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DERECHO A LA LIBRE DISPOSICIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES

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Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Acción de controversias contractuales: la cesión de crédito y la cesión de contrato son dos instituciones jurídicas diferentes

13001233300020090044501 de 2025 2025-03-17 Rad. 13001233300020090044501
Contenido: 2.1. Análisis sustantivo. 2.2. Sobre la condena en costas. Le corresponde a la Sala decidir sobre la apelación presentada por un cesionario de crédito en contra de una Sentencia de primera instancia en la cual se declaró la nulidad absoluta del contrato por abuso o desviación de poder, objeto ilícito, y por contrariar normas imperativas relacionadas con el principio de transparencia y el deber de selección objetiv a. En síntesis, el cesionario no comparte que el contrato se hubiera celebrado con abuso o desviación de poder, ya que fue celebrado para atender a la población víctima de la ola invernal ocurrida en 2007 en el Departamento de Bolívar.
También resuelve: Acción de controversias contractuales: declaratoria de nulidad del contrato estatal, declaración de nulidad absoluta, incumplimiento del contratista, cesión del crédito Legitimación en la causa por activa: capacidad para ser parte Tercero con interés legítimo: interés jurídico directo, legitimación en la causa por pasiva, falta de legitimación en la causa por pasiva, intención de las partes del contrato
Consejo de Estado Providencia

Se confirma el auto proferido por el Tribunal mediante el cual declaró no probada la excepción de caducidad del medio de control

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2023-10-10 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 13001233300020160072101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se confirma el auto proferido por el Tribunal mediante el cual declaró no probada la excepción de caducidad del medio de control? Sí
En el medio de control de controversias contractuales, el término de caducidad de la acción sobre un contrato que requiere liquidación comienza a correr al día siguiente de la firma del acta de liquidación bilateral, y que la solicitud de conciliación extrajudicial suspende ese término hasta la constancia de no conciliación, conforme al artículo 21 de la Ley 640 de 2001. Una razón es que la causa del daño, consistente en la mayor permanencia en obra y los sobrecostos, se produjo como salvedad a la liquidación bilateral, de modo que el término se cuenta desde la firma de esa acta y no desde la ocurrencia del daño. Otra razón es que la conciliación extrajudicial que se presentó dentro del término suspendió su curso, y la constancia de no conciliación se expidió con posterioridad, de manera que la demanda presentada el día siguiente a esa constancia fue oportuna. En el caso, el Consejo de Estado confirmó el auto del tribunal que declaró no probada la excepción de caducidad. Su consecuencia práctica es que la salvedad incluida en el acta de liquidación bilateral no alarga el plazo, y que la conciliación prejudicial solo suspende la caducidad mientras se tramita.síntesis automática
También resuelve: ¿Desde la suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato fue que el demandante tuvo conocimiento del daño por el cual reclama en la demanda? ¿Tratándose de contratos que se rigen por el derecho privado las partes no pueden atribuirse la facultad de efectuar la liquidación unilateral del negocio jurídico? ¿Los contratantes pactaron cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato así como en los documentos del proceso de selección?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se encuentra probada la objeción por error grave de los dictámenes periciales

Sentencia — Sentencia 2022-05-04 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 20001233300020150064101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se encuentra probada la objeción por error grave de los dictámenes periciales? Sí
Una lluvia que afecta la ejecución de un contrato de obra solo configura una situación imprevista cuando se demuestra que su comportamiento sobrepasó todo cálculo o registro habitual y resultó manifiestamente extraordinario. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que los demandantes no probaron la anormalidad de las precipitaciones, pues no aportaron certificados de las entidades meteorológicas que la compararan con los registros de meses y años anteriores. La segunda es que las partes adoptaron medidas para resolver los problemas que causó el hallazgo de redes de servicios públicos durante la ejecución, y esos acuerdos recayeron sobre los mismos hechos, por lo que no es procedente reclamar después valores adicionales por desequilibrio económico. La tercera es que los demandantes no formularon reparos concretos frente a todas las razones que sustentaron la prosperidad de la objeción por error grave de los dictámenes periciales. En consecuencia, la Sala confirma la sentencia que negó las pretensiones y declaró probada la objeción. La providencia cita una sentencia de 20 de abril de 2020 sobre la lluvia como fenómeno de imprevisión, y el documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿La pluviosidad constituye una situación imprevista cuando sobrepasa los registros habituales? ¿Habiéndose suscrito acuerdos entre las partes sobre hechos que afectaron el contrato, puede posteriormente solicitarse el reconocimiento de valores adicionales por concepto de desequilibrio… ¿Debe el juez de la segunda instancia pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante?
Consejo de Estado Providencia

