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Auto interlocutorio — Auto que dispone trámite de sentencia anticipada2022-11-08Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 11001032600020150014500LEY 1437 REPETICION
¿Corresponde determinar si el demandado es responsable por la suma que debió pagar el DAS por la condena impuesta? Sí
La parte demandante adujo que el demandado… era director del DAS y fue condenado penalmente como autor mediato del homicidio de [la víctima]. Los familiares de [la víctima] demandaron en reparación directa al DAS y el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró responsable a esa entidad y condenó al pago de perjuicios, en sentencia del 12 de octubre de 2012. Solicitan que se declare que [el demandado] es responsable de la condena [impuesta]. De conformidad con el artículo 182A CPACA, el Despacho fijará el litigio de la siguiente forma: Corresponde a la Sala determinar si [el demandado] es responsable por la suma que debió pagar el DAS, por la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2025-10-14Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 25000233600020210028701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer del control judicial de un acuerdo conciliatorio celebrado entre entidades públicas, cuando en la controversia subyacente interviene una entidad estatal de carácter financiero? Sí
El juez de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo debe conocer del control judicial de un acuerdo conciliatorio celebrado entre entidades públicas cuando en la controversia subyacente intervenga una entidad estatal de carácter financiero, como lo establece la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional. Este control implica verificar el cumplimiento de requisitos legales específicos, entre ellos que el acuerdo conciliatorio no sea violatorio de la ley ni lesivo para el patrimonio público, que las partes estén debidamente representadas y que cuente con las pruebas necesarias. Además, el juez puede valorar medios de prueba que no fueron aportados dentro de las oportunidades procesales previstas en la etapa de conciliación extrajudicial, siempre y cuando estas pruebas sean solicitadas por el agente del Ministerio Público y aportadas dentro del plazo de veinte días calendario. Esta decisión reitera y matiza la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa en casos de conciliación extrajudicial entre entidades públicas, incluyendo a entidades financieras, y establece los lineamientos para el control de legalidad de los acuerdos conciliatorios.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso de apelación interpuesto contra el auto que improbó el acuerdo conciliatorio fue presentado y sustentado oportunamente?¿Debe el juez verificar el cumplimiento de requisitos legales específicos para aprobar una conciliación extrajudicial presentada ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo?¿Puede el juez valorar medios de prueba que no fueron aportados dentro de las oportunidades procesales previstas en la etapa de conciliación extrajudicial…
Auto interlocutorio — Auto que declara desierto recurso2022-06-06Sección Tercera (Subsección A)MARTA NUBIA VELASQUEZ RICORad. 25000233600020170041702LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Precisó la demandante en qué sentido las resoluciones demostraban la existencia de colusión? No
El contratista no precisará en qué sentido las resoluciones demostraban la existencia de colusión, ya que la omisión de esta especificación implica que la prueba documental no resulta pertinente, útil ni conducente para demostrar las supuestas irregularidades en el procedimiento de selección y las conductas violatorias de la libre competencia por parte de los oferentes adjudicatarios. En este caso concreto, la demandante no detalló cómo las resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio podían ilustrar la existencia de acuerdos colusorios en el proceso específico, limitándose a afirmar que dichas decisiones eran útiles para ilustrar al tribunal sobre la existencia de colusión en otros eventos. Como resultado, el tribunal confirmó la decisión de negar la admisión de dichas resoluciones como prueba, reafirmando que la parte demandante no cumplió con los requisitos de sustentación necesarios para que el recurso de apelación fuera debidamente presentado y examinado.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentaron argumentos contra los fundamentos de hecho y/o derecho que sirvieron de sustento al tribunal para negar el decreto de la prueba testimonial?¿El Tribunal negó la prueba por considerarla innecesaria para demostrar los hechos objeto del litigio?¿La parte recurrente sustentó debidamente su impugnación?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-06-06Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 52001233300020180024501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El recurso de reposición es procedente contra el auto que niega el decreto de pruebas, por lo que la adecuación del recurso al de apelación fue una decisión equivocada por parte del Tribunal? Sí
El recurso de reposición procede contra todos los autos interlocutorios dictados en el proceso contencioso administrativo, salvo norma legal restrictiva expresa. La providencia analiza la actuación de un tribunal que había adecuado erróneamente un recurso de reposición interpuesto contra un auto denegatorio de pruebas testimoniales para tramitarlo como apelación. Al resolver el caso, el despacho superior aclara que, conforme al artículo 242 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021, la reposición es el mecanismo idóneo frente a cualquier auto que no cuente con una prohibición legal específica. Como el ordenamiento no restringe la procedencia del recurso de reposición frente a los autos que niegan decretar pruebas testimoniales solicitadas por las partes, se concluye que la adecuación procesal efectuada por el tribunal de primera instancia fue equivocada, restableciendo la competencia para tramitar el recurso interpuesto.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el Consejo de Estado revisar la procedencia de un recurso interpuesto, incluso si fue concedido por el juez de primera instancia?¿Es procedente decretar la inspección judicial únicamente cuando no sea posible demostrar los hechos por otros medios probatorios?¿Debe confirmarse el rechazo de una solicitud probatoria cuando los documentos requeridos ya obran en el expediente por haber sido previamente decretados como prueba?
