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18001234000020180014501 de 20252025-03-10Rad. 18001234000020180014501
La Sala confirmará la Sentencia de primera instanci a porque los argumentos expuestos por la parte demandante no están llamados a prosperar. En primer lugar, el Ministerio alegó que como las pretensiones prosperaron parcialmente, el juez no podía condenar en costas. Al respecto…
También resuelve:Medio de control de controversias contractuales: contratación estatal, convenios interadministrativos, improcedencia de la condena en costas, facultades del juezControversias contra entidad territorialAgencias en derecho
Auto interlocutorio — Auto que resuelve sobre intervención de terceros2025-08-04Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 76001233300020170042101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las solicitudes que exigen actuaciones judiciales de jueces, partes o intervinientes se rigen por las normas procesales y no por el derecho de petición? Sí
El contratista no puede presentar solicitudes que exigen actuaciones judiciales de jueces, partes o intervinientes bajo el amparo del derecho de petición, ya que estas deben regirse por las normas procesales correspondientes. El derecho de petición ante autoridades judiciales es procedente solo respecto de las solicitudes que se realicen en virtud de las funciones administrativas que estas desempeñen, no en casos que requieren una actuación judicial. Además, la intervención en un proceso contencioso administrativo debe efectuarse a través de un apoderado judicial, por lo que la participación directa de personas naturales no representadas por un profesional en derecho es improcedente. Asimismo, la vinculación de nuevos sujetos procesales en segunda instancia, cuando el litigio ya fue integrado y la solicitud se realizó fuera del término legal, no es admisible, ya que las normas procesales establecen plazos específicos para la intervención de terceros. Esta decisión reitera y matiza la competencia de la autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones, limitando la intervención de sujetos que no cumplen con los requisitos legales, lo que implica una mayor rigurosidad en el cumplimiento de los trámites procesales.síntesis automática
También resuelve:¿Pueden intervenir directamente en un proceso contencioso administrativo personas naturales que no estén representadas por apoderado judicial?¿Es procedente la vinculación de nuevos sujetos procesales en segunda instancia, cuando el litigio ya fue integrado y la solicitud de intervención de terceros se realizó por fuera del término legal?
¿La entidad demandada incumplió el contrato de prestación de servicios, cuyo objeto era la gestión para el cobro de unas acreencias, pues no realizó el pago de los honorarios a la abogada demandante, pese a estar obligada a ello, ya que los honorarios debían ser pagados por la entidad en caso de que no lo hiciera el tercero deudor? Sí
El contratista no puede exigir el pago de sus honorarios a la entidad estatal si no se cumplen las condiciones específicas acordadas en el contrato, en este caso, que el pago sea realizado por el deudor tercero o, en su defecto, que los recaudos de dinero sean procedentes de las acciones de cobro coactivo. La Sala modifica la jurisprudencia anterior al declarar la nulidad del literal que permitía la delegación de funciones administrativas propias de la entidad, lo que implica que el contrato debe interpretarse conforme a las normas de derecho público y la competencia funcional para el cobro coactivo. Esto significa que si el recaudo se realiza en otro procedimiento distinto al de cobro coactivo, no se generan las obligaciones de pago para la entidad estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la condena en costas?
¿La demanda de reparación directa se presentó en término? Sí
La demanda de reparación directa derivada de un contrato estatal debe presentarse dentro de los dos años siguientes a la liquidación bilateral, según el literal j) del artículo 164 del CPACA, y ese término se suspende mientras se tramita la solicitud de conciliación prejudicial. Esta regla se apoya en que la suspensión del término por la conciliación impide que el plazo siga corriendo durante la etapa previa a la demanda. Por ello, el cómputo debe descontar el periodo en que estuvo suspendido el término. En el caso concreto la liquidación bilateral se firmó en septiembre de 2016, el término estuvo suspendido entre septiembre y diciembre de 2018 por la conciliación, y la demanda se radicó en diciembre de 2018 cuando faltaban siete días para la caducidad. La sala se pronunció de fondo, porque la demanda fue presentada oportunamente, y confirmó la decisión. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la solicitud de conciliación debe contabilizarse al verificar la caducidad de la demanda contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente declarar la responsabilidad contractual a pesar que no se dejaron salvedades en el acta de liquidación?¿Es procedente la condena en costas?
