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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto

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Fecha
2025-08-11
Radicado
25000233600020150260101
Número interno
61491
Ponente
NICOLÁS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR -ICFES-
Demandado
COMISION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto

Relevancia Reitera la jurisprudencia.

Lo que dijo la Sala

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, vigente para la fecha de presentación de la demanda, comoquiera que la controversia versa sobre el incumplimiento del contrato interadministrativo No. 165 de 2013 suscrito por la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES-, en tanto entidades públicas. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 22 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que la pretensión mayor formulada, para el año 2015, Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES-, en tanto entidades públicas.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista está legitimado para interponer un medio de control de controversias contractuales contra la entidad estatal en casos de incumplimiento de contratos interadministrativos, siempre y cuando la controversia supere los 500 SMLMV, lo que permite la intervención del Consejo de Estado en segunda instancia. La Sala determina que la caducidad del medio de control no opera cuando el contrato no ha sido objeto de liquidación bilateral ni unilateral dentro del plazo legal, permitiendo así que la controversia sea debidamente ventilada en sede judicial. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la procedencia del medio de control de controversias contractuales y la legitimación de las partes para ejercerlo, garantizando así el acceso a la justicia en casos de incumplimiento contractual.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, en un proceso de controversias contractuales que versa sobre el incumplimiento del contrato interadministrativo suscrito por la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES-?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Acuerdo 001 de 2004, art. 2
  • Ley 1324 de 2009, art. 12
  • Ley 1437 de 2011, arts. 104, 150 y 152 núm. 5

También resuelve

  • ¿Resulta procedente el medio de control de controversias contractuales para solicitar la declaración de incumplimiento del contrato interadministrativo No. 165 de 2013…
  • ¿Se encuentran legitimados en la causa por activa y por pasiva, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)…
  • ¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales interpuesto para demandar el incumplimiento del contrato interadministrativo celebrado por las partes…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL ICFES VOCACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA CELEBRACIÓN DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARTES DEL CONTRATO CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONCEPTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO REQUISITOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FINALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTRATACIÓN ESTATAL NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA LEY APLICABLE AL CONTRATO NORMATIVA DEL CONTRATO DIFERENCIA ENTRE CONTRATO Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DELEGACIÓN DE FUNCIONES DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES PRESUPUESTOS DE LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA CARACTERÍSTICAS DE LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA PROCEDENCIA DE LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ACTO DE DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO CARGA DE LA PRUEBA CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DAÑO ANTIJURÍDICO REQUISITOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO ELEMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO FUNDAMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CONCURSO DE MÉRITOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL FUNCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL FACULTADES DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL COMPETENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL RESPONSABILIDAD DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ INTERPRETACIÓN DEL JUEZ INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL PAGO DEL CONTRATO DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL CONDENA EN COSTAS COSTAS PROCESALES CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES

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Titulación de la relatoría 42.822 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL / ICFES / VOCACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA Problema jurídico: ¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, en un proceso de controversias contractuales que versa sobre el incumplimiento del contrato interadministrativo suscrito por la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES-? Respuesta al problema jurídico: Si La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, vigente para la fecha de presentación de la demanda, comoquiera que la controversia versa sobre el incumplimiento del contrato interadministrativo No. 165 de 2013 suscrito por la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES-, en tanto entidades públicas. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 22 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que la pretensión mayor formulada, para el año 2015, Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES-, en tanto entidades públicas. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 22 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que la pretensión mayor formulada, para el año 2015, supera los 500 SMLMV, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 152-5 del CPACA, vigentes a la fecha de la presentación de la demanda. FUENTE FORMAL: ACUERDO 001 DE 2004 - ARTÍCULO 2, LEY 1324 DE 2009 - ARTÍCULO 12, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 5, LEY 909 DE 2004 - ARTÍCULO 7 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Resulta procedente el medio de control de controversias contractuales para solicitar la declaración de incumplimiento del contrato interadministrativo No. 165 de 2013, la indemnización de perjuicios y la liquidación judicial del mismo? Respuesta al problema jurídico: Si En virtud de lo previsto en el artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que también puede ser declarada de oficio por el juez. En el presente caso el medio de control de controversias contractuales ejercido por la actora es adecuado, por cuanto a través de su demanda pretende que se declare el incumplimiento del contrato interadministrativo No. 165 de 2013 y se condene al pago de la indemnización de los perjuicios causados, y que se liquide el contrato en sede judicial. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / PARTES DEL CONTRATO / COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL / ICFES Problema jurídico: ¿Se encuentran legitimados en la causa por activa y por pasiva, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), para ejercer el medio de control de controversias contractuales respecto del contrato interadministrativo No. 165 de 2013, al ser las entidades que lo celebraron? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con lo establecido en el artículo 141 del CPACA, según el cual la legitimación en el medio de control de controversias contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato, la Sala concluye que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES- y la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- están legitimadas en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, toda vez que son los extremos de la relación contractual que suscitó la controversia bajo análisis en esta sede judicial. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141 CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales interpuesto para demandar el incumplimiento del contrato interadministrativo celebrado por las partes, considerando que, pese a ser un contrato de tracto sucesivo, no fue objeto de liquidación bilateral ni unilateral dentro del plazo legal? Respuesta al problema jurídico: Si El literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, aplicable al caso concreto de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, dispone que el medio de control de controversias contractuales caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento, para lo cual contempla distintas hipótesis dependiendo de si el contrato es de ejecución instantánea, si no requiere de liquidación o si, por el contrario, se trata de un contrato que sí la requiera. (...) En el presente caso la caducidad del medio de control se contabilizará atendiendo lo dispuesto en el numeral v), literal j), del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, que define la caducidad para los contratos que, debiendo ser liquidados de común acuerdo o unilateralmente-, no lo son. Lo anterior, en consideración a que el contrato sometido a juicio es, sin duda, un negocio jurídico de tracto sucesivo que requería de liquidación, de conformidad con lo establecido en el artículo 6029 de la Ley 80 de 1993, con la modificación introducida por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012, y luego del vencimiento del plazo de ejecución no fue liquidado bilateral ni unilateralmente. En este punto, es menester anotar que la Jurisprudencia de esta Corporación se ha ocupado de precisar que los contratos de tracto sucesivo sometidos a las prescripciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, incluyendo los contratos interadministrativos, se encuentran sujetos a liquidación bilateral y unilateral en ausencia de acuerdo sobre el balance final del negocio jurídico. (...) Previas las precisiones anteriores, para determinar el momento a partir del cual se debe empezar a contabilizar la caducidad del medio de control, es menester establecer la fecha de terminación del contrato y el plazo para su liquidación bilateral y unilateral. A este efecto, está demostrado que el 19 de abril de 2013 las partes suscribieron el contrato interadministrativo No. 165, en cuya cláusula sexta establecieron que el plazo de ejecución del contrato finalizaría el 27 de diciembre de 2013 y que tendría una vigencia de 8 meses adicionales (...). A su turno, en punto de la liquidación bilateral del contrato, en la cláusula décima sexta se