¿La tacha formulada contra el testimonio del señor […] hacía improcedente la valoración de esa declaración, como lo concluyó la sentencia de primera instancia? No
El contratista no puede desvirtuar la eficacia probatoria del contrato mediante un testimonio, ya que la prueba documental prevalece sobre el testimonio en la contratación pública, según los artículos 225 y 256 del Código General del Proceso. La entidad estatal no incurrió en incumplimiento ni en modificación unilateral del contrato al ajustar el valor del mismo conforme a las variaciones en las tarifas establecidas por el Gobierno Nacional, como acordado en el contrato. Además, el testimonio no puede establecer la existencia de vicios del consentimiento ni desequilibrios económicos en el contrato, ya que estas cuestiones requieren pruebas documentales específicas y la entidad de control no está facultada para resolver controversias contractuales. La Sala matiza la interpretación de la eficacia del testimonio en controversias contractuales, estableciendo que el testimonio no puede desvirtuar la prueba documental y que la valoración del testimonio debe considerar su imparcialidad, lo que implica que los contratistas deben presentar pruebas documentales para acreditar sus alegaciones en lugar de confiar únicamente en testimonios.síntesis automática
También resuelve:¿Con el testimonio del señor […] se acreditó el incumplimiento contractual, el desequilibrio económico de los contratos de prestación del servicio público de educación n.° 318 de 2017 y 1010 de 2018…
¿El demandante en la acción de repetición acreditó que la conducta desplegada por el demandado comportara una actuación gravemente culposa? No
A la luz del exiguo material probatorio, la Sala concluye que no se acreditó que la conducta desplegada por el ex funcionario [del Incoder] comportara una actuación gravemente culposa. En este caso, en contravía de las exigencias que requiere la prueba del elemento subjetivo de la acción de repetición, el demandante se limitó a consignar afirmaciones en torno a una supuesta conducta gravemente culposa con base en las mismas consideraciones expuestas por el tribunal administrativo en la sentencia que condenaron al Instituto, dejando de probar la presunción de culpa grave con base en la cual soportó la pretensión reversiva. Por consiguiente, se confirmará la decisión impugnada que negó las pretensiones de la demanda.
También resuelve:¿Se probó que el demandado hubiese obrado de manera imprudente y negligente para la adopción de la decisión que declaró insubsistente el nombramiento?¿Se probó una conducta gravemente culposa imputable al demandado?¿Los documentos obrantes en el proceso acreditan que el INCODER pagó la totalidad de la obligación impuesta?