¿Si las pretensiones prosperan parcialmente, el juez tiene la facultad de abstenerse de condenar en costas o condenar parcialmente expresando los fundamentos de su decisión? Sí
El juez tiene la facultad, no el deber, de abstenerse de condenar en costas o condenar parcialmente cuando las pretensiones prosperan parcialmente, siempre que exprese los fundamentos de su decisión, según el artículo 365 del Código General del Proceso. La Sala confirmó que el hecho de que en los convenios interadministrativos se involucren dineros públicos y entidades estatales no convierte automáticamente el asunto en de “interés público”, aclarando que este concepto es muy genérico y no puede aplicarse a todos los procesos judiciales que involucran al Estado. Además, la representación de la parte demandada por apoderado judicial durante el proceso permitió la acreditación de las agencias en derecho, cuyo valor fue fijado dentro del rango establecido por el Consejo Superior de la Judicatura. En cuanto a la condena en costas y agencias en derecho de segunda instancia, se aplicará a la parte demandante conforme a los artículos 188 del Código Procesal Administrativo y 365 numeral 3 y 366 del Código General del Proceso, siendo competencia del tribunal de primera instancia la tasación y liquidación de estas.síntesis automática
También resuelve:¿El hecho que en los convenios interadministrativos se involucren dineros públicos y entidades estatales no convierte el asunto de “interés público”?¿Cómo la parte demandada estuvo representada por apoderado judicial durante el proceso, las agencias en derecho se acreditaron?¿Se condenará en costas y agencias en derecho de segunda instancia a la parte demandante?
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, dada la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia emitida por un tribunal administrativo, dado que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer de la controversia contractual, conforme al artículo 104 del Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo (CPACA). Esta competencia se fundamenta en que la demanda se dirige contra una entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios y que la pretensión supera los 500 SMLMV, lo que se ajusta a los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA. Además, el contrato de obra celebrado por la empresa de servicios públicos se rige por el derecho privado, conforme al artículo 31 de la Ley 142 de 1994, y las resoluciones emitidas por la empresa se consideran actos contractuales de derecho privado. La aseguradora que expidió la póliza de garantía contractual para el contrato de obra también tiene legitimación en la causa por activa para demandar, ya que tiene un interés jurídico directo en la controversia. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado para resolver recursos de apelación en casos de doble instancia y confirma la naturaleza privada de los actos contractuales de las empresas de servicios públicos.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de obra que tuvo por objeto la construcción del acueducto y alcantarillado se rige de modo preferente por el derecho privado?¿A la aseguradora demandante le asiste un interés jurídico para demandar y se encuentra legitimada en la causa por activa…¿El juez de lo contencioso administrativo en sede de apelación se encuentra atado a resolver únicamente lo que la parte recurrente le formule…
¿Resulta procedente el reconocimiento de perjuicios por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento, cuando se encuentra probado que mediante un acuerdo bilateral las partes decidieron dar por terminado el contrato, no se demandó la nulidad de este acuerdo y, en todo caso, no se demostró la celebración de uno nuevo negocio jurídico? No
El contratista no puede obtener el reconocimiento de perjuicios por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento cuando las partes acuerdan terminarlo bilateralmente, no se demanda la nulidad de este acuerdo y no se demuestra la celebración de un nuevo contrato. La terminación del contrato por mutuo acuerdo implica la extinción de las obligaciones contractuales, por lo que no procede la responsabilidad del Estado por la ejecución de un supuesto contrato que ya fue terminado. Además, el juez no puede declarar oficiosamente la nulidad relativa del acuerdo de terminación del contrato, ya que esta facultad está reservada a la parte interesada. En contratación estatal, el contrato debe perfeccionarse por escrito, por lo que la ejecución de un supuesto contrato sin formalidad escrita no genera responsabilidad del Estado. Esta decisión reitera la importancia de la terminación contractual por mutuo acuerdo y la necesidad de cumplir con los requisitos formales de perfeccionamiento en contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse oficiosamente la nulidad relativa del acuerdo suscrito entre las partes al estar incurso en un supuesto error al momento de celebrarse?¿Resulta procedente la responsabilidad del Estado porque el contrato de arrendamiento continuó ejecutándose, a pesar de que las partes expresamente lo terminaron anticipadamente…
