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PRINCIPIO DE PRIMACÍA DEL INTERÉS GENERAL

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Consejo de Estado Providencia

Pueden las entidades estatales sometidas a un régimen contractual de derecho privado

Sentencia — Sentencia 2026-08-24 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020160077002 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Pueden las entidades estatales sometidas a un régimen contractual de derecho privado, como Ecopetrol S.A., pactar cláusulas de terminación y liquidación unilateral de los contratos, sin que su ejercicio constituya el uso de potestades excepcionales de la administración ni dé lugar a la expedición de actos administrativos? Sí
Una entidad estatal sometida por ley especial a un régimen exclusivamente privado puede pactar en el contrato cláusulas de terminación y liquidación unilaterales a su favor, pero el ejercicio de esas cláusulas no constituye el uso de potestades excepcionales de la administración y no da lugar a la expedición de actos administrativos. La regla se sostiene en tres razones: la ley especial regula en forma exclusiva el régimen jurídico de la entidad y descarta la aplicación de las potestades exorbitantes del Estatuto General de Contratación; la autonomía de la voluntad permite a las partes acordar esas decisiones unilaterales como estipulaciones contractuales; y la decisión unilateral genera actos contractuales y no actos administrativos, sin perjuicio de la aplicación del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, que impone los principios de la función administrativa. En consecuencia, la terminación y la liquidación unilaterales se producen por la vía contractual. La providencia se revoca en lo que se opone a esta regla.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato estatal sometido al derecho privado cuando se acredita, mediante prueba indiciaria… ¿Procede condenar en costas a la parte demandante cuando se revoca integralmente la sentencia de primera instancia y aquella resulta vencida en el proceso?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Através del medio de control de controversias contractuales regulado en el artículo 141 del CPACA las partes de un contrato estatal pueden solicitar, entre otros asuntos, que se declare su existencia o su nulidad.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-07-15 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 54001233300020190028201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El medio de control de controversias contractuales que pretende la nulidad absoluta de los otrosíes celebrados por las partes, fue interpuesto oportunamente? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad absoluta del contrato y sus otrosíes mediante el medio de control de controversias contractuales, siempre que la demanda se presente dentro del plazo de dos años contados a partir del día siguiente a su perfeccionamiento, y mientras el contrato se encuentre vigente. La Sala determina que la oportunidad del medio de control se mantiene incluso si el contrato y los otrosíes adicionales y modificativos se encuentran vigentes al momento de presentar la demanda, lo que implica que la caducidad del medio de control no opera si el contrato aún está en vigor. Esta decisión reitera la importancia de considerar la vigencia del contrato para determinar la oportunidad del medio de control, lo que garantiza el acceso a la administración de justicia y protege los derechos del contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para conocer de la apelación del auto que rechaza la demanda por caducidad? ¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, cuando se pretende la nulidad absoluta del contrato… ¿El acuerdo al que llegaron los contratantes sobre el mecanismo de arreglo directo en el Contrato de Operación, da lugar a posibles modificaciones de negocio jurídico…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No resulta necesario estudiar las justificaciones esgrimidas por la defensa