Corresponde determinar si la entidad contratante está facultada

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 08001233300020170128001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El convenio interadministrativo debió ser liquidado según lo acordado por las partes, y la liquidación no se logró? Sí
El contratista no puede liquidar unilateralmente un convenio interadministrativo si no está expresamente acordado de manera clara y precisa en el acuerdo de voluntades, lo que implica que la entidad contratante no está facultada para realizar la liquidación unilateral del negocio jurídico ni legal ni negocialmente, salvo que las partes hayan establecido explícitamente dicha facultad. En este caso, la entidad estatal no tenía la facultad de liquidar unilateralmente el convenio interadministrativo, ya que del convenio no se extraía que las partes hubieran estipulado tal facultad en cabeza del Ministerio del Interior. Entre el 16 de febrero y el 16 de junio de 2015 corrió el plazo convenido para liquidar bilateralmente el convenio, y a partir del 17 de junio de 2015 empezó a correr el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, que transcurrió hasta el 20 de junio de 2017, lo que llevó a la Sala a revocar la sentencia de primera instancia y declarar, de oficio, la caducidad del medio de control de controversias contractuales. Esto implica que en casos similares, es crucial que las partes acuerden explícitamente la facultad de liquidación unilateral en el convenio interadministrativo para evitar problemas de caducidad en el ejercicio del medio de control.síntesis automática
También resuelve: ¿En los convenios interadministrativos resulta válido que una de las partes realice la liquidación unilateral siempre, que esté expresamente acordado de manera clara y precisa en el acuerdo de… ¿De las cláusulas del convenio interadministrativo no se extrae que las partes hayan estipulado en cabeza del Ministerio del Interior, la facultad de liquidar unilateralmente el convenio? ¿El Ministerio del Interior no estaba facultado ni legal ni negocialmente para liquidar unilateralmente el negocio jurídico?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La cesión de crédito no altera el contrato estatal, sino que constituye un negocio jurídico entre cedente y cesionario sobre los derechos de crédito que tienen origen en el contrato.

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 13001233300020090044501 ACCION CONTRACTUAL
¿El cesionario de un crédito es parte del contrato y puede hacerse parte de un proceso de controversias contractuales? No
El cesionario de un crédito no es parte del contrato y, por lo tanto, no puede hacerse parte de un proceso de controversias contractuales, ya que la cesión de crédito no altera el contrato estatal sino que constituye un negocio jurídico entre cedente y cesionario sobre los derechos de crédito que tienen origen en el contrato. La sola comunicación del cesionario sin la aprobación del cedente y la entidad no basta para entender que se ha notificado de la cesión del crédito a la entidad, y ser cesionario de un derecho de crédito derivado del contrato no es suficiente para reconocer la legitimación pasiva en la causa. La Sala declara la falta de legitimación pasiva en la causa del cesionario, pues no fue parte del contrato y no se encuentra en ninguna situación que le hubiera permitido hacerse parte del proceso de controversias contractuales, lo que implica que la determinación de los extremos procesales de un litigio contractual no puede quedar a la voluntad exclusiva de una de las partes del negocio jurídico, garantizando así el principio de igualdad de armas en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿La sola comunicación del cesionario sin comunicación por parte del cedente, no basta para entender que se ha notificado de la cesión del crédito a la entidad? ¿Se discute la legitimación pasiva para hacerse parte de un proceso en el cual la contratante pretendió la nulidad absoluta del contrato? ¿Se declara la falta de legitimación pasiva en la causa del cesionario, pues no fue parte del contrato y no se encuentra en ninguna situación que le hubiera permitido hacerse parte del proceso de…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

