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Auto interlocutorio — Auto que decide sobre excepciones previas2024-08-15Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020140012100LEY 1437 REPETICION
¿Las excepciones propuestas por el demandado configuran una excepción previa susceptible de pronunciamiento en este etapa del proceso? No
Las excepciones previas que pueden proponerse en el proceso contencioso administrativo son solo las enlistadas de forma taxativa en el artículo 100 del Código General del Proceso, según el parágrafo 2 del artículo 175 del CPACA. Esta regla se apoya en que la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, prevista en el numeral 5 del artículo 100 del CGP, solo se configura cuando se relaciona con los requisitos formales de la demanda establecidos en los artículos 159 a 166 del CPACA. Por ello, una objeción que no se refiere a esos requisitos formales no tiene la naturaleza de excepción previa. Esta exigencia evita que se discuta en la etapa inicial lo que corresponde al fondo del litigio. En el caso concreto la excepción fue invocada en los términos planteados y, por no tener naturaleza de excepción previa, no prosperó. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la objeción de fondo a la demanda debe resolverse en la sentencia y no como excepción previa.síntesis automática
¿A través de la reparación directa es posible perseguir el cumplimiento de las prestaciones de un contrato no estatal, no suscrito por las entidades demandadas? No
El contratista no puede perseguir el cumplimiento de las prestaciones de un contrato no estatal, no suscrito por las entidades demandadas, a través de la acción de reparación directa, ya que esta vía está diseñada para remediar daños derivados de hechos, omisiones o operaciones administrativas, no para resolver controversias contractuales privadas. La fuente del daño determina la acción procedente, y las normas que regulan las condiciones para el ejercicio de cada acción son de orden público, por lo que no están al arbitrio del interesado. La Sala revoca la decisión de primera instancia para declarar probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda e inhibirse de pronunciarse sobre las pretensiones, lo que implica que los actores deben acudir a los mecanismos contractuales y judiciales privados para resolver sus controversias.síntesis automática
También resuelve:¿El actor puede escoger libremente la acción procedente para reclamar un daño, sin tener en cuenta la fuente de este?¿Hay lugar a condenar en costas cuando la conducta de las partes evidencia una actuación caprichosa, arbitraria o temeraria?
¿Teniendo en cuenta que el pago de la condena se realizó luego del vencimiento del plazo de dieciocho meses previsto en la norma, y que la demanda se presentó después del término de dos años señalado en la misma Ley, se debe rechazar la demanda por caducidad de la acción de repetición? Sí
La acción de repetición caduca cuando el pago de la condena se efectúa después del vencimiento del plazo de dieciocho meses con que cuenta la administración para pagarla, pues en ese caso el término de dos años se cuenta desde el vencimiento de ese plazo, conforme al artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y a las sentencias C-832 de 2001 y C-394 de 2002. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que, según el comprobante de egreso, el pago se efectuó el 8 de marzo de 2001, después del vencimiento de los dieciocho meses, de modo que el término se contó desde el 11 de noviembre de 2000 y la demanda debía presentarse hasta el 11 de noviembre de 2002. La segunda es que la demanda se presentó el 22 de abril de 2003, cuando la acción ya había caducado. Por ello la Sala confirma la decisión de primera instancia que declaró la caducidad y se abstiene de condenar en costas a la parte recurrente, porque no se evidenció temeridad ni mala fe. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Al no evidenciarse temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de la parte recurrente, debe exonerarse de la condena en costas…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-02-21Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 25000233600020170089101LEY 1437 REPETICION
¿Los herederos de quien ostentó la condición de servidor público, que realizó las actuaciones que se califican de culposas o dolosas son los llamados a responder patrimonialmente por la condena impuesta a la entidad demandante? Sí
Los herederos de un exservidor público responden patrimonialmente por la condena impuesta a la entidad, siempre que se acredite su calidad de herederos y que se pruebe el elemento subjetivo de dolo o culpa grave de quien causó el daño. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la muerte no extingue las obligaciones patrimoniales, según el artículo 1625 del Código Civil, y la acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial. La segunda es que la calidad de herederos se acredita con los documentos que lo demuestren, como la escritura pública de protocolización de la sucesión y los registros civiles de nacimiento. En el caso concreto, la entidad accionante aportó la escritura de la sucesión de la exfuncionaria, en la que se reconocen como herederos a sus dos hijos sobrevivientes, por lo que estos están legitimados por pasiva. La condena a los herederos depende de la prueba de la conducta culposa o dolosa, que se valorará con las pruebas del proceso. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Los herederos de la exdirectora del ICETEX se encuentran legitimados por pasiva, puesto que la parte demandante aportó el documento que los reconoce como herederos?¿El Estado se encuentra en la capacidad de repetir contra sus agentes y de esta forma reintegrar al erario público el dinero pagado por concepto de una condena?
