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Consejo de Estado
Providencia
La jurisdicción contenciosa administrativa es competente para adelantar el proceso de pérdida de investidura y restringir derechos políticos de servidores públicos.
Sentencia — Sentencia
2026-10-08
Sección Primera
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Rad. 85001233300020240006301
LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
¿Con fundamento en lo señalado por numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que la autoridad judicial competente para restringir el goce de los derechos políticos es el juez penal en el trámite de un proceso de naturaleza penal? No
Cualquier autoridad judicial de la jurisdicción contenciosa administrativa conserva competencia para tramitar procesos de pérdida de investidura e imponer restricciones a los derechos políticos sin que ello vulnere la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta sentencia de segunda instancia, la corporación revocó la providencia del Tribunal Administrativo de Casanare que había decretado la pérdida de investidura de un cabildante, negando las pretensiones de la demanda tras reiterar que el proceso de pérdida de investidura constituye un juicio de responsabilidad pública autónomo radicado en la jurisdicción contenciosa administrativa conforme a las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000.síntesis automática
También resuelve:
¿Si procede acceder a la solicitud del demandado de analizar el interés particular, directo y actual a la luz de lo previsto en la Ley 2003 de 2019 y la Ley 2200 de 2022 que, para el caso…
¿Determinar si debe revocarse la sentencia de 20 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del señor Willinton…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2023-09-07
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 20001233900020150038402
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Como consecuencia de la declaración de ineptitud sustantiva de la demanda el juzgador no tenía competencia para resolver el fondo de la controversia? Sí
En el proceso contencioso administrativo, cuando la demanda es declarada sustancialmente inepta, el juez no tiene competencia para resolver el fondo de la controversia, de modo que no puede pronunciarse sobre las pretensiones. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la ineptitud sustantiva de la demanda impide un pronunciamiento de fondo, de modo que no puede tenerse por resuelta la pretensión en sentido desfavorable. Segunda, la decisión de fondo que se adopte sin competencia para ello carece de efectos sobre el litigio. En el caso, la sentencia de primera instancia había dado por resueltas las pretensiones, pero la Sala revoca esa decisión porque el juzgador no tenía competencia para decidir el fondo, y en su lugar declara el incumplimiento de la obligación de excluir ciertas áreas del objeto del contrato de comodato. En la práctica, la ineptitud sustantiva debe examinarse antes de resolver las pretensiones, porque un pronunciamiento de fondo sin competencia será revocado en apelación.síntesis automática
También resuelve:
¿Por no existir certeza en el perjuicio que solicita la parte actora sea reparado, no hay lugar al reconocimiento de tales pedimentos?
¿Es claro que existió un incumplimiento por parte del municipio de Valledupar en la obligación de exceptuar del convenio los locales del inmueble?
