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¿El régimen jurídico del contrato es de derecho privado por tener relación con el desarrollo del objeto social de Ecopetrol? Sí
Los actos jurídicos, contratos y actuaciones necesarias para administrar y desarrollar el objeto social de una empresa industrial y comercial del Estado constituida como sociedad de economía mixta se rigen exclusivamente por el derecho privado, sin importar el porcentaje del aporte estatal en el capital. La regla se apoya en el artículo 6 de la Ley 1118 de 2006 y en la evolución normativa de la entidad, desde su creación por la Ley 165 de 1948 hasta su escisión mediante el Decreto 1760 de 2003, que la dejó como sociedad pública por acciones con capital totalmente estatal y regida por sus propios estatutos. Estos antecedentes muestran que el régimen privado opera como excepción aplicable a las actividades industriales y comerciales de la entidad. En el asunto, el contrato celebrado en 2015 se consideró regido por el derecho privado, y la Sala confirmó la decisión. En la práctica, las controversias sobre contratos de esa naturaleza se resuelven conforme al derecho privado y no según el régimen general de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El tribunal en primera instancia omitió pronunciarse respecto a las pretensiones de incumplimiento contractual derivadas de la ejecución del contrato?¿Se acreditó que la mayor permanencia de la obra fue una consecuencia del incumplimiento de la entidad demandada?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-09-11Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 66001233300020160019203LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El CPACA únicamente desarrolló en el artículo 224 la intervención de coadyuvantes, litisconsortes facultativos e intervenciones ad excludendum? Sí
El CPACA únicamente desarrolla en su artículo 224 la intervención de coadyuvantes, litisconsortes facultativos e intervenciones ad excludendum, lo que significa que no aborda el litisconsorcio cuasinecesario, para el cual debe aplicarse el artículo 62 del Código General del Proceso. La Sala determina que la aseguradora no puede ser vinculada como litisconsorte cuasinecesario ni como tercero, dado que no se discute el incumplimiento del contrato ni la ocurrencia de un siniestro que la afecte, y que la solicitud de su intervención llegó después del plazo establecido por el CPACA. Esta decisión reitera la interpretación restrictiva del artículo 224 del CPACA y limita la posibilidad de vincular a terceros en casos similares, afectando la estrategia procesal de aseguradores en controversias contractuales estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Los efectos jurídicos de la sentencia no se extenderían a la aseguradora, en la medida en que en el presente asunto no se discute el incumplimiento del contrato ni la ocurrencia de un siniestro que…¿La vinculación de la aseguradora no se puede hacer tampoco como tercero, dado que la solicitud se debía realizar desde la admisión de la demanda y hasta antes de que se profería el auto que fija…
¿Se configura el ejercicio del ius variandi previsto en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 cuando no se acredita un acto administrativo de modificación unilateral del contrato estatal, sino una instrucción de la entidad comunicada por el contratista, y la inclusión y exclusión de tramos de obra se formaliza mediante un acuerdo suscrito por las partes? No
No se configura el ius variandi del artículo 16 de la Ley 80 de 1993 cuando no existe un acto administrativo de modificación unilateral del contrato estatal, sino una comunicación del contratista que relata una instrucción de la entidad, y la inclusión y exclusión de tramos de obra se formaliza mediante un acuerdo suscrito por las partes. La regla se sostiene en tres razones: la facultad de modificación unilateral exige un acto administrativo expedido por la entidad en los términos del artículo 16; la comunicación emanada del contratista, que da cuenta de una instrucción, no reúne esa condición; y los ajustes de tramos y de cronograma, al ser objeto de acuerdo entre las partes, constituyen una modificación bilateral del contrato y no un ejercicio de potestades excepcionales. Así, el reclamo fundado en una modificación unilateral debe demostrarse con el acto que la contenga, pues la sola afirmación de falencias en planos o diseños no basta. La providencia de primera instancia se confirma.síntesis automática
También resuelve:¿La estipulación expresa, contenida en dos prórrogas contractuales, de que la ampliación del plazo no generaría costos adicionales para la entidad…¿Procede incluir en la liquidación judicial del contrato las cantidades de obra que el contratista afirma pendientes de pago, cuando no identifica qué cantidades…¿Son suficientes los memorandos internos sobre trámites de cierre pendientes y los anexos elaborados unilateralmente por la entidad estatal para acreditar el pago de obras no ejecutadas por el…
¿Cual (sic) es la diferencia entre contrato adicional y adición al contrato estatal?