¿El municipio incumplió la obligación de pago estipulada en el contrato de obra? Sí
Con base en el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, que establece que a través del medio de control de controversias contractuales cualquiera de las partes de un contrato estatal puede pedir que se declare, entre otras cosas, su incumplimiento, se determina que el medio invocado por el demandante fue el adecuado, pues el conflicto tiene origen en la desatención en la que habría incurrido el Municipio respecto de las obligaciones de pago que asumió en el contrato de obra 002 MG de 2014, así como los perjuicios que se habrían derivado de esa inobservancia.
También resuelve:¿Procede la condena en costas de ambas instancias al Municipio demandado, ya que fue la parte vencida en el proceso?
¿Está probado el elemento subjetivo del medio de control de repetición, es decir, la conducta dolosa o gravemente culposa del demandado? Sí
El contratista no responde a título de culpa grave por el pago de una condena judicial en un medio de control de repetición, ya que no se acredita su conducta dolosa o gravemente culposa en la producción del daño. La Sala considera que la parte actora no demostró fehacientemente que el contratista conociera y tolerara el uso abusivo del vehículo oficial por parte del escolta, ni que incumpliera con sus deberes de custodia y control del vehículo. Además, la entidad demandante no intentó la acción en contra del conductor oficial o del escolta, quienes propiciaron los hechos que motivaron la reclamación. La regla reitera la necesidad de probar puntualmente el elemento subjetivo de la conducta del demandado para que proceda el medio de control de repetición, lo que implica que la entidad demandante debe acreditar la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del contratista para que pueda prosperar la acción.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son los presupuestos para la procedencia del medio de control de repetición?¿Cuál es el régimen jurídico aplicable al medio de control de repetición para estudiar la conducta del demandado?¿Es procedente la condena en costas contra la entidad demandante en el medio de control de repetición teniendo en cuenta que fue la parte vencida en el proceso?
¿Las costas son las erogaciones que debe sufragar la parte que resulte vencida en el proceso, las cuales están integradas por los costos del proceso o expensas y las agencias en derecho? Sí
El contratista no es condenado en costas simplemente por solicitar una indemnización por perjuicios mayores a los previstos en la cláusula penal del contrato estatal, sino que debe demostrarse que actuó con temeridad, mala fe o abusando del derecho de acción. En este caso, la entidad estatal ejerció la acción de controversias contractuales para demostrar que los incumplimientos del contratista le causaron perjuicios mayores a los establecidos en la cláusula penal, sin el propósito de agravar caprichosamente la situación del demandado o cobrar perjuicios excesivos. La Sala considera que la mera solicitud de una indemnización mayor no constituye un actuar temerario ni abusivo del derecho de acción, y por lo tanto, no es suficiente para condenar al contratista en costas. Esta decisión matiza la interpretación de que cualquier demanda por perjuicios superiores a la cláusula penal automáticamente implica temeridad o mala fe, y establece que la condena en costas requiere una evaluación más detallada de la conducta del contratista y la justificación de sus pretensiones.síntesis automática
También resuelve:¿Para que proceda la condena en costas en el régimen del Código Contencioso Administrativo, es menester que se acredite que la parte vencida actuó en contravía de los postulados de la lealtad…¿La decisión de acudir a la administración de justicia
¿El IDU y Transmilenio SA incumplieron el contrato de consultoría por no haber pagado algunas actividades que quedaron pendientes de ser fijadas durante la ejecución contractual? No
El contratista no puede exigir el pago de actividades adicionales que quedaron pendientes de ser fijadas durante la ejecución del contrato, ya que no hubo acuerdo de voluntades entre las partes para incorporar estos ítems al negocio jurídico con un precio definido. La Sala confirmó que los trabajos no incluidos en el contrato inicial ni en los modificatorios correspondientes son adicionales y, por lo tanto, no pueden ser exigidos como parte del contrato original. Esta decisión reitera la necesidad de un acuerdo explícito entre las partes para incluir nuevos ítems y establecer su contraprestación, lo que implica que el contratista no puede realizar ejecuciones materiales sin un acuerdo previo sobre su remuneración, evitando así reclamos por incumplimiento contractual basados en trabajos no pactados.síntesis automática
También resuelve:¿La ley fija límites objetivos para la contabilización de la caducidad, los cuales son de orden público y, por consiguiente, de perentoria observancia?¿Las consecuencias en materia de los costos y gastos que genere el proceso se le asignaron a la parte vencida?