¿El vínculo jurídico inicial se cimentó en el apoyo de la corporación demandante en la efectividad del cumplimiento del servicio público de educación…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El medio de control de pérdida de investidura se encuentra acorde con el artículo 23
Sentencia — Sentencia
2026-02-05
Sección Primera
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Rad. 85001233300020240010501
LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
Establecer si le asiste razón al apelante al sostener, en aplicación del artículo 23, numeral 2., de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que la autoridad judicial competente para afectar el goce y ejercicio de los derechos políticos es el juez penal en el escenario del proceso penal y que si se admitiera que el juez competente corresponde a otras jurisdicciones, entre estas, la contencioso-administrativa, el juicio de reproche a la conducta debería adecuarse como hecho punible, pues solo una condena fundada en una imputación de esa estirpe, es legítima para limitar los derechos políticos. No
El contratista no puede apelar la decisión de un juez contencioso administrativo que declara la pérdida de investidura de un concejal por violación del régimen de conflicto de intereses, argumentando que solo un juez penal puede imponer restricciones a los derechos políticos. La Sala establece que la Convención Americana sobre Derechos Humanos permite a los jueces, independientemente de su especialidad, limitar los derechos políticos siempre que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa. La pérdida de investidura es un medio de control autónomo que no debe adecuarse al régimen penal, ya que tiene características propias y se basa en causales establecidas en la ley. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que la jurisdicción contencioso-administrativa es competente para conocer y decidir sobre la pérdida de investidura de los concejales, sin necesidad de adecuar el juicio a un hecho punible.síntesis automática
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Concretamente tienen la potestad de exigir la aprobación de exámenes preparatorios
Sentencia — Sentencia
2024-10-03
Sección Primera
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Rad. 11001032400020200024800
LEY 1437 NULIDAD CON SUSPENSION PROVISIONAL
[D]eterminar si los actos administrativos demandados transgreden los artículos 6.°, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política, los artículos 3.°, 6.° y 137 de la Ley 1437 de 2011, y los artículos 5.° y 7.° del Acuerdo 002 de 2011, por cuanto la entidad demandante otorgó título profesional de abogado a un estudiante que incumplió los requisitos de grado “[…] esto es, sin haber presentado y/o aprobado todos los exámenes preparatorios o pruebas de suficiencia en idioma extranjero, contemplados en la ley y en los reglamentos internos de dicho ente universitario […]” Sí
El contratista no puede obtener el título de abogado si incumple los requisitos establecidos por la universidad en sus reglamentos internos, como la aprobación de exámenes preparatorios, ya que estos son vinculantes para toda la comunidad educativa y aseguran la calidad de la formación académica. La universidad debe demostrar que el estudiante no cumplió con todos los requisitos para optar por el título, y en este caso, la entidad no presentó suficiente evidencia de que el estudiante hubiera aprobado los exámenes preparatorios requeridos, lo que implica que el acto administrativo que otorgó el título es nulo. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la autonomía universitaria y la obligación de cumplir con los requisitos académicos establecidos por las universidades para la obtención de títulos profesionales.síntesis automática
ANULA
Consejo de Estado
Providencia
Concretamente tienen la potestad de exigir la aprobación de exámenes preparatorios
Sentencia — Sentencia
2024-10-03
Sección Primera
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Rad. 11001032400020200024500
LEY 1437 NULIDAD CON SUSPENSION PROVISIONAL
Determinar si los actos administrativos demandados transgreden los artículos 6°, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política, los artículos 3°, 6° y 137 de la Ley 1437 de 2011, los artículos 5° y 7° del Acuerdo 002 de 2011, por cuanto la entidad demandante otorgó título profesional de abogado a un estudiante que incumplió los requisitos de grado “[…] esto es, sin haber presentado y/o aprobado todos los exámenes preparatorios o pruebas de suficiencia en idioma extranjero, contemplados en la ley y en los reglamentos internos de dicho ente universitario […]”. Sí
El contratista no puede obtener el título de abogado si incumple los requisitos de grado establecidos por la universidad, como la aprobación de exámenes preparatorios y pruebas de suficiencia en idioma extranjero, ya que estos son componentes obligatorios del currículo académico y la universidad tiene la facultad de exigirlos para garantizar la calidad de la formación de sus egresados. La entidad universitaria debe acreditar que el estudiante no cumplió con todos los requisitos, y el sistema de registro de notas SIMCA no es el único mecanismo para verificar la información académica, ya que existen archivos físicos y contables que sirven como soporte. La Sala anuló el acto administrativo que otorgó el título profesional, reiterando la jurisprudencia sobre la autonomía universitaria y la obligación de cumplir con los requisitos académicos establecidos.síntesis automática