¿Procede la valoración de las pruebas documentales trasladadas del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
El contratista puede solicitar que se trasladen pruebas documentales del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y la entidad estatal debe valorarlas si las partes tuvieron la oportunidad de conocerlas y no presentaron reparos, lo que implica que estas pruebas son admisibles y pueden ser objeto de análisis. La Sala reitera que para la prosperidad de la acción de repetición es necesario demostrar la existencia de dolo o culpa grave en el actuar del funcionario público, y que la valoración de la culpa grave se realiza en comparación con el estándar de conducta previsto en la ley vigente en el momento de los hechos. Además, la Sala matiza que para determinar si un agente estatal actuó con dolo o culpa grave, es necesario considerar la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, la infracción manifiesta de preceptos constitucionales y el incumplimiento de las funciones que la ley le asigna, lo que implica un análisis detallado de la conducta del agente estatal en cada caso específico.síntesis automática
También resuelve:¿Para la prosperidad de la acción de repetición es necesario un actuar doloso o gravemente culposo en cabeza del funcionario público demandado?¿Cuáles son los presupuestos a tener en cuenta a la hora de definir si un agente estatal obró con dolo o culpa grave?¿El acto administrativo de insubsistencia estuvo viciado de desviación de poder?
¿Se configuró la nulidad absoluta del contrato de obra pública por las conductas penales en las que incurrieron los ex gobernadores del departamento demandado, en la celebración de dicho negocio jurídico? Sí
Las sentencias condenatorias sirven de plena prueba de lo que en ellas se decidió, esto es, que tanto la señora… como el señor… al celebrar el contrato… y sus adicionales no se guiaron por los fines que se procuran satisfacer a través de la contratación estatal, defraudando el patrimonio público.
También resuelve:¿Tiene valor probatorio el preacuerdo suscrito entre el ex gobernador del departamento y la Fiscalía General de la Nación?¿Los preacuerdos suscritos por los ex gobernadores del departamento demandado y la Fiscalía, contaron con respaldo probatorio y gozan de validez al haber sido aprobados por el juez…¿El reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas dentro de un contrato que posteriormente es declarado nulo por objeto o causa ilícita…
¿Es posible otorgar eficacia probatoria a la prueba aportada en medio magnético por el demandante, considerando que, pese a que la entidad demandada refutó de manera general su contenido, para atacar a través de la figura del desconocimiento la presunción de autenticidad que opera sobre el documento, no bastaba con que la parte en contra de la cual se aduce manifieste de manera general e injustificada que no le consta que el documento corresponda a quien la otra lo haya atribuido, sino que debe expresar los motivos que la llevan a hacer esa afirmación? Sí
El contratista puede otorgar eficacia probatoria a la prueba aportada en medio magnético, incluso cuando la entidad demandada refuta de manera general su contenido, siempre y cuando esta última exprese los motivos que la llevan a desconocer el documento, en lugar de hacerlo de manera general e injustificada. La presunción de autenticidad que opera sobre el documento no se desvirtúa simplemente por la falta de una certificación o constancia de autenticidad, y la entidad demandada debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 272 del Código General del Proceso para desconocer un documento. Esta regla reitera la importancia de la buena fe en la valoración de la prueba documental y matiza la interpretación de la figura del desconocimiento en el contexto de la prueba en medio magnético, lo que implica que las entidades estatales deben justificar adecuadamente cualquier refutación de la autenticidad de los documentos presentados en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿La base de datos aportada en medio magnético por el demandante, acredita que la liquidación unilateral del contrato de aseguramiento realizada por el Municipio es nula por falsa motivación…¿En vigencia del C.P.A.C.A., resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso, esto es, a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del medio de control de repetición? Sí
La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, según el artículo 142 CPACA y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. El Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos, de conformidad con el inciso 2º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 150 CPACA, modificado por el artículo 615 CGP.
También resuelve:¿El medio de control de repetición es procedente para buscar establecer la responsabilidad patrimonial del agente que con su conducta dolosa o gravemente culposa haya generado una condena contra el…¿El término para interponer el medio de control de repetición es de dos años, contabilizados a partir de la realización del pago por parte de la entidad?¿El demandado está legitimado en la causa al desempeñarse como servidor público de la entidad que lo demanda que realizó el pago con ocasión a una condena judicial?
