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Auto interlocutorio con estado — Auto medidas cautelares2026-06-26SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección B)FRANKLIN PEREZ CAMARGORad. 25000233600020260009400ACCION CONTRACTUAL
¿Se encuentran cumplidas las cargas necesarias para la procedencia de la medida cautelar solicitada por el Consorcio Santa María 004 dentro de la demanda en ejercicio del medio de control de controversias contractuales en contra del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU? No
Las medidas cautelares en procesos de controversias contractuales no se conceden por la sola relación con las pretensiones de la demanda, pues debe acreditarse que, sin la medida, los efectos de una eventual sentencia favorable serían nugatorios o que se causaría un perjuicio irremediable. La regla se sostiene en tres razones: la medida de congelar recursos del contrato público busca garantizar el pago de las pretensiones, pero exige un riesgo real de que el trámite normal ponga en peligro el cumplimiento de la sentencia; las pruebas del proceso no evidencian ese riesgo ni acreditan la urgencia alegada; y la retención de recursos públicos que responden al interés general puede resultar más gravosa para la entidad demandada que la espera del fallo. Por ello, la medida solicitada se niega. La regla aplica a las solicitudes de retención de recursos públicos que no acreditan la urgencia y el riesgo de frustrar el cumplimiento de una sentencia favorable.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-12-19Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 76001233300020230055101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El decreto de pruebas de oficio sólo procederá por iniciativa del juez y no a solicitud de parte, quien debe formular sus peticiones probatorias en las oportunidades previstas en la ley? Sí
El juez de oficio puede decretar pruebas adicionales cuando las considere necesarias para esclarecer el caso, pero no a solicitud de parte, quien debe formular sus peticiones probatorias en las oportunidades previstas en la ley, como el artículo 212 del CPACA. El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos, según el artículo 150 del CPACA. Quien busque valerse de una pericia debe aportarla en las oportunidades para pedir pruebas, pero si el término previsto es insuficiente, podrá anunciarla y allegarla en el plazo que para el efecto establezca el juez, siempre que justifique la necesidad de la prórroga, según el artículo 227 del CGP. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y subraya la importancia de cumplir con los plazos y procedimientos establecidos para la presentación de pruebas en el proceso contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Al Consejo de Estado le corresponde decidir los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos?¿Quien busque valerse de una pericia deberá allegarla en las oportunidades para pedir pruebas, pero, si el término previsto es insuficiente…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica2024-05-20Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000232600020090003101ACCION CONTRACTUAL
¿La facultad oficiosa para decretar pruebas es una facultad exclusiva del juez y no procede a solicitud de parte? Sí
La facultad oficiosa para decretar pruebas es exclusiva del juez y no procede a solicitud de parte, de modo que la parte no puede exigir que se decreten como prueba de oficio aquellas que dejó de pedir en las oportunidades legales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el juez decreta pruebas de oficio cuando identifica puntos oscuros que deben ser resueltos, y esa atribución no se convierte en un derecho de la parte para suplir sus propias omisiones. Segundo, la solicitud de pruebas en segunda instancia debe cumplir los requisitos específicos fijados por el artículo 214 del Decreto 01 de 1984, y la pretensión de que se valoren en esa instancia documentos que no fueron valorados adecuadamente en la primera es ajena a dicha solicitud. Tercero, si la parte consideraba necesarias ciertas pruebas, debió pedirlas en las oportunidades que la ley le otorga, de modo que su omisión no puede subsanarse en segunda instancia. La providencia confirma el auto objeto de súplica; en la práctica, las pruebas que se pretendan hacer valer en segunda instancia deben cumplir los requisitos legales y solicitarse de forma oportuna.síntesis automática
También resuelve:¿La solicitud probatoria en segunda instancia cumple con los requerimientos exigidos por la norma para que puedan ser decretadas?¿El recurso de súplica procede en todas las instancias contra los autos interlocutorios proferidos por el ponente?
¿La nulidad relativa del contrato derivada de la existencia de vicios del consentimiento, es susceptible de ser declarada por el juez oficiosamente? No
El juez no puede declarar oficiosamente la nulidad relativa del contrato estatal derivada de vicios del consentimiento, ya que esta facultad requiere que la parte interesada la solicite en la demanda. La autonomía funcional del juez permite que ejerza sus facultades de oficio sin petición de las partes, siempre y cuando estime que se dan las condiciones para adoptar tal decisión, pero no en el caso de la nulidad relativa. Asimismo, el juez no debe declarar el incumplimiento del contratista cuando en la apelación se modifica la imputación del incumplimiento planteada en la demanda y no se acredita debidamente el incumplimiento en el proceso. Esta regla limita la capacidad del juez para alterar las pretensiones iniciales de la demanda y reafirma la importancia de la petición de las partes en el proceso contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Las facultades de oficio del juez se ejercen sin petición de parte, cuando el juzgador estime que se dan las condiciones para adoptar tal decisión?¿Debe el juez declarar el incumplimiento de las obligaciones del contratista, cuándo se evidencia que en la apelación se modificó lo planteado en la demanda sobre este punto, y que, en todo caso…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2022-05-20Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 73001233300020140050601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En consonancia con el principio de intangibilidad de las sentencias, la aclaración de los fallos judiciales es excepcional, por lo que solo procede respecto de conceptos o frases oscuras en la parte resolutiva de la sentencia o, si tal oscuridad se encuentra en la parte motiva y tales imprecisiones siembren un manto de duda en el contenido de la parte decisoria de la providencia judicial? Sí
El juez no puede modificar una sentencia una vez emitida, en virtud del principio de intangibilidad, salvo para aclarar conceptos o frases oscuras en la parte resolutiva o en la motiva si estas crean dudas sobre la parte decisoria, conforme al artículo 285 del Código General del Proceso. La aclaración no sirve para reformar la sentencia, introducir nuevas pretensiones o reabrir la etapa probatoria. En el caso analizado, la entidad estatal solicitó aclarar la sentencia sin especificar frases o conceptos oscuros, por lo que su petición fue improcedente. Además, la entidad no había demandado en reconvención intereses moratorios, por lo que no era competencia del juez pronunciarse sobre este aspecto, lo que implica que no procede adicionar la sentencia en tal sentido. Esta decisión reitera la importancia de cumplir rigurosamente con los requisitos legales para solicitar la aclaración de una sentencia y subraya que el juez no puede decidir sobre asuntos que no fueron sometidos a su consideración en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente la solicitud de aclaración de la sentencia, en la cual no se indicó cuál o cuáles frases de la sentencia generan verdadero motivo de duda?¿Resulta procedente que se adicione la sentencia en el sentido de reconocer a favor del Municipio los intereses moratorios sobre la suma adeudada…
¿Se debe confirmar la decisión del Tribunal consistente en declarar la nulidad de la Resolución, al evidenciarse que el recurso de apelación no se opuso a todos los cargos que motivaron la nulidad de tal acto administrativo? Sí
La Sala confirmará la decisión del Tribunal consistente en declarar la nulidad de la Resolución… . Lo anterior, toda vez que tal determinación fue adoptada por el Tribunal luego de acceder a todos los cargos de nulidad formulados por… [la demandante] –por “expedición irregular o vicio de procedimiento”, por “desconocimiento al debido proceso” y por “falsa motivación”–, y que, en su recurso de apelación, el departamento de Cundinamarca únicamente se opuso a lo decidido por el Tribunal frente a los cargos de nulidad por “expedición irregular o vicio de procedimiento” y por “falsa motivación”, y guardó silencio en relación con el cargo de nulidad por “desconocimiento al debido proceso”.