Sentencia — Sentencia 2024-03-01 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 76001233300020150059401 LEY 1437 REPETICION
¿El fallo de responsabilidad patrimonial o en sede de legalidad ata al juez de la repetición? No
El fallo de responsabilidad patrimonial del Estado o de nulidad del acto no ata al juez de la repetición, de modo que la conducta dolosa o gravemente culposa del agente debe acreditarse en el proceso de repetición con prueba propia. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la sentencia condenatoria contra el Estado no es prueba suficiente de la conducta del agente, porque en repetición se realizan valoraciones distintas sobre el comportamiento del servidor y no sobre la responsabilidad del Estado. Segunda, la declaración judicial de afectación de un derecho o de antijuridicidad del daño no acredita la conducta dolosa o culposa del agente que lo propició. Tercera, la entidad que pretende repetir debe expresar la causal de la presunción de dolo o culpa grave y acreditar sus supuestos en el proceso, con oportunidad de defensa para el demandado. En el caso no se acreditó el aspecto volitivo del demandado, por lo que la providencia revoca la decisión de primera instancia. La consecuencia práctica es que la condena previa no sustituye la prueba del dolo o de la culpa grave en la acción de repetición.síntesis automática
También resuelve: ¿La desviación de poder manifestada está respaldada en el acervo probatorio? ¿Las atribuciones otorgadas a un funcionario público para gestionar y concretar un acto deben dirigirse principalmente al cumplimiento de los fines del Estado? ¿El acto administrativo fue proferido por el demandado ostentando la calidad de servidor público?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de repetición: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-10-28 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 11001032600020160019000 LEY 1437 REPETICION
¿La universidad demandante acreditó con otros medios de prueba legalmente admisibles el elemento conductual con el cual pudiera derivarse la responsabilidad personal del agente estatal? No
En el medio de control de repetición contra un servidor público, la entidad que pide el reembolso debe acreditar el elemento conductual de la responsabilidad personal del agente con medios de prueba legalmente admisibles. No basta aportar las sentencias de condena dictadas en el proceso de reparación contra el Estado, porque ellas no prueban la conducta personal del agente que expidió el acto anulado. Esta regla se apoya en el artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Por ello, cuando falta la prueba del elemento conductual, la pretensión de reembolso se despacha desfavorablemente. En el caso concreto la entidad demandante no aportó otros medios para acreditar la conducta del agente y la pretensión fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la condena previa no sustituye la prueba de la conducta del agente.síntesis automática
También resuelve: ¿Las piezas documentales resultan insuficientes para demostrar la presunción de dolo atribuida al ex servidor público, a la cual quedó circunscrita la litis? ¿Se aplican las presunciones legales previstas en la ley, que califican de dolosa la conducta del ex agente estatal? ¿El demandado se encuentra legitimado en la causa por pasiva, al demostrarse que para el momento de los hechos que dieron lugar al pago de la condena fungía como rector encargado de la Universidad…
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

La decisión administrativa emitida dentro del proceso de cobro coactivo, no constituye una condena judicial o una conciliación cuyo reembolso pueda ser pretendido mediante la acción de repetición.

Sentencia — Sentencia 2023-07-14 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 15001233100020060140601 ACCION DE REPETICION
¿La decisión administrativa emitida dentro del proceso de cobro coactivo, no constituye una condena judicial o una conciliación cuyo reembolso pueda ser pretendido mediante la acción de repetición? Sí
La decisión que adopta la administración dentro de un proceso de cobro coactivo no constituye una condena judicial ni una conciliación, por lo que no puede ser objeto de reembolso mediante la acción de repetición. La regla se justifica en que el mandamiento de pago es un acto administrativo que genera efectos jurídicos y contiene una obligación de pago clara, expresa y exigible, expedida como manifestación de la autotutela administrativa. Además, la acción de repetición presupone que la entidad haya pagado una condena impuesta por la jurisdicción o una conciliación que ponga fin a un daño antijurídico causado por agentes del Estado, presupuestos que no se cumplen con un acto de cobro. En el caso, la entidad demandante buscó recuperar aportes, intereses, gastos de representación e impuesto al valor agregado pagados por una obligación del cobro coactivo, y la Sala confirmó la negativa de las pretensiones. En la práctica, esos pagos no pueden recuperarse por esta vía.síntesis automática
También resuelve: ¿El Instituto de Seguros Sociales puede acudir a la jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos contenidos en títulos ejecutivos generados por sus dependencias del nivel nacional? ¿El procedimiento de jurisdicción coactiva es mixto, esto es, administrativo mientras esté a cargo de funcionarios administrativos y jurisdiccional en los eventos en que la Ley obliga a remitir las… ¿Se cumplió el requisito objetivo de procedencia de la acción de repetición, consistente en la existencia de una condena judicial, conciliación u otra forma alternativa de terminación de conflictos?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se configuró el fenómeno preclusivo de la caducidad