¿El derecho que la demandante pretendió hacer efectivo ante el Distrito debió ser exigido, discutido y definido en el marco del procedimiento de liquidación contractual? Sí
El contratista no puede exigir el pago de saldos insolutos fuera del procedimiento de liquidación contractual, ya que este es el marco adecuado para discutir y definir tales derechos conforme al principio de universalidad y las normas que lo regulan. El liquidador debe incluir en el inventario de pasivos las acreencias debidamente comprobadas, es decir, las reconocidas, no las rechazadas, y cualquier reclamo debe ser discutido a través del cuestionamiento en vía administrativa y judicial de los actos del liquidador. Además, la entidad que realiza la liquidación es la única llamada a definir el reconocimiento de las acreencias, y no puede subsanarse a través de una petición extemporánea a otra entidad. Esta regla reitera la importancia de seguir el procedimiento de liquidación para garantizar la universalidad y la prelación de créditos, lo que implica que los acreedores deben participar en el proceso de liquidación para obtener el reconocimiento y pago de sus acreencias.síntesis automática
También resuelve:¿La liquidación de entidades públicas tiene por propósito realizar la disolución y liquidación de una entidad, a fin de que sean enajenados sus activos para proceder con el pago de las obligaciones…¿Al agente liquidador le corresponde integrar la totalidad de los activos y pasivos que tiene la entidad en su patrimonio…¿Para que proceda la cancelación de las acreencias a cargo de una entidad en liquidación, la obligación deberá estar relacionada en un inventario de pasivos y debidamente comprobada?
¿Procede la condena en costas contra la entidad pública vencida en el medio de control de repetición? Sí
En el medio de control de repetición, la condena en costas tiene carácter objetivo valorativo, de modo que se impone a la parte vencida cuando en el expediente aparece que se causaron y en la medida de su comprobación, sin depender de la temeridad o la mala fe. La regla se apoya en el cambio que el CPACA introdujo frente al criterio subjetivo del Código Contencioso Administrativo y en las reglas del Código General del Proceso que regulan la liquidación de costas. Por ello, el juez debe pronunciarse sobre costas en toda sentencia y decidir si las condena o se abstiene según las pruebas de su causación. En el asunto, la entidad demandada vencida tuvo que incurrir en gastos para acudir al proceso, y la Sala modificó la sentencia en el punto pertinente a las costas. En la práctica, la condena en costas en repetición no depende de la conducta procesal de las partes sino de los gastos comprobados en el expediente.síntesis automática
También resuelve:¿Se condena en costas a la entidad demandante y se fijan las agencias en derecho en 3 SMLMV?¿La demandada compareció al proceso mediante apoderado judicial, quien realizó actividades de defensa judicial?¿El medio de control procedente es el de repetición porque se solicita declarar a los demandados patrimonialmente responsables del pago realizado en cumplimiento de una condena?
