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Auto interlocutorio — Auto que inadmite2025-02-21Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 41001233300020150002302LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede la apelación contra el auto que negó la solicitud de nulidad procesal? No
El auto que niega una solicitud de nulidad procesal no es susceptible de recurso de apelación, porque el artículo 243 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, establece de manera taxativa las providencias apelables y entre ellas no se encuentra la que niega la nulidad. El trámite de la nulidad procesal está regulado integralmente por el artículo 210 del CPACA, de modo que no hay lugar a acudir al Código General del Proceso para su tramitación. Por esa razón, el recurso de apelación interpuesto contra esa providencia no puede admitirse y debe inadmitirse. En el caso concreto, el despacho inadmitió la apelación formulada contra el auto que negó la solicitud de nulidad, por cuanto la providencia no es apelable conforme a la taxatividad del artículo 243. Como consecuencia práctica, quien pretenda impugnar la negativa de una nulidad procesal no puede hacerlo por apelación y debe acudir a los mecanismos que la ley efectivamente prevé.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve nulidades procesales2024-08-15Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020220020300LEY 1437 REPETICION
¿Se configura la nulidad procesal por indebida notificación al demandado del auto mediante el cual se decretaron las medidas cautelares solicitadas por la Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE? No
El auto que decreta medidas cautelares en un proceso de repetición no exige su notificación a la parte demandada antes de la notificación del auto admisorio de la demanda. Esta regla se apoya en el artículo 23 de la Ley 678 de 2001, modificado por el artículo 45 de la Ley 2195 de 2022, que dispone que la autoridad judicial decretará las medidas antes de notificar el auto admisorio, y en el artículo 24 de esa ley, modificado por el artículo 46 de la misma Ley 2195. Por ello la falta de notificación de las medidas no configura la causal de nulidad procesal invocada. Como la norma especial regula expresamente ese momento, no es aplicable la regla general de notificación. En el caso concreto la nulidad por indebida notificación del auto que decretó las medidas fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que en la repetición las medidas cautelares pueden decretarse y ejecutarse sin previa notificación al demandado.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de queja2025-06-19Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 41001233300020160017806LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La norma procesal aplicable al presente asunto es la vigente al momento en que se convocó a la audiencia de pruebas? Sí
El contratista no puede apelar el auto que niega la declaratoria de nulidad en un proceso de contratación estatal, ya que la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021, no prevé la procedencia de este recurso en este contexto. Además, la normativa vigente al momento de la notificación del auto que convoca a la audiencia de pruebas es la que se aplica, conforme al régimen de transición establecido en la Ley 2080 de 2021. Esto implica que la norma procesal aplicable al caso es la Ley 1437 de 2011 con las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021, lo que reafirma la importancia de considerar la vigencia de las leyes al momento de notificar las decisiones judiciales.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente el recurso de apelación contra el auto que niega la declaratoria de nulidad?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve nulidades procesales2024-05-02Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 11001032600020190017400LEY 1437 REPETICION
¿La declaratoria de nulidad procesal solicitada por el demandado es improcedente, al haberse acreditado que la notificación del auto admisorio de la demanda se surtió en debida forma? Sí
El sujeto procesal demandado interpone solicitud de nulidad procesal dentro del medio de control de repetición, argumentando irregularidades en la notificación del auto admisorio de la demanda regulado en el artículo 198 y el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011. El despacho judicial examina los registros del sistema de gestión judicial Samai, constatando que el mensaje de datos contentivo del auto admisorio fue enviado oportunamente a la dirección de correo electrónico aportada por el propio demandado. El juez concluye que la notificación personal se surtió en debida forma y rechaza la nulidad procesal impetrada. Adicionalmente, ante la imposibilidad de notificar a otros demandados, el despacho requiere a la parte actora para que suministre dirección física o electrónica conforme al artículo 293 del CGP y ordena a la Secretaría y al INPEC realizar los trámites pertinentes para garantizar el debido proceso.síntesis automática
También resuelve:¿El demandante tiene la obligación de proporcionar al juez competente la dirección física o electrónica del demandado, para efectos de notificarles las actuaciones del proceso?