Sentencia — Sentencia 2023-05-12 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 05001233300020160022701 LEY 1437 REPETICION
¿Se configuró el fenómeno preclusivo de la caducidad? Sí
El término de caducidad para la acción de repetición se cuenta desde el día siguiente al vencimiento del plazo que tenía la entidad para pagar la condena, y si el pago se realiza fuera de ese plazo, el término de dos años corre desde el día siguiente a la fecha límite de pago. La regla se apoya en el término de dieciocho meses que el artículo 177 del Decreto 01 de 1984 fijaba para cumplir la condena, contado desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia, y en el artículo 164 literal l de la Ley 1437 de 2011, que establece el término de dos años para demandar. Por ello, el pago tardío no prorroga el plazo para repetir sino que lo desplaza al vencimiento del plazo legal. En el asunto, la entidad realizó el último pago después del término legal y la demanda se presentó vencido el plazo de dos años, por lo que la Sala declaró configurado el fenómeno de la caducidad y negó las pretensiones. En la práctica, la entidad que paga tarde la condena debe calcular la caducidad de la repetición desde la fecha límite de pago y no desde el pago efectivo.síntesis automática
También resuelve: ¿El pago de los perjuicios fue cancelado al apoderado de los demandantes a través del despacho judicial que conoció del proceso por vía ejecutiva? ¿El mérito probatorio de los documentos públicos lo asigna el juez luego de la apreciación de las pruebas en conjunto? ¿La caducidad, dado su carácter de orden público, es indisponible y puede ser declarada de oficio por el juez?
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

La declaratoria de nulidad constituye un deber para el juez cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato, según las voces del artículo 1742 del Código Civil.

Sentencia — Sentencia 2025-09-26 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 13001233300020150083201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las acciones relativas a los contratos caducan en el término de dos años contados a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirven de fundamento? Sí
El contratista debe presentar las acciones relativas a los contratos dentro del término de dos años contados a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirven de fundamento, según el régimen de caducidad del Código Contencioso Administrativo modificado por el Decreto Ley 2304 de 1989. Esta regla no se aplica cuando el contrato sigue en ejecución a la fecha de presentación de la demanda, permitiendo al juez declarar oficiosamente la nulidad absoluta del contrato si el objeto es ilícito, siempre que las partes contratantes hayan intervenido en el proceso para respetar el debido proceso. La Sala modifica la interpretación previa, reforzando la potestad judicial para declarar la nulidad absoluta en cualquier instancia, incluso si la controversia no giró en torno a la nulidad, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales.síntesis automática
También resuelve: ¿La potestad de declarar la nulidad absoluta del contrato puede ejercerse al dictar el fallo, en cualquiera de las instancias, incluso si la controversia judicial no giró en torno a la nulidad? ¿Los bienes declarados monumentos nacionales son considerados bienes de interés cultural, en tanto conforman el patrimonio cultural de la Nación, y son inalienables, imprescriptibles e inembargables? ¿Se torna imperativa la modificación del fallo apelado, declarando oficiosamente la nulidad absoluta del contrato de manera integral, en razón a la ilicitud de su objeto?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Se configuró la nulidad absoluta del contrato de obra pública por las conductas penales

Sentencia — Sentencia 2024-04-08 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 88001233300020190002001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró la nulidad absoluta del contrato de obra pública por las conductas penales en las que incurrieron los ex gobernadores del departamento demandado, en la celebración de dicho negocio jurídico? Sí
Las sentencias condenatorias sirven de plena prueba de lo que en ellas se decidió, esto es, que tanto la señora… como el señor… al celebrar el contrato… y sus adicionales no se guiaron por los fines que se procuran satisfacer a través de la contratación estatal, defraudando el patrimonio público.
También resuelve: ¿Tiene valor probatorio el preacuerdo suscrito entre el ex gobernador del departamento y la Fiscalía General de la Nación? ¿Los preacuerdos suscritos por los ex gobernadores del departamento demandado y la Fiscalía, contaron con respaldo probatorio y gozan de validez al haber sido aprobados por el juez… ¿El reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas dentro de un contrato que posteriormente es declarado nulo por objeto o causa ilícita…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se impone revocar la decisión que se adoptó en la sentencia de primera instancia