¿Es oportuna la demanda de controversias contractuales presentada después de vencidos los dos años siguientes a la liquidación bilateral del contrato, cuando dentro de ese término se radicó solicitud de conciliación extrajudicial que suspendió la caducidad y la demanda se presentó antes del vencimiento del término reanudado? Sí
El contratista interpone la demanda de controversias contractuales dentro del plazo legal aplicable tras la suspensión temporal derivada de un trámite de conciliación extrajudicial fallido. De conformidad con lo previsto en el artículo 164, numeral 2, literal j), sub literal iii) del CPACA, cuando se trate de contratos que requieran liquidación y esta se haya efectuado de común acuerdo entre las partes, el término para presentar la demanda en ejercicio del medio de control de controversias contractuales es de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a la suscripción del acta de liquidación. En el presente caso, la liquidación del contrato fue suscrita por ambas partes el 5 de septiembre de 2013, y aunque el término vencía inicialmente el 6 de septiembre de 2015, la solicitud de conciliación extrajudicial presentada el 28 de agosto de 2015 suspendió el plazo por noventa días, permitiendo que la demanda presentada de manera oportuna fuera tramitada y confirmada en su integridad por la corporación judicial.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez del contrato estudiar como desequilibrio económico las pretensiones que el demandante formuló como incumplimiento contractual…¿Permite apartarse de la sentencia de primera instancia el recurso de apelación que se limita a afirmar de manera genérica que el análisis integral de las pruebas conducía a acceder a las…¿El incumplimiento de la entidad demandada del deber de aportar los antecedentes administrativos con la contestación de la demanda releva al contratista demandante de la carga de probar el…
¿La impugnación propuesta estuvo debidamente sustentada desde el plano material? No
Cuando el recurso de apelación contra una sentencia se limita a transcribir los argumentos de la demanda y de los alegatos de primera instancia, sin formular inconformidad alguna contra las razones de la sentencia recurrida, la impugnación no está debidamente sustentada desde el plano material y el tribunal no puede decidir sobre esos aspectos. La regla se sostiene en tres razones: la apelación debe confrontar los argumentos del fallo impugnado para delimitar el objeto de la segunda instancia; la reproducción literal de escritos anteriores carece de objeto de discusión frente a la decisión; y, por ello, no es posible emitir decisión sobre las pretensiones que la apelación no cuestionó. En el caso, la sala confirmó la sentencia en lo relativo a esas pretensiones, y frente a la condena en costas de primera instancia negó la procedencia de la condena al no existir temeridad ni mala fe. El documento cita una sentencia de la sección sobre las circunstancias de indebida sustentación; la consecuencia práctica es que el apelante debe señalar qué razón concreta de la sentencia controvierte.síntesis automática
También resuelve:¿De acuerdo con el Código Contencioso Administrativo, aplicable a este proceso, debió condenarse en costas de primera instancia al ente demandado por haber sido la parte vencida?¿El fallo recurrido envuelve una contradicción, porque afirmó que el ente demando había pagado una suma que, luego, condenó a pagar y, si existía duda sobre el pago…¿Al ser desestimadas las pretensiones de incumplimiento contractual, debió desestimarse, a su vez, la pretensión de liquidación del contrato por ser consecuencial —no autónoma— a aquellas…
¿La demanda se presentó por fuera del término perentorio establecido por la ley? Sí
Cuando la terminación unilateral de un contrato estatal queda definida con la comunicación de la decisión a la contratista, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta desde ese momento y no se extiende hasta el vencimiento del plazo que las partes pactaron para liquidar el contrato. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la controversia sobre la terminación unilateral se origina en la decisión que la adopta, por lo que el hecho que da lugar a la acción queda definido desde que la contratista conoce la comunicación, sin esperar al plazo de liquidación. Segundo, si la terminación se produce antes de que se ejecute alguna prestación del servicio contratado, no existe razón que justifique trasladar el inicio del cómputo al vencimiento del plazo de liquidación. La providencia declara probada de oficio la excepción de caducidad y revoca la decisión de primera instancia, al concluir que la demanda fue extemporánea; en la práctica, la contratista que impugne una terminación unilateral debe contar los dos años desde la comunicación de esa decisión.síntesis automática
También resuelve:¿Las reglas de oportunidad para la presentación de la demanda de controversias contractuales están contenidas en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011?¿En los contratos que requieren de un cierre o balance de cuentas final el término de caducidad comienza a contabilizarse una vez que esto ocurra?¿La Ley 1563 de 2012 prevé algún evento de suspensión del término de caducidad?