ANULA
Consejo de Estado
Providencia
Constitución política: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2025-03-20
Sección Primera
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON
Rad. 68001233300020230073902
LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
Obiter dictum No
El candidato que obtuvo la segunda mayor votación en elecciones uninominales para presidente, vicepresidente, gobernador o alcalde tiene el derecho personal de decidir si acepta o no el llamado a ocupar una curul en la corporación pública correspondiente, según dispone el artículo 112 de la Constitución Política y el artículo 25 de la Ley Estatutaria 1909. Este derecho debe ser manifestado por escrito y sin posibilidad de retracto ante la comisión escrutadora dentro de las 24 horas siguientes a la declaratoria de elección, conforme a la Resolución 2276 de 2019 del Consejo Nacional Electoral. La Sala reitera que este plazo y la prohibición de retracto garantizan el buen funcionamiento de la organización electoral y la seguridad jurídica, y que la falta de posesión del cargo dentro del plazo legal puede acarrear la pérdida de investidura, salvo en caso de fuerza mayor, según el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617.síntesis automática
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Las decisiones adoptadas por el Ministerio estuvieron debidamente fundamentadas
Sentencia — Sentencia
2025-02-07
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020150102401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las decisiones adoptadas por el Ministerio estuvieron debidamente fundamentadas y no se demostraron los incumplimientos endilgados? Sí
Cuando la entidad contratante acepta una parte del objeto pactado, la sanción pecuniaria debe reducirse en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato, porque la aceptación y el pago de los elementos recibidos muestran que la prestación fue cumplida en esa proporción. Por otra parte, la sanción pecuniaria por incumplimiento parcial se fundamenta en las razones de incumplimiento que se acrediten en el proceso, y su nulidad no procede cuando las decisiones se sustentan en las normas aplicables, se expidieron con competencia y siguieron el procedimiento legal. Cuando la imposición de la pena no configura la prestación de un servicio ni la venta de bienes, el IVA no debe incluirse en la base de la sanción, por lo que debe descontarse del precio del contrato. En el caso concreto, la entidad recibió, aprobó y pagó los elementos del primer desembolso del precio, lo cual fue ratificado por la autorización del supervisor y la factura, y la providencia apelada se revocó en lo relativo a la reducción de la sanción. Como consecuencia práctica, el contratista que acredite la ejecución parcial del objeto puede obtener la reducción proporcional de la sanción pecuniaria en ese mismo porcentaje.síntesis automática
También resuelve:
¿Teniendo en cuenta la aceptación del contratante de parte del objeto pactado, resulta procedente la reducción de la sanción pecuniaria en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato?
¿No se acreditó la falta de acatamiento de las funciones a cargo del Ministerio, o que no hubiera ejecutado acciones para garantizar la observancia del contrato?
¿Las resoluciones fueron expedidas con competencia, en virtud de la atribución legal conferida al contratante?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: es evidente la reserva de constitucionalidad del inciso final del artículo 1º de la Ley 1563 de 2012
Aclaración voto — Aclaración de voto
2024-03-14
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 11001032600020220017300
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La regla de unificación establece que las medidas de reconocimiento y pago de las compensaciones e indemnizaciones con el fin de mantener el equilibrio inicial del negocio jurídico son inescindibles al ejercicio de las potestades excepcionales? Sí
Comparto la regla de unificación en tanto establece que las medidas de reconocimiento y pago de las compensaciones e indemnizaciones y la aplicación de los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales, con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial del negocio jurídico son inescindibles al ejercicio de las potestades previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, pues, materialmente es imposible desligar en este tipo de supuestos la legalidad del acto con sus consecuencias económicas. Es evidente la reserva de constitucionalidad del inciso final del artículo 1º de la Ley 1563 de 2012 – Estatuto Arbitral. Considero pertinente advertir que la regla de unificación fijada por la Sala Plena de la Sección Tercera ha debido incorporarse en la parte resolutiva de la sentencia y no solo en la motiva.
También resuelve:
¿Formalmente se sostiene que la decisión no versa sobre la legalidad del acto administrativo, pero materialmente se declara la invalidez de este por cuanto se modifica su contenido?
¿Los árbitros pueden conocer sobre los efectos económicos contenidos en actos administrativos expedidos en ejercicio de las potestades excepcionales?