No es procedente la declaración de nulidad

Sentencia — Sentencia 2024-12-10 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 05001233100020060345401 ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente la declaración de nulidad que hizo el Tribunal de primera instancia bajo el presupuesto de que la decisión de la amigable componedora estaba viciada porque el Departamento no tenía capacidad para acudir a dicho mecanismo? No
El contratista no puede declarar nula la decisión del amigable componedor basándose en que la entidad estatal no tenía capacidad para acudir a este mecanismo, ya que la ley vigente en el momento de la celebración del contrato permitía a las entidades estatales resolver sus diferencias mediante la amigable composición, lo que implica que la entidad estaba habilitada para someterse a este mecanismo. La Sala revoca la nulidad declarada por el Tribunal, reiterando que la amigable composición es procedente cuando una de las partes es una entidad pública, siempre y cuando la ley lo permita explícitamente en el momento de la celebración del contrato. Esto implica que las entidades estatales pueden acudir a la amigable composición para resolver sus controversias contractuales, siempre que la normativa vigente lo autorice.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuando se suscribió el contrato, la ley vigente permitía a las entidades estatales resolver sus diferencias mediante la amigable composición? ¿La amigable composición resulta procedente cuando una de las partes sea una entidad pública? ¿Para acudir a la amigable composición, es necesario que las partes y el amigable componedor celebren un contrato de mandato a efectos de determinar las facultades de este último?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El hecho de incurrir en gastos con ocasión de un contrato no conduce automáticamente

Sentencia — Sentencia 2024-08-02 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 88001233300020200010001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para que se reconozcan los gastos incurridos con ocasión de un contrato, debe demostrarse la existencia de una obligación de reconocer y pagar dichos gastos –cuyas fuentes pueden ser, entre otras, la responsabilidad patrimonial, el enriquecimiento sin causa o la excesiva onerosidad sobrevenida? Sí
El hecho de haber incurrido en gastos con ocasión de un contrato no conduce automáticamente a su reconocimiento y pago. Quien los reclama debe demostrar la existencia de una obligación de reconocerlos y pagarlos, cuya fuente puede ser la responsabilidad patrimonial, el enriquecimiento sin causa o la excesiva onerosidad sobrevenida. Esta regla se apoya en el artículo 1757 del Código Civil, que impone probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquellas o esta. Por ello, la prueba de los desembolsos es insuficiente si no se acredita la fuente de la obligación. En el caso concreto las pruebas documentales aportadas no demostraron los gastos en que incurrieron los integrantes de la unión temporal con ocasión del contrato de prestación de servicios, porque esos gastos se reclamaban como consecuencia de otro concepto. Por ello la sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la reclamación de gastos contractuales exige probar la obligación de pagarlos.síntesis automática
También resuelve: ¿Las partes del contrato de prestación de servicios en ejercicio de su autonomía privada, acordaron realizar la modificación al contrato… ¿A juicio del demandante, para la fecha de celebración del contrato de prestación de servicios la SAE debía contar con un Plan de Manejo Ambiental aprobado por Coralina? ¿En la invitación a contratar se establecía que para la ejecución del objeto contractual debía aprobarse el Plan de Manejo Ambiental que estaba en elaboración por parte de un tercero?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Auto interlocutorio