¿La caducidad representa una figura jurídica de orden público que impone un límite máximo y perentorio dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción, que busca garantizar la seguridad jurídica y proteger el interés general, que corre indefectiblemente y no se interrumpe, ni se suspende salvo determinados eventos, y que debe ser declarado de oficio por el juez ante su observancia en el proceso? Sí
El contratista no puede interponer una acción de controversias contractuales una vez que ha transcurrido el plazo de dos años desde la realización de la liquidación bilateral o unilateral del contrato, o desde la expiración del término para que la entidad realice la liquidación unilateral, lo que implica que la caducidad de la acción es una figura jurídica de orden público que busca garantizar la seguridad jurídica y proteger el interés general, operando como medio extintivo del derecho de acción una vez que se ha cumplido el límite temporal establecido. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y confirma que la caducidad es invariable, irrenunciable, improrrogable e insubsanable, y que el juez debe declararla de oficio si se ha configurado, independientemente de la voluntad de las partes.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales, en los contratos que deben ser liquidados, caduca al paso de dos años contados desde el momento de haberse realizado la liquidación bilateral o unilateral…¿La liquidación del contrato estatal deberá llevarse a cabo, en principio, de común acuerdo entre las partes, dentro del plazo que ellas hayan pactado o, en su defecto…¿Debe declararse la caducidad de la acción de controversias contractuales, cuando se observa que si bien se elaboró un acta de liquidación bilateral antes de vencido el término para tal efecto…
¿La entidad territorial debe devolver los aportes hechos por el Ministerio de Vivienda y pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el convenio? No
Un acuerdo en el que las entidades aportan recursos a una subcuenta fiduciaria para la ejecución coordinada de una fase de un proyecto, sin remuneración ni intercambio patrimonial de bienes o servicios a cambio de un precio, constituye un convenio interadministrativo. Esta regla se apoya en que las partes celebraron el negocio en desarrollo de sus competencias y en que sus obligaciones no concretaron una contraprestación. Por ello, la naturaleza del acuerdo no se define por el hecho de que contenga prestaciones económicas, sino por su finalidad de colaboración para un fin común. Como consecuencia, no procede exigir la devolución de los aportes ni el pago de una cláusula penal pecuniaria que solo se pactó para un contrato de intercambio. En el caso concreto la sala revocó la sentencia de primera instancia y negó tales pretensiones, porque el negocio fue un convenio interadministrativo. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la naturaleza del acuerdo, y no su denominación, determina si proceden la devolución de aportes y la cláusula penal.síntesis automática
También resuelve:¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos en los que se ventila una controversia derivada de un negocio jurídico celebrado por la Nación y una entidad territorial?¿Es posible acudir automáticamente a lo dispuesto por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) para determinar las normas aplicables a los convenios…¿La demanda de controversias contractuales debe formularse dentro del término de dos (2) años contados a partir de los motivos de hecho o de derecho que soportan la reclamación?
¿Se desconocieron los efectos del silencio positivo con la expedición de las resoluciones que negaron la solicitud de renuncia al contrato de concesión minera? No
El contratista no puede invocar el silencio administrativo positivo para renunciar a un contrato de concesión minera si no se encuentra al día con sus obligaciones, según establece la Sala. La entidad estatal no pierde competencia para resolver la solicitud de renuncia cuando el concesionario no cumple con los requisitos legales y contractuales, como estar a paz y salvo en el cumplimiento de las obligaciones económicas. La Sala concluye que la expedición de resoluciones que negaron la renuncia no desconoce los efectos del silencio positivo, ya que este no se configura en ausencia de los requisitos materiales del derecho pretendido. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo que el silencio administrativo positivo no opera si el concesionario incumple sus obligaciones, lo que implica que las resoluciones que negaron la renuncia fueron expedidas con competencia y legalidad.síntesis automática
También resuelve:¿La controversia planteada es un asunto de índole contractual, pues lo que se discute es la terminación de una concesión para la exploración y explotación de un yacimiento de minerales…¿El derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal solo puede constituirse, declararse y probarse mediante el contrato de concesión minera…¿El concesionario tiene la prerrogativa de renunciar libremente a la concesión?
¿El contratista incumplió sus obligaciones respecto de la programación de la obra desde un inicio? Sí
El contratista incumple sus obligaciones respecto a la programación de la obra desde el inicio, lo que se evidencia por retrasos superiores al 25% mensual en la inversión y metas físicas, sin que las modificaciones en los planos por parte de la interventoría justifiquen estos atrasos. La entidad no incumple al modificar los planos, previsto en el contrato, y el contratista no acredita justificación alguna para su incumplimiento. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, reforzando que el incumplimiento del contratista en la programación inicial invalida la excepción de contrato no cumplido, con implicaciones significativas para la responsabilidad contractual y la ejecución de obras públicas.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante aceptó que conocía los motivos que dieron lugar a declarar la caducidad del contrato antes de que se expidiera ese acto administrativo?¿Los incumplimientos que dieron lugar a la declaratoria de caducidad estaban relacionados con la falta de ejecución de la obra?¿Para el momento en que se ejecutaron las obras extras ordenadas por la Interventoría, el contratista ya había incumplido la programación de la obra ordinaria?
