⚠
Atención: tienes 1 filtro marcado
Permanece activo en tus búsquedas hasta que lo quites.
Consejo de Estado
Providencia
El decreto de pruebas en segunda instancia, solo procede cuando las partes las pidan de común acuerdo
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas
2023-04-21
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 25000232600020200002101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El decreto de pruebas en segunda instancia, solo procede cuando las partes las pidan de común acuerdo; cuando decretadas en primera instancia, y sin culpa de quien las solicitó, no se practicaron; cuando versen sobre hechos acontecidos después del vencimiento de la oportunidad para pedir pruebas en primer grado; cuando se trate de documentos que no pudieron ponerse de presente en el trámite de la primera instancia, por fuerza mayor, caso fortuito, o por obra de la parte contraria y, cuando con ellas se pretendan desvirtuar tales documentos? Sí
En cuanto tiene que ver con el decreto y práctica de elementos probatorios en el trámite de la segunda instancia, el inciso cuarto del artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que dentro del término de ejecutoria del auto que dispone la admisión del recurso de apelación se podrá pedir la práctica de pruebas, las cuales solo se decretarán: a) cuando las partes las pidan de común acuerdo; b) cuando decretadas en primera instancia, y sin culpa de quien las solicitó, no se practicaron, únicamente con el fin de practicarlas o de cumplir con los requisitos que hicieran falta para su perfeccionamiento; c) cuando versen sobre hechos acontecidos después del vencimiento de la oportunidad para pedir pruebas en primer grado, sólo para demostrarlos o desvirtuarlos; d) cuando se trate de documentos que no pudieron ponerse de presente en el trámite de la primera instancia, por fuerza mayor…
También resuelve:
¿Resulta procedente la solicitud de pruebas en segunda instancia, cuando se funda en que, pese a ser practicada en primera instancia, según el demandante…
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
El testimonió fue decretado en el trascurso de la primera instancia
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas
2024-04-01
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 15001233300020170007602
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El testimonió fue decretado en el trascurso de la primera instancia y no se practicó por ser inconducente ? Sí
La solicitud de pruebas en segunda instancia solo puede decretarse en los supuestos taxativos del artículo 212 del CPACA, y que la prueba testimonial decretada en primera instancia no se practica cuando resulta inconducente. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la solicitud debe formularse dentro del término de ejecutoria del auto que admite el recurso de apelación. Segunda, el decreto procede solo cuando las partes lo piden de común acuerdo, cuando la prueba decretada en primera instancia se dejó de practicar sin culpa de quien la pidió, cuando los hechos son posteriores a la oportunidad probatoria, o cuando no pudo solicitarse por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria. Tercera, la prueba orientada a desvirtuar esos eventos también debe encuadrar en tales supuestos. En el caso, la declarante fue representante legal de la parte demandante y la decisión de inconducencia quedó ejecutoriada, por lo que no se cumple ninguno de ellos. La providencia no cambia criterio. La consecuencia práctica es que una prueba no practicada en primera instancia por inconducencia no puede reabrirse en apelación.síntesis automática
También resuelve:
¿Se negará la solicitud probatoria realizada por la parte demandante por no adecuarse a ninguno de los supuestos previstos en la norma?
¿La solicitud probatoria fue presentada oportunamente antes de la ejecutoria del auto que admitió el recurso de apelación?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
La Imprenta Nacional de Colombia, solicitó que se decretaran los testimonios de las señoras
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2025-01-23
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000233600020210026602
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El objeto de la prueba testimonial solicitada fue expresado debidamente? No
El contratista no puede solicitar pruebas testimoniales sin enunciar concretamente los hechos objeto de la prueba, ya que esto vulnera el derecho de defensa de la contraparte y el principio de lealtad procesal, al no permitir que la otra parte ejerza su derecho de defensa de forma efectiva. La Sala reitera que la enunciación del objeto de la prueba debe ser clara, expresa y suficiente para que la contraparte pueda prepararse adecuadamente, y que la identificación del testigo y la especificación de los hechos a declarar son requisitos indispensables para el decreto de la prueba. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y refuerza la necesidad de una solicitud de prueba testimonial precisa y completa para su admisión en el proceso.síntesis automática
También resuelve:
¿Al Despacho le asiste competencia funcional para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones dictadas por los tribunales administrativos?