¿El Consejo de Estado es competente en razón de la cuantía para conocer en segunda instancia de la demanda de controversias contractuales por presunto incumplimiento de un contrato interadministrativo? Sí
El Consejo de Estado asume competencia en segunda instancia para conocer de las controversias contractuales originadas en contratos interadministrativos cuando la cuantía de las pretensiones supera el límite legal establecido. Con fundamento en los artículos 104, 150 y 152 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo juzga las controversias derivadas de contratos celebrados por entidades públicas, correspondiendo la segunda instancia a esta corporación siempre que la cuantía excede los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de interposición de la demanda en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Se encuentran debidamente legitimados en la causa por activa y por pasiva ETB y el Departamento del Putumayo, respectivamente…¿Se presentó dentro del término legal la demanda relacionada con un contrato de tracto sucesivo no liquidado dentro de los plazos previstos en la Ley?¿Se encontraba facultada la Administradora Temporal para celebrar, en nombre del Departamento del Putumayo, el contrato interadministrativo con ETB en virtud de la asunción temporal de competencias…
¿Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración tienen la prerrogativa de imponer unilateralmente multas y penas pecuniarias a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable? Sí
El contratista no puede impugnar la legalidad de un acto administrativo sancionatorio ejecutorio y ejecutable emitido por la entidad estatal, ya que este se ampara en la presunción de legalidad y no ha sido declarado nulo, además de que la demanda de reconvención presentada por el contratista no cumplió con los requisitos de procedibilidad, como la conciliación prejudicial. La entidad estatal tiene la prerrogativa de imponer unilateralmente multas y penas pecuniarias a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, lo que reitera la jurisprudencia existente y confirma la competencia del Consejo de Estado para resolver el recurso de apelación en controversias contractuales que involucran a entidades del orden nacional. Esta regla implica que los contratistas deben cumplir con los requisitos legales y contractuales antes de impugnar actos administrativos sancionatorios.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca?¿En caso de que las partes no liquidaran el contrato bilateralmente, ni la Administración lo hiciera unilateralmente, el interesado podría acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede…¿Los patrimonios autónomos de remanentes pueden ser sujetos pasivos de acciones y responder por obligaciones de una entidad ya liquidada?
¿La liquidación del contrato es un requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción de controversias contractuales? No
El contratista no necesita realizar la liquidación del contrato como requisito de procedibilidad para ejercer la acción de controversias contractuales, ya que los requisitos de procedibilidad deben interpretarse restrictivamente y no existe un requerimiento legal expreso que lo establezca. La liquidación unilateral por parte de la entidad estatal no impide el análisis del incumplimiento contractual, siempre y cuando el contratista incluya la nulidad del acto liquidatario en sus pretensiones, pero esto no es un requisito de procedibilidad sino un presupuesto lógico para la prosperidad de las pretensiones. La Sala revoca la sentencia de primera instancia que declaró la excepción de inepta demanda por falta de liquidación, permitiendo que el juez estudie el incumplimiento del contrato incluso durante su ejecución, siempre que se respete lo estipulado en el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el descuento del llamado impuesto de guerra por parte de la entidad al contratista entendiendo este un tributo aplicable a los contratos de obra pública?¿Incurrió en doble tributación la administración al realizar el descuento por el tributo de estampilla con inclusión del monto del IVA?
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para decidir las controversias contractuales originadas en la actividad de las entidades públicas con empresas industriales y comerciales del Estado? Sí
El contratista puede presentar copias simples de documentos como prueba en el proceso contencioso administrativo siempre que dichos documentos no hayan sido tachados de falsos o desvirtuados por las partes durante el curso del mismo, conforme a la jurisprudencia unificada por la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia de 28 de agosto de 2013. Además, el interventor o auditor que preste testimonio en el proceso, siempre que su declaración sea creíble, imparcial, clara y cierta, y no sea tachada de falsa por las partes, es susceptible de valoración probatoria. Estas reglas permiten un mayor acceso a la justicia y flexibilizan las exigencias de prueba en la jurisdicción contenciosa administrativa, facilitando la resolución de controversias contractuales entre entidades públicas y empresas industriales y comerciales del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿En las controversias sobre contratos que requieran liquidación, el término de caducidad de dos años comienza a correr desde la firma del acta de liquidación bilateral o desde la ejecutoria del acto…¿Es procedente el valor probatorio de las copias simples, cuando los documentos aportados han militado en el proceso sin ser tachados por las partes?¿Las pruebas testimoniales aportadas al proceso son susceptibles de valor probatorio al estar dotadas de credibilidad, imparcialidad, claridad y certeza y al no ser tachadas de falsas por las partes?