También resuelve:¿Resulta procedente la nulidad por expedición irregular o vicio de procedimiento del acto administrativo que revoca el acto de apertura de un proceso de selección…¿El acto administrativo que revoca el acto de apertura del proceso de selección, se encuentra viciado de nulidad por falsa motivación…¿Resulta procedente la condena por concepto de restablecimiento del derecho dada la nulidad del acto administrativo que revoca el acto de apertura del proceso de selección, cuando se observa que…
¿Debe declararse la falta de jurisdicción o competencia por la existencia de una cláusula arbitral, teniendo en cuenta que la parte demandada no invocó oportunamente la respectiva excepción y, que, por ende, renunció tácitamente al pacto arbitral? No
El contratista no puede invocar la falta de jurisdicción o competencia por la existencia de una cláusula arbitral si no la presenta oportunamente en el proceso, ya que se considera que ha renunciado tácitamente al pacto arbitral, lo que permite a la jurisdicción de lo contencioso administrativo ejercer su competencia. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la renuncia tácita al pacto arbitral, independientemente de los argumentos específicos utilizados por el juzgador de instancia. Además, en un contrato de derecho privado de ejecución sucesiva sin cláusula de liquidación, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se inicia desde el día siguiente a la terminación del contrato. Asimismo, el pacto y el ejercicio de facultades unilaterales en contratos de derecho privado son válidos, pero las partes pueden imponer límites al ejercicio de estas facultades, como plazos temporales para realizar descuentos, sin que esto signifique la extinción de los derechos sustantivos del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Cómo el contrato era de ejecución sucesiva, pero no requería liquidación, ya que se trató de un contrato sometido al derecho privado en el cual las partes no pactaron una cláusula de liquidación…¿El pacto y el ejercicio de una facultad unilateral en un contrato de derecho privado, como los descuentos, son válidos, así como los límites que las partes imponen al ejercicio de dichas facultades…¿Procede la declaratoria de incumplimiento del contrato de transferencia de activos como consecuencia de la práctica de unos descuentos y provisiones realizados por la demandada…
¿La conducta dolosa debe quedar establecida de manera plena e individualizada en el proceso de repetición? Sí
En la acción de repetición, la conducta dolosa del agente debe quedar establecida de manera plena e individualizada dentro del propio proceso, sin que la sentencia que declaró la nulidad de los actos por desviación de poder acredite automáticamente la responsabilidad subjetiva del demandado. La regla se apoya en que ese juicio previo y diferente tiene otro objeto, de manera que el juez de la repetición debe hacer una valoración autónoma e independiente de la prueba del elemento subjetivo. Además, la carga probatoria recae sobre la entidad que pretende el reembolso, que no puede limitarse a reproducir las consideraciones de las sentencias que la condenaron. En el asunto, la entidad se limitó a afirmaciones sobre una supuesta conducta dolosa, basadas en las mismas consideraciones de las sentencias condenatorias, y no probó el actuar doloso que fundaba su pretensión reversiva. La Sala confirmó la decisión que negó las pretensiones. En la práctica, la acción de repetición no prospera cuando el dolo se afirma pero no se prueba en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Existe prueba de la conducta dolosa del demandado en repetición?¿Las sentencias que declararon la nulidad de los actos y ordenaron el restablecimiento del derecho ordenando unos pagos solo acreditan lo que allí se decide?¿El Tribunal declaró la nulidad de los actos administrativos que declararon la insubsistencia por cuanto tuvieron como móvil las desavenencias que tenía el juez con su empleada?
¿El resultado lesivo consistente en la muerte de la víctima fue consecuencia de un actuar doloso de parte del conscripto demandado en repetición? Sí
La presunción de dolo que la Ley 678 de 2001 asocia a la condena penal del agente se mantiene cuando el demandado no la desvirtúa, y el elemento subjetivo de la acción de repetición se acredita con esa presunción. La regla se sostiene en que el hecho que da base a la presunción debe estar debidamente acreditado y en que la condena penal por dolo, como coautor del delito que causó la muerte de la víctima, dio lugar a la presunción. Por ello, el agente debe demostrar lo contrario para desvirtuarla. En el asunto, el demandado fue condenado penalmente a título de dolo, participó en la comisión del delito y nunca negó su participación, por lo que la Sala concluyó que el resultado lesivo fue consecuencia de su actuar doloso y revocó la sentencia de primera instancia para acceder a las pretensiones. En la práctica, la condena penal por dolo fija el elemento subjetivo en la repetición si el agente no lo desvirtúa.síntesis automática
También resuelve:¿Para cuantificar la condena de repetición, se debe atender el grado de participación del agente en la producción del daño?¿El servidor o exservidor público fue declarado penal o disciplinariamente responsable a título de dolo, por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del…¿Se ordenará que a cargo del demandado estará la obligación de atender el reembolso del treinta por ciento (30%) del valor total que debió pagar la entidad demandante?