¿En los eventos en los que se soliciten testimonios deberá identificarse al testigo y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba?
¿´Procede la condena en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El árbitro se encuentra sometido a las reglas adjetivas y sustantivas que gobiernan los derechos pretendidos
Sentencia — Sentencia
2024-09-27
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 11001032600020230016900
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Cuándo en el arbitraje una de las partes sea una entidad pública o un sujeto que desempeñe funciones públicas, el laudo debe ser en derecho, más allá de que los árbitros puedan acudir a la equidad como criterio auxiliar de la actividad judicial, por lo que en ningún caso se reconoce la procedencia de la expedición de un laudo en conciencia y en caso de darse, está llamado a ser anulado? Sí
Cuando una de las partes de un arbitraje es una entidad pública o un sujeto que desempeña funciones públicas, el laudo debe proferirse en derecho y no en conciencia, aunque los árbitros puedan acudir a la equidad como criterio auxiliar. Esta regla se apoya en el estatuto arbitral, Ley 1563 de 2012, que limita la autonomía de la voluntad de las partes en varios aspectos cuando interviene un sujeto estatal, con el fin de proteger el interés público, la realización de los fines estatales y los derechos de administrados y contratistas. Por ello, un laudo en conciencia no se admite en esos arbitrajes y, si se profiere, está llamado a ser anulado. En el ámbito de los contratos estatales la vía de control es el recurso de anulación ante la jurisdicción. En el caso concreto el recurso de anulación contra el laudo fue declarado infundado, porque el laudo se ajustó al derecho. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el laudo arbitral con parte pública debe fundarse en derecho y su desconocimiento habilita la anulación.síntesis automática
También resuelve:
¿El juez de anulación tiene la facultad de encuadrar oficiosamente los motivos de anulación expresados en el recurso, según la procedencia de la causal que corresponda?
¿Debe anularse el laudo arbitral con fundamento en la causal séptima del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, por haberse proferido en conciencia…
¿Debe anularse el laudo arbitral con fundamento en la causal séptima del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, por haberse proferido en conciencia…
INFUNDADO
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2025-12-01
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 25000233600020190005503
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En una situación de apelante único la competencia del juez de segunda instancia se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso? Sí
En una situación de apelante único, la competencia del juez de segunda instancia se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso, de modo que no puede revisar la providencia en la parte que no fue impugnada. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, limita la competencia funcional del superior a los cargos esgrimidos en el recurso de alzada; la regla admite una excepción prevista en el inciso segundo del artículo 187 del CPACA, según la cual el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que encuentre probada; y el silencio del inferior no impide que el superior se pronuncie sobre esos aspectos en los términos de la ley. Por ello, el examen de la segunda instancia se limita a lo impugnado, salvo esas excepciones legales. La providencia de primera instancia se confirma en lo que fue objeto del recurso.síntesis automática
También resuelve:
¿Con las pruebas del expediente se acredita la nulidad de los actos administrativos demandados por el supuesto hecho de haberse desconocido el acuerdo de creación del consorcio?