Auto interlocutorio — Auto que rechaza solicitud de nulidad2026-10-28Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 05001233300020230067202LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe negarse la solicitud de nulidad de la sentencia de primera instancia, fundada en el presunto incumplimiento de una providencia del superior relacionada con el llamamiento en garantía, ante la falta de legitimación del solicitante, la ausencia de identificación de una causal de nulidad y la falta de acreditación de una actuación contraria a una providencia ejecutoriada del Consejo de Estado, teniendo en cuenta que la apelación del auto que rechazó el llamamiento tuvo efecto devolutivo y que la orden del superior no dispuso la vinculación automática del tercero? Sí
El Despacho rechaza la solicitud de nulidad de la sentencia de primera instancia, fundada en el presunto incumplimiento de una providencia del superior relacionada con el llamamiento en garantía, debido a la falta de legitimación del solicitante, la ausencia de identificación de una causal de nulidad y la falta de acreditación de una actuación contraria a una providencia ejecutoriada del Consejo de Estado. La apelación del auto que rechazó el llamamiento tuvo efecto devolutivo, y la orden del superior no dispuso la vinculación automática del tercero, lo que implica que no se puede considerar que el Tribunal haya desatendido deliberadamente lo ordenado por el Consejo de Estado.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que inadmite2025-01-14Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 54001233300020180001702LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es procedente regular los incidentes de nulidad procesal en la jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante el Código General del Proceso? No
El contratista no puede regular los incidentes de nulidad procesal en la jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante el Código General del Proceso, ya que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) regula íntegramente el trámite de estos incidentes, excluyendo así la aplicación del CGP. Además, el auto que rechaza de plano la solicitud de nulidad procesal no es susceptible de recurso de apelación, conforme a la taxativa disposición del artículo 243 del CPACA, modificada por la Ley 2080 de 2021, que limita la posibilidad de recurrir verticalmente este tipo de providencias para acelerar el trámite procesal. Esta regla reitera y matiza la jurisprudencia existente, reforzando la autonomía del CPACA en la regulación de los incidentes de nulidad y limitando la apelabilidad de los autos que rechazan solicitudes de nulidad procesal, lo que implica una mayor certeza jurídica y celeridad en la resolución de controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿El auto que rechazó de plano la solicitud de nulidad procesal admite recurso de apelación?
Auto interlocutorio con estado — Auto que resuelve2026-07-17SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C)FERNANDO IREGUI CAMELORad. 25000232600020090064201ACCION CONTRACTUAL
¿Se configuran las causales de nulidad previstas en los numerales 5 y 6 del artículo 133 del Código General del Proceso cuando, después de aportarse los documentos que habían quedado pendientes de recaudo, la parte demandante solicita la complementación de un dictamen pericial ya practicado y afirma que no podía cerrarse la etapa probatoria ni correrse traslado para alegar de conclusión hasta tanto se resolviera esa petición, pese a que dicha complementación no había sido ordenada judicialmente ni se encontraba pendiente dentro del período probatorio? No
El contratista no puede configurar las causales de nulidad previstas en los numerales 5 y 6 del artículo 133 del Código General del Proceso cuando, después de aportar los documentos pendientes de recaudo, solicita la complementación de un dictamen pericial ya practicado, argumentando que no se puede cerrar la etapa probatoria ni correr traslado para alegar de conclusión hasta que se resuelva esa petición, ya que dicha complementación no fue ordenada judicialmente ni estaba pendiente dentro del período probatorio. La entidad estatal cumplió con el recaudo de los documentos pendientes, y el juez permitió la intervención de las partes en la etapa de alegatos de conclusión, lo que demuestra que la fase procesal fue efectivamente surtida. La sentencia del tribunal tuvo en cuenta el dictamen pericial y lo contrastó con el resto del acervo probatorio, por lo que no se configura ninguna nulidad. Este precedente reitera que las partes no pueden revivir la oportunidad probatoria una vez cerrada la etapa probatoria y que deben presentar los recursos correspondientes para impugnar decisiones judiciales en tiempo y forma.síntesis automática
¿La contraprestación económica proveniente de los contratos que se suscriban con el objeto de explotación de recursos naturales no renovables, se gobierna por las normas vigentes sobre la materia, consideración que atañe a los contratos para la producción de hidrocarburos? Sí
El contratista no puede establecer mediante acuerdo contractual un sistema diferente para la liquidación y pago de las regalías en contratos para la explotación de recursos naturales no renovables, incluyendo hidrocarburos, ya que la Constitución en su artículo 360 establece que las condiciones para la explotación de estos recursos deben ser fijadas por la ley. Además, la modificación del régimen de regalías por la Ley 508 de 1999, que estableció un porcentaje entre el 5% y el 25% de la producción del campo, fue reconocida por las partes en un otrosí, lo que no constituye causa de nulidad y se ajusta a la normatividad vigente. Esta regla reitera y confirma la importancia de la reserva legal en la materia, impidiendo que las partes pacten condiciones que contravengan la ley, y garantiza que las regalías se liquiden conforme a la normativa aplicable en el momento de la explotación.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la declaratoria de nulidad de una cláusula contractual que acuerda ajustar las regalías del contrato a la normatividad vigente sobre la explotación de hidrocarburos?