estipuló que la liquidación de común acuerdo se llevaría a cabo en el período de vigencia señalado en la cláusula sexta, es decir, dentro de los 8 meses contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución. Bajo el anterior contexto, para la Sala resulta claro que el plazo de ejecución del contrato No. 165 suscrito entre la Comisión y el ICFES se extendió hasta el 27 de diciembre de 2013, fecha a partir de la cual comenzó a correr el término de 8 meses que las partes acordaron para liquidar el contrato de forma bilateral, sin que obre en el expediente medio demostrativo alguno que dé cuenta de que en la práctica el contrato hubiere sido objeto de liquidación bilateral o de que el negocio jurídico fuese liquidado de forma unilateral por la entidad demandada. (...) De acuerdo con lo anterior, en el asunto sub judice la Sala encuentra que la demanda fue presentada dentro de los dos (2) años contados a partir del vencimiento de los diez (10) meses para liquidar el contrato -8 meses para la liquidación bilateral y 2 meses adicionales para la unilateral-, los cuales expiraron el 27 de octubre de 2016, teniendo en cuenta: (i) que la solicitud de conciliación extrajudicial fue presentada el 24 de junio de 2015, trámite que finalizó el 21 de septiembre de 2015 cuando se declaró fallida; y (ii) que el libelo introductorio se radicó el 13 de noviembre de 2015. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando el asunto versa sobre contratos de tracto sucesivo, consultar providencias de 25 de octubre de 2019, Exp. 60304, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 5 de febrero de 2021, Exp. 49792, C.P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: DECRETO 19 DE 2012 - ARTÍCULO 217, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J PÁRRAFO 5, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONTRATACIÓN ESTATAL / NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / LEY APLICABLE AL CONTRATO / NORMATIVA DEL CONTRATO / DIFERENCIA ENTRE CONTRATO Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿El contrato interadministrativo No. 165 de 2013, suscrito entre la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC– y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación –ICFES–, se encuentra regido por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –EGCAP–, a pesar de que una de las entidades contratantes se rige por el derecho privado? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala observa que las entidades que suscribieron el contrato No. 165 de 2013 son, por un lado, la Comisión Nacional del Servicio Civil, órgano de carácter permanente de nivel nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, entidad en cuya actividad contractual se encuentra sometida a las normas de la Ley 80 de 1993 y, por otro, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, entidad pública descentralizada del orden nacional, de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional y cuyo régimen de contratación, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 12 de la Ley 1324 de 2009, es el del derecho privado. Así pues, ante la disparidad del régimen normativo llamado a informar los contratos celebrados por ambas entidades, se precisa que en este caso la relación obligacional se gobernó por las normas del EGCAP, comoquiera que, tal como en situaciones análogas ha sido analizado por esta Corporación, en el caso sub examine la CNSC, entidad estatal que se encuentra sometida al Estatuto General de Contratación Pública, fungió como contratante en el negocio jurídico cuyo incumplimiento se discute, en tanto requirió de un tercero, en este caso también de naturaleza pública pero regido por el derecho privado, la prestación de unos servicios para llevar a cabo su cometido institucional, de manera que ha de ser el EGCAP el que rija el acuerdo de voluntades. (...) En suma, se tiene que el régimen legal de prevalente aplicación del contrato No. 165 de 2013 es el de la Comisión, entidad estatal sometida al imperio de la Ley 80 de 1993, de suerte que, en consecuencia, el referido consenso de voluntades de entidades públicas es un contrato sujeto al Estatuto de Contratación Pública. Ahora bien, en lo que respecta a la naturaleza del negocio jurídico en controversia, la Sala advierte que se trata de un contrato interadministrativo, a propósito de lo cual de vieja data esta Corporación ha explicado que los convenios interadministrativos se diferencian de los contratos interadministrativos en tanto mientras aquellos persiguen aunar esfuerzos para la materialización de los intereses comunes o la ejecución de funciones complementarias con una misma finalidad, los contratos interadministrativos se caracterizan por la prestación de un servicio específico, la ejecución de una obra o el suministro o dotación de un bien, o la realización de una actividad determinada por parte de una entidad pública, que bien podría llevar a cabo un particular. (...) Las anteriores características se evidencian en el contrato interadministrativo celebrado entre el ICFES y la Comisión, negocio jurídico que asumió idénticos efectos a cualquier otro contrato celebrado entre entidades estatales, en los términos del artículo 32 de la ley 80 de 1993. En consecuencia, el referido acuerdo de voluntades es un contrato