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Consejo de Estado
Providencia
Debe examinarse la conducta desplegada por el contratista
Sentencia — Sentencia
2025-04-04
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 68001233300020150023002
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Toda irregularidad en el procedimiento administrativo relacionada con la atención de solicitudes probatorias tiene la virtualidad de configurar un vicio invalidante de la decisión? No
El contratista no puede alegar la nulidad del acto administrativo basándose en la omisión de la entidad estatal para resolver solicitudes probatorias, salvo que dicha omisión afecte sustancialmente el ejercicio del derecho de defensa y trascienda sobre el sentido de la decisión. La entidad puede adoptar medidas correctivas conforme a los artículos 3.11 y 41 del CPACA, o el contratista puede actuar para sanear la irregularidad. La Sala reitera que no toda irregularidad en el procedimiento administrativo relacionada con la atención de solicitudes probatorias tiene la virtualidad de configurar un vicio invalidante, lo que implica que la entidad estatal debe motivar adecuadamente la imposición de sanciones, pero no necesariamente anular el acto administrativo por omisiones menores en el trámite.síntesis automática
También resuelve:
¿El departamento de Santander, en el marco del procedimiento sancionatorio, al omitir resolver solicitudes probatorias elevadas por el contratista…
¿Debe exponerse el supuesto fáctico que da lugar a la imposición de la multa, verificando la existencia de un incumplimiento imputable al contratista?
¿La motivación fáctica de la decisión sancionatoria fue suficiente para justificar la imposición de la multa con fundamento en las causales previstas en los literales (c) y (e) de la cláusula…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La nulidad derivada de la pretermisión íntegra de una instancia es insaneable, por lo tanto, en ningún caso los vicios derivados de esta irregularidad pueden ser subsanados.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve nulidades procesales
2025-02-04
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 47001233300020190067201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La nulidad derivada de la pretermisión íntegra de una instancia es insaneable, por lo tanto, en ningún caso los vicios derivados de esta irregularidad pueden ser subsanados? Sí
El Tribunal determina que la nulidad derivada de la pretermisión íntegramente de una instancia es insaneable, por lo que no admite la subsanación de los vicios generados por esta irregularidad, incluso si la parte afectada manifiesta su conformidad. Esta regla se fundamenta en la omisión del Tribunal Administrativo de efectuar el control de admisibilidad de la demanda presentada por la Aseguradora, impidiendo así el análisis de los presupuestos procesales y requisitos formales necesarios para su admisión, lo que afecta el debido proceso y el derecho de defensa de las partes. Además, la falta de traslado de la demanda a la UMAG en los términos del artículo 172 del CPACA, impide que esta pueda proponer excepciones y solicitar pruebas, configurando una causal de nulidad procesal insaneable que impide la adición de la sentencia en segunda instancia. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la imposibilidad de subsanar nulidades insaneables, lo que implica que los procesos en los que se produzca esta irregularidad quedarán anulados sin posibilidad de rectificación.síntesis automática
También resuelve:
¿La nulidad se configuró debido a que el Tribunal Administrativo no se pronunció sobre las pretensiones y cargos de nulidad formulados por la aseguradora…
¿La omisión del Tribunal configura una causal de nulidad procesal insaneable, lo que impide la adición de la sentencia en segunda instancia?
¿Las nulidades saneables el juez no puede declararlas de oficio, en cualquier estado del proceso, y de no haberse subsanado…
DECLARA NULIDAD
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2025-12-01
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 25000233600020190005503
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En una situación de apelante único la competencia del juez de segunda instancia se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso? Sí
En una situación de apelante único, la competencia del juez de segunda instancia se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso, de modo que no puede revisar la providencia en la parte que no fue impugnada. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, limita la competencia funcional del superior a los cargos esgrimidos en el recurso de alzada; la regla admite una excepción prevista en el inciso segundo del artículo 187 del CPACA, según la cual el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que encuentre probada; y el silencio del inferior no impide que el superior se pronuncie sobre esos aspectos en los términos de la ley. Por ello, el examen de la segunda instancia se limita a lo impugnado, salvo esas excepciones legales. La providencia de primera instancia se confirma en lo que fue objeto del recurso.síntesis automática
También resuelve:
¿Con las pruebas del expediente se acredita la nulidad de los actos administrativos demandados por el supuesto hecho de haberse desconocido el acuerdo de creación del consorcio?