¿Los contratos de ejecución instantánea y los contratos u órdenes de prestación de servicios deben ser liquidados? No
Los contratos de ejecución instantánea y los contratos u órdenes de prestación de servicios celebrados por una universidad estatal no requieren liquidación, mientras que los de tracto sucesivo y los terminados por mutuo acuerdo sí deben liquidarse, según lo dispone el estatuto de contratación de la universidad. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, el artículo 93 de la Ley 30 de 1992 somete los contratos que celebran las universidades estatales u oficiales al derecho privado, salvo las excepciones consagradas en la ley, de modo que su régimen de liquidación se fija en el estatuto de contratación de la institución. Segundo, el artículo 57 de la misma ley reconoce a estas universidades un régimen especial que comprende el régimen de contratación, por lo que la clasificación interna de los contratos según su forma de ejecución determina cuáles requieren liquidación. La providencia confirma la decisión de primera instancia que declaró la caducidad del medio de control, pues la demanda fue extemporánea con independencia de la fecha de terminación que se tome; en la práctica, la clasificación del contrato dentro del estatuto determina si debía liquidarse.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de prestación de servicios celebrado es un contrato que se rige por el derecho privado?¿La parte demandante interpuso recurso frente al auto que ordenó correr traslado a las partes para alegar?¿Se condenará en costas de esta instancia a la unión temporal contratista?
¿Se acreditó vicio del consentimiento de la sociedad demandante en la transacción y condonación parcial de la deuda firmada por esta? No
Un acuerdo de pago en el que el acreedor condona una parte de la deuda para recibir un pago pronto puede tener la naturaleza de transacción, y su nulidad por vicio del consentimiento exige prueba de error, fuerza o dolo. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que la demandante tuvo la opción de negociar un plazo con intereses para el pago total y la descartó por considerarla más riesgosa, lo que muestra una decisión libre y consciente de condonar parte de la deuda. La segunda es que no hay prueba que desvirtúe esa voluntad ni que el error, la fuerza o el dolo de la contraparte determinaran la aceptación. La tercera es que el desequilibrio económico invocado en la apelación no se alegó en la demanda, por lo que no puede analizarse de fondo. En consecuencia, la Sala confirma la sentencia de primera instancia que negó la nulidad. Como obiter dictum, la providencia precisa que el acuerdo tiene efectos de cosa juzgada respecto de la controversia que se pretendía precaver. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que rechaza solicitud de nulidad2023-07-19Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000232600020081003002ACCION CONTRACTUAL
¿Dado que la demanda se presentó en vigencia del Decreto 01 de 1984, le resultan aplicables sus normas a la solicitud de nulidad procesal, así como las que, en virtud de la integración normativa, estuvieran vigentes en el momento en que se ejerció el derecho de acción? Sí
La parte demandante que promueve una solicitud de nulidad procesal para atacar la competencia funcional del magistrado ponente tras la expedición de un auto que no avoca el conocimiento para unificación jurisprudencial se sujeta a la aplicación ultractiva del Decreto 01 de 1984 y del Código de Procedimiento Civil en virtud del régimen de transición previsto en el artículo 308 del CPACA. De acuerdo con las normas vigentes al momento de presentación de la demanda y el ejercicio del derecho de acción, correspondía a las Secciones decidir la remisión de asuntos para unificación a la Sala Plena. El magistrado sustanciador actúa dentro del marco de sus competencias funcionales al dictar providencias interlocutorias de trámite, por lo que las solicitudes encaminadas a cuestionar dicha competencia sin fundamento normativo válido deben ser negadas por la Corporación.síntesis automática
También resuelve:¿Compete al magistrado ponente del Consejo de Estado decidir la solicitud de nulidad procesal?¿Se alegó dentro de la oportunidad legal para hacerlo, la solicitud de nulidad en el caso sub lite?¿Hay lugar a declarar la nulidad procesal por falta de competencia funcional del ponente para dictar el auto del 23 de mayo de 2023…
¿La declaratoria de nulidad de todo lo actuado en segunda instancia, habilita la variación de la causa petendi de la demanda? No