Sentencia — Sentencia 2023-10-27 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020160051501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Al momento de presentación de la demanda, el Ministerio tenía competencia para liquidar unilateralmente el contrato? Sí
Si al momento de presentarse la demanda la entidad pública tenía la competencia para liquidar unilateralmente el contrato, el juez no puede liquidarlo judicialmente, porque ello implicaría desconocer el objeto de la jurisdicción y usurpar una función que la ley asigna a la administración. Una razón es que con la demanda no se planteó una controversia contractual, pues el juez de lo contencioso administrativo solo controla, a petición de parte, la legalidad de los actos de la administración que surjan de un conflicto. Otra razón es que el ministerio conservaba la atribución de liquidar el contrato dentro del plazo legal, y no podía despojarse de ella. En el caso, la sentencia de primera instancia había ordenado al consorcio el pago de anticipos no amortizados como resultado de la liquidación judicial, y la Sala revocó esa decisión. Su consecuencia práctica es que la liquidación judicial solo procede cuando la competencia de liquidar unilateralmente ya no existe al momento de la demanda.síntesis automática
También resuelve: ¿El juez no puede realizar la liquidación judicial del contrato si al momento de la presentación de la demanda la facultad legal para definir el balance final de cuentas recaía en cabeza de la… ¿El objeto del litigio se limitó a pedir la liquidación judicial del contrato sobre los valores de los anticipos y unas contingencias judiciales? ¿El legislador puso en cabeza de la entidad contratante el seguimiento a la ejecución del contrato, para lo cual la dotó de una serie de potestades o prerrogativas públicas para asegurar los fines de…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: no es posible entrar a discutir e introducir modificaciones a lo ya definido so pretexto de aclarar o adicionar una providencia

Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias 2025-08-11 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 25000233600020190062901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La finalidad de la potestad de aclarar o adicionar la sentencia es que el juzgador se pronuncie sobre aspectos que dejaron de considerarse y decidirse, pero no reabrir el debate o reformar las decisiones tomadas en la providencia? Sí
El contratista no puede reabrir el debate o reformar las decisiones tomadas en la sentencia mediante una solicitud de aclaración, ya que la finalidad de esta potestad es que el juez se pronuncie sobre aspectos que dejaron de considerarse y decidirse, no sobre cuestiones ya resueltas. La entidad estatal no está obligada a discutir la legalidad del acto administrativo de adjudicación si este no es el objeto del litigio, y la Sala no está compelida a pronunciarse sobre aspectos que no fueron disputados. Además, el perfeccionamiento del contrato estatal es un concepto jurídico general sometido al régimen jurídico que impone solemnidades, y no requiere aclaración si no genera dudas en su concepción. La Sala niega la solicitud de aclaración, reiterando que la sentencia es inmutable y no admite modificaciones que no se ajusten a los casos excepcionales previstos en la ley, lo que implica que las partes deben respetar la decisión judicial sin intentar reformarla.síntesis automática
También resuelve: ¿La discusión sobre la legalidad del acto administrativo con el que se adjudicó la licitación pública no era necesaria para dirimir el objeto de la litis? ¿El perfeccionamiento del contrato estatal comporta un concepto jurídico general y se encuentra sometido al régimen jurídico que gobierna las actuaciones del sujeto contratante en punto de las… ¿La intención del memorialista es reprochar la decisión de esta colegiatura de mantener el término de 10 meses para la producción de los efectos de la nulidad calificándola de indeterminada?
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

El demandante tiene derecho a retener los $100’000.000 del precio pagados

Sentencia — Sentencia 2024-09-27 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 08001233100019980117801 ACCION CONTRACTUAL
¿El demandante tiene derecho a retener los $100’000.000 del precio pagados por el municipio como arras confirmatorias-penales del contrato de promesa de compraventa? Sí
El contratista tiene derecho a retener los $100’000.000 pagados por el municipio como arras confirmatorias-penales en un contrato de promesa de compraventa, dado que el municipio incumplió con la obligación de otorgar la escritura pública, lo que permite que las arras operen como cláusula penal y no como parte del precio. La naturaleza confirmatoria-penal de las arras se evidencia en el contrato, donde se estipula que operan como pena en caso de incumplimiento, y no como arras de retracto, ya que no conceden facultad de desistimiento. Esta decisión modifica la interpretación previa sobre el alcance de las arras confirmatorias-penales en contratos estatales, reforzando que estas pueden operar como cláusula penal en caso de incumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve: ¿Los recursos entregados a título de arras dejaron de operar como parte del precio y se convirtieron en una pena cuyo alcance debe ser entendido en consonancia con las normas sobre cláusula penal? ¿Si las partes no definen la naturaleza de las arras se entiende que son de retracto? ¿Ante la desaparición del título jurídico en virtud del cual el demandado ostentaba la tenencia del predio, el demandante se encuentra habilitado para recuperarlo?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Se configuró la caducidad de la acción contractual