¿Se incumplió el contrato por cuanto el ente contratante no pagó la suma reconocida en la resolución de liquidación unilateral? Sí
El contratista puede obtener la condena al pago de la suma reconocida en la resolución de liquidación unilateral del contrato, siempre que demuestre la obligación prestacional exigible y la falta de cumplimiento por parte del ente contratante, como lo establece la jurisprudencia del Consejo de Estado. La entidad contratante no puede descontar la pena pecuniaria de las sumas adeudadas al contratista en la liquidación unilateral del contrato si no se cumplen los requisitos para la tasación del monto de la pena, según el artículo 1596 del Código Civil. Además, no se condenará al pago de intereses sobre la suma entregada como anticipo al contratista si no se pactó explícitamente en el contrato que los rendimientos financieros del anticipo pertenecen al ente contratante, lo que implica que el contratista no está obligado a reintegrar dichos rendimientos. Estas reglas reiteran y matizan precedentes sobre la liquidación unilateral del contrato y la obligación de pago, estableciendo criterios claros para la condena al pago y la imposición de penas pecuniarias en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿El ente contratante tenía la facultad de descontar en la liquidación unilateral del contrato la pena pecuniaria de las sumas que le debía a la contratista por la ejecución de las obras objeto del…¿Se debe condenar al pago de intereses sobre la suma entregada al contratista como anticipo?¿Se excluyó explícitamente la posibilidad de solicitar el reajuste como consecuencia de los incrementos de precio previsibles al momento de proponer?
¿La decisión de descalificación de la propuesta contractual obedeció a una ruptura intempestiva y carente de razón? No
Constituye un motivo válido para descalificar una propuesta en un proceso de selección que una persona con cargo directivo en la entidad contratante tenga relación familiar con el representante de la firma proponente, pues la prohibición de favorecimiento aplica aunque la dependencia en la que se desempeña no tenga relación con la contratación. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la presencia de un servidor público del nivel directivo con esa relación familiar basta para activar la prohibición, con independencia de que su dependencia no intervenga en el objeto contratado. Segundo, la descalificación no vulnera el principio de buena fe contractual cuando la decisión no obedece a una ruptura intempestiva ni carece de razón y no sorprende al participante, pues en tal caso no se rompen las tratativas, que deben respetarse conforme a los pliegos y a la ley. La providencia deniega las pretensiones de la demanda y confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el aspirante que incurre en una prohibición legal puede ser descalificado sin que ello implique una ruptura de las tratativas precontractuales.síntesis automática
También resuelve:¿La incompatibilidad en estudio era adecuada si se dirigía a los familiares de aquellas personas que gozaran de poder de decisión de adjudicar un contrato?¿La incompatibilidad en estudio resulta conteste con la clasificación y nomenclatura de cargos de la EPM y era viable su aplicación en el presente asunto?¿La calidad de servidores públicos de las entidades estatales mixtas la ostentan sus representantes legales y los funcionarios de los niveles directivo…
¿La entidad pública demandada respetó el debido proceso durante el desarrollo del procedimiento administrativo tendiente a declarar el incumplimiento del contrato? Sí
El contratista no puede invocar la excepción de contrato no cumplido cuando no demuestra la imposibilidad de ejecución de sus obligaciones, por lo que la entidad estatal no violó el debido proceso al declarar su incumplimiento parcial y establecer la penalidad proporcional al grado de incumplimiento, en este caso, el 8.999% del valor total del contrato. La Sala modifica el fallo al precisar que, aunque las sanciones por incumplimiento se imponen de acuerdo a la participación de cada uno de los miembros de la unión temporal, la devolución de los dineros recibidos y no ejecutados es solidaria entre los integrantes de la unión temporal, conforme al artículo 7 de la Ley 80 de 1993. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales para excusarse del incumplimiento contractual y establece que la entidad estatal debe garantizar el debido proceso en los procedimientos administrativos de liquidación unilateral del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Como el incumplimiento en que incurrió la unión temporal contratista fue del 45%, el valor a pagar como penalidad corresponde al 8.999% del valor total del contrato?¿Los argumentos de los apelantes que sustentaban la falsa motivación de las resoluciones por inexistencia de incumplimiento tienen vocación de prosperidad?¿Se justifica la demora en la obligación de disposición de personal y en las demás obligaciones secundarias a cargo del contratista?