¿Los negocios jurídicos celebrados por el representante, dentro de las facultades conferidas para tal caso, producen los mismos efectos que si la actuación la hubiera realizado el representado…
¿El mandato de representación otorgado por los integrantes del consorcio, se tiene que se estipuló que la representación del consorcio la tendrían, pluralmente los dos facultados?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La actividad contractual de la Empresa Social del Estado demandada se rige por el derecho privado, pero puede utilizar de forma discrecional las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto General de Contratación.
Sentencia — Sentencia
2023-09-07
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 76001233300020140106601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La actividad contractual de la Empresa Social del Estado demandada se rige por el derecho privado, pero puede utilizar de forma discrecional las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto General de Contratación de la administración pública? Sí
El contratista puede solicitar la declaración de incumplimiento del contrato estatal cuando la entidad demandada ejerza la terminación unilateral sin justificar adecuadamente su decisión ni garantizar el derecho de defensa del contratista, ya que aunque la terminación unilateral por decisión autónoma no está sujeta al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP), la entidad debe actuar de manera transparente y justa. La Sala reitera que el ejercicio de la terminación unilateral debe respetar el debido proceso y el derecho de defensa, y que la falta de claridad en la terminación unilateral puede generar un escenario injusto para el contratista, lo que implica que la entidad debe exponer las razones que sustentan su decisión para permitir una discusión efectiva ante el juez del contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe declararse el incumplimiento del contrato estatal por el ejercicio abusivo de la facultad de terminación unilateral por parte la Empresa Social del Estado demandada…
¿Debe reconocerse el pago de la cláusula penal pecuniaria a favor del contratista, pero de forma proporcional en virtud del cumplimiento parcial de las prestaciones por parte de la administración?
¿Deben reconocerse perjuicios adicionales al pago de la clausula penal pecuniaria, esto es, por encima de su valor, dado el incumplimiento parcial del contrato por la administración?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La irregularidad presentada por omisión de comunicación del inicio del procedimiento de caducidad del contrato es suficiente
Sentencia — Sentencia
2024-04-24
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 54001233100020100001801
ACCION CONTRACTUAL
¿La irregularidad presentada por omisión de comunicación del inicio del procedimiento de caducidad del contrato es suficiente para configurar una violación del procedimiento administrativo? Sí
La omisión de comunicar al contratista el inicio del procedimiento sancionatorio constituye una violación del procedimiento administrativo con consecuencias determinantes cuando impide ejercer el derecho de audiencia y defensa frente a los cargos por los que finalmente se sanciona, y da lugar a la nulidad de los actos que imponen la sanción. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el artículo 288 del Código de Minas impone a la autoridad el deber de comunicar el inicio del procedimiento sancionatorio, deber que la cláusula 25.1.1 del contrato preveía en sentido semejante. Segundo, la omisión privó al contratista de la oportunidad de subsanar la renovación y el reajuste de las garantías y de atender requerimientos de la autoridad, a diferencia de ocasiones anteriores en las que sí pudo hacerlo. Tercero, la falta de conocimiento del inicio del procedimiento impidió ejercer la defensa, lo que configura el desconocimiento del derecho de audiencia y defensa como causal de nulidad. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara la nulidad de los actos demandados; en la práctica, la autoridad que sanciona debe acreditar la comunicación del inicio del procedimiento sancionatorio antes de imponer la sanción.síntesis automática
También resuelve:
¿El demandante queda habilitado para efectuar las actividades de explotación minera que le otorga el contrato cuya caducidad fue declarada con el acto administrativo declarado nulo?
¿Se niega la pretensión pecuniaria consistente en la indemnización de perjuicios materiales por no existir prueba de su causación?
¿Cuando de la actuación iniciada de oficio pudiera resultar afectado en forma directa un particular, a éste se le debía comunicar la existencia de la actuación y el objeto de la misma?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La jurisdicción contenciosa conoce de la legalidad de actos sancionatorios en contratos estatales celebrados por entidades públicas.