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
En las controversias contractuales, la segunda instancia corresponde al Consejo de Estado cuando la cuantía de la pretensión mayor supera el monto fijado por la ley, y la acción de controversias contractuales es el medio idóneo para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por desequilibrio económico o incumplimiento del contrato. La regla se apoya en tres razones. Primera, la jurisdicción conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA modificado por la Ley 1107 de 2006. Segunda, el artículo 129 del CCA atribuye al Consejo de Estado los recursos de apelación contra las sentencias de primera instancia de los tribunales administrativos. Tercera, la pretensión mayor supera el monto previsto en el numeral 5 del artículo 132 del CCA, lo que determina la competencia por cuantía. En consecuencia, la providencia confirma la sentencia apelada. El documento reitera la línea sobre la acción de controversias contractuales como medio idóneo.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es un contrato?¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos que requieren liquidación, caduca en dos años contados desde la firma del acta de liquidación?¿Los documentos en copia simple y los documentos públicos tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo?
¿Corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa conocer de la acción de liquidación judicial de un contrato estatal suscrito por una entidad territorial, y al Consejo de Estado resolver la apelación cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El contratista puede interponer una acción de liquidación judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa para reclamar el reconocimiento económico derivado de la prestación de servicios educativos a un número mayor de estudiantes del grupo étnico al pactado inicialmente en el contrato, siempre y cuando la cláusula del contrato lo permita y la demanda sea presentada dentro del plazo legal. En este caso, la entidad territorial suscribió un contrato para la atención educativa de una comunidad étnica, y el contratista reclamó el reconocimiento económico por la prestación del servicio a un número mayor de estudiantes, conforme a lo estipulado en la cláusula quinta del contrato. La Sala modificó la jurisprudencia anterior, estableciendo que la jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer de la acción de liquidación judicial y que el Consejo de Estado resolverá la apelación cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, lo que implica que los procesos de liquidación de contratos estatales suscritos por entidades territoriales ahora tendrán un marco más claro en cuanto a la competencia judicial y la cuantía para la apelación.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el medio de control de controversias contractuales para reclamar el reconocimiento económico derivado de la atención educativa a un mayor número de estudiantes al pactado…¿Fue presentada en oportunidad la demanda de controversias contractuales interpuesta dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término legal para la liquidación del contrato estatal?¿Constituye un deber constitucional y legal del Estado garantizar la prestación del servicio educativo con enfoque diferencial a las comunidades étnicas…
¿El término de caducidad de la acción de reparación directa empezó a contar desde que los demandantes tuvieron conocimiento del daño, el cual tuvo origen en la providencia judicial que dejó sin efectos la aprobación del remate y los derechos sobre el bien inmueble? Sí
El contratista puede iniciar la acción de reparación directa dentro de los dos años posteriores a que tuvo conocimiento del daño, que en este caso se originó con la providencia judicial que dejó sin efectos la aprobación del remate y los derechos sobre el bien inmueble, independientemente de que no fuera notificado formalmente del acto. La entidad estatal, en este caso la Rama Judicial, está legitimada por pasiva cuando se le imputa el daño causado por la administración de justicia. Las pruebas documentales presentadas en copia simple gozan de pleno valor probatorio si no han sido tachadas de falsas y han estado a disposición de la parte contraria, según la jurisprudencia del Consejo de Estado. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre el cómputo del término de caducidad y la valoración de la prueba documental, lo que implica que los contratistas tienen mayor flexibilidad para ejercer su acción de reparación directa y que los documentos presentados de manera oportuna y regular son válidos para acreditar el daño antijurídico y su imputación al Estado.síntesis automática
También resuelve:¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre la Rama Judicial por ser la entidad a la que se le imputa el daño?¿Las pruebas documentales aportadas en copia simple gozan de pleno valor probatorio por cumplir con el principio de contradicción y no haber sido tachadas de falsas?¿El daño antijurídico y la imputación de éste al Estado, son elementos que deben acreditarse para la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado?