¿El consorcio contratista debe pagar la totalidad del valor de los perjuicios actualizados según fue solicitado en la demanda? Sí
El contratista debe pagar la totalidad del valor actualizado de los perjuicios causados al ente estatal, según lo determinado en la demanda, ya que la Sala revoca parcialmente la sentencia para declarar probada la excepción de prescripción de la acción derivada del seguro e ineficacia del llamamiento en garantía por extemporáneo, y negar el llamamiento en garantía formulado por el ente estatal a la aseguradora. La decisión implica que el término de prescripción ordinario y extraordinario de las acciones derivadas del contrato de seguro se había consolidado antes de que el ente estatal formulara el llamamiento en garantía, y que este fue presentado más de tres años después de iniciado el proceso, lo que constituye una irregularidad procesal saneada por la omisión de la aseguradora en su impugnación oportuna.síntesis automática
También resuelve:¿Cuándo se llamó en garantía a la aseguradora ya se había consolidado el término de la prescripción ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro respecto de los deterioros que presentó…¿El llamamiento en garantía fue formulado más de tres años después de haber iniciado el proceso?¿Los términos de prescripción extraordinaria y ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro corren desde su ocurrencia y desde el momento en que el beneficiario conoció o debió tener…
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los litigios derivados de la actividad contractual de los establecimientos públicos del orden nacional conforme a las reglas de competencia funcional y de cuantía. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el contrato fue suscrito por el Invías en calidad de establecimiento público del orden nacional dentro de su actividad contractual. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con el artículo 150 y el numeral 4 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso y al superar la cuantía mínima exigida para la fecha de presentación de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Las entidades estatales como los establecimientos públicos, están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en cuanto a su gestión contractual?¿El acuerdo de voluntades sería liquidado en un término de seis meses, de los cuales 4 meses se destinarían a procurar efectuarla de mutuo acuerdo y 2 meses se reservarían para realizarla…¿El informe pericial describió erróneamente el proyecto y el alcance del contrato, indicando que el objeto negocial se restringió a la elaboración de diseños y al mantenimiento y rehabilitación de…
¿El incumplimiento contractual se origina en el desconocimiento del débito prestacional y de las obligaciones legalmente pactadas en el contrato? Sí
La parte contratante está obligada a satisfacer estrictamente el débito prestacional y las obligaciones legalmente pactadas en los negocios jurídicos estatales, cuja inejecución, tardanza o defecto genera responsabilidad patrimonial contractual y el deber de indemnizar perjuicios conforme al artículo 90 de la Constitución Política. En esta providencia de controversias contractuales sobre la instalación de redes de acueducto, la Sala precisa que el incumplimiento contractual y el desequilibrio económico del contrato son figuras jurídicas autónomas con distinto origen y consecuencias. En el caso examinado se estableció que la entidad demandada atendió las solicitudes de restablecimiento de la ecuación financiera y que las salvedades formuladas en el acta de liquidación bilateral no lograron demostrarse probatoriamente, confirmando así la decisión de instancia con base en la jurisprudencia de la Sección Tercera.síntesis automática
También resuelve:¿En lo que concierne a la pretensión de nulidad relativa del contrato, el término para demandar corrió de manera autónoma frente a cada contrato adicional suscrito entre las partes?¿El contratista no demostró que el desequilibrio económico alegado hubiera ocurrido efectivamente durante la ejecución del contrato y que hubiera generado un daño patrimonial real?¿La parte actora no demostró las circunstancias imprevistas y extraordinarias que hubieren afectado el alea normal de la ecuación contractual?