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-11-07 Sección Tercera (Subsección A) MARÍA ADRIANA MARÍN Rad. 05001233300020200014902 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El objetivo del llamamiento en garantía es que el llamado repare el perjuicio que la parte llamante pudiera eventualmente sufrir o que reembolse el pago que ella tuviera que hacer? Sí
El llamante en garantía debe demostrar que existe una relación contractual o legal con el llamado y que este último debe reparar el perjuicio que la parte llamante pudiera sufrir o reembolsar el pago que ella tuviera que hacer, cumpliendo así con los requisitos de sustentación suficiente y fundamentación jurídica y factual del llamamiento. La corporación reitera que el arbitraje es un mecanismo voluntario basado en la autonomía de la voluntad de las partes, por lo que el pacto arbitral debe ser el resultado de una libre discusión sin imposiciones, y los árbitros solo pueden resolver los puntos estipulados en el acuerdo arbitral. En el caso del fideicomiso, la vinculación del llamado debe estar claramente especificada en los acuerdos contractuales, y si la intención de las partes era tramitar litigios ante un tribunal arbitral, debieron establecerlo expresamente en el contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿El pacto arbitral debe ser el resultado de la libre discusión de las partes, sin que una de ellas pueda imponerle condiciones a la otra? ¿En los acuerdos que fueron suscritos por la aportante en especie no se indicó que los conflictos gestados entre dicha sociedad y los demás integrantes del fideicomiso marco se ventilarían ante los… ¿Si la intención de las partes era tramitar ante un panel arbitral los litigios que emanaran de esa relación jurídica, debieron establecerlo expresamente?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 41001233300020190021401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las salvedades en el acta de liquidación son requisito para el ejercicio de la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado? No
El contratista no necesita incluir salvedades en el acta de liquidación para ejercer la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado, ya que la ley no establece este requisito. La entidad estatal cumplió con sus obligaciones contractuales al pagar de acuerdo a los precios unitarios pactados, y la modificación de precios en otros contratos no es aplicable en este caso, ya que cada acuerdo tiene fuerza de ley para las partes involucradas. Además, la teoría de la imprevisión no aplica a contratos de derecho privado, por lo que el contratista no puede modificar el acuerdo inicial por circunstancias sobrevinientes. Este fallo confirma la sentencia de primera instancia y reitera que en contratos de derecho privado, el acuerdo de voluntades es vinculante y no permite la modificación del contrato por imprevistos, a diferencia de los contratos estatales donde el cumplimiento del objeto es de interés general.síntesis automática
También resuelve: ¿El acuerdo celebrado entre las partes tiene fuerza de ley para ellas? ¿En los contratos estatales el cumplimiento de su objeto es de interés general ¿La revisión judicial del contrato de derecho privado procede cuando el desequilibrio de las prestaciones es producido por una circunstancia que las partes no pudieron prever al momento de su…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El artículo 30 de la Ley 1563 de 2012, prevé que la decisión que adopte el panel arbitral sobre su propia competencia en la primera audiencia de trámite puede ser impugnada mediante el recurso de reposición.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-09-17 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 54001233300020230018901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe rechazarse, por falta de jurisdicción, la demanda que en ejercicio del medio de control de controversias contractuales se presentó contra el municipio de San José de Cúcuta, cuando el Tribunal Arbitral que conoció en virtud de claúsula compromisoria declaró su falta de competencia frente a valores de naturaleza tributaria, en la controversia que, gira en torno al incumplimiento, desequilibrio económico y liquidación judicial de un convenio de asociación? No
El contratista no debe rechazarse por falta de jurisdicción la demanda que en ejercicio del medio de control de controversias contractuales se presentó contra el municipio, cuando el Tribunal Arbitral que conoció en virtud de cláusula compromisoria declaró su falta de competencia frente a valores de naturaleza tributaria, en la controversia que gira en torno al incumplimiento, desequilibrio económico y liquidación judicial de un convenio de asociación. La Sala sostiene que, en ausencia de un juez competente, la decisión del tribunal arbitral sobre su propia competencia prevalece sobre cualquier otra proferida por un juez ordinario o contencioso administrativo, en virtud del principio kompetenz-kompetenz. Esto implica que, si el tribunal arbitral declara su falta de competencia, la demanda debe ser devuelta a la parte interesada para que promueva el proceso arbitral, salvo que la controversia sea de naturaleza tributaria, en cuyo caso corresponde a la justicia contenciosa administrativa. Esta decisión reitera y matiza precedentes, estableciendo que la competencia del tribunal arbitral se limita a los asuntos de libre disposición y excluye aquellos que la ley reserva a la justicia estatal, como los tributos.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede vulnerarse el acceso a la administración de justicia si la jurisdicción de lo contencioso administrativo no asume la competencia…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Era una obligación a cargo del Invías poner a disposición de la contratista los bienes inmuebles

Sentencia — Sentencia 2025-09-19 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 70001233300020150052401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Era una obligación a cargo del Invías poner a disposición de la contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse el puente sobre el arroyo? Sí
El contratista no es responsable de poner a disposición los bienes inmuebles sobre los cuales debe construirse la obra, siendo esta obligación del contratante, en este caso el Invías, conforme a la cláusula vigesimoquinta del contrato y el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. La Sala considera que la gestión predial es una obligación del contratante, quien debe poner a disposición del contratista los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de la obra. Esta regla reitera la responsabilidad del contratante en la gestión predial y la puesta a disposición de los bienes inmuebles, lo que implica que el contratista puede reclamar prórrogas y mayor permanencia en obra en caso de retardo por parte del contratante en la entrega de los bienes necesarios.síntesis automática
También resuelve: ¿Para las partes era pacífico que a la entidad estatal le correspondía poner a disposición de su contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse la obra contratada? ¿Se tiene por acreditada la causa que la accionante alegó ocasionó la mayor permanencia en obra por el retardo en la puesta a disposición suya, por parte del Invías… ¿Las partes contratantes, en ejercicio de su autonomía privada, llegaron a un acuerdo respecto a las consecuencias patrimoniales que para el contratista podían derivarse de la mayor duración del…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se confirmará la providencia del 16 de noviembre de 2023