¿Las decisiones adoptadas por el Ministerio estuvieron debidamente fundamentadas y no se demostraron los incumplimientos endilgados? Sí
Cuando la entidad contratante acepta una parte del objeto pactado, la sanción pecuniaria debe reducirse en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato, porque la aceptación y el pago de los elementos recibidos muestran que la prestación fue cumplida en esa proporción. Por otra parte, la sanción pecuniaria por incumplimiento parcial se fundamenta en las razones de incumplimiento que se acrediten en el proceso, y su nulidad no procede cuando las decisiones se sustentan en las normas aplicables, se expidieron con competencia y siguieron el procedimiento legal. Cuando la imposición de la pena no configura la prestación de un servicio ni la venta de bienes, el IVA no debe incluirse en la base de la sanción, por lo que debe descontarse del precio del contrato. En el caso concreto, la entidad recibió, aprobó y pagó los elementos del primer desembolso del precio, lo cual fue ratificado por la autorización del supervisor y la factura, y la providencia apelada se revocó en lo relativo a la reducción de la sanción. Como consecuencia práctica, el contratista que acredite la ejecución parcial del objeto puede obtener la reducción proporcional de la sanción pecuniaria en ese mismo porcentaje.síntesis automática
También resuelve:¿Teniendo en cuenta la aceptación del contratante de parte del objeto pactado, resulta procedente la reducción de la sanción pecuniaria en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato?¿No se acreditó la falta de acatamiento de las funciones a cargo del Ministerio, o que no hubiera ejecutado acciones para garantizar la observancia del contrato?¿Las resoluciones fueron expedidas con competencia, en virtud de la atribución legal conferida al contratante?
¿La muerte de la víctima es atribuible exclusivamente al hecho de un tercero? Sí
La muerte de la víctima no es imputable a las entidades demandadas y es atribuible exclusivamente al hecho de un tercero, ya que el accidente se produjo por culpa exclusiva del conductor de la camioneta que no respetó la prioridad legal del paso del tractocamión que circulaba por su derecha, y no se probó la falla del servicio por omisión en la colocación de reductores de velocidad que hubiera sido la causa eficiente del daño. La entidad demandada no pudo prever ni evitar la conducta negligente del conductor del tractocamión, lo que la exime de responsabilidad patrimonial. Esta decisión confirma la sentencia apelada y niega las pretensiones de la demanda, estableciendo que la responsabilidad del Estado no se configura en ausencia de falla del servicio y cuando el daño es exclusivamente atribuible a un hecho del tercero.síntesis automática
También resuelve:¿El accidente se produjo por culpa exclusiva del conductor de la camioneta pues no respetó la prioridad legal del paso del tractocamión que circulaba por su derecha?¿La parte demandante acreditó la omisión por parte de la Administración en la colocación de reductores de velocidad y que ésta hubiera sido la causa eficiente y/o adecuada del daño?¿El hecho de que posteriormente se hubiesen instalado resaltos en la vía prueba que su ausencia el día de los hechos fue la causa eficiente del daño?
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El contratista puede interponer una acción de controversias contractuales ante el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de la cuantía, conforme a la competencia de la jurisdicción administrativa para conocer de litigios derivados de contratos administrativos y la disposición del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es el acto de liquidación del contrato, y el término para formular las pretensiones relativas a los contratos caduca en dos años desde la ocurrencia de los motivos de hecho o derecho que le sirven de fundamento. Además, las copias simples y los documentos aportados por los testigos tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo, según la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Esta decisión modifica precedentes anteriores, reforzando la competencia del Consejo de Estado en controversias contractuales de alto valor económico y la admisibilidad de ciertos medios de prueba en estos procesos.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es el acto de liquidación del contrato?¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos caduca en dos años de ocurridos los motivos de hecho o derecho que le sirvan de fundamento?¿Los documentos en copia simple tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo?