Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
¿Corresponde a la Sala determinar si se debe revocar o confirmar la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda de repetición? No
En el medio de control de repetición, la pretensión no prospera cuando no se acredita el requisito objetivo, esto es, que el pago efectuado por la entidad tuvo origen en una condena asumida en una conciliación extrajudicial aprobada por el juez o en otra forma de terminación de conflictos, y cuando la sanción moratoria no tiene origen legal. La regla se sostiene en tres razones: el recurso de apelación carece de sustentación adecuada cuando no formula reparo alguno frente a los fundamentos de la primera instancia sobre el requisito objetivo; la repetición exige que el pago provenga de una condena o de un mecanismo alternativo de solución de conflictos, lo que no se acreditó; y en asuntos de interés público no procede condenar en costas ni agencias en derecho. Por ello, la sentencia de primera instancia se confirma y se revoca únicamente la condena en costas. La decisión se fundamenta en la falta de los presupuestos objetivos de la repetición.síntesis automática
¿Se encuentra superado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional frente a la pretensión de amparo de los derechos fundamentales invocados por el accionante, por los presuntos defectos configurados en la providencia objeto de reproche proferida en el marco del medio de control de controversias contracuales referido en el escrito de tutela? No
El contratista no puede impugnar en sede constitucional la valoración que hizo la autoridad judicial del contrato de transacción allegado al proceso, ya que dicha valoración se realiza en el marco de la competencia del juez natural de la causa, quien establece el valor y el alcance de cada medio de prueba bajo criterios objetivos y razonables. En este caso, la Subsección B del Consejo de Estado determinó que el acuerdo transaccional sólo se refería al proceso ejecutivo y no abarcaba el proceso de controversias contractuales, lo que no puede ser cuestionado en una acción de tutela por falta de relevancia constitucional. La Sala confirmó la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que la parte accionante no presentó una carga argumentativa suficiente para desvirtuar la razonabilidad del análisis realizado por la autoridad judicial. Esto implica que en casos similares, el juez constitucional no puede revisar la valoración probatoria realizada por el juez natural, a menos que se demuestre que esta fue realizada de manera arbitraria o contraria a la ley.síntesis automática
Sentencia — Sentencia2024-08-12Sección Segunda (Subsección B)JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBARRad. 11001031500020240107800ACCIONES DE TUTELA
¿El Tribunal Administrativo de Boyacá vulneró los derechos fundamentales de la Aseguradora Solidaria de Colombia S.A. con ocasión de la providencia proferida del 28 de junio de 2023, a través de la cual, en segunda instancia, se le declaró responsable de pagar al municipio de Rondón el valor de los dineros pagados por este con ocasión a la condena en abstracto que se le impuso en el expediente de reparación directa (...), con cargo a la póliza de responsabilidad civil extracontractual (...), con lo cual incurrió, presuntamente, en defecto fáctico? No
El juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica que el juez natural hace de un contrato y de la cláusula penal pactada, y no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas dentro de la órbita de competencia de ese juez, salvo que resulte palmaria la vulneración de un derecho fundamental. Esta regla se apoya en que el defecto fáctico exige un estudio probatorio contraevidente, es decir, una decisión que desconozca de manera manifiesta las pruebas aportadas. Por ello la tutela no puede convertirse en una tercera instancia para rediscutir la valoración del contrato. En el caso concreto la decisión del tribunal de segunda instancia fue concordante con el texto de la cláusula penal y con las pretensiones de la demanda, y su interpretación se consideró razonable y ajustada a derecho. Por ello la acción de tutela fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la tutela contra una sentencia de reparación por incumplimiento contractual no prospera si la interpretación del contrato es razonable.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-05-07Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 25000232600020080015802ACCION CONTRACTUAL
¿Debe confirmarse la denegación del reconocimiento de intereses moratorios cuando dicho asunto no fue objeto del debate procesal ni fue planteado en las pretensiones de la demanda? Sí
El contratista no puede obtener el reconocimiento de intereses moratorios cuando este asunto no fue debatido ni planteado en las pretensiones iniciales de la demanda, ya que tal proceder sería contraproducente para los derechos constitucionales del debido proceso, defensa y contradicción, lo que implica la confirmación de la denegación de dichos intereses. En otro caso, la entidad estatal no debe reconocer la ejecución del contrato declarado nulo por fuera del periodo liquidado en el incidente de liquidación, dado que no se aportaron pruebas suficientes para acreditar la debida ejecución del contrato ni los resultados de la liquidación y reversión de los bienes afectos, lo que lleva a confirmar la decisión del tribunal. Finalmente, la entidad debe reconocer a favor del demandante la suma actualizada correspondiente al lucro cesante derivado de las utilidades dejadas de percibir, ya que la primera instancia determinó la cantidad de dichas utilidades y su actualización, lo que implica una indemnización por concepto de lucro cesante.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó la ejecución del contrato declarado nulo por fuera del periodo liquidado en el incidente de liquidación?¿Debe reconocerse a favor del demandante la suma actualizada correspondiente al lucro cesante derivado de las utilidades dejadas de percibir?
- ¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia, en tanto (i) el presente asunto no corresponde a una controversia contractual sino a una actio in rem verso, (ii) el juez de primera instancia realizó una indebida valoración probatoria; (iii) desconoció que la violación de las normas y principios de la contracción estatal tienen como consecuencia la nulidad absoluta del contrato No. 500 de 2016, conforme los artículos 44 y 45 de la Ley 80 de 1993; y (iv) desconoció los principios de la contratación estatal (transparencia, responsabilidad, economía, selección objetiva, buena fe, libre concurrencia, igualdad, planeación), en tanto los bienes cuyo pago se reclama se suministraron con anterioridad a la celebración del contrato No. 500 de 2016? Sí
El contratista no puede obtener el pago de bienes suministrados antes de la celebración del contrato, ya que el juez de primera instancia realizó una indebida valoración probatoria y desconoció la violación de los principios de la contratación estatal, lo que implica la nulidad absoluta del contrato según los artículos 44 y 45 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal celebró el contrato No. 500 de 2016 con un objeto ilícito, desviando el poder y contraviniendo el principio de transparencia y la selección objetiva, por lo que la Sala revoca la sentencia de primera instancia y declara de oficio la nulidad del contrato, negando las pretensiones del contratista. Esto implica que los bienes cuyo pago se reclama no están sujetos a la obligación de pago por parte de la entidad estatal, y que el juez de segunda instancia debe limitarse a resolver sobre el incumplimiento del contrato y no sobre la controversia que no se ajusta a la naturaleza del medio de control.síntesis automática
Sentencia — Sentencia2024-03-22Sección Segunda (Subsección B)JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBARRad. 11001031500020240075200ACCIONES DE TUTELA
¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B vulneró los derechos fundamentales de La Previsora S.A. Compañía de Seguros con ocasión de la providencia proferida del 14 de julio de 2023, a través de la cual, en segunda instancia, negó las súplicas de la demanda y declaró la responsabilidad de Centurión por el incumplimiento del Contrato (...), concedió a favor de Ecopetrol la pretensión de condena subsidiaria contenida en la demanda de reconvención y declaró responsable a La Previsora S.A. del pago de dichos valores amparados en las pólizas de seguro de cumplimiento 3002464 y 3002465? No
El contratista no puede acudir a la acción de tutela para impugnar una decisión judicial que declara su responsabilidad por el incumplimiento de un contrato estatal y condena al seguro de cumplimiento a pagar la cláusula penal, ya que la Sala determinó que la providencia fue debidamente fundamentada y ajustada a derecho, sin vulnerar los derechos fundamentales del contratista ni desconocer la jurisprudencia existente. La decisión judicial se basó en un adecuado análisis probatorio y en la interpretación razonable de la cláusula penal del contrato, sin incurrir en defectos fácticos o procedimentales. La Sala reitera que la tutela no puede convertirse en una tercera instancia para revisar la valoración de pruebas o la interpretación jurídica del juez natural, salvo que se demuestre una vulneración manifiesta de derechos fundamentales.síntesis automática
¿Puede considerarse válida una confesión judicial emitida por una persona que no ostenta representación legal ni poder dispositivo sobre los derechos de la entidad involucrada? No
La confesión judicial solo es válida cuando el confesante tiene capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulta de lo confesado, según el artículo 191 del Código General del Proceso, de modo que quien comparece al proceso sin ser representante legal de la entidad no puede obligarla con su declaración. Además, el incumplimiento de un pliego de condiciones no puede deducirse de pruebas técnicas practicadas bajo condiciones distintas de las previstas en el pliego, porque esos resultados no son comparables entre sí. Una prueba realizada bajo parámetros diferentes no basta para probar un incumplimiento contractual, aun cuando la diferencia que se alega, como el voltaje de carga de una batería, corresponda a la realidad. En el caso concreto, la declaración de un integrante de un equipo profesional no configuró confesión, y la prueba de reemplazo se hizo en condiciones distintas de las del pliego, de modo que la providencia confirmó la decisión de primera instancia. Como consecuencia práctica, la parte que quiera demostrar un incumplimiento técnico debe practicar la prueba bajo los parámetros exigidos en el pliego de condiciones.síntesis automática