Antes de la expedición de la Ley 80 de 1993 la jurisprudencia, al amparo de lo normado en el artículo 58 del Decreto- Ley 222 de 1983, consideró que el contrato adicional era requerido para todos los eventos que implicaran la modificación del objeto del negocio jurídico pactado, en tanto que la adición al contrato se empleaba para las demás situaciones que conllevaran cambios menores o de forma.
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¿En contratación estatal las entidades contratantes deben remitir invitación a las posibles entidades contratistas en virtud de la Ley 80 de 1993 y el artículo 845 del Código de Comercio?
El contratista en contratación estatal debe ser informado previamente de cualquier modificación contractual, como adiciones o prórrogas, para que manifieste su voluntad de aceptar dichas modificaciones, ya que el contrato estatal es un acto jurídico bilateral que requiere el consentimiento mutuo para ser modificado. Además, la entidad estatal debe publicar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) el aviso de convocatoria y los pliegos de condiciones o invitación, en cumplimiento del principio de publicidad y transparencia establecido en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la necesidad de garantías y formalidades para la modificación de contratos estatales, lo que implica que tanto la entidad como el contratista deben cumplir con procedimientos específicos para que las modificaciones tengan validez legal.síntesis automática
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¿Puede una entidad estatal, con fundamento en una cláusula residual de obligaciones de un contrato de prestación de servicios profesionales o en las facultades generales de supervisión, asignar unilateralmente al contratista, mediante memorando u otra orden interna, actividades sustanciales no previstas en el objeto ni en las obligaciones pactadas, como el apoyo a la supervisión de otros contratos, o dicha asignación exige la modificación del contrato por mutuo acuerdo entre las partes…
El contratista no puede ser asignado unilateralmente por la entidad estatal a realizar actividades sustanciales no previstas en el contrato, como el apoyo a la supervisión de otros contratos, ya que estas actividades deben estar contempladas en el objeto y obligaciones del contrato o ser modificadas por mutuo acuerdo entre las partes, conforme a la formalidad y justificación exigida por la ley. La cláusula residual de obligaciones no puede ser utilizada para imponer roles sustanciales y autónomos no previstos, y la firma del contratista en un memorando no sustituye las formalidades requeridas para una modificación contractual. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la necesidad de un acuerdo mutuo y la formalidad en la modificación de contratos estatales, lo que implica que cualquier asignación de nuevas obligaciones debe seguir rigurosamente los procedimientos legales para evitar irregularidades y sanciones.síntesis automática
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¿Pese a que el interventor del contrato solicitó un cambio de especificaciones técnicas en el desarrollo del proyecto, los mayores costos resultantes de dicha modificación debían ser autorizados por la entidad para que le fueran reconocidos a la contratista, y como las demandantes no acreditaron esta circunstancia, eso es, que hubiesen informado a FONADE sobre el mayor valor que suponía la obra y que esta ultima hubiera aprobado tales modificaciones, los mayores costos no resultan imputables a la entidad contratante demandada? Sí
El contratista no puede obtener el reconocimiento de mayores costos resultantes de modificaciones solicitadas por el interventor sin la previa autorización por escrito de la entidad contratante, conforme a lo establecido en el contrato, y en ausencia de dicha aprobación, los mayores costos no son imputables a la entidad. La Sala establece que, aunque el interventor puede sugerir cambios en las especificaciones técnicas, estas modificaciones deben ser autorizadas por la entidad para que los sobrecostos sean reconocidos, y en este caso, las contratistas no acreditaron que hubieran informado a FONADE sobre el mayor valor que suponía la obra ni que esta entidad hubiera aprobado tales modificaciones. Además, la Sala reitera que en los contratos de obra por precio global, el contratista asume el deber de terminar la obra con la suma fija pactada, sin reconocimiento de obras adicionales no previstas, a menos que demuestre la ocurrencia de un desequilibrio económico. Esta regla implica que los contratistas deben cumplir rigurosamente con los procedimientos de modificación establecidos en el contrato para evitar la negación de sus pretensiones.síntesis automática
También resuelve:¿Los contratos de obra por precio global son aquellos en los que el contratista, a cambio de las prestaciones a que se compromete…
¿Es factible realizar modificaciones a los contratos estatales al momento de su terminación?
Las modificaciones de un contrato estatal solo pueden realizarse mientras subsista su vigencia, pues no es posible modificar un contrato cuyo plazo ya culminó, y no se admiten prórrogas automáticas, sucesivas o indefinidas por ser contrarias a la libre competencia. Según la jurisprudencia del Consejo de Estado, el plazo de vigencia equivale al plazo de ejecución, y mientras subsista la obligación de liquidar el contrato su vigencia no ha finalizado. Por ello, los ajustes de fecha final o de valor al momento de la terminación deben ubicarse dentro de ese lapso y respetar los límites de orden temporal, formal, material y axiológico que la doctrina y la jurisprudencia han estructurado, entre ellos los principios de planeación, selección objetiva, transparencia e igualdad. Adicionalmente, como el SECOP II es la plataforma autorizada para gestionar la actividad contractual, toda modificación debe adelantarse en esa plataforma en tiempo real. Como pronunciamiento consultivo, el concepto enuncia estos límites para la gestión de la terminación del contrato.síntesis automática
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¿Impedía la suscripción de las convenciones modificatorias del contrato, sin regulación expresa de los sobrecostos reclamados, la prosperidad de las pretensiones de restablecimiento del equilibrio económico? No
La suscripción de convenios modificatorios en un contrato de obra a precios unitarios no impide por sí sola la prosperidad de las pretensiones dirigidas a obtener el restablecimiento del equilibrio económico del contrato por sobrecostos imprevistos. Durante la ejecución de un contrato de infraestructura vial suscrito con el INVÍAS, se presentaron incrementos anormales en los precios de insumos como asfalto, cemento y combustibles, así como mayores costos de transporte de materiales. La Sala verificó que las adiciones y modificaciones acordadas no tuvieron por objeto regular ni compensar tales circunstancias imprevistas. Por consiguiente, la suscripción de dichas modificaciones negociales no sanea ni extingue el derecho del contratista a reclamar la indemnización por la ruptura financiera del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Probó el contratista que el mecanismo de ajuste de los precios unitarios perdió eficacia durante la ejecución contractual…
¿Constituye un derecho del contratista del que puede hacer legítimo uso cuando lo considere necesario?
¿Puede una entidad estatal negarse aceptar incluir en el respectivo documento (v.gr. otrosíes, suspensiones, modificaciones, actas de terminación parcial y/o de terminación final y actas de liquidación) la observación, salvedad o inconformidad que tenga un contratista con el argumento de que el formato que maneja la Entidad del respectivo documento (actas) no admite que el contratista deje planteada ninguna salvedad y que por ello, no se puede aceptar lo que solicita el contratista.