¿Los negocios jurídicos celebrados por el representante, dentro de las facultades conferidas para tal caso, producen los mismos efectos que si la actuación la hubiera realizado el representado…
¿El mandato de representación otorgado por los integrantes del consorcio, se tiene que se estipuló que la representación del consorcio la tendrían, pluralmente los dos facultados?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No se encuentra configurada la causal de anulación de laudo arbitral
Sentencia — Sentencia
2022-11-21
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 11001032600020220013000
RECURSO DE ANULACION LAUDO ARBITRAL
¿Se encuentra configurada la causal de anulación de laudo arbitral, prevista en el numeral 9º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012? No
El contratista no puede invocar la causal de anulación del laudo arbitral prevista en el numeral 9º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 cuando el tribunal de arbitramento ha asumido competencia y no se ha interpuesto el recurso de reposición correspondiente, como exige la causal 2ª del mismo artículo. Además, el agente del Ministerio Público y el apoderado del municipio no están legitimados para alegar la nulidad por indebida representación del apoderado de la parte convocante, según lo establece el artículo 135 de la Ley 1564 de 2012. Asimismo, los recursos extraordinarios de anulación fueron interpuestos dentro del plazo legal de treinta días, conforme al artículo 40 de la Ley 1563 de 2012. Esta sentencia reitera que las personas jurídicas deben comparecer al proceso y ejecutar los actos procesales por medio de su representante legal, y que la indebida representación y falta de notificación o emplazamiento son causales de anulación del laudo arbitral según el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, con lo que se refuerza la necesidad de cumplir con los requisitos de procedibilidad y legitimación para interponer recursos de anulación.síntesis automática
También resuelve:
¿Tanto el agente del Ministerio Público como el apoderado del municipio de Becerril, alegaron la nulidad de la actuación arbitral por indebida representación del apoderado de la parte convocante?
¿Los recursos extraordinarios de anulación fueron interpuestos dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del laudo arbitral o la de la providencia que resolvió sobre su aclaración…
¿Las personas jurídicas, ya sean estas de naturaleza pública o privada, deben comparecer al proceso y ejecutar los actos procesales respectivos por medio de su representante legal?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
¿Al momento de expedición del acto administrativo existía una postura uniforme en relación con el deber de motivar el acto administrativo de desvinculación de los empleados públicos nombrados de forma provisional que ocuparan cargos de carrera administrativa ?
Sentencia — Sentencia
2024-01-24
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 11001032600020160016100
LEY 1437 REPETICION
¿Al momento de expedición del acto administrativo existía una postura uniforme en relación con el deber de motivar el acto administrativo de desvinculación de los empleados públicos nombrados de forma provisional que ocuparan cargos de carrera administrativa ? No
No se configura culpa grave ni dolo en el agente que expidió el acto de desvinculación de un empleado nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera cuando, al momento de expedirlo, no existía una postura uniforme sobre el deber de motivarlo, de modo que no hay violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la conducta del agente encontraba fundamento en un criterio jurisprudencial válido de la época. Segunda, aunque la Ley 909 de 2004 cambió sustancialmente el régimen de retiro de esos empleados, al volverlo motivado, la jurisprudencia contencioso administrativa no tenía un criterio definido y pacífico sobre la forma de retiro en la fecha del acto. Tercera, al no acreditarse el elemento subjetivo, el juez no puede condenar en repetición. La providencia niega las suplicas de la demanda. La consecuencia práctica es que la nulidad de un acto de insubsistencia por falta de motivación no basta para repetir contra el funcionario cuando la exigencia de motivación no era pacífica al momento de expedirlo.síntesis automática
También resuelve:
¿El demandado argumentó sobre la aplicación de las normas que regulan lo referente a la desvinculación de los empleados provisionales y sus interpretaciones diversas?
¿El demandado en repetición puede dirigir sus esfuerzos probatorios a desvirtuar el elemento presuntivo que se enfila en su contra?
¿Corresponde verificar si el supuesto fáctico de la presunción invocada por la demandante se halla configurado?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
Evidencia de la prueba: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2022-06-08
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 11001032600020180009200
LEY 1437 REPETICION
¿La entidad demandante realizó un ejercicio probatorio serio tendiente a demostrar la culpa grave de la demandada? No
La entidad demandante no realiza un ejercicio probatorio serio tendiente a demostrar la culpa grave del servidor público, toda vez que limita su demanda a pedir la declaratoria de responsabilidad con base en sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho, sin aportar pruebas del actuar irregular de los servidores públicos. La figura de la repetición no pretende imponer cargas desproporcionadas a quienes asumen el ejercicio del servicio público, por lo que su procedencia requiere acreditar con suficiencia que la intervención de los funcionarios en la ocurrencia de daños antijurídicos fue premeditada, negligente o manifiestamente imprudente. En este caso, la Auditoría General de la República no demostró la culpa grave del servidor público y se acreditó que la declaratoria de insubsistencia fue adoptada en uso de sus facultades y precedida de un comportamiento diligente, por lo que se negarán las pretensiones de la demanda.síntesis automática
También resuelve:
¿Las decisiones de la entidad pública demandada fueron debidamente razonadas y su propósito fue preservar los principios que rigen la función pública?