interadministrativo sujeto al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, el cual a su vez remite a las normas del derecho común salvo en aquellos aspectos específicamente regulados en la Ley 80 de 1993, siendo este, por lo tanto, el marco jurídico bajo el cual se abordará el análisis de la presente controversia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el régimen legal aplicable a los contratos interadministrativos, consultar providencias de 5 de marzo de 2021, Exp. 62633, C.P. Martín Bermúdez Muñoz; de 31 de marzo de 2023, Exp. 56002, C.P. María Adriana Marín. Acerca de las características de los contratos interadministrativos, consultar providencias de 23 de junio de 2010, Exp. 17860, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 23 de abril de 2021, Exp. 49148, C.P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: LEY 1324 DE 2009 - ARTÍCULO 12, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 909 DE 2004 - ARTÍCULO 7 DELEGACIÓN DE FUNCIONES / DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES / PRESUPUESTOS DE LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / CARACTERÍSTICAS DE LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / PROCEDENCIA DE LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / ACTO DE DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Puede entenderse que la delegación de funciones administrativas entre entidades públicas, como mecanismo de gestión administrativa cuyo objeto es el traslado de funciones o competencias administrativas a personas o funcionarios para que sean ejercidas por estos, puede materializarse mediante contratos interadministrativos, sin que se restrinja de forma exclusiva a convenios interadministrativos? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con el artículo 211 de la Constitución Nacional, la delegación es un mecanismo jurídico que permite el mejor cumplimiento de las funciones administrativas y el logro de los fines del Estado. Se trata de un instrumento de gestión administrativa cuyo objeto es el traslado de funciones o competencias administrativas a personas o funcionarios para que sean ejercidas por estos, sin perjuicio de la potestad del delegante de reasumir la competencia en cualquier momento y revisar los actos del delegatario, según las voces del artículo 12 de la Ley 489 de 1998. La institución de la delegación es una excepción al ejercicio de la competencia por parte de las autoridades y no una regla general, la cual está sometida a condiciones precisas. En este sentido, la citada disposición constitucional establece que la ley fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades, de modo que, si bien la Constitución permite la delegación de funciones, es presupuesto indispensable que medie una ley previa que la autorice. (...) Por su parte, el artículo 14 de la Ley 489 de 1998 permite la delegación de funciones de entidades y organismos del orden nacional a favor de entidades descentralizadas o territoriales, siempre y cuando esté acompañada de un convenio en el que se fijen los derechos y obligaciones del delegante y el delegatario. (...) La Sala resalta que si bien es cierto la norma referida dispone que dicha delegación debe ser objeto de la celebración de “convenios”, en el contexto específico de la norma en cita, la referencia al convenio debe entenderse en su acepción general como “acuerdo o pacto”51 entre entidades como expresión de la delegación horizontal y no de forma específica como “convenio interadministrativo”. Por lo anterior, debe entenderse, entonces, que los acuerdos o pactos que las entidades pueden celebrar a efectos de delegar funciones, en estricto sentido comportan convenios de delegación, de ahí que puedan materializarse a través de “convenios interadministrativos” o “contratos administrativos”. (...) Finalmente, y haciendo una interpretación del artículo 14 de la Ley 489 de 1998 en el contexto de las demás disposiciones de dicha norma, resultaría contradictorio interpretar la palabra “convenio” en el sentido de restringirla al concepto de “convenio interadministrativo”, si se tiene en cuenta que el artículo 111 de la ley en mención, autoriza a las entidades a celebrar “convenios” con “particulares”. Dichos acuerdos de voluntades, denominados “convenios” por la propia Ley, deben entenderse naturalmente como “contratos estatales”, toda vez que se celebran entre una entidad pública y un particular, situación que, una vez más, confirma que en el contexto de la norma ibídem debe darse a la palabra “convenio” la acepción general de “acuerdo o pacto” entre entidades públicas. Por lo demás, no parecería adecuado que la Ley permitiera celebrar contratos con particulares para la delegación de funciones administrativas, pero en el caso de la delegación de funciones entre entidades públicas se limitara su delegación -vía acuerdo de voluntades- únicamente a los “convenios interadministrativos” y excluyendo, por tanto, a los “contratos interadministrativos”. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el concepto de la delegación de funciones, consultar providencias de 31 de julio de 2008, Exp. 25000-23-26-000 2005- 00240-01(AP), C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 2 de mayo de 2019, Exp. 11001-03-28-000-2018-00592-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro; de 22 de septiembre de 2021, Exp. 28061, C.P. Guillermo Sánchez Luque; de 11 de noviembre de 2021, Exp. 11001-03-25-000-2015-00484-00(1255-15), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; de la Corte Constitucional, C-372 de 2002. Acerca de los presupuestos para la delegación de funciones, consultar providencias de 12 de diciembre de 2017, Exp. 05001-23-31-000-2002-00108-01(3046-15), C.P. William Hernández Gómez; de 24 de enero de 2019, Exp. 11001-03-25 000-2012-00340-00(1338-12), C.P. William Hernández Gómez; y de la Corte Constitucional, C-727 de 2000. En relación con las características de la delegación de funciones, consultar providencias de 17 de junio de 2021, Exp. 11001-03-28-000 2020-00009-00(2020-00025-00 y 2020-00030-00), C.P. Luis Alberto Álvares Parra. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 211, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 10, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 11, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 111, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 12, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 14, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 9 RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DAÑO ANTIJURÍDICO / REQUISITOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / ELEMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / FUNDAMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Para que opere la responsabilidad contractual del Estado, se requiere la existencia de un daño antijurídico, consistente en la lesión del derecho de crédito que emana del contrato como fuente de obligaciones y que confiere a las partes la facultad de exigir el cumplimiento de las prestaciones pactadas; la imputación del daño a la entidad contratante, la cual tiene lugar cuando se presenta un incumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del negocio jurídico celebrado, bien por la inejecución total de la obligación pactada o su ejecución defectuosa o tardía? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagra un régimen único de responsabilidad del Estado que se proyecta en el campo extracontractual y contractual y que supone la confluencia de dos elementos claramente diferenciados, a saber: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique. La imputación, por su parte, no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado. Verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, cualquiera que sea el régimen de responsabilidad de que se trate. Conviene recordar que la responsabilidad contractual del Estado se fundamenta, en primer lugar, en la fuerza vinculante del negocio jurídico celebrado entre las partes –pacta sunt servanda–, expresamente reconocida en el artículo 1602 del Código Civil que le confiere al negocio jurídico efectos de ley entre los contratantes, sobre la base de reconocer el poder de la voluntad para que los sujetos puedan darse sus propias reglas de conducta, y, en segundo lugar, en la buena fe, que en el marco ontractual se encuentra consagrada en los artículos 1603 ejusdem y 871 del Código de Comercio, en virtud de los cuales los contratos deben ser ejecutados de buena fe y, por consiguiente, obligan no sólo a lo que en ellos se pacta expresamente, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por ley le pertenecen a ella sin necesidad de cláusula especial, armonizados, por supuesto, con los principios y reglas del derecho administrativo, tales como los de reciprocidad de las prestaciones y prevalencia del interés público, entre otros. En este orden, para que opere la responsabilidad contractual del Estado, se requiere: i) la existencia de un daño antijurídico, consistente en la lesión del derecho de crédito que emana del contrato como fuente de obligaciones y que confiere a las partes la facultad de exigir el cumplimiento de las prestaciones pactadas; y ii) la imputación del daño a la entidad contratante, la cual tiene lugar cuando se presenta un incumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del negocio jurídico celebrado, bien por la inejecución total de la obligación pactada o su ejecución defectuosa o tardía, sin que medie una causal de exoneración, de conformidad con las circunstancias particulares del caso y las condiciones pactadas en el respectivo negocio jurídico. (...) Ahora bien, atendiendo a las particularidades de la responsabilidad contractual, vale decir, la que se deriva del incumplimiento o del cumplimiento tardío o defectuoso de las obligaciones asumidas por los contratantes, por cuya virtud la parte incumplida debe responder por los perjuicios que le ocasione a su cocontratante por la falta o falla en la prestación debida, además de la existencia y validez del contrato celebrado entre las partes, debe encontrarse establecido el incumplimiento total o el cumplimiento defectuoso o tardío de la obligación, la causación de un perjuicio y el vínculo de causalidad entre el incumplimiento y el daño. (...) Con relación a la oportunidad de cumplimiento, se debe tener en cuenta que el deudor debe cumplir su obligación cuando la misma es exigible, circunstancia que se presenta: (i) cuando es pura y simple, desde su nacimiento; (ii) si es a plazo, al vencimiento del mismo y (iii) si es condicional, al cumplirse la condición. Ahora bien, si una vez la obligación es exigible y la misma no es satisfecha por el deudor, se produce el retardo que puede tener lugar por la inejecución de la obligación principal o por su ejecución defectuosa o tardía, pero para que tal retardo permita al acreedor tener derecho a la indemnización de perjuicios, es necesario además: (i) que el incumplimiento sea imputable al deudor; (ii) que el acreedor haya sufrido perjuicio a consecuencia de tal incumplimiento y (iii) que si la obligación es positiva, el deudor esté constituido en mora. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la noción de daño antijurídico, consultar providencias de 11 de noviembre de 1999, Exp. 11499, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 27 de enero de 2000, Exp. 10867, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 2 de marzo de 2000, Exp. 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Acerca de los elementos de la responsabilidad contractual del Estado, consultar providencias de 22 de julio de 2009, Exp. 17552, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 11 de agosto de 2010, Exp.18499, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; y de la Corte Constitucional, C-333 de 1996; C-892 de 2001; y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 9 de marzo de 2001, Rad. 5659. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 50, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1615 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DELEGACIÓN DE FUNCIONES / CARACTERÍSTICAS DE LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / ACTO DE DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL / CONCURSO DE MÉRITOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL / FUNCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL / FACULTADES DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL / COMPETENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL / ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL / RESPONSABILIDAD DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Constituye un incumplimiento contractual por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC– la reasunción de las funciones delegadas al Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación –ICFES– antes del vencimiento del término de vigencia del contrato interadministrativo No. 165 de 2013, n el marco del concurso abierto de méritos para proveer cargos docentes, por lo que debe derivarse de ello la responsabilidad contractual del Estado? Respuesta al problema jurídico: No En el marco del concurso abierto de méritos adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil para proveer los empleos vacantes en establecimiento educativos oficiales de directivos docentes y docentes que prestan sus servicios a población mayoritaria y los empleos vacantes de etnoeducadores directivos docentes y docentes que prestan sus servicios a población afrocolombiana negra, raizal y palenquera, el 19 de abril de 2013 la Comisión Nacional del Servicio Civil, en lo sucesivo CNSC o la Comisión, y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, (…) suscribieron el contrato interadministrativo No. 165 de 2013, en virtud del cual el ICFES se comprometió, en términos generales, a adelantar las acciones y operaciones requeridas para el registro, citación, impresión, empaque, distribución, aplicación, procesamiento y publicación de resultados de las pruebas escritas de competencias básicas, específicas y psicotécnicas, así como la atención a las reclamaciones originadas con ocasión de dichas actividades. El contrato interadministrativo comprendió dos componentes de actividades a cargo del ICFES: el primero, atinente a los servicios de registro, citación, aplicación, procesamiento y calificación de las pruebas; y el segundo, referente a la atención de reclamaciones por delegación de la Comisión, dentro del cual quedó previsto la gestión de actuaciones administrativas sancionatorias por posibles fraudes ocurridos antes, durante o después de la aplicación de las pruebas o durante la lectura de las hojas de respuesta o en desarrollo del procesamiento de resultados, así como la atención de reclamaciones tipo y no tipo y acciones de tutela. En el contrato se contempló un plazo de ejecución que se extendía hasta el 27 de diciembre de 2013 y un término de vigencia de 8 meses adicionales contados a partir de la expiración del plazo de ejecución, vale decir, hasta el 27 de agosto de 2014. El ICFES considera que la CNSC incumplió el contrato (…), por cuanto: (i) reasumió anticipadamente la competencia que mediante el contrato interadministrativo había delegado al Instituto para adelantar las actuaciones administrativas sancionatorias, retomando sus funciones al vencimiento del plazo de ejecución pactado por las partes, a pesar de que dicha actividad se encontraba en cabeza del ICFES hasta la culminación del término de vigencia del contrato (…). Descendiendo al caso concreto, a la vista de los hechos probados en el caso sub examine y del derrotero probatorio expuesto, así como también del alcance de los compromisos acordados por las partes en el contrato interadministrativo No. 165 de 2013, la Sala advierte, por una parte, que la Comisión no incurrió en incumplimiento