También resuelve:¿Puede afirmarse que se incurrió en un incumplimiento de los pliegos de condiciones cuando las pruebas técnicas practicadas no son equiparables por haberse realizado bajo condiciones diferentes?¿Puede considerarse suficiente una prueba técnica realizada bajo parámetros distintos para probar un incumplimiento contractual?¿Debe desestimarse un cargo de apelación cuando no se controvierte la prueba documental que acredita la idoneidad de una entidad participante en un proceso de selección?
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2024-02-19Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 85001233300020190004601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La solicitud de pruebas en segunda instancia del demandante se adecua a algunas de las causales previstas en el artículo 212 del CPACA? No
Las pruebas solicitadas en segunda instancia solo pueden decretarse en los supuestos taxativos del artículo 212 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, y que la prueba decretada en primera instancia que no se practicó sin culpa de la parte no habilita, por sí sola, su práctica en apelación. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las causales son de carácter taxativo, de modo que la parte debe encuadrar su solicitud en una de ellas. Segunda, la causal de prueba decretada y no practicada sin culpa de quien la pidió exige demostrar que la omisión no le es imputable. Tercera, en el caso los dictámenes periciales fueron decretados oportunamente, sus autores los aportaron en los términos ordenados y los sustentaron en audiencia, de modo que no se acreditó que la práctica se hubiera frustrado sin culpa de la parte. La providencia niega la solicitud probatoria. La consecuencia práctica es que la parte que no logra la práctica de un dictamen en primera instancia debe demostrar que la falta de práctica no le es atribuible si pretende reabrirla en apelación.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica2024-05-20Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000232600020090003101ACCION CONTRACTUAL
¿La facultad oficiosa para decretar pruebas es una facultad exclusiva del juez y no procede a solicitud de parte? Sí
La facultad oficiosa para decretar pruebas es exclusiva del juez y no procede a solicitud de parte, de modo que la parte no puede exigir que se decreten como prueba de oficio aquellas que dejó de pedir en las oportunidades legales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el juez decreta pruebas de oficio cuando identifica puntos oscuros que deben ser resueltos, y esa atribución no se convierte en un derecho de la parte para suplir sus propias omisiones. Segundo, la solicitud de pruebas en segunda instancia debe cumplir los requisitos específicos fijados por el artículo 214 del Decreto 01 de 1984, y la pretensión de que se valoren en esa instancia documentos que no fueron valorados adecuadamente en la primera es ajena a dicha solicitud. Tercero, si la parte consideraba necesarias ciertas pruebas, debió pedirlas en las oportunidades que la ley le otorga, de modo que su omisión no puede subsanarse en segunda instancia. La providencia confirma el auto objeto de súplica; en la práctica, las pruebas que se pretendan hacer valer en segunda instancia deben cumplir los requisitos legales y solicitarse de forma oportuna.síntesis automática
También resuelve:¿La solicitud probatoria en segunda instancia cumple con los requerimientos exigidos por la norma para que puedan ser decretadas?¿El recurso de súplica procede en todas las instancias contra los autos interlocutorios proferidos por el ponente?