¿Las salvedades en el acta de liquidación son requisito para el ejercicio de la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado? No
El contratista no necesita incluir salvedades en el acta de liquidación para ejercer la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado, ya que la ley no establece este requisito. La entidad estatal cumplió con sus obligaciones contractuales al pagar de acuerdo a los precios unitarios pactados, y la modificación de precios en otros contratos no es aplicable en este caso, ya que cada acuerdo tiene fuerza de ley para las partes involucradas. Además, la teoría de la imprevisión no aplica a contratos de derecho privado, por lo que el contratista no puede modificar el acuerdo inicial por circunstancias sobrevinientes. Este fallo confirma la sentencia de primera instancia y reitera que en contratos de derecho privado, el acuerdo de voluntades es vinculante y no permite la modificación del contrato por imprevistos, a diferencia de los contratos estatales donde el cumplimiento del objeto es de interés general.síntesis automática
También resuelve:¿El acuerdo celebrado entre las partes tiene fuerza de ley para ellas?¿En los contratos estatales el cumplimiento de su objeto es de interés general¿La revisión judicial del contrato de derecho privado procede cuando el desequilibrio de las prestaciones es producido por una circunstancia que las partes no pudieron prever al momento de su…
¿Se acreditaron las inversiones realizadas, pero no se cumplió la carga de probar el presupuesto consistente en la incidencia que tales erogaciones causaron a la economía del contrato? Sí
El contratista no logra restablecer el equilibrio financiero del contrato de concesión portuaria debido a su incapacidad para probar el impacto económico de las inversiones realizadas, a pesar de acreditar las causas e inversiones. La entidad estatal y el tribunal mantienen que la prueba documental presentada no cumple con los estándares de idoneidad técnica y valor probatorio necesarios para demostrar la perturbación financiera del contrato. La Sala confirma que la parte demandante debe aportar pruebas técnicas especializadas y científicas, proporcionadas por expertos en finanzas y contabilidad, para justificar la afectación de la ecuación económica del contrato. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con la carga de la prueba en casos de teoría de la imprevisión, limitando la posibilidad de ajustar los términos del contrato sin evidencia adecuada.síntesis automática
También resuelve:¿En las condiciones en las que la sociedad actora enmarcó su pedimento no es posible arribar a un pronunciamiento positivo al respecto?¿Demostrar que un gasto extraordinario afecta objetivamente la ecuación económica en un contrato de concesión, implica análisis razonables que permitan evaluar si el impacto alegado justifica ajustar…¿Para que se configure el desequilibrio económico del contrato es necesario demostrar, además de la alteración extraordinaria, la pérdida real, grave y anormal de la economía del contrato?
¿Se desvirtuó la legalidad de las resoluciones acusadas y se estableció que las decisiones adoptadas en los actos administrativos enjuiciados son contrarias a derecho? No
Cuando el demandante no logra acreditar que las decisiones adoptadas en los actos administrativos son contrarias a derecho, la legalidad de esos actos se mantiene, porque la carga de demostrar el incumplimiento que se atribuye a la entidad recae sobre quien lo alega. La revisión de las pruebas aportadas y decretadas en el proceso debe permitir establecer que el incumplimiento estaba probado para que pueda anularse la decisión de la entidad. Además, la condena en costas tiene fundamento en el vencimiento de la parte, y no procede revocarla cuando el proceso no ventila un interés público, pues no se trata de una acción pública, de mera legalidad o de control objetivo. En el caso concreto, la entidad decidió sobre el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de interventoría, y el demandante no acreditó que tales supuestos estuvieran superados, de modo que la providencia de primera instancia que negó las súplicas fue confirmada, incluida la condena en costas. Como consecuencia práctica, quien impugne actos de incumplimiento debe demostrar con las pruebas del expediente que las obligaciones se cumplieron, pues la mera afirmación en la demanda o en la apelación no basta.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión de denegar las súplicas de la demanda en primera instancia fue acertada por corresponder con la realidad procesal y lo efectivamente probado?¿Los incumplimientos objeto de investigación no fueron subsanados en modo alguno por parte de la universidad contratista?¿El recurso de apelación trata de unos puntos que no fueron expuestos en las pretensiones, cargos de nulidad, ni en los fundamentos de hecho o de derecho?
¿La sociedad demandante y el litisconsorte necesario, en calidad de integrantes del consorcio, ejecutaron mayores cantidades de obra para el cumplimiento del contrato de obra? Sí
En los contratos de obra, las mayores cantidades ejecutadas por los integrantes del consorcio son exigibles cuando fueron ejecutadas con el conocimiento y el aval de la entidad contratante, aunque su valor no haya sido pagado. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la entidad que conoce y avala la ejecución de cantidades adicionales asume la obligación de pagarlas, y su omisión configura responsabilidad contractual. Segunda, el silencio de la entidad frente a esas cantidades, habiendo tenido conocimiento de ellas, no la exime del pago. En el caso, la sociedad demandante y el litisconsorte necesario ejecutaron mayores cantidades sin que su valor fuera pagado, y la providencia confirma la declaración de responsabilidad contractual, aunque modifica la decisión impugnada en la forma de señalar la condena. En la práctica, el contratista que ejecute cantidades adicionales debe dejar constancia del conocimiento y aval de la entidad, porque esa prueba sustenta el reconocimiento del pago.síntesis automática
También resuelve:¿La condena por concepto de pago de mayores cantidades de obra debe efectuarse por la empresa demandada?¿La interventoría y Emserpa SA ESP autorizaron al contratista expresamente la realización de mayores cantidades de obra?¿El contrato de obra fue suscrito única y exclusivamente entre Emserpa SA ESP y el consorcio contratista?