El contratista no puede variar la causa petendi de la demanda después de que se declara la nulidad de todo lo actuado en segunda instancia, ya que la solicitud de nulidad no cumplió con los requisitos legales y no puede servir para alterar la base original del pleito. La entidad estatal, en este caso el Fondo Nacional del Ahorro, no expide actos administrativos cuando selecciona al mejor postor en licitaciones comerciales, ya que actúa en igualdad de condiciones con el sector privado, aunque esto no excluye la posibilidad de que se analice la responsabilidad precontractual del FNA si se acredita que la entidad no contrató con el mejor postor. Además, el contratista debe cumplir rigurosamente con los requisitos establecidos por la entidad para participar en la licitación, incluyendo la acreditación mediante acto administrativo del funcionamiento de sucursales o agencias en otras ciudades, lo que implica que la entidad no puede ser responsabilizada por exigir la demostración de una realidad específica para puntuar ciertos aspectos de la propuesta.síntesis automática
También resuelve:¿Las decisión precontractual adoptada por el Fondo Nacional del Ahorro por medio de la cual escogió al oferente para suscribir el contrato, es un acto administrativo susceptible de ser demandado?¿La sociedad demandante cumplió con las reglas de participación establecidas por el Fondo Nacional del Ahorro respecto de la acreditación, mediante acto administrativo…¿La exigencia de allegar con la propuesta los actos administrativos que autorizaban el funcionamiento de las sedes, era un requisito necesario para verificar la coincidencia con el registro mercantil…
¿La EPM podía hacer efectivas las deducciones por incumplimiento (multas), que fueron pactadas por las partes en el contrato, ya que la naturaleza jurídica de los actos propios de la actividad contractual de los prestadores de servicios públicos domiciliarios es privada, es decir, no constituyen actos administrativos? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad de las comunicaciones de la entidad estatal que hacen efectivas las deducciones por incumplimiento pactadas en el contrato, ya que estos actos no constituyen actos administrativos sino decisiones regidas por el derecho privado, conforme a la naturaleza del contrato celebrado por la entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios. En este caso, la entidad demandada, EPM, efectuó descuentos por incumplimiento al contratista, lo cual fue pactado en el contrato y no constituye un acto administrativo, sino un acto privado regido por el derecho contractual. La Sala revocó la decisión de primera instancia, reafirmando que los actos contractuales de las entidades que se rigen por el derecho privado no son susceptibles de control judicial por la vía de la nulidad, sino que deben ser estudiados en el marco del contrato. Esta decisión reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la naturaleza privada de los actos contractuales de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, lo que implica que las controversias deben ser resueltas a través del medio de control de controversias contractuales y no por la vía de la nulidad.síntesis automática
También resuelve:¿Las “deducciones por incumplimiento”¿Debe negarse la pretensión sobre el incumplimiento del pago de facturas, ya que el recurrente pretendió variar el objeto del litigio con la inclusión de nuevas pretensiones en la apelación…
¿La competencia de la administración para declarar el incumplimiento y hacer efectivas las garantías del contrato, está sujeta al plazo de ejecución del mismo, por lo que, los actos administrativos demandados que contienen dichas decisiones se encuentran viciados de nulidad por falta de competencia temporal? No
El contratista no puede impugnar los actos administrativos mediante los cuales la entidad estatal declara el incumplimiento del contrato y hace efectivas la garantía única y la cláusula penal pecuniaria por falta de competencia temporal o falsa motivación, ya que la ley no limita el ejercicio de dicha competencia a la vigencia del contrato y las pruebas demuestran que el contratista no cumplió con sus obligaciones contractuales. La Sala reitera que la entidad estatal puede declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectivas las garantías del mismo incluso después de vencido el plazo del contrato, siempre y cuando su finalidad sea obtener el pago de la garantía y la cláusula penal. Además, la Sala confirma que la entidad estatal puede desestimar la falsa motivación del acto administrativo si las pruebas aportadas demuestran el incumplimiento del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos administrativos mediante los cuales Indeportes Antioquia declaró el incumplimiento del contrato, hizo efectiva la garantía única y la cláusula penal pecuniaria…¿Hay lugar a reducir proporcionalmente el valor de la cláusula penal pecuniaria, debido a que, según la demandante, el incumplimiento del contrato no fue total?¿Procede la condena en costas en contra de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación en el medio de control de controversias contractuales, esto es…