También resuelve:Modificacion de los contratos estatales: procedencia, límites, límites / modificación del contrato estatal, preformasModificación del contrato estatal: preformas, alcanceRenuncias anticipadas: contrato estatal, reclamaciones, actos modificatorios, alcance
¿Las salvedades incorporadas por el contratista en el acta de liquidación bilateral del contrato de obra 611 de 2015 son extemporáneas debido a que fue el mismo contratista que en múltiples ocasiones solicitó contratos modificatorios o actas contractuales y en los mismos no reclamó sobrecostos, lo cual vulnera el principio de buena fe contractual? Sí
El contratista está obligado, en virtud de la buena fe objetiva, a dejar consignadas sus salvedades en los documentos contractuales que modifiquen el negocio jurídico inicial, como suspensiones, otrosíes o adicionales, y no puede reservarlas para el acta de liquidación bilateral. La regla se apoya en que esas modificaciones son el momento en que las partes deben dejar constancia de los reclamos, y en que la omisión de esa constancia en los documentos previos afecta la oportunidad de las salvedades. Por ello, el juez debe verificar el objeto del documento en el que se consignaron las salvedades. En el asunto, la sociedad demandante no acreditó el incumplimiento ni el desequilibrio alegados en la demanda, y la Sala confirmó la sentencia que declaró extemporáneas las salvedades incorporadas en el acta de liquidación. En la práctica, las reclamaciones del contratista deben formularse en los documentos que modifican el contrato y no solo en la liquidación.síntesis automática
También resuelve:¿El contratista cumplió con la carga probatoria de acreditar los supuestos de hecho del incumplimiento y del desequilibrio económico del contrato que alegó en la demanda?¿Procede condenar en costas a la parte demandante por ser la vencida en este caso?
Quisiera consultar si una contratista en estado de embarazo vinculada por medio de contrato de prestación de servicios, se le debe renovar el contrato que se le vence en el mismo día que inicia su licencia de maternidad, con el mismo objeto o puede la entidad acordar con la contratista la celebración de un contrato nuevo con objeto contractual diferente pero con las mismas condiciones respecto de valor y actividades similares?
Quisiera consultar si una contratista en estado de embarazo vinculada por medio de contrato de prestación de servicios, se le debe renovar el contrato que se le vence en el mismo día que inicia su licencia de maternidad, con el mismo objeto o puede la entidad acordar con la contratista la celebración de un contrato nuevo con objeto contractual diferente pero con las mismas condiciones respecto de valor y actividades similares?
También resuelve:Contrato de prestación de servicios: concepto, modalidad de selección, características, modalidad de selección / modificación del contratoModificación del contrato: adición, prórroga y renovaciónFuero de maternidad: aplicabilidad, contratos de prestación de servicios, postura corte constitucional, estabilidad laboral de la contratista
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación en segunda instancia en casos de controversias contractuales por su cuantía, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y la Ley 446 de 1998, y también por la naturaleza de la controversia que involucra a entidades públicas, según el artículo 82 del mismo código. Además, una sociedad extranjera que suscribe un contrato estatal a través de su sucursal en Colombia, aunque esta carezca de personería jurídica, tiene legitimación en la causa por activa, siempre y cuando se acredite la representación legal de la matriz, como lo establece el artículo 87 del CCA y el artículo 471 del Código de Comercio. En cuanto al cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales, este debe iniciarse el día siguiente al vencimiento del plazo para la liquidación del contrato cuando esta no se ha realizado, tal como lo dispone el artículo 136 del CCA y la Ley 446 de 1998, lo que implica que la acción es oportuna si se presenta dentro del plazo de dos años desde esa fecha.síntesis automática
También resuelve:¿Tiene legitimación en la causa por activa la sociedad extranjera que suscribe un contrato estatal mediante su sucursal en Colombia, siendo esta última carente de personería jurídica?¿Debe contarse el término de caducidad de la acción de controversias contractuales desde el día siguiente al vencimiento del plazo para la liquidación del contrato cuando esta no se ha realizado?¿El Departamento de Bolívar vulneró el debido proceso del contratista en el procedimiento que derivó en la sanción impuesta?