¿Está probado que la mayor permanencia del contratista en obra por las suspensiones del contrato, hubiera generado un rompimiento del equilibrio económico del contrato por sobrecostos? No
El contratista que reclame sobrecostos por una mayor permanencia en obra debido a las suspensiones del contrato debe acreditar costos adicionales a los previstos en el contrato que efectivamente afecten su patrimonio, pues la sola presencia de personal, equipos y maquinaria en la obra no demuestra por sí misma el desequilibrio. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, cuando el contratista renuncia a los costos por el tiempo adicionado, solo pueden revisarse los sobrecostos causados después de agotado el plazo original y durante los periodos de suspensión. Segundo, los gastos que el contratista afronta por actividades connaturales a sus obligaciones no constituyen sobrecostos reclamables. Tercero, cuando las suspensiones tienen origen, en parte, en riesgos asignados al contratista según la matriz de riesgos del contrato, como la demora en el trámite de licencias ambientales, el reclamo no prospera. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el contratista debe demostrar costos efectivamente incurridos y ajenos a los riesgos que le fueron asignados.síntesis automática
También resuelve:¿El silencio de una de las partes, frente a las modificaciones o adiciones del contrato, constituye una renuncia automática e inmediata a la posibilidad de formular reclamaciones en un proceso…¿Conforme al principio de buena fe contractual, el juez debe abstenerse de pronunciarse sobre las estipulaciones acordadas por las partes en relación con las prórrogas del contrato…¿Para que la mayor permanencia en obra configure una ruptura del equilibrio financiero del contrato, es necesario acreditar un incumplimiento del contratante o la ocurrencia de un riesgo imprevisible…
¿Se configuró el daño antijurídico por privación injusta de la libertad? No
El contratista no obtiene indemnización por privación injusta de la libertad porque no se configura el daño antijurídico, elemento esencial para la responsabilidad del Estado, ya que la privación de libertad cumplió con los plazos legales y fue necesaria, proporcional y razonable, basada en pruebas materiales que indicaban la posible participación delictiva del procesado. La Sala confirmó que la medida de aseguramiento fue legal y ajustada a derecho, respetando las garantías y derechos fundamentales del procesado, y que la Fiscalía y la Rama Judicial cumplieron con los plazos establecidos en la Ley 906 de 2004, lo que implica que no existe responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve:¿Se concluye que la privación de la libertad de la demandante cumplió con los términos dispuestos en la ley procesal penal?¿De los elementos materiales probatorios se podía inferir razonablemente que la imputada podía ser partícipe de las conductas delictivas que se investigaban?¿El procedimiento de captura estuvo ajustado a derecho, pues se cumplió con la normatividad que regulaba dicho trámite y se respetaron las garantías procesales y los derechos fundamentales de la…
¿Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá? Sí
El contratista está legitimado en la causa por pasiva en un medio de control de repetición cuando, en su calidad de servidor público, su conducta gravemente culposa dio lugar a una condena impuesta en un proceso de reparación directa, ya que este tipo de procedimientos se encuentra adscrito a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, conforme al artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. La Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Caquetá, dado que la cuantía del caso supera los 500 SMLMV, lo que implica que el proceso tiene vocación de doble instancia ante el Consejo de Estado, según lo dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011. Este fallo reitera la competencia del Consejo de Estado en estos casos y garantiza la efectividad del medio de control de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control procedente es el de repetición, porque se solicita declarar al demandado patrimonialmente responsable del pago realizado por la parte demandante, en cumplimiento de una sentencia?¿La consecuencia por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar?¿El demandado está legitimado en la causa por pasiva pues, presuntamente, en su calidad de gobernador del Caquetá, con su conducta gravemente culposa dio lugar a la condena impuesta en contra de ese…
¿Las decisiones adoptadas por el Ministerio estuvieron debidamente fundamentadas y no se demostraron los incumplimientos endilgados? Sí
Cuando la entidad contratante acepta una parte del objeto pactado, la sanción pecuniaria debe reducirse en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato, porque la aceptación y el pago de los elementos recibidos muestran que la prestación fue cumplida en esa proporción. Por otra parte, la sanción pecuniaria por incumplimiento parcial se fundamenta en las razones de incumplimiento que se acrediten en el proceso, y su nulidad no procede cuando las decisiones se sustentan en las normas aplicables, se expidieron con competencia y siguieron el procedimiento legal. Cuando la imposición de la pena no configura la prestación de un servicio ni la venta de bienes, el IVA no debe incluirse en la base de la sanción, por lo que debe descontarse del precio del contrato. En el caso concreto, la entidad recibió, aprobó y pagó los elementos del primer desembolso del precio, lo cual fue ratificado por la autorización del supervisor y la factura, y la providencia apelada se revocó en lo relativo a la reducción de la sanción. Como consecuencia práctica, el contratista que acredite la ejecución parcial del objeto puede obtener la reducción proporcional de la sanción pecuniaria en ese mismo porcentaje.síntesis automática
También resuelve:¿Teniendo en cuenta la aceptación del contratante de parte del objeto pactado, resulta procedente la reducción de la sanción pecuniaria en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato?¿No se acreditó la falta de acatamiento de las funciones a cargo del Ministerio, o que no hubiera ejecutado acciones para garantizar la observancia del contrato?¿Las resoluciones fueron expedidas con competencia, en virtud de la atribución legal conferida al contratante?