¿Se probó que el contrato de prestación de servicios suscrito entre la Cámara de Representantes y el señor Gustavo José Cabas Borrero se incumplió porque el agente estatal demandado, en su condición de director administrativo de la entidad, obró con culpa grave? No
En la acción de repetición, corresponde a la entidad demandante probar que el agente incurrió en dolo o culpa grave, y que el mero incumplimiento de un contrato no demuestra por sí solo esa conducta. Esta carga probatoria se explica por dos razones. Una razón es que en el caso el contrato de prestación de servicios se declaró incumplido porque no se suscribió el acta de iniciación de labores, pero esa acta no se firmó porque el servicio no era necesario, y la verificación de esa necesidad era un deber del agente; la entidad no demostró que el agente hubiera suscrito el contrato sin estudiar su necesidad. Otra razón es que el acta del comité de conciliación solo acredita la decisión de iniciar la repetición y no prueba la culpa grave o el dolo. Además, la sentencia del proceso contractual no sirve como prueba del elemento subjetivo frente a quien no fue parte, y sus pruebas no se trasladaron en su totalidad. La providencia confirma la negación de las pretensiones; no indica si reitera, unifica o cambia precedente, y su consecuencia práctica es que la prueba del elemento subjetivo debe producirse en la acción de repetición misma.síntesis automática
También resuelve:¿El acta del comité de conciliación de la entidad demandante sirve para probar la culpa grave del agente o exagente del estado demandado en acción de repatición?¿La sentencia proferida en el proceso contencioso que condenó a la entidad actora, se puede utilizar como prueba del elemento subjetivo en la acción de repetición?¿Al proceso se le deben aplicar las disposiciones sustanciales del CCA porque los hechos imputados al demandado ocurrieron el 2 de marzo de 2000 –día en el que celebró el contrato de prestación de…
¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la liquidación del contrato? Sí
El contratista presenta un medio de control de controversias contractuales dentro de los dos años siguientes a la liquidación del contrato, lo que es considerado oportuno, ya que el contrato fue suspendido y ampliado en dos ocasiones, con la última prórroga suscrita el 10 de mayo de 2016, y se incorporó una cláusula de liquidación bilateral por cuatro meses. La Sala modifica la interpretación anterior sobre la caducidad del medio de control, estableciendo que la demanda presentada el 4 de mayo de 2017 no vence el término previsto en el subnumeral v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. Además, la Sala determina que el contratista asumió los riesgos derivados de la gestión y adecuación predial del inmueble, al incorporar en el contrato una etapa de estudios y diseños que incluían el diagnóstico del inmueble y la tramitación de licencias, por lo que no puede atribuirse un incumplimiento a la entidad contratante. Finalmente, la Sala no analiza la condena decretada en primera instancia derivada de la prosperidad de las súplicas de la demanda de reconvención, debido a que el recurso de apelación no formuló reparos concretos frente a este aspecto, lo que implica que el juez de segunda instancia no puede revisar aspectos no apelados por ambas partes.síntesis automática
También resuelve:¿El consorcio contratista asumió los riesgos derivados de la gestión y adecuación predial del inmueble, por el hecho de haber incorporado en el contrato una etapa de adecuación de estudios y de…¿Es procedente el análisis de la condena decretada en primera instancia derivada de la prosperidad de las súplicas de la demanda de reconvención?¿Procede la condena en costas contra la parte demandante por haber sido la vencida en el proceso?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-02-07Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 68001233300020230074401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional, debe solicitarse por el demandante, existir un análisis de confrontación del acto y las normas y estar acreditados sumariamente los perjuicios cuando se trate de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
La suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo solo procede a petición de parte debidamente sustentada, conforme al artículo 229 del CPACA, y exige un análisis de confrontación entre el acto demandado y las normas que se alegan vulneradas. Cuando se trata de una pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, además deben estar acreditados sumariamente los perjuicios que la medida pretende evitar. La procedencia de la medida depende de que la violación surja del confronte entre el acto y las normas invocadas, y no de la sola afirmación del demandante. En el caso concreto, el material probatorio no permitió concluir que procediera suspender los actos acusados, de modo que la providencia que negó la medida fue confirmada. Como consecuencia práctica, quien solicite la suspensión provisional de un acto debe presentar el análisis de confrontación y las pruebas sumarias de los perjuicios desde la solicitud, pues sin ellas la medida no prospera.síntesis automática
También resuelve:¿De acuerdo con las normas vulneradas y las pruebas allegadas es dable considerar la procedencia de la suspensión de los actos acusados?¿Se acreditó una vulneración del derecho al debido proceso, por indebida valoración y práctica de las pruebas allegadas al procedimiento administrativo sancionatorio…
Sentencia — Sentencia2023-05-25Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 11001032600020230001400LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Caducó la acción porque la reforma de la demanda contenía nuevas pretensiones, por ello se configuró la causal segunda de anulación? No
El numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2011 (en adelante, Estatuto de Arbitraje) consagra la causal de anulación por la "caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia". La sala ha indicado que esta causal se configura en dos supuestos en lo que tiene que ver con la "caducidad de la acción": el primer supuesto es cuando un tribunal estudia un asunto caducado; el segundo supuesto es cuando un panel arbitral declara indebidamente la caducidad en el laudo. En relación con el primer supuesto, es plenamente exigible agotar el requisito de procedibilidad previsto en el penúltimo inciso del artículo 41 del Estatuto de Arbitraje. Esta norma indica que la causal solo podrá ser invocada "si el recurrente hizo valer los motivos constitutivos de ellas mediante recurso de reposición contra el auto de asunción de competencia".
También resuelve:¿Se configuró la causal de anulación de laudo en conciencia por la ausencia de motivación probatoria?¿Debe condenarse en costas al recurrente cuando se declare infundado el recurso de anulación de laudo arbitral?
Sentencia — Sentencia2022-07-13Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 11001032600020220001400LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Es competente la sección tercera del Consejo de Estado para conocer recurso de anulación contra laudo arbitral en donde intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas? Sí
La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer recursos de anulación contra laudos arbitrales en los que intervengan entidades públicas o quienes desempeñen funciones administrativas, conforme al artículo 46 de la Ley 1563 de 2012. La Sala declara infundado el recurso de anulación cuando no se demuestran los requisitos para considerar que la decisión arbitral fue proferida en conciencia o equidad, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo. Además, la Sala sostiene que los casos de incongruencia en el laudo no pueden alegarse en el marco de la causal de anulación por fallo en conciencia o equidad, sino que deben ser tratados bajo la causal referente a la resolución de aspectos no sujetos al arbitramento. Asimismo, la Sala rechaza cargos que buscan desconocer la valoración probatoria realizada por el tribunal, pues el juez de anulación no puede pronunciarse sobre las valoraciones probatorias. Finalmente, cuando se declara infundado el recurso de anulación, procede la condena en costas contra el recurrente, que en este caso se fija en quince salarios mínimos legales mensuales vigentes.síntesis automática
También resuelve:¿No se configuró la causal de anulación de laudo en conciencia o en equidad por cuanto el fallo se fundamentó en derecho?¿Los casos de incongruencia de la decisión arbitral pueden alegar en el marco de la causal de anulación de laudo en conciencia o en equidad?¿El laudo carece de fundamentación fáctica, pues no se tuvieron en cuenta las pruebas del proceso o el tribunal, expresamente, se apartó de ellas?