¿La declaratoria de insubsistencia se produjo por la pérdida de confianza en la funcionaria, derivada de unos hechos que evidenciaban su falta de integridad?
¿La declaratoria de insubsistencia de la servidora fue una decisión que se adoptó con la debida diligencia y cuidado?
Consejo de Estado
Providencia
No se probó la violación del derecho al debido proceso de la compañía contratista
Sentencia — Sentencia
2024-01-24
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000232600020060207701
ACCION CONTRACTUAL
¿Se probó la violación del derecho al debido proceso de la compañía contratista? No
La vulneración del derecho al debido proceso alegada contra un acto administrativo sancionatorio del contratista debe ser probada por quien la invoca, porque el supuesto de hecho del vicio requiere prueba cuya omisión impide su reconocimiento. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, conforme a la regla de la carga de la prueba, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Segunda, en el caso no se probó la infracción del debido proceso del contratista, y el cargo no tiene vocación de prosperar. Tercera, la sentencia constató que no operó la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro y que los actos no adolecen de incompetencia temporal ni de infracción de la Constitución. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que el contratista que alega el desconocimiento de su debido proceso en la sanción debe aportar las pruebas que lo demuestren, y no basta con invocar la vulneración.síntesis automática
También resuelve:
¿Se encuentra acreditado que hubiera operado la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro?
¿Los cargos alegados por la aseguradora y la contratista relacionados con la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro y la incompetencia temporal tienen vocación de prosperar?
¿Es deber de los contratistas constituir a favor de las entidades contratantes garantías de cumplimiento?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Incumplió el consorcio con sus obligaciones contractuales
Sentencia — Sentencia
2024-02-05
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020170138301
LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Incumplió el consorcio con sus obligaciones contractuales y no desvirtuó el atraso superior al 80%, principal fundamento de los actos acusados? Sí
Considerando que las… obligaciones que se le imputaron incumplidas al consorcio fueron confirmadas por el Tribunal a quo, lo que no fue objetado por el contratista, lo cierto es que aun cuando el demandante hubiese cumplido oportunamente con la entrega del informe SST 4, la declaratoria de nulidad de los actos demandados resultaría improcedente,… por cuanto el demandante no desvirtuó el atraso superior al 80%, principal fundamento de los actos acusados.
También resuelve:
¿El demandante tuvo siempre claridad acerca de cuál fue el retardo que efectivamente se le estaba imputando?
¿Los argumentos del demandante en relación con el presunto desconocimiento del derecho al debido proceso carecen de fundamento fáctico y jurídico?
¿La entidad demandada decidió proceder con la imposición de la cláusula penal pecuniaria pactada en vista del retraso en la ejecución de la obra informado por la interventoría?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2026-10-05
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 76001233300620180021701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La sentencia que negó la nulidad de los mismos actos administrativos contractuales en otro proceso produce efectos de cosa juzgada respecto de un cargo de nulidad que no hizo parte de la causa petendi juzgada? No
El inciso primero del artículo 189 del CPACA dispone que (se trascribe): “la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada”. De los cargos de nulidad formulados en la demanda que dio origen al proceso de la referencia, la Sala centrará su análisis en aquel según el cual los actos administrativos fueron expedidos con desconocimiento del debido proceso, debido a que, durante el procedimiento administrativo, el Distrito negó injustificadamente una prueba pericial que cumplía todos los requisitos para ser decretada y que tenía por objeto demostrar el porcentaje de ejecución del contrato de concesión y controvertir lo señalado al respecto en un informe de interventoría.
También resuelve:
¿Las aseguradoras garantes de un contrato estatal, pese a ser terceros respecto de este, están legitimadas en la causa por activa para pretender la declaratoria de nulidad absoluta de un acuerdo…
¿Están legitimadas en la causa por activa las aseguradoras que actúan como garantes del contratista para pretender que se declare el incumplimiento de las obligaciones económicas a cargo de la…
¿Procede declarar la nulidad absoluta de un acuerdo modificatorio de un contrato estatal por desviación de poder y causa ilícita…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La jurisdicción contenciosa conoce de la legalidad de actos sancionatorios en contratos estatales celebrados por entidades públicas.