Sentencia — Sentencia 2024-08-23 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020100067401 ACCION CONTRACTUAL
¿Se configuró la caducidad de la acción contractual? Sí
El contratista no puede presentar una demanda de controversias contractuales fuera del término de caducidad, que comienza a correr desde el día siguiente en que tuvo conocimiento del incumplimiento del contrato de seguro, tal como ocurrió en este caso el 6 de mayo de 2008. La caducidad se suspende durante la conciliación prejudicial y reanuda su cómputo una vez finalizado el plazo de tres meses, venciendo el 9 de agosto de 2010, fecha en la cual la demanda presentada el 26 de agosto de 2010 resultó extemporánea. La Sala declara la caducidad de la acción contractual, reiterando que este es un presupuesto procesal y una norma de orden público que no puede ser desatendida, lo que implica revocar la sentencia de primera instancia.síntesis automática
También resuelve: ¿Es cierto que el hospital conoció que el vehículo no pasó por un banco de enderezamiento de chasis solamente hasta que el taller informó que el impacto fue leve y no fue necesario el banco chasis? ¿El término de caducidad del contrato de seguro deberá contarse a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento? ¿La prescripción de la acción derivada del contrato de seguro se refiere a la efectividad de la póliza y la cobertura del riesgo asegurado?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La jurisdicción contenciosa conoce de la legalidad de actos sancionatorios en contratos estatales celebrados por entidades públicas.

Sentencia — Sentencia 2025-06-16 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 76001233300020130028301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Al Consejo de Estado le corresponde resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia, dada la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El juez contencioso administrativo conoce de las controversias relativas a la legalidad de actos administrativos que imponen multas en el marco de contratos de concesión celebrados con entidades públicas según lo dispuesto expresamente en el artículo 104 del CPACA. En este caso judicial, el Consejo de Estado resuelve los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia y se abstiene de imponer condena en costas de segunda instancia al no prosperar las impugnaciones presentadas por ambas partes, entendiéndose las costas debidamente compensadas entre los extremos procesales.síntesis automática
También resuelve: ¿Las resoluciones demandadas, mediante las cuales se impuso una multa al contratista, en el marco del contrato de concesión… ¿Para determinar si se vulneró el debido proceso del concesionario resultan aplicables las disposiciones del manual de contratación del ICBF? ¿Cuando la administración ejerce su potestad sancionadora, si bien se efectúa unilateralmente, debe estar precedida de un procedimiento mínimo que preserve las garantías del debido proceso del…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

No procede la nulidad absoluta del contrato de concesión minera AIT-147 de 2002

Sentencia — Sentencia 2022-06-01 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020130071601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede la nulidad absoluta del contrato de concesión minera AIT-147 de 2002, por ilicitud del objeto frente a la declaratoria de Distrito de Manejo Integrado -DMI- del Páramo de Guargua y Laguna Verde dispuesta por la CAR a través del Acuerdo 022 de agosto de 2009, por configurar un área excluible de la minería? No
El contratista no puede obtener la nulidad absoluta del contrato de concesión minera por ilicitud del objeto frente a la declaratoria posterior de un Distrito de Manejo Integrado que excluye áreas para la minería, ya que la ley ambiental permite la aplicación retrospectiva de disposiciones que prohíben la actividad minera en áreas específicas, lo que no invalida el contrato en su totalidad sino que limita su ejecución en las áreas afectadas, dejando a las partes la responsabilidad de determinar la viabilidad técnica, administrativa y financiera de la concesión en las áreas no excluidas. La Sala revoca la sentencia que declaró la nulidad parcial del contrato y niega las pretensiones de la demanda, reiterando que los contratos de concesión que involucran bienes públicos como el subsuelo o recursos naturales no renovables son imprescriptibles e inenajenables, permitiendo que la acción de controversias contractuales se presente en cualquier tiempo.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Cauca desvirtuó la presunción de dolo del numeral 1 del artículo 5