¿Era una obligación a cargo del Invías poner a disposición de la contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse el puente sobre el arroyo? Sí
El contratista no es responsable de poner a disposición los bienes inmuebles sobre los cuales debe construirse la obra, siendo esta obligación del contratante, en este caso el Invías, conforme a la cláusula vigesimoquinta del contrato y el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. La Sala considera que la gestión predial es una obligación del contratante, quien debe poner a disposición del contratista los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de la obra. Esta regla reitera la responsabilidad del contratante en la gestión predial y la puesta a disposición de los bienes inmuebles, lo que implica que el contratista puede reclamar prórrogas y mayor permanencia en obra en caso de retardo por parte del contratante en la entrega de los bienes necesarios.síntesis automática
También resuelve:¿Para las partes era pacífico que a la entidad estatal le correspondía poner a disposición de su contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse la obra contratada?¿Se tiene por acreditada la causa que la accionante alegó ocasionó la mayor permanencia en obra por el retardo en la puesta a disposición suya, por parte del Invías…¿Las partes contratantes, en ejercicio de su autonomía privada, llegaron a un acuerdo respecto a las consecuencias patrimoniales que para el contratista podían derivarse de la mayor duración del…
¿La sola variación del diseño durante la ejecución de un contrato es suficiente para dar por acreditados los defectos o deficiencias en la planeación y estructuración del proyecto? No
El contratista no puede alegar defectos en la planeación y estructuración del proyecto basándose únicamente en la variación del diseño durante la ejecución del contrato, ya que la Sala no encontró pruebas que demuestren dichos defectos ni incumplimiento por parte de la entidad estatal en su deber de planeación, y considera que la modificación de diseños es común en contratos de obra debido a la imposibilidad de prever todos los eventos que pueden surgir durante la ejecución. Además, la Sala confirma que el aumento en las cantidades de obra en un contrato a precios unitarios no constituye un reajuste o revisión del contrato, sino un alea normal, y que la parte demandante debe demostrar un riesgo extraordinario para reclamar un desequilibrio financiero, lo que no fue evidenciado en este caso. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la necesidad de pruebas concretas para acreditar defectos en la planeación y la imposibilidad de reajustar precios basándose únicamente en el aumento de cantidades de obra.síntesis automática
También resuelve:¿El recurrente no presentó reparos concretos en contra de los argumentos del Tribunal relacionados con la falta de pruebas sobre la configuración del desequilibrio económico?¿El aumento en las cantidades de obra en un contrato a precios unitarios es un alea normal del contrato?¿El riesgo de variación de fuentes de material era un riesgo que había sido asignado a la contratista y había expresamente sido aceptado por esta con la suscripción del contrato?
¿Se probó que la conducta de los servidores públicos fue realizada con culpa grave? No
Al no estar probado el hecho que permite tener por cierto que la conducta fue realizada con culpa grave, es deber de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. acreditar dicha calificación, y no compete a los funcionarios derrumbar la presunción legal. Más allá del expediente contractual… , no existen elementos de juicio que permitan calificar la conducta de los funcionarios [demandados] como ajena a las finalidades del Estado o como una violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho. Sobre todo… que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. limitó su actuación a asegurar en la demanda que los servidores tenían conocimiento de la irregularidad en que incurrieron y de su comportamiento omisivo, sin allegar prueba alguna que corroborara tales afirmaciones.
También resuelve:¿La entidad demandante probó que los demandados procedieron de manera dolosa o gravemente culposa?¿Está probado que los diseños elaborados por la firma consultora hayan determinado la inclusión de un túnel?¿La entidad aduce de los servidores demandados el conocimiento de la irregularidad en que incurrían y el comportamiento omisivo?