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-08-13 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 85001233300020230008501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se confirmará la providencia por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Casanare rechazó la demanda? Sí
El contratista no puede presentar una demanda extemporánea de controversias contractuales si la liquidación del convenio interadministrativo no se realizó dentro del plazo acordado, ya que el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que el término para demandar comienza una vez realizada la liquidación del negocio jurídico o vencido el plazo para ello. En este caso, el convenio debía liquidarse a más tardar el 16 de diciembre de 2019, y la demanda fue radicada el 17 de octubre de 2023, por lo que es extemporánea y el Tribunal Administrativo de Casanare rechazó correctamente la demanda. Además, la entidad estatal no puede liquidar unilateralmente el convenio interadministrativo sin un acuerdo expreso y claro entre las partes, ya que la finalidad asociativa de estos convenios impide una aplicación automática del régimen legal de los contratos estatales. Por último, el convenio interadministrativo no constituye un contrato debido a la ausencia de remuneración entre las partes, sino que tiene como objetivo aunar esfuerzos para satisfacer una finalidad común.síntesis automática
También resuelve: ¿En los convenios interadministrativos resulta válido que una de las partes realice la liquidación unilateral, siempre y cuando ello esté expresamente acordado? ¿Puede predicarse que existió una remuneración de una de las partes hacia la otra? ¿El trámite de cada una de las demandas es independiente y debe analizarse de manera individual el cumplimiento de los presupuestos procesales?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

¿El amigable componedor actuó escapaban dentro de los límites convenidos por las partes contratantes?

Sentencia — Sentencia 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020150076204 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El amigable componedor actuó escapaban dentro de los límites convenidos por las partes contratantes? Sí
El amigable componedor actúa como delegatario de las partes y su decisión es vinculante y tiene efectos de transacción cuando se mantiene dentro de las facultades que el contrato le atribuye, sin ejercer funciones judiciales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las partes, habilitadas para pactar este mecanismo de solución de controversias, le atribuyeron esa facultad en una cláusula específica del contrato de concesión. Segunda, la forma en que se resolvieron las peticiones no implicó función jurisdiccional, sino reconocimientos económicos propios del contenido de la liquidación del contrato. Tercera, la decisión tiene efectos de transacción y, por tanto, no puede desbordar los límites convenidos por las partes. La providencia confirma la negativa de las pretensiones, al considerar que el cargo no prospera. La consecuencia práctica es que la decisión del amigable componedor puede cuestionarse en la jurisdicción solo si excede el encargo convenido, y no por el mero contenido económico de la decisión.síntesis automática
También resuelve: ¿Las entidades estatales estaban habilitadas para acudir a la amigable composición? ¿El mandatario no puede exceder los límites de su encargo, y si lo hace, los actos que así se cumplan no obligan al mandante? ¿El cuestionamiento lo fundamentó la parte actora en un exceso de competencias del amigable componedor?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante

Sentencia — Sentencia 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 13001233300020130080601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en atención a la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado contra una sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, en virtud de la vocación de doble instancia del proceso, siempre que la pretensión de mayor valor exceda los 500 SMLMV, conforme al artículo 152 numeral 5 del Código Contencioso Administrativo. La controversia contractual surge de un convenio de apoyo financiero entre entidades territoriales y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y Fonade, por lo que el medio de control procedente es el de controversias contractuales, según el artículo 141 del mismo código. Además, el cómputo del término de caducidad para presentar la demanda debe efectuarse conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, dado que el contrato aún no estaba sujeto al Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo al momento de iniciarse el plazo. Esto implica que el término de caducidad es de dos años, contados desde la suscripción del acta de liquidación bilateral o desde la ejecutoria del acto administrativo que aprueba la liquidación unilateral, o desde el vencimiento del plazo pactado para la liquidación. La sentencia reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y la aplicación del término de caducidad conforme al Código Contencioso Administrativo previo al CPACA.síntesis automática
También resuelve: ¿El cómputo de la caducidad debe efectuarse con base en el artículo 136 del CCA, que estableció un término de caducidad de 2 años para las acciones contractuales? ¿Los convenios interadministrativos son instrumentos de cooperación entre entidades públicas, con el propósito de cumplir conjuntamente funciones administrativas o garantizar la prestación de un… ¿El acuerdo de voluntades se trató de un instrumento de cooperación interadministrativa mediante el cual la Nación destinó recursos para el mejoramiento del servicio de agua potable en dos municipios?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral, si así se hubiere estipulado, deberá tenerse en cuenta para el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales.