Sentencia — Sentencia
2025-06-16
Sección Tercera (Subsección C)
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Rad. 76001233300020130028301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Al Consejo de Estado le corresponde resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia, dada la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El juez contencioso administrativo conoce de las controversias relativas a la legalidad de actos administrativos que imponen multas en el marco de contratos de concesión celebrados con entidades públicas según lo dispuesto expresamente en el artículo 104 del CPACA. En este caso judicial, el Consejo de Estado resuelve los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia y se abstiene de imponer condena en costas de segunda instancia al no prosperar las impugnaciones presentadas por ambas partes, entendiéndose las costas debidamente compensadas entre los extremos procesales.síntesis automática
También resuelve:
¿Las resoluciones demandadas, mediante las cuales se impuso una multa al contratista, en el marco del contrato de concesión…
¿Para determinar si se vulneró el debido proceso del concesionario resultan aplicables las disposiciones del manual de contratación del ICBF?
¿Cuando la administración ejerce su potestad sancionadora, si bien se efectúa unilateralmente, debe estar precedida de un procedimiento mínimo que preserve las garantías del debido proceso del…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Los reproches formulados por la recurrente en la presente oportunidad no tienen vocación de prosperidad
Sentencia — Sentencia
2024-06-28
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
Rad. 11001032600020230013300
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿En el recurso de anulación se pueden revisar los razonamientos jurídicos y probatorios del tribunal de arbitramento para dilucidar si son o no errados? No
El contratista no puede revisar en el recurso de anulación los razonamientos jurídicos y probatorios del tribunal de arbitramento para determinar si son errados, ya que este recurso no está instituido para calificar el análisis de fondo de la controversia ni para corregir la interpretación jurídica ni la valoración probatoria realizada por los árbitros. La Sala declara infundado el recurso de anulación cuando la recurrente cuestiona la valoración probatoria del tribunal, argumentando que dicha acción no se enmarca en la causal de anulación de fallo en conciencia y que no es competencia del Consejo de Estado revisar la interpretación y valoración de pruebas efectuadas por los árbitros, lo que implica que los reproches formulados por la parte recurrente no tienen vocación de prosperidad.síntesis automática
También resuelve:
¿En el recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral no es posible corregir la interpretación jurídica ni la valoración probatoria realizada por los tribunales de arbitraje?
¿Al Consejo de Estado no le es posible calificar la valoración probatoria ni la interpretación expuesta en el laudo arbitral?
¿En los argumentos de la recurrente se evidencia un cuestionamiento a la valoración probatoria y a la interpretación que los árbitros hicieron del clausulado del contrato?
INFUNDADO
Consejo de Estado
Providencia
Es competente el Consejo de Estado para conocer, de un proceso de repetición
Sentencia — Sentencia
2025-12-09
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 54001233100020020093501
ACCION DE REPETICION
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer, en segunda instancia, de un proceso de repetición cuando la apelación se interpone contra una sentencia proferida en primera instancia por un Tribunal Administrativo? Sí
El contratista es competente para interponer un proceso de repetición ante el Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo en primera instancia, ya que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de estos casos, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y las modificaciones introducidas por las leyes 446 de 1998 y 678 de 2001. La entidad pública que resulta condenada en un proceso de reparación directa puede ejercer la acción de repetición contra el servidor público responsable del daño, siempre que el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición se inicie desde el pago de la conciliación judicial o la condena, según lo establecido en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001. La legitimación en la causa por activa recae sobre la entidad obligada al pago de la indemnización y la legitimación en la causa por pasiva sobre el agente que dio lugar al daño, y la acción de repetición se rige por el régimen de responsabilidad estatal previsto en los artículos 90 de la Constitución y 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, independientemente de la fecha en que ocurrieron los hechos, siempre y cuando la Ley 678 de 2001 esté vigente al momento del ejercicio de la acción.síntesis automática
También resuelve:
¿El cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición inició con el pago de la conciliación judicial celebrada dentro del proceso de reparación directa?