Sentencia — Sentencia
2025-06-16
Sección Tercera (Subsección C)
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Rad. 76001233300020130028301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Al Consejo de Estado le corresponde resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia, dada la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El juez contencioso administrativo conoce de las controversias relativas a la legalidad de actos administrativos que imponen multas en el marco de contratos de concesión celebrados con entidades públicas según lo dispuesto expresamente en el artículo 104 del CPACA. En este caso judicial, el Consejo de Estado resuelve los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia y se abstiene de imponer condena en costas de segunda instancia al no prosperar las impugnaciones presentadas por ambas partes, entendiéndose las costas debidamente compensadas entre los extremos procesales.síntesis automática
También resuelve:
¿Las resoluciones demandadas, mediante las cuales se impuso una multa al contratista, en el marco del contrato de concesión…
¿Para determinar si se vulneró el debido proceso del concesionario resultan aplicables las disposiciones del manual de contratación del ICBF?
¿Cuando la administración ejerce su potestad sancionadora, si bien se efectúa unilateralmente, debe estar precedida de un procedimiento mínimo que preserve las garantías del debido proceso del…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La ausencia de motivación afectó la totalidad de las resoluciones adoptadas en el laudo
Sentencia — Sentencia
2024-08-02
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 11001032600020240004500
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La ausencia de motivación afectó la totalidad de las resoluciones adoptadas en el laudo? Sí
El contratista puede anular un laudo arbitral cuando la decisión carece de fundamentación jurídica y los árbitros resuelven la controversia invocando principios generales del derecho sin relacionarlos con el caso concreto ni con la normativa contractual. En este caso, los árbitros declararon que el contrato era exigible y que el municipio había violado principios de buena fe y confianza legítima, pero no explicaron cómo estas violaciones afectaban la vigencia del contrato ni cómo se relacionaban con las disposiciones legales aplicables. Además, los árbitros no revocaron una medida cautelar que suspendía el procedimiento administrativo, a pesar de que la convocante había solicitado su suspensión. La Sala anuló el laudo por falta de motivación, ordenando que los árbitros reembolsen la segunda mitad de los honorarios recibidos, en conformidad con el artículo 48 del Estatuto Arbitral.síntesis automática
También resuelve:
¿El laudo carece de fundamentación jurídica, razón por la cual se declarará la nulidad de la decisión arbitral?
¿El laudo permite ver que carece de motivación jurídica y por ende incurre en la causal de fallo en conciencia?
¿Los árbitros invadieron la órbita de la Administración Pública, se pronunciaron y adoptaron disposiciones sobre un procedimiento administrativo en curso?
ANULA
Consejo de Estado
Providencia
Las decisiones adoptadas por el Ministerio estuvieron debidamente fundamentadas
Sentencia — Sentencia
2025-02-07
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020150102401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las decisiones adoptadas por el Ministerio estuvieron debidamente fundamentadas y no se demostraron los incumplimientos endilgados? Sí
Cuando la entidad contratante acepta una parte del objeto pactado, la sanción pecuniaria debe reducirse en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato, porque la aceptación y el pago de los elementos recibidos muestran que la prestación fue cumplida en esa proporción. Por otra parte, la sanción pecuniaria por incumplimiento parcial se fundamenta en las razones de incumplimiento que se acrediten en el proceso, y su nulidad no procede cuando las decisiones se sustentan en las normas aplicables, se expidieron con competencia y siguieron el procedimiento legal. Cuando la imposición de la pena no configura la prestación de un servicio ni la venta de bienes, el IVA no debe incluirse en la base de la sanción, por lo que debe descontarse del precio del contrato. En el caso concreto, la entidad recibió, aprobó y pagó los elementos del primer desembolso del precio, lo cual fue ratificado por la autorización del supervisor y la factura, y la providencia apelada se revocó en lo relativo a la reducción de la sanción. Como consecuencia práctica, el contratista que acredite la ejecución parcial del objeto puede obtener la reducción proporcional de la sanción pecuniaria en ese mismo porcentaje.síntesis automática
También resuelve:
¿Teniendo en cuenta la aceptación del contratante de parte del objeto pactado, resulta procedente la reducción de la sanción pecuniaria en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato?
¿No se acreditó la falta de acatamiento de las funciones a cargo del Ministerio, o que no hubiera ejecutado acciones para garantizar la observancia del contrato?
¿Las resoluciones fueron expedidas con competencia, en virtud de la atribución legal conferida al contratante?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Las sanciones que puede generar el incumplimiento del contratista, de ninguna manera pueden ser impuestas de plano por parte de la Administración.