Sentencia — Sentencia 2026-04-17 Sección Tercera (Subsección B) DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA Rad. 18001234000020190006702 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral, si así se hubiere estipulado, deberá tenerse en cuenta para el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral de los contratos estatales, cuando así se hubiere estipulado expresamente, debe tenerse en cuenta para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales. De conformidad con el numeral 2 literal j) del artículo 164 del CPACA, el término de dos años para demandar se cuenta desde el vencimiento del plazo fijado para liquidar el negocio jurídico, consolidando la oportunidad procesal de la acción cuando se interpone dentro del lapso legal.síntesis automática
También resuelve: ¿No se allego el estatuto de contratación de la sociedad demandada, en calidad de E.S.P.? ¿Con el otrosí las partes ajustaron los rubros relativos a los costos directos y los costos indirectos, según lo establecido en los anexos técnicos de la prórroga? ¿Hay prueba de la manifestación expresa del consorcio que las suspensiones y prórrogas no generarían desbalance económico o mayores costos para la entidad contratante?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Los instrumentos expedidos por la contratante en ese marco no tienen la connotación de actos administrativos

Sentencia — Sentencia 2025-12-03 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 08001233300020200061901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El negocio jurídico estuvo gobernado por el derecho privado y los instrumentos expedidos por la contratante no tienen la connotación de actos administrativos? Sí
El contratista no puede emplear la vía contenciosa para sustituir a la administración en el cumplimiento de sus deberes, ya que el negocio jurídico celebrado para la vigilancia de las obras afectadas por el fenómeno de La Niña está gobernado por el derecho privado, y los instrumentos expedidos por la contratante no tienen la connotación de actos administrativos. La entidad contratante puede perseguir por vía judicial el cierre financiero del contrato si el balance definitivo no se ha producido pese al interés reiterado de la contratante y el plazo convencional ha expirado, siempre que no pueda practicar la liquidación de forma unilateral. Además, las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación son inadmisibles en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia, que imponen fallar de forma coherente con los hechos y las pretensiones formulados en la demanda. Esta decisión reitera y matiza precedentes, estableciendo límites claros para el uso de la jurisdicción contenciosa en casos de liquidación de contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿Existe causa suficiente para que la entidad hiciera uso de la pretensión de perseguir por vía judicial el cierre financiero del negocio… ¿Son inadmisibles las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación, en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia… ¿La sociedad contratista detenta la condición de extremo pasivo de la relación jurídico procesal, por lo cual no se encuentra habilitada para formular pretensiones que introduzcan cuestiones…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La entidad contratante incumplió su obligación contractual de pago

Sentencia — Sentencia 2024-08-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020170100701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad contratante incumplió su obligación contractual de pago, al expedir resoluciones incluyendo saldos a su favor por concepto de obras no ejecutadas y obras ejecutadas deficientemente, sin hacer los cálculos conforme con las cláusulas del contrato? Sí
El contratista puede exigir el reembolso de pagos indebidamente descontados por la entidad estatal en la liquidación unilateral del contrato, cuando estos descuentos no se ajustan a las cláusulas contractuales que establecen las cantidades, especificaciones y valores unitarios para cada ítem, y la entidad no demuestra que la obra fue entregada a satisfacción del interventor, lo que impide que surja la obligación de pago total del contrato. La entidad incumple su obligación contractual de pago al incluir saldos a su favor por conceptos de obras no ejecutadas y obras ejecutadas deficientemente sin calcularlos conforme a las cláusulas del contrato, por lo que deberá reembolsar al contratista el monto cobrado en las actas de liquidación unilateral y actualizarlo desde la fecha de notificación del acto contractual que liquidó definitivamente el contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿El acta de entrega final no demuestra el cumplimiento cabal del objeto contratado y su suscripción tampoco hace exigible la obligación de pago total del contrato? ¿La contratante estaba facultada para liquidar unilateralmente el contrato siempre y cuando no se hubiera llegado a un acuerdo para realizarlo bilateralmente? ¿El contratista otorgó al contratante la facultad para que de los saldos que hubiere en su favor se descontaran y pagaran las sumas correspondientes cuando no cumpla con las obligaciones que haya…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Incumplió el consorcio con sus obligaciones contractuales