Sentencia — Sentencia 2022-03-31 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 11001032600020140010200 LEY 1437 REPETICION
¿El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Cauca desvirtuó la presunción de dolo del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, por haber expedido un acto administrativo que fue anulado por desviación de poder? Sí
La Corporación conoce en única instancia de la acción de repetición contra los directores de entidades del orden nacional, de acuerdo con el artículo 149 numeral 13 del CPACA y el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. La presunción de dolo por desviación de poder se desvirtúa cuando el agente demuestra que el acto de insubsistencia se fundó en un análisis previo de gestión y no en una represalia. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que la decisión fue producto de la revisión de la gestión de los funcionarios, en ejercicio de la facultad nominadora del director encargado. La segunda es que la orden de redactar la resolución fue anterior a la fecha en que se recibió la comunicación que se alegaba como motivo de represalia. La tercera es que el acto se expidió en ejercicio de la facultad discrecional del nominador. En consecuencia, la Sala niega las pretensiones de la demanda de repetición, porque la parte demandada desvirtuó la presunción de dolo. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia del medio de control de repetición contra funcionarios públicos que hayan dado lugar a una codena contra el Estado? ¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago de la condena impuesta al Estado? ¿Conforme a la figura de subrogación, la Corporación Autónoma Regional está legitimada por activa para demandar en repetición el pago de la condena impuesta en el proceso de nulidad y…
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas

Sentencia — Sentencia 2021-12-14 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 08001233300020120020901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas por la sociedad contratista? Sí
El contratista puede exigir el pago del precio por las obras ejecutadas desde la fecha en que se firmó el acta de recibo final, y la entidad estatal incurre en mora si no efectúa el pago oportunamente, lo que implica reconocer el daño emergente y el lucro cesante. Si el contrato no contempla una tasa específica de interés moratorio, se aplica la tasa equivalente al doble del interés legal civil vigente al momento de la infracción, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 679 de 1994. Esto implica que el contratista tiene derecho a la indemnización de perjuicios materiales y a la cobranza de intereses moratorios desde la fecha en que la obligación se hizo exigible hasta la efectiva cancelación del valor adeudado.síntesis automática
También resuelve: ¿El departamento del Atlántico es contractualmente responsable del pago de los perjuicios materiales en modalidad de daño emergente y lucro cesante?
Consejo de Estado Providencia

La circunstancia alegada por la actora la afectación grave y directa de la prestación del servicio de salud, no constituye un presupuesto para declarar o no la caducidad del contrato, de tal suerte que no sirve de fundamento para desvirtuar la legalidad del acto administrativo demandando.

Sentencia — Sentencia 2023-08-02 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 88001233300020140001201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se acreditó una afectación grave y directa de la ejecución del contrato de concesión suscrito para la prestación del servicio de salud, que diera lugar a la declaratoria de su caducidad por incumplimiento del concesionario? Sí
En el contrato de concesión de servicios de salud, la caducidad por incumplimiento del concesionario procede cuando se acredita una afectación grave y directa de la ejecución del contrato. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el concesionario asumió la prestación, operación y gestión total del servicio público, y estaba obligado a prestar los servicios de conformidad con la normatividad vigente, de modo que su incumplimiento grave compromete el objeto del contrato. Segunda, la afectación de la ejecución debe ser directa y de entidad suficiente para justificar la declaratoria, y no basta una dificultad transitoria. En el caso, la providencia confirma la declaratoria de caducidad porque la ejecución del contrato resultó gravemente afectada por el incumplimiento del concesionario. La providencia resalta que la afectación debe ser directa frente a la ejecución del contrato. En la práctica, la entidad que declare la caducidad debe documentar la afectación grave y directa de la prestación del servicio, pues esa prueba sustenta la decisión.síntesis automática
También resuelve: ¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en lo contencioso administrativo? ¿El medio de control procedente para controvertir la legalidad del acto contractual que declara la caducidad contrato, es el de controversias contractuales? ¿La legitimación en la causa por activa recae sobre las sociedades que integran la unión temporal, por ser las afectadas con la declaratoria de caducidad del contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-08-11 Sección Tercera (Subsección A) MARÍA ADRIANA MARÍN Rad. 25000233600020130178801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Le asiste competencia a la Sala para resolver del presente proceso en segunda instancia, toda vez que los tribunales administrativos conocen en primera instancia de las acciones referentes a los contratos de concesión minera? Sí
El contratista puede demandar la nulidad de un contrato minero ante el Consejo de Estado en segunda instancia, toda vez que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de estos litigios, conforme al artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 293 de la Ley 685 de 2001, y el Consejo de Estado, en segunda instancia, puede conocer de las apelaciones de autos y sentencias dictadas por los tribunales administrativos. Además, la entidad ambiental, como la CAR, está legitimada para demandar la nulidad del contrato minero cuando este transgrede la normativa ambiental y se superpone con áreas de protección ambiental, independientemente de no ser parte contratante, al tener interés directo y ser la autoridad ambiental competente en la zona concesionada. En estos casos, no operan los términos de caducidad del medio de control de controversias contractuales, dado que los recursos naturales renovables y las áreas de protección ambiental son bienes imprescriptibles e inalienables, lo que garantiza la protección del interés público y la integridad del medio ambiente.síntesis automática
También resuelve: ¿La CAR, al ser la entidad ambiental que tiene por obligación desarrollar las políticas orientadas a aprovechar los recursos naturales renovables, puede demandar la nulidad de un contrato minero? ¿En los casos en los que se pretende la nulidad absoluta de un contrato de exploración y de explotación minera por transgredir la normativa ambiental, operarán los términos de caducidad? ¿Cuando se demanda la nulidad absoluta de un contrato minero por traslaparse con áreas de protección ambiental, su presentación podrá darse en cualquier tiempo?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de una demanda