Sentencia — Sentencia2022-05-31Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 11001032600020210025000LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en virtud de controversias contractuales en las que una entidad pública es parte? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por entidades públicas o por quienes desempeñen funciones administrativas, conforme al artículo 149.7 de la Ley 1437 de 2011 y el inciso 3º del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012. Esta competencia se fundamenta en la naturaleza jurídica de la entidad pública y en la autonomía presupuestal que le confiere la ley. El recurso de anulación es de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario, limitándose el juez a cuestionar la decisión arbitral únicamente por errores in procedendo, sin poder intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo. Para el estudio de fondo del recurso, es necesario que se invoquen y sustenten en debida forma las causales taxativamente previstas en la ley, lo que implica que el juez no puede ampliar su discrecionalidad más allá de estas causales.síntesis automática
También resuelve:¿La naturaleza excepcional, restrictiva y extraordinaria del recurso de anulación contra laudo arbitral delimita al juez de lo contencioso administrativo a cuestionar la decisión arbitral únicamente…¿Para el estudio de fondo del recurso de anulación contra laudo arbitral es necesario que se invoquen y sustenten en debida forma las causales que taxativamente están previstas en la ley?¿Cuáles son los efectos procesales de la prosperidad de la causal octava de anulación del laudo arbitral?
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la indemnización de perjuicios por la muerte de un motociclista en un accidente de tránsito, ocasionado al caer en un hueco existente en la vía? Sí
El contratista presenta oportunamente la acción de reparación directa para demandar la indemnización de perjuicios por la muerte de un motociclista en un accidente de tránsito, ocasionado al caer en un hueco existente en la vía, siempre que la demanda se interponga dentro del plazo de dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho. En este caso, la víctima falleció el 16 de octubre de 2009, la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 25 de junio de 2010, y la demanda se interpuso el 4 de febrero de 2011, dentro del plazo legal. La Sala modificó la jurisprudencia anterior sobre la caducidad de la acción, otorgando mayor seguridad jurídica y protegiendo el derecho de acceso a la justicia, lo que implica que los plazos para presentar la demanda deben ser estrictamente respetados para evitar la pérdida del derecho de accionar.síntesis automática
También resuelve:¿Los demandantes se encuentran legitimados en la causa por activa para reclamar la reparación de perjuicios ocasionados por la muerte de la víctima en un accidente de tránsito…¿El Instituto Nacional de Vías (Invías) está legitimado en la causa por pasiva, pero no el Ministerio de Transporte, ni el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, Inco…¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la muerte de un civil ocasionada por el uso imprudente e irresponsable de armas de dotación oficial, en el contexto de la ejecución de la orden de operaciones “Nórdico” por tropas Ejército Nacional, en la vereda Maracaibo de Rioblanco – Tolima? Sí
Aunque la caducidad no se haya discutido en el proceso ni fuera alegada por las partes, el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal que debe examinarse de oficio. Los plazos que el legislador establece para cada medio de control son razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, de modo que su vencimiento sin que el interesado presente la solicitud judicial extingue el derecho de accionar y consolida las situaciones pendientes. La finalidad de estos plazos es otorgar seguridad jurídica y evitar que las situaciones queden indefinidas en el tiempo. En el caso concreto, la acción de reparación directa por la muerte de un civil fue presentada dentro del término legal, y la sentencia fue modificada. Como consecuencia práctica, la oportunidad de la acción de reparación directa debe verificarse de oficio en los procesos de daños con ocasión de operaciones militares, aun cuando la caducidad no haya sido discutida.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?¿Dentro de las modalidades de ejecución extrajudicial se incluyen los comúnmente denominados “falsos positivos”, caracterizados porque, una vez ocurrido el homicidio de las víctimas…¿El empleo de la fuerza y las armas de fuego por agentes del Estado, debe conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos, atendiendo los principios de necesidad, proporcionalidad…