¿En una situación de apelante único la competencia del juez de segunda instancia se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso? Sí
En una situación de apelante único, la competencia del juez de segunda instancia se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso, de modo que no puede revisar la providencia en la parte que no fue impugnada. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, limita la competencia funcional del superior a los cargos esgrimidos en el recurso de alzada; la regla admite una excepción prevista en el inciso segundo del artículo 187 del CPACA, según la cual el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que encuentre probada; y el silencio del inferior no impide que el superior se pronuncie sobre esos aspectos en los términos de la ley. Por ello, el examen de la segunda instancia se limita a lo impugnado, salvo esas excepciones legales. La providencia de primera instancia se confirma en lo que fue objeto del recurso.síntesis automática
También resuelve:¿Con las pruebas del expediente se acredita la nulidad de los actos administrativos demandados por el supuesto hecho de haberse desconocido el acuerdo de creación del consorcio?¿Los negocios jurídicos celebrados por el representante, dentro de las facultades conferidas para tal caso, producen los mismos efectos que si la actuación la hubiera realizado el representado…¿El mandato de representación otorgado por los integrantes del consorcio, se tiene que se estipuló que la representación del consorcio la tendrían, pluralmente los dos facultados?
¿La causa de las cancelaciones de los eventos musicales programados en el Aguinaldo Boyacense coordinado por el Consejo Superior de Policía, es imputable al contratista en el marco del manejo de los negocios privados con los artistas y, por tanto, deben ser asumidos bajo su propio riesgo financiero? Sí
El contratista asume el riesgo financiero de las cancelaciones de eventos musicales programados en el Aguinaldo Boyacense, ya que las gestiones para la presentación de los artistas no garantizaban el cumplimiento de los contratos, y el pago del Consejo Superior de Policía no estaba condicionado a la realización efectiva de los eventos. La Sala establece que el incumplimiento del pago por parte del Consejo no genera responsabilidad indemnizatoria para este, dado que el contratista no pudo garantizar la presentación de los artistas en las fechas acordadas. Además, la corporación determina que el Consejo Superior de Policía es una persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, lo que implica que el conocimiento del recurso de apelación corresponde a la jurisdicción ordinaria, en cumplimiento de la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo Superior de Policía es una institución cívico social, sin ánimo de lucro con personería jurídica y patrimonio propio…¿En cumplimiento de la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al resolver el conflicto negativo de jurisdicciones…¿Se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio, al no haber sido parte de los contratos enjuiciados…
¿La voluntad de las partes fue distinta de que se plasmó en el contrato y de la que la propia parte actora consignó en su oferta? No
El contratista no puede alegar que la voluntad de las partes fue distinta a la plasmada en el contrato y a la consignada en la oferta, ya que la intención de los signatarios quedó claramente expresada en el texto contractual, sin elementos en el proceso que permitan establecer una voluntad distinta. La Sala confirma que la cláusula de comisión de éxito solo se cumpliría si se profería una sentencia que negara la anulación de los actos administrativos que permitían al Distrito cobrar la contribución por valorización, lo cual no ocurrió. Por lo tanto, no se cumplieron los presupuestos convencionales para reconocer la comisión de éxito, rechazando así las pretensiones del contratista y confirmando la sentencia de primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Los impugnantes pretenden que se concluya que la cláusula sexta del contrato sí se cumplió, motivo por el cual debió accederse al pago la comisión de éxito?¿Se cumplieron los presupuestos fijados convencionalmente para que hubiese lugar a reconocer la comisión de éxito pretendida en este juicio?¿El concepto de éxito se materializaría con la sentencia que le pusiera fin al proceso y que fuera desestimatoria de la pretensión de nulidad?