¿Los actos administrativos demandados que modificaron unilateralmente la cláusula de reversión estipulada en el contrato, están afectados de nulidad, en la medida en que no plantearon una circunstancia concreta que justifique la afectación grave del servicio o su paralización? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad de los actos administrativos que modificaron unilateralmente la cláusula de reversión en un contrato de concesión de servicios públicos, en la medida en que estos no plantearon una circunstancia concreta que justifique la afectación grave del servicio o su paralización, y no cumplieron con el procedimiento previsto en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 y la cláusula 31 del contrato, que exige que las partes intenten acordar previamente los cambios contractuales antes de que la entidad pueda expedir el acto administrativo de modificación unilateral. Esto implica que la entidad debe demostrar que hubo una convocatoria previa al contratista para discutir las modificaciones propuestas y que no se logró un acuerdo, lo cual no se evidenció en este caso.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos administrativos demandados que modificaron unilateralmente la cláusula de reversión estipulada en el contrato, están afectados de nulidad…
¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la firma del acta de liquidación bilateral del contrato? Sí
El contratista presenta oportunamente el medio de control de controversias contractuales dentro de los dos años siguientes a la firma del acta de liquidación bilateral del contrato, evitando así la caducidad del medio de control. La Sala establece que el término para presentar la demanda vence dos años después de la firma del acta de liquidación, y en este caso, la demanda fue presentada el 19 de diciembre de 2022, antes de la fecha límite del 21 de diciembre de 2023, sin considerar el tiempo en que el término estuvo suspendido por la conciliación previa. Además, la Sala precisa que para que una salvedad en el acta de liquidación sea válida y prospere, debe establecerse de manera clara y concreta los motivos de inconformidad, y no basta con una salvedad abstracta o genérica. En este caso, la salvedad que el contratista incluyó en la acta de liquidación no cumplió con esta exigencia, y una posterior salvedad unilateral no fue tenida en cuenta. Asimismo, el contratista no estaba obligado a demandar la nulidad del acto administrativo que negó la solicitud de restablecimiento del equilibrio económico, ya que la causa de las pretensiones radicaba en la liquidación bilateral del contrato. Por último, el contratista no estaba obligado a incluir salvedades en los modificatorios del contrato celebrados de común acuerdo, ya que no se transigieron los costos adicionales por la pandemia del COVID-19 en dichos documentos.síntesis automática
También resuelve:¿Para la validez y prosperidad de la reclamación económica estipulada como salvedad en el acta de liquidación, debe establecerse de forma clara y concreta los motivos de inconformidad?¿El contratista debía solicitar la nulidad del acto contenido en el del oficio no. 202230063749 del 21 de febrero de 2022…¿El Consorcio estaba obligado a incluir salvedades en los modificatorios del contrato, celebrados de común acuerdo?
¿Es posible extender la garantía de cumplimiento de un contrato estatal más allá del plazo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2011?
La garantía única de cumplimiento debe mantenerse vigente y ampliarse cuando el contrato se modifica. El artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 obliga al contratista a prestar garantía única para el cumplimiento de sus obligaciones, y el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 exige que la entidad apruebe esa garantía para iniciar la ejecución. El Decreto 1082 de 2015, en sus artículos 2.2.1.2.3.1.1 a 2.2.1.2.3.1.19, regula las clases de garantías, los riesgos cubiertos, las vigencias y los valores mínimos de cada amparo, y establece de manera expresa que las modificaciones contractuales suponen la ampliación de las garantías. El concepto sostiene que, como el contrato es ley para las partes y solo puede modificarse por consentimiento mutuo, cualquier modificación constituye un nuevo acuerdo de voluntades que requiere garantía para ejecutarse. Además, la jurisprudencia de la Sala de Consulta del Consejo de Estado indica que la regla general es la no modificación del contrato y que la modificación excepcional está sometida a límites legales. En consecuencia, la entidad debe exigir que la garantía se extienda cuando la modificación prorroga el plazo, y no puede aceptar que su vigencia quede por debajo de la ejecución prevista del contrato.síntesis automática
También resuelve:Garantías: fundamento normativo, requisito de ejecución, reglamentación, suficienciaModificación del contrato: adición, prórrogaDecreto 1082 de 2015: Artículo 2.2.1.2.3.1.18
¿Cuándo se prorroga el contrato, debe el contratista ampliar la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual?