de sus obligaciones, al reasumir la competencia delegada antes del término de 8 meses que las partes acordaron llevar a cabo la liquidación bilateral del contrato, dado que la ley lo facultaba para ello (…). [A] la luz de las disposiciones legales inmersas en el contrato interadministrativo celebrado entre las partes, junto con la jurisprudencia constitucional, así como también de cara a lo estipulado en dicho acuerdo de voluntades, la Sala comparte la conclusión esbozada en la sentencia apelada, en cuanto a que la CNSC no incumplió el contrato al reasumir la competencia delegada antes de que expirara su término de vigencia, pues en virtud de la Ley y al amparo de la delegación efectuada en favor del ICFES, la cual quedó comprendida dentro del clausulado del contrato (cláusula segunda, numeral 19), se entiende que aquella podía retomar las funciones que delegó antes del vencimiento de dicho lapso, por lo que sobre este particular, como quedó explicado en precedencia, no es dable endilgarle responsabilidad contractual alguna a la entidad demandada. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la estructura organizacional creada legalmente para la Comisión Nacional del Servicio Civil, consultar providencia de la Corte Constitucional, C-1175 de 2005. En relación con la delegación de funciones impropia, consultar providencia de la Corte Constitucional, C-727 de 2000; y concepto 1 de noviembre de 2016, Rad. 11001-03-06-000-2016-00125-00(2305), C.P. Germán Alberto Bula Escobar. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 760 DE 2005, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 12, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 14, LEY 909 DE 2004 FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿La interpretación del contrato tiene por objeto dilucidar la intención de las partes y se lleva a cabo por el operador judicial a partir de la aplicación de las distintas reglas de hermenéutica establecidas en la ley, en aras de encontrar el genuino sentido del acuerdo de voluntades? Respuesta al problema jurídico: Si [C]onviene resaltar que cuandoquiera que no exista suficiente claridad o precisión en cuanto al alcance y contenido del documento contractual o se evidencie una contradicción entre las estipulaciones contenidas en el acuerdo de voluntades, e incluso cuando existe claridad en el lenguaje utilizado pero las partes le atribuyen un significado divergente, corresponde al juez adelantar la labor de interpretación del negocio jurídico con miras a establecer la real intención de los contratantes y el contenido genuino de lo estipulado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1618 del Código Civil (...). En este orden de ideas, el contrato debe ser interpretado de acuerdo con la naturaleza del negocio celebrado, en forma sistemática, racional y lógica, con el fin de establecer la voluntad común de los contratantes o dándole a cada cláusula el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad o deberá estarse a la interpretación que mejor encuadre con su naturaleza. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la interpretación del contrato, consultar providencias de 9 de mayo de 2012, Exp. 22714, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 5 de marzo de 2021, Exp. 39249, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 1º de agosto de 2002, Exp. 6907; de 28 de febrero de 2005, Exp. 7504; de 27 de mayo de 2008, Exp. 11001-31-03-028-2000. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Constituye incumplimiento contractual por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC– la negativa de reconocer y pagar al Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación –ICFES– las actuaciones administrativas adelantadas en virtud del contrato interadministrativo No. 165 de 2013, pese a que dichas actividades fueron ejecutadas antes de la reasunción de funciones por parte de la CNSC y recibidas a satisfacción por la supervisión del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si El ICFES considera que la CNSC incumplió el contrato en lo que atañe al segundo componente de actividades, por cuanto: (…) (ii) no reconoció el pago de las actuaciones administrativas sancionatorias que el ICFES llevó a cabo hasta el momento en que la Comisión reasumió su competencia a pesar de que habían alcanzado a adelantarse en un 80%. (…) [E]n el presente caso a juicio de la Sala emerge con claridad que si bien es cierto en virtud de lo acordado entre las partes la CNSC podía reasumir en cualquier momento la función sancionatoria delegada en el ICFES (…), también lo es que de conformidad con dicha prerrogativa, so pretexto de requerir que las actuaciones adelantadas por la demandante culminaran con una decisión de fondo, en modo alguno podía desconocer la atención de reclamaciones (que comprenden actuaciones administrativas y reclamaciones tipo y no tipo), que el contratista gestionó hasta el momento en el que la demandada reasumió su función delegada (…). A la vista de lo estipulado en las cláusulas del contrato, la Sala arriba a una conclusión distinta a la expuesta por el Tribunal a quo, en tanto la obligación de pago no estaba supeditada a que la atención de la reclamación, que comprendía gestionar actuaciones administrativas, culminara con una decisión