrito inicial presentada al interior del proceso de la referencia y, por otra, plantea unas manifestaciones adicionales que nada tienen que ver con la presente litis, sin que de las mismas se evidencie, así sea de forma implícita, un ataque directo y concreto contra las conclusiones del fallo dictado por el Tribunal a quo, que permita considerar que sí hubo una sustentación material del recurso de apelación. (...) En ese orden de ideas, se advierte que la parte demandada no presentó algún reparo concreto en contra de la motivación efectuada por el Tribunal en la sentencia recurrida; su impugnación, en estricto rigor, resulta ser una copia descontextualizada (...) de la demanda formulada al interior del proceso identificado con el radicado No. 25000 23-36-000-2018-00261-00 y de la contestación de la demanda presentada en este juicio, circunstancia que permite apreciar con mayor nitidez la indebida sustentación que aquí se revela. En pocas palabras, en el recurso de apelación no se cuestionan los fundamentos que tuvo en cuenta el Tribunal a quo para acceder a las pretensiones subsidiarias demanda, es decir, no se controvierten las razones y los argumentos por los cuales se liquidó judicialmente del convenio interadministrativo y mucho menos se cuestiona el valor reconocido con ocasión de la liquidación judicial. (...) Visto lo anterior, es dable concluir que en el presente caso la reproducción literal de los razonamientos consignados en la demanda de otro proceso y en la contestación del escrito inicial presentadas por el FVS, no resulta suficiente para considerar que el recurso de apelación se encuentre debidamente sustentado, pues en efecto las manifestaciones reproducidas no atacan o controvierten los fundamentos del fallo de primera instancia, de ahí que el ad quem no esté habilitado, en términos competenciales, para suponer e incluso crear las razones de inconformidad que deben guiar y delimitar el alcance su estudio en el presente caso. No se trata, pues, de reprochar el hecho de que se transcriban los razonamientos consignados en otros procesos o en etapas anteriores de la presente litis, sino de resaltar que no existe una confrontación entre las transcripciones realizadas y las consideraciones del tribunal para acceder a las pretensiones de la demanda. (...) En línea con lo anterior, cabe señalar que en los dos últimos párrafos del recurso de apelación, la recurrente hace mención al testimonio (...) [que] corresponde también a una transcripción de un argumento presentado por la entidad en una etapa procesal anterior; a saber, los alegatos de primera instancia. Además, el argumento transcrito no se confronta con ninguna consideración fáctica o jurídica realizada por el tribunal por lo cual no puede considerarse como un reparo concreto contra la decisión de primera instancia. En segundo lugar, se advierte que estas manifestaciones no tiene relación alguna con lo decidido en la sentencia apelada, dado que el proceso de la referencia versa, en exclusiva, sobre la liquidación judicial del contrato de interventoría y no sobre las causas que dieron lugar a su terminación unilateral, particularmente el aludido conflicto de intereses en el que habría incurrido Infotic al celebrar otro convenio interadministrativo, de ahí que la línea argumentativa referida no cuestione la providencia recurrida. (...) Entrar a emitir un pronunciamiento sobre este particular, implicaría suponer y crear argumentos que lleven a ilustrar cuál es esa “realidad probada y no analizada en la sentencia” a la que hace alusión el FVS, ejercicio analítico que, de conformidad con lo regulado en los artículos 320 y 328 del CGP, no le está permitido emprender, pues ello equivaldría a suplir las cargas legales y procesales impuestas al apelante. (...) Así las cosas, no existe duda de que las afirmaciones referidas constituyen planteamientos abstractos e imprecisos, que no puede ser catalogados como motivo de disenso concreto en contra del fallo impugnado, que no guardan relación con la presente litis, lo que le impide a esta Corporación orientar su análisis en segunda instancia y, en ese mismo sentido, superar el plano hipotético en el que se movería para descifrar cualquier punto de disenso con la decisión apelada. (...) En este punto de la providencia, conviene señalar que, a pesar de que en los alegatos de conclusión de segunda instancia la parte demandada expresó una serie de argumentos tendientes a rebatir las conclusiones a las que arribó el Tribunal a quo en la sentencia apelada, ha de advertirse que lo expuesto en esa oportunidad procesal, como lo ha considerado esta Sección, no suple ni complementa la sustentación del recurso de apelación contra la providencia de primera instancia. Además, en la medida que esos razonamientos no fueron incluidos en el recurso de apelación que aquí se estudia, los mismos escaparían a la órbita competencial del juzgador de segundo grado, cuyo poder decisorio se circunscribe y limita, en exclusiva, a lo consignado en la alzada. En suma, es dable concluir que el extremo apelante no propuso ningún argumento