¿Si el a quo incurrió en una indebida valoración probatoria, al concluir que la parte demandada había incurrido en incumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato de interventoría 1832 de 2013? No
El contratista no puede descontar del valor adeudado por la entidad estatal en la liquidación judicial del contrato de interventoría, la suma correspondiente a los perjuicios causados a la entidad demandante, ya que no se ha acreditado que la entidad haya asumido la contratación del personal requerido para establecer las cantidades finales reales ejecutadas, el balance del contrato y el acta de recibo final. A pesar de que la entidad demandante ha iniciado las actuaciones previas para la contratación del personal, no se ha probado que esta contratación se haya materializado. Sin embargo, la Sala considera que es procedente descontar del valor adeudado la suma en disputa, ya que la entidad no está obligada a pagar por actividades del interventor que no fueron recibidas a satisfacción, lo que implica que la entidad estatal no debe asumir costos por servicios no aprobados. Este abstract reitera la jurisprudencia existente sobre la adecuada valoración de la prueba en contratos de interventoría y la obligación de la entidad estatal de no pagar por actividades no aprobadas, lo que tiene implicaciones significativas en la liquidación judicial de contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Si en la liquidación judicial del contrato, procede descontar del valor que la entidad pública adeuda al interventor, la suma que se afirma corresponde a los perjuicios causados a la entidad…¿Si procede el reconocimiento de suma alguna de dinero a favor de la parte demandada, por concepto de labores de señalización?
¿Se demostró que los actos que negaron el contrato de estabilidad jurídica infringieron las normas en que debían fundarse? No
La decisión del comité de estabilidad jurídica que niega la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica es una competencia discrecional, y que su acto no se anula si distribuye las contingencias económicas y normativas conforme a las normas vigentes y aplicables al caso. Una razón es que el comité no creó una limitante artificiosa ni utilizó como fundamento una regla sobre recuperación de costos que no estuviera prevista en la ley, de manera que el acto no infringió las normas en que debía fundarse. Otra razón es que el demandante no demostró que el acto tuviera falsa motivación ni que el comité hubiera desconocido los riesgos inherentes al proyecto propuesto, y la carga de probar la vulneración del derecho a la igualdad recaía en él. En el caso, la Sala negó los cargos de nulidad y confirmó la decisión de primera instancia. La providencia reitera la facultad discrecional del comité, ratificada por la Sección, según lo que señala la nota de relatoría; su consecuencia práctica es que el solicitante de estabilidad jurídica debe demostrar un vicio concreto del acto y no solo su desacuerdo con la distribución de riesgos.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante cumplió con la carga de probar que el Comité vulneró su derecho a la igualdad?¿El informe elaborado con ocasión de la solicitud de la demandante cumplía con los criterios definidos en la ley?¿El procedimiento vigente para la celebración de contratos de estabilidad jurídica estaba compuesto de 2 etapas?
¿La muerte de la víctima es atribuible exclusivamente al hecho de un tercero? Sí
La muerte de la víctima no es imputable a las entidades demandadas y es atribuible exclusivamente al hecho de un tercero, ya que el accidente se produjo por culpa exclusiva del conductor de la camioneta que no respetó la prioridad legal del paso del tractocamión que circulaba por su derecha, y no se probó la falla del servicio por omisión en la colocación de reductores de velocidad que hubiera sido la causa eficiente del daño. La entidad demandada no pudo prever ni evitar la conducta negligente del conductor del tractocamión, lo que la exime de responsabilidad patrimonial. Esta decisión confirma la sentencia apelada y niega las pretensiones de la demanda, estableciendo que la responsabilidad del Estado no se configura en ausencia de falla del servicio y cuando el daño es exclusivamente atribuible a un hecho del tercero.síntesis automática
También resuelve:¿El accidente se produjo por culpa exclusiva del conductor de la camioneta pues no respetó la prioridad legal del paso del tractocamión que circulaba por su derecha?¿La parte demandante acreditó la omisión por parte de la Administración en la colocación de reductores de velocidad y que ésta hubiera sido la causa eficiente y/o adecuada del daño?¿El hecho de que posteriormente se hubiesen instalado resaltos en la vía prueba que su ausencia el día de los hechos fue la causa eficiente del daño?