¿Se cumplen los presupuestos procesales de competencia y procedencia del medio de control, dado que el Consejo de Estado es competente por razón de la cuantía para resolver el recurso de apelación, y el medio de control de controversias contractuales es el adecuado para controvertir la legalidad de los actos administrativos contractuales? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa ejerce control sobre la legalidad de los actos contractuales emitidos por las entidades públicas en el marco de sus negocios jurídicos de obra pública. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer del presente asunto, por cuanto la controversia sometida a juicio versa sobre la legalidad parcial de unos actos administrativos proferidos por una empresa industrial y comercial del Estado en el marco de un contrato celebrado con un consorcio. Por su parte, de conformidad con los artículos 150 y 152.5 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, tasando las costas y agencias en derecho según las tarifas aplicables.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda de controversias contractuales fue oportuna y, por tanto, no se configuró la caducidad del medio de control, dado que el término de dos años debía contabilizarse a partir de la firmeza de…¿Se encuentra debidamente integrada la relación jurídico procesal, en la medida en que Seguros del Estado S.A. está legitimada por activa por haber expedido la póliza afectada con los actos…¿El contrato de obra pública, celebrado entre la EDU y el consorcio Fronpeco para la construcción del Parque Biblioteca, se encontraba sometido al Estatuto General de Contratación de la…
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la responsabilidad patrimonial del Ejército Nacional, considerando que el asunto sub lite versa sobre un caso de grave violación de los derechos humanos, por la muerte de un civil presentado como baja en combate, esto es, de un falso positivo? Sí
El juez examina de oficio la caducidad de la acción como presupuesto procesal ineludible con el propósito fundamental de otorgar seguridad jurídica y evitar la parálisis del tráfico jurídico que dejaría situaciones indefinidas en el tiempo mediante plazos legales orientados a la protección del interés general. Dentro de la acción de reparación directa por la muerte de un civil presentado como baja en combate por el Ejército Nacional, la Sala verifica la oportunidad de la demanda y analiza las solicitudes indemnizatorias por perjuicios inmateriales y daño psíquico o psicológico de los demandantes, confirmando la decisión del Tribunal a quo al no probarse la necesidad de tratamiento médico derivado del homicidio ocurrido el 5 de agosto de 2008.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?¿Dentro de las modalidades de ejecución extrajudicial se incluyen los comúnmente denominados “falsos positivos”, caracterizados porque, una vez ocurrido el homicidio de las víctimas…¿El empleo de la fuerza y las armas de fuego por agentes del Estado, debe conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos, y conforme con los principios de necesidad, proporcionalidad…
¿El Consejo de Estado debió requerir la interpretación prejudicial de las normas de derecho andino por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina? No
Aunque comparto las consideraciones de la Sala, debo agregar que, en mi concepto, era necesario indicar que, para el caso, no resultaba necesaria la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Según el Tratado de Creación y el Estatuto del Tribunal de Justicia, resulta necesaria la interpretación prejudicial por parte de ese órgano cuando deba aplicarse o se controvierta una norma que forme parte de ese ordenamiento jurídico supranacional. En ese orden de ideas, era importante poner de presente que, en el caso, ninguna de las partes discutió, ni la controversia se refirió a, la interpretación de normas de derecho andino. Por lo tanto, se reitera, para la resolución de este caso, el Consejo de Estado, en su calidad de juez de cierre, no tenía la obligación de requerir la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
¿Puede el juez, en ejercicio de la función unificadora, establecer criterios que limiten la estructuración negocial de los contratos estatales en procesos de selección regidos por el Estatuto General de Contratación? No
El juez unificador no puede establecer criterios homogéneos que limiten la estructuración negocial y contractual de las entidades estatales en cada proceso de selección. El magistrado disidente argumenta en su salvamento de voto que las dificultades de la unificación jurisprudencial sobre la oferta más favorable y la tasación de perjuicios radican en la diversidad de necesidades estatales y en la tipicidad o atipicidad de los contratos regulados por el Estatuto General de Contratación. Sostiene que la labor judicial no puede estandarizarse mediante reglas fijas que desconozcan la autonomía de la voluntad negocial ni la libertad contractual de las entidades públicas. Por el contrario, cada controversia derivada de la adjudicación o declaratoria desierta de un proceso de selección exige un riguroso análisis probatorio particular para determinar la indemnización procedente, incluyendo aspectos como la utilidad esperada o la pérdida de oportunidad.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez, en ausencia de reglas contractuales específicas, fijar fórmulas indemnizatorias basadas en criterios de equidad para determinar la utilidad esperada en contratos no celebrados?