encaminado a desvirtuar la sentencia apelada, de suerte que la misma deba mantenerse incólume, puesto que la única forma que podría dar lugar a su examen en esta instancia sería la reapertura completa e integral del debate fáctico y jurídico surtido ante el Tribunal a quo, hipótesis que, sin lugar a duda, riñe ostensiblemente con los fines del recurso de apelación y la competencia que le asiste al superior para examinarlo, en los términos del artículo 320 y 328 del CGP. Así las cosas, por cuenta de la indebida sustentación del recurso de apelación interpuesto por el FVS, la Sala confirmará la providencia impugnada en el sentido de declarar liquidado judicialmente el contrato interadministrativo y reconocer valores a favor de la parte demandante, dado que no se cuenta con ningún parámetro de disenso que permita realizar un juicio de corrección y acierto frente al fallo recurrido. Finalmente, conviene advertir que, si bien la apelación interpuesta por la FVS fue concedida por el Tribunal a quo y posteriormente admitida por esta Corporación, ello no impide que al momento de dictar sentencia se evalúen los argumentos del respectivo recurso para señalar si en realidad hubo o no una debida sustentación, tal como lo ha determinado esta Corporación en diferentes oportunidades. NOTA DE RELATORÍA: Acerca del marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia y el deber de sustentación del recurrente, consultar providencias de 24 de septiembre de 2020, Exp. 44707, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; de 4 de marzo de 2022, Exp. 53376, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; de 22 de abril de 2022, Exp. 66550, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 4 de octubre de 2023, Exp. 68162, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 22 de mayo de 2024, Exp. 56879, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; y de la Corte Constitucional, SU-418 del 11 de septiembre de 2019. Sobre la imposibilidad de agregar nuevos cargos de análisis a través de las alegaciones conclusivas, consultar, providencias de 13 de agosto de 2020, Exp. 55178, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 20 de noviembre de 2020, Exp. 64865, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre el efecto de la ausencia de sustentación suficiente, consultar providencia de 19 de junio de 2020, Exp. 49572, C.P. María Adriana Marín. Acerca de la facultad del juez para valorar, al momento de la sentencia de segunda instancia, la debida sustentación del recurso de apelación, consultar providencias de 1 de febrero de 2018, Exp. 49741, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 12 de diciembre de 2019, Exp. 53901, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 19 de junio de 2020, Exp. 49572, C.P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 320, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 328 CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿Resulta procedente la condena en costas en contra de la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación, conforme a la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el apoderado? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA y lo consignado en la disposición especial del artículo 365-1 del CGP, para el caso particular procede la condena en costas a cargo de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación, en este caso, a la demandante. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con dispuesto en el artículo 366 del CGP. El Acuerdo PSAA16-10554, expedido el 5 de agosto de 2016 por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, estableció las tarifas de agencias en derecho. En cuanto a los criterios para la fijación de las tarifas en los asuntos contencioso administrativos, el artículo 2 del referido Acuerdo dispuso que debía tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes. A su vez, el artículo 5 del Acuerdo en comento consagró que las tarifas máximas de agencias en derecho deben establecerse en salarios mínimos o en porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia. En ese sentido, resulta oportuno anotar que, en los “procesos declarativos en general”, las agencias en derecho en segunda instancia deben fijarse entre 1 y 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según lo dispuesto en el artículo 5.1. del mencionado Acuerdo PSAA16-10554 de 2016. En el presente caso se encuentra acreditada la actuación desplegada por el representante judicial de Infotic S.A., frente a la interposición del recurso de apelación, puesto que participó constantemente a la largo de esta instancia. En consecuencia, la Sala estima suficiente dicha gestión para que se disponga la fijación de agencias en derecho en la liquidación de las costas en segunda instancia, correspondientes a dos (2) SMLMV a la fecha de la sentencia, en favor de Infotic S.A., de acuerdo con lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP. FUENTE FORMAL: ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 2, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201800325011100103