Sentencia — Sentencia
2023-09-04
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 05001233100019970125702
ACCION CONTRACTUAL
¿El debido proceso en procedimientos administrativos sancionatorios de naturaleza contractual, implica el deber de hacer partícipe al sujeto destinatario de tales decisiones en el trámite previo a la expedición del acto administrativo, junto con la posibilidad de ser oído y de ejercer el derecho de defensa y contradicción? Sí
El contratista tiene derecho a ser parte del trámite previo a la expedición de un acto administrativo sancionatorio de naturaleza contractual, lo que incluye la posibilidad de ser oído y ejercer el derecho de defensa y contradicción, en virtud del debido proceso, que se erige como garantía fundamental tanto en el ámbito judicial como administrativo, aunque con alcances diferenciados. Este derecho es esencial en procedimientos sancionatorios contractuales, donde las decisiones pueden generar afectaciones significativas en los derechos del contratista y deben armonizarse con el interés público del contrato estatal. La jurisprudencia modifica la interpretación anterior, reforzando que la declaratoria de caducidad del contrato, como sanción extrema, no debe ser una decisión sorpresiva, sino que debe permitir al contratista ejercer su derecho de defensa y adecuar su conducta a los compromisos contractuales, salvaguardando así las garantías del debido proceso y evitando la paralización de la obra o servicio contratado.síntesis automática
También resuelve:
¿Tratándose de la declaratoria de caducidad del contrato, el ejercicio de esta facultad impone que no resulte una decisión sorpresiva para el afectado…
¿Los actos que declararon la caducidad de un contrato de obra suscrito con una empresa de servicios públicos, se encuentran viciados de nulidad por vulnerar los derechos al debido proceso…
¿Hay lugar a reconocer perjuicios morales a favor de la sociedad demandante o de sus socios, por la declaratoria irregular de la caducidad del contrato estatal y la inhabilidad
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El acto administrativo estaba viciado por falsa motivación
Sentencia — Sentencia
2022-04-20
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 20001233100020020132901
ACCION CONTRACTUAL
¿Es nulo el acto administrativo que declaró la caducidad de un contrato, por haber sido expedido con falsa motivación? No
El contratista no puede declarar nulo el acto administrativo que declara la caducidad del contrato por falsa motivación, vulneración del debido proceso o incumplimiento de la buena fe contractual, siempre y cuando la entidad estatal haya acreditado el incumplimiento grave y reiterado del contratista y haya permitido al mismo tiempo un plazo razonable para que cumpla con sus obligaciones. En este caso, la entidad estatal demostró que el contratista no cumplió con sus obligaciones de pago y de publicidad, lo que autorizaba la declaratoria de caducidad del contrato. Además, la entidad estatal no vulneró el debido proceso ni la buena fe contractual, ya que advirtió reiteradamente los incumplimientos del contratista y le dio un tiempo prudencial para cumplir con sus obligaciones antes de declarar la caducidad. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior, reforzando que la presunción de legalidad de los actos administrativos impide que la justicia declare la legalidad de dichos actos, pero sí permite que se declare la procedencia de la caducidad del contrato en casos similares.síntesis automática
También resuelve:
¿Es nulo el acto administrativo que declaró la caducidad de un contrato, por vulnerar el debido proceso?
¿Es nulo el acto administrativo que declaró la caducidad de un contrato, por vulnerar el derecho de defensa y la buena fe?
¿Conforme a lo solicitado en la demanda de reconvención, es procedente declarar la legalidad de las resoluciones 0433 de 2001 y 196 de 1999, que declararon la caducidad del contrato…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El contratista tenía el derecho de aportar y controvertir pruebas
Sentencia — Sentencia
2026-01-30
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000232600020110049101
ACCION CONTRACTUAL
¿Se debía otorgar un término suficiente para que el contratista pudiera revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones que sustentaban la actuación, determinar las pruebas que presentaría para desvirtuar el incumplimiento atribuido y preparar sus descargos? Sí
El contratista debe recibir un término suficiente para revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones, determinar las pruebas que presentará y preparar sus descargos, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que garantiza el debido proceso en actuaciones sancionatorias. La entidad debe formular un requerimiento previo indicando los hechos que constituyen un incumplimiento contractual, y otorgar un plazo razonable para que el contratista pueda preparar adecuadamente sus descargos. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, reiterando que el acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para garantizar el debido proceso, ya que no contiene una formulación expresa de los hechos que configuran el incumplimiento ni las consecuencias jurídicas derivadas de este. Esto implica que las entidades deben cumplir con estas formalidades para evitar la nulidad de los actos administrativos sancionatorios.síntesis automática
También resuelve:
¿El acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para la garantía del debido proceso…
¿El término concedido por el IDU para que el contratista rindiera sus descargos, así como la decisión de no ampliarlo, afectaron el derecho a la defensa en el procedimiento sancionatorio?