Cuando el contrato se prorroga, el contratista debe ampliar la garantía, incluida la póliza de responsabilidad civil extracontractual, porque el inciso segundo del artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 obliga a la entidad estatal a exigir la ampliación del valor de la garantía cuando se incrementa el valor del contrato y de su vigencia cuando se prorroga el plazo. La ampliación debe realizarse una vez perfeccionada la modificación y presentarse para aprobación de la entidad, conforme a la suficiencia del pliego originario y al artículo 2.2.1.2.3.1.17. Si la prórroga se suscribe en un año diferente al de celebración del contrato, el contratista debe ampliar no solo la vigencia sino también el valor de la póliza según el salario mínimo vigente al momento de la prórroga, pues ese amparo se constituye en SMMLV y su vigencia debe ser igual al periodo de ejecución del contrato. En las demás hipótesis, la norma solo exige ampliar el valor ante una adición y la vigencia ante una prórroga, sin modificar los riesgos asegurados ni las exclusiones. El concepto recuerda que la garantía es requisito de ejecución.síntesis automática
También resuelve:Garantías: fundamento normativo, requisito de ejecución, reglamentación, suficienciaModificación del contrato: adición, prórrogaDecreto 1082 de 2015: Artículo 2.2.1.2.3.1.18
¿En qué momento debe aprobarse la ampliación de las garantías con motivo de la prórroga del contrato?
Cuando el contrato se prorroga, el contratista debe ampliar la vigencia de la garantía una vez se perfecciona la modificación y presentarla para aprobación de la entidad estatal, conforme al inciso segundo del artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, que también exige ampliar el valor cuando hay adición. La aprobación de esa ampliación es requisito para la ejecución del contrato durante el periodo prorrogado, según el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. Para evitar interrumpir la ejecución, la entidad debe procurar aprobar la ampliación antes del vencimiento del plazo inicial, y el contratista debe constituirla cumpliendo los parámetros de suficiencia de los artículos 2.2.1.2.3.1.10 a 2.2.1.2.3.1.17 del mismo decreto, a la luz de las nuevas condiciones. La ampliación debe presentarse dentro de un plazo razonable, según lo pactado en la modificación, para evitar que opere el mecanismo de restablecimiento previsto en el pliego conforme al último inciso del artículo 2.2.1.2.3.1.18. Como la modificación implica un nuevo acuerdo de voluntades, requiere garantía para ejecutarse, pero solo debe ampliarse la vigencia o el valor, sin modificar los riesgos asegurados ni las exclusiones.síntesis automática
También resuelve:Garantías: fundamento normativo, requisito de ejecución, reglamentación, suficienciaModificación del contrato: adición, prórrogaDecreto 1082 de 2015: Artículo 2.2.1.2.3.1.18
Usted formula el siguiente interrogante, relacionado con la posibilidad de incluir cláusulas relacionadas con la prórroga automática de los contratos estatales: «… el DNP ha suscrito varios convenios interadministrativos para el intercambio de información, en los cuales no existe ningún tipo de erogación económica. Estos convenios son necesarios para el mejoramiento de la calidad de la información de las bases de datos que administra el DNP específicamente el Sisben.
El DNP ha suscrito varios convenios interadministrativos para el intercambio de información, en los cuales no existe ningún tipo de erogación económica. Estos convenios son necesarios para el mejoramiento de la calidad de la información de las bases de datos que administra el DNP específicamente el Sisben. Por lo tanto, requerimos establecer si existe alguna limitación legal para pactar la prórroga automática en esta clase de convenios teniendo en cuenta la naturaleza de este tipo de contratación, la gratuidad y el beneficio que reciben las entidades participantes.
También resuelve:Modificación del contrato: adición, prórroga, renovación, diferenciasPrórroga de contrato: procedencia, autonomía de la voluntadPrórroga automática: concepto, Decreto Ley 222 de 1983, prohibición, finalidad
¿Quién o quiénes son los competentes para tramitar, celebrar y liquidar un contrato de obra pública?
Frente a las preguntas 1, 2 y 4, son los competentes y responsables para tramitar, celebrar y liquidar todo contrato estatal, incluidos los contratos de obra pública, son los jefes o representantes legales de las entidades enunciadas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993. A su vez y de acuerdo con la parte considerativa, solo es posible delegar dicha función en el servidor público que la Ley designe.
También resuelve:Contrato estatal: competencia, actividad contractual, función, jefes –representantes legalesDelegación para contratar: delegación, desconcentración, función, suscripción de contratosComité evaluador: función