¿Tiene un consorcio la capacidad para ser parte en un proceso judicial en el que se controvierte la adjudicación de un contrato estatal, pese a que el acuerdo consorcial establece su terminación por la adjudicación del contrato a otro proponente? Sí
El consorcio tiene capacidad para ser parte en un proceso judicial que controvierte la adjudicación de un contrato estatal, incluso si el acuerdo consorcial establece su terminación por la adjudicación a otro proponente. La Sala ha determinado que, pese a la disposición del acuerdo consorcial que limita su vigencia hasta la adjudicación a otro proponente, el consorcio aún cuenta con capacidad para comparecer en el trámite, en virtud de la sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013. Esto se debe a que cada uno de los integrantes del consorcio concurrió directamente al proceso con la alegada afectación de su derecho a ser contratista del Estado, lo cual refuerza la posibilidad de adoptar una decisión de fondo en el sub lite.síntesis automática
También resuelve:¿Se configura la caducidad de las pretensiones acumuladas de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo de adjudicación y de nulidad del contrato estatal…¿Se limita la competencia del juez de segunda instancia a los reparos concretos formulados en los recursos de apelación, sin que resulte viable examinar nuevamente los aspectos desfavorables de la…¿La falta de firmeza de la renovación del Registro Único de Proponentes (RUP) de uno de los integrantes de la unión temporal adjudicataria al cierre del proceso de selección constituye una causal de…
¿La sociedad demandante cumplió con la carga de probar las circunstancias graves que le atribuye a la entidad pública como generadoras del incumplimiento del contrato? No
Quien alega como causa del incumplimiento contractual unas circunstancias graves atribuibles a la entidad pública tiene la carga de probarlas, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, pues sin esa prueba la excepción de contrato no cumplido no puede prosperar. Esta carga se justifica en dos razones. Una razón es que la omisión que se atribuye a la entidad como causa del incumplimiento no quedó demostrada, porque el contrato no evidenció que la sociedad hubiera presentado planes de inversión o solicitudes de aprobación de inversiones ante el municipio, como le correspondía. Otra razón es que la actora no aportó las pruebas que sustentaran las circunstancias graves que invocó, de modo que no pudo declararse la inejecución atribuida a la entidad. En el caso, la sociedad concesionaria pretendió la nulidad de los actos administrativos sancionatorios por la terminación unilateral del contrato de concesión del matadero municipal. La decisión de primera instancia se revocó y las pretensiones fueron negadas. Su consecuencia práctica es que el contratista debe probar los hechos que atribuye a la entidad antes de excusar su propio incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio autorizó la realización de obras para adecuar el matadero así como la realización del plan gradual de cumplimiento?¿Obran elementos de prueba que conduzcan a determinar que con ocasión de la expedición del decreto la comercializadora hubiese presentado al Municipio algún plan de inversión?¿Se revoca el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo recurrido por comportar una decisión extra petita?
¿La resolución expedida por la CNTV que fijó el valor de la prórroga del contrato de concesión de televisión, se fundó en normas vigentes al momento de su expedición, basándose en los informes de su consultor y asegurando una rentabilidad razonable para el concesionario mediante la metodología de flujo descontado, sin que se evidencie un desequilibrio económico del contrato a partir de dicha decisión? Sí
El contratista no puede impugnar la resolución de la CNTV que fijó el valor de la prórroga del contrato de concesión de televisión, ya que esta se basó en normas vigentes y en los informes de su consultor, asegurando una rentabilidad razonable para el concesionario mediante la metodología de flujo descontado, sin evidenciar un desequilibrio económico del contrato. La CNTV, como entidad encargada de la inspección, vigilancia, seguimiento y control de la prestación del servicio público de televisión, tiene la facultad de determinar el valor de la prórroga conforme a los criterios establecidos en la Ley 182 de 1995 y el Acuerdo 010 de 2006. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la legalidad de los actos administrativos que fijan el valor de la prórroga en contratos de concesión, protegiendo así la confianza y la estabilidad del mercado de bienes y servicios.síntesis automática
También resuelve:¿Es deber de los concesionarios del servicio nacional de televisión pagar un valor como contraprestación por el otorgamiento de la concesión…¿Los actos mediante los cuales la CNTV fijó el valor de la prórroga pertenecen a la clase de los actos administrativos consensuales, toda vez que…¿La aceptación expresa del valor de la prórroga por parte del concesionario en la etapa contractual, hace improcedente la configuración de un vicio invalidante por tratarse de un acto propio de…
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