¿Se acreditó que la entidad demandada modificó unilateral y arbitrariamente el objeto del negocio jurídico e impuso un plazo de imposible cumplimiento al contratista como producto de la vulneración del deber de planeación? No
La sociedad demandante solicita declarar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la entidad demandada declaró el incumplimiento e hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato.… La Sala observa que no le asiste razón al demandante respecto de los cargos de apelación aducidos, por las razones que se exponen a continuación.
También resuelve:¿El negocio jurídico que suscita la controversia corresponde a un contrato de obra pública por cuanto la entidad demanda es una entidad estatal y su objeto consistió en la realización de trabajos…¿El recurso de apelación es un instrumento para que las partes adicionen o modifiquen sus demandas?¿Procede la condena en costas a la parte demandante, vencida en el proceso, por cuanto se confirmará la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda?
¿La conducta dolosa debe quedar establecida de manera plena e individualizada en el proceso de repetición? Sí
En la acción de repetición, la conducta dolosa del agente debe quedar establecida de manera plena e individualizada dentro del propio proceso, sin que la sentencia que declaró la nulidad de los actos por desviación de poder acredite automáticamente la responsabilidad subjetiva del demandado. La regla se apoya en que ese juicio previo y diferente tiene otro objeto, de manera que el juez de la repetición debe hacer una valoración autónoma e independiente de la prueba del elemento subjetivo. Además, la carga probatoria recae sobre la entidad que pretende el reembolso, que no puede limitarse a reproducir las consideraciones de las sentencias que la condenaron. En el asunto, la entidad se limitó a afirmaciones sobre una supuesta conducta dolosa, basadas en las mismas consideraciones de las sentencias condenatorias, y no probó el actuar doloso que fundaba su pretensión reversiva. La Sala confirmó la decisión que negó las pretensiones. En la práctica, la acción de repetición no prospera cuando el dolo se afirma pero no se prueba en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Existe prueba de la conducta dolosa del demandado en repetición?¿Las sentencias que declararon la nulidad de los actos y ordenaron el restablecimiento del derecho ordenando unos pagos solo acreditan lo que allí se decide?¿El Tribunal declaró la nulidad de los actos administrativos que declararon la insubsistencia por cuanto tuvieron como móvil las desavenencias que tenía el juez con su empleada?
¿Para estudiar la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales se requiere que exista certeza de que fueron ellos los que con su conducta causaron el daño? Sí
Para estudiar la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales, es necesario establecer certeza de que fueron ellos quienes causaron el daño, lo cual requiere pruebas suficientes de su conducta dolosa o gravemente culposa. En el caso en cuestión, la Sala negó la responsabilidad del Estado y los agentes estatales debido a la ausencia de pruebas que acrediten su participación en la conducta que causó el daño. La falta de pruebas de la conducta culposa o dolosa, así como la incertidumbre sobre la hipótesis del combate y la pertenencia de los occisos a grupos al margen de la ley, impidió la imputación o endilgar la responsabilidad a los militares involucrados.síntesis automática
También resuelve:¿La parte demandante acreditó con suficiencia las condiciones en las que ocurrieron los hechos por los que pretende repetir contra sus exagentes?¿Los elementos de prueba allegados sugieren dudas sobre la hipótesis del combate y la posible pertenencia de los occisos a grupos al margen de la ley?¿Resulta posible imputar o endilgar a los tres militares señalados el hecho dañoso que dio origen a la acción de repetición ante la falta de prueba de la conducta que se alega cometieron los agentes?