Sentencia — Sentencia 2024-02-05 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020170138301 LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Incumplió el consorcio con sus obligaciones contractuales y no desvirtuó el atraso superior al 80%, principal fundamento de los actos acusados? Sí
Considerando que las… obligaciones que se le imputaron incumplidas al consorcio fueron confirmadas por el Tribunal a quo, lo que no fue objetado por el contratista, lo cierto es que aun cuando el demandante hubiese cumplido oportunamente con la entrega del informe SST 4, la declaratoria de nulidad de los actos demandados resultaría improcedente,… por cuanto el demandante no desvirtuó el atraso superior al 80%, principal fundamento de los actos acusados.
También resuelve: ¿El demandante tuvo siempre claridad acerca de cuál fue el retardo que efectivamente se le estaba imputando? ¿Los argumentos del demandante en relación con el presunto desconocimiento del derecho al debido proceso carecen de fundamento fáctico y jurídico? ¿La entidad demandada decidió proceder con la imposición de la cláusula penal pecuniaria pactada en vista del retraso en la ejecución de la obra informado por la interventoría?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El demandante tiene derecho a retener los $100’000.000 del precio pagados

Sentencia — Sentencia 2024-09-27 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 08001233100019980117801 ACCION CONTRACTUAL
¿El demandante tiene derecho a retener los $100’000.000 del precio pagados por el municipio como arras confirmatorias-penales del contrato de promesa de compraventa? Sí
El contratista tiene derecho a retener los $100’000.000 pagados por el municipio como arras confirmatorias-penales en un contrato de promesa de compraventa, dado que el municipio incumplió con la obligación de otorgar la escritura pública, lo que permite que las arras operen como cláusula penal y no como parte del precio. La naturaleza confirmatoria-penal de las arras se evidencia en el contrato, donde se estipula que operan como pena en caso de incumplimiento, y no como arras de retracto, ya que no conceden facultad de desistimiento. Esta decisión modifica la interpretación previa sobre el alcance de las arras confirmatorias-penales en contratos estatales, reforzando que estas pueden operar como cláusula penal en caso de incumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve: ¿Los recursos entregados a título de arras dejaron de operar como parte del precio y se convirtieron en una pena cuyo alcance debe ser entendido en consonancia con las normas sobre cláusula penal? ¿Si las partes no definen la naturaleza de las arras se entiende que son de retracto? ¿Ante la desaparición del título jurídico en virtud del cual el demandado ostentaba la tenencia del predio, el demandante se encuentra habilitado para recuperarlo?
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El IDU debe compensar al contratista si la ocurrencia del riesgo determina una situación deficitaria

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020200039601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El IDU debe compensar al contratista si la ocurrencia del riesgo determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato? Sí
El contratista no tiene derecho a la compensación por riesgos excepcionales si la ocurrencia del riesgo no determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato, tal como lo establece el artículo 5.1 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal no debe compensar al contratista si las causas de la prórroga del contrato de interventoría son atribuibles al interventor, y no se demuestra que dichas causas hayan generado un déficit financiero que justifique la compensación. Además, si el contrato estipula que el interventor asume el riesgo de mayor permanencia del personal, los costos adicionales deben ser soportados por el interventor, sin que la entidad estatal tenga responsabilidad por hechos atribuibles a terceros. Esta decisión reitera la importancia de la distribución de riesgos acordada en el contrato y la necesidad de demostrar un déficit financiero para reclamar la compensación por riesgos excepcionales.síntesis automática
También resuelve: ¿El contrato de interventoría estipuló expresamente que si las causas de la prórroga eran imputables al interventor, el IDU no reconocería valor alguno por el tiempo adicional? ¿En el contrato de interventoría no se estipuló que el IDU asumiría responsabilidad frente al interventor por hechos atribuibles a terceros, como algunas secretarías del Distrito? ¿La pretensión de la sociedad interventora pone de manifiesto la ausencia de un pacto expreso sobre quién debía asumir los efectos económicos de la mayor permanencia?
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