¿La legitimación en la causa por activa en el medio de control de repetición recae sobre la entidad obligada al pago de la indemnización y la legitimación en la causa por pasiva recae sobre el agente…
¿Es aplicable el régimen de responsabilidad estatal previsto en los artículos 90 de la Constitución y 77 y 78 del C.C.A. para la acción de repetición cuando los hechos ocurrieron antes de la entrada…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Las decisiones adoptadas por el Ministerio estuvieron debidamente fundamentadas
Sentencia — Sentencia
2025-02-07
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020150102401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las decisiones adoptadas por el Ministerio estuvieron debidamente fundamentadas y no se demostraron los incumplimientos endilgados? Sí
Cuando la entidad contratante acepta una parte del objeto pactado, la sanción pecuniaria debe reducirse en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato, porque la aceptación y el pago de los elementos recibidos muestran que la prestación fue cumplida en esa proporción. Por otra parte, la sanción pecuniaria por incumplimiento parcial se fundamenta en las razones de incumplimiento que se acrediten en el proceso, y su nulidad no procede cuando las decisiones se sustentan en las normas aplicables, se expidieron con competencia y siguieron el procedimiento legal. Cuando la imposición de la pena no configura la prestación de un servicio ni la venta de bienes, el IVA no debe incluirse en la base de la sanción, por lo que debe descontarse del precio del contrato. En el caso concreto, la entidad recibió, aprobó y pagó los elementos del primer desembolso del precio, lo cual fue ratificado por la autorización del supervisor y la factura, y la providencia apelada se revocó en lo relativo a la reducción de la sanción. Como consecuencia práctica, el contratista que acredite la ejecución parcial del objeto puede obtener la reducción proporcional de la sanción pecuniaria en ese mismo porcentaje.síntesis automática
También resuelve:
¿Teniendo en cuenta la aceptación del contratante de parte del objeto pactado, resulta procedente la reducción de la sanción pecuniaria en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato?
¿No se acreditó la falta de acatamiento de las funciones a cargo del Ministerio, o que no hubiera ejecutado acciones para garantizar la observancia del contrato?
¿Las resoluciones fueron expedidas con competencia, en virtud de la atribución legal conferida al contratante?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La Sala liquidará el contrato según lo pretendido
Sentencia — Sentencia
2025-04-28
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 47001233100019990077801
ACCION CONTRACTUAL
¿La demandante probó la existencia de valores invertidos no amortizados y cumplió el plan de inversión? No
En la liquidación de un contrato, corresponde al contratista demostrar los valores invertidos no amortizados que reclama, y el incumplimiento del plan de inversión no se corrige con afirmaciones generales de un dictamen pericial. Cuando el contrato se ejecutó durante buena parte de su plazo sin que se completara la inversión pactada, procede liquidarlo con saldos a cargo del contratista por los cánones de arrendamiento impagados hasta la devolución efectiva del inmueble, indexados con base en el IPC desde esa fecha. Además, la recesión económica invocada como causa externa que alteró la ecuación contractual no es un hecho notorio para todos los sectores de la economía, y la promoción de la ocupación de la zona franca era una obligación del arrendatario que no acreditó haber ejecutado. En el caso concreto, la sentencia revocó la decisión de primera instancia y liquidó el contrato con saldos en contra de la contratista. Como consecuencia práctica, la parte que reclame valores amortizables o causas externas debe aportar prueba específica de su existencia y de la alteración que produjo, pues las afirmaciones generales no bastan.síntesis automática
También resuelve:
¿La promoción de la ocupación de la zona franca era obligación del arrendatario, quien no probó haber ejecutado lo que le correspondía para promoverla?
¿Se desestiman los cargos de apelación que no fueron formulados en las demandas respecto del debido proceso por tratarse de aspectos que no fueron objeto de debate en el proceso?