¿Todas las declaraciones de voluntad de una entidad estatal emitidas en la ejecución de un contrato sometido al EGCAP se califican como actos administrativos?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: Aclaración voto
Aclaración voto — Aclaración de voto
2025-08-19
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 11001032600020140002400
LEY 1437 REPETICION
¿Al agente estatal se le endilgó, simultáneamente y de modo principal, la comisión de una conducta dolosa y gravemente culposa lo cual llevaría a negar las pretensiones de la demanda? Sí
Debo poner de presente que no es posible analizar, de manera concomitante y principal, la conducta dolosa y gravemente culposa del agente estatal, porque son comportamientos diferentes que se excluyen entre sí, además, esa doble imputación desconoce el derecho de defensa y del debido proceso del demandado en tanto le impide conocer de antemano la conducta que puntualmente se le imputa. En el presente asunto, al agente estatal se le endilgó, simultáneamente y de modo principal, la comisión de una conducta dolosa y gravemente culposa, lo cual también llevaría a negar las pretensiones de la demanda.
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de repetición: Aclaración voto
Aclaración voto — Aclaración de voto
2024-11-18
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 15001233100020140000601
LEY 1437 REPETICION
¿Para garantizar el derecho de defensa y el debido proceso del agente estatal demandado, el juez debió imputar por un lado, la comisión de la conducta dolosa, y de manera separada, la comisión de la conducta gravemente culposa, por tratarse de categorías excluyentes? Sí
Aunque comparto la decisión de fondo proferida por la Sala, debo poner de presente que no es posible analizar, de manera concomitante, la conducta dolosa y gravemente culposa del agente estatal, porque son comportamientos diferentes que se excluyen entre sí, además, esa doble imputación desconoce el derecho de defensa y del debido proceso del demandado en tanto le impide conocer de antemano la conducta que puntualmente se le imputa. En el presente asunto, al agente estatal se le endilgó, simultáneamente y de modo principal, la comisión de una conducta dolosa y gravemente culposa, lo cual también llevaría a negar las pretensiones de la demanda.
SIN DECISION
Consejo de Estado
Providencia
Acción de repetición: Aclaración voto
Aclaración voto — Aclaración de voto
2024-11-18
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 68001233100020130074201
ACCION DE REPETICION
¿Para garantizar el derecho de defensa y el debido proceso del agente estatal demandado, el juez debió imputar por un lado, la comisión de la conducta dolosa, y de manera separada, la comisión de la conducta gravemente culposa, por tratarse de categorías excluyentes de comportamiento? Sí
Aunque comparto la decisión de fondo proferida por la Sala, debo poner de presente que no es posible analizar, de manera concomitante, la conducta dolosa y gravemente culposa del agente estatal, porque son comportamientos diferentes que se excluyen entre sí, además, esa doble imputación desconoce el derecho de defensa y del debido proceso del demandado en tanto le impide conocer de antemano la conducta que puntualmente se le imputa. En el presente asunto, a los agentes estatales se le endilgó, simultáneamente y de modo principal, la comisión de una conducta dolosa y gravemente culposa, lo cual también llevaría a negar las pretensiones de la demanda.
SIN DECISION
Consejo de Estado
Providencia
Estudio de fondo de la sentencia: Aclaración voto
Aclaración voto — Aclaración de voto
2022-03-30
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 11001032600020160018800
LEY 1437 REPETICION
¿En la acción de repetición, es posible estudiar de manera concomitante la presunción de dolo y la presunción de culpa? Sí
Considero que no debió estudiarse en dicho fallo, de manera concomitante, la conducta “dolosa” y “gravemente culposa” del agente estatal por constituir una violación del debido proceso y del derecho de defensa del demandado, por cuanto no es posible esgrimir, de modo principal y simultáneo, una doble imputación y la configuración de dos distintas presunciones de manera paralela, en la medida que se trata de comportamientos diferentes que se excluyen entre sí, por consiguiente, si se alegan las dos presunciones solo es posible invocarlas con carácter subsidiario.
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: no es posible estudiar la conducta dolosa y gravemente culposa del agente estatal
Aclaración voto — Aclaración de voto
2022-09-14
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 18001233300020150007201
LEY 1437 REPETICION
¿Es posible estudiar, de manera concomitante, la conducta dolosa y gravemente culposa del agente estatal? No
Considero que no debió estudiarse en [el] fallo, de manera concomitante, la conducta dolosa y gravemente culposa del agente estatal por constituir una violación del debido proceso y del derecho de defensa del demandado, por cuanto no es posible esgrimir… una doble imputación y la configuración de dos distintas presunciones de manera paralela en la medida que se trata de comportamientos diferentes que se excluyen entre sí, por consiguiente, si se alegan las dos presunciones solo es posible invocarlas con carácter subsidiario pues, de lo contrario, se vulneran los derechos del demandado quien… debe conocer concreta y puntualmente, la presunción que se le imputa por cuanto no está llamado a corregir ni complementar la acción de repetición presentada en su contra.
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: no debió adecuarse el medio de control de controversias contractuales ejercido
Aclaración voto — Aclaración de voto
2024-09-11
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 76001233300020170135901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿No debió adecuarse el medio de control de controversias contractuales ejercido con la demanda al de nulidad y restablecimiento del derecho para declarar la caducidad de las pretensiones por desconocimiento del derecho de defensa y del debido proceso? Sí
Aunque comparto la decisión de fondo, porque considero que es la que en derecho corresponde, debo advertir que al momento de resolver la impugnación del fallo de primera instancia no debió adecuarse el medio de control jurisdiccional de controversias contractuales ejercido con la demanda al de nulidad y restablecimiento del derecho para declarar la caducidad de las pretensiones, pues, esa decisión desconoció el derecho de defensa y del debido proceso de las partes por impedirles discutir, oponerse o controvertir cualquier aspecto relacionado con un medio de control que fue ajeno a la contienda y discusión adelantada en la primera instancia.
Consejo de Estado
Providencia
¿Debe analizarse en el caso sub examine de manera concomitante o relacionada la conducta dolosa y gravemente culposa del agente estatal demandado, desconociendo su derecho a la defensa y al debido proceso?
Aclaración voto — Aclaración de voto
2023-05-25
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 11001032600020140000800
LEY 1437 REPETICION
¿Debe analizarse en el caso sub examine de manera concomitante o relacionada la conducta dolosa y gravemente culposa del agente estatal demandado, desconociendo su derecho a la defensa y al debido proceso? No
Aunque comparto la decisión de fondo proferida por la Sala, debo poner de presente que no es posible analizar, de manera concomitante, la conducta dolosa y gravemente culposa del agente estatal, porque son comportamientos diferentes que se excluyen entre sí, además, esa doble imputación desconoce el derecho de defensa y del debido proceso del demandado en tanto le impide conocer de antemano la conducta que puntualmente se le imputa. En el presente asunto, al agente estatal se le endilgó, simultáneamente y de modo principal, la comisión de una conducta dolosa y gravemente culposa, lo cual también llevaría a negar las pretensiones de la demanda.
También resuelve:
¿El fallo proferido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el cual se condenó a la Universidad Popular del Cesar…
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: no debió estudiarse en el fallo la conducta dolosa y gravemente culposa del agente estatal
Aclaración voto — Aclaración de voto
2022-03-02
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 11001032600020160010900
LEY 1437 REPETICION
¿Debió estudiarse en el fallo, de manera concomitante, la conducta dolosa y gravemente culposa del agente estatal, teniendo en cuenta que ello constituye una violación del debido proceso y del derecho de defensa del demandado, por cuanto no es posible esgrimir de modo principal una doble imputación y la configuración de dos distintas presunciones de manera paralela, en la medida que se trata de comportamientos diferentes que se excluyen entre sí? No
Si bien comparto la decisión aprobada por la mayoría de la Subsección de confirmar la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda, considero que no debió estudiarse en dicho fallo, de manera concomitante, la conducta dolosa y gravemente culposa del agente estatal por constituir una violación del debido proceso y del derecho de defensa del demandado, por cuanto no es posible esgrimir, de modo principal, una doble imputación y la configuración de dos distintas presunciones de manera paralela en la medida que se trata de comportamientos diferentes que se excluyen entre sí, por consiguiente, si se alegan las dos presunciones solo es posible invocarlas con carácter subsidiario.