Sentencia — Sentencia 2025-06-16 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 25000233600020180009301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de una demanda contra un acto administrativo proferido por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, cuya pretensión económica supera los 300 SMLMV, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo proferido por una entidad pública del orden nacional, conforme al artículo 104 del CPACA, pues el objeto del litigio es la legalidad de ese acto. La regla se apoya en que la competencia se determina por la naturaleza pública de la entidad que expide el acto, y en que el Consejo de Estado resuelve la apelación de la sentencia del tribunal conforme a los artículos 150 y 152 del CPACA, vigentes a la fecha de radicación de la demanda, por la cuantía de la pretensión. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, los actos de entidades públicas nacionales que afecten derechos económicos del administrado quedan sometidos al control de esta jurisdicción, y su apelación corresponde al Consejo de Estado cuando la cuantía lo exige.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es la vía judicial idónea para solicitar la nulidad del acto de adjudicación proferido dentro del proceso de selección abreviada por… ¿Una demanda presentada el 13 de diciembre de 2017 contra un acto administrativo notificado en estrados el 30 de mayo de 2017… ¿Están legitimadas en la causa por activa las sociedades que integran una unión temporal para demandar la nulidad del acto administrativo de adjudicación cuando participaron en el proceso de…
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Consejo de Estado Providencia

Las decisiones adoptadas por el Ministerio estuvieron debidamente fundamentadas

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020150102401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las decisiones adoptadas por el Ministerio estuvieron debidamente fundamentadas y no se demostraron los incumplimientos endilgados? Sí
Cuando la entidad contratante acepta una parte del objeto pactado, la sanción pecuniaria debe reducirse en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato, porque la aceptación y el pago de los elementos recibidos muestran que la prestación fue cumplida en esa proporción. Por otra parte, la sanción pecuniaria por incumplimiento parcial se fundamenta en las razones de incumplimiento que se acrediten en el proceso, y su nulidad no procede cuando las decisiones se sustentan en las normas aplicables, se expidieron con competencia y siguieron el procedimiento legal. Cuando la imposición de la pena no configura la prestación de un servicio ni la venta de bienes, el IVA no debe incluirse en la base de la sanción, por lo que debe descontarse del precio del contrato. En el caso concreto, la entidad recibió, aprobó y pagó los elementos del primer desembolso del precio, lo cual fue ratificado por la autorización del supervisor y la factura, y la providencia apelada se revocó en lo relativo a la reducción de la sanción. Como consecuencia práctica, el contratista que acredite la ejecución parcial del objeto puede obtener la reducción proporcional de la sanción pecuniaria en ese mismo porcentaje.síntesis automática
También resuelve: ¿Teniendo en cuenta la aceptación del contratante de parte del objeto pactado, resulta procedente la reducción de la sanción pecuniaria en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato? ¿No se acreditó la falta de acatamiento de las funciones a cargo del Ministerio, o que no hubiera ejecutado acciones para garantizar la observancia del contrato? ¿Las resoluciones fueron expedidas con competencia, en virtud de la atribución legal conferida al contratante?
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