de fondo por el ICFES, sino que el reconocimiento económico en su favor dependía de la atención frente a las mismas, al margen de que dicha gestión no hubiera culminado antes de que la CNSC reasumiera la función delegada. Entender que la obligación de pago en favor del ICFES surgía siempre y cuando dicha entidad hubiera culminado la gestión, no solamente sería contrario a las reglas del contrato, sino que también implicaría el desconocimiento de aquellos trámites o actuaciones que el ICFES adelantó y atendió en virtud de lo estipulado entre las partes. (…) Bajo el anterior contexto, para la Sala no existe duda que la CNSC incumplió el contrato en cuestión, toda vez que, habiendo quedado establecido que el contratista, como era su deber, atendió 3981 actuaciones administrativas frente aspectos estipulados en el contrato, tales como copia, fraude, manipulación de celulares, suplantación, pues de ello da cuenta el informe de entrega del 23 de diciembre de 2013 (...), el cual, por demás, fue recibido a satisfacción por la supervisión del contrato (...) -por lo que se entienden acreditadas las actuaciones administrativas adelantadas por el contratista ante la aquiescencia de la CNSC-, omitió reconocer y pagar a favor del ICFES la contraprestación por dicha gestión, bajo la interpretación errada de que su procedencia estaba supeditada a que las actuaciones culminaran con decisión de fondo. (…) En consecuencia, a juicio de la Sala, en el presente caso se configura la responsabilidad contractual de la entidad demandada, pues en efecto incumplió el contrato, incumplimiento que, además de que le es atribuible a la CNSC, le generó un menoscabo patrimonial al ICFES, pues este dejó de percibir, como era su derecho, la contraprestación por las actividades adelantadas frente al segundo componente del contrato, particularmente en cuanto a las 3981 actuaciones administrativas que atendió. (…) Lo anterior, conduce indefectiblemente a que, en la liquidación judicial del contrato, como lo solicitó la parte demandante, se incluyan los valores que no reconoció y pagó la CNSC al ICFES por la atención a las 3981 reclamaciones efectivamente atendidas por esta última. Así las cosas, a partir de lo estipulado en la cláusula cuarta del contrato interadministrativo, según el cual el costo unitario de las actuaciones administrativas, cuando fueran más de 600, equivaldría a $135.272, la Sala procederá a establecer el valor que la CNSC debió reconocer al ICFES, liquidación dentro de la cual quedaran incorporados los conceptos y sumas liquidadas en la sentencia de primera instancia, comoquiera que frente a la misma no se efectuó reparo alguno en el recurso de apelación (una (1) actuación administrativa, treinta (30) acciones de tutela y sesenta y seis (66) respuestas a derechos de petición) (…). El saldo total adeudado será actualizado, teniendo en cuenta como índice base el correspondiente al IPC del mes en que venció el plazo para liquidar el contrato octubre de 2014-, y como índice final el IPC para la fecha de expedición de esta providencia -mayo de 2025- (…). Con fundamento en todo lo expuesto, el valor correspondiente a incluir en la liquidación judicial como saldo a favor del ICFES asciende a la suma de $1.012.088.581 por concepto de atención de reclamaciones (actuaciones administrativas, reclamaciones tipo) y atención de tutelas. (…) Así las cosas, la liquidación judicial del contrato interadministrativo No. 165 de 2013, suscrito entre la CNSC y el ICFES, se efectuará en los términos antes mencionados, esto es, con un saldo a favor del contratista por valor de $1.012.088.581, suma que se encuentra actualizada. Se advierte, además, que no se reconocerán intereses moratorios, en tanto con la expedición de la presente providencia se está declarando el reconocimiento de un valor a favor del demandante. En consecuencia, la Sala revocará la sentencia apelada, para en su lugar: (i) declarar que la CNSC incumplió el contrato; (ii) liquidar judicialmente el contrato con un saldo a favor del ICFES por la suma de $1.012.088.581 y (iii) condenar a la CNSC al pago de la suma referida. CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES Problema jurídico: ¿Resulta procedente la condena en costas a la parte vencida en el proceso? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 365 del CGP dispuso que se condenará en costas a la parte vencida o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Atendiendo a lo allí ordenado, y comoquiera que el recurso de apelación de la parte demandante prosperó, la Sala condenará en costas a la parte vencida, esto es, a la CNSC, cuya liquidación la hará de manera concentrada el a quo, de conformidad con lo previsto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. En consecuencia, y teniendo en cuenta que la parte actora intervino en el trámite de segunda instancia presentando alegatos de conclusión, el Tribunal a quo fijará agencias en derecho por el 1% del valor de las pretensiones de la demanda, en favor del ICFES y a cargo de la CNSC, teniendo en cuenta las tarifas fijadas en el Acuerdo 1887 de 2003 -vigente a la fecha de la presentación de la demanda-, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. FUENTE FORMAL: ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201502601011100103