¿Las partes estipularon que procedía la terminación anticipada del contrato por solicitud del arrendatario aceptada por el ministerio?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El contratista tenía el derecho de aportar y controvertir pruebas
Sentencia — Sentencia
2026-01-30
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000232600020110049101
ACCION CONTRACTUAL
¿Se debía otorgar un término suficiente para que el contratista pudiera revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones que sustentaban la actuación, determinar las pruebas que presentaría para desvirtuar el incumplimiento atribuido y preparar sus descargos? Sí
El contratista debe recibir un término suficiente para revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones, determinar las pruebas que presentará y preparar sus descargos, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que garantiza el debido proceso en actuaciones sancionatorias. La entidad debe formular un requerimiento previo indicando los hechos que constituyen un incumplimiento contractual, y otorgar un plazo razonable para que el contratista pueda preparar adecuadamente sus descargos. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, reiterando que el acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para garantizar el debido proceso, ya que no contiene una formulación expresa de los hechos que configuran el incumplimiento ni las consecuencias jurídicas derivadas de este. Esto implica que las entidades deben cumplir con estas formalidades para evitar la nulidad de los actos administrativos sancionatorios.síntesis automática
También resuelve:
¿El acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para la garantía del debido proceso…
¿El término concedido por el IDU para que el contratista rindiera sus descargos, así como la decisión de no ampliarlo, afectaron el derecho a la defensa en el procedimiento sancionatorio?
¿Todas las declaraciones de voluntad de una entidad estatal emitidas en la ejecución de un contrato sometido al EGCAP se califican como actos administrativos?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
¿Debió tenerse en cuenta el testimonio rendido por el soldado que declaró en el proceso de reparación directa?
Aclaración voto — Aclaración de voto
2022-11-23
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 54001233100020110042501
ACCION DE REPETICION
¿Debió tenerse en cuenta el testimonio rendido por el soldado que declaró en el proceso de reparación directa? No
No debió tenerse en cuenta el testimonio rendido por el soldado [que declaró] en el proceso de reparación directa. Pese a que la declaración de ese soldado beneficia al aquí demandado, se trató de una prueba aportada por el ente demandante para aducirla en contra del accionado, luego, no se podría valorar porque fue rendida en un proceso del cual no fue parte el servidor público demandado y no fue ratificada en este proceso según lo exige el artículo 229 del CPC.
También resuelve:
¿El testimonio del soldado debió ser ratificado, para cuya valoración se debía acudir a las normas probatorias del Código de Procedimiento Civil que exigen su ratificación?
¿El Código General del Proceso ya no exige la ratificación de los testimonios a no ser que la contraparte lo solicite?
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: los razonamientos vertidos en el laudo no sustentan lógicamente desde el punto de vista jurídico
Salvamento voto — Salvamento de voto
2024-06-17
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 11001032600020220018100
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Los razonamientos vertidos en el laudo no sustentan lógicamente desde el punto de vista jurídico, la decisión de condenar a UNE EPM por incumplimiento del contrato? Sí
Estimo que los razonamientos vertidos en el laudo no sustentan, lógicamente, desde el punto de vista jurídico, la decisión de condenar a UNE EPM por incumplimiento del contrato derivado de las instalación de 911 nuevas líneas fijas durante su vigencia; sobre este concreto punto el laudo se limita a afirmar que la obligación de asignar líneas nuevas era propia del negocio jurídico suscrito, pero, no señala la razón jurídica y probatoria por la cual la activación de esos 911 abonados correspondió a un incumplimiento contractual causalmente conectado con el perjuicio que se ordenó indemnizar a [la demandante], correspondiente al valor de la cartera que no pudo recuperar en relación con el servicio prestado a los usuarios de estas, por lo cual ese aparte específico de laudo fue en conciencia.
También resuelve:
¿El laudo concluyó que respecto de las líneas nueva asignadas con antelación a la suscripción del contrato no había lugar a reconocer ningún concepto a la convocante?
¿La entidad demandada cuestionó la existencia de una relación causal entre los daños alegados por la convocante y la supuesta inejecución contractual?
¿La sentencia aprobada por la mayoría de los integrantes de la Sala termina por valorar y dar alcance a unos dictámenes periciales cuyo mérito demostrativo fue descartado por el panel arbitral?