¿Las decisiones adoptadas por el Ministerio estuvieron debidamente fundamentadas y no se demostraron los incumplimientos endilgados? Sí
Cuando la entidad contratante acepta una parte del objeto pactado, la sanción pecuniaria debe reducirse en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato, porque la aceptación y el pago de los elementos recibidos muestran que la prestación fue cumplida en esa proporción. Por otra parte, la sanción pecuniaria por incumplimiento parcial se fundamenta en las razones de incumplimiento que se acrediten en el proceso, y su nulidad no procede cuando las decisiones se sustentan en las normas aplicables, se expidieron con competencia y siguieron el procedimiento legal. Cuando la imposición de la pena no configura la prestación de un servicio ni la venta de bienes, el IVA no debe incluirse en la base de la sanción, por lo que debe descontarse del precio del contrato. En el caso concreto, la entidad recibió, aprobó y pagó los elementos del primer desembolso del precio, lo cual fue ratificado por la autorización del supervisor y la factura, y la providencia apelada se revocó en lo relativo a la reducción de la sanción. Como consecuencia práctica, el contratista que acredite la ejecución parcial del objeto puede obtener la reducción proporcional de la sanción pecuniaria en ese mismo porcentaje.síntesis automática
También resuelve:¿Teniendo en cuenta la aceptación del contratante de parte del objeto pactado, resulta procedente la reducción de la sanción pecuniaria en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato?¿No se acreditó la falta de acatamiento de las funciones a cargo del Ministerio, o que no hubiera ejecutado acciones para garantizar la observancia del contrato?¿Las resoluciones fueron expedidas con competencia, en virtud de la atribución legal conferida al contratante?
¿Cuáles son los elementos esenciales que determinan la existencia del contrato estatal? Sí
El contratista y la entidad estatal deben cumplir con los elementos esenciales que determinan la existencia del contrato estatal, como el acuerdo de voluntades sobre el objeto y la contraprestación, y la elevación del contrato a escrito, para que éste se reputa existente y perfecto. La ausencia de la operación de disponibilidad o registro presupuestal y la falta de la constitución de un amparo de cumplimiento no afectan la existencia o la validez del contrato, sino que impiden su regular ejecución, generando responsabilidad del funcionario que omitió realizar la operación de apropiación de recursos y/o que dio cabida al desarrollo del negocio jurídico sin contar con la garantía debida. La falta de aporte del registro presupuestal y de la garantía única de cumplimiento, no siendo requisitos esenciales del contrato, sí tiene como efecto una alteración en la regularidad de la ejecución del negocio jurídico, lo que puede dar lugar a incumplimientos por parte de la entidad pública y del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿La ausencia de la operación de disponibilidad o registro presupuestal y la falta de la constitución de un amparo de cumplimiento tienen la virtualidad de afectar la existencia o la validez del…¿La falta de aporte del registro presupuestal y de la garantía única de cumplimiento al no ser requisitos esenciales del contrato…¿En qué consiste la excepción de contrato no cumplido?
¿Podía acudirse a un criterio subjetivo para la imposición de la condena en costas conforme al artículo 188 de la Ley 1437de 2011? Sí
Con el acostumbrado respeto por las providencias de la Sala, en esta oportunidad aclaro el voto respecto de la condena en costas, por cuanto estimo que para imponer tal condena a la accionante (no así a la demandada vencida), podría acudirse a un criterio subjetivo, en aplicación del mandato incorporado -con la Ley 2080 de 2021- en el artículo 188 del CPACA, conforme al cual en todos los casos (salvo en litigios relacionados con grave violación de derechos humanos, donde no procede, o en las actuaciones gobernadas con reglas especiales, como en recursos extraordinarios) corresponde comprobarse si la demanda careció manifiestamente de fundamento legal.